El artículo 1º de la Ley Nº 22.278 refiere que no son punibles las conductas de los adolescentes entre 16 y 18 años de edad, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años. Dicha norma es aplicable a aquellos supuestos en los cuales la escala penal en abstracto no supera los dos años de prisión.
Así, cabe resaltar que los menores entre 16 y 18 años de edad -no cumplidos- son imputables, es decir tienen capacidad de culpabilidad, pero si se trata de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación, no son punibles (art. 1º). Se trata de una causa personal de exclusión de culpabilidad, establecida por razones de política criminal (Laje Anaya, J; “Imputabilidad Disminuida”, Seminario Jurídico nº 995, Bs. As, 1994).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de excepción por atipicidad, por aplicación de la excusa absolutoria introducida por la Defensa en los términos del artículo 185 inciso 1° del Código Penal en la presente causa iniciada por el delito de daño (artículo 183 del Código Penal).
La Defensa sostuvo que la resolución puesta en crisis era arbitraria toda vez que el rechazo del planteo deducido se fundó en que el imputado y la denunciante no se encontraban casados legalmente y, entonces, no correspondía aplicar la excusa absolutoria prevista en el artículo 185, inciso 1°, Código Penal. Afirmó, en ese sentido, que el imputado y la denunciante tenían un relación de pareja y convivían al momento del hecho, y que la referencia que efectúa el Código Penal —“los cónyuges”— debía abarcar otro tipo de uniones que merecen idéntica consideración.
Sin embargo, cabe destacar que el artículo185 del Código Penal, dispone: “Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; 2. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. (…)”.
Así las cosas, no cabe aplicar aquí la analogía "in bonam partem" que se propone, basada en la mención de la reforma efectuada a través de la Ley N° 26.791 (Boletín Oficial 14/12/2012) respecto del inciso 1° del artículo 80 del Código Penal, oportunidad en que se decidió incluir entre los sujetos pasivos del homicidio calificado a ciertas personas con quienes el autor hubiera mantenido un vínculo ya no sólo conyugal, sino de pareja, haya mediado o no convivencia.
En efecto, el concepto “cónyuges” se refiere a los que están unidos en legítimo matrimonio según las formas de la ley nacional o, siempre que ésta lo admita, de las leyes extranjeras.
Por lo tanto, debe concluirse, que la calidad de cónyuge se adquiere a través del acto jurídico matrimonial, por lo que las relaciones de convivencia no formalizadas de ese modo no pueden considerarse comprendidas en el instituto liberador de pena examinado. La regla exige la existencia del vínculo legal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de excepción por atipicidad, por aplicación de la excusa absolutoria introducida por la Defensa en los términos del artículo 185 inciso 1° del Código Penal en la presente causa iniciada por el delito de daño (artículo 183 del Código Penal).
La Defensa sostuvo que la resolución puesta en crisis era arbitraria toda vez que el rechazo del planteo deducido se fundó en que entre el imputado y la denunciante no se encontraban casados legalmente y, entonces, no correspondía aplicar la excusa absolutoria prevista en el artículo 185, inciso 1°, Código Penal. Afirmó, en ese sentido, que el imputado y la denunciante tenían un relación de pareja y convivían al momento del hecho, y que la referencia que efectúa el Código Penal —“los cónyuges”— debía abarcar otro tipo de uniones que merecen idéntica consideración. Agregó que la modificación realizada por la Ley N° 26.791 al artículo 80 del Código Penal daba cuenta de ello dado que otorgó al concubinato idéntica valoración al matrimonio.
Sin embargo, cabe advertir que no existe una vinculación entre los artículos 185 y 80, inciso 1 del Código Penal, que permita realizar la analogía "in bonam partem" que la Defensa pretende.
En ese sentido, nótese que el primero de ellos contempla una excepción personal que excluye la punibilidad —excusa absolutoria— si se dan determinadas circunstancias, que sólo resulta aplicable en supuestos de hurtos, defraudaciones o daños que el autor pudiera cometer pero no así, respecto de los homicidios causados.
