En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor, y en consecuencia, corresponde ordenar que se suspenda el uso de las armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva en autos.
Los elementos aportados en autos permiten en esta etapa larval del proceso, tener "prima facie" por acreditada la verosimilitud en el derecho invocado.
En efecto, la documentación acompañada permite presumir que las armas Taser son potencialmente dañinas para la salud y hasta –eventualmente- letales.
Se ha acompañado un documento de instrucción de uso de estas armas elaborado por el propio fabricante, de donde se lee que pueden provocar muerte o serios daños físicos (could result in death or serious injury).
Tales consecuencias deben ser especialmente prevenidas y evitadas por parte del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes (Ley Nº 23.338).
Por otra parte el artículo 2º punto 1 de la misma Convención, señala que todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.

En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor, y en consecuencia, corresponde ordenar que se suspenda el uso de las armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva en autos.
En cuanto al requisito de peligro en la demora, no se desconoce el deber de las autoridades administrativas de cumplir con la manda constitucional del artículo 34, y la consiguiente facultad de seleccionar discrecionalmente los medios más idóneos para atender a tal finalidad.
Sin embargo, el medio elegido -uso de las armas Taser- no parecería ser el más adecuado para la consecución del fin deseado.
Dado que con la documentación aportada, las armas Taser no resultarían razonables para el logro del fin de seguridad, en tanto que eventualmente lo lograrían a costa de la vida o la salud de las personas, entiendo que corresponde hacer lugar a la tutela requerida. Máxime si se tiene en cuenta que se trata en el caso de una acción de amparo, expedita y rápida que permitirá a la demandada aportar la prueba necesaria para un célere debate, sin que la Policía Metropolitana vea -entre tanto- obstaculizados sus fines, ya que de lo que se trata, con esta medida, es evitar que se causen mayores daños de los que pretenden evitarse.
Por ello y teniendo en cuenta que en autos existirían dos bienes jurídicos en juego -seguridad y vida/salud-, ambos receptados constitucionalmente, la ponderación en el caso concreto será evaluada exhaustivamente al momento de la sentencia definitiva, debiendo -por el momento- atender al peligro en la demora que supone resguardar cautelarmente la vida y la salud por sobre la seguridad, que puede ser mientras tanto conseguida con otros medios.

En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor, y en consecuencia, corresponde ordenar que se suspenda el uso de las armas Taser por parte de la Policía Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva en autos.
Con respecto al requisito previsto en el inciso c) del artículo 15 de la Ley Nº 2.145, referido a la no frustración del interés público, no advierto que la medida cautelar solicitada frustre su concreción.
Sin dudas que existe un interés público en la seguridad, y por ello el constituyente lo ha receptado. Sin embargo, no debe desconocerse que, la Policía Metropolitana puede contar con otros elementos que permitan resguardarla, mientras en estas actuaciones se dilucida el alcance del eventual daño que pueden provocar las armas Taser, y sin que lo decidido implique abrir juicio alguno al respecto.

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto por la Sra Jueza aquo que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el actor, ordenando que se suspenda el uso de las armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana.
La ponderación de los bienes jurídicos, indica que en caso de duda debe estarse a la decisión que, en mejor forma y con mayor eficacia, salvaguarde los Derechos Humanos. En efecto, mediante la acción de los dispositivos aludidos podrían afectarse derechos esenciales como la vida y la integridad física de las personas, situación que se vería agravada frente a la incertidumbre respecto de la confección y eventuales alcances del protocolo de uso de tales dispositivos.

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto por la Sra Jueza aquo que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el actor, ordenando que se suspenda el uso de las armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana.
La medida dispuesta en la instancia de grado se vincula no sólo con la faz preventiva de la acción sino, asimismo, con la inminencia del inicio de la contratación que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha promovido con el fin de adquirir los dispositivos en cuestión, procurando salvaguardar los diversos intereses en juego. En definitiva, la suspensión del acto cuestionado no sólo permitiría evitar la eventual afectación de los derechos alegados-vida e integridad humana- por la parte actora sino, también, conciliarlos con el interés público comprometido en la legalidad de toda contratación administrativa, evitando de igual modo el hipotético perjuicio para el erario público y el derecho de los terceros que intervengan en dicho contrato.

En el caso, corresponde modificar lo resuelto por la señora Magistrada de primera instancia en cuanto dispuso la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ser parte en la causa el Gobierno de la Ciudad y una entidad nacional-Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, que integra los niveles superiores de la estructura organizativa de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional en la orbita del Ministerio de Justicia-.
Ello así, atento a que en cuanto a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia la cuestión ha sido resuelta en los autos "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Obra Social Dirección Nacional de Vialidad”, en este precedente los magistrados se remitieron al dictamen de la Procuradora Fiscal en cuanto sostuvo que: “… considero que en el sub judice no corresponde a la competencia originaria de .V.E., toda vez que según se desprende de los términos del escrito de inicio- ............ de modo principal para determinar la competencia, de conformidad con los arts. 4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230- la actora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia (conf. doctrina de Fallos 322:2856 y 323:1199) demanda a una entidad nacional, … que sólo es aforada al fuero federal, por lo que no se configura ninguno de los supuestos que, con arreglo a lo dispuesto por el constituyente, habilitan la tramitación del pleito ante los estrados del Tribunal.”
Por ello, corresponde modificar la decisión apelada y disponer que el expediente sea remitido al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal a los fines de la continuación del trámite.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo", mediante la cual hizo parcialmente lugar a la medida solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó que se lo reincorpore a la Policía Metropolitana, manteniéndolo en el cargo y en la situación de revista que poseía antes del dictado del acto que dejó sin efecto su designación.
En efecto, del régimen jurídico aplicable pareciera deducirse que el actor no gozaba de estabilidad propia al momento de su segregación. Ello por cuanto el artículo 8 de la Ley Nº 2947 requiere para su obtención el cumplimiento del plazo de doce meses en el ejercicio del cargo, para quienes poseen estado policial. Así y más allá de los esfuerzos argumentales del actor desde su incorporación, el 1º de mayo de 2009, tuvo el grado de Comisionado, situación que de acuerdo con el escalafón establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 2947 sólo podía ser asumida por quienes tienen estado policial.
Así las cosas no basta para suspender los actos administrativos cuestionados, en esta etapa inicial del pleito, la alegación de que el actor se encontraba prestando funciones desde finales de marzo de 2009, situación que hasta el momento no ha sido acreditada, puesto que el acto administrativo que lo designa data del 1º de mayo de 2009. Por otro lado, en la relación con la invocación de que la ausencia de estabilidad propia no es suficiente para fundar la baja, no se trata aquí, "a priori", y en esta instancia preliminar de sostener que podrían dictarse actos administrativos sin la debida fundamentación, sino simplemente de verificar si el actor cuenta, "prima facie", con un derecho verosímil. En tal sentido, y a pesar de la interpretación realizada por el "aquo", no puede obviarse que una vez que la Autoridad Administrativa conoció la situación del actor de procesado penalmente, lo intimó a acreditar su situación en el proceso judicial en el término de cinco (5) días y justamente motivado ello lo pasó a situación de disponibilidad. Vale decir que se le dio debida intervención en el procedimiento administrativo a los fines de aclarar su situación, máxime a tenor de lo que se establece en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad. "A posteriori" se dejó sin efecto la designación del actor, basándose en la ausencia de la estabilidad, en los términos del artículo 8 de la Ley Nº 2947. Asimismo debe considerarse que el actor no sólo no había cumplido el plazo previsto de un año en ejercicio de sus funciones para adquirir estabilidad, sino que tampoco se ha acreditado que hubiese sido evaluada satisfactoriamente su aptitud e idoneidad, lo que constituye otro de los requisitos para su efectivización.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo", mediante la cual hizo parcialmente lugar a la medida solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó que se lo reincorpore a la Policía Metropolitana, manteniéndolo en el cargo y en la situación de revista que poseía antes del dictado del acto que dejó sin efecto su designación.
En relación con la invocación de que la ausencia de estabilidad propia no es suficiente para fundar la baja, no se trata aquí, "a priori", y en esta instancia preliminar de sostener que podrían dictarse actos administrativos sin la debida fundamentación, sino simplemente de verificar si el actor cuenta, "prima facie", con un derecho verosímil.
En tal sentido, y a pesar de la interpretación realizada por el "aquo", no puede obviarse que una vez que la Autoridad Administrativa conoció la situación del actor de procesado penalmente, lo intimó a acreditar su situación en el proceso judicial en el término de cinco (5) días y justamente motivado ello lo pasó a situación de disponibilidad.
Vale decir que se le dio debida intervención en el procedimiento administrativo a los fines de aclarar su situación, máxime a tenor de lo que se establece en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad. "A posteriori" se dejó sin efecto la designación del actor, basándose en la ausencia de la estabilidad, en los términos del artículo 8 de la Ley Nº 2947.
Asimismo debe considerarse que el actor no sólo no había cumplido el plazo previsto de un año en ejercicio de sus funciones para adquirir estabilidad, sino que tampoco se ha acreditado que hubiese sido evaluada satisfactoriamente su aptitud e idoneidad, lo que
constituye otro de los requisitos para su efectivización.
Por lo expuesto, en esta etapa inicial del proceso, no se advierte que el actor posea verosimilitud en el derecho y frente a la inexistencia de tal presupuesto no cabe entrar a analizar el peligro en la demora.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo", mediante la cual hizo parcialmente lugar a la medida solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó que se lo reincorpore a la Policía Metropolitana, manteniéndolo en el cargo y en la situación de revista que poseía antes del dictado del acto que dejó sin efecto su designación.
