En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso bloquear el sitio web y cualquier recurso tecnológico de la empresa infractora.
En efecto, la Defensa se agravia en cuanto a que la Jueza de grado, en su resolución, ordenó la clausura/bloqueo preventivo, en los términos del artículo 29 de Ia Ley de Procedimiento Contravencional de la Ciudad, de Ia pagina web y las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa infractora, limitándose al estricto ámbito de esta Ciudad, hasta tanto Ia firma se adecue a Ia normativa local.
Al respecto, en primer lugar, cabe consignar que las actividades comerciales que Ia sociedad encartada desarrolle en el territorio de Ia Ciudad, cualquiera sea Ia naturaleza del dominio y su titularidad, están sujetas al poder de policía y tributario de Ia Ciudad. Es por ello que, como bien apunta Ia Jueza de grado "el obrar de la firma imputada por fuera del marco reglamentario de la Ciudad en materia de transporte constituye una actividad riesgosa que pone en peligro la seguridad pública, por cuanto es desarrollada sin control ni supervisión del Estado. (...) Los usuarios de la firma (...) se encuentran desprotegidos por cuanto estarían contratando un servicio de transporte de pasajeros que no se encuentra habilitado, cuyo conductor no posee licencia de conductor profesional y que no cuenta con un seguro acorde a la actividad (...)."
Lo expuesto, significa que la sociedad infractora debe cumplir con el conjunto de reglas constitucionales, legales y reglamentarias citadinas que se refieran a Ia actividad comercial que realiza, sin perjuicio de Ia observancia de Ia normativa que además le corresponda ante Ia Nación u otras provincias. Ello así, toda vez que el Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires no solo posee Ia atribución sino el deber de ejercer el poder de policía en aras de proteger Ia seguridad de las personas que habitan su territorio.
Por tanto, la sentenciante ha efectuado una concienzuda y pertinente valoración de los elementos relevantes para Ia decisión del caso de modo que no se advierte falta de fundamentación o motivación contradictoria en algún aspecto de su resolución que aconsejen aplicar Ia doctrina de Ia arbitrariedad como se postula.