En el caso, la presencia de un tanque con combustible líquido (petróleo) en el sótano del edificio que resultó inundado por las intensas lluvias que se produjeron en la Ciudad, operó sólo como un agravante de los daños producidos por el agua. Si bien la causa eficaz y adecuada fue el deficiente funcionamiento del sistema de escurrimiento propiedad del Gobierno, no puede desconocerse que la presencia de la instalación mencionada incidió favorablemente en la extensión de los daños.
Siendo que no todas las consecuencias dañosas derivadas tienen causa exclusiva en el agua ingresada como resultado del anegamiento del sótano, sino que la existencia del tanque -que no podía estar en ese lugar, conforme Ordenanza Nº 39025/MCCA/83- agravó en gran medida los daños ocasionados por el agua, resulta razonable fijar una indemnización representativa del 60%. Dicho porcentaje es el que se entiende como derivación lógica sólo por la inundación. El 40% restante, en tanto se entiende representativo del agravamiento de los daños por el derramamiento del petróleo, deberá ser soportado por el consorcio.

En el caso, de las constancias obrantes en autos, puede considerarse como probado que el actor transitaba por una arteria objeto de frecuentes inundaciones, escasos momentos después de registrarse el mayor volumen de precipitaciones debidos a la tormenta que azotaba a la ciudad y al tiempo que percibía el progresivo anegamiento de la calzada. A partir de ello, no puede sino concluirse que la conducta del actor tuvo directa incidencia en la producción del resultado dañoso y, si bien considero que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta responsable –al menos en gran medida- de la producción del daño experimentado por el rodado del actor, entiendo que el obrar del mismo fue concausa de la producción del daño.
En virtud de lo expuesto, a los efectos de la distribución de la responsabilidad en el evento habrá de asignarse un 90% a la demandada y un 10% al actor, porcentajes a partir de los cuales se realizará el estudio de las sumas reclamadas por los daños y perjuicios ocasionados en su automotor debido al anegamiento de la calle en la que circulaba.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto atribuyó responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos por la actora en el Hospital Público de la Ciudad.
En efecto, si bien existió un oblito anterior (el olvido de una gasa en su abdomen en una intervención quirúrgica previa) ello no excluye la responsabilidad del Gobierno local, dado que se está ante un caso de concausalidad entre la conducta de ésta y la del responsable del olvido quirúrgico, lo que reduce la incidencia causal de la conducta de la demandada en el daño y, consecuentemente, la extensión de su responsabilidad.
Por ello, estimo prudente atribuir al oblito –en tanto primer hecho que contribuyó a las lesiones de la actora– una incidencia del 50% en el resultado dañoso.
A su vez, debe tomarse en cuenta la conducta de la actora, atento que no ha concurrido al Hospital Público luego del alta (que no fue definitiva), lo cual tuvo una incidencia causal del 20% en el daño.
Cierto es que el abandono del tratamiento puede, en determinadas circunstancias, excluir la responsabilidad médica. Sin embargo, en el presente caso debe tenerse en cuenta que, como señala el peritaje, el alta médica fue realizada “con tratamiento inespecífico”, lo cual, tal como afirma el Juez de grado, pudo generar en la actora un deficiente nivel de conciencia respecto a la importancia de continuar con la prescripción médica.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas (art. 91 CP) en carácter de autor (art. 45 CP).
Se investiga el hecho consistente en que el joven de 17 años golpeó con su puño el rostro de la víctima, quien se encontraba trabajando en el garaje de autos. El damnificado perdió el conocimiento y cayó al suelo sufriendo hemorragia cerebral. Las lesiones que sufrió fueron de origen traumático por golpe o choque con o contra elemento contundente, que le provocaron afasia. El nombrado presenta una enfermedad cierta o probablemente incurable con inutilidad permanente para el trabajo y dependencia absoluta de terceros para el desarrollo de todas las actividades de la vida cotidiana. El episodio narrado fue el epílogo de un incidente que se inició ese mismo día entre los nombrados, en el interior del garaje, en tanto el joven le reclamaba al damnificado por un rayón en su vehículo, que se encontraba estacionado en el lugar.
El Juez entendió que el hecho atribuido encuadra en la figura de lesiones gravísimas, descartando la figura de tentativa de homicidio elegida por el Fiscal (decisión que no fue apelada por el Fiscal ni por la Querella).