En efecto, del régimen jurídico aplicable pareciera deducirse que el actor no gozaba de estabilidad propia al momento de su segregación. Ello por cuanto el artículo 8 de la Ley Nº 2947 requiere para su obtención el cumplimiento del plazo de doce meses en el ejercicio del cargo, para quienes poseen estado policial. Así y más allá de los esfuerzos argumentales del actor desde su incorporación, el 1º de mayo de 2009, tuvo el grado de Comisionado, situación que de acuerdo con el escalafón establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 2947 sólo podía ser asumida por quienes tiene estado policial. Así las cosas no basta para suspender los actos administrativos cuestionados, en esta etapa inicial del pleito, la alegación de que el actor se encontraba prestando funciones desde finales de marzo de 2009, situación que hasta el momento no ha sido acreditada, puesto que el acto administrativo que lo designa data del 1º de mayo de 2009. Por otro lado, en la relación con la invocación de que la ausencia de estabilidad propia no es suficiente para fundar la baja, cabe destacar que el agente carecería, "prima facie", de ese derecho y en consecuencia de permanecer, "a priori", en el cargo, antes de transcurrido el año y de ser evaluada satisfactoriamente su aptitud e idoneidad. Por lo expuesto, en esta etapa inicial del proceso, no se advierte la ilegitimidad manifiesta del acto administrativo cuestionado.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto rechazó la nulidad planteada por la Defensa.
En efecto, de la interpretación armónica de los artículos 93 y 86 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge con claridad que el titular de la acción pública puede disponer de una medida (fijar consigna policial), incluso delegándola en las fuerzas de seguridad o bien convalidar las ya implementadas, bajo la condición de que sea en forma inmediata; ya que las únicas medidas que requieren de una autorización judicial previa son las enumeradas en el artículo 93 in fine, pudiendo cualquier otra medida ser dispuesta por el particular de la acción.
Ello así, no surge que dicha medida haya sido ordenada por la Sra. Fiscal, así como tampoco que luego de impuesta, se le hubiera comunicado de manera inmediata, como exige la normativa antes citada, con lo cual se debe nulificar la medida cuestionada, sin perjuicio de que pueda ordenarse una nueva, con arreglo ha derecho en caso de continuar siendo necesaria.

Una actuación de la autoridad de prevención al amparo de la situación de excepción prevista en el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supone como requisito indispensable la existencia de motivos previos que legitimen el mismo inicio del acto invasivo de la privacidad.
Éstos deben ser, además, suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo, o en las pertenencias que lleva consigo, cosas relacionadas con un delito.
Asimismo, su presencia debe encontrarse razonable y objetivamente acreditada para justificar la intromisión que la requisa comporta; siendo que dichos extremos deben ser tenidos en cuenta por los funcionarios de las fuerzas de seguridad al tiempo de efectuar su tarea, y posteriormente por los magistrados al momento de realizar el control jurisdiccional de la actividad desplegada por aquéllos a efectos de determinar su legalidad y legitimidad.

Negar a los funcionarios de la prevención la facultad de resguardar sus vidas e integridad y las de los demás –al realizar procedimientos mediante el palpado de armas o la requisa de efectos personales en circunstancias tales que razonablemente así lo aconsejen-, ofende al sistema de protección de los derechos y garantías individuales establecido por nuestro ordenamiento constitucional.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar y suspender respecto del actor los efectos de las resoluciones administrativas que lo separaron del cargo de Oficial Mayor de la Policía Metropolitana, ordenando su reincorporación.
Si bien en precendentes anteriores, ante situaciones análogas a la presente, este Tribunal se manifestó por la improdecencia de reincorporaciones como la que aquí en forma cautelar se solicita (vg. “Arriola Viviana Lorena c/GCBA s/Otros Procesos Incidentales”, sentencia del 13 de octubre de 2011, entre otros), recientes criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Suprema en Fallos 331:735 y 332:2741 que, como se verá, resultan plenamente trasladables al planteo de autos, tornan menester, en la presente causa, modificar el criterio anteriormente sostenido.
En tales precedentes, el Máximo Tribunal de la Nación, ante una situación de igual tenor a la presente, esto es, la revocación de una designación que se hallaba aún dentro del período normativo de prueba, sostuvo que si bien revocar una designación durante el período previo a la adquisición de estabilidad, constituye una facultad discrecional de la Administración, ello no la exime de respetar los recaudos legales vigentes para una adecuada fundamentación de los actos administrativos de acuerdo a la Ley de Procedimientos para su dictado.
En tal sentido agregó que “…la mera circunstancia de que el plazo no hubiera transcurrido, no resulta suficiente para justificar la validez del acto. Ello es así porque del artículo 17, inciso a), de la Ley Nº 25.164, resulta que el período de prueba tiene como objetivo la evaluación de la idoneidad del agente. Y, por ello, un acto que cancela una designación sin tener en cuenta esa circunstancia, no sólo carece de causa y motivación suficientes sino que, además, tiene un vicio en su finalidad, en los términos del artículo 7°, inciso f), del Decreto-Ley Nº 19.549/72.” (cf. Fallos 332:2741).
Como se dijo, en principio, la analogía entre la sentencia citada y la presente causa surgiría nítidamente, dado que también en estos autos se observa que la autoridad administrativa se ha limitado a expresar la falta de vencimiento del plazo suficiente para el acceso a la estabilidad, sin dar siquiera mínima cuenta de otros factores, vinculados a la idoneidad del agente, que justifiquen la decisión que el actor ataca.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar y suspender respecto del actor los efectos de las resoluciones administrativas que lo separaron del cargo de Oficial Mayor de la Policía Metropolitana, ordenando su reincorporación.
A fin de resolver la cuestión, corresponde recordar que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que la motivación constituye uno de los elementos esenciales del acto administrativo (art. 7, inc. e).
A su vez y "prima facie", la Corte tuvo oportunidad de expedirse en un supuesto similar al de autos, donde la autoridad administrativa dejó sin efecto una designación durante el plazo de prueba de doce meses y señaló que “Si bien la cancelación de una designación en planta permanente dentro del período de prueba constituye una facultad discrecional, ello no exime a la Administración de respetar los recaudos que el Decreto-Ley Nº 19.549/72 exige para la validez de los actos administrativos, ni tampoco puede justificar una decisión arbitraria, irrazonable o discriminatoria” (CSJN, “Micheli, Julieta Ethel c/ EN – Mº Justicia y DDHH – Res. 313/00- s/ empleo público”, sentencia del 15/12/2009, T. 332, P. 2741).
Destacó también que “No puede sostenerse válidamente que el ejercicio de las facultades discrecionales, por parte del órgano administrativo, para cancelar la designación de un agente durante el período de prueba (según le autoriza el art. 25 del CCT), lo eximan de verificar los recaudos que para todo acto administrativo exige la Ley Nº 19.549, como así también respetar el sello de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas” (CSJN, “Schainerderman, Ernesto Horacio c/ Estado Nacional – Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación”, 08/04/2008, T. 331, P. 735, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema).
En este mismo precedente, advirtió que “La adquisición de la estabilidad en el empleo se halla supeditada a que se acrediten condiciones de idoneidad durante el período de prueba, lo que constituye un aspecto que limita la decisión discrecional de la Administración, por lo que no es posible revocar el nombramiento de un agente, menos aún de un empleado designado por concurso, sin expresar las razones que lo justifican, omisión que tornaría ilegítimo el acto, sin que quepa dispensar dicha ausencia por haberse ejercido potestades discrecionales, las que -por el contrario- imponen una observancia más estricta de la debida motivación” (CSJN, “Schainerderman”, causa cit.).
Conforme el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia citada, la resolución que dispuso su baja se encontraría, dicho esto en el ámbito cautelar, desmotivada.
Así las cosas, se observa que las manifestaciones vertidas en la citada resolución no tendrían ab initio entidad suficiente para constituir la motivación que exige la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia que permite tener por configurado el "fumus bonis iuris".

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto declaró la nulidad de la resolución administrativa que dio al actor de baja en sus funciones.
En efecto, el recurrente -GCBA- no ha logrado demostrar, aún de modo mínimo, que puso en juego su potestad discrecional para conformar el cuadro de integrantes de la Policía Metropolitana. Antes bien, surge de autos que la desvinculación del actor fue dispuesta mediante un acto que carece de motivación y que remitiría o bien a un pedido del jefe de la fuerza que no se encuentra acreditado, o a reestructuraciones y cambios en relación con los cuales no se aporta ningún elemento que avale su existencia. Es decir, faltan las constancias indispensables para avalar los hechos mencionados, pues no se trata de valorar la idoneidad o conveniencia del supuesto pedido de baja o de la necesidad de reestructuración alegada sino de poder verificar que esos eventos tuvieron lugar.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto declaró la nulidad de la resolución administrativa que dio al actor de baja en sus funciones.
Así entonces, nada indica que la nulidad decretada por el pronunciamiento impugnado suponga reemplazar el criterio de la Administración en el ejercicio de facultades privativas sino que, en rigor, ella recae sobre un acto que se limitó a citar la disposición que fija las condiciones para adquirir estabilidad. La discrecionalidad para decidir el mantenimiento, progreso o fin en la carrera profesional que nos ocupa no surge del artículo 8º de la Ley Nº 2947 - citada por la recurrente- sino de los artículos 4º, 19, 20 y concordantes de esa norma. Mientras que el referido régimen legal permite disponer la desvinculación sin sumario cuando quien ostenta estado policial no ha cumplido el plazo para adquirir estabilidad, no releva a la autoridad competente de cumplir con su obligación de fundar la decisión que adopta. La distinción no es menor pues, diversas garantías constitucionales, alguna expresamente contemplada en la propia Ley Nº 2947, contienen limitaciones a las potestades discrecionales que el régimen aplicable confiere en materia de promoción y permanencia en la carrera (vgr. art. 11, 34/36 de la CCBA y art. 59 de la ley 2947).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto declaró la nulidad de la resolución administrativa que dio al actor de baja en sus funciones.
A esta altura conviene señalar que, para supuestos de fuerzas de seguridad como el que nos ocupa, se ha dicho que la motivación del acto de desvinculación puede remitir por ejemplo a las conclusiones de la Junta de Calificaciones, pero que de cualquier modo ello no exime al acto de respetar la vinculación al procedimiento y a la finalidad del acto (cf. CNCAF, Sala V en Díaz, José Manuel c/ Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ retiro militar y Fuerzas de Seguridad , sentencia del 9 de mayo de 1995).
