En modo alguno puede tenerse por resuelto un reclamo mediante notas e informes internos de la Administración.
En el caso, mientras los dictámenes e informes evacuados por los órganos inferiores no son más que notas internas de la Administración, la resolución de la Dirección General de Rentas es un acto administrativo en el cual exterioriza su voluntad, surgiendo de él claramente cual es el monto nominal total del tributo adeudado.

La instancia administrativa y la judicial son independientes, lo cual equivale a decir que lo resuelto por el controlador/a en su sede -acto administrativo- no obliga en modo alguno al juez de la causa, quien tiene a su cargo como primera cuestión, controlar la legalidad del proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar al planteo de litispendencia interpuesto por la Defensa.
En efecto, se investiga la supuesta comisión de la contravención prevista en el artículo 73 del Código Contravencional mientras que en el proceso administrativo, se persigue la supuesta infracción “por tener exceso de material pirotécnico permitido para un comercio minorista”. Por tanto, no se configura la identidad requerida entre ambos procesos para ser considerado un supuesto de litispendencia, pues son hechos escindibles los ventilados en los distintos expedientes.
Asimismo, el afectado de un acto administrativo cuenta con los mecanismos legales para plantear la cuestión, por lo que resulta ajeno al presente proceso el planteo respecto a la falta endilgada en el local de marras.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Sra. Juez aquo, en cuanto hizo lugar al amparo solicitado por la parte actora, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución administrativa, que dispone que los trabajadores dependientes de la Ciudad deben informar con carácter de declaración jurada- y bajo apercibimiento de incurrir en falta grave- si poseen otro empleo en relación de dependencia.
Dado que dicha resolución es una norma infralegal que tipifica una infracción administrativa, debe contar con sustento legal, es decir, debe adecuarse a una ley formal, a fin de cumplir con el principio de legalidad y tipicidad de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y 13.3. de la Constitución de la Ciudad, pues no es posible sancionar a un agente público con sustento en una conducta cuya tipificación como infracción administrativa no proviene de una ley formal.
Ello así, atento que el señor Subsecretario que dictó la resolución cuestionada se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones en cuanto ha calificado de falta grave, la no presentación en tiempo y forma de la declaración jurada, siendo que el artículo 47 inciso e), de la Ley Nº 471, establece que dicha conducta pueden dar lugar a la sanción de apercibimiento o suspensión de hasta 30 días, falta leve entre las sanciones administrativas.

En el caso, corresponde condenar a la encartada en orden a la infracción contenida en el artículo 2.1.3 de la Ley Nº 451.
En efecto, la Defensa planteó la nulidad absoluta de la Resolución Nº 36/2005 de la Subsecretaría de Control Comunal, por cuanto a su criterio modifica el artículo 4.7.2.1 del Código de Edificación, norma ésta dictada por la Legislatura.
Ello así, habiéndose encontrado vigente la habilitación comercial al momento del hecho imputado, la encartada debía sujetarse a ella y canalizar sus agravios por las vías legales -lo que de hecho hizo pero con posterioridad al labrado del acta de infracción-. Estas vías legales, por cuyo camino debió haber transitado, son las que le impedían recorrer por aquel otro que eligió tomar: el del liso y llano desconocimiento del acto administrativo que por propia voluntad reputó de irregular.
Así, la interesada tenía diversidad de vías para atacar la Resolución Administrativa por nula de nulidad absoluta. Desde la petición de Rectificación de errores materiales -art. 120 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-; pasando por la solicitud de suspensión parcial de los efectos del acto, alegando fundadamente una nulidad ostensible y absoluta, en sede administrativa (art. 12 in fine Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires) o directamente en la sede judicial de fuero pertinente, conforme el proceso previsto en el artículo 189 inciso 2 de la Ley Nº 189, cuando el acto ostentare una ilegalidad manifiesta; hasta la impugnación mediante los recursos administrativos respectivos establecidos en el título IV de la Ley de Procedimientos.
Asimismo, frente al silencio de la administración tenía a su alcance desde la solicitud de pronto despacho administrativo (art. 10 LPABA) o, directamente, pronto despacho judicial por medio de un amparo por la demora de la administración en expedirse (arts. 10 y 14 CCBA, ley 2.145).
Frente a esta multiplicidad de defensas, lo único que le está vedado al administrado es desconocer la presunción de legitimidad, juzgando por sí que el acto es nulo y que no lo obliga, eso es equivalente a realizar justicia por mano propia. Inadecuado sería sostener una especie de derecho de resistencia existiendo la diversidad de medios como los "ut supra" aludidos.

En el caso, corresponde rechazar los planteos de inconstitucionalidad de las Resoluciones 12/05 y 36/05 dictadas por el Subsecretario de Control Comunal, en tanto a criterio del peticionante, modifica el artículo 4.7.2.1 del Código de Edificación que fuera dictado por la Legislatura, y condenar a la encartada en orden a la infracción contenida en el artículo 2.1.3 de la Ley Nº 451.
En efecto, la resolución cuestionada, que modifica el criterio sentado en el Código de Edificación para el cálculo de la capacidad máxima de los locales bailables, no fue dictada en contradicción con norma constitucional alguna, sino que al contrario, en el marco de las facultades atribuidas por la Constitución local al Poder Ejecutivo.
Ello así, la nombrada Resolución 12/05 fue dictada a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 dictado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este Decreto, dictado en aplicación de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al Poder Ejecutivo, tuvo origen en el trágico siniestro acaecido en el local de baile "República de Cromagnon", el que provocó gran cantidad de muertos y heridos. Posteriormente, la Legislatura ratificó este Decreto por medio de la Resolución nº 613/LCABA/05, del 24/2/2005, por lo que el mismo adquirió rango de ley, conforme el artículo 4 de la Ley Nº 15.

En el caso, corresponde rechazar los planteos de inconstitucionalidad de las Resoluciones Nº 12/05 y 36/05 dictadas por el Subsecretario de Control Comunal que, a criterio del recurrente, modifican lo dispuesto en el artículo 4.7.2.1 del Código de Edificación, en tanto este último fue dictado por la Legislatura.
En efecto, sostuvo el recurrente que la norma que impugna, sancionada indebidamente por un mecanismo de necesidad y urgencia que el caso no justificaba y burlando el procedimiento constitucional de doble instancia y participación popular consultiva que el tema imponía, motivó que se le concediera una habilitación que autorizaba una capacidad máxima inferior a la que en realidad correspondía; lo que denotaba la inexistencia material de la falta endilgada contemplada en el artículo 2.1.3 de la Ley Nº 451.
El planteo de la Defensa no es oportuno y resulta abstracto. Sancionada la norma hace más de seis años pudo intentarse contra ella la acción declarativa contra su validez que autoriza el artículo 113.2 de la Constitución de la Ciudad.
Cuando se requirió la habilitación, sino, pudo efectuarse un planteo al respecto o cuando, en base a sus disposiciones, se expidió una habilitación que la Defensa considera insuficiente, también pudo impugnarse en el caso concreto su aplicación, impugnación que debió intentarse ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad.
Sin perjuicio de ello, de la lectura del debate parlamentario del tratamiento que recibiera el decreto de necesidad y urgencia cuya constitucionalidad impugna el recurrente, no surge que las circunstancias excepcionales en las que se basara el Poder Ejecutivo – el incendio del local República de Cromañon – hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos en la Constitución que, como bien señala el recurrente, impone el procedimiento de doble lectura y participación popular directa consultiva en la Audiencia Publica intermedia respectiva.

En el caso, corresponde rechazar los planteos de inconstitucionalidad de las Resoluciones Nº 12/05 y 36/05 dictadas por el Subsecretario de Control Comunal, en tanto a criterio del peticionante dicha norma modifica lo legislado en el artículo 4.7.2.1 del Código de Edificación; y condenar a la encartada en orden a la infracción contenida en el artículo 2.1.3 de la Ley Nº 451.
En efecto, habiéndose provisto la recurrente de la habilitación basada en las normas que impugna y comenzado su actividad, que requiere habilitación previa, ninguna duda existe de que debió ajustar la misma a la capacidad máxima autorizada. Aun si hoy resultara exitoso su planteo y fuese declarada la inconstitucionalidad que persigue y la consiguiente nulidad de la habilitación con la capacidad máxima a su criterio desajustada, ello no implicará haber verificado que le corresponda una capacidad mayor (que, debe ser señalado, la propia pericia que acompaña la Defensa, informa que no es compatible con la ausencia actual de una segunda salida de emergencia). Y si aún ello sucede y el día de mañana resulta habilitado el funcionamiento de dicho local con una capacidad máxima superior a la que motivara el acta de contravención impugnada, ello no tornará atípico su actual proceder, como no lo es el funcionar sin la habilitación previa requerida por la circunstancia de que se obtenga posteriormente la habilitación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Sra. Juez aquo, en cuanto hizo lugar al amparo solicitado por la parte actora, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución administrativa, que dispone que los trabajadores dependientes de la Ciudad deben informar con carácter de declaración jurada- y bajo apercibimiento de incurrir en falta grave- si poseen otro empleo en relación de dependencia.
En tanto dicha resolución ha asignado, para algunos supuestos de hecho regulados por la Ley Nº 471, otra calificación que deriva en la aplicación de una sanción diferente (y más grave) que la fijada en dicha ley, es necesario concluir que la citada resolución es nula de nulidad absoluta por padecer de vicio en la competencia; además de transgredir el principio de reserva legal en materia de derecho administrativo sancionador.
En efecto, la resolución citada padece de vicio en la competencia. Ésta es definida como “el conjunto de atribuciones, determinadas por el ordenamiento jurídico positivo, que un órgano puede y debe ejercer legítimamente” (Farrando, Ismael (h) y Martínez, Patricia R. (directores). Manual de derecho administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 183). Su concepto se refiere a “la aptitud para ejercer dichas potestades y ser titular de ellas”, es decir, “si ese conjunto de atribuciones corresponde a la persona jurídica pública –al ente al que pertenece el órgano-” (Hutchinson, Tomás. Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 36).
En el caso de resolución referida, el vicio en la competencia es patente, pues el órgano emisor no está facultado para modificar la sanción que legalmente ha sido determinada en cada supuesto de hecho, es decir, no tiene competencia para disponer que la violación a los deberes, prohibiciones e incompatibilidades reguladas en la Ley Nº 471 (a los que, en virtud de esa misma ley, le cabe la sanción de apercibimiento, suspensión o cesantía), puedan constituir una falta grave pasible de la sanción de exoneración.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez a quo, en cuanto hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y en consecuencia, ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda la aplicación de la Resolución Nº 2818 del año 2009 -que predetermina porcentajes fijos para calificar al personal-, respecto de los agentes evaluados como insatisfactorios y poco satisfactorios.
En este sentido, estipular a priori porcentajes fijos para calificar personal como insatisfactorios y poco satisfactorios (e incluso de sobresalientes, satisfactorios o muy satisfactorios) resulta, en un análisis preliminar del tema, cuestionable desde el punto de vista de su razonabilidad por contrariar la finalidad misma del sistema de Evaluación.
Por otra parte, las consideraciones técnicas volcadas en los antecedentes no resultan, en esta instancia cautelar, lo suficientemente claras como para calificar de razonable la resolución relativa a los cupos. Por el contrario los motivos expuestos, se muestran dogmáticos e incapaces de demostrar la conveniencia de obligar al evaluador, ante un eventual supuesto de un agente que, en la realidad de los hechos califica como “satisfactorio”, puntuarlo con un “poco satisfactorio” por haberse ya cubierto el cupo en las categorías superiores.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez a quo, en cuanto hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y en consecuencia, ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda la aplicación de la Resolución Nº 2818 del año 2009 -que predetermina porcentajes fijos para calificar al personal-, respecto de los agentes evaluados como insatisfactorios y poco satisfactorios.
En efecto, cabe señalar que del texto del Acta Paritaria que invoca el Gobierno de la Ciudad, no surge acuerdo alguno relativo a los cupos y porcentajes fijados por la resolución que aquí se cuestiona. Y si bien, allí se estipula la implementación de la Evaluación anual del desempeño del personal bajo una metodología la de “proceso forzado” (conf. cláusula quinta), lo cierto es que no surge del texto, en este estudio preliminar, las características de dicha modalidad. Por otra parte, se desprende de la cláusula quinta que los parámetros del “proceso forzado” serían establecidos por ambas partes del acuerdo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez a quo, en cuanto hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y en consecuencia, ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda la aplicación de la Resolución Nº 2818 del año 2009 -que predetermina porcentajes fijos para calificar al personal-, respecto de los agentes evaluados como insatisfactorios y poco satisfactorios.
En efecto, también se configura en esta etapa preliminar el requisito de peligro en la demora, atento las consecuencias previstas por la normativa para los agentes que ostenten dos evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres alternadas en un plazo de cinco años (artículo 33 último párrafo), reviste la entidad necesaria como para tener por acreditado el requisito analizado.
Al respecto, cabe recordar que esta Sala ya ha señalado que el régimen de disponibilidad no sólo altera la prestación laboral en sí misma -lugar de trabajo, funciones, etc.- sino que, además, puede tener incidencia en la continuidad de la relación de trabajo. No puede obviarse, en el marco de esta tutela preventiva, que un eventual pase al RAD por el plazo legal establecido en el Decreto Nº 2182 del año 2003 (art. 10) sin que un agente sea ubicado conllevaría que sea dado de baja (artículo 58 de la ley 471 y art. 11 del decreto 2182/03), así como la imposibilidad de reingresar a la Administración -sea como personal permanente o transitorio- por un período de 5 años contados desde el cese o desde el cobro de la indemnización si cupiera (art. 16, Decreto Nº 2182/03)

En el caso, corresponde confirmar la disposición de la Administración que impuso a la entidad bancaria una sanción por no cumplir en término con la acreditación de la publicación de una multa que le fuera impuesta con anterioridad por infracción al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y desestimar el agravio en cuanto la aplicación retroactiva del Nº Decreto 17 –del año 2003-, cuando en el caso estamos frente a una actuación de 2001, y a una resolución de 2002.
En este sentido, la resolución del año 2002 -que en su artículo 3º disponía la publicación de esa resolución en el diario de mayor circulación de la ciudad de Buenos Aires, y su acreditación en el expediente en el plazo de 10 días hábiles- quedó firme con posterioridad al dictado de la sentencia confirmatoria del año 2004.
De esta manera, la infracción a lo dispuesto en la resolución del año 2002 se configuró en el 2004, dando lugar a la disposición sancionatoria del año 2006.

En el caso, corresponde confirmar la disposición de la Administración que impuso a la entidad bancaria una sanción por no cumplir en término con la acreditación de la publicación de una multa que le fuera impuesta con anterioridad por infracción al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor.
En efecto, cabe destacar que más allá de que la referida publicación se llevó a cabo más de dos años después de haber quedado firme la resolución que disponía la publicación en el diario de mayor circulación de la resolución que imponía multa por vulnerar el derecho a la información de los usuarios, nunca se cumplió con la acreditación de tal extremo en el expediente administrativo –conforme disponía el art. 3º de la resolución mencionada precedentemente-, ni siquiera con posterioridad a la intimación para hacerlo oportunamente efectuada.

En el caso, corresponde confirmar al Disposición Administrativa que impulso una multa pecuniaria por infracción al artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.
En efecto, no logra extraerse de la documentación aportada elementos suficientes que permitan convalidar las argumentaciones de la apelante respecto de que no se ha tenido en consideración el hecho de que las condiciones generales de vinculación aportadas al expediente datan de fecha anterior a la sanción de las Resoluciones Nº 26/2003 y 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica en Defensa del Consumidor.
De dichas resoluciones, surgue que las cláusula fueron modificadas y removidas, procediendo el Banco a notificar de dichos cambios “a la totalidad de los clientes con productos vigentes, tal como consta en el acta notarial cuya copia se adjunta como prueba”.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez de grado que rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución fiscal con más sus intereses y costas. Adujo la ejecutada que se vulneró su derecho de defensa al no haber sido notificado en su domicilio fiscal el inicio del proceso sumarial y la consiguiente aplicación de multa -objeto de la presente ejecución fiscal-, lo que le impidió utilizar la vía recursiva correspondiente.
En efecto, al momento de la sustanciación del procedimiento fiscal en cuestión, regía la Resolución Nº 975 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario del año 1999 (B.O. CABA nº 654), que, atento las divergencias respecto de los domicilios fiscales que se venían ocasionando hasta el momento, estableció parámetros para facilitar las notificaciones administrativas y judiciales para aquellos contribuyente del impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sean locales o del Convenio Multilateral. En su artículo 1 estableció el procedimiento de la fiscalización en aquellos casos en que se realizara en un domicilio distinto del fiscal y el artículo 2 extendió la responsabilidad a los representantes legales de los contribuyentes fiscalizados, sin perjuicio de las sanciones por la falta de notificación del cambio de domicilio, que sin perjuicio de las formalidades del artículo 22 del Código Fiscal, pudieran corresponder. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los arts. 21, 22, 25 y 28 del Código Fiscal (t.o. 2008), en la especie, se concluye que, el domicilio consignado por la demandada en oportunidad del inicio del procedimiento fiscal, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que originara la aplicación de multa de que da cuenta el título ejecutivo, es el único que puede revestir el carácter de constituido tal como lo prescribe la normativa precitada. Por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada, ya que la demandada no ha logrado demostrar, que la actora no haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia, toda vez que ha sido notificada conforme determinara al efecto la Resolución mencionada, en el domicilio constituido por su apoderada para la actuación que motivara la sanción de multa en el presente proceso judicial.
Ello, permite colegir que, el título ejecutivo resulta hábil y autónomo para fundar la pretensión fiscal, toda vez que la responsable -efectivamente- tomó conocimiento de la finalización del procedimiento administrativo y la consecuente aplicación de la multa reclamada por el fisco local.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió condenar a los infractores, en relación a las faltas previstas en los artículos 1.1.5; 4.1.22 y 2.2.14 de la Ley Nº 451 -cuyo cumplimiento se dejó en suspenso-, mas un día de clausura del establecimiento, con costas. Ello, de conformidad con los artículos 19 y 32 de la mencionada ley.
La clausura agregada por el juez de grado -que amplió la sanción original de multa impuesta por el controlador administrativo- resulta acertada. Ello así, no sólo porque la aquella fue solicitada por el fiscal de grado sino porque la sanción impuesta por la controladora era ilegítima toda vez que la pena de clausura se encuentra prevista en forma conjunta a la de multa (art. 1.1.5 de la ley 451).
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha expresado que “... lo relativo al monto de la pena y su modo de cumplimiento ... es facultad privativa del sentenciante en tanto se mantenga dentro de los límites legales...”

Una resolución interpretativa no puede eximir de la verificación de la causa real del acto administrativo. En este sentido cabe recordar que la causa es un elemento esencial del acto administrativo (conf. arto 7° Dec. 1510/97) y así se ha dicho que " ...la exigencia normativa y jurisprudencial de que todo acto administrativo se encuentre precedido por hechos que justifiquen su dictado está juera de discusión. Esos hechos deban, además, estar probados en el expediente y no suponerse o imaginarse arbitrariamente. Fundarse en ellos no debe tampoco importar el desconocimiento de otros hechos u otras pruebas en sentido contrario que también obren o puedan obrar en las actuaciones". (conf. GORDILLO-DANIELE Dir. Procedimiento Administrativo, Abeledo Perrot, Bs. As. 2010, p. 110).
Así las cosas entiendo que, lo que no podría ocurrir es que "la realidad económica" que ha servido de causa a la resolución interpretativa sea trasladada o traspolada directamente al acto administrativo dirigido a modificar una situación concreta y particular del contribuyente. Hacerlo implicaría una suerte de "transfusión" de causa de un acto a otro.
Es que, más allá de las pautas que brinda la resolución para interpretar la aplicación de una norma general, considero que mal podría esta transformarse en una suerte de reglamentación de aquella cuando surge que para su aplicación es necesaria la evaluación previa de hechos, los cuales por su esencia y naturaleza, no pueden presuponerse iguales para todos los casos.
En otras palabras, entiendo que una resolución interpretativa no podría aplicarse "per se" independientemente del análisis de las circunstancias de hecho del caso concreto. Lo contrario implicaría una grave afectación a la garantía constitucional de defensa ya que el contribuyente estaría prácticamente impedido de poder demostrar que su operatoria no se condice con la que el Fisco presupone.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución administrativa de determinación de oficio del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la empresa que fabrica vehículos.
En efecto, analizando los considerandos de la resolución impugnada, considero que no existió una verificación adecuada de la operatoria llevada a cabo por el actor -venta como fabricante de los vehículos comprados por los concesionarios, a través de sistemas de planes de ahorro previo- sino que se limitó a extender la aplicación de la situación descripta en la Resolución Interpretativa N° 1202/97.
Ello así, según el criterio del Fisco, al aplicar directamente una resolución interpretativa no existiría una violación al principio de legalidad o de reserva de ley, por entender que la resolución interpretativa constituye una norma general obligatoria para los contribuyentes que no han impugnado la misma.
Ahora bien, no puedo dejar de observar que, en contraste con lo reseñado en el considerando anterior, de las constancias agregadas a la causa, en lo que interesa, surge que la pericia contable determinó que la facturación de la actora en la modalidad de venta bajo análisis no se realizaba a los consumidores finales sino a los concesionarios.
En resumidas cuentas, lo expuesto en la pericia parecería contradecir las conclusiones a las que arriba el Fisco mediante la aplicación lisa y llana de la Resolución N° 1202/97 al caso.
En función de todo lo anterior opino que la resolución en crisis, mediante la cual se determinó de oficio las diferencias en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente aquí actora, se encuentra gravemente viciada en su elemento causa, en particular en cuanto a los antecedentes de hecho tomados en cuenta para emitir el acto. Esto, dado que según mi modo de ver, se ha dado una suerte de aplicación automática de la situación fáctica descripta en la Resolución Interpretativa N° 1202/97 sin consideración previa de la situación real del contribuyente.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la medida cautelar consistente en la
inmovilización del vehículo.
En efecto, a pesar de que por resolución de Fiscalía General se prevé expresamente la posibilidad de que un funcionario de su dependencia evacue las consultas vinculadas con los secuestros de mercadería, se trata de una resolución cuya validez se encuentra supeditada a que no riña con la letra de la ley, la que pone en cabeza del Fiscal, y no de otro funcionario, el primer control respecto de las medidas precautorias.
De ningún modo puede una mera resolución contradecir la regla contravencional, pues ésta
tiene supremacía jurídica respecto de aquélla. (En igual sentido, ver causa nº 14469-02/CC/2014, carat. “Incidente de apelación en autos CHAIRA CASTRO, Héctor s/infr. art. 111 CC – Apelación”, rta. 12/03/2015.)
Ello así, si bien el personal preventor cursó la comunicación con un representante del Ministerio Público Fiscal, éste no suple a la persona del fiscal a los efectos de cumplir con el requisito del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que condenó a la sociedad infractora a la pena de multa cuyo cumplimiento se dejó en suspenso.
En efecto, el artículo 32 de la Ley N° 451 prevé la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena, cuando se trate de la primera sanción, refiriéndose a la primera condena en sede judicial y no a la sanción impuesta en sede administrativa.
Ello y atento a que la infractora no posee antecedentes condenatorios, la sentencia debe ser confirmada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó "in limine" la acción de amparo promovida.
En efecto, el principal argumento expuesto por el accionante para fundar la arbitrariedad e ilegitimidad que habilitarían la vía intentada, se centra en que la resolución administrativa que impuso la prohibición de circular como taxímetro al vehículo involucrado en autos, se apoya en una norma inconstitucional, a saber, el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad (ley 2148)
El planteo del amparista, tal como fuera efectuado, importa el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma contenida en la Ley N°2148 en abstracto, pues no expone argumentos suficientes para explicitar el por qué la aplicación del precepto en cuestión resulta contraria o afecta las garantías constitucionales de la sociedad sancionada.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prescribe que la acción de amparo será procedente, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. El acto denunciado como lesivo de garantías constitucionales requiere, para su demostración, de un marco procesal más amplio que brinde una mayor posibilidad de debate y prueba que el propio de esta vía excepcional.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó "in limine" la acción de amparo promovida.
En efecto, el amparista ya ha instado la vía de impugnación idónea y específica para cuestionar la decisión de la controladora de faltas que en este mismo proceso denuncia como ilegítima, ya que ha solicitado la revisión judicial de dicho pronunciamiento y el pase del caso a esta Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, en los términos del artículo 24 de la Ley N° 1217.
Ello así, no existe una vía judicial más idónea para cuestionar la decisión que motiva la presente que aquella a la cual el accionante ha recurrido, la cual está siendo efectivamente llevada adelante ante el Juzgado competente a tales efectos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó "in limine" la acción de amparo promovida.
En efecto, en los casos en que se adoptan medidas precautorias en materia de faltas, como podría serlo la devolución del rodado, con las restricciones que le fueran impuestas en aplicación de las normas del Código de Tránsito y Transporte porteño, también existe una vía judicial idónea y específica a tal fin, como lo es el procedimiento establecido en el artículo 8° de la Ley N°1217, que contempla la revisión judicial de las medidas precautorias adoptadas en actuaciones de comprobación de faltas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la medida de clausura preventiva en los términos del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
En efecto, el recurrente considera que la jurisprudencia que señala la imposibilidad de aplicar la clausura preventiva en los términos del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional en supuestos en los que también exista una clausura administrativa se basa en una incorrecta interpretación de un voto en el expediente “Bauen”.
La norma del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Contravencional dispone que las autoridades preventoras pueden adoptar ciertas medidas cautelares entre las que se encuentra, en su inciso b), la posibilidad de clausurar preventivamente, en el caso de flagrante contravención que produzca grave e inminente peligro para la salud o seguridad pública, circunstancia que de conformidad con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, debe ser comunicada inmediatamente al Fiscal a quien le corresponde la decisión de llevarla adelante o no. En caso que la Fiscalía considere que la clausura es procedente da intervención al Juez a los efectos de convalidar su actuación.
En el caso bajo examen la Fiscalía no dispuso medida precautoria alguna y requirió directamente la clausura en los términos del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional. La Jueza no hizo lugar a la petición, en el entendimiento que si bien se desprende la posible comisión de sucesivos hechos en infracción al artículo 73 del Código Contravencional, el local objeto de la medida se encuentra clausurado por la Administración.
Ello así, es correcta la decisión de la Juez ya que las falencias en las que el Fiscal fundan su pedido de clausura, son idénticas a los fundamentos que tuvo en cuenta la Dirección General para la disposición de la interdicción dictada por dicho organismo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la medida de clausura preventiva en los términos del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
En efecto, el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo que habilita al Juez a imponer clausura preventiva debe ser prudentemente interpretado ya que la pretensión de aplicar lisa y llanamente la normativa en cuestión podría superponer el ejercicio de la
función judicial con la administrativa, con el riesgo de apartarse del objeto de la investigación que radica en la “violación de clausura” precisamente impuesta por la autoridad administrativa competente y arrogarse facultades que son propias del poder de policía que por mandato constitucional ejerce el ejecutivo.
Bajo este panorama, aspirar a que la clausura judicial sobrevenga a la administrativa para ejercer un control que no se efectúa en debida forma sobre la cautelar ya dispuesta, no sólo no resulta viable sino que no encuadra en ninguno de los extremos que requiere la normativa de aplicación en la especie.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de excepción por falta de acción (art. 195 , inc. b, CPPCABA).
En efecto, la Defensa plantea una excepción de falta de acción al considerar que la falta de resolución de los recursos de reconsideración y subsidiariamente jerárquicos interpuestos ante la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad contra la resolución que dictara la referida dependencia mediante la cual se impidió a sus defendidos ser considerados como beneficiarios de la Ley N° 3.396, representa una cuestión prejudicial que impide la prosecución de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal.
Al respecto, es dable mencionar –como bien sostiene el Magistrado de grado- que la tramitación de la referida vía administrativa, no impide el ejercicio de la acción penal por parte del acusador en los casos que se investiga la supuesta comisión de un delito de acción pública (art. 4 de CPPCABA).
En este sentido, acompañamos los argumentos del Representante del Ministerio Público Fiscal como del "A-quo" en cuanto a considerar que el silencio de la Administración se interpreta en forma negativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Asimismo, la propia Defensa manifestó que la Subsecretaría de Planeamiento les negó el ingreso a la lista de beneficiarios de la Ley N° 3.396, por tanto, ya la Administración se manifestó en forma contraria a sus pretensiones.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que dispuso declarar la nulidad del dictamen del Fiscal de Cámara que no convalidó el archivo dispuesto por su par de grado y de los actos que fueran su consecuencia.
En efecto, el debate se circunscribe a la validez jurídica de los mecanismos de control interno que elabora el Ministerio Público Fiscal y su relación con la regulación procesal del instituto del archivo (artículo 199 y concordantes del Código Procesal Penal).
El archivo dispuesto por el Fiscal no causa estado y no puede ser invocado como sustento del principio de la prohibición de la doble persecución penal.
El instituto en cuestión le permite a la víctima o al Agente Fiscal replantear la cuestión denunciada si se concreta alguna averiguación adicional que aporte nuevos elementos de prueba para el desarrollo del proceso.
Pretender trasladar los efectos de una decisión jurisdiccional a una resolución administrativa carecería de todo asidero y contradiría los postulados del sistema acusatorio.
Es decir que, pese al archivo dispuesto por el Fiscal, el caso no se encuentra cerrado definitiva e irrevocablemente, toda vez que no medió un pronunciamiento jurisdiccional que produzca dichos efectos.
Ello así, de acuerdo con el principio de unidad de actuación que guía el desempeño del Ministerio Público Fiscal (artículos 3 y 4 de la Ley N° 1903) resulta indiferente que la decisión de continuar la investigación sea tomada por el Fiscal de primera o de segunda instancia, en la medida en que legalmente nada obsta en sí para que ese temperamento sea adoptado.

En el caso, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de grado que impuso a la encausada una sanción de efectivo cumplimiento.
En efecto, la recurrente cuestiona la interpretación que realiza la Magistrada de grado del artículo 32 de la Ley N° 451 que considera tanto a las sanciones administrativas como judiciales en el concepto de primera condena.
Los argumentos esgrimidos constituyen un supuesto de violación de la ley previsto por el artículo 56 de la Ley N° 1217, pues el recurrente cuestiona la sanción impuesta por el judicante en base a una errónea interpretación de la norma en el caso que, a su criterio, permite la aplicación en suspenso. (En este mismo sentido: Causa Nº 9583-00-CC/12 “Perviu, Carlos Daniel s/ inf. art. 2.2.1 Ley 451 – Apelación”, rta. 27/08/12).

La “primera condena” a la que se refiere el artículo 32 de la Ley N° 451 se trata de aquella dictada en sede judicial y no la sanción impuesta en sede administrativa (causa N° 6152-00- CC/11 “Santagati, María Concepción s/infr. art. 4.1.1.2 – L451, Apelación-“, rta.
09/08/11, entre otras).
La norma prevista en el artículo 31 de la Ley N° 451 -al disponer la elevación de la sanción en los casos en que el imputado cometa la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días distingue expresamente entre la sanción firme en sede administrativa y la judicial, circunstancia que al no verificarse en el artículo 32 del mismo cuerpo normativo fortalece la interpretación esbozada relativa a que la “primera condena” es la dictada en sede judicial.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto condenó a la infractora al pago de una multa de efectivo cumplimiento por registrar la imputada un antecedente sancionatorio en sede administrativa.
En efecto, la cuestión a dilucidar es la interpretación que debe realizarse del artículo 32 de la Ley N° 451 en cuanto a si la expresión “primera condena” allí contenida alude a la sanción administrativa y/o judicial, pues la Juez de grado consideró que se refiere a ambos y, en base a las sanciones administrativas con las que la infractora cuenta, rechazó la suspensión del cumplimiento de la pena impuesta.
La Sala ha afirmado en numerosos precedentes que de la lectura del referido artículo surge que no resulta una imposición legal para el Juez dejar en suspenso el cumplimiento de la sanción sino que la ley lo faculta a hacerlo si se encuentran reunidas las condiciones allí establecidas, pero siempre teniendo en cuenta los criterios especificados en el artículo 28 de la Ley Nº 451, que establece pautas para aplicar las penas por infracciones a dicha norma (Causa Nº 5874-00-00/2012 “Hofman, Rita Elsa s/infr. art. 3.1.3 Carteles o marquesinas- L 451”- Apelación”, rta. el 10/8/2012; entre otras).
Si el artículo 31 de la Ley N° 451 toma en cuenta, tanto la condena en sede administrativa como en la judicial, dictada dentro de los 365 días anteriores a los fines de elevar la pena por el hecho posterior, en caso de comisión de la misma falta, parece razonable interpretar que ambas son, también, las que impiden el cumplimiento en suspenso, no sólo porque ello surge del propio texto legal cuando se refiere a “primera condena” (artículo 32 de la ley citada), sino porque no se advierten motivos para computar la sanción administrativa anterior para graduar la pena (elevarla) y no hacerlo para establecer su modalidad de cumplimiento (en este mismo sentido: Causa Nº 8707-00-CC/11 “Stolovitsky Colb, Bruno César s/ infr. art. 2.1.1 - L 451 – Apelación”, rta. 05/09/11).
Ello así, siempre que los fundamentos que lleven a imponer una multa de efectivo cumplimiento, y no una sanción en suspenso, sean racionales, no es posible afirmar que se han vulnerado las pautas legales aplicables. (Del voto en disidencia de la Dra. Marum)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad del acta de comprobación y condenó al infractor.
La Juez de grado consideró que la base de imputación fáctica resultaba congruente si bien la misma fue rectificada por disposición administrativa.
En efecto, la imputación plasmada en el acta de comprobación es congruente con la que consta en la resolución definitiva de la Controladora Administrativa permitiendo el efectivo ejercicio de defensa del imputado.
Ello así, corresponde confirmar el rechazo al planteo de nulidad intentado por la Defensa toda vez que la imputación por la cual las actuaciones llegaron a la instancia judicial ha sido siempre la misma.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que no hizo lugar a la mediación solicitada por la Defensa y convocar a las partes a una audiencia a tales efectos.
El Fiscal consideró que no resultaba viable la aplicación del instituto como método alternativo de resolución del conflicto en virtud de la temática de violencia de género del caso concreto y la evaluación de riesgo alto efectuada por la Oficina de Violencia Doméstica.
Sin embargo, el imputado solicitó la celebración de una audiencia de mediación en la primera oportunidad que ha tenido la cual fue convocada y luego dejada sin efecto por el Fiscal ante el dictado de la Resolución de la Fiscalía General N° 210/2015 por la que se dispuso no derivar a mediación causas de violencia de género.
En oportunidad de convocarse a la audiencia, la resolución invocada ya se encontraba vigente y también se contaba con la evaluación re riesgo efectuada por la Oficina de Violencia Domestica.
Ello así, los argumentos en los que se basó el Fiscal para el rechazo a la convocatoria que motiva la resolución cuestionada estaban presentes al momento de aceptar la mediación, por lo que no son suficientes para fundamentar la posterior oposición que se cuestiona. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la inexistencia de la notificación de la resolución practicada en el legajo administrativo y de todo lo actuado en consecuencia y declaró improcedente la emisión de certificado de deuda.
La mandataria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió toda vez que, a su criterio, la notificación efectuada a un domicilio erróneo es nula, pero no es un acto inexistente.
En efecto, asiste razón a la Jueza de grado cuando sostiene que la cédula de notificación cuestionada no ha logrado la finalidad para la cual fuera librada, esto es, notificar a la parte demandada de la resolución dictada en sede administrativa.
Esta situación no importa una nulidad sino un acto inexistente, en tanto falta el acto necesario para dar por finiquitada la vía administrativa.
La consecuencia que trae aparejada la inexistencia de notificación es que la resolución dictada en el legajo administrativo no pueda ser dotada con la calidad de cosa juzgada; por ende no es procedente la emisión del certificado de deuda.
Ello así, la cédula diligenciada a un domicilio extraño a la demandada, resulta ser un acto inexistente y así corresponde declararlo, al igual que todos los que son su necesaria consecuencia.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de excepción de prescripción opuesto en la presente ejecución de multa determinada por controlador.
En efecto, desde que se labró el acta de infracción han operado dos hitos interruptivos de la prescripción a saber, la citación fehaciente para comparecer al procedimiento de faltas y la resolución condenatoria en sede administrativa.
Ello así, una vez firme la resolución administrativa corresponde que comience a computarse el plazo de prescripción de la sanción, lo que no se ha verificado en autos.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que condenó al imputado por la infracción consistente en no contar con certificado de fumigación.
La Defensa sostuvo que no correspondía que la encausada deba tener el certificado de fumigación atento la actividad que desarrollaba (lavadero).
Sin embargo, en la disposición 705/DGCONT/2015 establece la obligatoriedad para consorcistas, representantes y/o administradores del Consorcio de Propiedad Horizontal, establecimientos públicos y privados, de contar con el Certificado de Desinfección y Desinfestación (CEDyT) en forma mensual.
Ello así, la normativa imperante en la materia abarca a todos los inmuebles y establecimientos, de donde se sigue que el encausado debía contar y exhibir el certificado en ocasión de la inspección que acreditara haber realizado las tareas de desinsectación y desinfestación.