La Defensa consideró que existieron otras circunstancias que pudieron incidir en el resultado. Como ser la ausencia de colocación del catéter a la víctima, la circunstancia de que la ambulancia tardó media hora en llegar, la declaración de las hijas del damnificado que concretamente refirieron que el día de los hechos, al llegar al Hospital empezaron a hacer trámites para conseguir un traslado a otro centro de atención porque su papá “necesitaba otro tipo de atención médica”. En definitiva, concluye que existieron diversos elementos capaces de agravar la situación de salud de la víctima independientemente del golpe de puño, que su asistido nunca se pudo haber imaginado en la representación del riesgo creado, que fueron ignorados en la sentencia.
Ahora bien, puede sostenerse que un juicio de imputación objetiva del resultado, si bien no prescinde de los juicios causales, se asienta sobre construcciones normativas. Su punto de partida es el reemplazo de la relación de causalidad como único fundamento de la relación entre la acción y el resultado, por otra relación elaborada sobre la base de consideraciones jurídicas y no naturales.
En este marco la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente para la atribución del resultado. Comprobada la causalidad natural, la imputación del resultado requiere verificar si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; como también si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro creado por la acción.
Ello así, no existe indicio alguno que permita afirmar que alguno de los acontecimientos invocados por la Defensa pueda haber influido en el agravamiento de la salud del damnificado, introduciendo un riesgo nuevo.
A diferencia de lo alegado por el recurrente, la atribución de responsabilidad por las lesiones gravísimas fue tratada y explicada por el "A quo" al analizar con detalle la opinión de los profesionales médicos que atendieron al paciente en el hospital. Tomando las opiniones de los profesionales de la ciencia médica, se hizo especial hincapié en que la víctima corrió riesgo de muerte a partir del accionar del encausado y en la génesis de las lesiones gravísimas que sufrió el damnificado.
Asiste razón al Juez de grado, en cuanto a que no se ha encontrado una causa autónoma que descarte la responsabilidad del imputado por la comisión del resultado lesivo. Pues para la procedencia de la llamada concausa se requiere que el factor desencadenante del resultado lesivo sea extraño a la acción del imputado.
De acuerdo a la prueba arrimada durante el debate, las lesiones gravísimas son una clara consecuencia del daño causado a la víctima con el golpe asestado por el encausado y su posterior caída, es decir que el resultado se produjo como concreción del riesgo inicial generado por el autor.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas (art. 91 CP) en carácter de autor (art. 45 CP).
Se investiga el hecho consistente en que el joven de 17 años golpeó con su puño el rostro de la víctima, quien se encontraba trabajando en el garaje de autos. El damnificado perdió el conocimiento y cayó al suelo sufriendo hemorragia cerebral. Las lesiones que sufrió, por golpe o choque con o contra elemento contundente, le provocaron afasia. El nombrado presenta una enfermedad cierta o probablemente incurable con inutilidad permanente para el trabajo y dependencia absoluta de terceros para el desarrollo de todas las actividades de la vida cotidiana. El episodio narrado fue el epílogo de un incidente que se inició ese mismo día entre los nombrados, en el interior del garaje, en tanto el joven le reclamaba al damnificado por un rayón en su vehículo, que se encontraba estacionado en el lugar.
El Juez entendió que el hecho atribuido encuadra en la figura de lesiones gravísimas, descartando la figura de tentativa de homicidio elegida por el Fiscal (decisión que no fue apelada por el Fiscal ni por la Querella).
La Defensa consideró que existieron otras circunstancias que pudieron incidir en el resultado. Como ser la ausencia de colocación del catéter a la víctima, la circunstancia de que la ambulancia tardó media hora en llegar, la declaración de las hijas del nombrado que concretamente refirieron que el día de los hechos, al llegar al hospital empezaron a hacer trámites para conseguir un traslado a otro centro de atención porque su papá “necesitaba otro tipo de atención médica”. En definitiva, concluye que existieron diversos elementos capaces de agravar la situación de salud de la víctima independientemente del golpe de puño; que su asistido nunca se pudo haber imaginado en la representación del riesgo creado, que fueron ignorados en la sentencia.
Sin embargo, se descarta de plano la posibilidad de que las supuestas concausas invocadas hayan sido capaces de agravar la situación de salud de la víctima.
En efecto, no existen indicios de alguna concausa que haya interrumpido el curso causal que se inició con la agresión del encausado y culminó con el resultado.
Sentado ello, ante la inexistencia de las causas concurrentes reclamadas por la Defensa, el riesgo creado por la acción inicial del imputado fue de tal gravedad que provocó las lesiones gravísimas atribuidas en la descripción del hecho.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas (art. 91 CP) en carácter de autor (art. 45 CP).