Ello así, la relación de varios años de pareja entre el imputado y la denunciante, que la Defensa invoca, no constituye ninguno de los supuestos contemplados en la ley a los efectos de hacer operativa la excusa absolutoria analizada.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, absolver al encartado por el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
En lo que aquí respecta, se le atribuye al encartado el haber violado en dos oportunidades la prohibición de acercamiento al domicilio laboral de su ex pareja. Ello, pese a que se encontraba notificado de la medida restrictiva.
Sin embargo, considero que la conducta reprochada no es perseguible criminalmente, al tratarse de un primer incumplimiento en los términos previstos legalmente conforme la excusa absolutoria y sanción procesal regladas en el primer párrafo del artìculo 32 de la Ley Nº 26.485.
Ello así, en razón de que ante los incumplimientos que se tuvieron por acaecidos, se procedió conforme lo requiere el artículo 32, imponiendo un mecanismo de geolocalización y extendiendo el perímetro prohibido al encartado. Así, se le colocó al nombrado un mecanismo de geoposicionamiento que mantuvo desde el 12 de mayo del 2018 hasta el día 3 de abril del 2019, como así también se amplió el radio de los metros de acercamiento prohibido extendiéndolo de 200 a 1000 metros producto de un acuerdo que se realizó entre la Defensa y la Fiscalía.
Es decir, la ley en cuestión optó por dar una nueva posibilidad de encontrar una solución alternativa al caso mediante estas nuevas medidas que, en el caso se impusieron con éxito, impidiendo la imputación del delito de desobediencia relativo a este primer incumplimiento.
De este modo, la medida restrictiva impuesta en el contexto de violencia familiar y de género, desplaza la aplicación del tipo penal del artículo 239 del Código Penal, que difiere para el caso en que se registre un “nuevo incumplimiento” (párrafo segundo y último del artículo 32).
Por tanto, corresponde revocar lo resuelto por la Jueza de grado en cuanto dispuso condenar al encartado por el delito de desobediencia. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven imputado en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa en su apelación plantea la existencia de arbitrariedad por “omisión tendenciosa en la valoración de los elementos probatorios, en desmedro del joven… y, además, porque se ha arribado a una conclusión que se encuentra erróneamente fundamentada acerca de que el golpe endilgado… fue, sin dudas, el único causante del resultado de lesiones gravísimas a la víctima”.
Específicamente, señaló que ese mismo día de los hechos investigados, pero al mediodía, su asistido, juntos a sus primos y su madre, fueron al estacionamiento a retirar su auto para ir al supermercado, y fue allí cuando el encausado vio en el primer piso que otro de los autos que la familia guardaba en el garaje tenía una marca en el paragolpes delantero, por lo que se dirigió a la planta baja y le consultó al empleado de la ventanilla, y que aquel le dijo que consultara con la persona que resulta ser aquí el damnificado, conversación que sin sonido se puede apreciar en el video aportado como prueba.
Que al regresar del supermercado el encartado entró a dejar el vehículo junto con sus dos primos. En la planta baja le consultaron al nombrado si había podido visualizar las cámaras de video por el rayón, a lo que éste respondió que no funcionaban, en una conversación que fue subiendo de tono hasta que aquél les respondió que él era militar y que les iba a romper la cabeza, enojado principalmente con uno de los primos del encartado.
Que luego se lo observa en el mismo video al damnificado tomar unos palos (una escoba y una pala con mango largo) que los eleva del suelo y que ahí el imputado se coloca entre él y su primo, con gesto de que baje dichos elementos tratando de calmarlo. Los tres jóvenes se retiraron del garaje y se dirigieron al hotel donde se alojaban, donde le contaron a la madre del encausado lo sucedido; y ella decidió a ir a hablar al garaje, al que concurrió junto a su hija.