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de grado que dispuso la ejecución fiscal de la multa y en consecuencia ordenar el juzgamiento jurisdiccional de la sanción administrativa impuesta por un Controlador Administrativo de Faltas y confirmada por la Junta de Faltas (artículo 23 de la Ley 1217).
De la lectura de las constancias de la causa surge que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió ejecución fiscal contra una firma infractora, por el cobro de una suma de pesos, cuyo pago fue impuesto por la autoridad competente, mediante resolución administrativa. El representante legal de dicha empresa, planteó excepción de inhabilidad de título, por considerar que el mismo surgía de una sentencia que aún no se encontraba firme, motivo por el cual no estaba en condiciones de ser ejecutoriada.
En efecto, un titulo ejecutivo emitido en estas condiciones, es inhábil. Las actuaciones administrativas en las que se basó la Junta de Faltas y el Controlador para emitir el certificado de deuda que se pretende ejecutar, tienen conforme el artículo 25 de la Ley N° 1.217, el valor de mero antecedente administrativo, a los efectos del juzgamiento, pero no permiten expedir la certificación de una deuda que, hasta tanto se expida la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, cuya intervención se requirió oportunamente, no se encuentra firme y no es exigible.
En este sentido, la interpretación literal del artículo 13 de la Ley Nº 5074 obliga a oblar previamente las multas, no para acceder al control judicial, sino para recurrir, es decir, para obtener la revisión de una decisión jurisdiccional por otro tribunal. (Voto en disidencia parcial del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la decisión de la Junta de Faltas, en cuanto exigió a la empresa infractora el pago previo del total de la multa impuesta por Controlador, a fin de poder obtener la revisión judicial de la sanción administrativa (con fundamento, en el artículo 13 de la Ley Nº 4.074) y disponer la tramitación del pase de las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.
En efecto, el control amplio y suficiente para consagrar la legitimidad de los Tribunales administrativos se vería obstruido si se considerase que es necesario pagar la sanción con carácter previo a obtener ese control judicial. En este sentido, no es necesario descalificar la norma bajo análisis (el artículo 13 de la Ley N° 5.074), pues existe una posibilidad interpretativa que la armoniza con el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional). Ello así, debe entenderse que el vocablo "recurso" utilizado en la norma mencionada, se refiere al recurso de apelación y no al pase de las actuaciones para su juzgamiento previsto en el artículo 24 de la Ley N° 1.217 que no constituye, en sí mismo, un recurso.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la decisión de la Junta de Faltas, en cuanto exigió a la empresa infractora el pago previo del total de la multa impuesta por Controlador, a fin de poder obtener la revisión judicial de la sanción administrativa y disponer la tramitación del pase de las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.
En efecto, debe considerarse que el pago de la multa que refiere el artículo 13 de la Ley N° 5.074, -para recurrir la resolución administrativa por la cual fue determinada-, solo es exigible para la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 56 de la Ley N° 1.217, más no así para acceder al control judicial. Ello así, la Administración en el modo que interpretó la norma, desconoció los principios constitucionales apuntados al impedir el acceso a la justicia exigiendo el pago de una sanción administrativa cuya revisión se persigue.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y declarar la extinguida la acción de faltas seguida contra el presunto infractor.
En efecto, no asiste razón al Juez de grado en cuanto sostiene que la notificación de la resolución administrativa que le hizo saber al infractor que debía efectuar el pago de la sanción impuesta o, en su defecto, podía solicitar el pase a esta justicia posea capacidad para interrumpir el cómputo de la prescripción solicitada ya que no se trata de una citación a comparecer al procedimiento, sino de una notificación de lo resuelto en la instancia administrativa, a partir de la cual el encausado podría solicitar el pase a la justicia Penal Contravencional y de Faltas.
En relación a la citación a comparecer al procedimiento administrativo, toda vez que no se encuentra agregada al expediente constancia alguna que permita determinar si la cédula habría sido diligenciada, no es posible tampoco interrumpir el cómputo en este hito; ello, independientemente de la copia que se haya agregada.
Si bien surge que el encausado concurrió a la audiencia prevista en los artículos 18 y 22 de la Ley N° 1217, lo cierto es que la ausencia de la notificación mencionada impide establecer si el presunto infractor compareció espontáneamente o a raíz de una intimación administrativa.
Ello así, atento la fecha del acta, el plazo de prescripción de la acción y ante la falta de hito interruptivo, la acción para perseguir la infracción presuntamente ocurrida ha fenecido.

En el caso, corresponde que continúe interviniendo en las presentes actuaciones el Juzgado con competencia especial en materia penal juvenil, que estuvo a cargo de las actuaciones cuando el imputado era menor de edad.
El Juez con competencia en lo penal juvenil dispuso declarar la incompetencia en razón de la materia por haber dispuesto, previamente, la inimputabilidad del encausado respecto de los hechos presuntamente ocurridos cuando era menor de edad, por lo que habiendo sido desvinculados aquellos hechos de la investigación, cesaban los motivos que generaban su competencia en tanto su Juzgado tenía asignada competencia especial en materia penal juvenil.
Por su parte, al recibir las actuaciones el nuevo Juez, este consideró que su predecesor resultaba competente para resolver la impugnación y continuar investigando los hechos ya que, con posterioridad a resolver la excepción de falta de acción de los hechos cometidos por el acusado siendo menor, en lugar de declararse incompetente, el Juez de grado había continuado ejerciendo su jurisdicción hasta la fecha de la audiencia cuya nulidad planteó la Defensa y que no ha sido resuelto.
Así las cosas, y si bien el Juez que previno tiene asignada competencia especial en materia penal juvenil por Resolución N° 93/2014 del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, no obstante, conserva su competencia originaria respecto de personas mayores de edad, conforme tal resolución, por lo que, aun en el caso de haber cesado los motivos que habilitaron la competencia especial asignada, corresponde que continúe con el trámite de las causas aun cuando haya concluido la materia especial que se le asignó.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad -mediante Resolución Plenaria N° 93/2014-, resolvió asignar competencia especial en materia penal juvenil a ciertos Juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas, otorgándoles una secretaría con personal especializado en el tema -aunque con una planta reducida-, a efectos de cumplir la normativa constitucional en la materia.
Dichas dependencias, únicamente poseen competencia en esa materia específica, no obstante lo cual conservan también su competencia originaria respecto de los mayores, y por esta razón continúan incorporadas al mecanismo de asignación de turnos (conforme Acordada 21/04 de la Cámara, apartado "c").
Se trata de una excepción al principio del "Juez Natural", basada en el principio de especialidad y con el objeto de resguardar claramente los derechos de los niños, niñas y jóvenes, motivo este por el cual el personal y los funcionarios que se desempeñan en las secretarías especiales, han sido capacitados al efecto y aplican a las investigaciones bajo su órbita la Ley local Nº 2.451, es decir, el Régimen Penal Juvenil.
Ello no obsta a que, aun cuando hayan cesado los motivos que habilitaron la competencia especial asignada y siendo que los juzgados en materia juvenil no solo cuentan con una secretaría más que los restantes, sino que al menos por el momento las causas ingresadas en esa materia no resultan demasiadas, corresponde que continúen con el trámite de las causas aun cuando haya concluido el motivo que generó su intervención originaria.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó a la firma infractora.
La sociedad encausada planteó la nulidad del acta de comprobación que dio inicio a las actuaciones por supuesto vicio intrínseco. Sostiene que del informe agregado en autos se desprende que el acto típico descripto por el inspector no coincide con la realidad, toda vez que se puede visualizar el cartel identificatorio que cumple con la norma supuestamente infringida (art. 2.1.25 Ley N° 451, Res. N° 1 -APRA-SSPLAN/08).
Ahora bien, conforme se desprende del legajo, en la fotografía glosada se aprecia la oblea identificatoria que el inspector asentó haber observado, donde el funcionario consigna los detalles de su revisión.
Sin embargo, la Jueza de grado -con acierto- ha manifestado que la oblea no reunía los requisitos exigidos por la Agencia de Protección Ambiental (Resolución N° 1 -APRA-SSPLAN/08).
En esa tesitura la A-Quo remarca que la referida resolución exige que en todo edificio donde se localice una antena de telecomunicaciones se debe informar, en un lugar visible, no solo la existencia de la antena, sino también debe brindar información acerca de su autorización, titular, características generales del uso y profesionales responsables intervinientes; recaudos que decididamente no reúne el permiso.
En consecuencia, la afirmación de la Defensa, respecto de que el cartel cumplir con la normativa, no logra revertir la acusación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto ordenó el secuestro del arma reglamentaria asignada al condenado en virtud de su trabajo.
En efecto, el artículo 26 de la Ley N° 26.485, en pos de resguardar la integridad física de la víctima y como medida de resguardo, faculta al Juez a "prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión".
La Resolución n° 1515/12 del Ministerio de Seguridad, ha instruido a las fuerzas de seguridad que dependen de ese organismo para que, en caso de adoptarse las medidas preventivas establecidas en el la Ley de Protección Integral para la Mujer o en el artículo 4° de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar N° 24.417, se tomen todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física y moral de la denunciante limitando la tenencia y portación del arma de dotación al lugar específico donde presta servicios, evitando su traslado fuera de la dependencia.
El Decreto 1866/83, reglamentario de la Ley N° 21965, que regula la actividad del personal de la Policía Federal Argentina, da cuenta de las circunstancias en las que resulta procedente que el personal policial sea privado de utilizar su armamento, análisis que resulta a todas luces acertado y ajustado a derecho.
Ello así, el argumento de la Defensa relativo a que la medida afecta el derecho del imputado a ejercer su trabajo ya que se desempeña como efectivo policial y debe utilizar su arma reglamentaria para sus labores debe ser rechazado. (Del voto en disidencia de la Dra. Elizabeth Marum)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no convalidar el archivo dispuesto por el Fiscal de grado.
Para así resolver, el A-Quo sostuvo que no se contaba en el caso con una pericia judicial, una determinación o constancia fehaciente que permitiera afirmar con un grado mínimo de certeza la convalidación del archivo, en los términos del artículo 199 inciso c) del Código Procesal Penal de la Ciudad en función del artículo 34 del Código Penal.
Ahora bien, con respecto a la faz jurídica de la cuestión, no pueden perderse de vista dos circunstancias sumamente relevantes en el caso de autos.
La primera es que el inciso c) del artículo 199 del Código Procesal Penal local específicamente dispone que "El/la autor/a sea inimputable o se encuentre amparado en alguna causa de justificación o exención de pena. Esta decisión deberá ser convalidada por el Juez.", con lo que se evidencia que la palabra final acerca de si debe disponerse o no el archivo por la causal allí listada es del Juez. Es decir, la resolución adoptada por el Magistrado de grado en las presentes está perfectamente fundada en derecho.
De la misma manera, no encuentro afectado el principio acusatorio, argumento esbozado por la Defensora Oficial en su libelo procesal. En estos términos, recuérdese que nuestro máximo Tribunal local ha tenido oportunidad de indicar que " ... la tutela del principio acusatorio no puede equivaler a la eliminación del control jurisdiccional respecto de los requerimientos del órgano acusador, siempre que dicho control no genere un desplazamiento de la función del fiscal. " (TSJ CABA, 22/4/15, "Espósito, R. A.", expte. Nº 10818/14, voto de la Dra. Ruiz, por la mayoría).
La segunda consiste en que si bien el Fiscal de grado propuso el archivo de las actuaciones, ello no fue convalidado por su superior jerárquico, el que procedió a desistir del recurso de apelación planteado por aquel contra la resolución aquí puesta en crisis.
De esta manera, por aplicación de los principios de unidad de actuación (art. 4 Ley 1.903) y organización jerárquica (art. 5 Ley 1.903) que rigen al Ministerio Público Fiscal, debe entenderse que en las presentes actuaciones el consentimiento de este último órgano para el archivo de las actuaciones no ha sido prestado.

La Resolución de Fiscalía General Nº 123/2016 sienta las bases para el nuevo Manual Operativo al que todas las Unidades Fiscales del fuero deberán responder, estableciendo el deber de identificar a través de la extracción de huellas dactiloscópicas a los presuntos contraventores –aun en casos no comprendidos por el artículo 36 bis de la Ley de Procedimiento Contravencional- a través de su Oficina de Identificación.
El fin de incorporar los antecedentes penales de un imputado en materia contravencional es el de contar con mayor información de la persona en cuestión, y así poder, en su rol de impulsor del proceso en los términos del sistema acusatorio que rige en el ámbito de esta ciudad, decidir sobre el curso de aquel (salidas alternativas, conciliación, pena, etc.).

La única “revisión” prevista respecto de las decisiones emanadas del Controlador, es la que contempla el artículo 8 "in fine" de la Ley de Procedimiento de Faltas y se agota con la decisión del Magistrado de grado, frente a la cual no existe recurso alguno.
La ley procedimental prevé, respecto de las resoluciones recaídas en el juzgamiento “judicial” de las infracciones, remedios impugnaticios dirigidos sólo a enervar la sentencia definitiva.
El recurso de apelación -artículo 56- designa sólo a éstas como objeto de la tramitación allí reglada; el de queja -artículo 58- procede “cuando el/la Juez/a deniegue el recurso de apelación o para el caso de retardo de justicia”; finalmente, el recurso de inaplicabilidad de ley -artículo 59-, “cuando la sentencia de una sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala…”.
Este escueto portal de acceso a la discusión de lo ya jurídicamente derivado y concluido carece, a diferencia del orden contravencional y del relacionado con las competencias penales del fuero, de una explícita remisión al Código Procesal Penal de la Nación o a otro cuerpo adjetivo que permita integrar lo allí no reglado.
Tal especial carácter del ordenamiento en observación conduce a concluir que ha sido voluntad manifiesta del Legislador la de exigir, a efectos de la procedencia de la vía recursiva, concretos requisitos y obviar las mentadas referencias normativas en su perfil de herramienta legal subsidiaria, pues, de haber meritado necesaria la conexión con el ceremonial nacional -o con algún otro, o aun diseñar otros aspectos del procedimiento- lo habría hecho.
La resolución del Controlador constituye un acto administrativo frente al cual el único “recurso” legalmente diseñado está conformado por el pedido de revisión a que hace referencia el artículo 8º de la Ley de Procedimiento de Faltas; que a efectos de expedirse sobre la “suficiencia” de este examen la doctrina y la jurisprudencia predican la exigibilidad mínima de una instancia formalmente judicial -en tanto la decisión de la Unidad Administrativa de Control de Faltas participa de aquella naturaleza-.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso no hacer lugar al planteo de aplicación de la ley más benigna formulado por la empresa sancionada en el marco de un proceso de ejecución de multa.
En efecto, si bien el artículo 3 de la Ley N°451 establece que cuando con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se adecua a la establecida por la nueva ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar, no resulta posible su aplicación en este proceso en el cual el Gobierno de la Ciudad ejecuta un certificado de deuda originado en un pronunciamiento firme.
Ello así, no corresponde en el marco de un procedimiento de ejecución, retrotraer la discusión para que se reexamine el proceso y la decisión administrativa que dieron origen a las actuaciones.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que desestimó la acción de “habeas corpus”.
La representante de una asociación civil funda la presente acción al sostener que la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC/20 del 19 de Abril del corriente año, supone una limitación ilegítima en ese derecho para una franja etaria (mayores de 70 años) de quienes habitan en esta jurisdicción, de modo que se adecua a los extremos precitados para motivar la intervención del Tribunal.
Al respecto, la resolución cuestionada, dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Salud de la Ciudad, instruye al personal del Gobierno local no afectado a reparticiones esenciales en el marco de la presente emergencia sanitaria, a brindar asistencia e información a las personas mayores de setenta (70) años –concientizar acerca de los riesgos de contagio, escuchar a las personas, identificar las necesidades que se planteen y brindar orientación y/o posterior derivación y resolución de esas necesidades- con el objeto de evitar situaciones que los expongan al riesgo de contagio y afectación del sistema de salud (cfr. art. 1 de la Resolución Conjunta).
Así las cosas, surge claramente que la resolución en cuestión no implica una agravación ilegítima de las condiciones en la que las personas de setenta (70) años o más años se encuentran cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Presidente de la Nación mediante el DNU N°297/20. En este sentido, debe repararse en que la norma “sub examine” no prevé ningún tipo de sanción. Lo que busca es evitar el abandono del domicilio -o lugar donde se esté cumpliendo con el aislamiento, social, preventivo y obligatorio- por situaciones que pueden ser resueltas en modo alternativo, sin necesidad de que las personas de setenta (70) años o más años se expongan innecesariamente al posible contagio del “COVID-19”.
A mayor abundamiento, resulta menester señalar que este tipo de medidas dictadas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio no pueden concebirse como una agravación ilegítima de las formas y condiciones en las que se cumple la privación de la libertad. Ello así, toda vez que la limitación a la libertad ambulatoria que pesa sobre todas las personas responde a la emergencia sanitaria por el “COVID- 19”, no constituye técnicamente una privación de la libertad sino una restricción a la libertad ambulatoria razonable y proporcional con los fines buscados por las medidas dispuestas por las autoridades nacionales y locales. Asimismo, la medida de aislamiento tiene por finalidad evitar los contagios masivos y la consecuente saturación del sistema de salud.
Por lo expuesto, consideramos que la acción de “habeas corpus” interpuesta no encuadra dentro de las causales previstas por la Ley N°23.098, motivo por el cual corresponde su rechazo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que desestimó la acción de “habeas corpus”.
La representante de una asociación civil funda la presente acción al sostener que la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC/20 del 19 de abril del corriente año supone una limitación ilegítima en ese derecho para una franja etaria (mayores de 70 años) de quienes habitan en esta jurisdicción, de modo que se adecua a los extremos precitados para motivar la intervención del Tribunal.
Ahora bien, la resolución cuestionada, dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Salud de la Ciudad, instruye al personal del Gobierno local no afectado a reparticiones esenciales en el marco de la presente emergencia sanitaria, a brindar asistencia e información a las personas mayores de setenta (70) años –concientizar acerca de los riesgos de contagio, escuchar a las personas, identificar las necesidades que se planteen y brindar orientación y/o posterior derivación y resolución de esas necesidades- con el objeto de evitar situaciones que los expongan al riesgo de contagio y afectación del sistema de salud (cfr. art. 1 de la Resolución Conjunta).
Puesto a resolver, cabe referir que la acción promovida por la peticionante se encuadra en el segundo de los supuestos del artículo 3° de la Ley N° 23.098.
No obstante, es oportuno anticipar que la accionante yerra en el planteo al no poder superar la contradicción que supone, por un lado, considerar válida o bien no cuestionar la restricción general de confinamiento obligatorio dispuesto para todos los habitantes de la República Argentina por el Poder Ejecutivo Nacional a través del “DNU” N° 297/2020, y por el otro sostener que la Resolución conjunta N° 16/MJGGC/20 “agrava ilegítimamente” las condiciones de “privación de libertad”. Básicamente, porque no existe privación de libertad factible de ser agravada.
La referencia al agravamiento de la restricción a la libertad de las personas mayores de 70 años impuesta por el decreto nacional, que critica pero no invalida, no alcanzan para disipar la contradicción. En rigor, su planteo encuadraría en las previsiones del inciso 1° del artículo 3 de la Ley N° 23.098, pero para ello debería objetar la disposición del Gobierno Nacional.
Por lo expuesto, considero que la acción de “habeas corpus” interpuesta por la accionante no encuadra dentro de las causales previstas por la Ley N° 23.098 y, por lo tanto, corresponde su rechazo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que desestimó la acción de “habeas corpus”.
La representante de una asociación civil funda la presente acción al sostener que la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC/20 del 19 de Abril del corriente año, supone una limitación ilegítima en ese derecho para una franja etaria (mayores de 70 años) de quienes habitan en esta jurisdicción, de modo que se adecua a los extremos precitados para motivar la intervención del Tribunal.
Ahora bien, la resolución cuestionada, dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Salud de la Ciudad, instruye al personal del Gobierno local no afectado a reparticiones esenciales en el marco de la presente emergencia sanitaria, a brindar asistencia e información a las personas mayores de setenta (70) años –concientizar acerca de los riesgos de contagio, escuchar a las personas, identificar las necesidades que se planteen y brindar orientación y/o posterior derivación y resolución de esas necesidades- con el objeto de evitar situaciones que los expongan al riesgo de contagio y afectación del sistema de salud (cfr. art. 1 de la Resolución Conjunta).
Sin embargo, no puede derivarse que la resolución analizada en autos pueda agravar ilegítimamente las condiciones de cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -DNU N°297/20- con relación a las personas de setenta (70) años o más años. Por el contrario, se fundamenta en la pretensión de profundizar la protección a un sector de nuestra sociedad que se presenta como más vulnerable ante la crisis sanitaria ocasionada por el “COVID-19”.
De modo tal que controvertir las facultades de las jurisdicciones locales para adoptar medidas complementarias para reforzar la consecución de los objetivos planteados por el “DNU” N° 297/2020, es simplemente desconocer lo establecido en el artículo 10 del mismo decreto que obliga a las autoridades locales a “dictar las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el art. 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los municipios, en ejercicio de sus competencias propias”.
Así, se impone todavía con mayor claridad que no pueden pensarse a estas medidas, que se dictan en un contexto como el planteado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como una agravación ilegítima de las formas y condiciones en las que se cumple la privación de la libertad -conforme el art. 3 inc.2 de la Ley N°23.098-.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que desestimó la acción de “habeas corpus”.
La representante de una asociación civil funda la presente acción al sostener que la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC/20 del 19 de Abril del corriente año, supone una limitación ilegítima en ese derecho para una franja etaria (mayores de 70 años) de quienes habitan en esta jurisdicción, de modo que se adecua a los extremos precitados para motivar la intervención del Tribunal. Para fundamentar su petición acompañó junto a su presentación un informe elaborado por profesionales de la salud del cual destacó que “Un adulto mayor de 70 años que es privado de su libertad y su derecho a decidir sobre sus actos al que se lo coloca en el mismo plano de los ´Menores e Incapaces´, queda en un lugar de minusvalía que en muchos casos puede desencadenar disminución de la autoestima, ansiedad, depresión, o en el mejor de los casos en situación de stress psíquico displacentero, toda vez que con la excusa de protegerlos se los aísla y se los deja a expensas de la voluntad de desconocidos cuyo profesionalismo y preparación ignoramos”.
Sin embargo, desconocer que las consecuencias letales del “COVID-19” no son iguales para todas las personas, y que justamente la edad es esencial para establecer distinciones en cuanto a las medidas de protección, es partir de una premisa falsa que provoca una decisión errónea.
Adviértase que, siguiendo el criterio de la presentante -quien no cuestiona la pertinencia del DNU N° 297/2020 para prevenir las consecuencias trágicas de la pandemia-, existe otra franja etaria mucho más afectada en su derecho de circular libremente, ya que, a diferencia de los adultos mayores de 70 años, se los cercena en beneficio ajeno.
Es el caso de los menores de edad, que son confinados sin excepción y privados de asistir a los colegios o tener contacto con sus pares, entre otras restricciones, no ya para su propia protección sino para la de los adultos mayores –en favor de los cuales se presenta esta acción-, por el simple hecho de constituir posibles focos de contagio como portadores asintomáticos del virus.
Semejante restricción no encuentra crítica, por el contrario, se la justifica en función del objetivo superior de reducir las infecciones, “aplanar la curva” de contagios y no saturar o desbordar el sistema de salud que sería mayoritariamente requerido por los adultos mayores. Adultos mayores que, al decir de la presentación, quedan “en el mismo plano de los menores o incapaces”. Curiosamente, pareciera exactamente lo contrario, como se señalara en el párrafo anterior.
Por tales motivos, considero que la acción de “habeas corpus” interpuesta por la accionante no encuadra dentro de las causales previstas por la Ley N° 23.098 y, por lo tanto, corresponde su rechazo.

En el caso, corresponde que siga interviniendo en las presentes actuaciones el Juzgado de turno el día de los hechos.
Conforme las constancias en autos, la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad dio inicio a las actuaciones sumariales, destinadas a la prevención relativa a las disposiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad mediante la Resolución N° RESFC2020-15-GCBA-MJGGC, la que dispone -en lo que aquí interesa- la prohibición de la comercialización en el ámbito de la Ciudad de los barbijos "N95" a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio (art. 4°).
Así, un agente de prevención, tras navegar en internet, advirtió que un comercio de esta Ciudad ofrecía para la venta al por mayor, barbijos "N95", brindado como contacto un número de “Whatsapp”, lo que motivó que el Fiscal de grado fijara el decreto de determinación de los hechos a los fines de investigar el ilícito denunciado y solicitó una medida de allanamiento al inmueble.
Recibidas las actuaciones en sede jurisdiccional, el Magistrado de grado entendió que no le correspondía su intervención toda vez que las actuaciones tuvieron origen el día en que se tomó conocimiento de la infracción (16/04/2020), por lo que remitió el expediente a su par de grado, quien se encontraba de turno en la jurisdicción correspondiente el día que se tomó conocimientos de los hechos.
Por su parte, este último Magistrado, al recibir las actuaciones, rechazó la competencia y devolvió el expediente por considerar que la presente causa se inició el día en que comenzó a regir la resolución administrativa en cuestión (15/04/2020).
Puesto a resolver la contienda de competencia suscitada, asiste razón al Juez que previno, en tanto específicamente para esta causa las reseñadas fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que constituyen la “notitia criminis” y no la disposición general de investigación que podría dar distintos resultados en el ámbito de esta Ciudad. Lo contrario, nos haría pensar en la hipotética situación que en todas las infracciones al artículo 4° de la Resolución N° RESFC2020-15-GCBA-MJGGC que ocurran en el futuro, resultarán competentes aquellos juzgados que se encontraban de turno el día en que comenzó a tener vigencia (15/04/2020), reitero, en el marco de una orden general de pesquisa sin ningún otro elemento de precisión o, como consecuencia, una eventual concentración de procesos, lo que se debe evitar.
En base a lo expuesto, es que corresponde que siga interviniendo en los presentes actuados el Juzgado que se encontraba de turno el día 16/04/2020.

En el caso, corresponde confirmar las medidas adoptadas por el Magistrado de grado; ello en el marco de la Resolución Nº 19/CM/2019 y siempre y cuando a través de su implementación no se desnaturalicen los objetivos fijados en aquella, tal como surge de las aclaraciones efectuadas por el "a quo", lo cual implica la posibilidad para las partes de reemplazar las notificaciones en soporte papel y cursarlas por correo electrónico en el caso de que así lo decidan.
Contra lo establecido, la parte actora argumentó que, mediante lo allí dispuesto, se pretendió aplicar una norma que aún no había entrado en vigencia, esto es, la Resolución Nº 19/CM/2019. Señaló que del artículo 3º de dicha resolución surge que la vigencia de lo atinente al “portal de notificaciones” se encuentra diferida y que el dictado de las resoluciones necesarias a tal fin fue delegado en la Presidencia del Consejo de la Magistratura quien lo hará de manera progresiva.
Sin embargo, se advierte que lo decidido por el Magistrado de grado, no pretendió otorgar operatividad a la Resolución Nº 19/CM/2019, sino que se enmarcó dentro de los deberes que, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso, Administrativo y Tributario, le corresponden como director del proceso (artículo 27, inciso. 5º, punto e) lo cual, a su vez, constituye una manifestación de sus facultades ordenatorias e instructorias (artículo 29, inciso 5º, punto e).

En el caso, corresponde corresponde confirmar las medidas adoptadas por el Magistrado de grado; ello en el marco de la Resolución Nº 19/CM/2019 y siempre y cuando a través de su implementación no se desnaturalicen los objetivos fijados en aquella, tal como surge de las aclaraciones efectuadas por el "a quo", lo cual implica la posibilidad para las partes de reemplazar las notificaciones en soporte papel y cursarlas por correo electrónico en el caso de que así lo decidan.
Contra lo establecido, la parte actora argumentó que, mediante lo allí dispuesto, se pretendió aplicar una norma que aún no había entrado en vigencia, esto es la Resolución Nº 19/CM/2019. Señaló que del artículo 3º de dicha resolución surge que la vigencia de lo atinente al “portal de notificaciones” se encuentra diferida y que el dictado de las resoluciones necesarias a tal fin fue delegado en la Presidencia del Consejo de la Magistratura quien lo hará de manera progresiva.
Así las cosas, no se observa que la decisión adoptada configure la aplicación de una norma que aun no se encuentra vigente ni traduzca en un exceso de sus facultades.
Por el contrario, se advierte que tal medida, en cuanto pretende agilizar las notificaciones, se enmarca en la necesidad de evitar demoras en el trámite de los expedientes y favorecer, de tal modo, los principios de celeridad y economía procesal, que deben guiar la actuación de los tribunales.
Aunado a lo anterior, cabe considerar la importancia que su implementación reviste a fin de colaborar con el mejoramiento del medio ambiente, cuya preservación reviste particular interés (artículos 41 de la Constitución Nacional y 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.).

En el caso, corresponde corresponde confirmar las medidas adoptadas por el Magistrado de grado; ello en el marco de la Resolución Nº 19/CM/2019 y siempre y cuando a través de su implementación no se desnaturalicen los objetivos fijados en aquella, tal como surge de las aclaraciones efectuadas por el "a quo", lo cual implica la posibilidad para las partes de reemplazar las notificaciones en soporte papel y cursarlas por correo electrónico en el caso de que así lo decidan.
En efecto, no puede soslayarse el sentido práctico que justifica la adopción de decisiones como la involucrada, tendientes a proporcionar un adecuado servicio de justicia, cuya utilidad se verifica, por ejemplo, en circunstancias como las suscitadas como consecuencia de las medidas adoptadas ante la pandemia originada por el virus COVID-19.
En tal sentido, además, se orientan las directrices que surgen de las Resoluciones N° 58/CM/2020, N° 59/CM/2020, N° 63/CM/2020, N° 65/CM/2020 y N° 68/CM/2020, dictadas recientemente por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y del mismo modo, la mecánica de notificación electrónica establecida a partir de los términos de las resoluciones de Presidencia N° 359/20 y N° 381/20.
Por lo demás, contrariamente a lo sostenido por el apelante, dichas medidas, dirigidas a garantizar el desarrollo expeditivo de los expedientes judiciales a partir de la posibilidad de cursar las notificaciones por correo electrónico, se condicen con los lineamientos fijados en la norma que rige el trámite de las acciones de amparo, en particular, en cuanto allí se prevé que aquella es expedita y rápida (Ley Nº 2.145).

En el caso, corresponde corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación intentado en la presente acción de amparo, debiéndose realizar las diligencias procesales de acuerdo a la normativa vigente y la posibilidad efectiva de implementarla.
En efecto, con independencia de la importancia del ejercicio de las facultades ordenatorias e instructorias que corresponden a los magistrados como directores del proceso (cfr. arts. 27 y 29 del CCAyT), se advierte en el caso que, al momento en que el Juez adoptó la decisión que motiva la intervención de esta Alzada, la implementación de los aspectos de la Resolución Nº 19/CM/2019 vinculados a las notificaciones electrónicas (anexo I, capítulo V) no estaban vigentes, sino que se encontraban diferidas a que la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad dictase las resoluciones necesarias para su plena vigencia, situación que no había ocurrido al momento de que el "a quo" dispuso que la medida cautelar y el traslado de la demanda fueran notificadas en forma electrónica.
De tal modo, se observa que la decisión, motivo de agravio, excedió, en ese contexto, los términos de la Resolución Nº 19/CM/2019 al involucrar aspectos que no se encontraban operativos y que, incluso, tampoco configuraban una realidad tangible en el fuero. Máxime si tenemos en cuenta que recién por Resolución de la Presidencia del Consejo de la Magistratura Nº 381 del día 27 de abril de 2020 se dispuso el uso obligatorio del domicilio electrónico a los Ministerios Públicos, en tanto el día 6 de abril de este año se suscribió el Acta Acuerdo Complementaria Nº VI sobre interoperabilidad de los sistemas informáticos.
No obstante lo antedicho, del memorial de agravios de la actora, no se desprende que se haya visto impedida de proseguir con el trámite normal del expediente; en efecto, de la compulsa en el sistema digital se observa que pese al dictado del auto en cuestión, la actora presentó una cédula de notificación en formato papel, siendo aquella diligenciada en las condiciones habituales de trámite. (Del voto en disidencia de la Dra. Fabiana Schafrik)

En el caso, corresponde corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación intentado en la presente acción de amparo, debiéndose realizar las diligencias procesales de acuerdo a la normativa vigente y la posibilidad efectiva de implementarla.
En efecto, no es posible soslayar la situación de emergencia sanitaria suscitada como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19 y las modificaciones que, en consecuencia, ha provocado en el modo de trabajo de los tribunales; sin embargo, el traspaso al expediente digital pleno y el tratamiento remoto de todas las cuestiones que involucra, al día de hoy, no ha finalizado.
En efecto, los actos administrativos tendientes a implicar efectivamente a los Ministerios Públicos en el proceso de aceleración al expediente digital son del mes de abril de este año.
Al día de hoy, aún habiéndose iniciado efectivamente la notificación electrónica en el mes de mayo de las causas en trámite al Ministerio Público, no se encuentran totalmente disponibles el tratamiento digital completo de todas las actuaciones que involucran al fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo.
No obstante lo antedicho, del memorial de agravios de la actora, no se desprende que se haya visto impedida de proseguir con el trámite normal del expediente; en efecto, de la compulsa en el sistema digital se observa que pese al dictado del auto en cuestión, la actora presentó una cédula de notificación en formato papel, siendo aquella diligenciada en las condiciones habituales de trámite. (Del voto en disidencia de la Dra. Fabiana Schafrik)

En el caso corresponde, hacer lugar al recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y revocar la sentencia de grado.
La sentencia recurrida ordenaba al GCBA a eximir del pago del impuesto sobre ingresos brutos (en adelante ISIB) a la empresa accionante, toda vez que ésta desarollaba una actividad industrial amparada en el Pacto Federal para la Producción y el Empleo. Contra dicha resolución se agravió la empresa recurrente considerando que el tiempo transcurrido desde que solicitó la exención hasta que la administración se expidió mediante la resolución denegatoria, denota una clara falta de diligencia por parte del GCBA y que dicha circunstancia afectó su derecho de defensa, propiedad, la razonabilidad y confianza legítima. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640).Asimismo, el Máximo Tribunal sostuvo, que “el ‘plazo razonable’ de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, Constituye, entonces,una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística y determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Por ello,ante la ausencia de pautas temporales indicativas de una duración razonable, tanto laCorte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento” (CSJN, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA Resol. 169/05 (EXP. 105666/86 SUM FIN 708)”, del 26/06/2012, Fallos 335:1126). Es decir, la CSJN estableció que la garantía de plazo razonable aludido en el inciso 1º del artículo 8 de la CADH es exigible en todos los procesos. De esta manera, estableció como pauta interpretativa para todos los jueces y órganos administrativos que ejerciesen funciones materialmente jurisdiccionales la aplicación de este principio. En este sentido, cabe señalar que de acuerdo a las constancias de autos no se ha demostrado que la duración del trámite administrativo haya provocado un perjuicio en el efectivo ejercicio del derecho de defensa, de tutela judicial efectiva, así como tampoco que dicha situación resulte suficiente para suplir los requisitos que establece la norma para acceder a la exención tributaria pretendida. En consecuencia,corresponde rechazar el presente planteo.

En el caso corresponde, hacer lugar al recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y revocar la sentencia de grado. La sentencia recurrida ordenaba al GCBA a eximir del pago del impuesto sobre ingresos brutos (en adelante ISIB) a la empresa accionante, toda vez que ésta desarollaba una actividad industrial amparada en el Pacto Federal para la Producción y el Empleo. Contra dicha resolución se agravió la empresa recurrente considerando que el tiempo transcurrido desde que solicitó la exención hasta que la administración se expidió mediante la resolución denegatoria, denota una clara falta de diligencia por parte del GCBA y que dicha circunstancia afectó su derecho de defensa, propiedad, la razonabilidad y confianza legítima. Ahora bien, a pesar del esfuerzo argumentativo que evidencia la parte en el desarrollo del punto, lo cierto es que no se advierte el modo en que una eventual demora de la Administración pudiera válidamente suplir los requisitos que exigía la norma para acceder a la exención del pago del ISIB Sobre esa base, y teniendo en consideración que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean “conducentes” para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 Código Contencioso Administrativo yTributario y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros), es que no cabe más que desestimar los argumentos ensayados al respecto, toda vez que aquéllos no logran demostrar que esa situación resulte suficiente para suplir la omisión antes apuntada. En consecuencia,corresponde rechazar el presente planteo. (Del voto por sus fundamentos de la Dra. Mariana Díaz)

En el caso corresponde, hacer lugar al recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y revocar la sentencia de grado.
La sentencia recurrida ordenaba al GCBA a eximir del pago del impuesto sobre ingresos brutos (en adelante ISIB) a la empresa accionante, toda vez que ésta desarollaba una actividad industrial amparada en el Pacto Federal para la Producción y el Empleo. Contra dicha resolución se agravió la empresa recurrente considerando que no existió un elemento objetivo en tanto no correspondía el pago del impuesto por considerarse un sujeto exento, asimismo se refierió a la inexistencia de un elemento subjetivo en atención de que no hubo de su parte intención de omitir el pago del impuesto.
Ahora bien, la presunta inexistencia del elemento objetivo no constituye una defensa atendible, en tanto, como ya se explicó, la omisión fiscal ha sido acreditada y el único argumento para cuestionar la determinación de oficio se relacionó con la exención prevista en el Pacto.
En lo que respecta a la inexistencia del elemento subjetivo, la CSJN ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente” (cfr, “Buombicci, Neli A.” LL, 1994-A, 342). Y agregó que “si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede encuadrarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (Fallos: 278:266)” (Fallos: 316:1190). Puede concluirse que para imponer una sanción en virtud de una infracción, la Administración debe probar, que el presunto infractor es culpable (subjetividad), salvo excepciones legales expresas (conf. Sala I “Valot SA c/AGIP-DGR s/impugnación de actos administrativos”, expediente Nº41298/2011-0, voto del Dr.Balbín, cuyas consideraciones hice propias, sentencia del 16 de agosto de 2018).En autos se encuentra acreditada la falta impositiva reprochable al actor y su negligencia o culpabilidad en tanto, la exención invocada encuentra un obstáculo insalvable en la existencia de deuda previa a su solicitud, requisito que se encuentra expresamente previsto en la ley local y cuya inconstitucionalidad no resulta atendible.A su vez, luego de dictado el acto pertinente y acreditada la materialidad de la infracción en virtud de la existencia de un elemento objetivo y subjetivo, es el actor quien debiera probar su diligencia con el propósito de desterrar su culpabilidad o negligencia como antecedente del acto sancionador; extremo que tampoco ha sido acreditado.En consecuencia,corresponde rechazar el presente planteo. (Del voto de la Dra. Mariana Díaz)

En el caso corresponde, hacer lugar al recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y revocar la sentencia de grado.
La sentencia recurrida ordenaba al GCBA a eximir del pago del impuesto sobre ingresos brutos (en adelante ISIB) a la empresa accionante, toda vez que ésta desarollaba una actividad industrial amparada en el Pacto Federal para la Producción y el Empleo. Contra dicha resolución se agravió la empresa recurrente considerando que existió un error excusable de su parte.
En lo que respecta a la existencia de error excusable, la Corte Suprema tiene dicho que “quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta” (conf. “Morixe Hnos.”, 20/8/96, consid. 7º del voto de los jueces Nazareno, Fayt y Vázquez). En igual sentido, la doctrina entiende que “el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede condenar” (Giuliani Fonrouge, Carlos M.;Navarrine, Susana C., “Procedimiento Tributario”, Ed. Depalma, p. 300). En relación con la prueba del error excusable, se ha dicho que “...la invocación de tal circunstancia exige la apreciación de cada caso particular y, el juzgador debe apreciar las características del caso, la conducta del infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo” (Giuliani Fonrouge, Carlos M.;Navarrine, Susana C., ob. cit., p. 300). Por su parte, la Corte Suprema, en el fallo citado, sostuvo que el contribuyente que invoca el error excusable debe acreditarlo de modo fehaciente. En idéntico sentido, se pronuncian las distintas salas del Tribunal Fiscal de la Nación (entreotras sentencias, sala B, 15/12/2008, “Fexa S.R.L.”, La Ley Online AR/JUR/26576/2008; sala A, 7/11/2008, “Televisora del Oeste S.A.”, La Ley Online AR/JUR/25997/2008). Ahora bien, al momento de identificar el error excusable la actora destacó que concurrieron numerosas circunstancias que posibilitan la exculpación de su mandante (cfr. fs. 23 vta. expte. Nº12847/0). Sin embargo, más allá de la generalidad del planteo, el actor no explica por qué pudo razonablemente creer que el requisito sobre la inexistencia de deuda para acceder a la exención no le era aplicable, cuando así lo preveía expresamente la norma. En atención a ello, y de conformidad con los argumentos desarrollados en el presente considerando, entiendo que los fundamentos expuestos por la actora no logran acreditar de manera concreta y fehaciente la configuración de un error excusable.
Del voto de la Dra. Mariana Díaz)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso establecer un cronograma para el traslado a unidades penitenciarias de personas que se encuentran privadas de su libertad en distintas dependencias policias y judiciales de la Ciudad.
Se agravia el recurrente de lo resuelto por la Jueza de grado en cuanto dispuso, ante la acción de "habeas corpus" colectivo y correctivo presentada por el Ministerio Público de la Defensa en favor de las personas privadas de su libertad en flagrancia a disposición del Poder Judicial de la Ciudad, aprobar un cronograma de ingresos semanales a unidades penitenciarias, que deben generarse en el sistema penitenciario federal, permitiendo el traslado de personas privadas de su libertad, las cuales se encuentran en la actualidad detenidas en distintas dependencias policiales en condiciones de hacinamiento.
Así, el aquí apelante sostuvo que la aprobación del cronograma de traslados dispuesto por la A-Quo escapa a todas luces de las previsiones, manifestaciones y conclusiones que venían elaborándose a partir de la creación de la "Mesa de Aproximación de los Actores del Sistema" para coordinar el ingreso de los detenidos, ya que si la Mesa fue creada precisamente para realizar acciones coordinadas, la medida adoptada de forma sorpresiva por la Magistrada en nada se corresponde con las posibilidades actuales del Servicio Penitenciario Federal de proceder a su cumplimiento.
Ahora bien, este Tribunal no desconoce las complejidades impuestas a todo nivel por la actual pandemia, de la cual este Poder Judicial no resulta ajeno, y tampoco soslaya la vigencia e implicancias de la emergencia en materia penitenciaria dispuesta el 25 de marzo de 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (RESOL-2019-184-APN-MJ).
No obstante, tales circunstancias no pueden justificar por sí solas la imposibilidad de dar respuesta a la grave situación en la que se encuentran las personas detenidas en las Alcaidías y Comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben ser trasladadas a alguno de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
En este sentido, la Ley N° 20.416 en su artículo 1° establece que “El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor”.
Asimismo, cabe destacar que se encuentra vigente el Convenio N° 13/04 -"Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"-, en el cual se ha establecido, en lo pertinente, que el Servicio Penitenciario Federal prestará a la Ciudad, hasta tanto ésta se encuentre en condiciones económicas y técnicas para habilitar sus propios establecimientos carcelarios o penitenciarios, el servicio de tratamiento de condenados y de guarda, custodia y traslado de procesados, cuyo juzgamiento esté a cargo de jueces con competencia penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, no cabe duda en cuanto a que normativamente el Servicio Penitenciario Federal debe recibir y alojar a todas aquellas personas detenidas virtud de prisión preventiva o condena.
Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal no desconoce que el Servicio Penitenciario Federal debe dar cumplimiento con otras resoluciones judiciales. No obstante, ello no puede erigirse en un obstáculo para ejecutar una resolución firme y cuya inobservancia implica no sólo incumplir tal decisión y su obligación legal -Ley 20.416 y Convenio 13/2004-, sino antes bien, someter a las personas detenidas en las Alcaidías y Comisarías de la Ciudad a una situación de detención ilegal e inhumana.

La Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 señala que la actuación conjunta o alternativa de los señores Asesores de la primera y segunda instancia (que habilita el artículo 49, inciso 5° de la Ley N° 1.903 –t.c. 2018- ), cuando no cuente con la autorización previa de la Asesoría General Tutelar, importa una alteración de las competencias legales que podría derivar en la posible invalidez de los actos procesales realizados, a los que califica de irregulares (considerando 9 y 10).
De ello se desprende, por un lado, que sólo la habilitación de la Asesoría General Tutelar evitaría cualquier posible nulidad de las tareas desarrolladas de modo conjunto o alternativo por los magistrados del Ministerio Público Tutelar de distintas o iguales jerarquías; y, por el otro, que mientras dicha habilitación no sea concedida, cada integrante del Ministerio Público Tutelar debe ejercer sus funciones en la instancia en la que ha sido designado: los asesores de primer grado, ante la primera instancia; y los asesores de segundo grado, ante la Cámara.

La Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 establece un “criterio general de actuación” dirigido a los Asesores Tutelares de primera y segunda instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, es decir, un procedimiento que dichos funcionarios deben respetar y que ha sido adoptado por la señora Asesora General Tutelar con base en la facultad prevista en el artículo 49, inciso 5° de la Ley N° 1.903.
Es dable recordar que, como definición, los criterios generales de actuación son normas de organización interna que deben establecer pautas de trabajo homogéneas y generales dispuestas por los titulares de cada rama del Ministerio Público (dentro de sus respectivos ámbitos) como manifestación de sus facultades de gobierno y administración y no puede significar una instrucción particular sobre una causa judicial.
Por eso, es razonable afirmar que tales criterios necesaria y sustancialmente están vinculados con el principio de unidad de actuación que los rige internamente.
Más aún, en teoría, puede decirse que aquellos persiguen la eficiencia y eficacia en el ejercicio de las tareas, tendientes a asegurar la prestación de un adecuado servicio de justicia; respecto de los grupos asistidos por el Ministerio Público Tutelar (que, cabe agregar, constituyen grupos reconocidamente vulnerables, a saber: menores y personas con discapacidad).

Los criterios generales de actuación no pueden contradecir, coartar, restringir o entorpecer “…la misión de cada integrante del Ministerio Público de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad” (artículo 5°, Ley N° 1.903, t.c. 2018); en particular, en el caso del Ministerio Público Tutelar, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como el de las personas con padecimientos mentales.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, de la literalidad de los considerandos y del inciso h) del artículo 1° de la Resolución impugnada, se desprende que ésta limitó la actuación de los Asesores Tutelares de Cámara exclusivamente a su actividad extrajudicial ante la segunda instancia y solo en la medida que sea necesario –según el criterio discrecional de la titular del Ministerio Público Tutelar- podría dicha funcionaria habilitar su intervención extrajudicial en otras circunstancias.
Según la resolución aludida, un proceder diferente conduciría a una eventual irregularidad como consecuencia de la alteración de las facultades extrajudiciales asignadas a los señores asesores en el marco de la instancia en la que fueron designados.
Sin embargo, las facultades/deberes previstos en el artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018) no pueden quedar sujetos a formalidad o restricción alguna.
Tampoco pueden depender de la voluntad de otro órgano aunque se trate de uno de rango superior, toda vez que aquellos constituyen una competencia inherente de cada uno de los magistrados que integran en Ministerio Público, en general, y el Ministerio Público Tutelar, en particular; sin distinción de jerarquías y para el mejor cumplimiento de sus competencias. En síntesis, no requiere el permiso del órgano superior.
De allí se infiere entonces que limitar o condicionar tales funciones atenta contra la misión asignada por la Ley N° 1.903 a los magistrados integrantes del Ministerio Público.
A pesar de ello, la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 condiciona el ejercicio de tales deberes a la previa autorización de la Asesoría General, lo que implica una transgresión al artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la competencia extrajudicial de pedir informes para el mejor ejercicio de las funciones reconocida al Ministerio Público conlleva necesariamente la facultad/deber de deducir las demandas judiciales tendientes a alcanzar dicho objetivo cuando la Administración omita hacerlo en tiempo y forma.
Así, frente a la ausencia de una respuesta oportuna y cabal al pedido de información realizado extrajudicialmente por cualquiera de los Magistrados que integran el Ministerio Público Tutelar en el marco del artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018), el Asesor requirente (sea de primera, de segunda o de tercer instancia) tiene la facultad/deber de iniciar una acción judicial de acceso a la información con el objeto de acceder a los datos solicitados para –de ese modo- desempeñar adecuadamente sus competencias, esto es, la protección de los menores y las personas con padecimientos mentales.
De lo contrario, aquellas responsabilidades del Ministerio Público Tutelar resultarían vacías de contenido y efectividad.
Ello así, la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 transgrede la Ley N° 104 (y con ello, el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que esta reglamenta) en tanto condiciona su ejercicio por parte de los señores Asesores de Cámara (tanto en sede administrativa como, eventualmente, en sede judicial).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la aceptación de la validez de la Resolución impugnada permitiría la configuración de algunas situaciones paradójicas, contradictorias e irrazonables con relación a la Ley N° 104.
Si la Administración cumple con su deber de informar, el señor Asesor de Cámara hará uso de tal información de la forma que considere más adecuada en el marco de sus competencias; en cambio, si omite hacerlo, dicho magistrado no tiene facultades –por imperio de la Resolución cuestionada - para exigir judicialmente a la Administración que acate su deber legal de suministrar los datos solicitados con el alcance y los términos de la Ley N° 104.
En segundo término, el Asesor Tutelar no tendría legitimación o competencia para pedir informes por el hecho de revestir tal carácter pero sí la tendría si no invocara ese cargo, lo que resulta irrazonable toda vez que la Ley N°104 no condiciona el pedido de datos a la acreditación de un derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la solicitud.
En tercer orden, se observa que la aplicación de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 habilita a la accionada a desobedecer la ley (no responder o, en el mejor de los casos, a darle cumplimiento excediendo las pautas temporales) y permite la configuración de una evidente situación de desigualdad en el acceso a los datos necesarios, a la tutela administrativa y judicial y al disfrute de los derechos en perjuicio de las personas representadas por el Ministerio Pupilar, hecho que no puede ser avalado por los jueces.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
La Resolución impugnada vulnera la especial protección que debe reconocerse a las personas con padecimientos mentales.
El artículo 42 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires reconoce a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades.
Asimismo tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la de los Derechos de las Personas con Discapacidad consagran un mandato general de mayor protección constitucional que implica obligaciones a cargo del Estado.
Conforme lo expuesto, es razonable afirmar que las personas con padecimiento mentales –al igual que los menores- son sujetos de especial protección en idéntico grado que los menores.
Así pues, es posible sostener que rige a su respecto el interés superior del incapaz; principio que debe orientar toda medida que adopten los poderes públicos el Estado, así como la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público designado para su protección.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, reconocido que los menores y las personas con padecimientos mentales son sujetos de especial protección, debe recordarse que ambos grupos vulnerables están bajo la órbita de protección que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.903 impuso al Ministerio Público Tutelar. Esa protección agravada obliga a garantizarles una tutela administrativa y judicial efectiva de sus derechos como medio para alcanzar el disfrute más alto posible del nivel de vida.
Cualquier decisión que implique un menoscabo en el ejercicio de dichos deberes legales infringe las normas y principios protectorios que amparan a dichos colectivos.
No es legítimo y tampoco razonable restringir las competencias constitucional y legalmente reconocidas a uno de los estamentos jerárquicos que integran de dicho Ministerio Público Tutelar (en el caso, los asesores ante la Cámara) mediante una resolución de tipo organizacional.
Una norma inferior (resolución) no puede vulnerar las reglas superiores (Constitución y Ley); o, dicho de otro modo, mediante el establecimiento de un criterio general de actuación no puede transgredirse una norma sustancial que eventualmente acarrea, en la práctica, perjuicios graves o irreparables a quienes gozan de una tutela mayúscula debido a su situación de vulnerabilidad.
El ejercicio de la facultad prevista en el artículo 5° de la Ley N°1.903 por parte de la Asesoría General (establecimiento de un criterio general de actuación) sólo puede ejercerse en la medida que no restrinja los derechos de quienes son destinatarios de la protección que dicho Ministerio Público está obligado a garantizar (menores y personas con discapacidad).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, las facultades de organización interna que la Ley N° 1.903 reconoce a la titular del Ministerio Público Tutelar al habilitarla a dictar criterios generales de actuación (artículo 49, inciso 5) no pueden contradecir, impedir, limitar o demorar las competencias que aquella ley reconoce –sin distinción jerárquica- a los Asesores de las distintas instancias de este fuero; competencias obviamente orientadas a alcanzar la satisfacción del nivel de vida más alto posible de vida para los menores y las personas con padecimientos mentales que son sujetos de protección especial conforme las normas superiores de nuestro país.
Aún en los supuestos en que la Asesoría General Tutelar accediese a dar la autorización, la resolución impugnada también resultaría irrazonable por cuanto genera una dilación innecesaria en el ejercicio de las funciones legales del Ministerio Público Tutelar no prevista en el plexo legal, demora que actuaría en desmedro de los grupos vulnerables que debe proteger y que permite verificar el carácter regresivo de dicha resolución en relación con los derechos de tales colectivos (en especial, con relación al derecho de acceso a la justicia).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, el establecimiento de un criterio de actuación que obligue a los asesores tutelares a solicitar una autorización previa al ejercicio de las competencias legalmente asignadas supone una intromisión de la Asesoría General Tutelar en un caso particular y, en tal contexto, darle órdenes singulares (sea autorizándolo o denegándolo).
Ello se traduce en la fijación de un criterio sobre un asunto particular, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el último párrafo del artículo 5° en cuanto prevé que los criterios generales de actuación “…no pueden referirse a causas o asuntos particulares”.
Ello así, el sistema previsto en la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018, al impedir la actuación del Asesor Tutelar ante la Cámara salvo autorización de la Asesoría General Tutelar, no le permite ejercer su derecho de dejar a salvo su opinión personal, garantía que le reconoce el artículo 19 de la Ley N° 1.903.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la resolución impugnada al exigir a los asesores tutelares de Cámara una autorización discrecional de la titular de la Asesoría General Tutelar en forma previa a ejercer sus competencias de investigación en sede administrativa o de acceder a la justicia para obtener una respuesta adecuada y oportuna de esta, transgrede indebidamente el artículo 125 de la Constitución Nacional; los artículos 39 y 42, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.903, N° 104 y N°114, así como también el interés superior que debe guiar toda decisión que pudiera afectar los derechos de los menores y de las personas con padecimientos mentales, colectivos a los cuales el bloque de convencionalidad (Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes; Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; y normas constitucionales nacionales y locales) les asegura una protección mayúscula.
Para usar los términos de la ley, dicho criterio general resulta “… contradictorio con la misión de cada integrante del Ministerio Público de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, de conformidad con lo expresamente establecido en el último párrafo del artículo 5° de la Ley N° 1.903.
La resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 transgrede las reglas superiores reseñadas y, en consecuencia, resulta manifiestamente inconstitucional por incurrir en un evidente exceso reglamentario.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
La declaración de inconstitucionalidad de la Resolución impugnada resulta coherente con la jurisprudencia sostenida desde antes por la Cámara del Fuero en cuanto a la competencia de los órganos del Ministerio Público Tutelar (sin distinción de jerarquías) para deducir acciones de acceso a la información frente a la renuencia de la Administración en suministrar una respuesta adecuada y oportuna (“Asesoría General Tutelar (oficio nº 153/13) contra GCBA sobre amparo”, expte. 57172-2013/0; “Asesoría General Tutelar (oficio SGG nº 5904/12) contra GCBA y otros sobre amparo”, expte. 398-2013/0; “Asesoría General Tutelar (oficio 3843/08) contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”, expte. 34058 / 0; “Asesoría General Tutelar (of. 1015/12) contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”, expte. 46307/0; “Asesoria General Tutelar (oficio 2453/11) contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”, expte. 44313 / 0, entre muchos otros-).
Además, cabe señalar que la interpretación precedente no implica desconocer los principios de unidad de acción y de organización jerárquica que rige el Ministerio Público con el alcance que prevé el artículo 5º de la Ley N° 1.903 ya que no impide que la Asesoría General puede fijar criterios generales de actuación en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales y por el principio de unidad de acción; y, en su caso, mantener o dejar sin efecto los recursos interpuestos por los asesores ante las instancias inferiores. A su vez, ejerce poder jerárquico en el marco de las competencias administrativas (no jurisdiccionales).
La decisión que se adopta no implica desconocer las facultades legales de la Asesoría General Tutelar como cabeza de esa rama del Ministerio Público. Solamente importa sostener que las pautas fijadas en dicho marco, a través de la Resolución cuestionada, exceden las competencias previstas a su favor por el artículo 5º de la Ley N° 1.903, pues avanza sobre las funciones que dicho ordenamiento jurídico reconoce a favor de los asesores tutelares de segunda instancia, en claro desmedro de los derechos de grupos vulnerables (menores e incapaces).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
La Resolución impugnada no dio cumplimiento cabal a todas las exigencias previstas en el artículo 5° de la Ley N° 1.903 en cuanto prevé la obligación de que los criterios generales de actuación sean objeto de publicidad y comunicados por escrito a cada uno de los integrantes del Ministerio Público, así como también, de modo simultáneo, a la Legislatura y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien el artículo 2° de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 ordenó su publicación identificando sendos destinatarios, no surge de dicho artículo que se haya incluido –entre ellos- a la Legislatura tal como expresamente lo establecen las reglas jurídicas del artículo 18, inciso 4 de la Ley N° 1.903.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, conforme el texto de la Resolución impugnada, los Asesores Tutelares ante la Cámara deben contar con una habilitación del titular del Ministerio Público Tutelar para intervenir extrajudicialmente (ante la sede administrativa) y judicialmente ante la primera instancia, sea cual fuere el tipo de proceso intentado. La regla no prevé excepciones de ninguna especie.
En términos más sencillos, la Resolución cuestionada limitó –sin distinción de causas- la participación de los Asesores Tutelares de Cámara exclusivamente a su actuación ante la segunda instancia judicial y, solo en la medida que sea necesario dentro de ese marco, habilitó su intervención extrajudicial; caso contrario, es decir, en los restantes supuestos, requiere de la previa habilitación de señora Asesora General Tutelar.
Corresponde entonces analizar si las limitaciones impuestas a la actuación del señor Asesor ante la Cámara por medio de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 se ajustan a derecho (y, en consecuencia, asiste razón al apelante); o, por el contrario, vulneran alguna regla jurídica superior (y, en consecuencia, los agravios deben ser desestimados).
Conforme el texto de la Ley N° 1.903, el ejercicio de los mandatos establecidos en el artículo 20 no constituye solamente una facultad sino un deber.
Así las cosas, la facultad y el deber de pedir informes a la Administración (actividad extrajudicial) que dicha regla general establece respecto del Ministerio Público Tutelar, en cualquiera de sus jerarquías, no está condicionada a requerimiento alguno; es decir, no fue sujetada por el Legislador a la obtención de una habilitación previa del órgano superior de la rama del Ministerio Público que la ejerza, como la que exige la Resolución en crisis.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, el objeto de las presentes actuaciones radica en obtener información pública, derecho especialmente tutelado por nuestro ordenamiento jurídico, para cuya defensa el Legislador ha previsto una legitimación amplia conforme la Ley N°104 (en su actual redacción; cf. Digesto Jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 6.017).
Teniendo en cuenta lo expuesto, las facultades del artículo 20 de la Ley N° 1.903 conllevan necesariamente las competencias para iniciar las acciones judiciales tendientes a obtener una orden que obligue a la Administración a expedirse en caso de silencio o negativa.
De lo contrario, tales responsabilidades del Ministerio Público Tutelar quedarían vacías de contenido frente a la ausencia de respuesta.
En ese entendimiento la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 transgrede las disposiciones de las Leyes N° 1.903 y N° 104.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la Resolución impugnada contiene una restricción a la Ley N°104 (regla superior), en tanto aquella impediría – según el caso- el acceso a la información y a la justicia de los señores Asesores de Cámara cuando la mencionada ley garantiza aquel derecho (sin limitaciones de ninguna especie) a “toda persona” tanto en el ámbito administrativo como judicial.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la Ley N°104, al reconocer a toda persona la titularidad del derecho a obtener información-, evidencian la clara voluntad legislativa de que cualquier habitante se encuentra legitimado para promover la acción de amparo en resguardo de este derecho (cf. doctrina de esta Sala, "in re" “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Obras y Servicios Públicos s/ amparo”, expte. nº 9903/0, resolución del 29/11/00).
Ello así, la habilitación exigida por la Resolución impugnada desatiende el amplio alcance que cobra el instituto de la legitimación en el tipo de proceso intentado, circunstancia que merece crítica ya que admite un supuesto donde la Administración pueda considerarse habilitada a no cumplir con las obligaciones impuestas por la ley de acceso a la información.
Ello así, la interpretación restrictiva del derecho acceso a la información por aplicación de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 permite una situación de desigualdad del Ministerio Público Tutelar ante la Alzada respecto de cualquier habitante a quien la legislación vigente habilita a deducir la acción judicial de acceso a la información cuando el requerido incumpla con el deber de suministrarla de forma cabal y oportuna.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la limitación impuesta por la Resolución citada importa una vulneración del principio de igualdad, al colocar al señor Asesor Tutelar ante la Cámara en una situación de desventaja en el ejercicio de sus competencias respecto de los Asesores de Primera Instancia (quienes no deben solicitar permiso para iniciar acciones como las que nos ocupa frente a eventuales incumplimientos de la Administración) y de la Asesoría General Tutelar (que, por su jerarquía, no cuenta con un superior a quien deba requerir autorización).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la limitación impuesta por la Resolución citada contiene una transgresión al principio de jerarquía ya que las facultades legales de investigación (artículo 20 de la Ley N° 1.903) reconocidas al Asesor Tutelar ante la Cámara quedarían eventualmente supeditadas a la intervención de los Asesores de Primera Instancia.
En efecto, el alcance de las averiguaciones y los tiempos en que aquellas sean efectivamente asequibles para el Asesor Tutelar de Cámara dependerán de la diligencia y eficacia de los Asesores de primer grado.
En los hechos, ello puede importar una limitación o anulación de las competencias del superior por parte de un órgano inferior haciendo depender sus competencias de la premura y responsabilidad de estos últimos; pudiendo incidir de modo negativo en la atención de la demanda pública “…con probidad…”; tal como prevé el inciso b), del artículo 22 de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 18/2009, reglamentaria de la Ley N° 1.903.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
Por amplia que sea la autonomía del Ministerio Público para llevar a cabo sus misiones constitucionales y legales, ésta no deja de estar enmarcada en el resto del ordenamiento jurídico constitucional, convencional y legal, al cual se debe adecuar.
Ello así, la exégesis que debe hacerse de la Resolución citada no puede realizarse sin tener presente las pautas superiores previstas en el artículo 125 de la Constitución Nacional; el interés superior de los menores y las personas con discapacidad; las Leyes N° 1.903 y N°104 y el robusto marco convencional de protección del derecho de acceso a la información, que imponen a la titular del Ministerio Público Tutelar la obligación de ajustar sus resoluciones organizacionales a tales normas sustanciales.
Por ello, la única solución posible –en el caso de autos- es declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 en cuanto restringe indebidamente las competencias legales de los Asesores Tutelares de Cámara a la segunda instancia, tanto en sede administrativa como judicial, mediante la exigencia de obtener previamente a su ejercicio una autorización que resulta discrecional de la autoridad máxima del Ministerio Público Tutelar.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efcecto, la Resolución citada, por una parte, limita las facultades de investigación del Asesor Tutelar ante la Cámara, concedidas legalmente a favor de todos los integrantes del Ministerio Público sin distinción de jerarquías para el mejor cumplimiento de sus funciones; y, por la otra, condiciona su acceso a la información –en los términos de la
ey n° 104 y de los instrumentos de derechos humanos referidos en el punto anteriortanto en sede administrativa como judicial (en ambos casos a la obtención previa de una habilitación de la titular del Ministerio Público Tutelar, salvo cuando la información sea requerida a los fines de su actuación ante la segunda instancia).
Ambas cuestiones conllevan un detrimento de su deber de resguardar el interés superior de los menores de edad y de las personas con discapacidad.
Por eso, debe concluirse que la aludida resolución -al restringir, mediante condicionamientos no previstos en la norma superior, las competencias y los derechos legalmente reconocidos al señor Asesor Tutelar ante la Cámara- incurre en un exceso reglamentario.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la Resolución citada, invocando el establecimiento de un criterio general de actuación sustentado en el artículo 49, inciso 5 de la Ley N° 1.903 , restringió ilegítimamente las competencias reconocidas por ese mismo plexo jurídico a los Asesores de Cámara de este fuero.
Ello, en tanto condicionó la facultad de la Asesoría Tutelar ante la segunda instancia de realizar actividades judiciales o extrajudiciales en la instancia de grado y sus facultades de investigación a la previa autorización discrecional de la Asesoría General Tutelar.
Eso –además- de resultar ilegítimo, conlleva una dilación en el ejercicio de las funciones legales que el Ministerio Público Tutelar debe evitar en la ejecución de sus tareas y una merma de su efectividad en desmedro de un grupo esencialmente vulnerable (los niños, niñas y adolescentes, así como las personas con discapacidad); pues una actuación de ese tipo desoye las pautas fijadas en el bloque de convencionalidad respecto de la agravada protección que corresponde a sus tutelados.
El sistema previsto en la Resolución cuestionada, al impedir la actuación del Asesor Tutelar ante la Cámara cuando –en los casos indicados- carece de la autorización de la Asesoría General Tutelar incluso inhibe la posibilidad de que el recurrente imposibilitado de intervenir pueda dejar a salvo su opinión personal, garantía que le reconoce el artículo 19 de la Ley N° 1.903.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la resolución impugnada al imponer restricciones a las facultades de investigación de los asesores tutelares de Cámara tanto en sede administrativa como judicial, modificó indebidamente el artículo 20 de la Ley N° 1.903 y los artículos 1º y 12 de la Ley N° 104, a la vez que restringió el alcance que los instrumentos de derecho internacional (con jerarquía constitucional) otorgan al derecho de acceso a buscar y recibir información, cuya vigencia -en el caso de autos- se vincula notoriamente con la realización de una oportuna, efectiva y eficiente salvaguarda de los grupos vulnerables sujetos a su protección (menores y personas con discapacidad) de acuerdo a los lineamientos establecidos por el bloque de convencionalidad que los ampara (Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes; Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; y normas constitucionales nacionales y locales), circunstancia que determina la manifiesta inconstitucionalidad del acto impugnado.
Además, desde la perspectiva señalada, la reorganización del sistema de actuación de los Asesores Tutelares ante la Cámara, en particular, de sus facultades de intervención en sede administrativa y ante la primera instancia judicial, implica una regresión en el ejercicio de los mandatos impuestos por el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es decir, su participación en la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; así como la prestación de un adecuado servicio de justicia y la satisfacción del interés social a través de su intervención en la instancia judicial.

En el caso, corresponde rechazar "in limine" el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía por resultar extemporáneo.
Conforme se desprende del legajo, el titular de la acción, al momento de interponer su impugnación en el sistema "Eje", acompañó un escrito tendiente a brindar las explicaciones de su tardía presentación. En efecto, sostuvo que por un error, no se consignó “compartir con el Juzgado” al paso procesal de apelación efectuado en el sistema, adjuntando una constancia con firma digital del día de la fecha, a lo cual agregó que tales explicaciones se realizaban, sin perjuicio de la suspensión de los plazos procesales dispuesta por el Consejo de la Magistratura local mediante Resolución N° 58/2020 y sus prórrogas.
Sin embargo, en cuanto a la mención por parte del señor Fiscal de grado, luego de brindar las explicaciones relacionadas con la tardía interposición de su recurso, de que éstas se efectuaban sin perjuicio de la suspensión de los plazos procesales dispuesta por el Consejo de la Magistratura local, cabe hacer notar que fue esa parte quien convocó a la decisión del Tribunal que cuestiona, formulando el respectivo pedido de incompetencia, con lo cual no resulta lógico y razonable que hoy pretenda sostener la paralización del trámite en estas actuaciones, máxime cuando es conocido por todos los operadores judiciales del fuero que, más allá de la suspensión de los plazos procesales dispuesta por el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad para todas las cuestiones que no revistiesen el carácter de urgentes (detalladas en el art. 4 de la Res. CM 59/2020), en todas las instancias se ha procedido -tanto a pedido de parte, como con el consentimiento de éstas y hasta de oficio- a tramitar y resolver cuestiones de toda índole, con la por demás loable finalidad de continuar brindando a los ciudadanos un adecuado y eficiente servicio de administración de justicia.

La retroactividad en el valor de la Unidad de Medida Arancelaria -UMA- dispuesta por las sucesivas resoluciones de la Presidencia del Consejo de la Magistratura debe necesariamente aplicarse en las sentencias de Cámara posteriores por las que se revisen las regulaciones de honorarios efectuadas en la instancia de grado. En otras palabras, en rigor, únicamente puede tener efectos cuando, al momento de resolver el tribunal de alzada un recurso de apelación contra honorarios regulados en primera instancia, tenga ocasión de revisar la regulación cuestionada con base en el valor de la UMA actualizado retroactivamente.
De lo contrario, en mérito a una resolución de la Presidencia de ese Consejo, se llegaría al absurdo de desvirtuar una gran cantidad de pronunciamientos judiciales anteriores tanto de primera como de segunda instancia en materia de honorarios.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda promovido por la agente a fin de que se reconozca el suplemento por conducción previsto en el Decreto N°861/93 -por haber cumplido tareas asimilables al de jefa de división - y el pago retroactivo de las diferencias salariales derivadas de tal reconocimiento desde agosto del 2000 hasta su jubilación.
En efecto, de los términos de la Resolución invocada por la actora para la percepción del suplemento se advierte que el Director General Técnico Administrativo de la Secretaría de Educación se limitó a efectuar una distribución de tareas dentro de las reparticiones involucradas, excluyendo que el desempeño de aquellas pudiera generar cualquier derecho a una modificación en el salario percibido.
No puede avalarse una interpretación que, desdibujando los contornos del sistema de la carrera administrativa y su estructura de remuneraciones, sostenga que el funcionario se arrogó la facultad de disponer un reescalafonamiento en exceso de su competencia.
Si bien posteriormente por Disposición convalidó la asignación de las tareas de conducción desempeñadas por distintos agentes dentro de los que se encuentra la actora, con “carácter provisional y transitorio hasta que se dicte una nueva estructura orgánica” para dicha Dirección General, dentro de los considerandos, el funcionario recordó que, más allá de que no había sido aprobada la “estructura organizativa de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes”, las “necesidades del servicio” habían llevado a que algunos empleados desempeñaran “tareas de conducción en cada sector, en niveles equivalentes a Departamento, División y Sección”.
Más allá de su alusión a las “equivalencias”, el acto administrativo en cuestión de ninguna manera involucró la creación de una nueva estructura orgánica para las delegaciones.
En consecuencia, mal podría sostenerse que implicó la designación en un cargo superior de los agentes mencionados o que convalidó una efectuada con anterioridad. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia rechazar la acción de amparo por acceso a la información promovida por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero CAyTyRC, con la finalidad que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le provea información vinculada con la situación de seguridad en la que se encontraría una Escuela Pública de la Ciudad.
El Gobierno recurrente se agravia al entender que el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones carece de legitimación para iniciar la presente acción.
Este Tribunal se pronunció sobre el asunto en los autos “Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ Acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)” (Expte. N°11.432/2019-0, el 07/05/20).
Reseñadas las reglas contenidas en la Resolución AGT N° 75/2018, quedó advertido que “… se volcó en sus considerandos que no había dudas acerca de que, salvo situaciones excepcionales que la propia ley establecía, la labor de los Asesores Tutelares de Cámara del fuero debía limitarse a la instancia procesal en la que ese órgano se encontraba habilitado para actuar, por lo que era conveniente que se dejara expresamente establecido que aquellos se encontrarán facultados para realizar actividad judicial y extrajudicial propia de la primera instancia sólo cuando ello hubiera sido dispuesto de manera expresa por el titular de la Asesoría General Tutelar y dentro del marco de la concreta disposición de que se tratare, aludiéndose, incluso, al mentado art. 20 de la Ley N° 1903”.
Así, se concluyo en que tal como ocurre en este supuesto no se presentarían en el particular contexto de autos razones que justifiquen la actuación del Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en la instancia de grado.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia rechazar la acción de amparo por acceso a la información promovida por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero CAyTyRC, con la finalidad que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le provea información vinculada con la situación de seguridad en la que se encontraría una Escuela Pública de la Ciudad.
El Gobierno recurrente se agravia al entender que el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones carece de legitimación para iniciar la presente acción.
Este Tribunal se pronunció sobre el asunto en los autos “Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ Acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)” (Expte. N°11.432/2019-0, el 07/05/20).
Así, se consideró que “… aunque el actor ha señalado que la petición realizada se vincularía con el expediente … en el cual se le reconoció legitimación colectiva con anterioridad al dictado de la Resolución AGT N° 75/2018, y se reclamó información respecto de la infraestructura edilicia de los establecimientos escolares que conforman la llamada ‘Secundaria del Futuro’, de ello no se sigue con la linealidad que se postula que a los fines de la interposición de esta acción la magistrada pudiera obviar la aplicación de una norma vigente”.
En definitiva, se entendió que como ocurre en el particular “… se trataría de una cuestión que hace a la organización interna de esa rama del Ministerio Público, regida por el principio de unidad de actuación, y que, por ende, debería hallar una solución adecuada en ese ámbito”.

En el caso, corresponde revocar el rechazo "in limine" de la acción de amparo promovida y ordenar el sorteo de un nuevo Tribunal de grado para la continuidad del trámite de la causa.
Del relato contenido en la demanda surge que la actora interpuso la acción de amparo como consecuencia de la construcción de una obra en el edificio lindero que –afirma- afectó negativamente su propiedad (vulnerando su privacidad, causando rajaduras, malos olores y ruidos molestos).
Informó que efectuó varias denuncias que pusieron en funcionamiento a los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se realizasen las inspecciones correspondientes, presentó varios pedidos de pronto despacho y, finalmente, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras emitió la Disposición N° 681/18 que otorgó un plazo improrrogable de treinta (30) días para regularizar o retrotraer la obra, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Edificación.
Remarcó que la referida Disposición no fue ejecutada y por tal motivo solicitó que se disponga la demolición de la obra antirreglamentaria.
En efecto, las circunstancias apuntadas no pueden ser omitidas al resolver sobre la procedencia formal de la acción, a lo que cabe añadir que en autos estarían comprometidos derechos constitucionales que hacen a la propiedad alterando la privacidad y un posible riesgo a la integridad física (artículos 5, 19 y 21 de la Constitución Nacional).
Ello así, corresponde admitir la continuidad de un proceso cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia de la pretensión, lo que basta para admitir la vía expeditiva intentada y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto declaró extinguida la acción contravencional por prescripción, respecto de las conductas tipificadas en los artículos 53 y 54 y agravados según lo dispuesto en el artículo 55, del Código Contravencional.
Conforme surge de la causa, la Magistrada de grado consideró que, en el caso, ya habían transcurrido los dieciocho meses indicados por el artículo 42 del Código Contravencional y, en virtud de ello, entendió que la acción se encontraba prescripta.
La Querella, por su parte, entendió que no debía tenerse en cuenta, a los efectos de la prescripción de la acción, el período de tiempo durante el cual los plazos judiciales habían estado suspendidos, por decisión del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Ahora bien, es necesario poner de manifiesto que esta Sala ya se ha pronunciado respecto de que la suspensión de los plazos judiciales dispuesta por las RES. CM 58/2020 y siguientes, desde el 17 de marzo del 2020, y hasta el primero de febrero de 2021, como fecha máxima, conforme lo establecido por la RES. CM 240/2020, no influye a los efectos de establecer si una acción se encuentra prescripta.
Ello en la medida en que la prescripción es un instituto que se encuentra regulado por la ley (en el caso, el Código Contravencional) que resulta, a su vez, de orden público, y que opera de pleno derecho, por lo que de ningún modo puede ser dejado de lado, o bien, alterado, por una decisión adoptada por un órgano administrativo.

