La oposición del Fiscal a la concesión del instituto de la “probation” de manera totalmente infundada o errónea , no indicándose en sustento de la negativa, motivo alguno que la justifique, la torna insanablemente nula por manifiestamente arbitraria -arts 69 y 123, CPPN-.

En el caso, si bien en las actas contravencionales no se consignó expresamente el número de la fiscalía y del juzgado intervinientes, no se advierte que ello haya constituido un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa en juicio por parte de la imputada. El régimen de nulidades presenta un doble fundamento de rango constitucional: garantizar la efectiva vigencia del debido proceso legal y de la regla de la defensa en juicio del imputado.

La regla en materia de acto administrativo son las formalidades del acto, en el sentido de que ellas están concebidas como garantía del ciudadano y como tales deben ser aplicadas e interpretadas. No se trata, pues de meras cuestiones de forma, sino de formalidades que deben ser cumplidas en resguardo de la legalidad.
No puede sino concluirse que este acto debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales enunciados en el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos, de manera que su ausencia o la comprobación de un vicio que impida su existencia acarrea, necesariamente, su nulidad y la misma sanción se impone en virtud de lo dispuesto en el art. 14 inc. b). (Dr. Esteban Centanaro, en disidencia).

Corresponde declarar la nulidad de la resolución que declaró habilitada la instancia con citación fiscal, en lugar de hacerlo luego de conferirse la vista pertinente dado que omitió el cumplimiento de un acto procesal establecido como recaudo previo y, en tal medida, no se ajusta a derecho (art. 229, 1er. Párrafo, CCAyT). Ello, dado que el Ministerio Público Fiscal debe dictaminar sobre la habilitación de la instancia en forma previa a la decisión judicial sobre la cuestión; a cuyo fin ha de conferirse la vista correspondiente.
Asimismo, toda vez que el señor juez de grado ha emitido opinión sobre la habilitación de la instancia, corresponde que las actuaciones sean remitidas a la Secretaría General a los fines de la asignación -mediante el pertinente sorteo del juzgado que continuará conociendo en autos.

De conformidad con lo regulado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo,cuando la anulación del contrato se produce por razones de ilegitimidad y, a su vez, el contratista estatal conocía el vicio que lo afectaba, esa declaración no origina derecho a indemnización. Ello porque, más allá de la expresa solución legal en tal sentido, por aplicación del principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, no resulta plausible que quien conocía los graves vicios que afectaban la validez del contrato, pretenda obtener un resarcimiento por los perjuicios sufridos a consecuencia de su anulación en sede judicial. Tal comportamiento implicaría, por parte del actor, invocar su propia torpeza.

En el caso, declarada la nulidad de la Asamblea de Cierre del Presupuesto Participativo y habida cuenta que el mandato de los consejeros barriales electos en el plenario de cierre aún no ha finalizado, deberá realizarse una nueva asamblea -de conformidad con las normas vigentes-, con el objeto de proceder a la designación de los representantes del Área Barrial "Caballito" del CGP Nº6 ante el Consejo del Presupuesto Participativo que culminarán el lapso de mandato restante.
Corresponde aclarar, por otra parte, que las prioridades barriales de asignación presupuestaria votadas en dicha ocasión se encuentran en una situación diferente, toda vez que el día 20 de noviembre de 2003 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 1194 (BOCBA Nº 1850 del 5 de enero de 2004), por la que aprobó el presupuesto de la administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2004, en el que presumiblemente se encuentran incorporadas las prioridades votadas por los vecinos en el marco del procedimiento del presupuesto participativo. De este modo, resulta materialmente carente de un interés práctico reiterar su tratamiento en una nueva asamblea.

En el caso, el hecho de que en el padrón elaborado para la votación en el Presupuesto Participativo, faltara la indicación de los domicilios en un 39 % de los inscriptos; un 20% registrara domicilios fuera de la zona, no se hubieran indicado los números de documento nacional de identidad, y en un 8 % se hubiera denunciado como su domicilio parques, plazas y direcciones inexistentes o incompletas, sumado a las deficientes explicaciones brindadas por el titular del CGP Nº6, permiten concluir con un razonable grado de certeza que el Plenario de Cierre se realizó al margen de las disposiciones reglamentarias vigentes y sin un nivel de transparencia acorde al grado de importancia que los convencionales de 1996 asignaron a los diversos mecanismos de participación en el texto constitucional.
Ello, pues por un lado el reglamento y los instructivos emitidos por el Consejo del Presupuesto Participativo resultan muy claros en cuanto a quiénes se encuentran habilitados para participar en el plenario de cierre; y, por el otro, la falta de consignación del domicilio y número de documento de identidad sumada a la ausencia de elementos que respalden la inclusión en el padrón de ciudadanos domiciliados fuera del área barrial en cuestión, impide determinar si más de un cincuenta por ciento de los vecinos empadronados se encontraban efectivamente habilitados para hacerlo. Tal deficiencia no puede resultar admisible so pretexto de una sobrecarga de tareas sobre el personal involucrado.
De este modo, las falencias detectadas en el padrón exceden el umbral de lo que razonablemente podrían constituir errores incurridos en el marco de una tarea desempeñada con apremios temporales y materiales, y torna procedente la anulación de la Asamblea de Cierre del Área Barrial "Caballito" del CGP Nº 6, que tuviera lugar el día 10 de junio de 2003.

Si bien en el presente se cuestiona la conducta de determinados agentes de la administración, el objeto de la demanda incoada radica en la declaración de "nulidad e inconstitucionalidad de la Asamblea de Cierre del Área Barrial Caballito del CGP Nº6" . Esto es, no se persigue privar de sus efectos a una decisión de la administración, sino a la del conjunto de vecinos reunidos en el plenario de cierre del área barrial Caballito, en el marco de un espacio público no estatal como el que genera el instituto en cuestión, caracterizado a priori por la presencia de fuertes rasgos de autonomía frente al poder central del Estado.
Por tal razón deben extremarse los recaudos para que, en principio, las eventuales controversias que pudieran generarse en el ámbito de este novedoso procedimiento encuentren una adecuada composición en el seno de las instancias de dicho espacio.

En el caso, el rechazo de la pretensión de incorporar al listado de participantes del plenario de cierre del Presupuesto Participativo, el padrón completo de socios del Club Ferrocarril Oeste, efectuada minutos antes de la expiración del plazo respectivo, no resulta en modo alguno viciado de arbitrariedad o ilegalidad.
Es que, como quedara señalado, podrían participar del Plenario de Cierre del Presupuesto Participativo, las personas que desarrollen su actividad de interés en la zona, de lo cual debía expedir constancia la entidad en que tal actividad se cumpliese.
En consecuencia, salta a la vista que la indiscriminada presentación del padrón de socios del Club Ferrocarril Oeste no se condice con el espíritu ni con la letra de la mentada disposición reglamentaria (art. 4.3.4.1 del Reglamento de Presupuesto Participativo). Es que, la sola condición de socio del Club Ferrocarril Oeste no acredita per se que se desarrolle una actividad de interés en la zona en los términos que prevé el reglamento. Por el contrario, la incorporación in totum de un listado de más de cinco mil quinientas personas), sin que conste que desarrollan alguna actividad de interés en la zona -o cumplan las otras condiciones exigidas para participar en el plenario- desvirtuaría el carácter que se ha pretendido asignarle a las asambleas barriales, esto es el debate entre vecinos y personas que tienen un interés real y concreto en la determinación de la asignaciones presupuestarias del área barrial.
No resulta verosímil que todos los socios de Ferrocarril Oeste desarrollen allí actividades de interés en los términos que requiere la norma.

La intimación de pago se considera un acto esencial e irrenunciable, que atañe a la constitución regular del contradictorio. En palabras de Fenochietto, "desempeña una función procesal imprescindible" (Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 1999, tº 3, p. 60) y de su realización depende la preservación del derecho de defensa en juicio, la garantía del debido proceso (arts. 18 CN y 12 -inc. 3- CCABA) y la igualdad de las partes (art. 27 -inc. 5 c- CCAyT).
Es por ello que cuando el acto viciado de nulidad es el traslado de la demanda -cuya función procesal, en la ejecución fiscal, está dado por la intimación de pago-, la jurisprudencia ha sostenido que no es necesario acreditar la ocurrencia del perjuicio, pues éste surge evidente desde que la notificación irregular impide al accionado oponer sus defensas en debida forma y término, por lo que el gravamen ocasionado se presume.
Asimismo, por la especial trascendencia que tiene la notificación del traslado de la demanda, se establecen formalidades especiales con el fin de asegurar la garantía del derecho de defensa. Por lo tanto, la omisión de él es causal de nulidad, que puede incluso declararse de oficio (Maurino, Alberto Luis, Notificaciones Procesales, Ed. Astrea, 1985, pág. 99).

Si la cédula por la cual se diligenció la intimación de pago en una ejecución fiscal fue dirigida al domicilio denunciado del accionado, por lo que no resulta aplicable la normativa referida al diligenciamiento de la intimación de pago en el domicilio fiscal, sino el artículo 287 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, y se advierte de dicho documento que la notificación fue entregada al encargado del edificio en la primera oportunidad, sin que se haya dado cumplimiento a lo expresamente previsto en el artículo 287, se aprecia, en el caso, un incumplimiento claro del procedimiento pertinente para la notificación de la cédula de intimación de pago por lo que corresponde declarar su nulidad.

Declarar la nulidad de la resolución que resolvió rescindir el contrato de locación de servicios celebrado con la actora, supone soslayar el requisito del ingreso por concurso (arts. 43, CCABA, y 2, inc. a, ley nº 471).
Al respecto es preciso poner de relieve, en primer lugar, que no podría hacerse cargar a la actora las consecuencias adversas de la falta de realización oportuna del procedimiento de selección, actividad que no le compete a ella sino al Gobierno demandado. En segundo lugar, que esta particular modalidad de ingreso a la planta permanente (instrumentada mediante el decreto Nº 491/03) es consecuencia, por un lado, de una situación irregular previa -que tampoco es imputable a la accionante-, que se procuró regularizar mediante el régimen mencionado, en cumplimiento del expreso mandato legal contenido en el artículo 67 de la Ley Nº 471.
Por otro lado, el dictado del Decreto Nº 491/03 importó el cumplimiento, por parte del Gobierno de la Ciudad, de los compromisos asumidos con los representantes gremiales de los trabajadores y, por lo tanto, se trata de una cuestión que excede el status laboral individual de la actora.