Se investiga el hecho consistente en que el joven de 17 años golpeó con su puño el rostro de la víctima, quien se encontraba trabajando en el garaje de autos. El damnificado perdió el conocimiento y cayó al suelo sufriendo hemorragia cerebral. Las lesiones que sufrió fueron de origen traumático por golpe o choque con o contra elemento contundente, que le provocaron afasia. El nombrado presenta una enfermedad cierta o probablemente incurable con inutilidad permanente para el trabajo y dependencia absoluta de terceros para el desarrollo de todas las actividades de la vida cotidiana. El episodio narrado fue el epílogo de un incidente que se inició ese mismo día entre los nombrados, en el interior del garaje, en tanto el joven le reclamaba al damnificado por un rayón en su vehículo, que se encontraba estacionado en el lugar.
El Juez entendió que el hecho atribuido encuadra en la figura de lesiones gravísimas, descartando la figura de tentativa de homicidio elegida por el Fiscal (decisión que no fue apelada por el Fiscal ni por la Querella).
La Defensa consideró que existieron otras circunstancias que pudieron incidir en el resultado. Como ser la ausencia de colocación del catéter a la víctima, la circunstancia de que la ambulancia tardó media hora en llegar, la declaración de las hijas del nombrado que concretamente refirieron que el día de los hechos, al llegar al hospital empezaron a hacer trámites para conseguir un traslado a otro centro de atención porque su papá “necesitaba otro tipo de atención médica”. En definitiva, concluye que existieron diversos elementos capaces de agravar la situación de salud de la víctima independientemente del golpe de puño, que su asistido nunca se pudo haber imaginado en la representación del riesgo creado, que fueron ignorados en la sentencia.
Sin embargo, cabe concluir que el encartado con su acción no solo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, sino que además dicha conducta se realizó o concretó en el resultado sufrido por el damnificado, juicio que en el caso puede efectuarse en términos verificables.
En ese sentido, cabe destacar que “(u)n riesgo jurídicamente reprobado se ha realizado en el resultado sólo si la acción es jurídicamente reprobada precisamente por su aptitud para producir el resultado en la forma en que ocurrió” (Frister, op.cit., pág. 207). Y, en efecto, un golpe de puño, como el verificado en el caso, es jurídicamente reprobado también porque puede generar que el sujeto pasivo de ese golpe caiga al suelo, con las consecuencias que esa caída pueda implicar.
Por ello, una razonable consideración de lo sucedido lleva a afirmar con certeza que como consecuencia directa de la conducta desplegada se produjeron las lesiones gravísimas ya indicadas.
En definitiva, no se ha logrado demostrar que los tratamientos brindados hayan empeorado su cuadro y mucho menos aún que incidiera en él la llegada 30 minutos después de la ambulancia, punto respecto del cual el recurrente no explicó siquiera qué riesgo jurídicamente desaprobado se incrementó.
Así, el intento de la Defensa de generar una duda suficiente que demuestre una alteración en el curso causal de las lesiones, se trata de una hipótesis ensayada para desvincular a su asistido del resultado del evento criminoso, por lo que habrá de ser de desechado.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa y el Asesor Tutelar, en sus agravios, cuestionan que el Juez no tuvo en cuenta que en el nexo causal de las lesiones que sufre en la actualidad el damnificado pudieron tener incidencia otros factores distintos e independientes de la agresión del encartado.
En este sentido, pusieron énfasis en la demora de más de media hora en arribar al lugar de la ambulancia del SAME, la poca atención recibida en el hospital -que habría motivado que la familia de la víctima solicitara su traslado a otro establecimiento-, la falta de colocación de un catéter de presión intra craneana y la ausencia de intervención quirúrgica decidida por el médico, que podría haber influido en la evolución posterior del paciente; así como en las declaraciones de ciertos profesionales de la salud que manifestaron que un golpe en el rostro de por sí no es un medio idóneo para generar el resultado que sufrió el damnificado.
Ahora bien, entiendo que la cuestión introducida por la Defensa fue correctamente tratada por el “A quo” en cuanto consideró que si bien, según su evaluación del caso, “las lesiones gravísimas son producto de la feroz trompada que el imputado le dio a su víctima, no así de su posterior caída desde propia altura (y choque de la cabeza contra el piso) que aquella desencadenó”, lo cierto es que “…se trata de una cuestión poco relevante, pues el impacto de la cabeza contra el piso que sufrió la víctima, fue consecuencia directa del golpe (y la fuerza empleada). El imputado, con su acción, provocó la pérdida de consciencia del damnifica y su caída. Es decir, de todos modos, las lesiones le hubieran sido atribuidas”.