En el caso, corresponde revocar la resolución en crisis, y en consecuencia, declarar extinguida por prescripción la sanción impuesta al encausado (art. 43, Código Contravencional).
En efecto, de forma opuesta a lo considerado por la Magistrada de grado, entendemos que la suspensión de los plazos judiciales dispuesta por las Resolución del Consejo de la Magistratura y siguientes, desde el 17 de marzo del 2021, y hasta el primero de febrero de 2021, como fecha máxima (conforme lo establecido por la RES. CM 240/2020), no influye a los efectos de establecer si una acción o, como en este caso, una sanción, se encuentran prescriptas.
Así, lo cierto es que la prescripción es un instituto que se encuentra regulado por la ley, en el caso el Código Contravencional, que resulta, a su vez, de orden público, y que opera de pleno derecho, por lo que de ningún modo puede ser dejado de lado, o bien, alterado, por una resolución dictada por un órgano administrativo.
Por consiguiente, asiste razón a la parte recurrente, en cuanto definió al plazo procesal como el tiempo máximo que las leyes procesales le otorgan a las partes para que puedan realizar determinada actividad procesal, y lo distinguió del instituto bajo estudio, en la medida en que este último tiene como fin la limitación de la potestad punitiva estatal que se encuentra establecido por el legislador.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda de acceso a la información, por no haber requerido el actor -Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero- la autorización prevista en el artículo 1° inciso h) de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
Toda vez que los antecedentes y las cuestiones a decidir por el Tribunal fueron considerados en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, y los cuales se comparten, corresponde remitirse por razones de brevedad.
En cuanto a la procedencia sustancial de la apelación, destaco que esta Fiscalía ya ha emitido opinión respecto de una cuestión análoga a la aquí planteada ["in re": “ Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara CAYT c/ GCBA s/ acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)”, Expediente N° 11438/2019-0, dictamen fiscal N° 103/2020, del 18/02/2020] .
Allí, en resumen, se sostuvo que el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones no lograba rebatir los fundamentos vertidos en la sentencia de grado que había desestimado la acción, relativos a la ausencia de una autorización expresa emitida por la Asesoría General Tutelar que lo habilitara para actuar en primera instancia en forma autónoma.
En efecto, el artículo 20 de la Ley N° 1.903 dispone que la facultad reconocida a los magistrados del Ministerio Público para requerir informes se establece para el mejor cumplimiento de sus funciones “en el ámbito de su competencia”, de modo que dicha atribución debe ser ejercida con arreglo al conjunto de normas que regulan las competencias de las asesorías tutelares de las distintas instancias del Poder Judicial de la Ciudad. Entre estas reglas, precisamente, se encuentra la Resolución AGT N° 75/2018.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda de acceso a la información, por no haber requerido el actor -Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero- la autorización prevista en el artículo 1° inciso h) de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
Toda vez que los antecedentes y las cuestiones a decidir por el Tribunal fueron considerados en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, y los cuales se comparten, corresponde remitirse por razones de brevedad.
Ello así, el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución en cuestión —formulado en subsidio por el Sr. Asesor Tutelar de Cámara— no se relaciona con la defensa de derechos o intereses de alguna persona cuya representación deba ser ejercida por el Ministerio Público Tutelar, sino que remite a un debate formulado en abstracto acerca de cómo debería ser regulado el funcionamiento interno de dicha rama del Ministerio Público y cuál sería el alcance de las atribuciones de la Asesoría General Tutelar para abordar el tema.
Así, el conflicto interorgánico que pretende ventilarse en el marco de las presentes actuaciones no configura un “caso, causa o controversia judicial” en los términos del artículo 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme TSJCABA, "in re": “Cabiche, Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Moreno, Gustavo Daniel c/ Asesoría General Tutelar – Ministerio Público s/ otros procesos incidentales’ en ‘Moreno, Gustavo Daniel c/ Asesoría Tutelar s/ impugnación de actos administrativos’ ”, Expediente N° 3259/04, sentencia del 09/02/2005, voto de la mayoría conformada por los jueces Lozano, Conde y Casás).
Según el citado artículo 106, los jueces operan sobre “causas”, controversias acerca de la existencia y alcance de derechos subjetivos o de incidencia colectiva, y no sobre toda clase de conflicto o disputa, por significativa que fuere y aunque encontrare alguna respuesta jurídica; extremo cuya concurrencia incumbe a los jueces verificar, aun de oficio (cf. TSJCABA, voto del juez Lozano, "in re": “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Yell Argentina SA c/ GCBA s/ acción meramente declarativa art. 277 CCAyT’”, Expediente N° 8133/11, sentencia del 23/05/2012).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda de acceso a la información, por no haber requerido el actor -Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero- la autorización prevista en el artículo 1° inciso h) de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, el actor no logra rebatir el principal argumento por el cual el Juez resolvió rechazar la presente acción, esto es, la ausencia de competencia en virtud de lo dispuesto por la Resolución citada. De este modo, toda vez que el alcance de esa norma, como así también su pedido de inconstitucionalidad “…[son] exclusivamente en torno a los alcances de una competencia que se ha suscitado la controversia en autos, sin que la parte actora pudiera invocar un perjuicio concreto que recayera sobre la esfera de derechos de la que es titular” (TSJ, Expte. N° 3259/04 “Cabiche”, 09/02/05), entiendo que no concurren los presupuestos de la acción judicial, referidos a un caso, causa o controversia que amerite la intervención del Tribunal, en los términos del artículo 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo demás, la cuestión aquí resuelta de modo alguno restringe la competencia del Sr. Asesor ni puede implicar una vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes como invoca en su recurso, dado que la ley del Ministerio Público y las normas dictadas en su consecuencia, prevén la actuación de los órganos tutelares ante las instancias pertinentes y en el marco de su competencia.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, la solución del caso exige determinar si la Resolución en pugna se adecua a los mandatos de las normas superiores a las que directa o indirectamente reglamenta, partiendo de datos objetivos que emanan de la mentada resolución, a saber, que los señores Asesores Tutelares ante la Cámara deben contar con una autorización de la titular del Ministerio Público Tutelar para intervenir extrajudicialmente en sede administrativa y judicialmente ante la primera instancia, sea cual fuere el tipo de proceso que inicien (pues dicha regla no prevé excepciones de ninguna especie).
Es preciso observar que este pleito fue iniciado por el apelante contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invocando la falta de respuesta a un pedido de información realizado en sede administrativa.
Ahora bien, conforme el artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018) se trata de competencias previstas en términos generales respecto de todos los integrantes del Ministerio Público, sin importar su jerarquía.
Se observa además, que el ejercicio de los mandatos establecidos en dicho artículo no constituye solamente una facultad sino también un deber que, al decir expresamente “en cualquiera de sus jerarquías”, abarca no solo a los Asesores ante la primera instancia, sino también ante la Cámara y, asimismo, a la Asesoría General.
De allí se infiere entonces que limitar o condicionar tales funciones atenta contra la misión asignada por la Ley N° 1.903 a los magistrados integrantes del Ministerio Público.
A pesar de ello, la Resolución AGT N° 75/2018 sí condiciona el ejercicio de tales deberes a la previa autorización de la Asesoría General, lo que implica una transgresión al artículo 20 de la ley. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, es preciso observar que este pleito fue iniciado por el apelante contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invocando la falta de respuesta a un pedido de información realizado en sede administrativa.
Ahora bien, conforme el artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018) se trata de competencias previstas en términos generales respecto de todos los integrantes del Ministerio Público, sin importar su jerarquía.
Empero, de la literalidad de los considerandos y del inciso h) del artículo 1° de la Resolución en pugna, se desprende que esta limitó la actuación de los Asesores Tutelares de Cámara exclusivamente a su actividad extrajudicial ante la segunda instancia y solo en la medida que sea necesario –según el criterio discrecional de la Titular del Ministerio Público Tutelar- podría dicha funcionaria habilitar su intervención extrajudicial en otras circunstancias.
Según la resolución aludida, un proceder diferente conduciría a una eventual irregularidad como consecuencia de la alteración de las facultades extrajudiciales asignadas a los señores asesores en el marco de la instancia en la que fueron designados.
Sin embargo, las facultades/deberes previstos en el artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018) no pueden quedar sujetos a formalidad o restricción alguna. Tampoco pueden depender de la voluntad de otro órgano aunque se trate de uno de rango superior, toda vez que aquellos constituyen una competencia inherente de cada uno de los magistrados que integran en Ministerio Público, en general, y el Ministerio Público Tutelar, en particular; sin distinción de jerarquías y para el mejor cumplimiento de sus competencias. En síntesis, no requiere el permiso del órgano superior.
De allí se infiere entonces que limitar o condicionar tales funciones atenta contra la misión asignada por la Ley N° 1.903 a los magistrados integrantes del Ministerio Público.
A pesar de ello, la Resolución AGT N° 75/2018 sí condiciona el ejercicio de tales deberes a la previa autorización de la Asesoría General, lo que implica una transgresión al artículo 20 de la ley. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, cabe analizar algunos aspectos de la resolución impugnada vinculados con la Ley N° 104, en cuyo marco se desarrolla este pleito.
Pues bien, es dable observar que la competencia extrajudicial de pedir informes para el mejor ejercicio de las funciones reconocida al Ministerio Público conlleva necesariamente la facultad/deber de deducir las demandas judiciales tendientes a alcanzar dicho objetivo cuando la Administración omita hacerlo en tiempo y forma.
Así, frente a la ausencia de una respuesta oportuna y cabal al pedido de información realizado extrajudicialmente por cualquiera de los magistrados que integran el Ministerio Público Tutelar en el marco del artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018), el Asesor requirente (sea de primera, de segunda o de tercer instancia) tiene la facultad/deber de iniciar una acción judicial de acceso a la información con el objeto de acceder a los datos solicitados para –de ese modo- desempeñar adecuadamente sus competencias, esto es, la protección de los menores y las personas con padecimientos mentales.
De lo contrario, aquellas responsabilidades del Ministerio Público Tutelar resultarían vacías de contenido y efectividad. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, cabe analizar algunos aspectos de la resolución impugnada vinculados con la Ley N° 104, en cuyo marco se desarrolla este pleito.
La Ley N° 104 (reglamentaria del art. 16 CCABA) establece, en su artículo 1° y en concordancia con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna”.
Surge claro de su texto que dicho plexo legal está regido por el principio de amplitud en cuanto a la legitimación.
Por eso, el establecimiento de frenos u obstáculos (de orden material o formal) en el acceso a la información pública coadyuva a la falta de transparencia, de eficiencia, de eficacia y de buena administración que debe regir el ejercicio de la función pública; circunstancia que luego se refleja en un deficitario disfrute de los derechos.
En ese entendimiento, no es posible avalar limitaciones en el acceso a la información que no sean aquellas expresamente autorizadas por las leyes, las que además deben ser interpretadas –además- en forma restrictiva (cf. CSJN, Fallos: 337:256).
En conclusión, la Resolución AGT N° 75/2018 transgrede la Ley N° 104 (y con ello, el art. 16, CCABA, que esta reglamenta) en tanto condiciona su ejercicio por parte de los señores Asesores de Cámara (tanto en sede administrativa como, eventualmente, en sede judicial).
Vale la insistencia: la aludida ley garantiza el derecho de acceso a la información a “toda persona” en ambas sedes, sin limitaciones de ninguna especie, ni siquiera aquellas que fueran sustentadas en el principio de jerarquía (como es la exigencia de una autorización del superior). (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, cabe destacar que la aceptación de la validez de la Resolución AGT 75/2018 conduce a situaciones que, a la luz de la Ley N° 104, resultan irrazonables.
Ello así, se observa que si la Administración cumple con su deber de informar, el señor Asesor de Cámara hará uso de tal información de la forma que considere más adecuada en el marco de sus competencias; en cambio, si omite hacerlo, dicho magistrado no tiene facultades –por imperio de la resolución AGT n° 75/2018- para exigir judicialmente a la Administración que acate su deber legal de suministrar los datos solicitados con el alcance y los términos de la Ley N° 104.
Asimismo, si el aquí actor hubiera iniciado este proceso contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (sin invocar su cargo), ante la falta de respuesta oportuna y completa de la misma información que motiva este pleito, el "a quo" no podría haber rechazado "in limine" la demanda por falta de legitimación o competencia. Recuérdese que la Ley N° 104 no condiciona el pedido de datos a la acreditación de un derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la solicitud. En cambio, al haberse presentado el actor en su calidad de Asesor Tutelar ante la Cámara, la aplicación de la Resolución en pugna posibilitó que el Juez de primera instancia cerrara la causa sin sustanciación, a partir de ese único fundamento (la resolución AGT n° 75/2018).
En conclusión, por todos estos fundamentos, la resolución impugnada, transgrede la Ley N° 104 (y con ello, el art. 16, CCABA, que esta reglamenta). (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, considero que la resolución impugnada transgrede el interés superior del niño previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.061 y en el artículo 2° de la Ley N° 114.
La misión del Ministerio Público Tutelar es garantizar una efectiva tutela en sede administrativa y judicial a los menores de edad, que abarca las medidas administrativas del artículo 20 de la Ley N° 1.903 (t.c. 2018), como la intervención judicial tendiente a hacer efectivos los derechos de los infantes.
Admitido que los menores son sujetos de especial protección, debe recordarse que este grupo vulnerable (como así también el conformado por las personas con discapacidad) se encuentra bajo la órbita de protección que la Constitucióny la Ley N° 1.903 impuso al Ministerio Público Tutelar. Esa protección agravada obliga a garantizarles una tutela administrativa y judicial efectiva de sus derechos como medio para alcanzar el disfrute más alto posible del nivel de vida. Cualquier decisión que implique un menoscabo en el ejercicio de dichos deberes legales infringe las normas y principios protectorios que amparan a dichos colectivos.
En ese entendimiento, corresponde afirmar que no es legítimo y tampoco razonable restringir las competencias constitucional y legalmente reconocidas a uno de los estamentos jerárquicos que integran de dicho Ministerio Público Tutelar (en el caso que nos ocupa, los asesores ante la Cámara) mediante una resolución de tipo organizacional.
En otros términos, una norma inferior (resolución) no puede vulnerar las reglas superiores (Constitución y ley); o, dicho de otro modo, mediante el establecimiento de un criterio general de actuación no puede transgredirse una norma sustancial que eventualmente acarrea, en la práctica, perjuicios graves o irreparables a quienes gozan de una tutela mayúscula debido a su situación de vulnerabilidad. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, considero que la resolución impugnada transgrede el interés superior del niño previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.061 y en el artículo 2° de la Ley N° 114.
Ello así, las facultades de organización interna que la Ley N° 1.903 reconoce a la titular del Ministerio Público Tutelar al habilitarla a dictar criterios generales de actuación (art. 49, inc. 5) no pueden contradecir, impedir, limitar o demorar las competencias que aquella ley reconoce –sin distinción jerárquica- a los Asesores de las distintas instancias de este fuero; competencias obviamente orientadas a alcanzar la satisfacción del nivel de vida más alto posible de vida para los menores y las personas con padecimientos mentales que son sujetos de protección especial conforme las normas superiores de nuestro país.
Nótese que aun en los supuestos en que la Asesoría General Tutelar accediese a dar la autorización, la resolución impugnada también resultaría irrazonable por cuanto genera una dilación innecesaria en el ejercicio de las funciones legales del Ministerio Público Tutelar no prevista en el plexo legal, demora que actuaría en desmedro de los grupos vulnerables que debe proteger y que permite verificar el carácter regresivo de dicha resolución en relación con los derechos de tales colectivos (en especial, con relación al derecho de acceso a la justicia).
Asimismo, se observa que el establecimiento de un criterio de actuación que obligue a los asesores tutelares a solicitar una autorización previa al ejercicio de las competencias legalmente asignadas supone una intromisión de la Asesoría General Tutelar en un caso particular y, en tal contexto, darle órdenes singulares (sea autorizándolo o denegándolo). En efecto, ello se traduce en la fijación de un criterio sobre un asunto particular, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el último párrafo del artículo 5° en cuanto prevé que los criterios generales de actuación “…no pueden referirse a causas o asuntos particulares”. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la demanda de acceso a la información interpuesta por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, y declarar la inconstitucionalidad de la Resolución de la Asesoría General Tutelar (AGT) N° 75/2018.
En efecto, la resolución citada al exigir a los asesores tutelares de Cámara una autorización discrecional de la titular de la Asesoría General Tutelar en forma previa a ejercer sus competencias de investigación en sede administrativa o de acceder a la justicia para obtener una respuesta adecuada y oportuna de esta, transgrede indebidamente el artículo 125 de la Constitución Nacional; los artículos 39 y 42, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.903, N° 104 y N° 114, así como también el interés superior que debe guiar toda decisión que pudiera afectar los derechos de los menores y de las personas con padecimientos mentales; colectivos a los cuales el bloque de convencionalidad (Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes; Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; y normas constitucionales nacionales y locales) les asegura una protección especial.
Para usar los términos de la ley, dicho criterio general resulta “… contradictorio con la misión de cada integrante del Ministerio Público de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, de conformidad con lo expresamente establecido en el último párrafo del artículo 5° de la Ley N° 1.903.
Por eso, con sustento en lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que el acto impugnado (resolución AGT n° 75/2018) transgrede las reglas superiores reseñadas y, en consecuencia, resulta manifiestamente inconstitucional por incurrir en un evidente exceso reglamentario. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)

En el caso, corresponde declarar desierta la queja intentada por la demandada referente a la procedencia de la información solicitada por el actor.
En efecto, este pleito fue iniciado por la Asesoría Tutelar de Cámara contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invocando la falta de respuesta a un pedido de información realizado en sede administrativa, y la sentencia de grado hizo lugar a lo solicitado y condenó al Gobierno local a proporcionar la información solicitada.
Cabe señalar que la queja intentada no constituye una crítica concreta y razonada de la resolución apelada, sino que traduce un disenso con las conclusiones a las que arribara el "a quo "pero sin un desarrollo crítico que ponga en evidencia los aspectos del decisorio recurrido que considera equivocados y sus razones.
El demandado no identifica cual sería la información que debería crear, o los informes de entiende que debería elaborar y que en consecuencia, debería afectar recursos y presupuesto para dar cumplimiento con la petición efectuada por la parte actora. Es decir, no indica de qué manera se estarían sobrepasando los límites previstos en la ley.
En este entendimiento, debe indicarse que el recurrente no controvierte el criterio desarrollado por el magistrado de la anterior instancia; pues no refuta el razonamiento allí descripto, ni acompaña elemento de prueba alguno en apoyo de su tesitura. Solamente discrepa con el razonamiento de la anterior instancia, pero no identifica los motivos por los cuales la decisión adoptada, resulta contraria al ordenamiento y que por tal motivo debiera ser modificada.
Así, la queja intentada en este sentido por la parte demandada no reúne las condiciones exigidas por los artículos 236 y 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

En el caso, corresponde revocar la medida cautelar dictada por el Juez de grado que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrar los medios necesarios para brindarle a la actora la cobertura de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA).
Según surge del relato efectuado por la parte actora en el escrito de inicio, durante al ciclo lectivo 2020 accedió a un cargo de docente suplente en una Escuela pública de esta Ciudad el que se mantuvo hasta el 31 de agosto de 2020. En dicho cargo y por razones de salud, desde el 16 de marzo gozó de un permiso de ausencia extraordinaria conforme lo dispuesto en la Resolución N°622/SSGRH/2020.
Posteriormente, obtuvo un nuevo cargo en otra Escuela pública de esta Ciudad donde trabajó de manera virtual hasta la finalización de dicho cargo.
Relató que en virtud de que su estado de salud había mejorado, solicitó su alta médica, petición que habría sido rechazada por considerarla integrante de grupo de riesgo dado su embarazo.
En efecto, mediante la Resolución N° 517/21 se modificaron los criterios de toma de posesión de los cargos docentes y se regularon distintos supuestos referidos a la situación de los docentes incluidos dentro del grupo dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo regulados en el Decreto N°147/20 dentro de los cuales se encuentra a actora.
Las limitaciones establecidas a la toma de posesión de los cargos han sido dispuestas de manera excepcional y temporal, afectado específicamente los cargos suplentes.
El requisito de que los postulantes a los cargos suplentes no se encuentren incluidos de manera preexistente en alguna de las causales de excepción al deber de asistencia no resulta "prima facie irrazonable", ello en tanto la medida se dirige a compatibilizar el servicio educativo presencial y evitar la exposición de personas que por conformar grupos de riesgo hayan contado con los permisos de ausencia extraordinarios al lugar de trabajo.
Ello así, la admisión del planteo de la actora requiere un previo examen de validez constitucional de las normas dictadas por la Administración dirigidas a garantizar un servicio esencial en una situación excepcional. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas)

En el caso, corresponde revocar la medida cautelar dictada por el Juez de grado que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrar los medios necesarios para brindarle a la actora la cobertura de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA).
En efecto, el impedimento para acceder al cargo solicitado por la actora en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 517/21 impide la vigencia de la medida cautelar solicitada.
Ello atento que el acceso a la Obra Social no puede escindirse de la regular designación en un cargo docente. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas)

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ordenar que la devolución de los montos reconocidos en la sentencia de grado devengarán la tasa de interés aplicable conforme el plenario “Eiben” desde la fecha en que se interpuso el reclamo de repetición hasta la fecha de su efectivo pago.
En efecto, en oportunidad de resolver en la causa “Vivian Hnos. SACIF c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAyT)”, exp. 19190/2005-0, sentencia del 14 de mayo de 2019 me pronuncié a favor de la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución N°4151/SHyF/2003, en atención a las circunstancias sobrevinientes al dictado de esa norma, entre las que se destaca el fenómeno inflacionario.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del debate llevado a cabo de manera virtual en los presentes actuados (arts. 77 y sgtes. del CPPCABA y art. 6 LPC), y de los actos que de él dependen (art. 81 CPPCABA), entre ellos la condena impuesta al encausado.
Conforme surge de autos, la Defensa, al primer día hábil luego de la notificación que le hacía saber que la audiencia se llevaría a cabo enteramente de manera virtual, y no presencial como había sido fijada oportunamente, interpuso recurso de apelación, no obstante ello, la Jueza de grado lo trató como una reposición y resolvió rechazarlo.
En primer lugar, es dable mencionar que ya en el año 2016 el Consejo de la Magistratura estableció mediante la Resolución 66 (agregando el art. 59 bis al Reglamento del Fuero) la posibilidad de que las audiencias puedan “…celebrarse mediante el denominado “sistema de videoconferencias” que consiste en un medio interactivo de comunicación que transmite de forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia, de una o más personas que presten declaración desde un lugar distinto de la sede de la autoridad competente en un proceso. Dicho sistema será aplicable a la realización de los actos procesales cuando exista una imposibilidad de concurrir ante el Juez o el funcionario requirente, como así también en todo lo concerniente a la comunicación de las personas privadas de su libertad. Asimismo, la utilización de este sistema es optativa, la que será resuelta previa intervención de las partes.
Ahora bien, este sistema se ha utilizado para llevar a cabo audiencias de tipo técnico (nulidades, excepciones, audiencias de admisibilidad de pruebas), medidas precautorias y de salidas alternativas al juicio (la suspensión del proceso a prueba), en las cuales la participación de sujetos procesales externos al sistema judicial resulta limitada y la producción de prueba es una excepción.
Sin embargo, de la resolución mencionada no se desprende que se haya pretendido regular la posibilidad de llevar a cabo audiencias de juicio por el sistema de videoconferencia, lo que por otra parte ha sido requerido en varias ocasiones respecto de las celebradas ante este Tribunal, y ha sido rechazado por entender que ello no se encontraba previsto en el Código Procesal Penal local. Sumado a ello, no surge de la resolución que el Juez pueda, sin fundamentar en manera alguna, por qué no podría celebrarse un debate de manera presencial, decidir inaudita parte llevarlo a cabo de manera virtual, menos aún si existe oposición fundada, tal como ha sucedido en el caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto rechazó el planteo de nulidad del debate llevado a cabo de manera virtual en los presentes actuados.
En efecto, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma, entendió que frente al riesgo que genera el avance de la enfermedad y su alta contagiosidad, era imprescindible la inmediata adopción de medidas excepcionales de carácter preventivo, de conformidad con las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Así, mediante la resolución N° 164/2020, dictó la “Guía de buenas prácticas y recomendaciones para la celebración de juicios orales en materia penal y contravencional de modalidad remota o semipresencial en el fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El órgano de administración del poder judicial de esta Ciudad, al definir su ámbito de aplicación, expuso que solo en los siguientes casos: “a) Cuando existiere conformidad de todas las partes intervinientes. b) A pedido del/de la imputado/a, cuando éste/a se hallare privado/a de su libertad ambulatoria. c) Cuando, de acuerdo a las particulares características del caso y luego de recabar la opinión de todas las partes al respecto, el/la Juez/a o tribunal lo considerare/n pertinente, podrán llevarse adelante juicios orales penales o contravencionales de modo remoto o semipresencial.
En el presente caso, la Jueza de grado, con fecha 8 de abril de 2021, consideró pertinente la realización del debate bajo la modalidad virtual y fundó debidamente los motivos por los que así lo dispuso.
En este sentido, he sostenido que, por sobre las formas que se disputan como aptas para conciliar los mandatos constitucionales del juicio previo, de naturaleza contravencional en el caso, con la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo a raíz de la pandemia por propagación del virus “SARS-CoV-2”, debe ponerse el foco de análisis sobre cada una de las garantías constitucionales específicas sin incurrir en la descalificación, sin más, de los medios tecnológicos cuyo finalidad no es otra que preservar la salud y la vida humana a la vez que cumplir con el servicio público de administración de justicia.
Por ello, el Juez puede disponer la forma presencial, semipresencial o remota, fundando debidamente el método escogido en cada caso concreto. (Del voto en disidencia de la Dra. Marum).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda por acceso a la información promovida por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero CAyTyRC a fin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le provea información vinculada con la situación de seguridad en la que se encontraría una Escuela Pública.
La actora recurrente, se agravió al considerar que no resultan aplicables al caso los incisos a) a g) del articulo 1° de la Resolución N° 75/2018 de la Asesoría General Tutelar, toda vez que no se ha alegado para fundamentar la legitimación una actuación conjunta o alternativa con otro Asesor Tutelar. Entendió que se trata de un pedido de informes efectuado por el Sr. Asesor de Cámara en el marco de las funciones y competencias otorgadas en su calidad de Magistrado del Ministerio Publico Tutelar, en merito de las facultades previstas en el artículo 20 de la Ley N° 1.903, por lo que no se trata aquí de una actividad judicial y extrajudicial propia de las funciones de primera instancia de la que se debería pedir autorización expresa a la Asesoría General Tutelar. Sostuvo que la interpretación que realiza el Juez de grado podría significar que, ante la falta de respuesta de la administración de un pedido efectuado por la asesoría tutelar de Cámara, esta podría requerir a su colega de primera instancia el inicio de acciones judiciales, lo cual supondría una instrucción particular vedada por la Ley N° 1.903.
Ahora bien, este Tribunal se pronunció sobre el asunto en los autos “Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ Acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)” (Expte. N°11.432/2019-0, el 07/05/20).
En aquella oportunidad, se sostuvo, vía remisión al dictamen fiscal que “… tal como se expresa en la Ley N° 1903 (t.c. por Ley N° 6017), el Ministerio Público ejerce sus funciones específicas de modo objetivo y con estricta observancia de la legalidad general, en coordinación con las demás autoridades del Poder Judicial y con los restantes poderes de la Ciudad, aunque sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura (art. 2)”.
Así, luego de analizar los artículos 49 y 53 de la Ley N° 1.903, se estimó que de los “… preceptos conjugados surge que, en principio, las funciones de los integrantes de la Asesoría Tutelar son específicas y no pueden superponerse y, que, llegado el caso, le corresponde a la Asesora General Tutelar intervenir frente a situaciones que planteen actuaciones conjuntas o alternativas”.
Asimismo, quedó señalado que aun cuando no estuviesen en cuestión las facultades que se le asignan al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara en el artículo 20 de la Ley N° 1903, “… de lo que se trata aquí es del modo de canalizar judicialmente la falta de respuesta oportuna a su pedido de información y, en este punto, noto que el art. 53 de la ley mencionada asigna funciones a los Asesores Tutelares conforme con las instancias y los fueros en los que actúan”.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda por acceso a la información promovida por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero CAyTyRC a fin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le provea información vinculada con la situación de seguridad en la que se encontraría una Escuela Pública.
La actora recurrente, se agravió al considerar que no resultan aplicables al caso los incisos a) a g) del articulo 1° de la Resolución N° 75/2018 de la Asesoría General Tutelar, toda vez que no se ha alegado para fundamentar la legitimación una actuación conjunta o alternativa con otro Asesor Tutelar. Entendió que se trata de un pedido de informes efectuado por el Sr. Asesor de Cámara en el marco de las funciones y competencias otorgadas en su calidad de Magistrado del Ministerio Publico Tutelar, en merito de las facultades previstas en el artículo 20 de la Ley N° 1.903, por lo que no se trata aquí de una actividad judicial y extrajudicial propia de las funciones de primera instancia de la que se debería pedir autorización expresa a la Asesoría General Tutelar. Sostuvo que la interpretación que realiza el Juez de grado podría significar que, ante la falta de respuesta de la administración de un pedido efectuado por la asesoría tutelar de Cámara, esta podría requerir a su colega de primera instancia el inicio de acciones judiciales, lo cual supondría una instrucción particular vedada por la Ley N° 1.903.
Ahora bien, este Tribunal se pronunció sobre el asunto en los autos “Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ Acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)” (Expte. N°11.432/2019-0, el 07/05/20).
En aquella oportunidad, se sostuvo, vía remisión al dictamen fiscal, que reseñadas las reglas contenidas en la Resolución N° 75/2018 de la AGT, quedó advertido que “…se volcó en sus considerandos que no había dudas acerca de que, salvo situaciones excepcionales que la propia ley establecía, la labor de los Asesores Tutelares de Cámara del fuero debía limitarse a la instancia procesal en la que ese órgano se encontraba habilitado para actuar, por lo que era conveniente que se dejara expresamente establecido que aquellos se encontrarán facultados para realizar actividad judicial y extrajudicial propia de la primera instancia sólo cuando ello hubiera sido dispuesto de manera expresa por el titular de la Asesoría General Tutelar y dentro del marco de la concreta disposición de que se tratare, aludiéndose, incluso, al mentado art. 20 de la Ley N° 1903”.
Así, se concluyó en que -tal como ocurre en este supuesto- no se presentarían en el particular contexto de autos razones que justifiquen la actuación del Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en la instancia de grado.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la demanda por acceso a la información promovida por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero CAyTyRC a fin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le provea información vinculada con la situación de seguridad en la que se encontraría una Escuela Pública.
La actora recurrente, se agravió al considerar que no resultan aplicables al caso los incisos a) a g) del articulo 1° de la Resolución N° 75/2018 de la Asesoría General Tutelar, toda vez que no se ha alegado para fundamentar la legitimación una actuación conjunta o alternativa con otro Asesor Tutelar. Entendió que se trata de un pedido de informes efectuado por el Sr. Asesor de Cámara en el marco de las funciones y competencias otorgadas en su calidad de Magistrado del Ministerio Publico Tutelar, en merito de las facultades previstas en el artículo 20 de la Ley N° 1.903, por lo que no se trata aquí de una actividad judicial y extrajudicial propia de las funciones de primera instancia de la que se debería pedir autorización expresa a la Asesoría General Tutelar. Sostuvo que la interpretación que realiza el Juez de grado podría significar que, ante la falta de respuesta de la administración de un pedido efectuado por la asesoría tutelar de Cámara, esta podría requerir a su colega de primera instancia el inicio de acciones judiciales, lo cual supondría una instrucción particular vedada por la Ley N° 1.903.
Ahora bien, este Tribunal se pronunció sobre el asunto en los autos “Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ Acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)” (Expte. N°11.432/2019-0, el 07/05/20).
Así, se consideró que “…aunque el actor ha señalado que la petición realizada se vincularía con el expediente (…) en el cual se le reconoció legitimación colectiva con anterioridad al dictado de la Resolución AGT N° 75/2018, y se reclamó información respecto de la infraestructura edilicia de los establecimientos escolares que conforman la llamada ‘Secundaria del Futuro’, de ello no se sigue con la linealidad que se postula que a los fines de la interposición de esta acción la magistrada pudiera obviar la aplicación de una norma vigente”.
En definitiva, se entendió que como ocurre en el particular “…se trataría de una cuestión que hace a la organización interna de esa rama del Ministerio Público, regida por el principio de unidad de actuación, y que, por ende, debería hallar una solución adecuada en ese ámbito”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto rechazó la nulidad postulada por la Defensa.
La Defensa de los encartados solicitó la nulidad de las notificaciones cursadas al domicilio electrónico aportado. En este sentido, se agravió y sostuvo que: “…la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 240/2020 nada dice sobre la notificación que por imperio de ley deben realizarse de manera personal, tampoco explica ni se adentra en los efectos jurídicos de ese tipo de notificaciones, por tanto, mal se tendría que tener por notificada una Resolución que debe ser hecha sin excepción al imputado. Que además resulta extraño, que los medios digitales y la resolución dictada en plena pandemia del virus ´COVID-19´ sean la excusa para violar garantías elementales de las personas…”
No obstante, y siendo que la Defensa constituyó domicilio electrónico junto a sus asistidos en el portal del litigante y habiéndose cursado todas las notificaciones en forma remota al mismo, la legalidad del procedimiento y la defensa en juicio no se vieron afectadas, por lo que la tacha de nulidad intentada no puede prosperar.
Por el contrario, tanto las notificaciones efectuadas como las sustituciones de pena, deben tenerse por válidas y lucen ajustadas a derecho.

Antes de ingresar al análisis de admisibilidad del recurso de apelación en trámite, considero trascendente resaltar que el escrito mediante el cual el Fiscal de Cámara contestó la vista oportunamente conferida ante esta instancia, no podrá ser tenido en cuenta, pues no respeta los lineamientos de la Resolución N° 19/2019 adoptada por el Consejo de la Magistratura de esta ciudad, mediante la cual se aprobó el reglamento del sistema informático EJE.
Así, según surge del el artículo 25 de dicho reglamento: “Toda presentación de escritos en causas que tramiten ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires deberá realizarse mediante el Portal del Litigante, firmadas electrónica o digitalmente, incluso sus adjuntos según las modalidades establecidas en este Reglamento”.
En ese sentido, el archivo adjuntado por la Fiscalía de Cámara en formato de procesador de textos (WORD en este caso), no respeta las rúbricas establecidas en el reglamento del sistema EJE para toda presentación de escritos en causas que tramiten ante esta justicia local. Debido a ello, el mismo no puede ser formalmente admitido.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda de repetición interpuesta y lo condenó a reintegrar el saldo a favor de la actora por retenciones efectuadas por el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) no tomadas por declaraciones juradas con más intereses.
La demandada cuestionó, en subsidio, la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución N° 4151-SHyF-2003, en tanto establecía para los casos de repetición, reintegro o compensación de los saldos a favor de importes abonados por los contribuyentes una tasa de interés de 0,5 % desde la interposición del reclamo administrativo.
Al respecto, cabe señalar, en primer lugar, que los intereses que aquí se imponen constituyen una retribución por la privación del capital derivado de la indebida retención de las sumas reclamadas (CSJN in re, “Establecimientos Textiles La Suiza Industrial SA”, sentencia del 27/04/1993, Fallos 316:762).
Asimismo, el Máximo Tribunal ha indicado, respecto al resarcimiento del daño moratorio, que “estos intereses constituyen la consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación, pues tienen por objeto resarcir el lucro perdido por el acreedor al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que genere la renta pertinente, vale decir los intereses que aquél ha dejado de percibir” (CSJN in re, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ Cobro de Australes”, sentencia del 03/03/1992, Fallos 315:158).
A su vez, el principio que rige toda reparación es que ella debe ser plena y, en consecuencia, su cuantía debe resultar suficiente para compensar al beneficiario tanto por la indisponibilidad del capital como por la pérdida del valor adquisitivo.
Ello así, es evidente que la tasa de interés de cincuenta centésimos por ciento (0,50%) mensuales prevista por la Resolución Nº 4151/SHyF/03 no resulta suficiente para cumplir con tales propósitos. Ello así por cuanto una tasa fijada por el propio Gobierno de la Ciudad en el año 2003 –inaplicando el procedimiento fijado por el artículo 51 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires – equivalente a un monto anual del seis por ciento (6%) del capital ha dejado de cumplir su función resarcitoria y compensatoria del desmedro patrimonial causado por el transcurso del tiempo.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda de repetición interpuesta y lo condenó a reintegrar el saldo a favor de la actora por retenciones efectuadas por el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) no tomadas por declaraciones juradas con más intereses.
La demandada cuestionó, en subsidio, la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución N° 4151-SHyF-2003, en tanto establecía para los casos de repetición, reintegro o compensación de los saldos a favor de importes abonados por los contribuyentes una tasa de interés de 0,5 % desde la interposición del reclamo administrativo.
Sin embargo, el criterio propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para calcular los intereses adeudados evidencia una clara asimetría que se traduce en una afectación al principio constitucional de igualdad.
En efecto, mientras la Resolución Nº 202/GCABA/MHGC/14 – reglamentaria de los artículos 76 y 77 del Código Fiscal ( t.o. 2016) - ha fijado los intereses resarcitorios –a favor del Fisco– en el tres por ciento (3%) mensual y, los punitorios, en
el cuatro por ciento (4%) mensual; cuando el acreedor de los intereses es el contribuyente, resulta de aplicación la Resolución Nº 4151/SHyF/03 que prevé una tasa de interés del seis (6%) anual.
Así, un simple cálculo matemático permite confirmar que, mientras los intereses moratorios –a favor del propio fisco regulador– constituyen un treinta y seis por ciento (36%) anual y los punitorios al cuarenta y ocho por ciento (48%) anual del monto del capital adeudado, en idéntica situación pero a la inversa, los intereses a favor de los contribuyentes acumulan un exiguo seis por ciento (6%) anual.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reintegrar al actor la suma resultante de la diferencia entre los importes retenidos y los reintegrados al actor en virtud de la retención automática realizada en concepto de Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias.
En efecto, tal como lo señaló el Ministerio Público Fiscal, la demandada no logró demostrar el error o la irrazonabilidad de la decisión de grado en cuanto interpretó que la Resolución N° 2.355/DGR/2007 no resulta de aplicación al caso de autos por regular un supuesto distinto (recaudación de ingresos) al asunto aquí en debate (devolución de sumas mal retenidas).
Si bien la demandada negó haber cometido un error en la retención efectuada sobre la cuenta del actor ya que, según su entender, la “devolución” no implicó reconocer un error en su actuación, tal afirmación es suficiente para descalificar como indebida a la retención automática de fondos que sufrió el actor, como tampoco que tal proceder resulta imputable al Fisco local.
Surge de autos que fue la propia Administración quien hizo lugar al pedido de devolución de los fondos luego de constatar que el amparista no se encontraba incluido en los “padrones de Alto Riesgo Fiscal y Sircreb”.
Por otro lado, los agravios de la demandada evaden una cuestión fundamental: el tiempo transcurrido entre que se efectuó la indebida retención, esto es el 02 de febrero del 2018, y la fecha de devolución efectiva de ese dinero al actor, el 28 de octubre 2018.
Al respecto cabe señalar que no obstante que la recurrente sostiene que no percibió dólares sino pesos y que, por ello, devolvió el importe exacto que recibió en moneda nacional, no puede soslayarse que fue su propio accionar el que privó de dichas sumas al actor y que el tiempo en que demoró en reintegrar las sumas indebidamente retenidas, no solo impidió al actor de utilizar esos fondos sino que, además, se vieron afectado por la variación del valor de la moneda estadounidense.
Ello así, la afectación del patrimonio del actor tuvo su causa en una retención indebida y en la demora en resolver el reclamo intentado por el accionante por lo que en consecuencia, la desvalorización del la moneda no debe ser soportada por quien, en definitiva, vio vulnerado su derecho propiedad en forma palmariamente ilegítima.

En el caso, corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, revocar la resolución de grado que declaró la inconstitucionalidad del Decreto N°251/2014 y rechazar la acción de amparo promovida.
En efecto, mediante Resolución Conjunta N°1863/MHGC/SECDES/17 se puso en funciones la estructura organizativa de las Comunas, es decir, se designaron los responsables de las Gerencias y Subgerencias creadas por el Decreto N°251/14.
Esta Resolución ha agotado su objeto con las designaciones transitorias efectuadas.
Diferente es la cuestión relativa a la necesidad de que la futura cobertura definitiva de las Gerencias y Subgerencias operativas involucradas se realice, con sujeción a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N°471, dentro de un plazo razonable.
Ello así, no hay elementos en autos que permitan concluir que el procedimiento establecido en la Resolución Conjunta y las designaciones transitorias efectuadas al amparo de aquel fueran actos manifiestamente arbitrarios o ilegales ni menos aún que deban ser dejados sin efecto, afectando el derecho personas ajenas al proceso (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia rechazar la medida cautelar solicitada por los actores con la finalidad de suspender los efectos de la Resolución N° 282/2020 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -AGIP-, que establece el régimen de percepción del Impuesto de Sellos respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos de las entidades emisoras de tarjetas de crédito.
Conforme lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, el objeto de autos consiste en impugnar y suspender los efectos de la Ley N° 6.323 que, al modificar el Código Fiscal local (texto según Ley N° 6.382), grava con el Impuesto de Sellos en esta jurisdicción a las “liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los titulares de las mismas”.
Ahora bien, recuerdo que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que "[d]ebe adoptarse un criterio de particular estrictez en el examen de medidas suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales, en tanto inciden en la percepción de la renta pública, ya que esta circunstancia revela que debe evitarse en principio su acogimiento en la medida en que su aceptación podría incidir como un factor de retardo y perturbación de la política económica del Estado en menoscabo de los intereses de la comunidad que debe ser evitado." (“in re” : "American Express Argentina S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción de amparo", sentencia del 31/10/2000, entre otros).
En la misma línea, ha expresado que “los magistrados deben examinar con particular estrictez la adopción de medidas que pudieran afectar el erario público pues la percepción de las rentas del Tesoro -en tiempo y modo dispuestos legalmente- es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado” (Fallos: 327:5521; 328:3720; 330:2186 y 333:935, entre otros).
En este marco, considero que en el caso no se encuentran reunidos los presupuestos básicos previstos en la Ley de Amparo local que resultan necesarios para conceder una medida cautelar como la requerida (cf. artículo 15).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia rechazar la medida cautelar solicitada por los actores con la finalidad de suspender los efectos de la Resolución N° 282/2020 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -AGIP-, que establece el régimen de percepción del Impuesto de Sellos respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos de las entidades emisoras de tarjetas de crédito.
Conforme lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, el objeto de autos consiste en impugnar y suspender los efectos de la Ley N° 6.323 que, al modificar el Código Fiscal local (texto según Ley N° 6.382), grava con el Impuesto de Sellos en esta jurisdicción a las “liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los titulares de las mismas”.
Ahora bien, considero que en el caso no se encuentran reunidos los presupuestos básicos previstos en la Ley de Amparo local que resultan necesarios para conceder una medida cautelar como la requerida (cf. artículo 15).
En efecto, observo que los actores, con sus genéricas afirmaciones, no han logrado demostrar que la espera hasta el dictado de la sentencia definitiva les genere algún perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, a partir de la concreta incidencia que el gravamen cuestionado proyectaría sobre su patrimonio.
El recaudo de peligro en la demora exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda en los hechos realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (conf. Sala I, “in re”: “ Nograro, Clotilde Irene c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, Expte. Nº 11.766/1, 05/05/2006 y Sala II, “in re”: “Córdoba, José Carlos c/ GCBA s/ medida cautelar”, Expte. Nº 20.201/0, 12/06/2006, entre otros).