Allí, al preguntarle al damnificado por qué había agredido a sus sobrinos e hijo, esté refirió que eran unos mentirosos, que no les había querido pegar y que a uno de los primos no lo quería ver más. Luego llegaron al lugar los dos primos y el encausado; éste le refirió “por qué le mentís a mi mamá si nos amenazaste” y allí entraron al garaje, donde la madre se queda en la ventanilla solicitando hablar con el encargado, mientras que el encartado se dirigió hacia el banco blanco y tomó sólo uno de los elementos que había agarrado en el episodio anterior y se lo intenta mostrar a la nombrada. Luego deja la pala y se dirige hacia donde está la madre y se lo observa decir algo. Luego se ve que ella levantó su mano derecha y le dijo, según lo que refirió en la audiencia, que quería hablar con el encargado, mientras que él manifestó que ahí se hacía lo que él decía, que él ya le había explicado y que ellos, los gitanos, “le tenían la p... por el piso”.
La Defensa se refirió al contexto previo de maltrato en dicho local comercial, con enumeración de la prueba que lo acreditaría, y que a su entender son “elementos que permiten comprender la totalidad del conflicto que finalizó con el golpe de puño”, extremos que la Fiscalía no se preocupó en constatar y que el Magistrado omitió considerar en su sentencia. Y que pese a que, en un punto, con sus propios argumentos, el Juez expresó que había un escenario de duda acerca de las manifestaciones agresivas del personal del estacionamiento, ello no operó en favor del imputado como debiera haber sucedido.
Sin embargo, no se deriva de los extensos argumentos de las partes recurrentes que de encontrarse atendidos los reclamos respecto de la valoración de la prueba y confirmada la hipótesis propuesta por la Defensa, se hubiera alcanzado una solución jurídica distinta respecto del objeto del juicio.
Es cierto que los recurrentes intentan vincular tales extremos con la hipótesis de que el imputado no pudo prever las consecuencias finales de su accionar, pero sin una explicación razonada de los puntos de conexión entre la supuesta hostilidad sufrida en el garaje y el alegado desconocimiento del riesgo creado para la salud del damnificado a través de la agresión por la que fue enjuiciado.
Desde mi punto de vista, los recurrentes no logran explicar con claridad y por fuera de lo conjetural un punto de contacto cierto entre las supuestas amenazas ocurridas con anterioridad y/o las expresiones discriminatorias en sí con el análisis jurídico de la acción específica atribuida al encausado como típica, antijurídica y culpable.
Ello, en la medida en que no se hacen cargo de argumentar con solvencia de qué manera la alegada amenaza producida con anterioridad a los hechos y/o las frases intimidatorias y discriminatorias presentan una entidad tal de alterar o desbaratar el núcleo de la hipótesis acusatoria, esto es el conocimiento y la voluntad realizadora de la acción peligrosa jurídicamente desaprobada desplegada por el encausado que provocó el resultado lesivo, ni lo plantean en términos claros como una causal de justificación y menos aún como base para la aplicación de alguna circunstancia excluyente de la culpabilidad.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable a joven en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa en su apelación plantea la existencia de arbitrariedad por “omisión tendenciosa en la valoración de los elementos probatorios, en desmedro del joven… y, además, porque se ha arribado a una conclusión que se encuentra erróneamente fundamentada acerca de que el golpe endilgado… fue, sin dudas, el único causante del resultado de lesiones gravísimas a la víctima”.
Sin embargo, observo que el “A quo” valoró de manera conjunta y global la prueba producida, tanto las videograbaciones como los testimonios y relatos y, de forma fundada, explicó los motivos por los cuales no puede tenerse por demostrada la versión del acusado sobre las supuestas amenazas de muerte y las expresiones discriminatorias dirigidas en su contra o de su familia debido al grupo cultural al que pertenecen.