Con relación a las incidencias que le siguieron a la caída, en concreto la demora en la ambulancia, el retardo en el hospital público, la ausencia del catéter y la decisión de no operar del médico, la cuestión se resuelve adecuadamente con la teoría de la imputación objetiva según la cual será imputable un resultado cuando, habiéndose creado con la conducta del sujeto un riesgo jurídicamente desaprobado para un determinado bien jurídico, constatada la relación de causalidad, tal resultado signifique la realización del riesgo creado con la conducta.
La relación de causalidad no trae mayores problemas pues, según la teoría de la equivalencia de las condiciones, si se suprime mentalmente la agresión del encartado, el resultado no se hubiese producido, en tanto que, respecto de los otros dos aspectos, la conducta imputada, esto es la agresión mediante golpe de puño con las características y el contexto antes descriptos, creó un riesgo evidente, jurídicamente desaprobado, para la integridad física del damnificado , lo que determina que el resultado producido deba considerarse incluido en el ámbito del riesgo creado y como su concreta realización, por lo que el resultado le es totalmente imputable al acusado.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa y el Asesor Tutelar, en sus agravios, cuestionan que el Juez no tuvo en cuenta que en el nexo causal de las lesiones que sufre en la actualidad el damnificado pudieron tener incidencia otros factores distintos e independientes de la agresión del encartado.
En este sentido, pusieron énfasis en la demora de más de media hora en arribar al lugar de la ambulancia del SAME, la poca atención recibida en el hospital -que habría motivado que la familia de la víctima solicitara su traslado a otro establecimiento-, la falta de colocación de un catéter de presión intra craneana y la ausencia de intervención quirúrgica decidida por el médico, que podría haber influido en la evolución posterior del paciente; así como en las declaraciones de ciertos profesionales de la salud que manifestaron que un golpe en el rostro de por sí no es un medio idóneo para generar el resultado que sufrió el damnificado.
Sin embargo, en el caso, el resultado no se fundamenta en un peligro nuevo del que no es responsable el acusado, sino que la cadena de circunstancias marcadas por la Defensa reconoce un mismo y único origen en la trompada, que es precisamente la acción jurídicamente desaprobada que creó el riesgo concreto en la salud de la víctima y que explica el grave daño a nivel cerebral que padeció el damnificado a consecuencia de ello, más allá de si la causa final de la afasia fue el primer impacto, el contragolpe o la caída, pues, en definitiva, todo ello fue lo determinante, más allá de las vicisitudes médicas que se desencadenaron ante un paciente en estado crítico y a las que los recurrentes no terminan por asignarle efecto concreto alguno en el caso.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden del delito de lesiones gravísimas.
La Defensa y el Asesor Letrado cuestionan que el Juez no tuvo en cuenta que en el nexo causal de las lesiones que sufre en la actualidad el damnificado pudieron tener incidencia otros factores distintos e independientes de la agresión del encausado.
En este sentido, pusieron énfasis en la demora de más de media hora en arribar al lugar de la ambulancia del SAME, la poca atención recibida en el hospital -que habría motivado que la familia de la víctima solicitara su traslado a otro establecimiento-, la falta de colocación de un catéter de presión intra craneana y la ausencia de intervención quirúrgica decidida por el médico, que podría haber influido en la evolución posterior del paciente; así como en las declaraciones de ciertos profesionales de la salud que manifestaron que un golpe en el rostro de por sí no es un medio idóneo para generar el resultado que sufrió el damnificado.
Sin embargo, en el caso, el resultado no se fundamenta en un peligro nuevo del que no es responsable el encausado, sino que la cadena de circunstancias marcadas por la Defensa reconoce un mismo y único origen en la trompada, que es precisamente la acción jurídicamente desaprobada que creó el riesgo concreto en la salud de la víctima y que explica el grave daño a nivel cerebral que padeció el damnificado a consecuencia de ello, más allá de si la causa final de la afasia fue el primer impacto, el contragolpe o la caída, pues, en definitiva, todo ello fue lo determinante, más allá de las vicisitudes médicas que se desencadenaron ante un paciente en estado crítico y a las que los recurrentes no terminan por asignarle efecto concreto alguno en el caso.