La situación de emergencia provocada por la pandemia generada por la propagación del virus COVID19 ha derivado en el dictado de un conjunto de normas que ha modificado el modo de prestación del servicio educativo público, a efectos de adaptarlo a esta nueva realidad.
Entre ellas, la Resolución N° 517/SSCDOC/2021 estableció nuevas pautas en función de la necesidad de cobertura de cargos docentes a fin de garantizar las clases presenciales en la Ciudad.
En este contexto, las limitaciones establecidas a la toma de posesión de los cargos han sido dispuestas de manera excepcional y temporal, y no se aplican a los cargos titulares, sino sólo a los suplentes.
En este estado, la exigencia de que quienes se postulen a los cargos (suplentes) no se encuentren incluidos/as de manera preexistente en alguna de las causales de excepción al deber de asistencia no se evidencia como "prima facie" irrazonable.
Ello, en tanto dicha medida fue dictada a fin de compatibilizar la necesidad de prestar el servicio educativo de manera presencial con la necesidad de evitar la exposición de personas que cuenten con alguno de los permisos de ausencia extraordinarios al lugar de trabajo.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El recurso fue interpuesto en virtud del rechazo del recurso de apelación contra la resolución de grado que rechazó el embargo preventivo peticionado mediante el Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) en los términos de la Comunicación “A” 6281 emitida por el Banco Central de la República Argentina.
El Juez de grado ordenó librar oficio a dicha entidad a fin que indique si el demandado en autos posee cuentas bancarias y en su caso individualice las mismas.
El recurso de apelación fue denegado por el Juez de grado en virtud de que el monto reclamado en la demanda resulta inferior al mínimo establecido por el Consejo de la Magistratura.
En efecto, corresponde aplicar el artículo 456 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario que regula el recurso de apelación en los juicios de ejecución fiscal.
De acuerdo a la reglamentación vigente –tanto actualmente como al inicio del juicio– el monto mínimo de apelación es de noventa mil pesos ($90.000) –. Resolución N° 18/CM/17–.
Ello así, y atento que el monto por capital reclamado en este juicio es inferior a dicho monto, los agravios esgrimidos contra el auto denegatorio resistido no pueden prosperar.

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por el actor con el fin de que ordenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que mantuviera su situación de revista y que se abstuviera de adoptar cualquier medida que importara la suspensión de sus haberes en el marco del recurso directo de revisión interpuesto contra la Resolución mediante la que se dejó sin efecto la convalidación de su designación en un Hospital de esta Ciudad.
En efecto, mediante la medida cautelar solicitada se pretende suspender los efectos de una Resolución Administrativa que no se encuentra impugnada en autos ya que el recurso directo de revisión fue interpuesto contra otra Resolución que dispuso su cesatía.
Ello así, se comparte el criterio sostenido por la Sra. Fiscal ante la Cámara en cuanto señala que el actor no ha efectuado desarrollo argumentativo alguno que permita adentrarse en la validez de dicha resolución.
Ello así, teniendo en cuenta que las medidas cautelares deben estar en función del objeto del juicio, ya que “tienen por objeto garantizar los efectos del proceso” (artículo 177 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad), y que nada cabría resolver en estos autos sobre la validez de la resolución cuya suspensión se pretende, cabe concluir que la petición del actor no puede prosperar.

En el caso, corresponde declarar desierto el agravio esgrimido por el demandado respecto a la aplicación de la Resolución N°1571/94.
Con relación a la aplicación de esta Resolución 1571/94, la Jueza de grado sostuvo que “la norma señalada no exime al empleador de realizar las correspondientes retenciones sino que, simplemente le señala el origen de los fondos para cancelarlas".
La demandada precisó que los porcentajes de aportes y contribuciones sobre el fondo estímulo deberían extraerse del propio fondo que reúne el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para abonar este concepto sobre la base de lo dispuesto en la Resolución N° 1571/SHYF/1994.
Sin embargo, en su recurso, el demandado omitió dar cuenta de los requisitos establecidos en el código de forma respecto del escrito de expresión de agravios (artículo 236 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario).
La recurrente se limitó a manifestar que la Resolución N° 1571/SHyF/94 es un acto administrativo instrumental o acto interno de la administración que no tiene efectos jurídicos directos ni trascienden el ámbito de la organización administrativa sin refutar la observación que efectuara la Jueza de grado su respecto.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda de acceso a la información interpuesta por el Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones porque carece de legitimación procesal activa para realizar la actividad judicial que pretende ante la primera instancia, porque para ello debe contar con una disposición expresa de la Asesoría Tutelar General emitida en los términos del artículo 49, inciso 5° de la Ley N° 1.903.
En este contexto, en el marco de la organización jerárquica que prevé el artículo 5° de la Ley Nº 1.903, el 27/4/2018 la Asesoría General Tutelar dictó la Resolución Nº 75/2018 que estableció el procedimiento concerniente al ejercicio de la facultad prevista en el artículo 49, inciso 5° de la referida Ley, como criterio general de actuación para los Asesores Tutelares que actúan ante ambas instancias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
De los considerandos de dicha la resolución surge que “...una interpretación literal del enunciado normativo del artículo 49, inciso 5°, de la Ley N° 1.903 indica que toda actuación conjunta o alternativa de los/as asesores/as tutelares de igual o diferente jerarquía solo puede ser llevada a cabo de manera regular si existe una previa decisión de el/la titular de la Asesoría General Tutelar que la disponga expresamente” (cfr. cons. 7).
En función a los motivos expuestos, en el artículo 1° inciso h) de la resolución se estableció categóricamente que “[l] os Asesores Tutelares de Cámara con competencia para actuar en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario se encontrarán facultados para realizar actividad judicial y extrajudicial propia de las funciones de primera instancia únicamente cuando ello haya sido dispuesto de manera expresa por el/la titular de la Asesoría Tutelar en los términos del artículo 49 inciso 5° de la Ley Nº 1.903, y sólo en los límites del objeto propio de una concreta disposición de ese tipo”.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda interpuesta por el actor a fin de impugnar y solicitar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 638-MMGC-14 que derogó la Resolución N° 2458-MJGGC-MHGC-2010.
El actor sostuvo que la modificación del cálculo de su salario violentaba el principio de razonabilidad y sus derechos adquiridos, referidos a la garantía de inviolabilidad de la propiedad, y al principio de igual remuneración por igual tarea.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció una remuneración para el régimen gerencial acorde a la responsabilidad de los cargos creados, y el actor no solo percibió la referida remuneración por su desempeño como Sub Gerente Operativo de Servicios Jurídicos con carácter definitivo, sino además un concepto variable para compensar la diferencia entre tal remuneración y la que le hubiera correspondido por su situación de revista.
Ello así los principios de igual remuneración por igual tarea y a una remuneración justa no aparecen vulnerados en el caso en estudio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda interpuesta por el actor a fin de impugnar y solicitar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 638-MMGC-14 que derogó la Resolución N° 2458-MJGGC-MHGC-2010.
El actor sostuvo que la modificación del cálculo de su salario violentaba el principio de razonabilidad y sus derechos adquiridos, referidos a la garantía de inviolabilidad de la propiedad, y al principio de igual remuneración por igual tarea.
Sin embargo, no se ha demostrado que por la Resolución impugnada el actor hubiera percibido una remuneración menor que la que percibían otros agentes de la Administración que ocupaban un cargo gerencial similar y ostentaban su misma situación de revista por lo que no se advierte vulneración al principio de igual remuneración por igual tarea.
Tampoco se han dado razones que pudieran sustentar la conclusión de que el monto de la retribución percibida no resultara adecuada a las tareas y responsabilidades asumidas, al punto tal de encontrarse vulnerado su derecho apercibir una remuneración justa por su labor.
Tampoco existe prueba que permita afirmar que por aplicación de la Resolución impugnada, el actor hubiera sufrido una disminución de sus haberes, como tampoco se han arrimado elementos que permitan determinar cuál hubiera sido eventualmente su remuneración de haber continuado en vigencia la Resolución cuya aplicación pretende en autos.
Por el contrario, se ha afirmado que la derogación de la Resolución Nº 2458-MJGGC-MHGC-2010 no había generado una reducción en la cuantía salarial del accionante.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda interpuesta por el actor a fin de impugnar y solicitar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 638-MMGC-14 que derogó la Resolución N° 2458-MJGGC-MHGC-2010.
En efecto, el actor no ha aportado razones atendibles para desvirtuar la conclusión a la que arribara el Juez de grado en cuanto a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en la Resolución Nº 638-MMGC-2014.
Tal como se sostuvo en la sentencia de grado, en modo alguno puede decirse que el dictado de la Resolución Nº 638-MMGC-14 hubiera sido irrazonable o arbitrario, en tanto respondió a la necesidad de revertir una situación de desigualdad e injusticia que se había generado por la aplicación literal de la Resolución Nº 2458-MJGGC-MHGC-2010 en relación al resto de las autoridades y con los agentes de planta permanente que se encontraban en idéntica situación de revista.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda interpuesta por el actor a fin de impugnar y solicitar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 638-MMGC-14 que derogó la Resolución N° 2458-MJGGC-MHGC-2010.
El apelante sostiene que hubiera carecido de lógica prepararse y presentarse a un concurso y asumir las mayores responsabilidades del cargo gerencial, si ello no hubiera significado un beneficio económico.
Ahora bien, el actor omite considerar que desde el primer momento en que se concibió la “compensación” –mediante Resolución Nº 3017-MHGC-2009, de fecha anterior a que el actor asumiera su primer cargo gerencial– la intención no fue que el agente cobrara un sueldo más elevado que aquel que correspondía a su situación de revista, sino tan solo de pudiera conservar su nivel salarial para el caso de que la retribución prevista para el cargo gerencial que asumía hubiera resultado menor.
Dicha compensación no estaba dirigida a retribuir las responsabilidades que se le atribuyeron en virtud del cargo gerencial asumido, ya que ello fue específicamente contemplado por la Resolución N° 2481-MJGGC-MHGC2009 –también de fecha anterior a la asunción del agente como Sub Gerente operativo– que fijó la escala salarial para los cargos gerenciales y, al hacerlo, tuvo en consideración la correspondiente responsabilidad que tales cargos conllevaban.
Ello así, el solo hecho de que a criterio del actor no se justificara asumir el cargo gerencial para el que concursó por no significar un incremento salarial, no torna a la norma ni en arbitraria, ni en irrazonable.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda interpuesta por el actor a fin de impugnar y solicitar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 638-MMGC-14 que derogó la Resolución N° 2458-MJGGC-MHGC-2010.
El actor sostuvo que la modificación del cálculo de su salario violentaba el principio de razonabilidad y sus derechos adquiridos, referidos a la garantía de inviolabilidad de la propiedad, y al principio de igual remuneración por igual tarea.
Sin embargo, si bien se advierte que entre agosto de 2014 y enero de 2016 el salario del actor no habría sufrido incremento alguno, no se ha probado en autos que ello hubiera sido así debido a la aplicación de la normativa impugnada (que comenzó a regir a partir de noviembre de 2014), ni que el actor hubiera percibido un menor salario que otros agentes que ocuparan también un cargo de sub gerente operativo por concurso, y/o que quienes hubieran ostentado su misma situación de revista en planta permanente.
Descartadas tanto la arbitrariedad de la norma, como la vulneración al principio de igual remuneración por igual tarea y, también, que la retribución del actor hubiera sufrido detrimento alguno, cabe recordar que conforme inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “las decisiones en materia de política salarial, adoptadas sobre la base de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta al momento de su dictado, no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, sin estar facultados para sustituirse a ellos en la valoración de circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (doctrina de Fallos: 308:2246; 311:2128 y más recientemente in re B.274, L.XXXIX, Nacional B.4179, L.XXXVIII, "Barrientos, Simeón cl Estado Ministerio de Justicia Servicio Penitenciario -5- Federal" del 23 de septiembre de 2003” (CSJN, in re "Gómez, Alberto y otros c/ EN - Secretaría de Cultura - dto. 1421/02 s/ empleo público", sentencia del 29/12/2015, Fallos: 338:158, por remisión al Dictamen del Procurador General).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación del actor en referencia a la imposición de costas dispuestas por el Juez de grado al rechazar la demanda interpuesta a fin de impugnar y solicitar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 638-MMGC-14 que derogó la Resolución N° 2458-MJGGC-MHGC-2010.
El actor sostuvo que se había considerado con el legítimo derecho a reclamar en virtud de la aplicación arbitraria de la Resolución Nº 638-MMGC-2014 y que, para la aplicación de las costas procesales, no se había tenido en cuenta las características laborales del reclamo.
En efecto, y si perjuicio del principio general en materia de costas, el Código Contencioso, Administrativo y Tributario también prevé sobre la eximición de costas en el segundo párrafo del artículo 62.
Respecto de las características laborales del reclamo, cabe aclarar que en el ordenamiento procesal local se encuentran exentos del pago de tasa de justicia los trabajadores en relación de dependencia y sus causahabientes, en los juicios originados en la relación (artículo 3º inciso h de la Ley Nº 327). Asimismo el Código Contencioso, Administrativo y Tributario contempla la posibilidad de peticionar y tramitar el beneficio de litigar sin gastos, prerrogativa que el actor no ha utilizado.
Sin perjuicio de que el cambio normativo que el actor cuestiona no resulta arbitrario ni irrazonable, lo cierto es que fue el propio demandado quien, ya sea por una confusa redacción, o bien por una incorrecta aplicación de la Resolución Nº 2458- MJGGC-MHGC-2010, le generó una legítima expectativa de gozar de un régimen salarial que, a su criterio, lo beneficiaba.
En virtud de ello, es atendible que el actor se hubiera considerado con legítimo derecho a reclamar por lo que corresponde revocar la sentencia de grado en este punto, y disponer que las costas de dicha instancia sean aplicadas por el orden en que fueron causadas.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar al amparo interpuesto por el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones e intimó a la demandada a que brinde la información solicitada mediante Oficio.
La Jueza de grado señaló que la Resolución N°75/AGT/2018 invocada por el demandado para cuestionar la legitimación del Asesor Tutelar ante la Cámara no resulta aplicable a este tipo de acciones.
En efecto, de las constancias de autos no surge que la actuación del Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara encuadre en el supuesto del artículo 1 inciso h de la Resolución N°AGT 75/18.
La demanda se inició en los términos de la Ley N°104, sin invocar representación alguna y con el solo objeto de que el Director General de la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad brinde la información requerida mediante un oficio extrajudicial.
No es posible admitir que el demandante, por el solo hecho de ser Asesor Tutelar ante la Cámara, tenga menos derecho que cualquier habitante de la Ciudad a requerir información, ni que una reglamentación interna, como la Resolución invocada por la recurrente pueda modificar lo dispuesto -en cuanto a legitimación- por la Ley N°104, ni limitar las facultades de investigación otorgadas por ley a los integrantes del Ministerio Público (artículo 20 Ley N°1.903).

En el caso, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte actora en relación al destino de los fondos de la sanción de astreintes aplicadas en autos.
La actora requirió ser la beneficiaria del monto de las astreintes impuestas en el marco de esta causa en el entendimiento que quienes padecían los incumplimientos eran los alcanzados por los efectos del amparo y, que la parte actora es quien se encargará de ejecutar y perseguir las multas siendo ella además la principal interesada en el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, y si bien el artículo 30 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario establece que las astreintes tendrán un destino individual, en tanto prescribe que su beneficiario será el titular del derecho afectado por el incumplimiento, dado el carácter colectivo del objeto procesal de la presente causa, resulta materialmente imposible que frente a la imposición de sanciones conminatorias se cumpla con el destino establecido en el mencionado artículo.
Aunado a ello, la Resolución CM N° 173/2015 del Consejo de la Magistratura aprobó el “Protocolo para la asignación de fondos provenientes de multas y astreintes del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario" que deberá seguirse en todos los casos en que los Magistrados/as del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad apliquen astreintes en el marco de acciones colectivas (artículo 1).
En efecto, dicha resolución modificó el artículo 6°, del Anexo I, de la Resolución CM N° 116/2001.
Ello así, no resulta posible que las astreintes impuestas tengan el destino pretendido por la actora, circunstancia que impone el rechazo de su apelación.

En el caso, corresponde elevar la suma dispuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC- en concepto de resarcimiento a la denunciante en los términos del artículo 40bis de la Ley Nº 24.240.
En efecto, aun si por hipótesis se considerase que la presunta firmeza de la Disposición Administrativa que le impuso a la sancionada sanción de multa y reconoció una suma a la denunciante en concepto de daño directo podría impedir la revisión de la indemnización, lo cierto es que el acto en cuestión fue impugnado por la propia sancionada.
Desde la perspectiva tuitiva que caracteriza el derecho del consumo, sería irrazonable concluir que el acto se encuentra firme para el consumidor –parte débil de la relación- pero no para el proveedor.
El reconocimiento del daño directo se presenta como una institución orientada a facilitar al consumidor la obtención de una reparación –en ocasiones, sólo parcial- de manera rápida y sencilla, sin necesidad de ocurrir a la vía judicial. Es posible identificarlo como uno de los mecanismos orientados a cumplir con la manda constitucional que exige que la legislación establezca “procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos” (artículo 42).
En este marco, atribuir firmeza al acto dictado por la administración en lo que respecta al consumidor, pero a la vez admitir la posibilidad de que el proveedor lo controvierta en los estrados judiciales, conduciría a un resultado contrario al buscado por la ley.
El consumidor, en lugar de obtener una respuesta rápida, se vería obligado a participar del debate judicial que se procuraba evitar, con el agravante de que el monto fijado a su favor podría ser eventualmente dejado sin efecto, pero no incrementado.
Es decir que, en casos como el aquí analizado, el planteo sobre el daño directo en sede administrativa acabaría colocando al consumidor en una posición desfavorable en la “litis” posterior.
Ello así el planteo de la denunciante respecto a la elevación de la suma reconocida en concepto de daño directo es oportuno y debe ser acogido.

En el caso, corresponde revocar la resolución, en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de acción en la investigación penal preparatoria, y en consecuencia, archivar las presentes actuaciones seguidas contra el encausado.
Conforme surge de las constancias de autos, la Fiscal de instrucción sostuvo que los hechos denunciados contra el encausado encuadrarían en el delito de “grooming” previsto en el artículo 131 del Código Penal.
La Defensa se agravió y planteó la excepción de falta de acción por vencimiento del plazo de investigación penal preparatoria (art. 207, inc. B, del CPPCABA). Sostuvo que el plazo de duración de la investigación preparatoria había transcurrido igualmente durante la vigencia de la Resolución del Consejo de la Magistratura 58/2020, y sus prórrogas, en virtud de la habilitación de feria que implicó la resolución del 24 de julio de 2020 y los actos posteriores que fueron su consecuencia, debiendo computarse el lapso temporal comprendido entre el 24 de julio de 2020 y el 14 de abril de 2021.
Ahora bien, en primer lugar, debo recordar que los artículos 110 y 111 del Código Procesal Penal de la Ciudad vienen a reglamentar la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable en nuestro ordenamiento procesal. En este sentido, considerando que la reglamentación de la mentada garantía en nuestro ordenamiento procesal implica la obligación del Estado de investigar a una determinada persona durante un tiempo específico, la suspensión de los plazos decretada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por la pandemia del virus “Covid-19” (Resolución CM 58/2020 y concordantes) no le impedía al Ministerio Público Fiscal impulsar los actos que podrían haber evitado la perención del término. Al menos, la fiscalía no manifestó imposibilidad alguna.
En efecto, en cuanto lo estimó adecuado solicitó y diligenció medidas probatorias, entre ellas, dictó el decreto de determinación de los hechos y requirió la autorización judicial a fin de librar el oficio mencionado a la firma “Facebook Inc.” Por consiguiente, no es acertado sostener que la suspensión de los plazos beneficie únicamente al órgano encargado de la persecución penal, quien continuó con la investigación, tal como ocurrió en el caso de autos. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución, en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de acción en la investigación penal preparatoria, y en consecuencia, archivar las presentes actuaciones seguidas contra el encausado.
La Defensa se agravió y planteó la excepción de falta de acción por vencimiento del plazo de investigación penal preparatoria (art. 207, inc. B, del CPPCABA), por considerar que, encontrándose su defendido individualizado desde el inicio de las actuaciones, había transcurrido holgadamente el plazo de noventa días que prescribe el artículo 110 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sin que la Fiscalía hubiera solicitado la respectiva prórroga, y sin que el encausado hubiera sido intimado de los hechos. Asimismo, sostuvo que el plazo de duración de la investigación preparatoria había transcurrido igualmente durante la vigencia de la Resolución del Consejo de la Magistratura 58/2020 y sus prórrogas.
Así las cosas, los principios de buena fe e igualdad de armas que rigen el proceso penal (art. 2 CPPCABA) impiden interpretar que sea posible seguir avanzando con la investigación durante un periodo de plazos suspendidos (que permite dejar a salvo los actos válidamente practicados) pero que contradictoriamente dicho lapso, no compute para garantizar el plazo razonable con el que cuenta la Fiscalía a fin de citar a la audiencia de intimación de los hechos al imputado, plazo establecido en el artículo 110, inciso 1, del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Por lo tanto, ante la ausencia de razones que pudieran sostener la imposibilidad para proseguir con la investigación en el tiempo legalmente establecido, no es posible sostener válidamente que se mantuvo en la causa la suspensión de los plazos sin que ello afecte irremediablemente la igualdad de armas con la que debe contar la Defensa.
En caso contrario, entiendo, implicaría que el término con que cuenta el Estado para llevar a cabo la investigación se pueda prolongar más allá de lo previsto por el Código Procesal Penal, desnaturalizando así la garantía de plazo razonable de la investigación que reglamenta el artículo 110 del mencionado cuerpo legal. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que impuso las costas del proceso al demandado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adujo que no había sido vencido ni se había allanado. Recordó que la actora, además de pretender que se hiciera lugar a su pedido de repetición, había planteado la inconstitucionalidad de la Resolución N°4151/03 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y solicitado, en su lugar, la aplicación de la tasa activa promedio del Banco Ciudad para el cálculo de intereses.
Manifestó que, posteriormente, el reclamo de la actora en sede administrativa había sido resuelto mediante la Resolución N°371/21, que había hecho lugar a la repetición, con los intereses correspondientes, a calcularse desde la fecha de interposición de la solicitud y aplicando la tasa dispuesta en la Resolución N°4151/03 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Puso de resalto que, al no haber sido recurrida luego de notificada debidamente, la resolución se encontraba firme.
Sin embargo, los argumentos esgrimidos no logran enervar la decisión adoptada, en tanto no controvierten el fundamento principal del que se valió el Juez para imponer las costas.
En efecto, la actora inició el reclamo administrativo de repetición y no fue resuelto sino más de cinco años después.
Por ello corresponde confirmar la imposición de costas dispuesta en la instancia de grado.
El hecho de que no se haya hecho lugar al planteo de inconstitucionalidad pretendido por la actora no obsta a la forma en que se decide; en primer lugar, porque se trata de una cuestión accesoria y, luego, porque la defensa contra tal planteo fue opuesta subsidiariamente para el caso que el Juez de grado entendiera que debe darse tratamiento a esta petición, situación que no tuvo lugar en autos.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y en consecuencia, rechazar la acción promovida por el Sr. Asesor Tutelar de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) con el objeto de dar respuesta al oficio en materia de acceso a la información pública.
En efecto el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones de este fuero carece de legitimación procesal activa para realizar la actividad judicial que pretende ante la primera instancia, porque para ello debe contar con una disposición expresa de la Asesoría Tutelar General emitida en los términos del artículo 49, inciso 5º de la Ley Nº 1.903.
Tal conclusión surge tanto de la normativa aplicable al caso (artículos 20 y 53 de la Ley 1.903) como de la Resolucion N° 75/2018 dictada por la Asesoría General Tutelar que estableció el procedimiento concerniente al ejercicio de la facultad prevista en el artículo 49 inciso 5º de la referida Ley, como criterio general de actuación para los Asesores Tutelares que actúan ante ambas instancias del fuero CAyT.
Sumado a lo anterior, podemos agregar lo expresado en los considerandos 7º, 10 y 11 como puntualmente lo dispuesto en el artículo 1° inciso h) -todos de la referida Resolución- donde se establece categóricamente que “los Asesores Tutelares de Cámara con competencia para actuar en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario se encontrarán facultados para realizar actividad judicial y extrajudicial propia de las funciones de primera instancia únicamente cuando ello haya sido dispuesto de manera expresa por el/la titular de la Asesoría Tutelar en los términos del artículo 49 inciso 5) de la Ley Nº 1.903, y sólo en los límites del objeto propio de una concreta disposición de ese tipo”.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de la normativa que había negado el carácter salarial de los rubros litigados.
El Juez de grado expresó que, si bien la parte no efectuado una petición expresa respecto de la Resolución Nº 278/AGIP/2011 y del artículo 3 de la Resolución Nº 195/AGIP/2017, por aplicación del principio "iura novit curia" resultaba necesario examinar la validez constitucional de las normas en cuestión a los fines de resolver las cuestiones litigiosas y declaró su inconstitucionalidad.
El demandado reprochó esta declaración de inconstitucionalidad.
Sin embargo, tal como lo indicó la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen, el apelante no se hace cargo de controvertir el razonamiento del Juez de grado según el cual tales instrumentos –en cuanto atribuyeron carácter no remunerativo a los suplementos que otorgaron–, soslayaban el entramado normativo aplicable y la jurisprudencia imperante en la materia, máxime cuando había quedado constatado su abono a los actores en forma general, habitual y permanente.
Ello así, el apelante no ha logrado expresar una crítica debidamente fundada de la sentencia apelada por lo que corresponde declarar desierto el recurso en los términos de los artículos 236 y 237 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de la normativa que había negado el carácter salarial de los rubros litigados.
El Juez de grado expresó que, si bien la parte no efectuado una petición expresa respecto de la Resolución Nº 278/AGIP/2011 y del artículo 3 de la Resolución Nº 195/AGIP/2017, por aplicación del principio "iura novit curia" resultaba necesario examinar la validez constitucional de las normas en cuestión a los fines de resolver las cuestiones litigiosas y declaró su inconstitucionalidad.
El demandado reprochó esta declaración de inconstitucionalidad.
Sin embargo, una vez establecido el carácter remunerativo de los suplementos salariales otorgados por la Resolución Nº 195/AGIP/2017 (Complemento Salarial Temporario y Fondo Estímulo s/ CST Res. Nº 604/13) quedó determinada su incompatibilidad con el orden constitucional.
En este sentido, es pertinente recordar que la Corte Suprema ha señalado en forma inveterada que la declaración de inconstitucionalidad, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal judicial, sólo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe recurrirse a ella salvo en situaciones de estricta necesidad (CSJN, in re “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, sentencia del 27/11/2012, Fallos, 335:2333).
Asimismo, también en este precedente el Tribunal ratificó la facultad de los Jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas o Decretos.
Los recaudos y condiciones señaladas por la Corte se encuentran presentes en este caso, toda vez que –por un lado– la declaración de incompatibilidad con el texto constitucional es necesaria y se presenta en el caso como "ultima ratio", en la medida en que no resulta posible efectuar una interpretación de los preceptos en análisis que sea compatible con el contenido sustantivo que corresponde asignar al derecho afectado.
Por el otro lado, también ha quedado demostrado en autos que la aplicación de la normativa cuestionada irrogó un perjuicio concreto a los/as actores/as, al haber percibido sumas salariales con carácter no remunerativo, cuando ha quedado probado que se trata de rubros de carácter remunerativo.
A ello debe agregarse que, al no haber rebatido eficazmente el carácter remunerativo reconocido a los suplementos en juego, tampoco logró el recurrente demostrar que la declaración de inconstitucionalidad efectuada le causara gravamen alguno (del voto en disidencia del Dr. Pablo Mántaras).

En el caso, corresponde conceder parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de segunda instancia que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la misma parte.
La sentencia de segunda instancia ordenó al demandado devolver a la firma actora los importes ingresados en concepto de ajuste y multa por una operación inmobiliaria en virtud de la real sustancia del entramado negocial por ésta desplegado a partir del cual se calificó a la operación como bien de uso.
Frente a ello, la demandada ––al interponer el recurso de inconstitucionalidad–– sostuvo que la sentencia se apartó de las constancias de la causa, al momento de valorar las probanzas de autos, por cuanto dejó de aplicar la Resolución N°4151/2003 sin que la actora la hubiera cuestionado al momento de promover demanda, violentando los principios dispositivo, el de preclusión procesal y con ello la seguridad jurídica y el derecho de defensa en juicio.
En cuanto a la no aplicación de la Resolución N°4151/SHYF/2003, la recurrente manifestó que se ha violado el principio de legalidad desde diversos ángulos, ya sea no determinando la norma en la que sustenta su decisión o citándola en forma sesgada o cuando deja de aplicar la Resolución N°4151/2003 sin declarar su inconstitucionalidad vulnerando el debido proceso por cuanto la actora no la cuestionó al momento de promover demanda, sino recién frente a la segunda instancia.
De hecho modificó su pretensión inicial y violentó el principio dispositivo y consecuentemente el derecho de defensa ya que al requerir la repetición peticionó solamente con intereses sin especificar cuáles ni peticionarlos en forma particular por lo que cabe afirmar que en el marco de la legalidad, los intereses que peticionó fueron los legales, es decir los de la Resolución N°4151/SHyF/2003.
Así consideró que mediante la sentencia que se ataca se dejó de lado dicha norma, ya que se permite exceptuar del pago del tributo a la actividad de la firma actora, pese a que de las constancias de autos no se desprende que se esté en presencia de una venta de un inmueble afectado como un bien de uso y que aún de serlo no esté exceptuado de la excepción.
En efecto, , la crítica de la recurrente exhibe una cuestión constitucional relacionada, de manera directa, con el decisorio definitivo que emana de esta instancia y, en tal medida, resulta formalmente idónea para suscitar la competencia del Tribunal Superior de Justicia por la vía intentada.
El pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Tribunal Superior por la vía intentada, dado que se impugna una sentencia definitiva, emanada de esta Cámara —que reviste el carácter de superior tribunal de la causa—, y la pretensión se expresa en términos constitucionales, esto es, pone en juego la interpretación, aplicación y vigencia de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tal sentido, la Administración sustenta el recurso de inconstitucionalidad en la supuesta vulneración del principio de legalidad, y de los derechos al debido proceso y de defensa en juicio.
Ello así, encontrándose en debate la interpretación y el alcance de normas constitucionales (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional), y toda vez que tales preceptos tuvieron una relación directa e inmediata con la solución adoptada, corresponde admitir el remedio intentado (artículo 27, Ley Nº 402).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución de grado que declaró la caducidad de la instancia.
El Juez de grado consideró que entre el 15 de marzo de 2021 –fecha en que se produjo el último acto al que atribuyó carácter impulsorio– y el 27 de mayo siguiente –día en el que intimó a la parte actora para que realizara un acto procesal tendiente a lograr el avance del proceso, transcurrió el plazo de sesenta (60) días previsto en el artículo 23 de la Ley Nº 2.145. Aunado a ello, desestimó la presentación realizada el 1° de junio de 2021 a fin de cumplir con la referida intimación.
Sin embargo, el letrado patrocinante de la parte actora –invocando la figura del gestor procesal– realizó una presentación mediante la cual manifestó expresamente la voluntad de sus mandantes de continuar la presente acción y denunció la existencia de litispendencia con otra causa en trámite a la vez que peticionó el libramiento de un oficio a los fines de tomar conocimiento de su estado procesal y, finalmente, solicitó la vinculación del domicilio electrónico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, corresponde analizar la cuestión a la luz de las directrices que surgen de las resoluciones de la Presidencia del Consejo de la Magistratura N° 359/20 y 381/20 (notificación electrónica), se advierte la necesidad de la vinculación de los domicilios de todas las partes intervinientes.
Ello así, se advierte que la parte actora se exteriorizó un impulso procesal idóneo por lo que no resulta posible tener por configurada la perención.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción por falta de acción articulada por la Defensa, así como tampoco a la morigeración de la distancia de acercamiento del imputado respecto de la denunciante.
La Defensa se agravia de la decisión de la Magistrada de no archivar la investigación en los términos del artículo 111, segundo párrafo del Código Procesal Penal. A criterio de la recurrente, habiendo transcurrido el plazo perentorio legal desde la intimación de los hechos para requerir la elevación a juicio, correspondería ordenar el archivo de las actuaciones. En este sentido, criticó el argumento de la “A quo”, en cuanto no hizo lugar a su planteo en virtud de que los plazos legales estaban suspendidos como consecuencia de una serie de resoluciones del Consejo de Magistratura de la Ciudad (RM 58/20, sus prórrogas y la nro. 2/21), con motivo de la pandemia del virus “COVID-19”.
En este sentido, es necesario analizar si la suspensión de los plazos dictaminada por el Consejo de la Magistratura afectó el derecho del encausado a ser juzgado en un plazo razonable. Ello, en tanto, aun mediando un receso judicial extraordinario, continúan aplicándose las garantías constitucionales, y la situación excepcional que llevó a la ralentización del trámite de las investigaciones penales en la jurisdicción debe contemplarse a la hora de analizar una posible afectación al plazo que tiene el Estado para perseguir la comisión de delitos.
Ahora bien, si bien el contexto de pandemia no puede imputársele al acusado, lo cierto es que tampoco puede hacérselo a la acusación pública, la que, visto su personal reducido, tuvo que priorizar, tal como lo ordenó el Consejo de la Magistratura de la Ciudad al suspender los plazos procesales, el trámite de las cuestiones urgentes.
Como otro indicador para evaluar la posible afectación al plazo razonable, es dable destacar que no ha transcurrido siquiera el plazo establecido por ley para la persecución penal de uno de los delitos imputados. A ello cabe agregar que el acusado estuvo en libertad durante todo el transcurso de la investigación, por lo que el proceso penal tuvo un impacto mínimo en cuanto a su restricción de derechos.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la decisión en materia de costas dispuesta en la sentencia de primera instancia.
El Juez de grado resolvió declarar abstracta la cuestión planteada por los actores en la acción de amparo interpuesta e impuso las costas a la demandada.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió por cuanto la sentencia de primera instancia le impuso las costas; entendió que no existían motivos lógicos y jurídicos que justificaran dicha decisión ya que, al no haber una parte vencida, las costas debieron haber sido distribuidas en el orden causado.
Recordó que el permiso requerido por los actores le fue acordado mediante la Resolución N°591/GCABA-SSCDOC/2021, por lo que la cuestión se tornó abstracta, pero no a raíz del inicio del presente amparo, sino en virtud del dictado de la referida Resolución que alcanzó al universo del personal dependiente del Ministerio de Educación.
Sin embargo, los actores formularon reclamo administrativo con fecha 6 y 12 de febrero de 2021 a fin de solicitar el permiso excepcional de prestación de servicio no presencial en relación al establecimiento donde se desempeñan debido a encontrarse dentro de los denominados “grupos de riesgo” por ser mayores de 60 años.
Los actores promovieron la presente acción el día 12 de febrero de 2021 y la Resolución N° 591/GCABASSCDOC/2021 - que autorizaba a los/las trabajadores/as mayores de sesenta (60) años de edad, sin comorbilidades, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que así lo soliciten, a prestar el servicio en forma remota transitoriamente, hasta tanto se encuentre disponible para dichos trabajadores/as la posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID-19 - fue publicada el 17 de febrero de 2021.
La parte demandada informó el dictado de la mencionada resolución el día 19 de febrero de 2021 e hizo saber que, cumplido el requisito de la edad que exige la norma citada por los actores, les correspondía hacer uso de la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos establecidos en la resolución citada.
En efecto, fue recién el 17 de febrero de 2021, esto es con posterioridad al inicio de las actuaciones, con el dictado de la Resolución N° 591/GCABASSCDOC/2021 que la Administración les concedió a los actores el derecho a hacer uso de la dispensa solicitada y con ello al disfrute de los derechos en juego.
Por ello, lo expuesto justifica no eximir de las costas a la Administración, en tanto fue su conducta aquello que puso a la parte actora en la necesidad de litigar.