Si la actora aceptó libremente los términos de la relación jurídica que no constituyó una relación de empleo público dentro de la planta permanente, sino una relación de naturaleza transitoria, la aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos. Ello es así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371).
La persona que sabe, al tiempo de su nombramiento, que éste tiene asignado un período determinado, está desde el comienzo de su relación de empleo en conocimiento de su situación de revista. Con posterioridad, no puede pretender que su status administrativo se trueque en otro. Si el empleo público es un contrato administrativo, parece que el principio general de la buena fe y la intención de las partes presta asidero a la solución (Germán Bidart Campos "El status del personal transitorio de la administración", ED 125-504; CACAyT, Sala I, "Cecconi Leandro Luis c/ G.C.B.A. s/ amparo", 12/98/02).
Por lo demás, aún el carácter permanente de las tareas asignadas al personal contratado no importa borrar la limitación temporal de su nombramiento. (Fallos: 310:2927 y 312:1371). (Del voto en disidencia del Dr.Esteban Centanaro).

El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece específicamente para el caso de las notificaciones, que para que proceda la declaración de nulidad, la irregularidad denunciada debe ser grave e impedir al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.
En el caso, no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad de la notificación ya que la cédula impugnada -si bien de modo incompleto, pues no detallaba el objeto de la medida ordenada- puso en conocimiento de la demandada, que debía librar un oficio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y que disponía para ello de un término de diez días, bajo apercibimiento de dictarse sentencia sin más trámite.
Adviértase que la demandada, al concurrir a los estrados del tribunal de primera instancia a efectos de deducir su planteo anulatorio, disponía aún de la mayoría de los días del plazo otorgado a efectos de librar el oficio en cuestión, por lo que nada le impedía cumplir en tiempo y forma con la manda judicial.

En el caso, si bien resulta un hecho inobjetable que la cédula impugnada adolece de una irregularidad, consistente en la transcripción incompleta del auto que ordena el libramiento de un oficio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la circunstancia de que no se indicase a qué efectos debía librarse el oficio en cuestión, pudo hacer creerse con derecho a la demandada en relación al planteo de nulidad efectuado. Por tal razón no aparece como justa la decisión de imponer la costas a la demandada, beneficiando así a la actora cuyo error pudo dar origen a estas actuaciones incidentales.

Corresponde hacer lugar a la nulidad si resulta incontrastable que la cédula impugnada transcribe sólo en forma parcial el auto cuya notificación perseguía. Adviértase que la omisión en que ha incurrido la actora no resulta irrelevante, pues del modo en que quedó confeccionada la cédula la demandada sólo tomó conocimiento de su obligación de librar un oficio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, sin que se le hiciera saber el objeto de dicha diligencia.
De tal modo, la irregularidad apuntada afectó las posibilidades de defensa de la demandada, al conspirar contra la efectiva materialización de la medida para mejor proveer dispuesta por la a quo. (Del voto en disidencia de la Dra. Nélida Mabel Daniele).

En el caso, corresponde hacer lugar a la habilitación de la instancia toda vez que, al carecer de validez las notificaciones realizadas en sede administrativa con respecto a los actos que denegaron el reclamo de los coactores, aquéllas resultan inhábiles para determinar el inicio del cómputo del plazo de caducidad de la acción - toda vez que un acto inválido no puede producir efecto jurídico alguno- y, por lo tanto, cabe concluir que ésta ha sido deducida de manera oportuna por todos los demandantes.

Corresponde declarar habilitada la instancia si se configura la situación prevista en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo y Tributario que establece que no es necesario agotar la instancia administrativa cuando medie una clara conducta de la administración que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a la vía administrativa y el ritualismo inútil se configura cuando el particular demuestra que existen numerosos pronunciamientos por parte de la administración en sentido contrario a su pretensión y no existen nuevas circunstancias que justifiquen, respecto de las autoridades, revisar su posición.
Así las cosas, se configura la situación prevista por el artículo citado, si la Administración ha tenido en reiteradas ocasiones la posibilidad de revisar y modificar su criterio, sin que ello haya ocurrido. Ello permite sostener que la exigencia de que los particulares transiten la instancia administrativa constituye un excesivo e inconducente rigor formal, dado que dificulta irrazonablemente el acceso a la tutela judicial efectiva, de manera que no es necesario agotar la instancia administrativa y, por ello mismo, resulta inaplicable el plazo de caducidad previsto por el artículo 7 del mismo cuerpo legal.

La omisión por parte del oficial notificador de efectuar el aviso previo de ley previsto en el artículo 287 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, acarrea la nulidad de la notificación (artículo 18, CN y 12, inc. 3, CCABA; arts. 132 y 152, CCAyT).

En materia de nulidad de actos procesales, dispone como principio general el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, y que no se puede declarar la nulidad si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.
Asimismo, quien promueve el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derive el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer (art. 155 del CCAyT).

Una vez que transcurre el plazo perentorio previsto por el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, sin que el gestor acredite su personería o la parte ratifique su gestión, se opera de pleno derecho la nulidad de todo lo actuado por éste, sin necesidad de declaración o informe previo alguno. Ello es así, en virtud de que el efecto propio de los plazos perentorios, es que su solo vencimiento hace decaer el derecho correspondiente, sin posibilidad de que pueda ejercérselo con posterioridad. En otras palabras, el solo cumplimiento del plazo previsto en la ley determina su caducidad e imposibilita el cumplimiento de los actos allí previstos. En consecuencia, deviene de oficio la declaración de nulidad.
Es una nulidad distinta a la contemplada en los artículos 152 a 157 del citado código, por cuyo motivo no es necesario que para su declaración concurran todos los requisitos enunciados por estas normas. La sanción de nulidad no requiere la existencia de interés particular en su declaración; procede porque la ley así lo establece, sin que el tribunal pueda juzgar de su valor intrínseco o equidad.

La circunstancia que la a quo haya concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que declaró operada la caducidad de la instancia, no puede constituir un impedimento para que declare la nulidad de lo actuado por el gestor procesal cuando se encuentra acreditado que no fue ratificada su actuación dentro del plazo previsto por el ordenamiento de forma.

En el caso, el accionar de la Administración, al revocar el contrato suscripto con la actora por la falta de notificación de readecuación de la oferta, se encuentra ajustado a derecho.
No debe soslayarse el deber de diligencia calificado que pesa sobre los contratistas del Estado, que importa el conocimiento de las normas a la que se sujetan las contrataciones y, entre ellas, las que determinan las formas esenciales para el perfeccionamiento del vínculo con el Estado. Ya no se trata, aquí, de la ficción genérica de conocer el derecho, sino de los conocimientos que se derivan del deber de diligencia que impone cierta posición jurídica subjetiva singular, es decir: el hecho de ser contratista del Estado.
Por otra parte, el vicio que padecía el acto había sido expresamente resaltado, antes de perfeccionarse el vínculo contractual, por un organismo de la Aministración, cuyo informe obra agregado al expediente administrativo.
Así, el vicio que originó la revocación del contrato no se refería a una inobservancia legal menor, susceptible de pasar inadvertida (o de exceder el conocimiento vinculado al deber de diligencia), sino que, por el contrario, afectaba un principio jurídico cardinal de la licitación pública, tal como es el principio de igualdad.

En la causa, al no haberse dado intervención a los demás oferentes respecto de las modificaciones introducidas al pliego, no sólo se afectó el principio de igualdad, sino que también la Administración se vio privada de cotejar las readecuaciones de las propuestas que, eventualmente, podrían haber presentado los demás oferentes y, en consecuencia, de evaluar de qué forma el interés público encontraba mejor tutela. Por otra parte, mal podían los restantes oferentes haber efectuado las respectivas impugnaciones si, justamente, no tuvieron conocimiento de las modificaciones del pliego.
De allí que, más allá de que se considere que las modificaciones mencionadas no se tradujeron en alteraciones de índole económica, queda claro que no estamos en presencia de un supuesto de "nulidad por la nulidad misma".

Las normas sobre la validez de las notificaciones del acto administrativo (art. 11 LPA) deben ser aplicadas -a fin de subsumir el caso en el derecho positivo que lo rige al momento de analizar la habilitación de instancia, aún cuando la validez de la notificación no haya sido cuestionada por la parte actora.
En primer lugar, por cuanto el referido examen sobre la habilitación de la instancia debe efectuarse de oficio (arts. 273 y 449, CCAyT) -sin perjuicio del oportuno ejercicio del derecho de defensa por parte de la demandada (arts. 275, 449 y cctes., CCAyT)- y el debido cumplimiento de este mandato legal requiere el análisis de todos los aspectos involucrados y la aplicación de las normas respectivas que, en esta materia, resultan imperativas para los magistrados.
En el cumplimiento del deber de examinar de oficio la habilitación de la instancia el juez no se encuentra condicionado o limitado por las alegaciones de la parte actora. Ello así pues, tratándose de un mandato legal de proceder de oficio que singulariza al fuero contencioso, la cuestión resulta ajena a los principios procesales dispositivo y de congruencia (cfr. mi voto in re "Gomez Remedi, María Julia y otros c/ G.C.B.A. s/ Empleo público", EXP nº 7531/0) (Del voto en disidencia del Dr. Horacio G.A.Corti).

No corresponde hacer lugar a la nulidad del pronunciamiento suscripto por dos de los integrantes naturales de la Sala, cuando el tercero se encontraba en uso de licencia, y tal circunstancia fue expresamente asentada en la resolución, dado que dicha solución se contrapone con la normativa aplicable al caso, es decir el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (aprobado por Res. 152/99 del CMCABA, del 9/11/99, publicada el 22/11/99.
En el caso, no correspondía notificarle tal circunstancia al demandado pues la integración del tribunal no ha cambiado, quienes suscribieron la cuestionada sentencia han sido los propios magistrados de la sala.
A modo informativo cabe destacar que ello sería necesario si entre los dos magistrados competentes para resolver la cuestión hubiese habido opiniones dispares.
Hecho este que demás está decir, no se ha verificado en el sub lite.

Si la validez de estas notificaciones administrativas no ha sido cuestionada por la parte interesada, el consentimiento del demandante impide juzgar sobre su validez o nulidad.
Ello así, conforme el principio procesal dispositivo y el de congruencia. En efecto, mientras el primero impone a las partes la carga del estímulo de la función judicial y el aporte del material sobre el cual ha de tratar la decisión del juez (Palacio, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, I, p. 253, nº 49, A, a), el segundo -que constituye una derivación de aquél- obliga al órgano judicial a limitar su pronunciamiento al contenido de la pretensión (arts. 27 -inc. 4- y 145 -inc. 6- CCAyT; Palacio, ob. cit., p. 258, E, a).

En el caso, si la Administración notificó al particular la modificación en la valuación del inmueble, indicando escuetamente que el motivo del avalúo es una refacción/cambio de destino", aunque sin mencionar, para la nueva liquidación, qué aspectos de la edificación fueron considerados, ni los métodos que empleó para verificar su información, dicha actividad es ilegítima. Tal ilegitimidad se debe, sencillamente, a no haber cumplido, de forma mínima, con los recaudos jurídicos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 7, que, en principio y sin perjuicio de los matices del caso, resultan aplicables a toda la actuación administrativa. Ello es así, ya que hay valores que son comunes a todos los procedimientos administrativos, generales o particulares, que no pueden ser desconocidos por la Administración, en el caso: asegurar la defensa del administrado a través de un conocimiento mínimo y adecuado de los fundamentos de la determinación de su obligación tributaria.
De lo contrario se generan situaciones donde el actor inicia una demanda judicial desconociendo los fundamentos en que se basa la nueva valuación, pues éstos no se encuentran expresados en la documentación enviada al contribuyente.
No queda duda de que el derecho de defensa del administrado, en la presente causa, fue vulnerado. (Del voto en disidencia del Dr. Horacio G.A. Corti).