En línea con ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que la aptitud del personal de fuerzas de seguridad constituye, como principio, materia discrecional y por ello exenta del control judicial, en tanto sea razonablemente formulada (Fallos: 307:1821, considerando 3º; 320:147, y sus citas). Conclusión que enlaza con aquella otra, según la cual, los poderes de superintendencia sobre el personal no autoriza a prescindir del requisito de la motivación explícita; que comprende la descripción de los antecedentes de hecho que dieron lugar a la medida cuestionada (cf. Voto en disidencia del Dr. Petracchi en Fallos 326:2896; y criterio tomado entre otros por la CNCAF, Sala IV en Sanjiao, Guillermo Jorge c/ EN (Mº del Interior Pol. Federal) s/ Nulidad de Resol., sentencia del 26 de mayo de 1992; y por la Sala III en Petti, Antonio Norberto c/ EN Mº Interior PFA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg , sentencia del 29 de mayo de 2006).
Desde esa perspectiva, nótese que el modo en que se ha dispuesto la desvinculación bajo estudio impide cualquier análisis, dado que frente al amplio margen de discrecionalidad disponible, la decisión atacada, en vez de dar cuenta de los motivos de oportunidad que justificaban la desvinculación se limitó a formular una cita legal insuficiente para brindar apoyo a la resolución atacada. Tal modalidad resulta inadecuada para motivar debidamente la desvinculación porque elude formular una descripción de los hechos determinantes que llevaron a poner fin a la carrera policial. Nótese que la discrecionalidad no puede constituir el antecedente de hecho de la decisión administrativa.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto reconoció la legitimación activa del amparista para interponer la acción articulada.
En efecto, el objeto de la presente acción es que se impida la utilización de las armas denominadas Taser, por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con fundamento en que éstas constituyen elementos de tortura y vulneran derechos constitucionales a la vida, la integridad física y la salud.
En pocas palabras, el actor no sólo articula la acción invocando su condición de habitante en pos de la protección de sus derechos sino, además, respecto de los de todas las personas que se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires y puedan resultar pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad, mediante el empleo de las referidas armas "Taser".
En este orden de ideas, el derecho colectivo es aquél que trasciende lo individual y repercute en un plano mayor, como ser social. Sin embargo, existen circunstancias que plantean dudas sobre qué es lo individual, lo pluri-individual y lo colectivo. No obstante, en el plano local algunos de esos interrogantes carecen de trascendencia práctica, ya que nuestra Constitución -artículo 14- lo resuelve en favor de una legitimación colectiva amplia, que -en ciertos supuestos- se torna una acción popular.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto consideró apropiada la vía del amparo para solicitar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se abstuviera de usar las armas Taser X26 y dejar sin efecto los actos administrativos que se hubieran dictado tendientes a su adquisición.
La acción de amparo resulta procedente cuando la acción u omisión de la autoridad pública reúna, en principio, los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad y ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. A su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que dé mérito a la tramitación de esta vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se advierta que remitir el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios puede ocasionar un daño grave e irreparable al titular del derecho presuntamente lesionado (cfr. art. 2º, ley 2145). Precisamente por ésta última consecuencia la acción de amparo ha sido erigida como garantía constitucional, prevista para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías y en ello consiste su específica idoneidad como vía procesal.
De lo dicho se desprende que el carácter sumario del amparo está al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, en caso contrario, no hay razón para acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes. Por lo demás, sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (esta Sala al resolver en autos "Olivera, Fabián y otros c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA]", EXP 5412/0, del 13/12/02).
Así, se advierte que el dictado de las resoluciones administrativas impugnadas conllevan "per se" la inminente adquisición por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante contratación directa, de las "Taser" y el consecuente empleo de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad porteñas.
De allí que, el agravio esbozado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -no contar aún con las armas-, resulte inviable frente al claro espíritu expuesto por el constituyente local al redactar el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de BuenosAires, arribar a una interpretación contraria implicaría desnaturalizar a la acción de amparo al condicionarla a la ejecución de los mentados actos administrativos y, en el caso de autos, al concreto uso de las armas.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor, con el objeto de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de abstenga de usar las armas Taser X26 y dejó sin efecto los actos administrativos que se hubieran dictado tendientes a su adquisición.
Así, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe soslayar, so pretexto del uso de las Taser por parte de ciertos países, los expresos mandatos constitucionales y las recomendaciones efectuadas por los Naciones Unidas y Amnistía Internacional, en cuanto consideran que dichas armas constituyen una forma de tortura que puede causar, en ciertos casos, la muerte de las personas.
Razonablemente, cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.
No escapa a este Tribunal que la decisión adoptada no impide ni desnaturaliza el ejercicio de las funciones de seguridad a cargo de la Policía Metropolitana, en tanto ha sido su propio Jefe quien, en el marco de la audiencia celebrada ante esta instancia, reconoció expresamente que cuentan con otras armas no letales que pueden ser utilizadas por la fuerza (vrg: gas pimienta, balas de goma, goma plástica.
El presente caso, finalmente, debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado. Dicha circunstancia termina por disipar cualquier duda que pudiera surgir sobre el uso de las armas bajo examen, receptando la visión más restrictiva que surge de los documentos internacionales, que es la más apropiada desde la óptica de los derechos humanos, tal como lo vivenciamos los argentinos como aspecto esencial de nuestra cultura constitucional democrática.

A efectos de adquirir el estado policial en los términos del Título II de la Ley Nº 2947 no es suficiente realizar tareas de de seguridad e investigación. Es necesario, además, un acto del Ministro de Justicia y Seguridad que le otorgue el estado policial correspondiente en los términos del artículo 4°. Para ello es necesario, a su vez, que el agente sea un oficial egresado del Instituto Superior de Seguridad Pública (cónfr. art. 4°) o, en su defecto, que haya cumplido el Curso de Integración y Nivelación del mismo instituto en los términos de la cláusula transitoria tercera de la Ley Nº 2894 reglamentada por el Decreto Nº 210/09.
Debe concluirse, por lo tanto, que el personal con estado policial (Título II) y el personal sin estado policial (Título III) no son conjuntamente exhaustivos. Esto es, existe la posibilidad de que un agente no esté comprendido en ninguno de ambos regímenes. En efecto, tal es la situación de los agentes que, por un lado, no cumplen tareas de apoyo sino funciones de seguridad e investigación pero que, por otro lado, no les fue otorgado el correspondiente estado policial por acto del Ministro de Justicia y Seguridad en los términos del artículo 4°.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor y declaró la nulidad de la resolución administrativa que lo dio de baja en sus funciones en la Policia Metropolitana.
Así, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió de la sentencia y sostuvo que el acto tenía la debida motivación en la medida en que se consignó que correspondía rever las razones que llevaron a su designación y dejarla sin efecto.
Este argumento es incorrecto: afirmar que hay razones para dictar el acto no es equivalente a expresar o dar tales razones. Si, como se sugiere, las razones que oportunamente se dieron para designarlo eran incorrectas, estaban fundadas en proposiciones de hecho falsas o en circunstancias que habían existido en ese momento pero que ya no concurrían, entonces la administración debió explicitar qué razones eran las incorrectas, o cuáles las proposiciones falsas o las circunstancias que habían cambiado. Debió, además, indicar por qué eran incorrectas tales razones, falsas dichas proposiciones o relevante el cambio de las circunstancias.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor y declaró la nulidad de la resolución administrativa que lo dio de baja en sus funciones en la Policia Metropolitana.
Así, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió de la sentencia y sostuvo que si el personal policial carece de estabilidad, entonces su remoción de la fuerza es una facultad discrecional y, por lo tanto, no revisable judicialmente salvo en cuanto a su legalidad y razonabilidad. La afirmación es correcta pero no es suficiente para desvirtuar la decisión del "a quo". El artículo 7º inciso e) de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que la autoridad administrativa debe expresar las razones que justifican los actos que emite. No distingue, a tal efecto, entre actos dictados en ejercicio de facultades regladas y actos dictados en ejercicio de facultades discrecionales.
Aún más, contrariamente a lo que sugiere el recurrente, la obligación de dar razones debe ser evaluada con mayor rigor en el segundo caso. Por un lado, porque la exigencia de dar razones contribuye al desarrollo de estándares estables y uniformes para la toma de decisiones, lo que es especialmente relevante allí donde las leyes no establecen ninguno. Por otro lado, porque la expresión de las razones es necesaria para un adecuado control judicial de las decisiones discrecionales; en efecto, si como admite el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, éstas pueden ser controladas en cuanto a su razonabilidad, ello requiere que la autoridad administrativa explique las razones que la condujeron a su decisión. Que la decisión sea discrecional no implica que no necesite justificación, y la expresión de ésta es fundamental para un adecuado control judicial del ejercicio de las facultades discrecionales.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor y declaró la nulidad de la resolución administrativa que lo dio de baja en sus funciones en la Policia Metropolitana.
Así, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió de la sentencia y sostuvo que si el personal policial carece de estabilidad, entonces su remoción de la fuerza es una facultad discrecional y, por lo tanto, no revisable judicialmente salvo en cuanto a su legalidad y razonabilidad.
Ahora bien, que el actor no posea estabilidad no es una razón para desplazarlo de la fuerza. Al carecer de estabilidad, puede prescindirse del sumario administrativo y acudirse a razones no contempladas por la ley. Sin embargo, la ausencia de estabilidad no constituye, ella misma, una razón para desplazar a un agente de la fuerza policial. En este sentido, la Corte sostuvo que “en el acto que decidió la separación de la actora de su cargo, la Administración se limitó a señalar que al agente no había transcurrido el período de doce meses de prueba previsto en el Decreto Nº 66/99 y que, por ese motivo, disponía la cancelación de su designación en planta permanente. Sin embargo […] la mera circunstancia de que el plazo no hubiera transcurrido, no resulta suficiente para justificar la validez del acto.” (CSJN, M. 53. XLIV, Micheli, Julieta Ethel c/ EN, sentencia del 13/12/2009, consid. 3°).
Por lo tanto, debe concluirse que el acto administrativo impugnado no satisface la exigencia del artículo 7º inciso e) del Decreto Nº 1510/97, que exige expresar las razones que motivaron su dictado.

En el caso, corresponde modificar la sentencia de primera instancia en tanto ordena reincorporar al actor con el mismo status jurídico que ostentaba al momento de su pase a disponibilidad y ordenar, en cambio, que el actor se reincorpore volviendo a revistar en situación de disponibilidad.