En el caso, corresponde tener por cumplido el Registro –conforme artículo 11 de la Resolución CM Nº 42/2017, Anexo I –reemplazado por Resolución CM Nº 19/2019- y notificar el Tribunal que va a conocer en el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto por el Señor Asesor Tutelar.
El Asesor Tutelar solicitó a los Sres. Jueces que procedan a declarar admisible el recurso de inaplicabilidad contra la sentencia de la Sala II y se ordene comunicar la admisión de aquel a los demás jueces integrantes de la Cámara. A su vez, requirió al tribunal en pleno que: “Fije doctrina legal en el sentido de que el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero se encuentra legitimado para promover amparos por acceso a la información (conforme Ley N°104) y atento a las facultades de investigación que el artículo 20 de la Ley N°1.903 otorga a los integrantes del Ministerio Público en cualquiera de sus instancias.
En este marco, el Ministerio público Fiscal advirtió que el procedimiento vigente para dar tratamiento al recurso de inaplicabilidad de ley —que se ajusta a la conformación original de la Cámara del fuero, con solo dos Salas— no lograba dar respuesta a la situación que se plantea en el caso bajo examen, donde son dos Salas (la I y la III) las que, según afirma el recurrente, sostendrían una opinión contraria a aquélla expuesta en la sentencia que se cuestiona.
En efecto, el artículo 252 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario prevé que “cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso”.
Mediante el Acuerdo Plenario N° 3/2002, del 13/03/02, la Cámara resolvió que, con carácter provisorio y hasta tanto se dictara la reglamentación respectiva para el trámite del recurso, se aplique la Resolución N° 44/CM/99, respecto de lo cual cabe decir que a través de la Resolución N° 152/CM/99 se estableció un nuevo procedimiento (Disposición Transitoria Tercera).
El punto 1° de dicha disposición transitoria establece: “Los recursos son recibidos por la Sala emisora de la sentencia definitiva recurrida, cuyo Presidente, corre traslado por diez (10) días a la contraparte. Juntamente con la contestación o vencido el plazo, remite las actuaciones al Presidente de la otra Sala.”; el punto 2° expresa: “La Sala receptora de dichas actuaciones, evalúa los requisitos de admisibilidad del recurso, y si lo declara inadmisible o insuficiente, devuelve el expediente a la Sala de origen. Si declarase admisible el recurso, lo concede con efecto suspensivo y remite los autos al Presidente del Tribunal. En ambos casos, la decisión es irrecurrible.”
Ello así, se observa que la decisión de la Secretaría General de Cámara de sortear entre las dos salas cuyas sentencias —según afirma el recurrente— se contradicen con la de Sala II, resulta ser la más ajustada a derecho.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que rechazó la excepción de inadmisibilidad de instancia formulado por dicha parte.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
En efecto, la recurrente no logró desarrollar argumentos que rebatan los fundamentos expuestos por la Magistrada de grado, limitándose a formular manifestaciones genéricas que solamente traducen un disenso con las conclusiones a las que arribara la jueza de la anterior instancia, pero sin un desarrollo crítico de ellas.
El Gobierno local insiste en que el actor debió interponer un pronto despacho a los fines de lograr el dictado de un acto administrativo y habilitar la instancia judicial.
Sin embargo, no se hace cargo del argumento central por el cual se rechazó la excepción opuesta: que el Código Fiscal no prevé una vía impugnatoria específica para el supuesto planteado en autos –esto es, cuestionar el procedimiento de valuación fiscal de automotores efectuado por la Administración General de Ingresos Públicos–.
Tampoco rebate que las vías recursivas establecidas en los artículos 153 y 154 del Código Fiscal (t.o. 2019) no resultan aplicables al planteo del actor.
Asimismo, sus argumentos respecto de la arbitraria aplicación del artículo 5° del Código Contencioso, Administrativo y Tributario que establece la innecesariedad de agotar la vía administrativa cuando exista una clara conducta de la autoridad administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a dicha instancia, por su generalidad, tampoco pueden ser atendidos.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y revocar la sentencia de grado y en consecuencia, declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
En efecto, la aceptación de la validez de la Resolución impugnada permitiría la configuración de algunas situaciones paradójicas, contradictorias e irrazonables con relación a la Ley N° 104.
Si la Administración cumple con su deber de informar, el señor Asesor de Cámara hará uso de tal información de la forma que considere más adecuada en el marco de sus competencias; en cambio, si omite hacerlo, dicho magistrado no tiene facultades –por imperio de la Resolución cuestionada - para exigir judicialmente a la Administración que acate su deber legal de suministrar los datos solicitados con el alcance y los términos de la Ley N° 104.
En segundo término, si el aquí actor hubiera iniciado este proceso contra el Gobierno local (sin invocar su cargo), ante la falta de respuesta oportuna y completa de la misma información que motiva este pleito, el Juez de grado no podría haber rechazado "in limine" la demanda por falta de legitimación o competencia. La Ley N° 104 no condiciona el pedido de datos a la acreditación de un derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la solicitud.
En cambio, al haberse presentado el actor en su calidad de Asesor Tutelar ante la Cámara, la aplicación de la Resolución AGT N° 75/2018 posibilitó que el juez de grado cerrara la causa sin sustanciación, a partir de ese único fundamento (la resolución AGT n° 75/2018).
En tercer orden, se observa que la aplicación de la resolución cuestionada habilita a la accionada a desobedecer la ley (no responder o, en el mejor de los casos, a darle cumplimiento excediendo las pautas temporales), hecho que no puede ser avalado por los jueces a partir de los principios y reglas reseñados más arriba. Nótese que ante el incumplimiento de la Administración de su deber de informar, la interpretación hecha por el juez de grado (restrictiva del derecho acceso a la información por aplicación de la resolución AGT n° 75/2018) permite la configuración de una evidente situación de desigualdad en el acceso a los datos necesarios, a la tutela administrativa y judicial y al disfrute de los derechos en perjuicio de las personas representadas por el Ministerio Público Tutelar.
En efecto, la Resolución AGT N° 75/2018 transgrede la Ley N° 104 (y con ello, el art. 16, CCABA, que esta reglamenta).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso deducido por el señor Asesor Tutelar ante la Cámara y revocar la sentencia de grado y en consecuencia, declarar inconstitucional la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018.
La Resolución impugnada no dio cumplimiento cabal a todas las exigencias previstas en el artículo 5° de la Ley N° 1.903 en cuanto prevé la obligación de que los criterios generales de actuación sean objeto de publicidad y comunicados por escrito a cada uno de los integrantes del Ministerio Público, así como también, de modo simultáneo, a la Legislatura y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien el artículo 2° de la Resolución de la Asesoría General Tutelar N° 75/2018 ordenó su publicación identificando sendos destinatarios, no surge de dicho artículo que se haya incluido –entre ellos- a la Legislatura tal como expresamente lo establecen las reglas jurídicas del artículo 18, inciso 4 de la Ley N° 1.903.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que lo intimó a cumplir con la sentencia recaída en autos en la cual se hizo lugar a la acción de amparo promovida y se ordenó a la demandada que garantizara al grupo familiar actor una vivienda adecuada y dispuso que, en caso de optar por el subsidio del Decreto N°690/06, el monto debería cubrir las necesidades habitacionales de acuerdo a los valores del mercado.
.El Sr. Defensor Oficial denunció el incumplimiento de la sentencia dictada en autos y solicitó que se adecuara el monto que percibía la actora en concepto de subsidio habitacional para poder cubrir la totalidad del canon locativo el cual ascendía a ocho mil ochocientos pesos ($8800) mientras que la suma percibida era de seis mil ochocientos pesos ($6800).
Se agravia la demandada atento que los recibos acompañados por la actora como prueba documental habían sido extendidos y firmados por quien no acreditaba la titularidad del dominio en cuestión por lo que solicitó que se intimara a la actora a presentar la documentación correspondiente conforme la normativa vigente.
Sin embargo, la documental acompañada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución N°1554/08; la misma contiene el DNI, CUIT, firma y aclaración del locador, así como también el nombre, teléfono y dirección del inmueble, y la fecha de pago de cada recibo coincide con la fecha de cobro.
Ello así, atento que el recaudo exigido por la demandada no surge de la reglamentación invocada, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado y hacer lugar a la excepción de falta de acción respecto del hecho subsumido en la figura prevista por el artículo 5, inciso “c” de la Ley N° 23.737 y archivar las presentes actuaciones dada la afectación a la garantía a ser juzgado en plazo razonable por vencimiento del plazo previsto en el inciso 2° del artículo 110 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sobreseyendo al encausado.
La Defensa se agravió por un lado, por la suspensión de plazos en perjuicio del imputado, y simultáneamente, porque la Fiscalía avanzó en la investigación durante tal período.
Ahora bien, al margen de la suspensión de plazos dictada por el Consejo de la Magistratura en las Resoluciones N° 58/2020 y concordantes, suspensión que se prolongó desde el 17 de marzo del 2020, hasta su levantamiento el 1° de febrero de 2021, no debe perderse de vista que en esta causa en particular la Fiscalía ha continuado realizando actos procesales tendientes a avanzar con la acusación. Entre dichos actos, como refirió la Defensa, se recibió declaración al imputado. Asimismo, la Fiscalía avanzó con medidas de prueba, solicitando en junio de 2020 la apertura del teléfono celular de su asistido.
Así las cosas, los principios de buena fe e igualdad de armas que rigen el proceso penal (art. 2 CPPCABA) impiden interpretar que sea posible seguir avanzando con la investigación durante un periodo de plazos suspendidos (que permite dejar a salvo los actos válidamente practicados) pero que contradictoriamente dicho lapso no compute para el plazo razonable de duración de la Investigación Penal Preparatoria establecido en el artículo 110 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Por lo tanto, al no existir ninguna imposibilidad para la Fiscalía para proseguir con la investigación, no es posible sostener válidamente que se mantenía en la causa la suspensión de los plazos sin que ello afecte irremediablemente a la igualdad de armas con la que debe contar la Defensa. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado y hacer lugar a la excepción de falta de acción respecto del hecho subsumido en la figura prevista por el artículo 5, inciso “c” de la Ley N° 23.737 y archivar las presentes actuaciones dada la afectación a la garantía a ser juzgado en plazo razonable por vencimiento del plazo previsto en el inciso 2° del artículo 110 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sobreseyendo al encausado.
La Defensa se agravió por un lado, por la suspensión de plazos en perjuicio del imputado, y simultáneamente, porque la Fiscalía avanzó en la investigación durante tal período.
Ahora bien, al margen de la suspensión de plazos dictada por el Consejo de la Magistratura en las Resoluciones N° 58/2020 y concordantes, suspensión que se prolongó desde el 17 de marzo del 2020, hasta su levantamiento el 1° de febrero de 2021, no debe perderse de vista que en esta causa en particular la Fiscalía ha continuado realizando actos procesales tendientes a avanzar con la acusación. Entre dichos actos, como refirió la Defensa, se recibió declaración al imputado. Asimismo, la Fiscalía avanzó con medidas de prueba, solicitando en junio de 2020 la apertura del teléfono celular de su asistido.
Así las cosas, resulta evidente que permitir que la Fiscalía continúe investigando, sin que se encuentre sujeta a plazo alguno, deja a la Defensa en una situación sumamente desigual e intolerable, que requiere ser corregida. En este sentido, aceptar que la Fiscalía pueda ejercer su actividad investigativa sin someterse a plazo alguno, y privar a la Defensa de una herramienta prevista por el Código Procesal para hacer efectivo el derecho a la duración razonable del proceso penal.
En efecto, si el órgano acusador podía realizar, como lo hizo, los actos procesales necesarios para llevar la causa adelante, entonces no había motivo para que no lo haga durante el plazo previsto por el artículo 1, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Ciudad. No es posible admitir que la suspensión de los plazos beneficie únicamente al órgano encargado de la persecución penal, y eso fue lo que sucedió en la presente causa.
De este modo, la única forma de reputar como válidos los actos practicados por la Fiscalía, es asumir la reanudación de los plazos procesales. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde tener por habilitada la instancia judicial a fin de conocer en la acción interpuesta por la parte actora contra la Resolución Administrativa que dispuso se cesantía.
En efecto, que al notificarse al agente la Resolución que dispuso la cesantía, se le indicaron los recursos administrativos de que disponía pero nada se dijo sobre la posibilidad de interponer un recurso directo ante la Cámara.
Ello así, de acuerdo con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos (texto ordenado por la Ley N°5.454), la notificación es nula y por tanto debe tenerse por habilitada la instancia.

En el caso, corresponde declarar inadmisible la acción interpuesta por la parte actora contra la Resolución Administrativa que dispuso se cesantía.
En efecto, no se advierten razones para declarar la nulidad del instrumento de notificación mediante la que se comunicó al agente su cesantía.
En tal sentido, el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos (texto ordenado por la Ley N°5.454) indica que junto al acto objeto de notificación se indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse o, en su caso, si agota las instancias administrativas.
En el instrumento de notificación de la sanción cuestionada se indicaron los recursos pertinentes y se introdujo la mención de que el acto no agotaba las instancias administrativas.
Ello así, no hay razones para declarar la nulidad de la notificación. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y declarar la prescripción de los ajustes correspondientes a los períodos anteriores al 09/08, inclusive.
En efecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2°, inciso a, de la Resolución N°2794-SHyF-07, la fecha de vencimiento del anticipo 9 correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se produjo el 16 de octubre de 2008, y la del anticipo 10, el 18 de noviembre de 2008.
El artículo 3.956 del Código Civil (de aplicación al caso) establecía que la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación.
Siendo cada “anticipo” exigible individualmente al mes siguiente de su vencimiento, el cómputo de la prescripción de cada uno de ellos comenzó a partir del momento de su exigibilidad.
Por tanto, el plazo de prescripción referido al período 9 del 2008 comenzó el 17 de octubre de 2008 y operó el 17 de octubre de 2013, esto es, a diferencia del anticipo 10/08 cuya prescripción hubiese operado el 19 de noviembre de 2013, con anterioridad al 28 y 30 de octubre del mismo año, fechas en las que se dictó y se notificó la Resolución N°1800-DGR-13 por la que se intimó a la contribuyente y a su presidente a ingresar la suma determinada.
Ello así, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 66 del Código Fiscal (t.o. 2008 y artículos concordantes y sucesivos), toda vez que, al establecer que el término de prescripción se inicia el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas o ingreso del gravamen, amplía el plazo de prescripción quinquenal previsto en el artículo 4027, inciso 3°, del Código Civil aplicable al caso de autos. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde conceder -con efecto suspensivo- el recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de la Sala IV (confr. art. 2º de la disposición transitoria 3ª de la Resolución 152/CMCABA/99). Asimismo, comunicar mediante oficio de estilo – mediante correo electrónico- a los restantes jueces de la Cámara lo decidido en esta resolución, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 6º de la disposición transitoria 3ª de la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 152/99.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos que en lo sustancial son compartidos corresponde remitirse en razón de brevedad.
Cabe señalar que el artículo 252 del Código Contencioso Administrativo y Tributario prevé que “cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso” .
El Código de rito no ha establecido el procedimiento que debe seguir la Cámara de Apelaciones para resolver en pleno la doctrina aplicable. Sin embargo, mediante el Acuerdo Plenario N° 3/2002, del 13/03/2002, la Cámara resolvió que, con carácter provisorio y hasta tanto se dictara la reglamentación respectiva para el trámite del recurso, se aplique la Resolución N° 44/CM/99.
Ahora bien, a través de la Resolución N° 152/CM/99 se estableció un nuevo procedimiento (Disposición Transitoria Tercera).
Cabe señalar que el procedimiento vigente, que se ajusta perfectamente a la conformación original de la Cámara del fuero, con sólo dos Salas, no logra dar respuesta a la actual conformación del Fuero, integrado por cuatro Salas.
Sin embargo, advierto que en el "sub examine" la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del fuero decidió adoptar un sistema de sorteo entre las otras tres Salas restantes a fin de que sea la Sala desinsaculada -en este caso, la Sala III- la que evalúe los requisitos de admisibilidad del recurso.
Ello así, el método del sorteo seguido en el caso se presenta como una respuesta adecuada para zanjar la situación y determinar entonces el tribunal competente para resolver la admisibilidad formal del recurso planteado.

En el caso, corresponde conceder parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El recurrente se agravió respecto de la decisión de no aplicar la Resolución N°4151/SHyF/2003, y resolvió la aplicación de la tasa dispuesta por el plenario “Eiben” sin que se presente en el caso ausencia de legislación, violando así la división de poderes.
Señaló que los fundamentos de la resolución cuestionada resultaban insuficientes para destruir la legalidad de la Resolución N°4151/SHyF/2003. Consideró que los conceptos introducidos en la resolución cuestionada son genéricos y remiten más al ámbito privado que a la aplicación en derecho público como es la materia tributaria.
Sostuvo que no se encuentra acreditado que la aplicación de la Resolución N°4151/03 perjudique el patrimonio de la actora y que las cuestiones tributarias no se deben relacionar con ideas especulativas por lo que en este tipo de procesos no se gana ni se pierde, sino simplemente se cumple con la obligación a cargo del contribuyente.
Finalmente consideró que si la sentencia apelada se confirma, el contribuyente habrá obtenido un beneficio más que la recomposición de su capital.
En efecto, esta crítica exhibe una cuestión constitucional relacionada, de manera directa, con el decisorio definitivo que emana de esta instancia y, en tal medida, resulta formalmente idónea para suscitar la competencia del Tribunal Superior de Justicia por la vía intentada.
El pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Tribunal Superior dado que se impugna una sentencia definitiva, emanada de esta Cámara —que reviste el carácter de superior tribunal de la causa—, y la pretensión se expresa en términos constitucionales, esto es, pone en juego la interpretación, aplicación y vigencia de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tal sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sustenta el recurso de inconstitucionalidad en la supuesta vulneración del principio de legalidad, y de los derechos al debido proceso y de defensa en juicio.

En el caso, corresponde conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
Mediante la decisión recurrida, esta Sala rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en referencia a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Juez de grado de la Resolución N°4151-SHyF-2003.
En este sentido, y en lo que es relevante a tenor del planteo efectuado, la Cámara de Apelaciones entendió que la aplicación de una tasa de interés tan exigua, como la requerida por el recurrente, resultaba manifiestamente insuficiente para evitar la pérdida de valor del capital adeudado, y por tal motivo, confirmó el pronunciamiento apelado que dispuso la aplicación de la tasa judicial que surgía del plenario de la Cámara “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, Expediente Nº 30370/0, sentencia del 31/5/2013).
En efecto, la crítica sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución N°4151/SHYF/2003 exhibe una cuestión constitucional relacionada, de manera directa, con el decisorio definitivo que emana de esta instancia y, en tal medida, resulta formalmente idónea para suscitar la competencia del Tribunal Superior de Justicia por la vía intentada.
El pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Tribunal Superior por la vía intentada, dado que se impugna una sentencia definitiva, emanada de esta Cámara –que reviste el carácter de superior tribunal de la causa–, y la pretensión se expresa en términos constitucionales, esto es, pone en juego la interpretación, aplicación y vigencia de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tal sentido, el recurrente sustenta el recurso de inconstitucionalidad en la supuesta vulneración del principio de legalidad, y de los derechos al debido proceso y de defensa en juicio.
Ello así, encontrándose en debate la interpretación y el alcance de normas constitucionales (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional), y toda vez que tales preceptos tuvieron una relación directa e inmediata con la solución adoptada, corresponde admitir el remedio intentado (artículo 27, Ley Nº 402).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstuviera de reprogramar la jornada laboral de la actora en días hábiles.
En efecto, la Resolución N° 499/20 -en tanto autoriza a los directores médicos a extender la jornada laboral más allá de los días sábados, domingos, feriados, días no laborables o asuetos- desnaturaliza el régimen propio y especial del personal franquero cuya regulación específica se encuentra prevista en normas de jerarquía superior.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstuviera de reprogramar la jornada laboral de la actora en días hábiles y rechazar la demanda.
En efecto, la legalidad de la Resolución N°499/20 fue confirmada por el Juez de grado y en este punto su decisión no fue cuestionada.
Al plantear su demanda la actora había indicado que se encontraba en período de lactancia y que, al estar cerradas las guarderías, en días hábiles no tenía con quien dejar a sus hijos. En este sentido, la sentencia se fundó en circunstancias que han perdido actualidad. Hace tiempo concluyó el período de lactancia de la actora, la educación inicial está disponible y aunque nos encontramos en mejores condiciones sanitarias que hace uno o dos años, las mayores exigencias al servicio de salud en razón de la pandemia no han cesado (Decreto N°155/21; Decreto de Necesidad y Urgencia N°3/22, Boletín Oficial N°6349, del 01/04/22).
Es decir, la mejora en la situación epidemiológica ha permitido regularizar la prestación de algunos servicios, pero el servicio de salud sigue haciendo frente a mayores demandas en razón del COVID.
En tales circunstancias, no hay elementos en autos para controvertir los motivos que podría tener la Dirección del Hospital donde presta servicios la actora para disponer cambios en los días de prestación de servicio en razón de la emergencia. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstuviera de reprogramar la jornada laboral de la actora en días hábiles y rechazar la demanda.
En efecto, la menor incidencia de infectados e internados por COVID es independiente de otras variables que continúan afectando la prestación del servicio hospitalario, como son la escasez de profesionales en el área de enfermería, la incidencia de las sentencias que han reducido el horario tradicional de trabajo de los franqueros, o las numerosas licencias por enfermedad o por condiciones de riesgo.
La continuidad de las medidas de emergencia obedece a que todavía no se ha logrado reponer la normalidad en la gestión del servicio (artículo 1 y 2 del Decreto N°147/20).
La compleja situación de los servicios de salud ha requerido esfuerzos excepcionales, lo que no impide examinar situaciones particulares, tal como ha acontecido en el caso.
No obstante, al momento de resolver en esta instancia, las razones alegadas para hacer lugar a la demanda han cesado.(Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstuviera de reprogramar la jornada laboral de la actora en días hábiles y rechazar la demanda.
En efecto, la legalidad de la Resolución N°499/20 fue confirmada por el Juez de grado y en este punto su decisión no fue cuestionada.
La Resolución N°499/20 no ha sido declarada inconstitucional, su colisión con la vida privada de la actora habría procedido de circunstancias que han variado y no parece probable que las guarderías, jardines y escuelas vuelvan a cerrar.
Si bien las particulares condiciones de la actora deben ser consideradas al evaluarse cómo satisfacer las necesidades del servicio de salud, por el momento, con los elementos aportados al expediente, no es posible adelantarse a los hechos para juzgar la razonabilidad de la posible aplicación de la Resolución N°499/20.
Entre tanto, cabe aspirar a que las autoridades del Hospital donde trabaja la actora presten el máximo de atención a su situación, y comuniquen y motiven sus decisiones de un modo y en un plazo que le permita cumplir sus obligaciones.
Las sentencias deben adecuarse a las circunstancias existentes al momento en que se dictan, a fin de dar una respuesta que contemple las concretas particularidades que se evidenciaron con posterioridad al inicio del proceso con entidad para incidir en la resolución del conflicto sometido a conocimiento, de manera de hacer efectivo un adecuado servicio de justicia y una tutela judicial efectiva, máxime en asuntos que presentan una dinámica cambiante que incide en la realidad en que se inserta el conflicto (Fallos, 344:2669 y 344:2901, entre tantos otros).
Ello así, atento que los impedimentos iniciales expuestos por la actora han cesado (habiendo invocado ser madre a cargo de dos hijos menores de edad, uno de ellos lactante -cuyo padre presta tareas en horario nocturno día por medio- sumado ello al cierre de las guarderías durante el periodo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), corresponde revocar la sentencia de grado, rechazar la demanda e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que declaró extemporánea la contestación de la demanda y desestimó el incidente de nulidad incoado por la Obra Social accionada.
En efecto, la demandada–en el marco de la pandemia- fijó un domicilio electrónico que era automáticamente aplicable a todas las actuaciones que se tramitaran durante el período de vigencia de la Resolución N° 68/2020 (conforme. artículo 9°).
Se trata específicamente del domicilio electrónico constituido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la demandada en cumplimiento de la Resolución CM N° 68/2020 y que, por lo tanto, no podía ser desconocido por la recurrente.
En ese contexto y tal como puso de resalto el dictamen fiscal, “la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires no podía desentenderse de dicha realidad -la cual, por lo demás, no fue particularmente negada por ella-, por cuanto, en definitiva, la diligencia fue realizada en su domicilio electrónico en los términos aludidos y, a pesar de haber podido constituir uno nuevo en la causa, no lo hizo a los efectos mencionados”.
Más aún, nótese que reanudados los plazos procesales por la Resolución CMCABA N° 2/2021 a partir del 1° de febrero de 2021, respecto de aquellos expedientes que a esa fecha se encontraran completamente digitalizados y contaran con domicilio electrónico (condiciones que se cumplían en la especie) no resultaba aplicable el artículo 9° de dicha norma y, en tal caso, la demandada debió haber actualizado el domicilio electrónico oportunamente constituido por su Director General de Asuntos Jurídicos.
Ello así, la Magistrada de grado ajustó su proceder a lo establecido en el artículo 119, Código Contencioso, Administrativo y Tributario, en tanto toda vez que se hallaba constituido el domicilio electrónico procedía notificar allí el traslado de la demanda (apartado 1.1).

La Ley N°471 dispone el régimen gerencial para la ocupación de los cargos más altos de la Administración, que debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, sobre en base a ciertos criterios enunciados.
Asimismo, dispone que “la reglamentación determinará la cantidad de cargos gerenciales, y las áreas de la administración en los que deberán crearse, de conformidad con los criterios y procedimientos previstos en este artículo” (artículo 34 en su redacción original, actual artículo 48).
Mediante el Decreto N°684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se estableció que los funcionarios designados con carácter transitorio quedaban excluidos de las previsiones contenidas en la reglamentación (artículo 7°). A su vez, en el artículo 21 del Anexo se dispuso que, “con una antelación no menor a cuatro meses del vencimiento del periodo de cinco (5) años de estabilidad en el cargo gerencial, la autoridad competente dispondrá las medidas necesarias para convocar a un nuevo concurso público y abierto de oposición y antecedentes, a efectos de renovar dicho cargo.
Por su parte, en el artículo 25 del mismo Anexo, se determinó que “vencido el plazo de cinco (5) años conforme al artículo 34 de la Ley N° 471 y celebrado un nuevo concurso público abierto de antecedentes y oposición, el funcionario en ejercicio del cargo gerencial que no resultara nuevamente designado para continuar con dicha función, tendrá los derechos allí enunciados entre los que se encuentra el derecho a una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de ejercicio efectivo del cargo gerencial; o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración percibida.
La norma no estableció un máximo de periodos o años que puedan ser compensados.
El Anexo del Decreto N°684/09 fue derogado por el Decreto N°571/11 a través del que se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos una nueva reglamentación.
Sobre esa base, se dictó la Resolución N°1040/SECRH/11 (actualmente no vigente), que mantuvo las previsiones del Decreto N°684/09, relativas al plazo de convocatoria del nuevo concurso y al procedimiento en caso de la no renovación del funcionario en el cargo (artículos 24 y 28 del Anexo de la Resolución N°1040/SRH/11), aunque la norma no efectuó ninguna distinción respecto del personal transitorio (tal como lo establecía el Decreto 684/09, en su artículo 7°).
El régimen fue modificado por la Resolución N°2822/MHGC/16) y posteriormente por la Resolución N° 3749/MEF/19.
En suma, tanto el Decreto N°684/09 como la Resolución N° 1040/SECRH/11 establecieron una compensación para aquellos agentes seleccionados por concurso dentro del régimen gerencial, ante el vencimiento del plazo de cinco años de designación, según lo previsto en el propio régimen gerencial.
Esa indemnización equivaldría a un mes por año trabajado o fracción mayor a tres meses.

La Ley N°591 creó la Unidad Administrativa de Control de Faltas; en el Anexo de dicha ley se establecieron los requisitos y se dispuso que la selección debería efectuarse por concurso público, en los términos del artículo 34 de la Ley N°471 (artículo 4° del Anexo a de la Ley N°591).
La cláusula transitoria primera del referido Anexo dispuso que, para la integración de los primeros cargos, la Secretaría de Gobierno debía implementar un sistema de selección objetivo, con intervención de veedores externos de reconocida versación en Derecho Administrativo, a fin de garantizar la idoneidad de las personas seleccionadas. Se estableció que durarían en dichos cargos como máximo veinte meses, hasta la integración según los resultados del concurso.
La Unidad Administrativa de Control de Faltas se creó originalmente con cincuenta (50) controladores de faltas (Decreto N°636/01).
Mediante la Ley N°1.086 se incorporó la cláusula transitoria segunda al Anexo de la Ley N°591, en la que se estipuló que a partir de mayo de 2004, el cuerpo de controladores de la Unidad debía reducirse a treinta (30) personas (dicho plazo se prorrogó, por última vez, por la Ley N°1.829, hasta el 3/12/05).
A su vez, se llevó a cabo el primer concurso para la integración de los cargos con arreglo a lo previsto en el Decreto N°942/04, que aprobó el Reglamento de Concursos para la selección de Controladores Administrativos de Faltas.
Ahora bien, con la intención de mantener la integración de cincuenta (50) personas como parte del cuerpo de controladores de faltas, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°7/05.
Los cargos debían ser designados sobre la base de los cincuenta primeros promedios del concurso público efectuado.
Así las cosas, se sancionó la Ley N°2.128 que creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, modificó la cláusula transitoria segunda de la Ley N°591 y amplió la integración de la Unidad Administrativa de Control de Faltas a noventa (90) controladores.
Se dispuso que para la cobertura de las vacantes originadas por esta ampliación, la autoridad de aplicación designaría a los agentes con acuerdo de la Legislatura; en tales condiciones, se dictó la Resolución N°1315/06.
Para la integración definitiva de la Unidad Administrativa de Control de Faltas con un máximo de treinta (30) miembros (según lo previsto en la Ley N°1.086), se deshabilitaron aquellos controladores designados de forma transitoria, exceptuándose algunas personas que continuaron en sus cargos.
Además de ello, se destacó que la ampliación de la integración del cuerpo de controladores dispuesto por la Ley N°2.128 permitió consolidar definitivamente en el cargo a aquellos agentes que se desempeñaron con designaciones transitorias como controladores administrativos, bajo el amparo de los distintos decretos de necesidad y urgencia.
También se dejó constancia de que todas las personas referidas en el Anexo que se designaban con carácter definitivo habían participado del concurso (Ley N°591 y Decreto N°942/04) y que se encontraban ubicadas dentro de los primeros cincuenta lugares en el orden de mérito.
En esa ocasión, se resolvió que “a los fines de la adquisición de estabilidad de los controladores/as administrativos/as de faltas designados en los términos del artículo 37 de la Ley N°471, se computa el tiempo desde el cual prestan servicios en la Unidad Administrativa de Control de Faltas (artículo 2°de la Resolución N°1315/06).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución de grado que rechazó "in límine" la acción de amparo promovida ordenando la remisión de los autos a la Secretaría General a efectos de que, por medio del pertinente sorteo, se asigne nueva radicación a las actuaciones para que continúen su trámite.
La pretensión principal de la empresa actora es disponer de manera expedita de los saldos a favor resultantes de sumas retenidas por el impuesto sobre los ingresos brutos y destinarlas a afrontar sus obligaciones con sus acreedores. Asimismo cuestiona la tasa de interés prevista en la Resolución Nº N°4151/SHyF/03 por considerarla confiscatoria. Invoca como sustento de la acción la lesión evidente a su derecho a la propiedad.
La actora denuncia haber entrado cesación de pagos y la apertura de su concurso preventivo y, en su escrito de expresión de agravios, indica que en la instancia comercial se había aprobado el pronto pago de algunos acreedores y se hallaba corriendo el plazo para evaluar las propuestas de pago.
En efecto, no se observa que la prueba de la que intenta valerse la parte actora no resulte compatible con el tipo de proceso intentado ya que se limita a prueba documental e informativa.
En este contexto, cabe tener en cuenta que la amparista considera que la conducta que endilga a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos resulta ilegítima y atentatoria de su derecho constitucional a la propiedad.
No se advierte la configuración de un supuesto de manifiesta inadmisibilidad de la acción que conduzca al rechazo "in limine" de la acción.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución de grado que rechazó "in límine" la acción de amparo promovida ordenando la remisión de los autos a la Secretaría General a efectos de que, por medio del pertinente sorteo, se asigne nueva radicación a las actuaciones para que continúen su trámite.
En efecto, la cuestión a resolver no exige un estudio pormenorizado mayor al que permiten las prescripciones previstas en los artículos 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 2º de la Ley Nº 2.145, por cuanto requiere considerar la actitud asumida por la Administración a la luz de la normativa que rige la cuestión sin que se vislumbre la necesidad de desplegar una profusa actividad probatoria y que la resolución del planteo referido a la tasa de interés aplicable tampoco implica mayor debate, ni prueba.
Ello así, la inadmisibilidad de la acción no resulta manifiesta.
La acción deducida se muestra como formalmente procedente, toda vez que, por un lado, la cuestión puede ser resuelta, en principio, sin necesidad de mayor debate y prueba, y a su vez, se invoca la violación de derechos constitucionales (derecho de propiedad) originada en una supuesta conducta omisiva por parte de la demandada cuya perduración en el tiempo causaría un gravamen irreparable al derecho que se pretende tutelar.

En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley planteado por el Sr. Representante del Ministerio Público Tutelar.
El Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara planteo recurso de inaplicabilidad de ley, en los términos del articulo 252 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones del fuero, en la que se considero que aquél carecía de legitimación procesal para realizar la actividad judicial que pretendía ante la primera instancia. Sostuvo que “…existe jurisprudencia contradictoria de la Sala II y de la Sala IV, con la jurisprudencia de la Salas I y de la Sala III en cuanto a la interpretación del derecho constitucional al acceso a la información pública del Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, en base a la aplicación al caso, de una norma administrativa reglamentaria (Res. AGT Nº 75/2018), de carácter infraconstitucional, que resulta inaplicable al caso de autos, por lo que se ha afectado el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 C.N.), como la garantía al acceso a la jurisdicción (art. 8.1. Convención Americana de Derechos Humanos, art. 75 inciso 22º C.N.)…”.
Ahora bien, la cuestión bajo examen, tal como ha sido planteada, apunta necesariamente al control de constitucionalidad de la Resolución N° 75/2018 de la Asesoría General Tutelar, que resulta ajeno a las atribuciones de los tribunales de alzada en pleno (conf. Fallos: 302:980 y dictamen fiscal, punto II.D.IV.2).

En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley planteado por el Sr. Representante del Ministerio Público Tutelar.
El Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara planteo recurso de inaplicabilidad de ley, en los términos del articulo 252 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones del fuero, en la que se considero que aquél carecía de legitimación procesal para realizar la actividad judicial que pretendía ante la primera instancia. Sostuvo que “…existe jurisprudencia contradictoria de la Sala II y de la Sala IV, con la jurisprudencia de la Salas I y de la Sala III en cuanto a la interpretación del derecho constitucional al acceso a la información pública del Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero, en base a la aplicación al caso, de una norma administrativa reglamentaria (Res. AGT Nº 75/2018), de carácter infraconstitucional, que resulta inaplicable al caso de autos, por lo que se ha afectado el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 C.N.), como la garantía al acceso a la jurisdicción (art. 8.1. Convención Americana de Derechos Humanos, art. 75 inciso 22º C.N.)…”.
Ahora bien, cuadra advertir que el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución N° 75/2018 de la Asesoría General Tutelar no se vincula con la defensa de derechos o intereses de alguna persona cuya representación deba ser ejercida por el Ministerio Publico Tutelar, sino que remite a un debate formulado en abstracto acerca de como debería ser regulado el funcionamiento interno de dicha rama del Ministerio Publico y cual seria el alcance de las atribuciones de la Asesoría General Tutelar para abordar el tema (ver en ese sentido el dictamen fiscal N°116-2021 emitido en el Expte. N°11538/2019-0 el 25/02/21).
De tal modo, el conflicto interorgántico que pretende ventilarse en el marco de la presente vía recursiva no configura un “caso, causa o controversia judicial” en los términos del articulo 106 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (conf. TSJCABA “in re” “Cabiche Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Moreno, Gustavo Daniel c/ Asesoría General Tutelar – Ministerio Publico s/ otros procesos incidentales’ en ‘Moreno, Gustavo Daniel c/ Asesoría Tutelar s/ impugnación de actos administrativos’”, Expte. N°3259/04, sentencia del 09/02/05).
Así, se ha dicho en reiterados pronunciamientos de este Tribunal que se trataría de una cuestión que hace a la organización interna de esa rama del Ministerio Público, regida por el principio de unidad de actuación y, por ende, debería hallar una solución adecuada en ese ámbito ( “Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara CAyT c/ GCBA s/ acceso a la información [incluye Ley 104 y ambiental]”, Expte. N°11432/2019-0, sentencia del 07/05/20).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, y en consecuencia, revocar la resolución de grado en cuanto dispuso que, mientras dure la emergencia sanitaria declarada mediante el DNU N°1/20, la prestación de servicios del actor podrá llevarse a cabo los días hábiles, sábados, domingos, feriados, días no laborables y aquellos que se declaren asueto sin que su jornada laboral ‘supere las seis (6) horas diarias y las treinta (30) horas semanales.
La Jueza de grado hizo lugar al amparo interpuesto por el actor en su carácter de enfermero franquero y ordenó al demandado que reprogramase sus tareas y dispusiera que su jornada laboral se ajustase a los términos de la resolución de grado 6 horas diarias y 30 horas semanales con los alcances previstos por la Resolución MHYF-499-2020 y dispuso la reprogramación cuestionada conforme los tperminos de la Resolución N°499/20.
Sin embargo, y si bien la Resolución N°499/2020 se ajusta -en lo atinente al límite de horas laborables por semana (30)- a los términos de la normativa aplicable al personal franquero comprendido en el régimen de insalubridad, autoriza a los directores médicos a extender la jornada laboral más allá de los días sábados, domingos, feriados, días no laborables o asuetos (artículo 2º del Decreto N°937/GCBA/2007).
Ello así, la Resolución N°499 desnaturaliza el régimen propio y especial que posee ese personal, cuya regulación específica se encuentra prevista en normas de jerarquía superior.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reprograme su jornada laboral debiendo la Administración realizar una propuesta adecuada para atender su situación familiar.
Luego del dictado de la medida cautelar que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires readecuar la jornada laboral de la actora debido a su desempeño como enfermera franquera en un área clasificada como insalubre, la actora adujo — como hecho nuevo— que fue notificada de la reprogramación horaria, y que se agregaron a su jornada como días normales de trabajo los lunes, martes y miércoles. Explicó que le resultaría imposible cumplir con estos horarios unilateralmente por la Administración ya que se daría una superposición en lo que hace al cuidado de los cuatro (4) hijos en común con los que conviven, que se encuentran a su cargo y cuidado, y asisten a la escuela en turno mañana.
Por otro lado, cuestionó la transitoriedad o excepcionalidad consignadas por la Resolución Nº 499-MHFGC-GCBA-2020, y utilizada como fundamento de la criticada disposición laboral y solicitó la ampliación de la cautelar oportunamente dictada, y la inaplicabilidad a su respecto de la referida resolución.
La Jueza de grado desestimó sus planteos.
Sin embargo, y si bien la parte actora ha quedado sujeta a la reprogramación de su turno laboral en los términos del artículo 1° de la Resolución N°499-GCABA-MHFGC-2020, mientras dure la situación de emergencia sanitaria, surge de autos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó el horario laboral de la actora y además le asignó días hábiles de trabajo.
Se encuentra acreditado en autos que la pareja de la actora trabaja en los mismos turnos y que tienen a su cuidado (4) hijos menores de edad habiendo manifestado la actora que, a raíz de la reprogramación cuestionada, se daría una superposición —de días y horarios con su pareja— en lo que hace al cuidado de los cuatro (4) hijos en común con los que conviven, que se encuentran a su cargo y crianza, y asisten a la escuela en turno mañana.
Así pues, las circunstancias antedichas evidencian que la readecuación de la jornada de la actora efectuada por la Administración le produce una grave afectación a los derechos de la actora y de sus hijos, toda vez que ni ella ni el padre de los niños podría ocuparse de su cuidado al asignársele similar franja horaria que a su pareja –quien también se desempeña como enfermero en un hospital de la ciudad– y superponerse además con el horario escolar.
Ello así, y en uso de las facultades previstas en el artículo 184 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y ordenar al demandado a atender las circunstancias denunciadas por la recurrente respecto a su situación familiar, al tiempo de readecuar su jornada laboral en los términos de la Resolución N°499/GCABA/MHFGC/2020. Ello, en atención a la situación familiar descripta por la actora y a que los padres de la menor se desempeñarían como enfermeros en hospitales públicos de la Ciudad.

