En el caso, corresponde revocar las providencias que desestimaron por extemporánea la contestación del recurso de apelación y, por consiguiente, corresponde tenerlo por presentada oportunamente.
En efecto, respecto a la temporalidad de la contestación de los agravios, surge de las constancias de la causa que trancurrieron seis meses desde que la demandada interpuso apelación contra el decisorio mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento de astreintes y que el recurso fue concedido.
Así, entre la presentación de la apelación por parte de la Obra Social y la concesión del recurso se sucedieron diversas presentaciones y contingencias procesales.
Cabe mencionar que el artículo 119 de la Ley N° 189 prevé que procede -entre otros supuestos- la notificación al domicilio electrónico de las decisiones “[…] que se dict[aran] como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala[ra] para su cumplimiento” (inciso 1.11).
Es razonable considerar que, en términos generales, el motivo que sustenta esta norma recae en resguardar el derecho de defensa de las partes frente a decisiones adoptadas en momentos procesales que difieren de los esperables al curso normal del proceso.
Cabe observar que las Reglas de Brasilia propugnan garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. No puede omitirse que la protección en este proceso fue reclamada para una menor de edad con problemas de salud (amparada en razón de su edad, discapacidad y género, Capítulo I, Sección 2, apartados 2, 3 y 8).
El espíritu que guió su aprobación fue garantizar efectivamente el acceso a la justicia y la tutela judicial de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.
En efecto, teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió entre la interposición del recurso, su concesión y la formación del respectivo incidente, junto a las distintas vicisitudes procesales que allí se sucedieron, y sumado a que no se vinculó en un principio el domicilio electrónico de la parte actora en esas actuaciones, para resguardar acabadamente los derechos de la niña haciendo una interpretación extensiva e integral del inciso 1.11 del artículo 119 del Código Contencioso Administrativo y Tributario conforme los mandatos previstos en las Reglas de Brasilia, la notificación del traslado referido mediante su notificación por cédula, surge para este Tribunal como una solución mas adecuada.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto declaró la incompetencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo -CAyTyRC- para intervenir en las presentes actuaciones.
En efecto, y conforme lo dictaminado por el Sr. Fiscal ante la Cámara, que el Tribunal comparte, se observa que en sus agravios la apelante reitera que el banco posee “domicilio de casa central y fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y que la constitución de domicilio en esta jurisdicción en la instancia conciliatoria ante Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo –COPREC- no había sido un error de la conciliadora, sino más bien mala fe del demandado con el fin de dilatar el proceso judicial que se avecinaba.
Sin embargo, la recurrente no se hace cargo de rebatir fundadamente las razones que expresó el Ministerio Público Fiscal en la anterior instancia -y que fueran reproducidas por la Magistrada de grado- respecto de que el domicilio legal del banco se encuentra en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (conf. art. 2 de su Carta Orgánica), y el de la accionante en el Partido de Moreno de la citada Provincia, razón por la cual la causa no encuadraba en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 5 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo –CPJRC-.
En suma, los genéricos argumentos dados por la apelante no logran demostrar la arbitrariedad en la decisión adoptada en la instancia de grado en torno a la declaración de incompetencia, en tanto en su expresión de agravios la recurrente se limitó a formular manifestaciones genéricas que solamente traducen un disenso con la conclusión a la que se arribó, pero sin un desarrollo crítico de ella.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto declaró la incompetencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo -CAyTyRC- para intervenir en las presentes actuaciones.
En efecto, y conforme lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, por un lado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Carta Orgánica de la entidad demandada, “El Banco tendrá su domicilio legal en la Capital de la Provincia de Buenos Aires...”.
Por otra parte, cabe añadir que: 1) en el resumen de tarjeta de crédito y en las cartas documento acompañados se indica que el domicilio del Banco se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, y no en la Ciudad como se consignó en el escrito de inicio la parte actora; 2) la denuncia penal relacionada con los hechos ventilados en autos fue iniciada en el Departamento Judicial de Moreno, Provincia de Buenos Aires; 3) en el acta confeccionada ante el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo –COPREC- se refiere el domicilio de la demandada en Calle 7 Nro. 726 y si, bien se añade “Ciudad Autónoma de Buenos Aires” se trata del domicilio de la Casa Matriz de la demandada en la Ciudad de La Plata; y 4) no se ha demostrado tampoco error en lo decidido con relación a que exista en el caso una sucursal relevante del banco demandado en esta Ciudad de Buenos Aires.
En este contexto, considero que los agravios esgrimidos vinculados a la incompetencia del Tribunal no pueden prosperar, en tanto la apelante no ha logrado demostrar la inconsistencia de la decisión de grado cuestionada.