En este sentido, debe considerarse que el actor dirigió su acción impugnatoria contra la resolución que dejó sin efecto su designación como agente de la Policía Metropolitana (i.e., la resolución 388-MJySGC/10) y no contra la resolución que dispuso su pase a disponibilidad (i.e., la resolución 27/PMCABA/10). La declaración de nulidad de la primera no implica la declaración de nulidad la segunda. Por lo tanto, no hay razón que justifique disponer que el actor se reincorpore con el "status" jurídico que ostentaba antes del dictado de la resolución que dispuso su pase a disponibilidad. El efecto de la declaración de nulidad del acto que dejó sin efecto la designación del actor es que la actora vuelva a revistar donde se encontraba antes del dictado del acto nulo, es decir, en situación de disponibilidad.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto rechazó la petición del actor respecto al pago de los salarios caídos.
En efecto, el actor sostuvo que los precedentes invocados para rechazar su solicitud por la Jueza de primera instancia no son vinculantes ni aplicables al presente caso. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la invocación de un precedente es una forma de argumentación: el caso presente debe resolverse de tal modo porque un caso precedente fue resuelto de tal modo. Si se invoca un precedente satisfactoriamente, entonces ello traslada la carga de la prueba: quien pretende una solución distinta a la precedente debe argumentar por qué aquélla fue una decisión incorrecta o bien intentar distinguir el caso presente del precedente, mostrando que el presente posee propiedades relevantes que estaban ausentes en aquél y que justifican una solución distinta. Para determinar si un precedente es o no aplicable a un caso presente debe examinarse la ratio decidendi de aquél tal y como fue expresada por el tribunal en esa oportunidad (Schauer, F., Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, Cambridge: Massachusetts, Harvard University Press, 2009, p. 53).
En este sentido, la Corte Suprema Justicia de la Nación, en los precedentes a los que se remite el "a quo" (y a los que también se remitió la Cámara del fuero en diferentes oportunidades; v. Sala I, “Pérez Marcela Patricia c/ GCBA s/ daños y perjuicios”, Exp. 22799/0, sentencia del 26/08/2011; y Sala II, “Checci Eduardo Julio c/ GCBA s/ empleo público”, Exp. 18790/0, sentencia del 02/09/2008, entre otros), ha sido suficientemente expresa: “no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas a los agentes públicos dados ilegítimamente de baja, salvo disposición expresa y específica” (Fallos: 304:199; 308:732; G.442.XXIV "Glave, Alicia Aída c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" del 9 de diciembre de 1993; C. 1439. XXXI ”Cúneo, Alberto A. y Fagetti, Carlos H. c/ Honorable Senado de la Provincia y Estado de la Provincia de Corrientes” del 29 de Octubre de 1996, entre otros).
En el caso "sub examen" se trata, precisamente, de un agente público dado ilegítimamente de baja que reclama el pago de sueldos por tareas no desempeñadas; debe concluirse, por lo tanto, que tales precedentes resultan aplicables.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo parcialmente lugar a la demanda interpuesta por el actor, y declaró la nulidad de la resolución que dejaba sin efecto su designación como agente de la Policía Metropolitana.
En efecto, no existen elementos probatorios que den cuenta de la existencia de las evaluaciones operativas que precedieron a la calificación de prescindibles o de los registros que darían cuenta de los cambios suscitados con posterioridad a las designaciones para avalar, por su intermedio, las invocaciones formuladas en los actos cuestionados, entre los cuales se encuentra el acto recurrido.
En tal contexto, el recurrente no ha logrado demostrar, aún de modo mínimo, que puso en juego su potestad discrecional para conformar el cuadro de integrantes de la Policía Metropolitana. Antes bien, surge de autos que la desvinculación del actor fue dispuesta mediante un acto que carece de motivación y que remitiría a cuestiones de índole operativas y/o cambios en las circunstancias por las que se habría incorporado al actor que no tienen respaldo probatorio que avale su existencia. Es decir, no se encuentran los elementos indispensables para justificar los hechos mencionados, pues no se trata de valorar la idoneidad o conveniencia del supuesto pedido de baja sino de poder verificar que los antecedentes de hecho invocados tuvieron lugar.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo parcialmente lugar a la demanda interpuesta por el actor, y declaró la nulidad de la resolución que dejaba sin efecto su designación como agente de la Policía Metropolitana.
En efecto, nada indica que la nulidad decretada por el pronunciamiento impugnado suponga reemplazar el criterio de la Administración en el ejercicio de facultades privativas sino que, en rigor, ella recae sobre un acto que se limitó a citar la disposición que fija las condiciones para adquirir estabilidad -artículo 8, Ley Nº 2947. La discrecionalidad para decidir el mantenimiento, progreso o fin en la carrera profesional que nos ocupa no surge del artículo 8º citado sino de los artículos 4º, 19, 20 y concordantes de esa norma. Mientras que el referido régimen legal permite disponer la desvinculación sin sumario cuando quien ostenta estado policial no ha cumplido el plazo para adquirir estabilidad, no releva a la autoridad competente de cumplir con su obligación de fundar la decisión que adopta.
La distinción no es menor pues, diversas garantías constitucionales, alguna expresamente contemplada en la propia Ley Nº 2947, contienen limitaciones a las potestades discrecionales que el régimen aplicable confiere en materia de promoción y permanencia en la carrera (vgr. art. 11, 34/36 de la CCBA y art. 59 de la ley nº 2947).
En esa línea, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que la cancelación de una designación fundada exclusivamente en la ausencia de estabilidad no resulta suficiente para justificar su validez, pues si el período de prueba tiene como objetivo la evaluación de la idoneidad del agente, un acto que cancela una designación sin tener en cuenta esa circunstancia, no sólo carece de causa y motivación suficientes sino que, además, tiene un vicio en su finalidad (Fallos: 331:735).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso hacer lugar al planteo de nulidad de la requisa de los imputados (arts. 71 y sgtes. CPP CABA).
En efecto, se desprende de las actuaciones, el proceder de efectivos de Gendarmería en el cual, al ser alertados por dos sujetos (cuya identidades se desconoce) detuvieron la marcha de un automóvil y, luego de convocar a dos testigos, realizaron la pesquisa del rodado encontrando en el mismo, un revólver sin numeración visible ni municiones en el tambor.
Así las cosas, el Fiscal de grado se agravio al considerar que los agentes preventores actuaron de acuerdo a la norma procesal. Ello por cuanto entiende que el procedimiento se llevó a cabo en un caso de flagrancia por lo cual adoptaron las medidas urgentes, las que, luego, fueron convalidadas por el Agente Fiscal.
Ello así, el asunto a resolver versa sobre cuestiones de hecho y prueba, ajenas a esta etapa del proceso. Sería prematuro aventurarse sobre la validez del procedimiento realizado por el personal de Gendarmería, sin siquiera haber escuchado la versión del preventor, quien podría brindar mayores detalles de su actuar en particular las circunstancias que lo llevaron a proceder de tal modo.
Por tanto, es la audiencia de debate oral y público el momento adecuado para estudiar con profundidad si existieron los presupuestos necesarios para realizar la requisa sin orden judicial, como así también, si la prueba a producirse en ella resulta suficiente para determinar la materialidad del hecho investigado y la consecuente autoría del imputado (Causa Nº 15575-00-CC/12, “Maciel, Miguel Ángel s/infr. art. 149 bis CP”, rta. el 17/8/2012; Nº 14914-00-CC/12 “García, Osvaldo Víctor s/ inf. art. 149 bis CP - Apelación”, rta. el 8/3/2013; entre otras).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto resolvió hacer lugar a la acción incoada por el actor y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución administrativa y dispuso su reincorporación en la Policía Metropolitana en las mismas condiciones laborales y jurídicas en las que se hallaba al momento en que fuera dejada sin efecto su designación en dicha fuerza.
Ello así, corresponde señalar que el acto administrativo en cuestión no se encuentra debidamente motivado.
En efecto, aún cuando la decisión se haya tomado durante el período de prueba del agente, ello no exime a la autoridad administrativa de explicitar las razones por las cuales decidió del modo en que lo hizo.
Es así que el acto atacado no remite a antecedente alguno que dé cuenta de las razones que justificaron el apartamiento del actor, siendo insuficiente a tales efectos el argumento dado por la autoridad administrativa sobre “la falta de estabilidad laboral”.
Lo aquí expuesto no implica, de ninguna manera, avanzar sobre competencias de las autoridades del órgano administrativo, debido a que lo que se está analizando es la legitimidad de la decisión adoptada; y en este sentido cabe recordar que el Poder Judicial está facultado para determinar, en una causa concreta, si el demandado incurrió en una omisión inconstitucional, y ello es así, debido a que no se discute la oportunidad, mérito o conveniencia de un determinado acto de gobierno sino la ausencia de cumplimiento del mandato impuesto por la Ley Suprema y las normas infraconstitucionales dictadas en consecuencia (conf. "in re" “Bilbao Fabiana Mabel c/GCBA s/ Amparo (art. 14 CCBA)”, exp. 18152/0, sentencia del 17.5.2007).
Es que como he dicho, no se trata sólo de exteriorizar en los considerandos del acto los hechos y derechos que sirven de marco o sustento sino explicar, además cuáles son las razones o motivos en virtud de los cuales el Ejecutivo dictó el acto. Ello permite que las personas puedan ejercer su derecho de defensa en forma adecuada, es necesario que el Estado diga cuáles son las pautas que siguió en su camino, es decir, no sólo qué decidió sino básicamente por qué decidió así. Dicho en otras palabras, si el particular no conoce cuáles son los motivos del acto, cómo puede, entonces argumentar y dar otras razones en sentido contrario a aquellos argumentos que desconoce y que simplemente pueda quizás intuir. Además, el juez sólo puede controlar eficazmente el acto estatal a través del análisis y juicio de los motivos que justificaron el dictado de ese acto (conf. Balbín Carlos F., en “Tratado de Derecho Administrativo”, Editorial La Ley, Tomo III, págs. 59 y págs. 66/67).