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reprograme su jornada laboral debiendo la Administración realizar una propuesta adecuada para atender su situación familiar.
Luego del dictado de la medida cautelar que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires readecuar la jornada laboral de la actora debido a su desempeño como enfermera franquera en un área clasificada como insalubre, la actora adujo — como hecho nuevo— que fue notificada de la reprogramación horaria, y que se agregaron a su jornada como días normales de trabajo los lunes, martes y miércoles. Explicó que le resultaría imposible cumplir con estos horarios unilateralmente por la Administración ya que se daría una superposición en lo que hace al cuidado de los cuatro (4) hijos en común con los que conviven, que se encuentran a su cargo y cuidado, y asisten a la escuela en turno mañana.
Por otro lado, cuestionó la transitoriedad o excepcionalidad consignadas por la Resolución Nº 499-MHFGC-GCBA-2020, y utilizada como fundamento de la criticada disposición laboral y solicitó la ampliación de la cautelar oportunamente dictada, y la inaplicabilidad a su respecto de la referida resolución.
La Jueza de grado desestimó sus planteos.
En efecto, la impugnación de la Resolución Conjunta Nº 499/MHFGC/20 se trata de un planteo que excede el acotado marco cognoscitivo propio de la etapa cautelar y por lo tanto, en este estado del proceso resulta de conocimiento prematuro.
No obstante ello, de las constancias de autos se desprende que la Administración ha efectuado cambios en el horario laboral de la actora; también, se encuentra acreditado que su pareja trabaja en el turno mañana.
De esa manera, la actora explicó que se daría una superposición en lo que hace al cuidado de los cuatro (4) hijos en común con los que conviven, que se encuentran a su cargo y cuidado, y asisten a la escuela en turno mañana.
Se desprende, entonces, que la readecuación de la jornada de la actora efectuada por la Administración le produce a la actora una grave afectación a sus derechos, ya que le resultaría prácticamente imposible cumplir con los horarios decididos por la demandada.
En efecto, al asignársele la misma jornada que a su pareja –quien también se desempeña como enfermero en un hospital de la ciudad– no podría ocuparse del cuidado de sus hijos en edad escolar.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución de grado que rechazó la excepción de inadmisibilidad de la instancia planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo por habilitada la instancia judicial con fundamento en que la demanda fue iniciada con posterioridad a la denegatoria tácita del reclamo administrativo presentada por el contribuyente.
En efecto, con posterioridad al inicio de demanda, la Administración dictó Resolución en la que desestimó, por extemporáneo, el recurso de reconsideración presentado, es decir una vez que la denegatoria ficta había ocurrido.
Ninguna incidencia tiene sobre la solución de la habilitación de la instancia judicial la circunstancia de que la demandada hubiera dictado la Resolución que rechazó el reclamo de repetición articulado por la accionada ya que dicho acto había sido emitido con posterioridad a que se configurara la denegatoria ficta del recurso administrativo y del inicio de este proceso.

En el caso, corresponde tener por habilitada la instancia y, en consecuencia, disponer que se corra traslado del recurso directo de revisión interpuesto por el actor contra el Decreto que dispuso su cesantía.
La Administración declaró extemporánea la solicitud efectuada por el actor en la cual solicitó la ampliación de los plazos para interponer recurso de reconsideración contra el acto administrativo que declaró su cesantía.
Sin embargo, se encuentra controvertida en autos la notificación de la cesantía apelada.
En efecto, la notificación practicada el 14 de junio, sobre cuya base la administración rechazó la petición de ampliación del plazo para interponer recurso de reconsideración (conforme artículo 50 de la Ordenanza N°40593) y en virtud de la cual la Sra. Fiscal ante la Cámara propone declarar no habilitada la instancia, fue efectuada en un domicilio distinto al constituido por el actor.
Al respecto, cabe tener presente las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el artículo 11 del mismo cuerpo normativo que dispone que la notificación regular es condición para la eficacia del acto.
Ello asó, toda vez que se encuentra acreditado que el domicilio en el cual se tuvo por notificado al actor difiere del constituido en las actuaciones administrativas, la referida notificación es nula.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda promovida y declaró el carácter remunerativo de las sumas otorgadas por los adicionales denominados “Fondo Estímulo”, “Adicional Asistencia acta N° 40/08" y “Antigüedad acta 6/12” y que tales sumas fueran incorporadas a la base de cálculo del Fondo Estímulo y del Sueldo Anual Complementario y que se les abonaran a los actores las diferencias salariales generadas a raíz de los reclamos antes mencionados desde los dos años previos a la promoción de la demanda, con intereses.
El recurrente cuestiona el carácter remunerativo del “Complemento Salarial Temporario”.
Sin embargo, corresponde tener presente que la Resolución N° 604/AGIP/2013 dispuso la creación de un régimen de complemento salarial temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme ciertas pautas y condiciones indicadas en el Anexo de dicha resolución (artículo 1°).
Luego de diversas modificaciones, mediante las Resoluciones Nº 697/13 y 894/13, todas ellas de la AGIP, se dictó la Resolución Nº 195/AGIP/2017, que derogó la Resolución Nº 604/13 y sus modificatorias y estableció “un Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, a percibir por los agentes designados en cargos de conducción en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de conformidad con los lineamientos fijados en el Anexo I. En dicho anexo se mencionan los cargos de Director, Jefe de Departamento, Jefe de División con menos de diez agentes a cargo y Jefe de División con más de diez agentes a su cargo. La Resolución dispuso que todo agente con cargo de conducción que quede encuadrado en esas categorías tenía derecho a percibirlo.
De lo expuesto surge el carácter general del “Complemento Salarial Temporario”, ya que “el único requisito para la individualización de los agentes beneficiarios de su otorgamiento respondía a una circunstancia objetiva, el ejercicio de tareas de conducción por los agentes pertenecientes a la AGIP” (Sala I in re “Daneri”, exp. 1334/2020-0, del 14/12/21, voto del Dr. Mántaras).
En cuanto a la habitualidad de la percepción del suplemento, surge de autos que los actores lo percibieron regularmente durante los dos años anteriores a la demanda.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda promovida y declaró el carácter remunerativo de las sumas otorgadas por los adicionales denominados “Fondo Estímulo”, “Adicional Asistencia acta N° 40/08" y “Antigüedad acta 6/12” y que tales sumas fueran incorporadas a la base de cálculo del Fondo Estímulo y del Sueldo Anual Complementario y que se les abonaran a los actores las diferencias salariales generadas a raíz de los reclamos antes mencionados desde los dos años previos a la promoción de la demanda, con intereses.
En efecto, la Resolución Nº 697/AGIP/13 dispuso la equiparación salarial de los agentes que ocupen cargos de conducción de la AGIP, conforme las pautas indicadas en el Anexo I de la Resolución N° 604/AGIP/2013 (artículo 1º).
Luego de diversas modificaciones (Resoluciones Nº 699 y 894 de la AGIP del año 2013) la Resolución Nº 195/AGIP/17 estableció, en su artículo 3º, que la porción del “Complemento Salarial Temporario”, debía integrarse para el cálculo del suplemento “Fondo Estímulo”, conforme al porcentaje establecido en la Ordenanza N° 44.407, sus modificatorias y reglamentarias, que se le haya otorgado al agente en el semestre anterior; manteniendo el perfil no remunerativo del concepto base. Asimismo, se dispuso que el suplemento debía ser incorporado a la base de cálculo de los aumentos salariales porcentuales que se pudieran establecer en el futuro.
Ahora bien, tal como lo señala al recurrente el suplemento “Fondo Estímulo Res. 604/13” debe seguir la suerte del “Fondo Estímulo”, con respecto al cual ha quedado firme el reconocimiento de su carácter remunerativo por la sentencia de grado, a lo que cabe agregar que tal carácter surge asimismo de su finalidad, en tanto tiene como objetivo la recomposición salarial.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda promovida y declaró el carácter remunerativo de las sumas otorgadas por los adicionales denominados “Fondo Estímulo”, “Adicional Asistencia acta N° 40/08" y “Antigüedad acta 6/12” y que tales sumas fueran incorporadas a la base de cálculo del Fondo Estímulo y del Sueldo Anual Complementario y que se les abonaran a los actores las diferencias salariales generadas a raíz de los reclamos antes mencionados desde los dos años previos a la promoción de la demanda, con intereses.
En efecto, en lo que se refiere al suplemento “Compensación CST AGIP” la Resolución Nº 1440/MHGC/17 instrumentó el Acta de Negociación Colectiva Nº 3/17 de la Comisión Paritaria Central (artículo 1º). Entre otras cuestiones, en el apartado noveno se estableció que “(…) el reencasillamiento definitivo del personal incluido en el ámbito de aplicación de la Nueva Carrera Administrativa, en el agrupamiento, categoría, tramo y grado correspondientes, se hará efectivo con los haberes del mes de julio de 2018 y será resultado del relevamiento de puestos aprobado por Acta Paritaria Nº 4/15 y los lineamientos que se establezcan según el punto octavo de la presente”.
Resulta claro que este suplemento intenta compensar eventuales diferencias salariales como resultado de la implementación de la Nueva Carrera Administrativa, luego de julio de 2018 y, por tanto, tiene como objetivo la recomposición del salario, hasta que tal diferencia cese.
Todo ello conduce a sostener que tiene naturaleza salarial y carácter general.
Asimismo, tal como argumenta el Juez de grado, ello se ha extendido por alrededor de tres años -a juzgar por la fecha de los informes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , de lo que también puede inferirse el carácter habitual de la percepción de este suplemento.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la sanción de multa de dos mil quinientas unidades fijas (2500 UF), en suspenso, y el decomiso del parlante secuestrado, por considerarlo responsable de las infracciones a los artículos 1.3.3, 4.1.8 y 4.1.19 del Anexo de la Ley N°451, con costas (arts. 12, 19 inc. 1 y 5, 20, 26 y 35 de la Ley N°451; arts. 34 y 56 de la Ley N°1217), y ordenar la restitución al encartado de los restantes elementos secuestrados.
El Fiscal se agravió respecto de la calificación legal de la conducta, específicamente en cuanto la Magistrada de grado no impuso la pena agravada que, según expresó, correspondía aplicarle en virtud del tipo de local que se trataba. Señaló el recurrente que el correcto encuadre de la infracción era el segundo párrafo artículo 1.3.3 de la Ley N°451, que agrava la conducta, en el caso, por tratarse de un establecimiento comercial o recreativo, ello, sin perjuicio de que en sede administrativa se lo haya condenado por la conducta simple.
Ahora bien, es dable señalar que conforme surge de la compulsa de las presentes actuaciones, el titular de la acción solicitó que se aplicara al infractor la pena agravada recién al momento de efectuar sus alegatos durante la audiencia de juicio, lo que fue rechazado por la Magistrada por considerar, que la garantía constitucional conocida como prohibición de “reformatio in pejus” le impedía aplicar una sanción superior a la impuesta en sede administrativa.
Al respecto, es dable recordar que con los últimos precedentes del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema, se ha reafirmado un estándar de interpretación que establece que los jueces no deben exceder los límites en los que su competencia fue habilitada para efectuar el control judicial suficiente sobre la sanción impuesta por el órgano administrativo, en virtud de lo cual ha revocado resoluciones de esta Alzada que se apartaban de dicha regla jurídica a los fines de que se emita un nuevo fallo. Así ha señalado que “...en el proceso de faltas no resulta legítimo que el órgano jurisdiccional en el marco de la intervención promovida por el infractor agrave la condena impuesta por la autoridad administrativa…. tal revisión amplia y suficiente a cargo del Poder Judicial, que el ordenamiento contempla en la Ley Nº 1217 (arts. 24 a 26) y la Constitución de la Ciudad garantiza, se encuentra delimitada a la exclusiva pretensión del administrado que se exprese disconforme con una resolución condenatoria emitida por la autoridad administrativa. Esta manifestación no puede concebirse sino como una expresión del derecho a acceder a justicia (arts. 8 y 25 de la CADH) que se vería inevitablemente violentado si se posiciona al presunto infractor ante el dilema de asumir el riesgo de ver empeorada su situación anterior a causa de la intervención judicial que legítimamente reclama o de conformarse con una solución que considera equivocada en atención a que podría recibir una respuesta más gravosa como resultado de la revisión de su situación previa…” (Conforme “Compañía Sudamericana de Gas SA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Incidente de queja por apelación denegada en autos Compañía Sudamericana de Gas SRL s/ infr. art. 2.2.14, sanción genérica, Ley Nº 451’”, Expte. Nº 16311/19, sentencia del 16/09/2020).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la sanción de multa de dos mil quinientas unidades fijas (2500 UF), en suspenso, y el decomiso del parlante secuestrado, por considerarlo responsable de las infracciones a los artículos 1.3.3, 4.1.8 y 4.1.19 del Anexo de la Ley N°451, con costas (arts. 12, 19 inc. 1 y 5, 20, 26 y 35 de la Ley N°451; arts. 34 y 56 de la Ley N°1217), y ordenar la restitución al encartado de los restantes elementos secuestrados.
El Fiscal se agravió y sostuvo que la decisión judicial no consideró la gravedad de los hechos, que como bienes jurídicos, afecta al ambiente con expresa protección constitucional a nivel nacional y nivel local (art. 41, CN y arts. 26 y 27, CABA) que obliga a la adopción de medidas eficientes para la efectiva tutela del ambiente. Que en ese sentido, no se aplicó la figura agravada del artículo 1.3.3 y no se impuso la medida de clausura por el término de sesenta días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N°451.
Ahora bien, tal como sostuvo la Magistrada de grado en su resolución, por aplicación de la garantía constitucional conocida como prohibición de “reformatio in pejus”, reconocida jurisprudencialmente por el Tribunal Superior de Justicia, se encontraba impedida de aplicar una sanción superior a la impuesta en sede administrativa, aún a pesar de considerar que correspondía en el caso la aplicación de la pena prevista en la calificación agravada del segundo párrafo del artículo 1.3.3, por tratarse de un establecimiento comercial.
En efecto, coincido con la Jueza de primera instancia, en que no habiendo recurrido la Fiscalía la decisión de la Junta de Faltas, no puede pretender que se sancione al infractor por una conducta más grave que la que fuera juzgada en sede administrativa.

En el caso, corresponde declarar la incompetencia de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo para conocer en instancia originaria en la ejecución del daño directo solicitado por la consumidora, y determinado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC-.
En efecto, para evaluar la competencia de la Cámara a fin de dar trámite a la ejecución de la Resolución Administrativa dictada por la DGDyPC que condenó a la firma sancionada a pagar un resarcimiento en concepto de daño directo en favor de la consumidora, corresponde tener presente lo dispuesto en la Ley N° 6.407 que diferencia la competencia de la Justicia en las Relaciones de Consumo -artículo 5- y la específica de la Cámara de Apelaciones -artículo 6-.
A su vez la Ley N° 6.286 (BOCBA 5779 del 14/01/20) modificó el artículo 42 de la Ley N° 7 y estipuló que 6 de los 24 juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario “impartirán, además, justicia en materia de relaciones de consumo”, despejando así cualquier duda que pudiera haber con relación al término “Justicia en las relaciones de Consumo” contenido en el artículo 5 de la Ley N° 6.407.
De acuerdo con lo expuesto, toda vez que la Ley N° 6.407 atribuyó en forma expresa la competencia para ejecutar el daño directo a los juzgados de primera instancia de la Justicia en las Relaciones de Consumo, y que la Cámara actúa como instancia única en los casos que la ley específicamente prevé, la denunciante deberá proceder por la vía de ejecución de sentencia ante la instancia de grado.
Máxime si consideramos que la instancia única es de carácter excepcional y que debe interpretarse de forma restrictiva.

En el caso, corresponde declarar la incompetencia de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo para conocer en instancia originaria en la ejecución del daño directo solicitado por la consumidora, y determinado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC-.
En efecto, los Tribunales de primera instancia de consumo resultan competentes -en los términos del artículo 5 inciso 10 del Código Procesal para la Justicia en Relaciones de Consumo- para ejecutar el daño directo fijado por la DGDyPC.
Sostener la tesis contraria llevaría al absurdo de que, si la empresa sancionada hubiera consentido la sanción y el daño directo fijados en sede administrativa, este último debería ejecutarse en primera instancia, en tanto que, al haber sido recurrida la resolución, correspondería la ejecución a la Cámara.
De esa manera, la misma cuestión podría tramitar en una única instancia o en dos de acuerdo con la presencia o ausencia de circunstancias contingentes.

En el caso, corresponde admitir la competencia de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo para intervenir en la ejecución del daño directo solicitado por la consumidora, y determinado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC-.
En efecto, corresponde estar a lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo (Ley N° 6.407) y lo prescripto en el artículo 243. De acuerdo al texto de esta norma, el Tribunal es competente para tramitar la ejecución, toda vez que fue quien pronunció la sentencia.
De forma análoga, el artículo 394 inciso 1° del CCAyT establece que sea el Juez de la causa (es decir quien pronunció la sentencia) quien intervenga en la etapa de ejecución. En los casos en que se trate de un recurso directo -como ocurre en el presente- podrá intervenir en la etapa de ejecución la Cámara de Apelaciones (Guillermo Treacy y Augusto Demacópulo, comentario al artículo 394 en: Carlos F. Balbín [Director], Código Contencioso Administrativo y Tributario del CABA, Comentado y Anotado, 4ª edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2019 pág. 599/600). Tal regla coincide con lo previsto en el inciso 7 del artículo 146 del CCAyT al referirse a la actuación del Juez posterior a la sentencia. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde admitir la competencia de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo para intervenir en la ejecución del daño directo solicitado por la consumidora, y determinado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC-.
En efecto, exigirle a la denunciante que inicie un nuevo proceso para el cobro del resarcimiento acordado en concepto de daño directo significaría un dispendio jurisdiccional contrario a los principios de celeridad, inmediatez, concentración y economía procesal, consagrados en el artículo 1.1 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo –CPJRC-.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 5 y 243 el CPJRC y 341, inciso 1 el Código Contencioso, Administrativo y Tributario –CCAyT-, la Cámara es competente para tramitar la ejecución del pago del daño directo. Tal conclusión resulta acorde al criterio de interpretación favorable al consumidor dispuesto en los artículos 1.7 y 2 del CPJRC.
Por tales razones, corresponde admitir la competencia del tribunal para intervenir en la ejecución del daño directo. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución de grado y aprobar la liquidación presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El Juez de grado ordenó que se practique una nueva liquidación al considerar que, debido al contexto de pandemia y las distintas resoluciones dictadas por el Consejo de la Magistratura que dispusieron la suspensión de los plazos judiciales, no deben computarse intereses punitorios entre el 17 de marzo de 2020 (Resolución 58/CM/20) y el 1° de noviembre de 2021 (Resolución 156/CM/21.
En consecuencia, resolvió que los intereses punitorios deberían calcularse desde el inicio de la ejecución –22 de noviembre de 2017– hasta el 17 de marzo de 2020 reanudando su computo a partir del 1° de noviembre de 2021, tomando en cuenta la suma dada en pago por la demandada.
El recurrente sostuvo que la demandada había efectuado un depósito parcial y que debía aprobarse su liquidación; afirmó que no correspondía liberar al deudor del pago de intereses bajo la invocación genérica de normas de emergencia. Añadió que la contraria omitió correr traslado oportuno del depósito.
En efecto, el el crédito fiscal que se reclama tuvo su origen en períodos anteriores a la propagación del coronavirus.
Nótese que mientras la medida de aislamiento adoptada por el Estado Nacional tuvo inicio el 17 de marzo de 2020, la última factura que se reclama a la empresa en el certificado de deuda data del 11 de marzo de 2015 y la sentencia que condena a pagar es del 18 de julio de 2019.

En el caso, corresponde rechazar la apelación deducida por la demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado.
La Jueza de grado rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, hizo lugar a la demanda y ordenó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que garantizara a la actora la continuidad de su condición de afiliada al plan de una empresa privada y que derivara sus aportes a dicha entidad –o, eventualmente, a la obra social que la demandante dispusiera– en los mismos términos en que lo hacía antes de acogerse a la jubilación. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 3° de la Ley N°3021, impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios del letrado patrocinante de la actora.
En efecto, surge de las constancias de autos que la actora era afiliada a la ObSBA y por su intermedio accedía al plan superador de una empresa de medicina privada.
Es importante añadir que por Disposición N°701/21, del 30 de diciembre de 2021, el propio Directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires resolvió no dar de baja del plan a quienes lo reclamaran de modo expreso, al pasar de situación activa a pasiva, resolución que incluye el supuesto debatido en autos.
Ello así, corresponde confirmar la sentencia de grado y rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la firma ejecutada.
El actor mediante la figura de gestor se presentó y solicitó la nulidad de la notificación, opuso excepciones y manifestó su disconformidad respecto de la medida cautelar solicitada por la actora.
Peticionó la nulidad de la causa en razón de que la Administración nunca le notificó la determinación de oficio en forma personal, de modo que -a su criterio- no puede ello ser ahora objeto de un juicio de apremio. Además opuso la excepción de inhabilidad de título con base en que la Administración no ha seguido los pasos adjetivos previos para la determinación de oficio, como así también, en que plasma una deuda inexistente. En este sentido agregó que se ha aplicado una alícuota excesiva en el tributo requerido y que ello vulneró los principios de legalidad e igualdad tributaria y la ley coparticipación federal
El Juez de grado consideró que el planteo de nulidad formulado relativo a la determinación de oficio de la deuda en sede administrativa no alcanzaron a conmover lo proveído.
En efecto, el artículo 22 del Código Fiscal, texto vigente al 2020, establecía que el domicilio fiscal “reviste carácter obligatorio y produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen".
Sobre el domicilio electrónico y las notificaciones efectuadas en dicho sitio virtual, las resolución de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos vigente en el año 2020 disponían que “el domicilio fiscal electrónico es de carácter obligatorio para los contribuyentes y/o responsables de cualquier Categoría dentro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y para los Agentes de Recaudación” y que el domicilio fiscal electrónico “producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen” (artículos 2 y 3 de la Resolución Nº 405/AGIP/2016).

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que hizo lugar a la tutela provisional solicitada y mandó al demandado que suspendiera los efectos de la Resolución que rechazó la solicitud de la actora de permanencia en el cargo de Directora Titular de una Escuela Infantil y la intimó a iniciar el trámite jubilatorio, ordenando a la demandada que procediera a arbitrar los medios para que la actora continuara prestando su labor docente en la misma situación de revista en la que se encontraba previo al dictado del acto impugnado.
En efecto, el recurso de apelación interpuesto por la demandada no constituye una crítica concreta y razonada de la resolución apelada, sino que traduce un disenso con las conclusiones a las que arribara el magistrado de la anterior instancia, pero sin un desarrollo crítico que ponga en evidencia los aspectos del decisorio recurrido que considera equivocados y sus razones.
El Juez de grado fundó su sentencia en la falta de motivación del acto administrativo impugnado. Observó, "prima facie", la ausencia de un desarrollo que avalara de algún modo la desestimación del pedido de permanencia reclamado por la accionante.
Frente a estos argumentos, el recurrente manifestó que la admisión o el rechazo de la pretensión solicitada era una prerrogativa del Gobierno vinculada a cuestiones de organización educativa.
Sin embargo, debe destacarse que el acto cuestionado solo refiere como sustento la discrecionalidad de la Administración y ninguna mención hace a “cuestiones de organización educativa” como invocara el recurrente en su escrito de apelación.
Este último argumento, en principio, no habría formado parte, entonces, de las razones que el demandado habría desarrollado a fin de justificar fundadamente su determinación de no acceder a la pretensión de la actora.
En otras palabras, dicho esto en términos cautelares, los argumentos sobre los cuales el apelante pretende demostrar el error de la sentencia (y, consecuentemente, acreditar el cumplimiento del artículo 7°, inciso e) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad) no fueron plasmados en el acto administrativo que dio origen a este pleito.
A su vez, en principio, no bastaría con insistir en la prerrogativa de la discrecionalidad administrativa como argumento recursivo defensivo para desacreditar los recaudos de procedencia de las medidas cautelares, cuando la tutela provisional fue admitida, inicialmente, por haberse considerado demostrada la ausencia de motivación adecuada.
Además, "ab initio" y solo a mayor abundamiento, la escueta alusión a este concepto tan amplio e indeterminado como son las “cuestiones de organización administrativa”, tampoco resultaría suficiente para dar bases suficientes a la decisión administrativa impugnada.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que hizo lugar a la tutela provisional solicitada y mandó al demandado que suspendiera los efectos de la Resolución que rechazó la solicitud de la actora de permanencia en el cargo de Directora Titular de una Escuela Infantil y la intimó a iniciar el trámite jubilatorio, ordenando a la demandada que procediera a arbitrar los medios para que la actora continuara prestando su labor docente en la misma situación de revista en la que se encontraba previo al dictado del acto impugnado.
En efecto, los agravios del accionado omiten ponderar que, en términos generales y dicho esto en este estado embrionario del proceso, la exigencia de motivación constituye un imperativo legal insoslayable que debe ajustarse al alcance que el ordenamiento jurídico impone (principio de legalidad) para garantizar un verdadero estado de derecho.
Por ende, su inobservancia (demostrada cautelarmente por la actora) resulta liminarmente suficiente para tener por configurada la verosimilitud del derecho en esta instancia inicial; y la demostración de su efectivo cumplimiento en el acto (es decir, del error en la interpretación de los hechos y las pruebas por parte del juez de grado que concedió la tutela preventiva) queda a cargo del apelante, sin que en autos esto hubiera sido satisfecho.
En otros términos, los cuestionamientos del apelante no se hacen cargo de identificar debidamente, en este marco incidental, cuáles son los motivos que habilitaban al demandado —aun, en ejercicio de sus potestades discrecionales que, cabe insistir, siempre deben respetar el principio de razonabilidad— a desestimar el pedido de permanencia. El acto impugnado, entonces, no se encontraría fundado y los agravios destinados a demostrar lo contrario no incluyen argumentos adecuados y suficientes, por su inconsistencia y generalidad, para alcanzar ese objetivo.
Ello así, estos cuestionamientos recursivos deben ser declarados desiertos en los términos de los artículos 236 y 237 de la Ley N° 189.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que hizo lugar a la tutela provisional solicitada y mandó al demandado que suspendiera los efectos de la Resolución que rechazó la solicitud de la actora de permanencia en el cargo de Directora Titular de una Escuela Infantil y la intimó a iniciar el trámite jubilatorio, ordenando a la demandada que procediera a arbitrar los medios para que la actora continuara prestando su labor docente en la misma situación de revista en la que se encontraba previo al dictado del acto impugnado.
En efecto, cabe rechazar el planteo del recurrente referido a la vulneración del principio de división de poderes y la interferencia del Poder Judicial sobre potestades exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo.
El cumplimiento de los recaudos legales a los que el ordenamiento jurídico sujeta la emisión de las decisiones administrativas (aun cuando aquellas fueran adoptadas dentro de un eventual marco de discrecionalidad administrativa y más allá del debate que pudiera plantearse respecto del alcance de esta materia) no podría ser omitido.
Es dable destacar que, sobre el particular, la Corte Suprema señaló que “[…] la circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, no puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la Ley Nª19.549, siendo la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias” (CSJN, “Granillo Fernández Alejandro José c/ M° de Justicia y Derechos Humanos P.E.N. s/ Restitución al cargo y daño moral”, G. 923. XLVI. REX, sentencia del 14 de agosto de 2012, — Fallos: 335:1523, del precedente ""Schnaiderman" —Fallos: 331:735— al que remite la Corte Suprema).
Del fallo transcripto, se desprende claramente la facultad constitucionalmente reconocida al Poder Judicial de controlar, a pedido de los afectados, el cumplimiento de las exigencias que la Ley de Procedimientos Administrativos impone a la Administración frente al dictado de actos administrativos.

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que hizo lugar a la tutela provisional solicitada y mandó al demandado que suspendiera los efectos de la Resolución que rechazó la solicitud de la actora de permanencia en el cargo de Directora Titular de una Escuela Infantil y la intimó a iniciar el trámite jubilatorio, ordenando a la demandada que procediera a arbitrar los medios para que la actora continuara prestando su labor docente en la misma situación de revista en la que se encontraba previo al dictado del acto impugnado.
La nulidad de la Resolución cuestionada por la actora por carecer de motivación suficiente (entre otros recaudos del artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos), es la materia controvertida en estos actuados y la que dio fundamento a la medida cautelar solicitada oportunamente por la demandante, posteriormente, concedida por el A-quo.
Sobre la base de lo expuesto, cabe sintetizar que los cuestionamientos vertidos por el accionado contra el decisorio cautelar de primera instancia no resultan procedentes para desvirtuar la exigencia establecida en el artículo 7°, inciso e) de la Ley de Procedimientos Administrativos y la doctrina de la Corte Suprema en materia de motivación de los actos administrativos.
Los argumentos del recurrente solo trasuntan su desacuerdo con las conclusiones arribadas en el resolutorio de grado; sin lograr un desarrollo crítico, concreto y razonado de las partes del fallo que considera equivocadas.
El recurso que nos ocupa contiene manifestaciones genéricas en torno a que la sentencia omite ponderar que se cumplió con el ordenamiento jurídico y que el acto fue dispuesto en uso de facultades discrecionales sobre las que no tendría injerencia el control judicial, sin desacreditar –por su generalidad y descontextualización- los fundamentos dados por el sentenciante basados, ab initio, en la obligación de la Administración de cumplir las exigencias de la Ley de Procedimientos Administrativos para la emisión de sus decisiones, como garantía para el ejercicio del derecho de defensa de la parte afectada (por caso, en resguardo de sus derechos laborales, entre otros).
Ello así, la apelante no logró controvertir el razonamiento desarrollado con relación a los recaudos de procedencia de las medidas cautelares sobre los que el a quo fundó su decisión y tampoco justificar una indebida intromisión del control que compete al Poder Judicial frente a un caso concreto donde se debate el eventual ejercicio irregular de las competencias administrativas que podrían haber ocasionado una lesión sobre los derechos constitucionales invocados por la actora.

En el caso, corresponde rechazar la apelación deducida por el Estado Nacional y confirmar el decisorio de grado que rechazó el planteo de nulidad de notificación interpuesto por la referida parte.
En efecto, el planteo de nulidad deducido por la recurrente se dirige a cuestionar la notificación de su citación como tercero por haber sido diligenciado el oficio previsto en el artículo 9° de la Ley N° 23.566 ante la mesa de entradas de la Policía Federal (en lugar de la mesa receptora del Ministerio de Seguridad de la Nación en cuya órbita aquel se encuentra).
Sin embargo, si bien el oficio diligenciado por el demandante fue presentado en la Mesa de Entradas y Salidas de la Policía Federal y no del Ministerio de Seguridad, se advierte que —mediante la Resolución N° Resol-2022- 241-APN-MSG, suscripta por el Ministro de Seguridad de la Nación el 3 de mayo de 2022— se resolvió atribuir el carácter de “Representantes en Juicio del Estado Nacional”, en aquellas “[...] causas en que la Policía Federal Argentina sea parte, como actora, demandada u otra participación que pudiera corresponder, para la correcta defensa de los intereses institucionales; a los Abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina, cuya nómina se detalla en el Anexo que obra como IF-2022-35777469-APN-SSYPC#MSG” (artículo 1°) y, entre las que se encuentra la letrada actuante .
La misma letrada adujo actuar con sustento en la disposición del Ministerio de Seguridad (Resolución N° Resol-2022-241-APN-MSG) que le asignó, entre otros, la representación judicial de la Policía Federal Argentina, que se hallaba vigente y en cuyo sustento peticionó ser tenida por parte.
A mayor abundamiento, si bien la apelante adjuntó una constancia de donde surgiría que la Coordinadora de Gestión Judicial del Ministerio de Seguridad habría derivado al Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina unas actuaciones para que el servicio jurídico a su cargo o el delegado del Cuerpo de Abogados del Estado, asumiera la defensa del Estado Nacional, dicho documento consta fechado con anterioridad a la emisión de la citada Resolución Ministerial.

El recurso de inaplicabilidad de ley es un medio de impugnación tendiente a lograr la uniforme interpretación de la ley en el seno de un tribunal de apelaciones.
Su finalidad radica en fijar una única doctrina legal para evitar la contradicción en la interpretación y consiguiente aplicación de una norma jurídica (Fenochietto, Carlos E., Código procesal civil y comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, T. II, p. 137).
El mismo se encuentra regulado en el artículo 252 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario.
A su vez, la Resolución del Consejo de la Magistratura Nº 152/1999 –en la cláusula transitoria tercera– estableció que, corrido el pertinente traslado por la Sala emisora de la sentencia recurrida, las actuaciones deben ser remitidas a la otra Sala, quien evaluará los requisitos de admisibilidad del recurso (artículos 1° y 2°).
A tal fin, cabe señalar que este remedio procesal extraordinario está sujeto a los requisitos que emanan del artículo parcialmente transcripto (sentencia de una Sala que contradiga la de otra dictada dentro de los dos años anteriores, interposición del recurso ante la sala que dictó la sentencia que origina la contradicción, presentación del recurso dentro de los cinco días de la notificación de dicha resolución); mientras que otros, al no haber sido regulados expresamente en dicha norma, obligan a recurrir a la aplicación supletoria de otros artículos del Código Contencioso, Administrativo y Tributario o, en su defecto, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el caso, corresponde anular lo dispuesto en la resolución de grado, en cuanto dispuso mantener el descuento de diez puntos que le fuera impuesto al encausado en sede administrativa.
Conforme surge de las constancias de autos, en oportunidad en la que se encontraba el encausado conduciendo su vehículo, fue sometido a una prueba de alcoholemia, arrojando el alcoholímetro un dosaje de 0,83 g/l. A raíz de ello, su vehículo fue remitido a la playa de estacionamiento y la licencia de conducir del nombrado fue retenida. La calificación legal que recibió el suceso fue la falta prevista en el artículo 6.1.65, párrafo 1° inciso “a” de la Ley N°451.
El encausado se agravió respecto de la decisión del Magistrado de grado de mantener la quita de diez puntos de su licencia de conducir que fuera dispuesta en sede administrativa. En este sentido, el infractor adujo que el “A quo” había fallado más allá de su jurisdicción y materia, generando en él un estado de indefensión respecto del descargo que pudiera realizar en sede administrativa. Destacó que, de los propios argumentos esbozados por el Magistrado surgía, específicamente, que el descuento de los diez puntos no resultaba comprendido dentro de las sanciones enumeradas en el artículo 18 de la Ley N° 451 sino que, correspondería a una sanción pura y exclusivamente administrativa, por cual, debía ser objetado en dicha sede. Y pese a ello, se pronunció al respecto.
Ahora bien, teniendo en cuenta ello, y en cuenta a la solución aplicable entendemos que no cabe otro remedio que anular la resolución, en cuanto dispuso mantener el descuento de diez puntos que le fuera impuesto al encausado en sede administrativa, pues tal como señaló el Magistrado no correspondía que se expida al respecto y pese a ello lo hizo.
En este sentido, es importante recordar que es criterio sostenido de este Tribunal que para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo; pues las nulidades de los actos procesales, además de constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando de la violación de las formalidades que la ley establece, derive un perjuicio real y concreto para la parte que lo invoca, siempre y cuando no haya contribuido a causarla, pero no cuando se postula en el solo interés de la ley o por meras cuestiones formales.
Y precisamente en este caso particular, en el cual el perjuicio alegado se traduce en una afectación concreta al derecho de defensa del encartado, lo que habilita la tacha de nulidad de lo dispuesto por el Magistrado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda promovida por la agente a los efectos de obtener la equiparación salarial con los agentes que revisten en el tramo B, nivel 8 del escalafón especial de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, la Resolución Nº1960/2005 que aprobó el texto ordenado del escalafón del personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no contempla el ejercicio de funciones superiores a las de la posición escalafonaria alcanzada por el agente -ni ninguna otra de las situaciones especiales de revista previstas en la Ley Nº471-.
En consecuencia, la exigencia de vacantes con financiamiento presupuestario y de sustanciación de concurso para supuestos como el de autos tampoco encuentra sustento en dicha resolución.(Del voto en disidencia del Dr. Hugo Zuleta).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda promovida por la agente a los efectos de obtener la equiparación salarial con los agentes que revisten en el tramo B, nivel 8 del escalafón especial de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, a tenor del texto ordenado aprobado por la Resolución Nº1960/2005 que aprobó el texto ordenado del escalafón del personal de la Procuración General de la Ciudad, el régimen escalafonario del personal no define los niveles que componen los tramos ni establece que para acceder al Tramo B del agrupamiento Profesional deban satisfacerse todos los criterios utilizados para definirlo.
Así, en cuanto a la “Responsabilidad”, el artículo 10 dispone que esta implica “alguna” de las capacidades que seguidamente enumera.
Si esto es así para el supuesto de encasillamiento en el tramo, tanto más debe serlo cuando se pretende solamente percibir la remuneración del mismo mientras se desempeñan funciones acordes. (Del voto en disidencia del Dr. Hugo Zuleta).

El artículo 462 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario establece un orden de prelación en la satisfacción de los créditos, de forma que los representantes o patrocinantes del Fisco solo podrán percibir sus honorarios una vez que se haya efectivizado la percepción del tributo.
Por su parte el Decreto Nº42/02 regula todo lo referido a la actividad profesional de los mandatarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Particularmente, la Resolución 890/AGIP/20, establece: “La regularización de las obligaciones adeudadas que se hallen en instancia judicial, importa la obligación del contribuyente y/o responsable de abonar la tasa de justicia, las costas, los costos y los honorarios del mandatario interviniente...” (artículo 10°).
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la relación que vincula al Estado con los abogados que designa para que lo representen en juicio es equiparable a una locación de servicios o de obra del derecho privado, pues su actuación debe ser compatible con las finalidades públicas para cuya satisfacción los designa. Por tal motivo, les corresponde la remuneración fijada en el presupuesto, sin perjuicio de que adicionalmente se agreguen a ella honorarios regulados en concepto de costas a cargo de la parte vencida (Fallos: 332, 2708).

