Cuando las contrataciones directas están regidas por un decreto no vigente, las facturas presentadas al cobro originadas en órdenes de compra emitidas como consecuencia de las mencionadas contrataciones, carecen de sustento contractual y normativo válido.

A partir de los argumentos desarrollados por el Tribunal Superior de Justicia en torno a la competencia de la Ciudad en materia de juego, es posible entender que las autorizaciones expedidas por la Lotería Nacional Sociedad del Estado a las que se refiere la Ley Nº 255, continuaron vigentes y no caducaron “ipso facto”, con la vigencia de la ley citada. Hasta el efectivo funcionamiento del Instituto creado por la Ley Nº 916 los permisos otorgados por aquel organismo resultaron válidos. (“Unión Transitoria S.A. Y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”,TSJ, Expte. Nº 1268/01, 17/10/2002).
Este razonamiento adquiere aún más fuerza si se tiene en cuenta lo que establece el artículo 29 de la Ley Nº 538 (cláusula transitoria), en el sentido de que el Poder Ejecutivo debe revisar todas las concesiones, autorizaciones, convenios y demás actos administrativos emanados de la Ciudad. Por otra parte la Ley Nº 1182 establece especialmente en su cláusula tercera, que las autorizaciones expedidas por Lotería Nacional Sociedad del Estado con anterioridad a la entrada en funcionamiento del Instituto parte del convenio aprobado por dicha norma local, conservaron su validez.