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y en consecuencia, disponer que el procedimiento de desalojo de los ocupantes del predio deberá ser ejecutado exclusivamente por la Policía Metropolitana, con la cooperación de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en los términos establecidos en el acuerdo homologado por la CSJN en el precedente “Acumar".
En efecto, no comparto la interpretación efectuada por la Fiscalía al artículo 108 del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad, de acuerdo a la cual una vez librada la orden de allanamiento por el juez y puesta la misma “en cabeza” del Fiscal, éste poseería una suerte de “cheque en blanco” para decidir el quién y el cómo se ejecutará la orden, dentro de los únicos límites de fecha, hora y objeto.
El artículo 108 del citado código, titulado “Causales para el allanamiento”, establece -en lo que aquí interesa- que: “…el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las fuerzas de seguridad que estime pertinente…”. Así, es el juez quien autoriza a disponer de la fuerza pública, es a él a quien también compete decidir la fuerza pública que habrá de intervenir, de acuerdo a las leyes, reglamentaciones vigentes y al contexto en que se expida dicha autorización. Por ello, el agravio de la Fiscalía, en este aspecto, será rechazado.
Idéntica solución corresponde adoptar en cuanto pretende que la Policía Federal actúe bajo la subordinación de la Policía Metropolitana.
Ello así, por cuanto la subordinación pretendida no se encuentra prevista en norma o reglamento legal vigente alguno. Menos aún, podría justificársela al amparo de una norma procesal de la Ciudad (como lo es el art. 108 del CPPCABA), pues del esquema constitucional federal surge que el legislador local no posee facultad ni competencia a tales efectos.
No obstante lo expuesto, y sin desconocer que de acuerdo a la Ley N° 2894 la Policía Metropolitana es la que posee jurisdicción natural para auxiliar a la justicia local, no encuentro óbice legal alguno para autorizar –a contrario de lo decidido por la Jueza interviniente- y dadas las particularidades del caso, la cooperación de las fuerzas de seguridad nacionales, en los términos del precedente“Acumar”, Convenio suscripto el 17 de mayo de 2011 en el marco del expediente de la CSJN nº A.254. XLVII (“Acumar s/ urbanización de villas y asentamientos precarios, legajo de actuaciones ocupación predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela Villa Soldati CABA s/ actuaciones elevadas por el Juzgado Federal de Quilmes”) entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, homologado por el Alto Tribunal el 18 de mayo del mismo año, sin que ello implique ningún tipo de subordinación a la fuerza local.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y en consecuencia confirmar la orden de desalojo impuesta por la Magistrada de grado con la aclaración que la Policía Metropolitana deberá actuar con la colaboración de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en los términos establecidos en el acuerdo homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Acumar".
Entiendo que es facultad de los jueces locales la decisión de reunir en forma alternada, conjunta o por separado la intervención de las tres fuerzas de seguridad, dado que las mismas actúan en idéntica área territorial.
En efecto, al momento de expedirme en la causa (causa nº 59095-01 “Inc. de apelación en autos NN (Av. Riestra y Portela) s/ infr. art. 181 CP”) sostuve que, la Policía Metropolitana tiene la facultad de actuar como fuerza de seguridad y auxiliar de la justicia conforme surge del artículo 34 de la Constitución de la Ciudad y de la Ley N° 2894. Asimismo, expresé que dicha legitimación de la Policía de la Ciudad no implicaba relevar, por varias razones, a la Policía Federal Argentina de sus obligaciones en materia de seguridad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos hasta que el Estado local no tenga autonomía plena en estos aspectos. Ello así, pues la facultad para intervenir como fuerza de seguridad y auxiliar de la justicia local en el territorio porteño surge de la Ley N° 24.588 y sus modificatorias. La modificación al artículo 7 de dicha ley solo legitimó la decisión local de crear una fuerza de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo local, pero en manera alguna desplazó a la Policía Federal de su obligación de continuar actuando hasta la derogación de esta ley nacional.
Señalé, respecto a la actuación de la Gendarmería Nacional, que ello surge del juego armónico de la Ley de facto N° 19.349 y del Decreto 2099/2010, por el cual se instruyó al Director Nacional de Gendarmería y al Prefecto Nacional Naval para que con carácter de muy urgente, profundicen las actividades prevencionales en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, a fin de movilizar mayor cantidad de recursos humanos y materiales, para ser empleados en refuerzo de la seguridad ciudadana.
En cuanto al rol de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería, la colaboración de dichas fuerzas federales se sustenta legalmente en las normas citadas supra, sin implicar ello subordinación alguna.
Es conteste con ello, en cuanto a la coordinación y colaboración inter fuerzas, el Convenio arribado en el marco de la causa “Acumar s/ urbanización de villas y asentamientos precarios, legajo de actuaciones ocupación predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela Villa Soldati CABA s/ actuaciones elevadas por el juzgado federal de Quilmes”, del día 17 de mayo de 2011 entre la, entonces, Ministra de Seguridad de la Nación, el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad, el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos, la Sra. directora General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y la intervención del Presidente y la Sra. Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por la Fiscalía y en consecuencia, disponer que el procedimiento de desalojo de los ocupantes del predio deberá ser ejecutado exclusivamente por la Policía Metropolitana, con la cooperación de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en los términos establecidos en el acuerdo homologado por la CSJN en el precedente “Acumar".
Comparto plenamente el criterio que al respecto expuso la Magistrada interviniente, especialmente en las consecuencias derivadas de la particular interpretación del artículo 108 Código Procesal Penal de la Ciudad que efectuara el Miisterio Púlbico Fiscal, considerándose dueño de la orden impartida por el Juez, al punto de modificarla en vez de cumplirla en su condición de delegado responsable de su ejecución, en el estricto alcance que el único habilitado para emitirla por el Constituyente ha establecido.
En efecto, entiendo que es facultad exclusiva y excluyente del Juez de grado, fijar las condiciones en que habrá de practicarse la diligencia por él ordenada; es decir, el modo, la oportunidad, su objeto e inclusive, la autoridad a quien le es encomendada.
El Ministerio Público Fiscal no puede, "per se", designar a otra distinta a la que haya asignado el magistrado que ordena el allanamiento, limitándose su función a realizarla por sí o a delegar en una persona determinada mas no en encomendar a otra fuerza policial distinta de la establecida por éste.
Sin perjuicio de lo expuesto, no alcanzo a comprender cuál es el agravio para el Ministerio Público Fiscal que el juez disponga que la diligencia sea realizada por la policía local, en tanto ésta –a diferencia de lo verificado en la causa conocida como “La Veredita”, no ha manifestado su incapacidad por el momento para hacerse cargo de la ejecución de la misma, más allá de lo demostrado en la tarde del 28/02/2014 (Causa Sala I, Nº 59095-01-CC/10 “Inc. de apelación en autos NN (Av. Riestra y Portela) s/infr. art. 181 inc. 1 CP”, rta. 15/04/2011).
Si la fuerza requerida -no el fiscal que no la representa-, solicita a su responsable político y/o al juez que se requiera el auxilio federal por carecer de capacidad operativa -tal como, insisto, aconteció en la causa “la veredita” supra citada- y en función de ello la Sala I que integro originalmente designó como autoridad responsable a la Policía Federal y/o a la Gendarmería Nacional-, se configura el supuesto previsto por la Ley de Seguridad Interior y resulta ésta de plena aplicación. Mientras ello no ocurra, rigen las previsiones de la Ley N° 2894. Lo propio, respecto del convenio suscripto en el marco del Expte. CSJN Nº A.254. XLVII, (“Acumar”) entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, homologado por el Alto Tribunal en 18/05/02011, que finalmente fuera implementado en aquella causa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar la nulidad del procedimiento realizado por el personal policial.
En efecto, la Defensa sostiene que se incumplió lo reglado en el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Contravencional de la Ciudad en razón de que su defendida no fue hallada en flagrante conducta y no hay otras pruebas que respalden las declaraciones del personal policial a fin de demostrar que la imputada, al momento de ser interceptada, acababa de ofrecer a la venta los elementos que le fueran secuestrados.
Así las cosas, de las constancias reseñadas se desprende que la detención de la marcha de la encartada y posterior secuestro de efectos por parte de las fuerzas de seguridad sucedió en el momento inmediatamente posterior a la presunta infracción que los mismos preventores habían constatado en flagrancia pues ellos observaron a la imputada mientras comercializaba distintos productos en la vía pública directamente en el piso con una manta, sin perjuicio de que minutos después la encausada levantó el puesto y empezó a caminar.
En consecuencia, de acuerdo con los datos aportados, se trata de un caso de flagrancia, en el que las fuerzas de seguridad intervinieron en el momento de la presunta infracción. En este sentido, el artículo 36 del código de forma en la materia prescribe que “[c]uando la autoridad preventora compruebe prima facie la posible comisión de una contravención, debe asegurar la prueba y labrar un acta…”.
Por tanto, la actuación, tal como fue llevada a cabo según lo plasmado en los instrumentos respectivos permite descartar, en ese tramo, la violación a las garantías constitucionales invocadas por la impugnante.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, y en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución administrativa, y ordenó la reincorporación del actor a la Policía Metropolitana, con igual status jurídico al que gozaba al momento de la cancelación de su designación.
En efecto, la parte demandada ha sostenido que el Magistrado de grado se habría excedido en sus competencias, toda vez que el acto administrativo en crisis habría sido dictado en el ámbito de sus competencias discrecionales.
En este orden de ideas, y en lo que respecta a las potestades del Poder Judicial de revisar actos administrativos, debe destacarse que, como principio, su competencia se encuentra limitada al control de su legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes-, pero no el de oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas adoptadas. Es decir, el magistrado debe examinar la razonabilidad de la decisión administrativa y nunca debe llegar a sustituir el criterio de los órganos legalmente facultados a tal efecto. Este control contempla la apreciación de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y lo decidido se ajuste al texto legal (v. Fallos: 304:1335, 311:2128 y 314:1251, entre otros.).