El carácter estrictamente formal de la notificación comporta una consecuencia capital: una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, de lo cual se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación demora el comienzo de la eficacia del acto (art. 11 LPA).
Las cuestiones que afecten a las formas de las notificaciones, son de orden público y deben ser objeto por ello de un pronunciamiento preferente por los órganos de la jurisdicción, incluso como en el caso, de oficio, de modo que si se aprecia la existencia de una infracción formal con entidad para afectar gravemente el derecho de defensa en juicio de un ciudadano, haciendo uso del principio iura novit curia debe declarase sin más la nulidad de la notificación.

El rigor en la apreciación de las constancias del expediente se justifica si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es la notificación de la intimación de pago, es decir el acto procesal que abre la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa, lo que hace que el principio de instrumentalidad de las formas deba apreciarse con un matiz distintivo, sobre todo cuando en el marco del juicio de ejecución fiscal se cuenta con un exiguo plazo para hacerse de los antecedentes relativos a la materia y oponer excepciones.

En el caso, la circunstancia que en subsidio del planteo de nulidad se hayan opuesto excepciones, no puede conducir a concluir en forma inexorable que al no existir indefensión no hay razón para declarar la nulidad, sobre todo cuando se encuentra acreditado que la notificación no se cumplió en el domicilio legal de la sociedad y existe una expresa manifestación respecto a que esa cédula fue entregada casi sobre el vencimiento del plazo para oponer defensas.

Debe rechazarse la acción basada en obligaciones que derivarían de un supuesto contrato que, de haber sido celebrado, no lo habría sido con las formalidades establecidas por el derecho administrativo local para su formación (conf. Fallos 323:3924; 323:1515; 323:1841).

En el caso, en que debe fijarse el monto debido en concepto de enriquecimiento sin causa por el uso de un inmueble sobre la base de un contrato de alquiler nulo, cuyo canon locativo no fue abonado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cabe resaltar que el experto consideró lo que denominó el valor “venal”, en el cual computa el valor del terreno y las características del edificio. No obstante, no puede escapar a la consideración de esta Sala, que el valor fluctúa —entre otras cosas— por la regla de la oferta y la demanda; con lo cual el monto fijado por el experto atiende al momento en que realizó su tarea profesional. No se tomó en cuenta en la pericia, como entiendo que era debido, el valor locativo histórico (discriminado por cada período en el cual se ocupó indebidamente el inmueble). Va de suyo, que la medida que enriqueció al G.C.B.A. y proporcionalmente empobreció a la actora, constituye el valor locativo histórico, y no como el actual, por cuanto se debe atender al concepto que en su momento se incorporó al patrimonio de la demandada, y luego aplicar a esa suma los accesorios que resarcen el desmedro patrimonial. El detrimento patrimonial debe considerarse al momento que se produjo y a ello aplicar intereses. Por ello, entiendo que debe revocarse el monto de condena, y en la etapa de ejecución de sentencia, previa fijación —por parte del experto oportunamente designado— del canon locativo histórico, liquidarse las sumas adeudadas considerando en el período reclamado el valor histórico (discriminado mes a mes) y sobre ello aplicar los intereses.

Pretender la nulidad de una sentencia por no haber consignado con presición los hechos en virtud de los cuales se adoptó la desición de condena no entraña un defecto tal que determine la declaración de nulidad. Ello así, pues si bién resulta recomendable consignar tales datos, los motivos que llevaron al juez a quo a adoptar la desición de condena permiten conocer los datos omitidos.

Resulta admisible el Recurso de Apelación planteado en cuanto a la nulidad del acta de infracción por carecer de uno de los requisitos exigidos para su validez por el artículo 3 de la Ley Nº 1.217, lo que configuraría un supuesto de inobservancia de las formas sustanciales para el trámite de la causa.

La manera común de la extinción de los contratos, es el cumplimiento del mismo, mas existen modos anormales de conclusión de aquellos.
Entre los modos anormales de extinción de los contratos encontramos la resolución, la rescisión y la revocación de los contratos; pero cada una de las causales tienen un sentido semántico preciso y determinado.
Los tres institutos actúan como causas de extinción del contrato, y hasta han sido confundidas con la nulidad. Funcionan para deshacer un vínculo contractual existente y válido; la nulidad, impide la existencia y los defectos del contrato, y por causas anteriores o contemporáneas a su celebración, es decir, que hablamos de nulidad, cuando hay un defecto o vicio que hace que el contrato celebrado no pueda producir las consecuencias jurídicas para lo que estaba convenido o para lo que había sido celebrado, pero el impedimento, no es posterior a la conclusión del contrato, sino que era anterior o contemporáneo al mismo y viciaba al acuerdo celebrado dando lugar a la nulidad de aquel.

La omisión de tratar una cuestión introducida oportunamente por el apelante -que consiste en la oposición a que el expediente continúe radicado en el juzgado del fuero nº 2, lo que había sido solicitado por el amparista en su escrito de demanda a partir de la denuncia de conexidad con otro expediente- no ocasiona la nulidad del pronunciamiento, ya que esta instancia se encuentra habilitada a ingresar al tratamiento “de los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se haya pedido aclaratoria” (art. 248, CCAyT). Y además, como es sabido, no procede la declaración de nulidad, cuando el agravio del apelante puede subsanarse por vía del recurso de apelación.

El hecho de que la Administración no le haya dado la oportunidad a la empresa de ejercer su derecho de defensa previamente a imponer la sanción por incumplimiento del acuerdo conciliatorio -además de atentar contra el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional- constituye una violación a las formas esenciales del procedimiento administrativo (conf. art. 7 inc. d del decreto 1510-1997), lo cual acarrearía la nulidad absoluta del acto aquí recurrido, de conformidad con lo normado en el art. 14 inc. b) del mismo decreto (conf. doctrina de esta Sala in re “Uol - Sinectis SA contra G.C.B.A. sobre otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Expediente Nº RDC-301/0, sentencia del 30 de junio de 2004).

Si se han respetado los trámites y, además, la decisión es formalmente válida, pero ostenta defectos en la solución sustancial del caso resuelto, se trata de la existencia de errores in judicando (Couture, Eduardo, Fundamentos, p. 344, nº 212; Calamandrei, Piero, Estudios, p. 165). En este último supuesto no cabe la declaración de nulidad, sino la reparación de los eventuales agravios por medio del recurso de apelación.

En el caso, el rechazo del acuerdo de suspensión del juicio a prueba, pronunciándose la Sra. Jueza de grado sobre la adecuación típica a partir de un minucioso análisis fáctico, manifestando su desacuerdo sobre el contenido de la pretensión del Ministerio Público Fiscal, constituyó una evidente afectación del principio de imparcialidad. Tal vicio de carácter absoluto (art. 168 CPPN) provoca la nulidad de tal resolución, debiendo procederse al apartamiento de la Magistrada "a quo".

En cuanto a la nulidad de las actas de comprobación de faltas, es dable mencionar que la Ley Nº 1217 no establece expresamente su nulificación si no reúnen la totalidad de los recaudos normativamente establecidos, por lo que su ausencia no implica “per se” su invalidez. En razón de ello, corresponde a quien pretende su nulidad, acreditar que se han vulnerado derechos constitucionales.

Respecto a la violación del artículo 3 inciso c, de la Ley Nº 1217, que dispone que el acta debe contener la norma que a juicio del funcionario se estima infringida, sin que esta mención implique la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta, se advierte que si bien en el caso no se consignó en las actas de comprobación cuestionadas la norma presuntamente violada, ello no resulta suficiente para considerarlas inválidas, pues dicha calificación legal es provisoria y puede ser modificada tanto por el controlador como por el juez de grado en el momento procesal oportuno, de lo dicho se desprende que no se trata de una exigencia de carácter esencial.

En relación con el requisito detallado en el artículo 3 inciso f de la Ley Nº 1217 si bien la consignación de los testigos presenciales resulta importante a los fines de esclarecer el hecho, ello no implica “per se” su invalidez, atento a que la norma no prevé expresamente su nulidad si no se ha demostrado que se haya afectado derecho constitucional alguno.

Si bien es recomendable que la prevención de aviso tanto al Juez como al Fiscal y al Defensor, acerca de la detención de una persona desde el inicio del procedimiento, en el caso, el lapso transcurrido entre la privación de libertad del imputado y la efectiva intervención del Fiscal –ocho horas-, del Juez -seis horas- y del Defensor, no alcanza a viciar el procedimiento.

Aún cuando no lo ha previsto el legislador en forma expresa, esta Alzada entiende que el órgano jurisdiccional no puede obviar la intervención previa de la defensa ante la inminencia de una restricción del derecho de libertad ambulatoria, como lo es la declaración de rebeldía y la orden de comparendo por la fuerza pública.
Si se da intervención al Defensor Oficial cuando la decisión ya ha sido tomada lo priva completamente de la posibilidad de gestionar la comparecencia del imputado por sus propios medios. Sucede que, si no se notifica al Defensor Oficial previo a la declaración de rebeldía, mal puede éste ejercer el deber que le impone el art. 30 de la ley nº 21.
Se comprueba, de esta manera, una violación a la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 13, inc. 3, CCABA y art. 18, CN), y corresponde proceder conforme lo preceptuado en el art. 167 del C.P.P.N. (in re “Lallana, Juan Carlos s/ inf.. Art.79 C.C. s/Apelación”, rta. el 07/11/06) y declarar la nulidad de la resolución que fuera objeto de impugnación.

Debe declararse la nulidad de todos los actos anteriores y posteriores a las detenciones, si mediante las argumentaciones que realiza la fiscalía no alcanza a demostrar, acabadamente, las razones que existieron para prolongar la detención de los imputados más allá del plazo permitido por las normas que gobiernan el procedimiento contravencional.

En el caso, si bien en las actas contravencionales no se consignó expresamente el número de la fiscalía y del juzgado intervinientes, no se advierte que ello haya constituido un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa en juicio por parte de la imputada. El régimen de nulidades presenta un doble fundamento de rango constitucional: garantizar la efectiva vigencia del debido proceso legal y de la regla de la defensa en juicio del imputado.

En virtud de que la Ley Nº 12 no regula un sistema de nulidades a aplicar en el ámbito contravencional, sino que prevé algunas de carácter específico – como las contenidas en los artículo 32 y 51-, resulta de aplicación el capítulo VII del titulo V del Código Procesal Penal de la Nación (art. 6 CPC).