Le asiste razón al “A quo” en cuanto a que las frases discriminatorias, del tenor de “ustedes gitanos, no me van a decir cómo tengo que hacer mi trabajo” y “ustedes los gitanos me tienen la p… por el suelo”, no aparecen respaldadas por testigos imparciales y ajenos al conflicto presentes al momento de los hechos y no se condice con el concepto que tienen del damnificado muchos de quienes lo conocían y declararon en el debate, de modo que la prueba que presenta la Defensa en este punto no alcanza para sostener que la víctima se comportó de la manera que le atribuyen previo a sufrir la agresión en cuestión.
Sobre el punto, es bien sabido que el Juez tiene la función de evaluar la verosimilitud y credibilidad de los dichos de los testigos y no está exento de un examen crítico tanto de los relatos en sí mismos, desde el punto de vista de su coherencia y consistencia, como de su correspondencia con el resto de la prueba.
En este sentido, el Juez tiene la obligación de examinar cada declaración testimonial rendida bajo juramento conforme a las reglas de la psicología, la experiencia y la lógica, y no se encuentra atado al número de testigos, sino a la valoración que hace de cada uno de ellos desde una mirada integral.
Es que no existe una norma que imponga un modo determinado de probar los hechos investigados en el marco de un proceso, ni un modo específico para valorar los testimonios rendidos en un juicio oral.
De tal suerte, la fuerza para generar convicción no dependerá necesariamente de la existencia de un determinado número de testigos o elementos de prueba, sino de la contundencia y credibilidad de aquéllos, independientemente de la parte que los haya ofrecido para que presten testimonio en el plenario.
Sobre la base de lo expuesto en torno a que la valoración de la prueba, conforme a los principios de la sana crítica, se debe basar objetivamente en los lineamientos que indican la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica, resulta de los antecedentes del caso que dicha tarea fue correctamente realizada por el magistrado de grado en tanto brindó una explicación detallada de los motivos por los cuales concluyó que ciertos aspectos fácticos presentados por la defensa no contaban con respaldo probatorio suficiente.
Es por ello por lo que la posición de los recurrentes no tiene peso suficiente para descalificar la resolución como arbitraria porque, en sustancia, la crítica se sostiene sobre una mirada distinta de la prueba y una disconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez a quo en el ejercicio de la facultad jurisdiccional de examinar críticamente las evidencias rendidas y percibidas en las audiencias de debate, conforme las reglas de la oralidad, inmediación y contradicción.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven imputado en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa en su apelación plantea la existencia de arbitrariedad por “omisión tendenciosa en la valoración de los elementos probatorios, en desmedro del joven… y, además, porque se ha arribado a una conclusión que se encuentra erróneamente fundamentada acerca de que el golpe endilgado… fue, sin dudas, el único causante del resultado de lesiones gravísimas a la víctima”.
Ahora bien, se ha reconstruido que el día de los hechos, unas horas antes, el imputado y sus familiares advirtieron que había un rayón en uno de los vehículos que poseía la familia; y el “A quo” convalidó la hipótesis de que previo al golpe que sufrió el damnificado se produjo un altercado con el encartado y sus primos.
Entiendo que agravio aquí analizado debe ser rechazado en la medida en que la prueba no es suficiente, en cambio, para afirmar la existencia de unas amenazas de muerte y las frases con contenido discriminatorio atribuidas al damnificado, que, si bien aparece en el debate a partir de la declaración del imputado y su primo, y parcialmente por parte con los dichos de la madre del encausado, es controvertida por los videos y las otras declaraciones que valoró el Magistrado.
Por ello es que le asiste razón al en su valoración acerca de que no puede establecerse con certeza si, además del rayón –aspecto no controvertido–, estuvieron presentes otros elementos que alimentaron el evidente conflicto entre los protagonistas, pero sí está claro que no hubo un estado emocional de temor como base de la agresión.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa y el Asesor Tutelar, en sus agravios, argumentan que el escenario de duda sobre el contexto previo, en concreto las amenazas y la discriminación, debe ser interpretado a favor de los intereses del acusado, como derivación de la presunción de inocencia y del principio “in dubio pro reo”.