Por su parte, corresponde resaltar que la revisión de un acto administrativo emitido en uso de facultades discrecionales únicamente puede efectuarse por el Poder Judicial cuando la Administración hubiese obrado en forma arbitraria o irrazonable (conf. Fallos: 278:131; 303:1029, 307:1821 y 320:147, entre otros). Es que ante un supuesto de actividad discrecional de la Administración, el magistrado -cuando la decisión administrativa no sea manifiestamente arbitraria- debe ser "deferente" con respecto a las decisiones tomadas dentro del ámbito de la competencia del órgano administrativo. Esta valoración “deferente” con la que debe conducirse el Poder Judicial “limita la revisión judicial, evitando que la discreción del juez sustituya la del administrador, circunscribiendo su actividad revisora a determinar si el órgano decisor se ha excedido en su competencia legal o ha actuado arbitrariamente. Para ello el juzgador deberá examinar -guiado por el principio de la deferencia ya mencionado, de amplia aplicación por tratarse de una actividad discrecional- si el acto cuestionado reúne los requisitos esenciales enumerados en el artículo 1° de la Ley N° 19.549” (v. Fallos 315:2692, prev. cit.).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, y en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución administrativa, y ordenó la reincorporación del actor a la Policía Metropolitana, con igual status jurídico al que gozaba al momento de la cancelación de su designación.
En efecto, la parte demandada ha sostenido que el Magistrado de grado se habría excedido en sus competencias, toda vez que el acto administrativo en crisis habría sido dictado en el ámbito de sus competencias discrecionales.
Ello así, corresponde advertir que la naturaleza discrecional de los poderes de superintendencia sobre el personal no autoriza a prescindir del requisito de la motivación explícita, valoración que comprende la descripción de los antecedentes de hecho que dieron lugar a la medida (conf. Fallos: 306:400; 314:625, entre otros). En este contexto, y contrariamente a lo que sostiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando la Administración hubiese ejercido competencias discrecionales (facultades que no han sido negadas por el "a quo") la falta de explicitación de las causas que dieron lugar al ejercicio de esas competencias, así como la falta de motivación de la decisión de dar por terminada la relación de empleo del actor como subinspector de la Policía Metropolitana, impiden el control de legitimidad del acto administrativo en crisis, circunstancias que lo tornan arbitrario.
Entiéndase bien: no pretende sostenerse que la Administración no pueda ejercer facultades discrecionales, sino que lo que se establece en el presente (y así ha sido sostenido en la instancia de grado) es que todo acto administrativo debe reunir los requisitos esenciales requeridos en la Ley de Procedimientos Administrativos local, sin que el ejercicio de competencias como las debatidas en autos puedan ser entendidas como una causal o situación de excepción.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, y en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución administrativa, y ordenó la reincorporación del actor a la Policía Metropolitana, con igual status jurídico al que gozaba al momento de la cancelación de su designación.
Ello así, no importa desconocer las facultades disciplinarias con las que cuenta la Administración con respecto a su personal, y en lo que aquí importa, en lo que se relaciona con los agentes con estado policial.
En este sentido, cabe destacar que este Tribunal no desconoce la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que cuando la conducta del empleado objetivamente justifique la desconfianza de sus superiores, en lo que respecta a la correcta prestación del servicio, la separación del cargo no puede descalificarse como arbitraria (v. Fallos: 297:233; 305:102). Por su parte, tampoco se soslaya que el Alto Tribunal sostiene que la estabilidad en el empleo no impide la subsistencia de las facultades administrativas indispensables para la correcta prestación de los servicios públicos; y que en el ejercicio de esas facultades ha de reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores y reglamentaciones en juego (v. Fallos: 295:806; 296:696; 303:593; 311:2128, 314:1251, entre muchos otros).
Ahora bien, corresponde señalar que aun cuando la doctrina de la "pérdida de confianza" justificaría la separación de un agente cuando esa pérdida estuviese objetivamente fundada -por la comisión u omisión de un hecho-, por tratarse la "confianza" de un asunto de orden eminentemente subjetivo, si se desvinculara esa fórmula del concepto de "falta grave", cualquier "hecho objetivo" podría ser utilizado como pretexto para poner fin, arbitrariamente, a la carrera de los funcionarios y agentes públicos (confr. Fallos: 326:2896, disidencia del Dr. Petracchi).
En consecuencia, en atención a que ninguno de estos supuestos acaece en los presentes obrados, y toda vez que el pronunciamiento de grado no se basa en una discrepancia en cuanto a la calificación de los hechos que dieron lugar a la sanción o en un juicio de conveniencia u oportunidad sobre el acto que dispuso el cese en funciones del actor, facultades que serían propias de la autoridad administrativa que las hubiese ejercido (v. Fallos: 305:102), sino que el "a quo" entendió que la resolución sería nula, por cuanto no reuniría los requisitos esenciales requeridos en la Ley de Procedimientos Administrativos local, los argumentos brindados por el demandado en su recurso no resultan procedentes para descalificar a la sentencia de grado como un acto jurisdiccional válido.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, declarando la nulidad de las resoluciones atacadas y ordenando la reincorporación a la Policía Metropolitana “en las mismas condiciones laborales y jurídicas en las que se hallaba al momento en que fuera dejada sin efecto su designación en dicha fuerza policial".
En efecto, la resolución administrativa impugnada dejó sin efecto las designaciones porque el personal afectado “aún no ha alcanzado la estabilidad en el empleo definida en el artículo 8º de la Ley Nº 2.947” y porque ellos habían sido “clasificados prescindibles para la labor policial” por nota, emitida por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana. Luego, otra resolución administrativa, al desestimar el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución anterior sostuvo que, para dejar sin efecto las designaciones indicadas en su Anexo I, se habían tenido en cuenta “cuestiones de índole operativa”, así como que la designación de los agentes que no hayan alcanzado la estabilidad podía dejarse sin efecto “cuando las razones que motivaron su ingreso desaparecen o se modifican”.
Sin embargo, no obran en autos elementos que den cuenta de los aspectos operativos mencionados o de las modificaciones en las circunstancias alegadas. El carácter privativo de la competencia de la Administración para definir temas operativos o evaluar los cambios originados en las necesidades del servicio no se discute. En cambio, se destaca que no existen elementos probatorios que den cuenta de la existencia de las evaluaciones operativas que precedieron a la calificación de prescindibles o de los registros que darían cuenta de los cambios suscitados con posterioridad a las designaciones para avalar, por su intermedio, las invocaciones formuladas en los actos cuestionados.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, declarando la nulidad de las resoluciones atacadas y ordenando la reincorporación a la Policía Metropolitana “en las mismas condiciones laborales y jurídicas en las que se hallaba al momento en que fuera dejada sin efecto su designación en dicha fuerza policial".
En efecto, el recurrente no ha logrado demostrar, aún de modo mínimo, que puso en juego su potestad discrecional para conformar el cuadro de integrantes de la Policía Metropolitana. Antes bien, surge de autos que la desvinculación del actor fue dispuesta mediante un acto que carece de motivación y que remitiría a cuestiones de índole operativas y/o cambios en las circunstancias por las que se habría incorporado al actor que no tienen respaldo probatorio que avale su existencia. Es decir, no se encuentran los elementos indispensables para justificar los hechos mencionados (cuestiones de índole operativa, así como que la designación de los agentes que no hayan alcanzado la estabilidad podía dejarse sin efecto cuando las razones que motivaron su ingreso desaparecen o se modifican), pues no se trata de valorar la idoneidad o conveniencia del supuesto pedido de baja sino de poder verificar que los antecedentes de hecho invocados tuvieron lugar.
Así entonces, nada indica que la nulidad decretada por el pronunciamiento impugnado suponga reemplazar el criterio de la Administración en el ejercicio de facultades privativas sino que, en rigor, ella recae sobre un acto que se limitó a citar la disposición que fija las condiciones para adquirir estabilidad. La discrecionalidad para decidir el mantenimiento, progreso o fin en la carrera profesional que nos ocupa no surge del artículo 8° de la Ley Nº 2947 sino de los artículos 4°, 19, 20 y concordantes de esa norma. Mientras que el referido régimen legal permite disponer la desvinculación sin sumario cuando quien ostenta estado policial no ha cumplido el plazo para adquirir estabilidad, no releva a la autoridad competente de cumplir con su obligación de fundar la decisión que adopta.
En esa línea, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que la cancelación de una designación fundada exclusivamente en la ausencia de estabilidad no resulta suficiente para justificar su validez, pues si el período de prueba tiene como objetivo la evaluación de la idoneidad del agente, un acto que cancela una designación sin tener en cuenta esa circunstancia, no sólo carece de causa y motivación suficientes sino que, además, tiene un vicio en su finalidad (Fallos: 331:735).

En el caso, corresponde confirmar la aprehensión y posterior requisa practicada sobre el encausado.
En efecto, los policías se encontraban cumpliendo tareas de prevención dentro de las facultades que les confiere la Ley N° 23950. Como expusiera el Fiscal, “pretender que la policía actúe solamente cuando las personas exhiban de manera ostensible o burda elementos como las armas secuestradas o drogas sería por lo menos una exageración”.
La recurrente se agravia por la ausencia de “motivos urgentes o situaciones de flagrancia” que ex ante habilitaran la requisa del individuo –pues su única conducta reprochable, en sus palabras, habría sido tomar su bicicleta para continuar su marcha–. En este punto, resulta revelador el hecho de que el grupo que integraba el imputado al momento en que se efectuó el procedimiento, se haya dado a la fuga cuando vio acercarse al personal policial, máxime teniendo en cuenta que el encausado habría intentado hacerlo a bordo de su bicicleta y se vio frustrado por los mismos agentes de seguridad.
La pretensión de relativizar las circunstancias previas a la requisa para sustentar su nulidad, no se condice con la descripción del procedimiento policial. Ello, en virtud de la actitud del imputado anteriormente descrita y su posterior declaración respecto a que la droga que traía consigo no era de su propiedad.
Ello así, las circunstancias relatadas representan motivo suficiente para que el personal de prevención convoque a dos testigos y proceda a efectuar la requisa, por su propia seguridad y la de los transeúntes ocasionales. (Del voto en disidencia del Dr. Franza)

En el caso, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado, en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora, con el objeto de que se ordene su inmediata recategorización con el consiguiente pago de las diferencias salariales y responsabilidades que corresponden.