La causa del acto administrativo es entendida, como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. Cuando esas circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (conf. esta sala I in re "Auto Generali S.A. y Otros c/ G.C.B.A. s/ Otras demandas contra la aut. Administrativa", expte. 5740, con fecha 24 de junio de 2003).

Los contratos administrativos ad referendum se caracterizan porque, en la etapa de celebración del acuerdo, concurren por una de la partes- el estado local- dos órganos de diferente jerarquía, aunque sólo uno de ellos - el órgano superior que debe aprobar la gestión del inferior- posee competencia suficiente para perfeccionar el vínculo contractual. En consecuencia, el acto por el cual se suscribe el contrato es tan sólo un acto de gestión, que no cobra vigencia hasta el referendo posterior de la autoridad competente.
A su vez, este tipo de convenios se distinguen de los denominados contratos sujetos a aprobación, donde el órgano que suscribe el acuerdo es competente para prestar el consentimiento estatal pero, no obstante, se condiciona expresamente su eficacia- esto es, la posibilidad de producir efectos jurídicos- "a un acto de la autoridad de control que condiciona la ejecutoriedad de la convención pero que no afecta el consentimiento, el cual fue expresado por la firma del órgano competente que concluyó el contrato".
Las afirmaciones precedentes permiten concluir que el contrato que, con posterioridad a su celebración, debe ser aprobado por otra autoridad administrativa no nace al mundo jurídico, aun estando firmado, mientras no se produce dicha aprobación. Por consiguiente, si dicho convenio aún no aprobado es de todas formas ejecutado, los actos de ejecución son nulos.

Si el funcionario de la Ciudad que suscribió el contrato puso de manifiesto en el mismo convenio, que la validez y eficacia del acto quedaba sujeta a la ulterior ratificación de un órgano superior que, a diferencia del órgano suscribiente, tuviese competencia a tal efecto, la posterior ratificación del contrato por parte del ex Intendente constituía, en el caso, un recaudo inexcusable para la validez y eficacia del acuerdo. Ello así, toda vez que el funcionario que suscribió el instrumento contractual no estaba facultado por el ordenamiento de aplicación para obligar a la Ciudad en el marco de una relación contractual. Cabe recordar, en este aspecto, que según lo establece el artículo N° 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo, la competencia es un requisito esencial de los actos administrativos, razón por lo cual la incompetencia del órgano actuante priva de efectos jurídicos al convenio suscripto.

Si el instrumento suscripto por el Secretario General de la Intendencia nunca adquirió eficacia y, además, el vínculo era nulo por violación a las formas esenciales, no corresponde reconocer las prestaciones que la actora reclama, más aun si el actor no hizo ninguna mención en su escrito de demanda sobre la invocación subsidiaria del principio de responsabilidad estatal por actividad lícita o con relación a la concurrencia en el sub lite de los presupuestos que tornaría viable la acción resarcitoria con sustento en dicho principio.
En consecuencia, la expresa alegación y prueba de los requisitos que sustentan la procedencia de la acción resarcitoria con sustento en la responsabilidad del Estado, constituye un presupuesto insoslayable que no puede ser suplido por el juez.

En el caso, el contrato de locación celebrado resulta nulo de nulidad absoluta si no ha quedado acreditada la existencia de razones fundadas que hayan permitido apartarse de la existencia de la licitación pública como modo de selección del contratista y si a su vez, ha quedado probado el incumplimiento de los presupuestos procedimentales propios de la contratación directa.

Corresponde declarar la nulidad de la notificación si el piso y departamento no corresponden al del ejecutado. Ello, a pesar que, practicada bajo responsabilidad de la parte actora, el oficial notificador informó que una persona, que dijo ser el encargado, manifestó que la demandada vivía allí. Ello, toda vez que el mandamiento de intimación de pago es un acto que posee trascendencia en el proceso, ya que el correcto traslado de la demanda es fundamental para el ejercicio de defensa del ejecutado. En este sentido, cabe recordar que, a efectos de apreciar el cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda, hay que proceder con criterio estricto y, en caso de dudas, hay que atenerse a la solución que evite conculcar derechos de origen constitucional (cfr. Maurino, Alberto Luis: Notificaciones procesales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1985, p.254 y sus citas).

Si en el caso, la actora había sido contratada para trabajar en la Ciudad, mediante diversos contratos sucesivos de locación, la resolución mediante la cual la administración rescindió unilateralmente la relación contractual que la ligaba a la actora, -invocando razones de servicio-, es un acto nulo, de nulidad absoluta, toda vez que fue dictado en violación de la ley aplicable (arts. 14, inc. b, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley N° 471). Ello así pues, lejos de cumplirse el mandato legal de sanear jurídicamente el vínculo irregular, le puso fin.

Declarar la nulidad de la resolución que resolvió rescindir el contrato de locación de servicios celebrado con la actora, supone soslayar el requisito del ingreso por concurso (arts. 43, CCABA, y 2, inc. a, ley nº 471).
Al respecto es preciso poner de relieve, en primer lugar, que no podría hacerse cargar a la actora las consecuencias adversas de la falta de realización oportuna del procedimiento de selección, actividad que no le compete a ella sino al Gobierno demandado. En segundo lugar, que esta particular modalidad de ingreso a la planta permanente (instrumentada mediante el decreto Nº 491/03) es consecuencia, por un lado, de una situación irregular previa -que tampoco es imputable a la accionante-, que se procuró regularizar mediante el régimen mencionado, en cumplimiento del expreso mandato legal contenido en el artículo 67 de la Ley Nº 471. por otro lado, el dictado del Decreto Nº 491/03 importó el cumplimiento, por parte del Gobierno de la Ciudad, de los compromisos asumidos con los representantes gremiales de los trabajadores y, por lo tanto, se trata de una cuestión que excede el status laboral individual de la actora.

En el caso, la finalización del contrato celebrado entre las partes constituye una decisión que no se presenta como manifiestamente ilegítima o arbitraria, toda vez que resulta imprescindible el cumplimiento de los recaudos para el ingreso permanente a la administración -en particular selección por concurso público abierto, y acto expreso de designación en ese carácter por la autoridad competente-. El derecho a la estabilidad no alcanza al personal transitorio (artículo 36 de la Ley N° 471) y su adquisición no puede derivar de sucesivas prórrogas (en forma concordante se ha pronunciado la Sala II de esta Cámara, in re "Ildarraz Alejandro c/ G.C.B.A. s/ amparo", y "Muguerza María Cristina c/ G.C.B.A. s/ Amparo, expte EXP Nº 5844/0). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el caso, debe declararse la nulidad del mandamiento de intimación de pago si se diligenció en un domicilio bajo responsabilidad de la parte actora, si el piso y departamento no son los de la demandada. Sin perjuicio de ello, dado que la demandada efectuó una presentación ante la Dirección General de Rentas omitiendo indicar el piso y departamento de su domicilio (cfr. fs. 48), las costas deben imponerse, en ambas instancias, en el orden causado.

En el caso, la decisión que rechaza la nulidad del informe pericial que ha sido objeto del recurso de apelación en las presentes actuaciones, no resulta apelable por no causar el gravamen irreparable exigido por el primer párrafo del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ello así, toda vez que los peritos concurrirán al debate, de modo que las omisiones y contradicciones alegadas por la Defensa en relación a dicha pieza, podrán ser objeto de precisión, modificación o alteración en aquella oportunidad, razón por la cual resulta prematuro cualquier pronunciación sobre aquél en esta instancia.
Por ello, corresponde rechazar in limine el remedio procesal intentado (artículo 283 -a contrario sensu- y 275 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En el caso, corresponde declarar de oficio (artículo 71 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la nulidad del decreto de primera instancia por medio del cual se confiere vista al Sr. Fiscal de la nulidad articulada por la defensa del auto que dispone citar a sus pupilos a prestar declaración a tenor del artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional que enviciaba a su vez la declaración de rebeldía dictada en consecuencia.
En función de lo establecido en el artículo 73 del código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debió haberse convocado a una audiencia con la concurrencia de todas las partes para resolver la cuestión planteada e incluso, en esa misma oportunidad, la Sra. Defensora podría haber arbitrado los medios para la concurrencia de sus pupilos, quienes de justificar su inasistencia al proceso podrían haber obtenido la revocación del auto de rebeldía, en función de lo dispuesto por el artículo 160 del citado Código.

En el caso, resulta menester señalar que si bien como apunta la Juez a quo conforme a la fecha en que fue deducida la nulidad, esto es el 14 de septiembre de 2007, aún no se hallaba vigente la Ley Nº 2303, lo cierto es que al momento de dictar su pronunciamiento el pasado 28 de septiembre el ordenamiento local citado se encontraba en pleno vigor, por lo que juzgamos que el curso de las actuaciones debió regirse en función de él.
Sobre el punto, la Cámara Nacional de Casación Penal con cita en reiterada jurisprudencia del más Alto Tribunal sostuvo: “...corresponde recordar que es principio reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite (de acuerdo a lo dicho en Fallos 220:1250; 312:251; 310:2845; 312:466; entre muchos otros) encontrando única excepción en la expresa decisión de la ley sobreviniente, o en los casos en que dicha aplicación afecte la validez de actos procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada (Fallos 319:1675; 306:2101; G. 1295.XXXII, ‘García, Jorge c/ Reynot Blanco, Salvador Carlos, rta. el 18/6/98’)”.

En el caso, la garantía fundamental de la imparcialidad del juzgador no se ve menoscabada por la circunstancia de que la Sra. Magistrada dispusiera diferir el tratamiento de los planteos propuestos por el infractor: nulidades, archivo e inconstitucionalidades, como así tampoco por haber cumplido con la manda del artículo 46 inciso. b) de la Ley Nº 1217 que la faculta a determinar la pruebas admisibles y las modalidades de producción, y de toda prueba que a su exclusivo criterio considere que pueda contribuir a establecer la verdad de los hechos sometidos a juzgamiento.
De acuerdo a lo anterior, se ha dicho que: “...cuando el juzgador expresa fundamentaciones de carácter necesario y como obligación funcional, para decidir las cuestiones introducidas por las partes y no anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, ni realiza consideraciones prematuras en exceso al marco de la resolución que debe pronunciar, no realiza prejuzgamiento...” (Conf. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala IV, en causa nº 6274 carat. “Vaneskehian, Ernesto”, rta. el 14-03-1997, sentencia publ. en www.eldial.com.ar.)