Sin embargo, obsérvese que las proposiciones de la Defensa no se refieren a la insuficiencia de los indicios sobre los que se construyó la hipótesis acusatoria, ni se identifican elementos objetivos que la neutralicen y excluyan de modo de construir una hipótesis de hecho distinta, sino que se vinculan con extremos que, si bien no son ajenas al objeto del juicio, están alejados del núcleo de la imputación y del tipo penal aplicable.
Lo que presupone que, ante la presentación de material probatorio contundente con relación a la materialidad del hecho y la intervención del acusado, la Defensa tiene la carga de controvertir o, al menos, generar duda razonable de la acusación a través de afirmaciones relevantes apoyadas en elementos objetivos que le otorguen sustento suficiente.
En el caso, las afirmaciones de la Defensa tienen el carácter de mera posibilidad y ni siquiera compiten como hipótesis alternativa a la acusación, sino que controvierten un solo aspecto de ella que tiene que ver con el contexto previo a la agresión.
En este marco, la mera posibilidad no resulta suficiente para habilitar la aplicación del principio “in dubio pro reo”, como así tampoco la infinidad de hipótesis o escenarios imaginables que pueden explicitarse a partir de elementos de prueba aislados y/o de bajo valor probatorio dan lugar a supuestos de “duda razonable”.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa y el Asesor Tutelar, en sus agravios argumentan que el escenario de duda sobre el contexto previo, en concreto las amenazas y la discriminación, debe ser interpretado a favor de los intereses del acusado, como derivación de la presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo".
Sin embargo, una vez que los acusadores cumplieron con el deber de sostener una atribución delictiva sólida, no es exigible una prueba negativa de la inexistencia de todas las proposiciones de la Defensa, incluso las de menor trascendencia, en cabeza de la Fiscalía, sino que es la parte que alega un aspecto que entiende con relevancia para el caso la que tiene la carga, al menos, de persuadir al Tribunal sobre su existencia.
El razonamiento sostenido no implica revertir ni vaciar de contenido el principio de inocencia, porque, si de la prueba incorporada resulta la existencia del hecho y acreditada la responsabilidad, recae sobre la Defensa la carga de controvertir con elementos objetivos la prueba producida en su contra, o en su caso, aportar datos sobre hechos que podrían disminuir su responsabilidad, los que, en el caso, el “A quo” valoró como insuficientes o de bajo valor probatorio para lo que se quería demostrar.
De este modo, no es suficiente para cumplir con ese deber de persuasión que los recurrentes sostengan que el encausado fue hostigado y discriminado y que por ello pudo haber sentido temor ante una hipotética agresión por parte del damnificado, por lo que es, a todas luces, insuficiente para extraer conclusiones respecto del dolo o la culpabilidad.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Asesora Tutelar se agravió de que no fue debidamente atendida la posibilidad de falta de representación del resultado por parte de su asistido debido a que el cerebro adolescente todavía se encuentra en vías de desarrollo y consideró inválido el argumento del juez de grado respecto de que esas circunstancias “deben ser atendidas en la etapa correspondiente a la eventual imposición de una sanción penal, porque son indicativas de la menor culpabilidad de los jóvenes; no así en el nivel de la tipicidad subjetiva”.
Es que, según entendió dicha parte, a partir de lo señalado por los expertos en el debate, un adolescente presenta una culpabilidad disminuida y un cerebro aún en desarrollo, por lo que toda su subjetividad se encuentra morigerada con relación a la de un adulto, lo que incluye el dolo y su capacidad de representarse cualquier resultado, máxime si se trata de un acto súbito que transcurre en escasos segundos, como ocurrió en el presente.