En su demanda, la actora sostuvo que antes de incorporarse a la Policía Metropolitana prestó servicios en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Indicó que por medio de la resolución impugnada, se le otorgó el grado de oficial y el estado policial en la Policía Metropolitana. Agregó que, en dicha oportunidad, se incurrió en un error al nombrarla en un cargo inferior al otorgado en casos análogos a otros ex integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dado que sus antecedentes y capacitación son de igual o mayor importancia de aquellos postulantes a los que se les otorgó una categoría superior a la que actualmente ostenta.
Ahora bien, en este estado liminar de la causa, la actora no ha logrado desvirtuar la presunción de legitimidad del acto impugnado.
Por otro lado, cabe señalar que con la prueba hasta aquí aportada al expediente y más allá de lo que se decida al momento de resolver la cuestión de fondo, no podría determinarse la existencia de un trato desigual por parte de la demandada en el ingreso de la actora a la Policía Metropolitana, ni tampoco —como pretende la actora— la procedencia de la recategorización en el grado de Oficial Mayor en virtud de la documental acompañada.
En efecto, el examen de las constancias de la causa, a la luz de los principios enunciados, conduce al Tribunal a concluir en que no existen elementos suficientes para considerar reunidos —con la provisoriedad propia del estadio de análisis— los recaudos exigidos, que deben concurrir para que la tutela cautelar solicitada sea procedente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, las autoridades policiales se encuentran facultadas para interrogar testigos, dejando constancia en el legajo de ello, conforme lo dispuesto en el artículo 88 inciso 4º del Código Procesal Penal de la Ciudad, más ello es con el objeto de orientar la pesquisa y no pueden ser valoradas como una declaración testimonial.
En esa específica materia, el ordenamiento procesal es preciso en establecer que el/la Fiscal tiene la obligación de entrevistar a cuanta persona conozca sobre los hechos (artículo119 del Código Procesal Penal), pudiendo delegar la tarea tanto en su personal como en algún investigador de las fuerzas de seguridad, cumpliendo con los requisitos del artículo 94 del mismo cuerpo legal.
Ello así, atento que el Fiscal le encomendó a la Policía Metropolitana diversas diligencias, los testimonios obtenidos mediante esta delegación de facultades deben ser tomados como simples constancias conforme lo prescripto en el artículo 88 inciso 4 del Código Procesal Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, el artículo 119 del Código Procesal Penal de la Ciudad habla de la “facultad de interrogar” que posee el/la representante del Ministerio Público Fiscal, lo que significa “potestad” de interrogar (conforme el diccionario de la Real Academia Española, facultad refiere a la licencia, poder o derecho para hacer algo). Es por ello que la referida norma utiliza la expresión “interrogará”, en lugar de decir “deberá interrogar”.
En este mismo sentido, el artículo 120 del mismo Código, permite que el/la Fiscal delegue tal potestad incluso en las fuerzas de seguridad, conforme lo previsto en el artículo 94.
La Defensa no ha demostrado en qué hubiese cambiado la suerte del proceso si se hubiesen llevado a cabo todas las medidas que señala como omitidas por el Fiscal, no verificándose perjuicio concreto ni violación constitucional alguna.
Ello así, desechar las declaraciones de los testigos prestadas en sede policial importaría decretar la nulidad por la nulidad misma.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del procedimiento policial.
En efecto, la Defensa sostiene que el procedimiento de detención y requisa del imputado, a quien se le sustrajo una picana eléctrica, fue ilegítimo por no existir motivos para ello. Entiende que no existiendo circunstancias previas o concomitantes que razonablemente permitieran justificar la medida, ni motivos urgentes o un supuesto de flagrancia que habilite a la prevención a llevarla a cabo, el procedimiento que diera origen a la presente (art. 85 CCCABA) y la posterior requisa devienen nulos, así como todo lo obrado en consecuencia.
Al respecto, del relato efectuado por los agentes policiales en relación a las circunstancias que rodearon el hecho, no se advierte la presencia de irregularidad alguna de la que pueda inferirse una violación al debido proceso legal.
Ello así, según surge de la declaración de los preventores el procedimiento fue originado en el hecho de que un comerciante alertó de la presencia sospechosa del encausado, quien habría ingresado a su local observando intensamente para luego retirarse sin comprar nada, y ello hizo que una agente policial comenzara a prestarle atención a su actuar, observando que repetía el "modus operandi" con otros comercios de la zona, lo que la llevó a tomar la actitud de prevención e identificar al transeúnte.
Por tanto, y a la luz de las pruebas hasta el momento producidas, es dable afirmar -al menos en esta etapa procesal- que se ha obrado en virtud de las circunstancias de urgencia, en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal preventor interviniente se encontraba en la tarea de prevención de ilícitos.

El Poder Ejecutivo local tiene la facultad de elaborar, implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública, como así también impartir las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control, por corresponder a una cuestión que hace a su propia función atribuida legislativamente.
En este contexto, cabe recordar que esta facultad puede ser ejercida dentro de ciertos márgenes de discrecionalidad, la cual es definida como la “Modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere a quien desempeña la función administrativa para que, mediante una apreciación subjetiva del interés público comprometido, complete creativamente el ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas para el derecho” (Sesín Domingo, “Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica”, Buenos Aires, Depalma, 1994, Pág. 126).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por el actor con el objeto de obtener el reescalafonamiento en la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se le abonen las diferencias salariales.
En efecto, no puede escapar a la apreciación de este Tribunal que “la actividad discrecional por parte de la Administración (...) constituye el ejercicio de una facultad que, como regla, excluye la revisión judicial, cuyo ámbito queda reservado para los casos en que la decisión administrativa resultare manifiestamente ilegal o irrazonable, a la par que ocasione un daño a terceros que no sea susceptible de una adecuada reparación” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Astilleros Alianza SA contra Estado Nacional (PEN) sobre Daños y Perjuicios”, Fallo 314:1202, sentencia de fecha 8 de octubre de 1991); mas cabe señalar que en el caso de autos la decisión tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -adelantando mi opinión- no resulta manifiestamente ilegal o irrazonable. Ello, debido a que obró en la esfera de su poder discrecional, sin transgredir sus facultades constitucionales y legislativamente atribuidas (v. arts. 102 y 104 de la CCABA y arts. 10 y ss. de la ley Nº2894).
En esta inteligencia, nuestro más alto Tribunal manifestó que “en aras de lograr el buen servicio, debe reconocerse a la Administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus facultades discrecionales, sin que las decisiones atinentes a la política administrativa constituyan una materia justiciable, en tanto las medidas adoptadas no impliquen - respecto de los agentes - una descalificación o medida disciplinaria encubierta, supuesto que no se verifica en la especie” (confr. doctrina de Fallos: 295:806 y sus citas)” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Gómez Jorge Miguel contra Dirección General Impositiva”, Fallos 321:703, sentencia de fecha 2 de abril de 1998).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por el actor con el objeto de obtener el reescalafonamiento en la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se le abonen las diferencias salariales.
En efecto, corresponde determinar si se encuentra adecuadamente acreditado la arbitrariedad o ilegitimidad atribuida a la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la designación del actor.
De este modo, el éxito o fracaso de la pretensión radicará en la demostración que pudiere haber efectuado el accionante sobre la ilegitimidad de la conducta que atribuye al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la designación discriminatoria y desigual respecto de agentes de la misma fuerza que contaran con menores antecedentes que el actor.
En el presente caso, la actora denuncia una situación de desigualdad. Ello, debido a que entiende que sus colegas de la Policía Metropolitana de esta Ciudad fueron designados en cargos de mayor jerarquía, cuando en verdad poseían menores antecedentes profesionales y curriculares. Ahora bien, del análisis de la escasa prueba producida en las presentes actuaciones se desprende que la parte actora y los agentes de la Policía Metropolitana allí mencionados han sido asignados a diferentes cargos, aun contando con más o menos años de antigüedad en su fuerza de origen. Pero esa sola afirmación no lleva a concluir que se esté vulnerando el derecho a la igualdad, pues la antigüedad no resulta un elemento suficiente para acreditar la pretensión objeto de autos.
Así, de la compulsa del expediente resulta sencillo advertir que la actora no ha logrado demostrar los parámetros objetivos con los cuales pretende compararse. En consecuencia, es dable concluir que las designaciones en los cargos en la Policía Metropolitana no resultaban de un criterio automático basado únicamente en la antigüedad, sino de una valoración apoyada en los recaudos establecidos en las Leyes Nº 2894 y 2947.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por el actor con el objeto de obtener el reescalafonamiento en la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se le abonen las diferencias salariales.
En efecto, corresponde determinar si se encuentra adecuadamente acreditado la arbitrariedad o ilegitimidad atribuida a la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la designación del actor.
Ahora bien, la sola pretensión fundada en el elemento antigüedad, sin hacer referencias, al menos, a cuestiones académicas -tal como indica las Leyes N° 2894 y 2947-, sella la suerte de su reclamo.
En este sentido, la decisión de asignar al actor en el cargo de oficial se basó en criterios atinentes al mérito y oportunidad y, particularmente, a la conveniencia de incrementar la cantidad de agentes en el cuadro operativo. En tales condiciones, no obran constancias en las presentes actuaciones que permitan postular que la designación del actor resulte manifiestamente irrazonable o discriminatoria.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la acción de amparo interpuesta por la parte actora, con el objeto de que se revoque la resolución que dejó sin efecto su designación en la Policía Metropolitana y se ordene su reincorporación con el mismo "status" jurídico que poseía al momento de ser segregada.
En efecto, toda vez que la decisión adoptada por la autoridad administrativa no importó la aplicación de una sanción, sino el uso de una facultad discrecional que se hizo efectiva dentro de los límites establecidos por la normativa (art. 8º de la ley 2947).
Cabe destacar que, de la lectura de la resolución segregativa surge que la autoridad de aplicación tuvo en cuenta particularmente la calificación de las aptitudes de la agente informada por el Director de Control del Desempeño Profesional.
Esta resolución se halla, por lo tanto, debidamente fundada, y no se encuentra acreditado en autos la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la acción de amparo interpuesta por la parte actora, con el objeto de que se revoque la resolución que dejó sin efecto su designación en la Policía Metropolitana y se ordene su reincorporación con el mismo "status" jurídico que poseía al momento de ser segregada.