La manera común de la extinción de los contratos, es el cumplimiento del mismo, mas existen modos anormales de conclusión de aquellos.
Entre los modos anormales de extinción de los contratos encontramos la resolución, la rescisión y la revocación de los contratos; pero cada una de las causales tienen un sentido semántico preciso y determinado.
Si bien reconocemos que las tres actúan como causas de extinción del contrato, y hasta han sido confundidas con la nulidad, debemos aclarar que los tres institutos funcionan para deshacer un vinculo contractual existente y válido; en cambio, la nulidad, impide la existencia y los defectos del contrato por causas anteriores o contemporáneas a su celebración, es decir, hablamos de nulidad cuando hay un defecto o vicio que hace que el contrato celebrado no pueda producir las consecuencias jurídicas para lo que oportunamente estaba convenido o para lo que había sido celebrado, pero el impedimento, —anterior o contemporáneo a la celebración del contrato— vicia el acuerdo celebrado dando lugar a la nulidad del mismo.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la sanción impuesta al imputado (doce días de permanencia en celda individual de alojamiento) por parte del Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal nro 1 (artículo 71 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artículo 97 de la Ley Nº 24.660), toda vez que conforme surge de las presentes actuaciones el Sr. juez a quo fue anoticiado de dicha sanción veinte días después del dictado de la misma, cuando se lo debería haber anoticiado inmediatamente.
En efecto, la Ley Nº 24.660 que rige en materia de ejecución de la pena, establece en su artículo 97 que la sanción precedentemente mencionada, debe ser notificada al juez dentro de las seis horas subsiguientes a su dictado o interposición.
En base a lo expuesto, y toda vez que se dió comienzo de ejecución a una sanción impuesta por el servicio penitenciario, con inobservancia a lo establecido en el artículo 97 de la Ley Nº 24.660, y en detrimento de las garantías constitucionales del imputado, es que corresponde declarar la nulidad de la sanción impuesta por el Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal Nro.1 al imputado, que consistía en no acatar la orden de reintegro a su lugar de alojamiento. Ello así por cuanto esa omisión de notificación en tiempo oportuno vulnera el debido control que debe ejercer el juez durante la ejecución de la pena.
En este sentido, se ha expresado que la “judicialización de la etapa de ejecución penal no es sólo una opción de política criminal o de conveniencia práctica para mejorar el funcionamiento del servicio penitenciario sino una exigencia constitucional derivada del principio de legalidad penal (artículo 18 de la Constitución Nacional) y del derecho de los ciudadanos al acceso de la justicia” (Los recursos en el procedimiento penal, “ Maier, Julio B; Bovino, Alberto y Díaz Cantón, Fernando; 2º edición actualizda, del Puerto, 2004, págs. 388/389).

En el caso, el procedimiento llevado a cabo por el Juez a quo, esto es, recibir declaración a la imputada, no concuerda con el previsto por el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, el que específicamente prevé que dentro del proceso contravencional es el fiscal quien oye al presunto contraventor; es decir que se trata de una atribución que le es propia por expresa disposición legal. Nótese que la causal de nulidad no se centra en la presencia del Juez durante el acto –que siempre representa una garantía para el imputado-, sino que aún en el curso de la misma audiencia que se venía llevando a cabo con motivo de la medida cautelar que se había adoptado, no hubiera cedido la palabra al Fiscal para que pudiera cumplir con su cometido, arrogándose una tarea que, conforme está estructurado el proceso en la ciudad, le era claramente ajena.
En ese orden de ideas, se ha sostenido que “el artículo. 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional sólo constituye una exigencia de la acusación de la fiscalía, en tanto ella, como órgano judicial público, debe dar al imputado la oportunidad de expresarse antes de llevarlo a juicio” (Tribunal Superior de Justicia, Expte. n° 3164/04 Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Martínez, Alfredo y otros s/ ley 255- apelación” -voto del Dr. Julio Maier-).
En consecuencia, dicho acto realizado por el Juez de grado atenta contra el sistema acusatorio, el que se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz del cual las funciones del Fiscal y Magistrado, se encuentran desdobladas, en el que se consagra la independencia de los fiscales y la imposibilidad de los jueces de reemplazar a éstos en sus funciones como titulares de la acción penal
Por las razones expuestas, debe declararse la nulidad de la declaración prestada por la encartada en los términos del artículo 41 de la ley de Procedimiento Contravencional.-

En el caso corresponde revocar el auto de grado en cuanto tiene presente el planteo de nulidad efectuado por el Defensor Oficial, y difiere su tratamiento para el momento de la audiencia de juicio oral y público fijada, debiendo para ello proceder en los términos del artículo 73 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, en el “sub lite” se trató del diferimiento de una nulidad, lo que en rigor de verdad no sería susceptible de provocar el agravio irreparable invocado de momento que la cuestión sustancial no ha tenido aún tratamiento ni ha recaído en ella decisorio –adverso- que pudiera eventualmente dar lugar a una revisión como la que aquí se pretende; lo cierto es que, sin embargo, se entiende que a tenor de la invalidez impetrada podría generarse al recurrente un perjuicio irreparable.
De recaer una declaración nulificante podría incidir, tardíamente, en la suerte del proceso, por lo que se impone su tratamiento y resolución actual sin admitir una dilación que, por otro lado, importaría un dispendio jurisdiccional innecesario; máxime cuando ha sido voluntad expresa del legislador, conforme lo prescribe el ordenamiento procesal en materia penal, que las nulidades promovidas por las partes deben ser resueltas en forma previa a la celebración del debate.

En el caso corresponde decretar la nulidad del auto del Juez de grado, a través del cual no hizo lugar a la excepción procesal peticionada.
No basta con que el decisorio del Magistrado se limite a transcribir la parte dispositiva de lo resuelto, dejando los fundamentos plasmados en soporte digital. A criterio de esta Alzada, el objetivo del legislador fue mejorar la prestación de justicia mediante el registro de actos procesales por medios tecnológicos, pero sin prescindir del procedimiento escrito. Por lo tanto, las grabaciones de las audiencias deben ser entendidas como un complemento de las actas, pero no como un sustituto de aquéllas, por lo que deben contener las partes esenciales de lo que se desarrolla en la audiencia (in re “Sanseverino”, con cita de CPCyF, Sala I, c. 28506-01-CC/2007, “Leiva, Verónica Vanina”, rta.: 31/10/2007).

En el caso corresponde anular la sentencia de grado en cuanto declara la nulidad de la requisa efectuada sobre un automóvil y absuelve a los imputados, y, consecuentemente, remitir la causa al Juzgado de origen para que se dicte una nueva resolución con arreglo a derecho.
En efecto, la existencia de motivos suficientes como la urgencia necesaria para practicar la medida obedeció a que el automóvil en cuestión estaba por cruzar una arteria pese a que el semáforo no lo permitía, desistiendo su conductor de hacerlo apenas vio el patrullero y que tan pronto el semáforo dio verde emprendieron la marcha a toda velocidad, con la presunta intención de huir del lugar, circunstancias que convencieron al preventor de la necesidad de interceptarlo, extremo que se concretó a unas cuadras del lugar. Por otro lado, la actitud nerviosa y evasiva ante el personal policial que habrían asumido los ocupantes del rodado, autoriza a presumir “ex ante” –es decir, sin tomar en consideración el resultado obtenido- que podrían ocultar cosas provenientes o constitutivas de un delito; aunado a que concurrieron las razones de urgencia, dado que de no realizar la requisa en dicha ocasión, se disiparía la posibilidad de obtener la prueba.
En este sentido, existían razones de urgencia para actuar sin orden, pues al tratarse de un vehículo en circulación, esa demora hubiera favorecido tanto la desaparición del bien, como los efectos que se hallaban en su interior y la posible fuga de los ocupantes.
Los motivos suficientes se encuentran estrechamente vinculados con el requisito de urgencia que está guiada por la facilidad de descubrir pruebas que ante la demora pudieran desaparecer. Esta situación, permite inferir que la prevención actuó en cumplimiento de sus deberes, existiendo motivos suficientes para sustentar la legalidad del procedimiento y efectuar la requisa sin orden judicial.

En el caso corresponde confirmar la sentencia de grado, que resolvió -entre otros puntos- declarar la nulidad de la requisa del automóvil y absolvió a los imputados en orden al hecho que diera inicio a las presentes actuaciones, ello así por cuanto las circunstancias detalladas en el acta de procedimiento y los extremos recreados en el debate resultan insuficientes para justificar la requisa.
En efecto, no surge de los dichos del funcionario cuáles fueron los motivos que seria y razonablemente habrían justificado la posterior requisa del automotor, cuando tanto los ocupantes como el vehículo habrían sido correctamente identificados.
Una actuación al amparo de la situación de excepción prevista en el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación-, supone como requisito indispensable la existencia de motivos previos que legitimen el mismo inicio del acto invasivo de la privacidad. Tales motivos deben ser, además, suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo, en las pertenencias que lleva consigo o en el vehículo en el que se traslada cosas relacionadas con un delito. La existencia de los motivos suficientes previos debe encontrarse razonable y objetivamente acreditada para justificar la intromisión en la esfera de intimidad que la requisa comporta. Las apuntadas exigencias deben ser tenidas en cuenta por los funcionarios de las fuerzas de seguridad al tiempo de desarrollar su tarea y, posteriormente, por los magistrados al momento de efectuar el control jurisdiccional (ex ante) de la actividad desplegada por aquéllos a efectos de determinar su legalidad y legitimidad
Asimismo, el arma incautada en el procedimiento no se encontraba “a la vista” del personal policial, sino que se encontraba dentro de una riñonera en la guantera del vehículo, con lo cual tampoco podrá recurrirse a un supuesto “flagrancia” que justificara la diligencia en cuestión.
La jurisprudencia ha resuelto en un caso similar, que el estándar mínimo contemplado en el artículo 1º de la Ley Nº 23.950, a los fines de la detención de personas para su identificación, exige que la ausencia de acreditación de la identidad que habilita la detención debe resultar precedida por las circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional. No puede entonces predicarse que la detención de los imputados hubiera respondido a las circunstancias exigidas por el artículo 1 de la Ley Nº 23.950 ni a aquellos indicios vehementes de culpabilidad que trae el artículo 284, inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación (cfr. CNCrim. Sala VII, c33.814, "de Luca, Gustavo", rta.01/04/08 (Del voto en disidencia de la Dra. De Langhe).

En el caso corresponde confirmar el rechazo de los planteos de nulidad de las actas de infracción debido a que los defectos que señala en las mismas no resultan aptos para descalificar de por si, los hechos que documentan.
En efecto, la mención de la norma presuntamente vulnerada no implica la calificación definitiva de la conducta. No se advierte que la ausencia de las normas presuntamente vulneradas por el encartado en las actas de comprobación debido a que tanto la Controladora de Faltas como la Juez de grado han calificado las conductas endilgadas al encartado. Resultaría difícil exigirle a los funcionarios que controlan las faltas en ejercicio del poder de policía en la Ciudad que diluciden “in situ” cuál es la norma concretamente infringida (“Oniszczuk, Carlos Alberto s/ falta de habilitación - Apelación”, causa Nº 388-00-CC/2005 del 31/03/2005). En este sentido no todos los requisitos exigidos por la ley al acta de comprobación de faltas tienen el mismo grado de exigibilidad; así, cuando la descripción de la conducta o la omisión presuntamente ilícita debe hacerse con la mayor claridad y precisión posible no se le debe exigir al funcionario que labra el acta la misma precisión al asentar la normativa infringida (este Tribunal in re “Village Cinema SA s/ cables expuestos y otras s/ Apelación”, causa Nº 47-00-CC/2006 del 9/05/2006).