Ahora bien, estimo que la crítica de los recurrentes no supera los estándares de fundamentación requeridos para descalificar la resolución, pues, aunque se lo presenta como un “desmenuzado análisis” del razonamiento del Juez, se trata en realidad de una mirada parcial, desarticulada y fragmentada de las pruebas incorporadas al debate.
Es cierto que, conforme lo sostuvo la CSJN, “es requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos 303:286) y que “la valoración de los hechos o circunstancias fácticas alcanzadas por el principio in dubio pro reo incluye también los elementos subjetivos del tipo penal, cuya averiguación y reconstrucción resulta imprescindible para aplicar la ley penal. La falta de certeza sobre estos últimos también debe computarse a favor del imputado” (Fallos 329:6019).
Así, el aspecto subjetivo integra el fuero íntimo, por lo cual es necesario acudir a una inferencia o mecanismo lógico racional para poder afirmar su existencia.
Ello es lo que hizo el “A quo” al considerar, en base a indicios plurales, concomitantes e interrelacionados, apoyado en elementos que se prestan soporte entre sí de modo razonable, que la conducta del encausado fue intencionada y orientada a la producción de un resultado lesivo, con la aceptación de que por esa violenta vía de acción podía provocar consecuencias muy severas en la salud de la víctima, lo que descarta la existencia de una acción imprudente incluso en la modalidad combinada con la dolosa inicial que propone la Defensa.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que declaró penalmente responsable al joven, en orden al delito de lesiones gravísimas.
La Defensa y el Asesor Tutelar en sus agravios argumentan que no está demostrada la existencia de un dolo específico de causar las lesiones que provocaron la consecuente afasia en el damnificado, porque en realidad el encausado solamente pretendía lesionar, sin que su dolo abarcara el resultado producido causante del daño neurológico descripto, de manera que no puedan serle imputables las lesiones gravísimas a título de dolo, sino en todo caso, de culpa.
En sustento de ello expresa la Defensa que “no es esperable que un golpe de puño como el asestado creara un riesgo de vida o de lesiones gravísimas. Pues en la experiencia, dicha acción termina con el ojo morado de la persona damnificada, o bien -y con mucha menos probabilidad- con alguna fractura, pero ello dista mucho de poder sostener que era previsible y probable que ese golpe acabara con una hemorragia cerebral que repercutiría luego en la pérdida de la palabra de la víctima, y recordemos que mi defendido no sólo es un adolescente sino que además ni siquiera había cursado el secundario, por lo que no se entiende cómo el señor Juez concluyó que el nombrado pudo representarse el resultado que finalmente ocurrió”.
Ahora bien, el análisis que plantean los recurrentes parece soslayar que, en lugar de partir de generalidades, son los aspectos que singularizan al caso los que resultan determinantes para examinar el aspecto subjetivo de la figura de lesiones gravísimas por el cual el joven fue declarado responsable.
Entre ellos, el momento particular en que la víctima recibió el golpe, la energía que le imprimió a la agresión en sí, la contextura corporal del agresor, las características físicas y la edad de la víctima y el contexto en general, puesto que de allí se deriva tanto la aptitud del medio empleado para provocar el resultado finalmente producido como así también el nivel de riesgo introducido por el acusado.
Lo que está claro y demostrado es que el acusado supo lo que hizo y tuvo la deliberada intención de agredir violentamente a un hombre mucho mayor y más débil que él, que estaba mirando para otro lado, sin posibilidad de oponer defensa alguna y con la cabeza cerca del vidrio de un mostrador.
De allí que no tengo dudas de que una persona, incluso un adolescente de 17 años sin estudios secundarios, que agrede a otra de esa manera y en tales circunstancias, actúa con el dolo requerido para provocar lesiones -que incluyen de modo eventual daños muy severos en la salud del tipo que se verificó en el caso-, sin que las condiciones personales del acusado y la evolución madurativa debido a su edad puedan alterar de manera significativa esa consciencia del riesgo, para la que no se requiere una formación educativa determinada ni conocimientos especiales por fuera de los esperables para cualquier persona de su edad.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto declaró la inaplicabilidad del artículo 185, inciso 1º, del Código Penal en el presente caso concreto.