En efecto, la demandada hizo uso de la facultad prevista en el artículo 67 del Decreto N° 36/11 que establece el Régimen Disciplinario aplicable al personal de la Policía Metropolitana y, en base a los resultados de dicha averiguación, plasmados en el informe respectivo, decidió el cese de la designación de la actora, quien no había adquirido estabilidad conforme los términos del artículo 8° de la Ley N° 2947 y, a juicio de las autoridades competentes, no cumplía con las condiciones de idoneidad y aptitud.
El informe mencionado destacó la especial gravedad de los hechos investigados, que afectaban en forma palmaria el “decoro, prestigio e imagen de esta Institución".
Al no considerar satisfactoria su aptitud, producto del resultado que arrojó la averiguación previa, y no contar con la estabilidad en el cargo, por no encontrarse cumplido el plazo del artículo 8° de la Ley N° 2947, la demandada decidió el cese de su designación y, atento a las constancias de autos, no se advierte arbitrariedad o ilegitimidad en dicha decisión.
Por último, cabe destacar que la actora no cuestionó la constitucionalidad del régimen legal y reglamentario vigente.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado y, en consecuencia, sobreseer a los imputados por el delito de daño que les fuera atribuido.
En efecto, en primer término cabe aclarar que la excepción articulada por la Defensa no puede ser analizada desde la óptica de la “inexistencia de delito” pues, conforme se desprende de la declaración del agente de prevención y las vistas fotográficas, se puede advertir que efectivamente la reja en cuestión se encuentra dañada. No obstante ello, entendemos que el planteo de la Defensa se encuentra dirigido a demostrar que la prueba con la que la Fiscalía fundó la imputación del delito de daño no permite aseverar, ni siquiera con el grado de certeza propio de esta etapa del proceso, que fueron sus asistidos quienes violentaron la reja.
Así las cosas, la prueba que el titular de la acción tiene en cuenta a fin de imputarles a los encartados la comisión del delito de daño no permite establecer un nexo entre el barrote salido de la puerta de reja y los imputados en autos. Ello así, se desprende de las presentes actuaciones que la conducta "sub-examine" habría tenido lugar un mes antes de la fecha en que fueron tomadas las vistas fotográficas. A su vez, del informe del agente preventor se desprende su declaración en la cual afirma que la gendarmería -que se encontraba de consigna en el lugar- habría sacado el barrote durante el fin de semana.
De la reseña efectuada en el párrafo que antecede puede advertirse que la prueba con la que el Fiscal de grado fundó la imputación del daño en su requisitoria de modo alguno permite acreditar la participación criminal de los enrostrados. En este sentido, la distancia temporal que existe entre el presunto daño y el material probatorio aportado torna confuso el análisis pues las imágenes del barrote salido de la reja fueron tomadas aproximadamente un mes después del hecho pesquisado.
Aunado a ello, tampoco permite esclarecer aquella situación la declaración del integrante de las fuerzas de prevención, según la cual el barrote habría sido retirado durante el fin de semana. Al respecto, cabe señalar que dicha declaración fue realizada casi un mes después del hecho en cuestión y, en base a ello, debe advertirse que el “fin de semana” al que hizo referencia la consigna que se encontraba en el lugar, también fue posterior al suceso atribuido a los imputados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso convertir la actual detención del encartado en prisión preventiva.
En efecto, la Defensa cuestiona las pruebas obrantes en la presente, por el hecho de que se funda únicamente en los dichos de los preventores, testimonios que considera interesados. Asimismo, refiere el Defensor de Cámara que en oportunidad de brindar sus dichos tanto en la Comisaria como así también en la sede de la Fiscalía, el chofer del ómnibus refirió que no vio si los jóvenes portaban armas.
Ahora bien, en primer lugar, cabe señalar que la circunstancia alegada por el recurrente, quien cuestiona la veracidad de los testimonios del personal policial por considerarlos “interesados”, no resulta una circunstancia que invalide "per se" las declaraciones de los agentes de prevención, toda vez que resultan contestes y concordantes en su relato, en el modo en que describieron los hechos como así también en relación a la existencia del arma que posteriormente fue secuestrada. De la detención, así como del secuestro del arma, dan cuenta las actas labradas el día de los hechos y en presencia de testigos.
Por otro lado, sin perjuicio de que el chofer del colectivo expresó que no vio si los jóvenes portaban armas, lo cierto es que al ser interceptados por el personal de la Prefectura, los tres jóvenes que poseían las características descriptas por el conductor del ómnibus –entre los que se encontraba el imputado- emprendieron la fuga, habiendo observado ambos preventores que uno de ellos -luego detenido- extrajo de la cintura un arma de fuego, tipo pistola, que arrojó momentos antes de ser alcanzado por el personal de las fuerzas de seguridad, la que posteriormente fuera secuestrada.
Ello resulta suficiente, al menos para esta etapa procesal, a fin de tener por probado el hecho, máxime teniendo en cuenta que los preventores expresaron que durante la persecución nunca perdieron de vista a los jóvenes.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar autónoma iniciado por la actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que, hasta tanto se agote la vía administrativa, se disponga la suspensión de la ejecución de la resolución administrativa que le impuso la sanción de cesantía en el cargo de Comisionado de la Policía Metropolitana.
En efecto, las razones que expone la actora no resultan, "prima facie" suficientes para enervar la presunción de legitimidad que ostentaría la resolución en cuestión.
Ello así, toda vez que los cargos que condujeron a la aplicación de la sanción de cesantía pueden encontrar sustento en la prueba producida, a la vez que en el citado acto administrativo se habrían considerado, tanto el descargo oportunamente efectuado, como las defensas articuladas por la actora.
A su vez, el procedimiento y la competencia de las autoridades comprometidas a los fines de decidir la cesantía se vislumbraría ajustado a los lineamientos dispuestos en el Régimen Procesal de Investigaciones y Sumarios Administrativos de la Auditoría Externa Policial (anexo Resolución N° 357/10 del Ministerio de Justicia y Seguridad, Decreto N° 36/11, y Ley N° 2.947) el cual, a su vez, resultaría el régimen disciplinario adecuado para esclarecer las supuestas irregularidades ocurridas. En razón de ello el accionar de la Administración habría resguardado, "prima facie", el debido proceso legal.
Por tanto, en principio, la resolución administrativa mediante la cual se impuso la sanción de cesantía, y se segregó a la peticionaria de la función pública no se exhibiría manifiestamente ilegítima o irrazonable.
En consecuencia, es dable considerar que en este estado larval del proceso, el derecho invocado por la amparista carecería de la verosimilitud suficiente para acordar la medida cautelar cuya concesión peticionó.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de acción en la pretensión por atipicidad.
En efecto, se le atribuye a la fuerza de seguridad federal el no llevar a cabo los controles necesarios para impedir el ingreso a un estadio de fútbol de determinadas personas y elementos prohibidos.
Ahora bien, la Defensa de los encartados, que se encuentran -entre otros- imputados en la presente causa, sostuvo que la prohibición vinculada a los carteles ofensivos resulta de dudosa vigencia en la actualidad, a su vez, la noción de “elementos aptos para agredir” resulta de suma vaguedad y la acusación lo extiende a cosas propias del folclore futbolístico.
Así las cosas, y tal como lo acredita el Ministerio Público Fiscal, dos carteles con contenido ofensivo hacia los simpatizantes del club visitante permanecieron exhibidos desde antes de comenzar el partido hasta luego de su suspensión en el primer balcón de uno de los palcos del estadio.
Al respecto, debe recordarse que el evento en el que se sucedieron los hechos investigados es unos de los más observados de su especie en el mundo (se celebraba un partido de fútbol entre los dos clubes más importantes del país). Ello así, no es determinante que hubiera o no hinchas de la parcialidad visitante, puesto que de todas formas el encuentro se encontraba siendo televisado por diversos canales de televisión, emitiendo imágenes con potencial para instigar a la violencia a múltiples grupos a lo largo del país. Asimismo, también son receptores de los mensajes consignados en los carteles, los jugadores, miembros del cuerpo técnico y los mal llamados “hinchas neutrales”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa de los funcionarios policiales imputados sostiene que sus pupilos no pueden ser responsables de los hechos que se les atribuye (arts. 93 y 96 del CC CABA) dado que el carácter de funcionarios públicos que éstos detentan impediría ser sujeto activo de la contravención establecida en el artículo 96 del Código Contravencional de la Ciudad. En todo caso, entiende el recurrente, las conductas atribuidas deberían ser encuadradas en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 249 del Código Penal, que desplazaría la posibilidad de reproche contravencional (art. 15, CC CABA).
Sin embargo, en modo alguno, la figura en la que se encuadran las conductas reprochadas no sea aplicable a integrantes de fuerzas de seguridad federales, aunque actuando en ejercicio de competencia local.
Ello así, las figuras penales o contravencionales que excluyen a determinada categoría de persona de su ámbito de prohibición lo hacen a partir de delimitar otro ámbito propio. Estas figuras, denominadas por la doctrina como "delicta propia" son las que requieren características especiales en el sujeto activo. En cambio, la figura en cuestión no individualiza a un sujeto activo sino que eventualmente lo hace poniendo en cabeza de la omisión a cualquiera que, de algún modo, tenga a cargo funciones de organización o seguridad y es indudable que, al menos esta última, es propia a la naturaleza de la función que cumplen este grupo de imputados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa de los funcionarios policiales imputados sostiene que es improcedente la imputación a sus asistidos, a partir del modo de acusación escogido (arts. 93 y 96 del CC CABA), al concluir que a todo contravención se correspondería una omisión de evitarla.
Sin embargo, ténganse presente las particulares características de lugar en las que adquiere relevancia esta figura contravencional, es decir un espectáculo deportivo masivo, espacio de múltiples tragedias que condujeron a la adopción de las medidas más drásticas ante la imposibilidad de evitar su reiteración.
En estos especiales ámbitos, la función de los organizadores y encargados de seguridad adquiere particular relevancia, cuyo incumplimiento es reprochable, ante la producción de ulteriores consecuencias contravencionales o delictuales más graves. En conclusión, no se advierte tampoco un déficit en el modo de formular el reproche que se lleva a juicio respecto a estos imputados.