La identificación de las personas que hubieran presenciado la acción u omisión (o que pudieran aportar datos de interés para la comprobación de una falta) no representa un requisito esencial del acta de infracción cuya omisión pueda acarrear el dictado de nulidad (este Tribunal en la causa “Supermercados Ekono SA s/ falta de higiene y otras”, Causa Nº 6018-00-CC/2007 del 19/07/2007).

En el caso corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la inconstitucionalidad de los artículos 199 inciso H y el artículo 204 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y declara la nulidad del proceso a partir de que el Fiscal dió comienzo nuevamente a la etapa de investigación y de lo actuado en consecuencia.
En efecto, el artículo 204 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supone la asunción de facultades legislativas exclusivas del Congreso Nacional, en tanto y en cuanto el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dispone que es atribución de aquél el dictado de los Códigos de fondo, en virtud del principio de unidad de legislación para todo el país, por lo que no puede la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires invadir ese ámbito en el ejercicio del propio en materia procesal. La introducción de la mediación al sistema penal requiere, pues, una necesaria reforma al Código Penal.

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento del juez de grado y declarar la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta al detenido.
En efeto, si bien la medida provisional de aislamiento impuesta fue notificada en tiempo y forma al Juez de grado, en virtud del cual el Sr. Defensor pudo realizar las presentaciones que estimó pertinentes, no ocurrió lo mismo con la notificación del correctivo fijado toda vez que dicho acto fue practicado excediendo el plazo de seis horas -desde su dictado- prescripto expresamente por el artículo 97 de la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y artículo 45 inciso f) del Decreto Nº 18/97, lo que bastaría por sí solo para fulminar de nulidad la sanción aplicada.
Asimismo cabe agregar la dudosa legitimidad de dicho acto administrativo, atento a que la sanción disciplinaria no fue fijada por el Director del Complejo Penitenciario, sino por el Subdirector a cargo del Módulo de Residencia.

En el caso corresponde decretar la nulidad del auto de grado por medio del cual el Juez, en virtud de la oposición manifestada por parte del Ministerio Público Fiscal, no se expide sobre la concreta solicitud formulada por la asistencia técnica del encausado para arribar a la suspensión del juicio a prueba.
En efecto, frente a una petición expresa formulada por la defensa para acceder a la aplicación de la suspensión del juicio a prueba respecto del imputado, el Magistrado actuante no se pronunció sobre el punto, eludiendo el cumplimiento de los deberes a su cargo, limitándose a imponer a la defensa que el fiscal no ha prestado conformidad con el pedido de suspensión de juicio a prueba.
Afirmar que la falta de acuerdo del Fiscal inhibe absolutamente toda posibilidad de que se suspenda el juicio a prueba, por resultar condición “sine qua non” para su eventual viabilidad, supondría de algún modo transferir al Ministerio Público la facultad de ejercer indirectamente funciones jurisdiccionales que no sólo la ley y la Constitución le desconocen, sino que además resultan incompatibles con cualquier modelo acusatorio concebible.

En el caso, corresponde rechazar “in limine” el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de primera instancia que dispone no hacer lugar al planteo de nulidad de la prueba pericial realizada sobre fotografías.
En efecto, no resulta susceptible de generar el necesario gravamen irreparable requerido por el artículo 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pues por un lado se trata de una prueba reproducible y de resultar pertinente podrá aplicarse lo dispuesto en el artículo 234 del mismo cuerpo legal.

El vicio que padece el acto impugnado en las presentes actuaciones (omisión del recaudo previsto por el artículo 116 inc. 25 del Código Fiscal y carencia del Dictamen de la Dependencia Jurídica de la DGR) no es susceptible de saneamiento posterior por el principio de legalidad objetiva que debe regir la actividad de la administración. Aceptar la inobservancia del ordenamiento jurídico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implicaría en primer lugar admitir la creación por vía pretoriana de una forma de saneamiento de los actos nulos y en segundo lugar consentir judicialmente la sistemática violación de las normas por parte de un órgano del mismo Estado que las crea.
Considerar que la falta de dictamen jurídico previo no es un vicio insanable de acto administrativo implicaría prescindir de aquél y privar al asesor letrado permanente de su objetividad e imparcialidad, dado que su posterior opinión estará signada por el compromiso que genera el acto ya emitido. En síntesis, el dictamen ha sido concebido legalmente para ilustrar la toma de decisión o informar sobre una acción futura y convalidar su omisión constituiría una violación a la disposición constitucional que expresamente prevé que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos (art. 134 de la CCABA).
La ausencia de manifestación del organismo jurídico constituye un vicio en la voluntad de la administración, por cuanto la autoridad administrativa encargada de tomar una decisión se pronunció sin que se hayan efectuado las consultas requeridas legalmente. Ello encuentra sustento en que el trámite omitido pudo haber ejercido influencia en el conocimiento o en la voluntad que ha formulado la declaración final, podríamos suponer que en el caso de haberlo oído, el acto no se hubiera dictado u otra hubiese sido la decisión. Sin duda, es relevante que el dictamen se efectúe con anterioridad a la decisión administrativa. Se concluye, en el caso, que la gravedad del vicio que afecta a la resolución de la Dirección General de Rentas acarrea su nulidad. (Del voto en disidencia de fundamentos de la Dra. Nélida M. Daniele).

En el caso corresponde confirmar el resolutorio de grado que dispone no hacer lugar a la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta al detenido por el Director de la unidad del Servicio Penitenciario Federal.
En efecto, del análisis de los presentes actuados surge que el proceso seguido por la autoridad administrativa a los efectos de imponer la sanción disciplinaria, se ha adecuado a las prescripciones establecidas en los artículos 29 y siguientes del Decreto Nº 18/97, respetándose las etapas correspondientes y los plazos establecidos reglamentariamente para su validez.
Ello así, y de la lectura de las normas mencionadas surge que en ambas se exige que la resolución que imponga una sanción disciplinaria sea remitida al juez competente dentro de las seis horas siguientes por la vía más rápida disponible; y específicamente el Reglamento de Disciplina para los Internos requiere que sea copia autenticada de la resolución.
Asimismo, de los actuados surge que el servicio penitenciario le hizo saber a la Magistrada de grado la sanción impuesta al detenido dentro del plazo legal estipulado (6 horas) –por fax que razonablemente sería la vía más rápida disponible –teniendo en cuenta que el condenado se encuentra en la provincia de Chubut-, y si bien por la misma vía no fue enviado el resolutorio se dejó constancia que el mismo se remitió “vía postal” al Tribunal.
Por tanto, surge que si bien no se remitió vía fax “copia autenticada de la resolución” sino que se anotició por dicha vía a la Judicante, ello no implica “per se” la nulidad del acto tal como pretende la Defensa. Ello pues por un lado la norma no prescribe su invalidez cuando se omitiera alguno de los recaudos allí establecidos (artículo 45 del Decreto Nº 18/97), como si lo hace en el artículo 31, y por otro si bien la recurrente se refiere extensamente al control judicial oportuno y debido en la etapa de ejecución no explica acabadamente en qué forma habría incidido la remisión de la resolución en la decisión de la Judicante o cómo habría variado la situación del detenido por aquella remisión.

El hecho de que el funcionario interviniente haya omitido incluir en el acta de infracción la normativa presuntamente infringida, en modo alguno acarrea la nulidad de la misma ya que no se afecta la garantía constitucional de defensa en juicio sino cuando la conducta enrostrada no se encuentre claramente descripta, independientemente de la norma que se estime infringida.
Lo importante a los efectos de garantizar la defensa es que el imputado conozca el hecho concreto que se le atribuye, y esto se logra con la descripción detallada de su comportamiento junto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pues precisamente a todo ello ha de enfrentar quien se encuentre acusado de una infracción, independientemente de la norma en la cual “prima facie” pueda subsumirse la conducta. El imputado se defiende de los hechos atribuidos, no de las normas.

Los agravios en torno a la omisión de consignar la norma infringida en las actas de infracción así como de no identificar la presencia de testigos, no tienen virtualidad suficiente para desacreditar el valor probatorio establecido por el artículo 5 de la Ley Nº 1217 ni, mucho menos, llevar al dictado de su nulidad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación intentado contra la resolución del Juez de grado que se declara incompetente para entender el planteo de nulidad impetrado por la defensa debido a que la causa se encontraba en la órbita administrativa, razón por la que entendió que el imputado debía peticionar todo lo que por derecho corresponde ante el Controlador Administrativo de Faltas.
En efecto, la posibilidad de peticionar todo lo que por derecho corresponda ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas constituye un medio suficiente para hacer efectivo el reclamo que pretende la defensa en aras de resguardar los derechos invocados.
No se vislumbra la existencia de gravamen irreparable como causal que permita habilitar su revisabilidad por la Instancia Superior, siendo que resulta insuficiente que el pronunciamiento sea adverso a los intereses de quien reclama pues, de ser así, toda decisión devendría apelable en la medida que no fuera beneficioso a la parte y, con ello, la recurribilidad estaría sólo sujeta a la mera discrepancia con lo resuelto.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y consecuentemente deberá el Juez de grado expedirse acerca del planteo de nulidad efectuado por la Defensa a pesar de que la causa se encontraba en sede administrativa.
En efecto, el hecho de que las actuaciones no se encuentren en su jurisdicción no impide al “a quo” expedirse sobre la validez de un acto cuya consecuencia ha sido precisamente la de sacar el expediente de su órbita de decisión. Muy por el contrario, si una de las partes ha efectuado una solicitud al respecto, su jurisdicción se encuentra perfectamente excitada y, por tanto, tiene el deber de emitir una decisión al respecto si no pretende violar el derecho de acceso a la justicia, constitucionalmente incorporado por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, tal como lo esgrime la defensa.
El fundamento de la nulidad era la remisión de las actuaciones a faltas por parte del Fiscal, por lo que la sola mención del “a quo” de la posibilidad de contar con una revisión posterior, cuando lo que la defensa pretende es la invalidez de dicha remisión, no resulta suficiente para considerar la decisión debidamente fundada. Máxime si, la opción de esperar una futura y eventual intervención judicial, resultaría una demora injustificada en la tutela de los derechos del defendido (DEL VOTO EN DISIDENCIA DE LA DRA. PAZ)