La Defensa se agravió y formuló un planteo de excepción de previo y especial pronunciamiento por manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, en el entendimiento de que el suceso calificado como “daño” debía ser desestimado por aplicación de lo previsto en el artículo 185, inciso 1º, del Código Penal. Recordó al respecto que, en el momento de los hechos, el imputado y la denunciante se encontraban casados, y que el artículo identificado exime de responsabilidad criminal a los cónyuges “por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren”.
Ahora bien, corresponde observar, inicialmente, que el hecho descripto en el requerimiento de juicio fiscal fue calificado como constitutivo, en principio, del delito de lesiones leves doblemente agravadas por mediar relación de pareja y violencia de género, en concurso ideal con los delitos de amenazas simples y daños (arts. 92 -en función de los artículos 89 y 80, incisos 1° y 11°-; 149 bis, 1º párrafo y 183 del CP). La modalidad concursal escogida obedece a que, efectivamente, el hecho que se le atribuye al encausado podría ser comprendido como una unidad de conducta pasible, a su vez, de infringir más de un tipo penal.
Deviene pertinente aclarar que la invocación de la excusa absolutoria incluida en el artículo 185, inciso 1º del Código Penal no remite a una cuestión estrictamente vinculada con la tipicidad, sino que, en realidad, se relaciona con la no punibilidad de la conducta típica, antijurídica y culpable que la Fiscalía le atribuye al imputado. Aun así, la interposición de la excepción prevista en el artículo 208, inciso c, del Código Procesal de la Ciudad, no tiene una finalidad meramente declarativa, sino que, ante una resolución favorable, al estar incluida dentro de aquellas que importan la extinción de la acción, conduce al dictado del sobreseimiento del imputado (art. 210, último párrafo).
Es decir que, tanto ante un caso como el otro, la posición de la Defensa – que tanto en su planteo de atipicidad como en su recurso de apelación sostiene que “la figura de daño imputada a mí asistido, resulta ser atípica” –, implica incurrir en la conocida “absolución por calificaciones”; circunstancia que torna improcedente el planteo formulado, pues lo único que puede ser declarado atípico o impune es un hecho, no una calificación legal. En breves palabras: no es posible sobreseer o absolver a una persona en función de calificaciones jurídicas en particular, sino que todo temperamento semejante debe recaer sobre un determinado hecho.
Lo expuesto deviene especialmente relevante si se toma en consideración la modalidad concursal adoptada por la Fiscalía y su trasfondo en la unidad de conducta de la imputación. Resultaría desacertado, en esta instancia del proceso, declarar la atipicidad o la no punibilidad de un hecho en función de determinada calificación, pero, a la vez, reconocer su tipicidad o punibilidad potencial con relación a otras figuras penales. Si determinado suceso histórico encuadra en uno o varios delitos, solo cabe calificarlo según dichos encuadres, pero no a la vez absolver o sobreseer por las calificaciones que no sean aplicadas o que resulten descartadas. Ante ese escenario, corresponde estar a la presunta punibilidad de todo el suceso, y dejar que la determinación de su materialidad, su calificación legal definitiva, y eventualmente su punibilidad, quede en manos del Juez o Jueza a cargo del dictado de la sentencia.
Este razonamiento autoriza a descartar sin más el planteo de la Defensa, pero a la vez evidencia que, dada la etapa procesal en la que nos encontramos, la decisión de la Jueza de grado resultó prematura.
Obsérvese que, en el contexto apuntado, el pronunciamiento anticipado de la Jueza de grado importaría un límite para la jurisdicción del Magistrado que eventualmente dicte la sentencia, que, en definitiva, será quien efectúe un estudio profundo sobre la acusación y la prueba del hecho y su contexto para, luego, expedirse sobre su punibilidad y su calificación legal definitiva.