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que se declara incompetente para entender el planteo de nulidad impetrado por la defensa debido a que la causa se encontraba en la órbita administrativa, razón por la que entendió que el imputado debía peticionar todo lo que por derecho corresponde ante el Controlador Administrativo de Faltas y consecuentemente deberá el Juez de grado expedirse acerca del planteo de nulidad efectuado por la Defensa.
En efecto, la decisión del “a quo” ha sido prematura ya que al momento de considerarse incompetente no contaba con las actuaciones correspondientes a los efectos de verificar lo argumentado por la defensa y corroborar si el imputado había sido en realidad identificado en el momento del labrado del acta o no. Es decir, no ha podido establecer en forma fehaciente si la conducta era subsumible en un tipo contravencional o de faltas.(Del voto en disidencia de la Dra. Paz)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso hcer lugar a la nulidad del allanamiento a partir de la orden de allanamiento emitida por el Juez de Instrucción y como consecuencia la nulidad del secuestro de la totalidad del material obtenido en el domicilio donde se realizó dicha medida, y considerar nula la pericia del arma cuya tenencia se le atribuye al imputado.
En efecto, de las constancias del caso surge que el allanamiento se practicó entre las 5 de la mañana y 5:30 horas, es decir bajo la nocturnidad; y no existió consentimiento alguno de las partes afectadas pues el consentimiento válido para legitimar la orden judicial de allanamiento nocturno requiere, ante todo, que se lo preste antes de que los ejecutores ingresen al domicilio conforme lo establece el artículo 228 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ello no acaeció.
Asimismo, el juez no fundamentó la nocturnidad en un supuesto de urgencia o peligro de orden público, motivo por el cual el acto practicado no supera el test de validez al haberse inobservado los recaudos que claramente exige la norma procesal, y como consecuencia de lo expuesto, el allanamiento practicado en autos es ilegal y por ende nulo, viciando el secuestro del arma y todo lo obrado en consecuencia, por lo que no corresponde expedirme sobre la nulidad de la pericia del arma pues el planteo devino abstracto (Del voto en disidencia de la Dra. Manes).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la resolución de grado que no hace lugar a las excepciones de falta de acción e inexistencia del hecho polanteadas.
En efecto, no se ha dejado constancia en el acta de audiencia mas que de su parte dispositiva. Sin embargo, en una resolución que se pronuncia sobre las excepciones interpuestas por la defensa, debe contar con su fundamentos mínimamente por escrito, al igual que en las sentencias definitivas, pues la importancia de la cuestión así lo indica, y solo de esta forma se cumple la adecuada motivación de las decisiones jurisdiccionales, exigencia que se cumple, o bien a través del dictado de una resolución con aquella forma, o bien si se resuelve en la audiencia, mediante la constancia no sólo de lo decidido sino también de su fundamentación.
La firma y motivación deben concurrir en forma conjunta, puesto que se trata de un solo acto procesal inescindible. Si se prevé que el Magistrado suscriba el acto es porque el mismo debe asentarse por escrito, extremo que obviamente se extiende a la motivación al constituir una parte del acto mismo
No basta con que el acta se limite a transcribir la parte dispositiva de lo resuelto, dejando los fundamentos plasmados en soporte digital. A criterio de esta Alzada, el objetivo del legislador fue mejorar la prestación de justicia mediante el registro de actos procesales por medios tecnológicos, pero sin prescindir de, al menos una síntesis, de los fundamentos de la decisión.

Para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo. Pues las nulidades de los actos procesales, además de constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando de la violación de las formalidades que la ley establece, derive un perjuicio real y concreto para la parte que lo invoca, pero no cuando se postula en el solo interés de la ley o por meras cuestiones formales.

En el caso corresponde declarar la nulidad del acta de audiencia efectuada por el Tribunal de grado en virtud del artículo 38 del Reglamento para la Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, resulta incontrovertible que el acta fue abierta por una persona (prosecretaria coadyuvante) distinta de quien la suscribió finalmente (secretario), habiendo dejado en éste último expresa constancia de que no estuvo presente en el acto (P/A = por ausencia). Ello así, según el mencionado artículo, los prosecretarios coadyuvantes y los prosecretarios administrativos que sean abogados, pueden sustituir en su tarea al secretario en caso de un imprevisto y/o accidente, cuando el juez por razones de servicio así lo determine.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del acta de audiencia efectuada por el Tribunal de grado.
En efecto, la misma es en realidad un medio secundario de prueba de lo acontecido, ya que la audiencia debería haberse grabado, lo que no se hizo. Ello así, el acta- otorgada por la prosecretaria coadyuvante pero suscripta por el secretario, quien no estuvo presente en la audiencia y por lo tanto no pudo haber certificado sobre el contenido de la misma- resulta ineficaz frente a toda otra persona que aquella que la suscriben por falta de firma del único funcionario presente que pudo oficiar como federatario.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
En efecto, el contenido de la requisitoria no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 206 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la descripción del hecho es defectuosa y carente de fundamentación. Ella no sólo resulta genérica sino que además no conecta a los imputados con cada una de las conductas supuestamente realizadas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad del allanamiento practicado en autos y de todo lo actuado en consecuencia.
En efecto, los motivos o fundamentos de la labor de los preventores están expresamente expuestos y comprobados en la causa, y todo ello recibió el debido control jurisdiccional. Ello así, lo ocurrido no exigía obrar conforme lo prescriben los artículos 108 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que el personal policial actuó según lo requería la situación y respetando los deberes contenidos en la ley procesal penal.

En el caso, no tendrá favorable acogida el planteo de falta de fundamentación del rechazo del pedido de nulidad del acta de infracción.
En efecto, siendo que de la sentencia apelada se desprende que el Judicante tuvo en cuenta los elementos probatorios y que la recurrente no presentó prueba alguna para desvirtuar el contenido del acta, los agravios esgrimidos en el remedio procesal intentado configuran únicamente una distinta ponderación de los elementos de prueba obrantes, lo que no resulta suficiente para tachar de arbitraria la decisión del Juez de grado y torna inadmisible el recurso de queja.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nº 1217, se exige prueba en contrario para desvirtuar el valor probatorio del acta y la impugnante no efectuó cuestionamiento alguno a lo dispuesto en la norma, tan sólo afirma que la misma “no cumple con los requisitos mínimos de validez”. Tampoco se advierte que el caso consagre excepción alguna que permita apartarse de la regla allí establecida respecto del valor probatorio del acta.
Dicha acta, que salvo prueba en contrario resulta acreditación suficiente de los hechos en ella consignados, no ha recibido impugnación probatoria alguna en cuanto a su contenido, por lo que tampoco se presenta el supuesto de arbitrariedad requerido para
la apertura del recurso de apelación en relación al presente agravio.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de oficio de la regla de conducta consistente en la entrega de bienes por un valor determinado por el Juez “a quo”, en tanto su imposición afecta el principio constitucional de legalidad (artículos 71, último párrafo del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 6 Ley de Procedimiento Contravencional), siendo que la donación de dinero no reúne los recaudos mencionados para considerarla una instrucción especial en los términos del artículo 45 inciso 7 del Código Contravencional y no se encuentra prevista como regla de conducta
En efecto, las instrucciones especiales como regla de conducta prevista en el artículo 45 inciso 7 de la Ley Nº 1472 implican, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de dicho cuerpo normativo, “… el sometimiento del contraventor/a a un plan de acciones establecido por el juez/a. Las instrucciones pueden consistir entre otras, en asistir a determinados cursos especiales, en participar en programas individuales o de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización de una conducta sancionada”.
Por tanto, es claro que las instrucciones especiales conllevan necesariamente el despliegue de alguna actividad por parte del imputado y tal como fuera afirmado por la
Dra. Conde “… debe consistir en un “plan de acciones” que auxilie al condenado a modificar los comportamientos que hayan incidido directamente en la realización de su
conducta, es decir en una obligación de hacer … y no en una obligación de dar sumas de dinero …” (TSJ, Expte. nº 4957 “Vázquez, Daniel Gustavo s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vázquez, Daniel G. y otro s/infr. art. 73 ley 1472 – apelación-“, rta. el 7/5/2007).

En el caso, corresponde declarar la nulidad del proceso a partir de la audiencia de mediación y todo lo obrado en consecuencia.
En efecto, del juego armónico de los artículos 204 y 206 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surge claramente cual es la oportunidad procesal para que tenga lugar esta vía alternativa de conflicto circunscribiendo dicha posibilidad a la etapa investigativa como así también el momento en que concluye, a saber, con la
formulación de la requisitoria. Ello así, en el caso ninguna duda cabe que dicho período ya había concluido desde el momento en que la fiscal consideró agotada la investigación y requirió la causa de juicio respecto de cada uno de los coimputados. Por otra parte, y a partir de aquel hito, declarada la clausura de la instrucción del sumario, sólo se podía proceder con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 2- Etapa intermedia, del Título IX “Clausura de la investigación preparatoria y citación a juicio” de la Ley Nº 2303, lo que efectivamente ocurrió en autos en tanto el trámite de la causa avanzó, las juezas se expidieron sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas y se fijaron las fechas para la audiencia de debate. No era posible ya, optar por una vía alternativa de conflicto.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del proceso a partir de la audiencia de mediación y todo lo obrado en consecuencia.
En efecto, el momento procesal en que las partes utilizaron la herramienta de la mediación no sólo fue inoportuno porque la etapa investigativa ya había concluido sino porque además ya había finalizado también la etapa intermedia. Ello así, ya se habían fijado, efectivamente, las fechas para llevar a cabo el debate, conforme lo estipula el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia propia de la etapa de juicio.
En consecuencia, no resulta ajustado a derecho, en virtud del principio de progresividad de los actos procesales, celebrar válidamente actos durante el trámite del proceso fuera de los límites temporales impuestos legalmente, pues así lo imponen cuestiones de seguridad jurídica. En este sentido ha expresado la Corte Suprema que el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyan cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuestos de nulidad (Fallos: 312:597).

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto rechaza la nulidad del requerimiento de juicio y de la vista prevista en el artículo 209 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, la defensa técnica oficial no indicó concretamente la prueba que se le impidió ofrecer o dejó de ofrecer el defensor particular, por lo que para invalidar este acto deviene imprescindible el señalamiento del perjuicio concreto ocasionado por la hipotética omisión del abogado de la matrícula, no bastando la simple denuncia ante el silencio de aquel. Nótese que la defensa en su estrategia puede no ofrecer prueba alguna, ya que la carga de ésta pesa en cabeza de la acusación como correlato del principio constitucional de inocencia.
Asimismo, desde el punto de vista procedimental, la vista conferida carece de vicio alguno, ya que el abogado defensor fue notificado correctamente al domicilio constituido, motivo por el cual deviene improcedente la tacha formulada. (Del voto en disidencia de la Dra. Manes)

En el caso, corresponde hacer lugar a la nulidad impetrada por la defensa a partir de la notificación del traslado previsto en el artículo 209 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en consecuencia, declarar su nulidad y de todo lo obrado en consecuencia, debiendo disponer una nueva notificación de dicho traslado a la defensa oficial.
En efecto, el imputado no contó con asistencia técnica ni para la contestación del traslado establecido en el artículo 209 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 210 del mismo cuerpo legal, no pudiendo acarrearle la negligencia de su defensor particular perjuicios para él. En tal sentido, el estado de indefensión se produce no sólo cuando se ha privado al defensor designado de la oportunidad de
actuar, sino también cuando la intervención de éste ha sido meramente formal, sin
haberse producido una auténtico ejercicio del derecho de defensa en juicio.

En el caso, corresponde confirmar el pronunciamiento del juez de grado en cuanto rechazó la nulidad de la detención policial efectuada.
En efecto, surge del expediente que, lejos de un mero subjetivismo policial, los testimonios escuchados en debate arrojaron varios elementos distintos, verificados en forma previa a la detención, que valorados concatenadamente llevaron al juez de grado a concluir que efectivamente existieron motivos para que el personal policial pudiera presumir la comisión de un ilícito. No resulta un dato menor que, cuando comienza a gestarse la decisión del personal preventor, que no se encontraba vestido de civil, señalando a los imputados: “muchachos, documentos”, éstos intentan darse a la fuga, previo atropello y forcejeo con el personal policial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la nulidad del acta contravencional y todo lo obrado en consecuencia.
En efecto, dichas actas fueron confeccionadas en el interior de una dependencia policial, sin haberse explicado de manera fehaciente y lógica cómo fue que las imputadas llegaron a dicho lugar. Ello así, la única posibilidad de ejercer coacción directa contra una persona por la presunta comisión de una contravención es la de hacer cesar la conducta flagrante ante la persistencia en ella por parte del contraventor (art. 19 LPC). Anomalías como la demostrada, deben ser erradicadas de plano en las prácticas policiales y fiscales que no deben sustraerse al control jurisdiccional. Bueno es señalarlo, nadie se ha preocupado por aclarar cómo se fueron del establecimiento las imputadas, si por sus propios medios – desistiendo del proceder ilícito que se les reprocha – o debido a un arresto civil, o detenidas irregularmente por personal policial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la nulidad del acta contravencional y todo lo obrado en consecuencia.
En efecto, las actas no debieron efectuarse en la comisaría sin explicar previamente, la razón de la presencia de las imputadas en dicho lugar, por lo que deviene nulo de imposible convalidación o saneamiento posterior por contrariar garantías constitucionales.
El sustraer del control judicial las circunstancias que pusieron fin a la contravención reprochada y permitieron la presencia de las imputadas en las seccional policial (en la que ninguna denuncia se les recibió sino todo lo contrario) viola directamente el artículo 18 de nuestra Carta Magna en cuanto establece la prohibición de ser detenido sin orden, sin que en el caso, sea habilitada la excepcionalidad de aprehensión sin orden judicial que autorizan los códigos de forma para el caso de fragancia de delitos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la nulidad del secuestro de elementos en poder de las imputadas.
En efecto, la providencia se encuentra viciada de nulidad por no haber hecho conocer al órgano judicial el secuestro ordenado, de elementos que siquiera tenían relación con la conducta imputada, ello sin perjuicio de que hayan sido puestos a disposición de una de las imputadas al momento de determinarse el objeto de la investigación preparatoria y devueltos más de dos meses después de su secuestro. Ello así, no se subsana la omisión del Ministerio Público Fiscal en violación al artículo 21 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad del acta contravencional y todo lo obrado en consecuencia con fundamento en que las actas contravencionales fueron confeccionadas en sede policial sin haberse explicado de manera fehaciente como fue que las imputadas llegaron a dicho lugar.
En efecto, no se advierte que se haya ejercido coacción directa sobre las imputadas porque los preventores en ningún momento fueron desplazados al establecimiento comercial en el que las encartadas habrían ingresado contra la voluntad de su titular.
A mayor abundamiento, las actas nulificadas designan lugar, fecha y hora del presunto hecho, y contienen la descripción circunstanciada del mismo y su calificación legal, los datos de los imputados, testigos y denunciantes, etc. Es decir, contienen los recaudos formales que hacen a la misma.
Asimismo, de las actas confeccionadas en la Comisaría surge que las presuntas contraventoras se retiraron voluntariamente del establecimiento, de lo que se coligue que las mismas se habrían presentado por sus propios medios en la seccional de la Policía Federal Argentina. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Paz ).

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto declara la nulidad de la pericia balística en relación al revólver.
En efecto, se omitió dar cumplimiento a la dispuesto por el artículo 130 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto es, poner en conocimiento a la defensa de la celebración de la medida pericial, para que esa parte pueda ejercer el control de aquélla o en su caso designar un perito de parte.
Ello así, toda vez que no se pudo conservar en condiciones adecuadas ese material peritado, de modo que la pericia pudiera repetirse, cabe
declarar inválido el acto, pues la ausencia de notificación en tiempo y forma vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio y no deja de imponer su invalidez, en tanto se trata de una nulidad genérica y declarable de oficio, en virtud de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 71 y 73 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que en el caso la defensa se ha visto imposibilitada de ejercer el debido control de la pericia, de intervenir indicando los puntos de pericia que consideraba pertinentes como así también de designar un perito de parte, afectando de este modo ese acto irregular el derecho de defensa.

Cabe señalar que si bien en el trámite de la causa ante la anterior instancia se omitió dar traslado de la prueba producida, el vicio no tiene entidad para declarar la nulidad ––que por otra parte tampoco fue peticionada–– pues la parte pudo expedirse sobre el mérito de la prueba al momento de apelar.

El hecho de que el funcionario interviniente haya omitido incluir en el acta de infracción la normativa presuntamente infringida, en modo alguno acarrea la nulidad de la misma ya que no se afecta la garantía constitucional de defensa en juicio sino cuando la conducta enrostrada no se encuentre claramente descripta, independientemente de la norma que se estime infringida.
Lo importante a los efectos de garantizar la defensa es que el imputado conozca el hecho concreto que se le atribuye, y esto se logra con la descripción detallada de su comportamiento junto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pues precisamente a todo ello ha de enfrentar quien se encuentre acusado de una infracción, independientemente de la norma en la cual “prima facie” pueda subsumirse la conducta. El imputado se defiende de los hechos atribuidos, no de las normas.

En el caso corresponde decretar la nulidad del auto de grado por medio del cual el Juez, en virtud de la oposición manifestada por parte del Ministerio Público Fiscal, no se expide sobre la concreta solicitud formulada por la asistencia técnica del encausado para arribar a la suspensión del juicio a prueba.
Sin perjuicio de que ya es conocida mi postura en cuanto a que no es posible que el “a quo” retrotraiga su intervención en el procedimiento y ejerza control sobre la negativa de la Fiscalía para la suscripción de un pacto que ni siquiera, en virtud de la oposición señalada, ha existido ya que la inexistencia de un acuerdo previsto entre las partes impide que la cuestión llegue a su estrado; lo cierto es que en la especie el Dr. Durante debió expedirse concretamente con relación a la concesión o no de la suspensión del juicio a prueba, ya que ante un planteo concreto de la defensa en tal sentido, su omisión puede conllevar en abstracto a que la parte vea conculcado su derecho a recurrir la decisión y consecuentemente, que ella sea revisada por el Tribunal Superior inmediato.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de las medidas dispuestas por la Sra. Secretaria de la Fiscalía, como así también de todos los actos que sean de su directa consecuencia.
En efecto, se desprende de los artículos 6, 8, 13, 14 y 35 de la Ley Nº 1903, que el Secretario del Fiscal no puede atribuirse las facultades inherentes a su superior jerárquico, situación que se advierte en la presente causa y por ello se ha producido una nulidad de carácter absoluto que sella la suerte del procedimiento efectuado desde sus inicios, por cuanto la inobservancia de las reglas relativas a la participación del acusador o al acatamiento de las pautas que la regulan, vicia el procedimiento y produce la invalidez de todo lo actuado por afectación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal. (Del voto en disidencia de la Dra. Paz).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la resolución de grado en cuanto ordenó la intervención de la Oficina de Control de Suspensión de Juicio a Prueba dependiente del Ministerio Público Fiscal para el seguimiento y control del beneficio de la “probation” otorgada al encartado y disponer la intervención de la Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones para llevar a cabo dicha tarea.
En efecto, no resulta acertado recurrir a la Oficina de Control dependiente del Ministerio Público Fiscal en tanto es claro que la atribución que le confiere el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita solamente al “control” del cumplimiento y no a la “ejecución”, ya que, de ser así, implicaría asumir funciones jurisdiccionales (Causas Nº 13254-00-CC/08 “SOSA, María Paz s/ inf. art. 111, Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes- CC”, del 3 de octubre de 2008; Nº 13991-00-CC/08 “Segura, Mariano Daniel s/infr. art. 111 CC, Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -Apelación”, del 20 de octubre de 2008, entre otras).

En el caso, corresponde anular la sanción impuesta al C.E.M.I.C. por la infracción al artículo 19 de la Ley Nº 24.240-que establece la obligación de respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás del servicio, ofrecidas al momento de contratar-
Ello así, toda vez que si bien es cierto que la asociación CEMIC no se encuentra alcanzada por las prescripciones del artículo 2º "in fine" de la Ley de Defensa del Consumidor, no menos cierto es que, desde un principio, dicha entidad -dentro de las pautas contractuales que la vinculan con el damnificado por brindarle un servicio-, calculó un plazo de 30 días hábiles para entregar los análisis respecto de un test HIV 1 genotipo de resistencia antiretroviral, plazo que se encuentra dentro de los márgenes previsible para la realización del estudio del Test de Resistencia para HIV, y vencido dicho plazo, mantuvo permanentemente informado tanto al paciente como a su médico tratante sobre las causales de la demora, demostrando un comportamiento diligente frente a las circunstancias en cuanto al cumplimiento de su deber de información.
Hay que recordar al respecto, que el deber de informar: “… alude a una conducta impuesta a alguien a fin de que aclare a otra persona relacionada o que pueda relacionarse con él, aspectos que conoce y que disminuyen o pueden disminuir la capacidad de discernimiento o de previsión del otro si dichos datos no se suministran.” -conf. “Consumidores” Ricardo Luis Lorenzeti ed. Rubinzal Culzoni pág. 205 y cc-. P
Ahora bien, cuando la administración impone una sanción por entender que se cometió una infracción por haberse vulnerado dicho marco normativo, debe aplicar al caso concreto las pautas enunciadas por el Artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, considerando expresamente las circunstancias fácticas del mismo. Para que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada, es necesario que la administración explique cuáles han sido las pautas que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. Esto es una aplicación particular de la necesidad de motivar el acto, requisito esenc CS/WebPublisher PRO internal error WRTHTML:100. Please contact Inmagic, Inc. ial previsto por las leyes adjetivas en materia de procedimiento administrativo, que en el ámbito local se establece en el artículo 7, inciso “e” de la Ley de Procedimientos Administrativos.