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y modificar la resolución de grado ordenando que si se procede a la reprogramación de la jornada laboral del personal de enfermería “franquero” en uso de las facultades previstas en la Resolución Nº 499/2020, deberá previamente acreditar el Director Médico del Hospital que, en el efector de salud involucrado, se verifican las circunstancias excepcionales establecidas en la normativa, que habilitarían la aplicación de la excepción al régimen propio y especial que posee ese personal, con motivo de la pandemia generada por el virus COVID 19.
La amparista se agravió por la autorización –contenida en la resolución- de que se aplique la Resolución Nº 499/2020.
Ahora bien, respecto al planteo relativo a la aplicación de las previsiones de la Resolución Conjunta Nº 499/2020 (art. 1), esta Sala ya ha señalado que –mientras perdurase el particular contexto de emergencia sanitaria que atravesaba la Ciudad– la decisión adoptada por el tribunal en modo alguno impedía a la demandada arbitrar las medidas que estimara apropiadas a fin de asegurar un adecuado servicio de salud.
Por su parte, de los fundamentos de la mentada resolución surge que dicha medida encontró sustento normativo en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/2020 –por medio del cual se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la CABA, a los fines de adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación de la pandemia generada por el virus COVID19 (Coronavirus)– y en el Decreto Nº 147/2020 –el cual estableció que el Ministerio de Salud y todos los organismos bajo su órbita, eran áreas de máxima esencialidad durante la vigencia de la pandemia COVID-19 y autorizaba a las autoridades superiores de las áreas consideradas esenciales durante la vigencia de la pandemia, a modificar el lugar y/o repartición laboral y las tareas que realizaba el personal a su cargo.
De esta forma, la Resolución Conjunta Nº 499/2020 facultó a los Directores Médicos de los Hospitales –mientras se extendiera la emergencia sanitaria– a asignar tareas al personal franquero comprendido en la Carrera de Enfermería indistintamente en días hábiles de la semana, sábados, domingos, feriados, días no laborables o aquellos días que fueran considerados asueto, a los fines de garantizar la prestación de servicios en los efectores que integraban el Sistema de Salud Público.
También se dejó asentado en los considerandos de la referida resolución que las asignaciones serían efectuadas con carácter transitorio y excepcional. En este sentido, si bien aún se encuentra vigente la emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01/2020 (ya que fue prorrogada hasta el 31/08/23 por medio del DNU 02/2023), no puede dejar de señalarse que el contexto epidemiológico actual, como es de notorio y público conocimiento, demuestra una evolución sustancialmente favorable de la pandemia.
Así pues, teniendo en cuenta la excepcionalidad y transitoriedad del régimen previsto en la Resolución Conjunta Nº 499/2020, y el contexto sanitario y epidemiológico actual, resulta necesario aclarar que si se procede a la reprogramación de la jornada laboral del personal de enfermería “franquero” en uso de las facultades previstas en la referida resolución, deberá previamente acreditar el Director Médico del Hospital que, en el efector de salud involucrado, se verifican las circunstancias excepcionales establecidas en la normativa, que habilitarían la aplicación de la excepción al régimen propio y especial que posee ese personal, con motivo de la pandemia generada por el virus COVID 19.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora dirigido a cuestionar que la sentencia definitiva no se expidió sobre la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Disposición N° 82/2015 que resulta el fundamento de la admisión y del rechazo de los certificados de discapacidad.
La actora inició la presente acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Ciudad con el fin de obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Solicitó que se declarase la inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad del criterio para extender dicha constancia, previsto en el punto IV primer párrafo, de la Disposición N° 82/2015 del Servicio Nacional de Rehabilitación.
Con posterioridad, la actora denunció que retiró el certificado expedido, pero criticó que dicho documento se hubiera otorgado por el término de un (1) año, como si su diagnóstico pudiera revertirse y, con ello, desapareciera la necesidad de apoyos y barreras en su interacción con el entorno.
Así las cosas, peticionó que la sentencia definitiva hiciera lugar al amparo y declarara la inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad del punto V de la Disposición N° 82/2015 SNR, respecto de su parte y fijara un plazo razonable para la reevaluación de la actora en pos de la renovación del Certificado Único de Discapacidad.
Sin embargo, con motivo de las Resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Discapacidad durante el año 2023, por un lado, el CUD otorgado (cuyo vencimiento operaba el 16 de junio del corriente año) se encuentra prorrogado hasta el 16 de junio de 2024 (Resolución N° 186/2023).
Por otro lado, en virtud de la posterior aprobación de la Resolución N° 322/2023, los certificados que se emitan deben ser otorgados “[…] sin sujeción a plazo temporal, manteniendo plena vigencia y validez en tanto los criterios certificantes se mantuvieran”. Esta manda fue completada con la orden que, desde el 15 de marzo de 2023, las reimpresiones de dicha constancia no debían contar con una fecha de expiración; perdurando hasta el momento de su actualización (que opera —según lo dispuesto en cada jurisdicción— entre los cinco (5) y los quince (15) años desde su emisión).
En consecuencia, sobre esas bases jurídicas, la exigüidad de los plazos de vigencia del certificado —alegada por la demandante— no condice con las pautas previstas en la Resolución citada en el párrafo anterior, pues —cuanto menos— perdurará hasta el 16 de junio de 2027.
Conforme lo señalado, es razonable entender que el nuevo ordenamiento colmó la pretensión de la amparista consistente en que, por un lado, se ordene la reimpresión del Certificado eliminando el término de vencimiento del beneficio; y, por el otro, que se fije un mínimo de años de vigencia del CUD que le permita acceder al Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad.
En efecto, nótese que, al 16 de junio de 2024, en virtud de la normativa vigente y las fechas allí previstas, debería poder constatarse al imprimir la constancia que, en primer lugar, aquel no posee fecha de culminación; y, en segundo término, que consta el día en que debe realizarse su actualización (que, valga la reiteración, no puede ser inferior a cinco —5— años).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora dirigido a cuestionar que la sentencia definitiva no se expidió sobre la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Disposición N° 82/2015 que resulta el fundamento de la admisión y del rechazo de los certificados de discapacidad.
La actora inició la presente acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Ciudad con el fin de obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Solicitó que se declarase la inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad del criterio para extender dicha constancia, previsto en el punto IV primer párrafo, de la Disposición N° 82/2015 del Servicio Nacional de Rehabilitación.
Con posterioridad, la actora denunció que retiró el certificado expedido, pero criticó que dicho documento se hubiera otorgado por el término de un (1) año, como si su diagnóstico pudiera revertirse y, con ello, desapareciera la necesidad de apoyos y barreras en su interacción con el entorno.
Así las cosas, peticionó que la sentencia definitiva hiciera lugar al amparo y declarara la inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad del punto V de la Disposición N° 82/2015 SNR, respecto de su parte y fijara un plazo razonable para la reevaluación de la actora en pos de la renovación del Certificado Único de Discapacidad.
Sin embargo, el Certificado fue expedido con anterioridad a la vigencia de la Resolución N° 322/2023; ordenamiento de rango superior a la Disposición N° 82/SRN/2015 y posterior a la Resolución N° 675/2009 (mediante la que se aprobó el “Modelo Único de Discapacidad y el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad”).
La Resolución N° 322/2023 se halla enmarcada expresamente “[…] en la continuidad de las acciones y medidas implementadas por la ANDIS en términos de simplificación y ampliación del alcance de los trámites vinculados con las herramientas de acceso a derechos de las personas con discapacidad”, a partir de la experiencia recogida en los años anteriores respecto del proceso de certificación y valorando el trabajo articulado por la Mesa Interdisciplinaria de Implementación conformada a partir del “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad” estatuido por la Resolución N° 113/2023.
Los considerandos de dicha Resolución —de modo explícito— asientan que la optimización propuesta propende a generar un dinamismo en la tramitación del CUD conforme las previsiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecho que implica comprenderla desde un enfoque dinámico y multidimensional que resulta de la interacción de la condición física, mental, intelectual y/o sensorial con las barreras actitudinales y materiales del entorno que evitan la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
En ese marco y a fin de dar una respuesta cabal a la accionante, corresponde señalar que resulta imposible conocer y menos aún evaluar, cuál será la interpretación y el alcance que las autoridades locales competentes darán a estas nuevas concepciones jurídicas que obligan a analizar cada caso de acuerdo con el bloque de convencionalidad que incluye, a su vez, la ponderación del principio pro homine consistente en adoptar aquellas opciones jurídicas que más derechos acuerden al ser humano frente al poder estatal.
Ello así, pues aquellas han sido recogidas en decisiones administrativas posteriores a la emisión del certificado concedido a la demandante cuya vigencia ha sido extendida por regímenes jurídicos adoptados en tiempos recientes. Corresponde recordar que el artículo 6° de la Resolución N° 322/2023 instruyó a las jurisdicciones para que, a través de las JEI, actualicen las prácticas vigentes en materia de certificación de la discapacidad conforme las bases allí fijadas de modo gradual y progresivo.
Por eso, no corresponde presumir que los órganos estatales competentes en la materia, en este nuevo marco normativo, mantendrán el mismo criterio que adoptaron (ante el caso de la actora) hasta junio de 2022 cuando emitieron a su favor el CUD.
En otras palabras, en este novel contexto jurídico, no puede saberse cómo será interpretada la Disposición N° 82/2015 al momento de tener que actualizarse el certificado o siquiera si esta norma mantendrá su vigencia.
Tampoco es posible conjeturar que, en el transcurso del plazo establecido para la actualización del certificado, las condiciones de salud de la accionante no presentarán una modificación por cualquier circunstancia propia o científica que incida sobre el alcance del beneficio.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora dirigido a cuestionar que la sentencia definitiva no se expidió sobre la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Disposición N° 82/2015 que resulta el fundamento de la admisión y del rechazo de los certificados de discapacidad.
En efecto, las reformas reglamentarias operadas y la imposibilidad de conocer su incidencia en el caso de la actora constituyen circunstancias que impiden expedirse sobre la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución N° 82/SRN/2015 reclamada por la accionante.
En efecto, por un lado, los parámetros allí establecidos deben ser evaluados conforme los marcos convencionales establecidos en la Resolución N° 322/2023; y, por el otro, la expedición de los Certificados de Discapacidad actualmente es sin término de vigencia, sujeto solamente a plazos de actualización que resultan más extensos que la anualidad a la que se sujetó la concesión inicial del beneficio, no advirtiendo que el período de tiempo previsto resultara irrazonable.
Así pues, la pretensión de la accionante se muestra —por el momento— prematura.

En el caso, corresponder rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Asesoría General Tutelar vinculado a la existencia de causa o controversia.
Los accionantes dedujeron la presente acción con el objeto que se declare la nulidad y la Inconstitucionalidad de la Resolución AGT Nº 110/22 alegando que afecta “gravemente el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales en tanto se anula el diseño institucional y la disposición de funciones y competencias establecida por la legislatura a través de la Ley Nº 1903, y lesiona, en consecuencia, los derechos de los colectivos que representan restringiendo el acceso a la justicia por conducto de los procesos colectivos.
La Asesoria General Tutelar se agravia en cuanto sostiene que los actores pretenden, es una declaración en abstracto de la norma interna dictada, sin indicar ningún supuesto particular que cause agravio y sin expresar de manera clara y concreta de qué manera la resolución impugnada colisiona con el texto constitucional y legal.
Sin embargo, en autos no se efectúa una impugnación de una norma en abstracto como postula la recurrente, sino que los actores invocan una afectación específica tanto a ellos como titulares de las funciones legalmente asignadas por la Ley N° 1903 para, entre otras cosas, “promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, de los/las incapaces o inhabilitados/as”, como a los derechos al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los colectivos a los que están llamados representar, al coartar su independencia y autonomía a la hora de diseñar la estrategia judicial frente a un caso concreto, al impedírseles interponer e intervenir en acciones colectivas.
Es decir que no se trata de un mero juicio a la norma, sino que los aquí actores invocan encontrarse en una situación jurídica particularizada con respecto a la resolución impugnada.

En el caso, corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría General Tutelar vinculado a la existencia de causa o controversia.
Los accionantes dedujeron la presente acción con el objeto que se declare la nulidad y la Inconstitucionalidad de la Resolución AGT Nº 110/22 alegando que afecta “gravemente el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales en tanto se anula el diseño institucional y la disposición de funciones y competencias establecida por la legislatura a través de la Ley Nº 1903, y lesiona, en consecuencia, los derechos de los colectivos que representan restringiendo el acceso a la justicia por conducto de los procesos colectivos.
Los recurrentes invocan, como principal sustento a su argumentación en contra de la configuración en el caso de una “causa o controversia” y de la legitimación de los Asesores Tutelares, la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia en el precedente “Cabiche” (“Cabiche, Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Moreno, Gustavo Daniel c/ Asesoría General Tutelar – Ministerio Público s/ otros procesos incidentales, en Moreno Gustavo Daniel c/ Asesoría Tutelar s/ impugnación de actos administrativos”, Expediente Nº 3259/05, 9/2/2005), según la cual, los diferendos entre entidades dependientes de un superior jerárquico común están excluidos, en principio, de la decisión judicial.
La Asesoría General Tutelar sostiene que la Resolución AGT Nº 110/22 cuya declaración de inconstitucionalidad pretenden los actores resulta propia de la actividad interna del órgano y que tiende a establecer la distribución del trabajo entre los Asesores Tutelares de primera instancia, por lo que el objeto de la impugnación recae sobre una cuestión no justiciable que impide la configuración de un caso judicial que habilite el control judicial.
Sin embargo, en el caso de autos, los actores aducen que, al establecerse que la Unidad Especializada que se crea por conducto de la resolución impugnada, tiene competencia exclusiva y excluyente en materia de procesos colectivos, se “avasalla la ley local y nacional, sustrayendo por completo del ámbito de intervención en los asuntos y causas de naturaleza colectiva a los Asesores Tutelares de primera instancia y especialmente su facultad para promover acciones de este tipo, que los legisladores dispusieron como propias de todos los Asesores de primera instancia”.
En este sentido, por virtud del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Cabiche", cabe concluir que se encuentran legitimados para interponer la presente acción en defensa de sus atribuciones, conferidas por la Ley Nº 1903, de “promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, de los/las incapaces o inhabilitados/as intervenir y promover acciones colectivas” que consideran vulneradas por mérito de la resolución que impugnan.
Ello así, corresponde tener como legitimados a los actores y como acreditada la existencia de un caso o controversia capaz de habilitar la intervención del Poder Judicial.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta declaró la nulidad de los actos administrativos que dispusieron que la actora debía realizar un nuevo examen preocupacional estableciendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía restablecer, de manera total e inmediata, sus derechos laborales y prestaciones asistenciales inherentes a la relación de empleo público existente.
El apelante consideró que se encontraba vulnerado el principio de congruencia.
Sin embargo, el objeto de la pretensión de la actora quedó debidamente definido y consentido por las partes, con el siguiente alcance: en estos autos la actora procura que se declare la nulidad absoluta de los actos administrativos que dispusieron que debía realizar un nuevo examen preocupacional, en tanto considera que presentan vicios en la causa, la finalidad y el procedimiento. Asimismo, también su pretensión quedó integrada con la petición de que se restablecieran de manera inmediata y total los derechos laborales y prestaciones asistenciales inherentes a su relación de empleo, en especial la prestación del servicio de salud, los beneficios de la obra social y la justificación de las faltas y/o licencias por enfermedad.
En la sentencia de grado, se resolvió hacer lugar a la demanda y declarar la nulidad de la Resolución 224-PG-2012 y de su confirmatoria — Resolución 261-MHGC-2015— y, en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireas debía restablecer, de manera total e inmediata, los derechos laborales y prestaciones asistenciales inherentes a la relación de empleo público que vincula a la actora con la Procuración General.
Es decir, el Juez de grado —más allá de su acierto o error, circunstancia que será analizada en el tratamiento de los restantes agravios— dictó sentencia de conformidad con la pretensión de la actora, la oposición de la demandada y las constancias probatorias de la causa.
Por tal razón, toda vez que existe correspondencia entre lo pretendido por la actora y la decisión de grado, no se advierte afectación al principio procesal de congruencia.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta declaró la nulidad de los actos administrativos que dispusieron que la actora debía realizar un nuevo examen preocupacional estableciendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía restablecer, de manera total e inmediata, sus derechos laborales y prestaciones asistenciales inherentes a la relación de empleo público existente.
El apelante alegó que de las pruebas aportadas a la causa surgía que el Gerente Operativo de Medicina del había indicado que “el Examen Preocupacional de la postulante en cuestión había sido dado de baja en virtud de haber quedado estudios pendientes a pesar de que había sido citada al teléfono celular para completar los mismos, providencia notificada personalmente.
Indicó que la parte actora no había impugnado ese informe y que solo se había “limitado a sostener en todo momento que a su exclusivo criterio ya había adquirido la estabilidad y que en su presentación de abril de 2009 no se le habían exigido exámenes complementarios.”
Agregó que tampoco había impugnado en sede administrativa la vía de comunicación utilizada por su mandante para notificar a la actora que debía concurrir a completar su examen preocupacional, y que, no obstante, luego impugnó el dictamen de la Procuración General que así se lo ordenaba, aun cuando —según refirió— dicho informe no era recurrible, en los términos del artículo 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1510/97) y que por lo tanto, no podía ser objeto de anulación.
Sin embargo, fue la propia Dirección General de Empleo Público de la Procuración General quien, en un Dictamen (impugnado por la actora), advirtió que se había omitido tanto dejar asentado que la interesada tenía estudios pendientes de realización, como también cuáles eran tales exámenes. En el mismo sentido, también admitió que no se notificó fehacientemente a la actora esta situación, y que tales omisiones recién fueron advertidas con años de retraso.
Ello asó, no existen elementos de convicción que puedan dar por probado que la actora fue informada de la necesidad de realizar exámenes pendientes en tiempo oportuno, sino que la constancia original acompañada por ella —cuya autenticidad fue admitida por la demandada— descarta expresamente esta posibilidad.
En el mismo sentido, el demandado tampoco pudo demostrar que dictó un acto administrativo por el cual dispuso la baja del apto físico de la actora.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta declaró la nulidad de los actos administrativos que dispusieron que la actora debía realizar un nuevo examen preocupacional estableciendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía restablecer, de manera total e inmediata, sus derechos laborales y prestaciones asistenciales inherentes a la relación de empleo público existente.
En efecto, no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para disponer la baja del examen preocupacional de la accionante, debido a la inexistencia de un acto administrativo que así lo dispusiera, dictado en el marco de un procedimiento en donde se le hubiera otorgado a la actora la debida intervención.
Las circunstancias antes apuntadas permiten concluir que todos los actos dictados en relación a ello resultan nulos por contener un vicio grave tanto en la causa como en la motivación.
Ello así, en tanto fueron dictados sin una correcta y razonable valoración de las circunstancias, los antecedentes fácticos y normativos y las pruebas documentales que configuran la situación de la actora y su relación con el GCBA.
No obsta a lo expuesto el hecho de que el acto objeto de impugnación fuera calificado por la demandada como un “dictamen” ya que éste constituyó una clara manifestación de voluntad estatal en relación con la pretensión de la actora. A su vez, fue notificado a la accionante y se le otorgó efectos jurídicos directos.
Más allá del "nomen iuris" que le hubiera asignado la demandada, en la medida en que el informe en cuestión es un acto administrativo y no un dictamen preparatorio, no solo tiene que reunir todos los elementos esenciales que lo constituyen como tal, sino que además es susceptible de impugnación judicial por su eventuales afectados.
Por todas estas razones, la sentencia apelada debe ser confirmada.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar al amparo interpuesto por el actor y le ordenó que, sobre la base de la discapacidad acreditada en autos, se expidiera nuevamente sobre la petición del actor, a efectos de verificar si se hallan reunidos los demás requisitos previstos en la regulación aplicable y, en caso afirmativo, que emitiera el Certificado Único de Discapacidad, con los alcances que establece la legislación vigente.
El actor inició acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de solicitar que le restituya el certificado de discapacidad otorgado que, tras su vencimiento, su renovación le fue denegada.
En efecto, el núcleo del problema a resolver consiste en determinar si la conducta de la Administración se ajustó a derecho; es decir, si se conformó a las directrices de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En esa tarea, se deben tener en consideración que el actor no cuestionó la constitucionalidad de la Disposición Nº 639/15 de la Dirección del Servicio Nacional de Rehabilitación –dependiente del Ministerio de Salud de la Nación-, en que se basó la negativa de la Junta Evaluadora de la demandada, sino la interpretación de dicha directiva realizada por el organismo y que el demandante obtuvo un certificado de discapacidad cuya renovación no le fue otorgada sin que mediaran alteraciones significativas en su estado de salud.
Según surge de la causa, la modificación del criterio administrativo se vincula con un cambio en la regulación aplicable –concretamente, a la emisión de la Disposición Nº 639/15.
A la luz de estos lineamientos es dable observar que el actor presenta una deficiencia de índole física: la falta de su ojo derecho. Es decir, acreditó contar con uno de los rasgos característicos de la discapacidad, de acuerdo a la normativa internacional citada.
Asimismo, en el año 2012 la Junta Evaluadora consideró que la carencia señalada limitaba las posibilidades del requirente de realizar determinadas actividades; es decir que la Junta entendió que concurrían las condiciones necesarias para tener al amparista por discapacitado, conforme a lo previsto en la Ley Nº 22431.
Ello así, de acuerdo a los hechos apuntados, las obligaciones emergentes de los Instrumentos Internacionales citados – en particular, el compromiso de adoptar las medidas necesarias para lograr la plena integración de las personas con necesidades especiales-, y una aplicación razonable del principio "pro homine" llevan a considerar que el demandante es una persona en una situación de vulnerabilidad particular.
Frente a ello, la demandada debió extremar el cuidado en poner de manifiesto los motivos que llevaban a una solución distinta y autorizaban a privar al requirente de la tutela de que había gozado con anterioridad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar al amparo interpuesto por el actor y le ordenó que, sobre la base de la discapacidad acreditada en autos, se expidiera nuevamente sobre la petición del actor, a efectos de verificar si se hallan reunidos los demás requisitos previstos en la regulación aplicable y, en caso afirmativo, que emitiera el Certificado Único de Discapacidad, con los alcances que establece la legislación vigente.
El actor inició acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de solicitar que le restituya el certificado de discapacidad otorgado que, tras su vencimiento, su renovación le fue denegada.
En efecto, el principio republicano de gobierno (artículos 1º de la Constitución Nacional y 1º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) –que implica fundar adecuadamente los actos de los poderes públicos y explicitar tales fundamentos- imponía a la demandada el deber de exponer los motivos de un eventual rechazo de la renovación solicitada.
A igual conclusión conducen el artículo 7º, inciso ‘e’ de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad –que dispone que el acto debe ser motivado, con expresión concreta de las razones que conducen a emitirlo y de su causa (artículo 7º, inc. ‘b’) y la propia Disposición Nº 639/15, en la que se respaldó la denegatoria.
La última de las normas mencionadas prevé que la certificación consignará “los cambios y/o alteraciones que se presenten en las funciones corporales”, como también “las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación” y los factores ambientales que pueden influir en el desempeño de las personas con diversidad funcional.
Sin embargo, los recaudos indicados no han sido satisfechos en los actos que originaron la litis.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar al amparo interpuesto por el actor y le ordenó que, sobre la base de la discapacidad acreditada en autos, se expidiera nuevamente sobre la petición del actor, a efectos de verificar si se hallan reunidos los demás requisitos previstos en la regulación aplicable y, en caso afirmativo, que emitiera el Certificado Único de Discapacidad, con los alcances que establece la legislación vigente.
El actor inició acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de solicitar que le restituya el certificado de discapacidad otorgado que, tras su vencimiento, su renovación le fue denegada.
En efecto, ninguno de los actos denegatorios cuestionados especificó las alteraciones en las funciones corporales del interesado, las limitaciones en su actividad y en su participación, ni los factores ambientales relevantes.
En esa línea, cabe hacer notar que las denegatorias tampoco consideraron las limitaciones en el campo visual del actor derivadas de la ausencia de su ojo derecho, ni el hecho de que el Decreto Nº 659/96 - que aprueba la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales- asigna a la pérdida del globo ocular un índice de minusvalía del 45%.
Es entonces que no se hizo constar las restricciones asociadas a la problemática que exhibió el peticionario.
Tales omisiones, que no pueden suplirse por una remisión a la reglamentación aplicable, invalidan la conducta administrativa.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la resolución de grado que hizo lugar al amparo interpuesto por el actor y le ordenó que, sobre la base de la discapacidad acreditada en autos, se expidiera nuevamente sobre la petición del actor, a efectos de verificar si se hallan reunidos los demás requisitos previstos en la regulación aplicable y, en caso afirmativo, que emitiera el Certificado Único de Discapacidad, con los alcances que establece la legislación vigente.
El actor inició acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de solicitar que le restituya el certificado de discapacidad otorgado que, tras su vencimiento, su renovación le fue denegada.
En efecto, la Disposición Nº 639/15 en la que la Administración fundó el rechazo a renovar el certificado “tiene como objetivo servir de herramienta, con los elementos técnicos pertinentes, para la evaluación de las personas con discapacidad con deficiencia sensorial de origen visual y unificar criterios para la emisión del certificado Único de Discapacidad (CUD) en el territorio nacional”.
En orden a la obtención de ese fin, en el apartado ‘E’ del Anexo I establece diversos criterios para extender el certificado de mención.
Conforme a la reglamentación citada corresponde otorgar la certificación a personas que tengan “en el mejor ojo visión menor o igual a 3/10 (o 20/60), con la mejor corrección óptica, y/o campo visual menor de 20º desde el punto de fijación” (Anexo I citado).
No obstante, la denegatoria se basa en una interpretación restringida de uno de los supuestos previstos en la norma que dice aplicar; sin ponderar, por ejemplo, la disminución del campo visual del peticionario asociada a la falta de uno de sus ojos ni lo previsto para ese caso en el Decreto Nº 659/96.
Este proceder resulta contrario al principio "pro homine" y –dada la concreta vulnerabilidad del actor- incumple con la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a las personas con discapacidad (artículo 1).
Por análogos motivos, constituye una hermenéutica reñida con el principio de razonabilidad, consagrado en los artículos 28 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió el planteo de prescripción opuesto por la parte actora por los períodos correspondientes al año 2004.
En efecto, la Resolución que inició el procedimiento de determinación de oficio fue notificada a la actora el 23 de diciembre 2011—esto es habiendo transcurrido 5 años y 11 meses—, quedando desde esa fecha suspendida la prescripción por el plazo de ciento veinte días, en virtud de lo dispuesto por el artículo 78 del Código Fiscal.
Luego, el 28/12/2012, le fue notificada a la actora la resolución determinativa de oficio quedando así suspendida la prescripción por el plazo de un año y luego prorrogada hasta 180 días después de notificado el resultado de los recursos interpuestos contra ella —de conformidad con el artículo 77 del Código Fiscal—.
Por último, la resolución que rechazó el recurso jerárquico y agotó la vía administrativa fue notificada a la accionante el día 28/9/2015.
Es entonces que, si bien la prescripción de la deuda habría operado, inicialmente, el 1/1/2011, en virtud de la suspensión del plazo de prescripción por un año establecida en la Ley Nº 2569, operó el 1/1/2012. A esa fecha debe añadirse, a su vez, la suspensión por 120 días corridos acaecida en virtud de la notificación de la resolución que inició el procedimiento.
Pero, aun teniendo en cuenta esa suspensión (que finalizó en abril de 2012), a la fecha de notificación de la resolución determinativa de oficio (28/12/2012), el período en cuestión (12 del 2004) se encontraba prescripto.
Ello así, la sentencia apelada debe ser confirmada en este aspecto.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso en no hacer lugar a lo solicitado en cuanto se tengan por cumplidas las reglas de conducta impuestas en los términos del artículo 27 bis del Código Penal y, en consecuencia, tener por no pronunciada la condena impuesta.
En el presente caso, tras la homologación del avenimiento celebrado se condenó, al imputado a la pena de dos años en suspenso y se le impusieron pautas de conductas, las cuales no fueron cumplidas en su totalidad. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la cancelación de la residencia del imputado y la prohibición de reingreso por el término de diez años. Ante lo cual, tanto la Fiscalía como la Defensa, consideraron que se deberían tener por cumplidas las reglas impuestas en la condena.
El A quo, sostuvo que no corresponde analizar el grado de cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en los términos del artículo 27 bis del Código Penal, dado que la ley vigente dispone que esa forma de condicionalidad sujeta al cumplimiento de reglas de conducta y al plazo de cuatro años se sustituye por el extrañamiento del condenado y el cumplimiento del plazo por el cual se le prohíba regresar al país.
La Defensa se agravia al entender que sujetar el cumplimiento de la condicionalidad de la pena a los 10 años de prohibición de reingreso dispuesto por Dirección Nacional de Migraciones resulta imposible dar cumplimiento a las pautas restantes, por lo que solicitó que se tuvieran por cumplidas pautas impuestas y por extinguida la pena.
Ahora bien, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Defensa.
Así las cosas, verificado que no haya cometido un nuevo delito, la condena impuesta debe considerarse como no pronunciada, en los términos del artículo 27 del Código Penal.
El mismo establece en su primer párrafo: "La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados o partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito".
En consecuencia, teniendo en cuenta que el imputado, fue condenado por sentencia firme el 10 de julio de 2019 en orden al delito previsto en el artículo 128, primer y segundo párrafo del Código Penal, a la pena de dos años de prisión en suspenso, a la fecha ha transcurrido el lapso de cuatro años previsto por el artículo 27 del Código Penal.
En razón de ello, corresponde, previa verificación de la inexistencia de nuevos antecedentes penales por el Juzgado de grado, revocar la decisión apelada y tener por no pronunciada la condena impuesta.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto dispuso en no hacer lugar a lo solicitado en cuanto se tengan por cumplidas las reglas de conducta impuestas en los términos del artículo 27 bis del Código Penal.
En el presente caso tras la homologación del avenimiento celebrado se condenó al imputado a la pena de dos años de prisión en suspenso y se le impusieron pautas de conductas, las cuales no fueron cumplidas en su totalidad. Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la cancelación de la residencia del imputado y la prohibición de reingreso por el término de diez años. Ante lo cual tanto la Fiscalía especializada como la Defensa consideraron que se deberían tener por cumplidas las reglas impuestas en la condena.
El A quo sostuvo que no corresponde analizar el grado de cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en los términos del artículo 27 bis del Código Penal, dado que la ley vigente dispone que esa forma de condicionalidad sujeta al cumplimiento de reglas de conducta y al plazo de cuatro años se sustituye por el extrañamiento del condenado y el cumplimiento del plazo por el cual se le prohíba regresar al país.
La Defensa se agravia al entender que sujetar el cumplimiento de la condicionalidad de la pena a los 10 años de prohibición de reingreso dispuesto por Dirección Nacional de Migraciones implica un agravamiento de la pena dispuesta.
Ahora bien, del análisis de los artículos 29, inciso c) y 62, inc. c) de la Ley Nº 25.781, se extrae que de ambas normas establecen consecuencias adicionales a la imposición de una pena, para el caso de ciertos delitos cometidos por extranjeros. Esa consecuencia es la expulsión del territorio de la República Argentina y es decidida por la Dirección Nacional de Migraciones.
Al respecto, que el artículo 64, inciso b) de la Ley Nº 25.781, en su primera parte, es de mero procedimiento y establece la forma en que se ejecutará la expulsión para los casos de condena firme de ejecución condicional. En tales supuestos, corresponde la aplicación inmediata de la medida impuesta por la autoridad administrativa.
Por otra parte, ejecutado el extrañamiento, se tendrá por cumplida la pena impuesta por el Juez penal. La decisión de expulsar ya ha sido tomada y, dado que se trata de una persona condenada, esa expulsión tiene efectos sobre la pena impuesta, pues ésta es sustituida por el extrañamiento la ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente (art. 64, inc. B de la Ley Nº 25.871). (Del voto en disidencia del Dr. Fernando Bosch).

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto dispuso en no hacer lugar a lo solicitado en cuanto se tengan por cumplidas las reglas de conducta impuestas en los términos del artículo 27 bis del Código Penal.
En el presente caso tras la homologación del avenimiento celebrado se condenó al imputado la pena de dos años de prisión en suspenso y se le impusieron pautas de conductas, las cuales no fueron cumplidas en su totalidad. Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la cancelación de la residencia del imputado y la prohibición de reingreso por el término de diez años. Ante lo cual tanto la Fiscalía especializada como la Defensa consideraron que se deberían tener por cumplidas las reglas impuestas en la condena.
El A quo sostuvo que no corresponde analizar el grado de cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en los términos del artículo 27 bis del Código Penal, dado que la ley vigente dispone que esa forma de condicionalidad sujeta al cumplimiento de reglas de conducta y al plazo de cuatro años se sustituye por el extrañamiento del condenado y el cumplimiento del plazo por el cual se le prohíba regresar al país.
La Defensa se agravia al entender que sujetar el cumplimiento de la condicionalidad de la pena a los 10 años de prohibición de reingreso dispuesto por Dirección Nacional de Migraciones implica un agravamiento de la pena dispuesta.
Ahora bien, en cuanto a si la ejecución del extrañamiento se configura con el acto administrativo de egreso del territorio nacional por parte del condenado o si, a su vez, es necesario que éste cumpla con la prohibición de reingreso dispuesta por la autoridad competente, se ha dicho que para tener por ejecutado el extrañamiento o la expulsión (que extingue la pena) debe haber, en primer término, un egreso del sujeto de la República Argentina y una prohibición de regreso a la República Argentina del extrañado, que debe ser determinado por el Juez competente. Dicho plazo determina el momento en que se ejecuta la pena y nunca podrá ser, por disposición legal, inferior a cinco años. De tal forma el extrañamiento o expulsión comienza en la acción del egreso del condenado extranjero y se ejecuta totalmente al momento de cumplirse el tiempo de permanencia en el exterior previsto por el tribunal competente (Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, c. 622/14, “Villalba Fretes, Ramón Ydelin s/rec. de casación”, rta. 12/02/14. Registro nº 48.14.4).
Conforme a esta pauta interpretativa, se ha concluido que el extrañamiento, es un acto complejo que adquirirá ejecutoriedad en el momento en que el extranjero condenado abandone el país, y que se completará y perfeccionará jurídicamente cuando se agote el tiempo de permanencia en el exterior previsto ex ante por la autoridad competente, según lo dispuesto en el artículo 63 inciso b) de la Ley Nº 25.871 (Cámara Nac. de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II, CCC 24873/2010/TO1/1/CNC1, “Márquez Martin, Rony Alejandro s/ robo agravado por el uso de armas, y portación ilegitima de arma de guerra”, rta. 10/09/2015. Reg. n° 443/2015. Del voto del Dr. Carlos A. Mahiques).
En suma, el extrañamiento no puede ser concebido sin la prohibición de regresar a la República Argentina conforme lo prescriben los artículos mencionados, lo que configura un presupuesto para su otorgamiento. Es decir, el extrañamiento como causa de la extinción de la pena será operativo recién al momento en que sea levantada la prohibición del reingreso al país. (Del voto en disidencia del Dr. Fernando Bosch).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, establecer que en la presente ejecución del daño directo determinado por Resolución de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- a favor de la actora, puede examinarse la procedencia de una indemnización en concepto de daño punitivo por los perjuicios que dicho incumplimiento ocasionó al consumidor.
La parte actora, al momento de interponer su demanda, reclamó, además de la ejecución del daño directo determinado por la DGDyPC, mediante resolución sancionatoria, que se condene a la demandada a abonar una suma de dinero en concepto de daño punitivo.
Ahora bien, a partir de los propios fundamentos que los inspiran y de los elementos que los definen, los daños punitivos constituyen un rubro cuya naturaleza resulta esencialmente diversa de una indemnización por daños ordinaria.
Este punto y el modo en que la figura se encuentra regulada en el artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240 resultan, entonces, determinantes para concluir en que el daño punitivo puede quedar establecido en relación con actos, hechos u omisiones verificadas en cualquier momento del desarrollo de la relación de consumo bajo la condición de que se acrediten los presupuestos legales de su procedencia.
Basta señalar que el criterio de apreciación restrictivo se refiere al rigor en la evaluación de la conducta reprochada, pero no funciona como limitante a la posibilidad de aplicar la sanción cuando el dolo o negligencia del prestador sobreviene con posterioridad a la frustración del acto de consumo, en ocasión en que el proveedor -tal es el supuesto de autos- desconoce, sin haberlo cuestionado en forma oportuna, la reparación fijada en concepto de daño directo.
Así, debe entenderse que el propio sistema admitiría analizar el incumplimiento en el pago de una suma fijada a título de daño directo (conf. art. 40 bis de la Ley Nº 24.240) como una infracción al régimen del consumidor, lo que, a la postre, podría configurar -de encontrarse acreditados sus requisitos de procedencia- el presupuesto basal del daño punitivo.
Una interpretación distinta -frente a supuestos como el que nos ocupa- pondría al consumidor frente a una situación siempre desventajosa y, consecuentemente, tanto lesiva de sus derechos como frustratoria de la finalidad del régimen tuitivo de consumo: ello así dado que el proveedor, condenado a reparar el rubro consagrado en el artículo 40 bis de la Ley Nº 24.240, podría eludir la aplicación del daño punitivo porque, ante un nuevo incumplimiento (esta vez, del pago de la suma otorgada en concepto de daño directo), su conducta -pertinaz en el incumplimiento- no podría ser alcanzada por el daño punitivo bajo el pretexto de que esa sanción excede el ámbito del proceso de ejecución.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, establecer que en la presente ejecución del daño directo determinado por Resolución de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- a favor de la actora, puede examinarse la procedencia de una indemnización en concepto de daño punitivo por los perjuicios que dicho incumplimiento ocasionó al consumidor.
La parte actora, al momento de interponer su demanda, reclamó, además de la ejecución del daño directo determinado por la DGDyPC, mediante resolución sancionatoria, que se condene a la demandada a abonar una suma de dinero en concepto de daño punitivo.
Cabe señalar que el proceso de ejecución no aparece, necesariamente, como inadecuado para examinar una petición de esa naturaleza; ello así, habida cuenta de que, previa oportunidad de ser oído y de ofrecer la prueba que estime pertinente, esta vía procesal permite ponderar la conducta llevada adelante por la parte demandada según el estándar específico, estricto y excepcional requerido por aquella normativa.
En efecto, puntualmente en materia de actividad probatoria, en una ejecución de sentencia (en este caso, de la ejecución del daño directo determinado por la DGDyPC través de una resolución exigible por esa vía) pueden admitirse las constancias del expediente o prueba documental, con exclusión de otro medio probatorio, tanto como la prueba instrumental que respalde las defensas disponibles para el ejecutado (conf. CNCom., Sala C, en autos “Mistral International B.V. c/ Extremo SA s/ ejecutivo”, Expte. Nº34216/2014/CA1, del 19/04/16.
El temperamento propiciado, en rigor, asume que el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 243 y siguientes del Código Procesal Para la Justicia en las Relaciones de consumo -CPJRC- no podría impedir al demandado -salvo afectación de los más elementales principios en materia de derecho de defensa- interponer aquellas excepciones que tuvieren como objeto demostrar el cumplimiento de la obligación comprometida (por caso, pago documentado) y, con ello, desvirtuar también los elementos configurativos de la sanción requerida a título de daño punitivo (“mutatis mutandi”, esta sala en autos “Electrolux Argentina SA y otros c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de Defensa del Consumidor”, Expte. N°72923/20170, del 12/12/2019; íd., en autos “Sebastián Ezequiel Heredia c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales – otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. N°3768/2013-2, del 10/08/2020).

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, establecer que en la presente ejecución del daño directo determinado por Resolución de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- a favor de la actora, puede examinarse la procedencia de una indemnización en concepto de daño punitivo por los perjuicios que dicho incumplimiento ocasionó al consumidor.
La parte actora, al momento de interponer su demanda, reclamó, además de la ejecución del daño directo determinado por la DGDyPC, mediante resolución sancionatoria, que se condene a la demandada a abonar una suma de dinero en concepto de daño punitivo.
Ahora bien, no puede sostenerse válidamente que las características del trámite impidan automáticamente incluir la pretensión punitiva ni que, lógicamente, ella no deba quedar denegada cuando dentro del acotado margen de conocimiento propio de la ejecución los presupuestos para su reconocimiento no aparezcan debidamente acreditados.
En esa línea, los tribunales del fuero ya han admitido el examen de una pretensión de este tipo en el marco de procesos en los que se persigue la ejecución -en sede judicial- del daño directo establecido por la autoridad administrativa de aplicación de la Ley Nº 24.240.
En efecto, se ha dicho que “…en atención a la vinculación entre el daño punitivo peticionado por la parte actora y el daño directo impuesto por el acto sancionador, y teniendo en cuenta los términos del artículo 52 bis de la ley 24.240, nada impide que esa pretensión sea requerida en el marco del proceso de ejecución del referido acto, sin perjuicio de lo que, eventualmente, se resuelva al dictar la sentencia definitiva que dirima la controversia…” (conf. Sala I en autos “Fontinelli, Elsa Beatriz c/ Garbarino SAIC EI y otros s/ ejecución de sentencia”, expte. N°1867/2019-0, del 01/06/2020; en el mismo sentido se ha expedido recientemente la CNCom., Sala F, en autos “Torres, José Nicomedes y otro c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados s/ ejecutivo”, del 12/05/2021).
Es preciso agregar que una interpretación diversa sobre el punto (esto es, aquella que acota el cauce propio del reclamo por daño punitivo al proceso ordinario) resulta contraria a los fines preventivos y protectorios que animaron la recepción de la figura del daño punitivo en el texto de la Ley Nº 24.240 cuya fuente puede rastrearse, en definitiva, en el artículo 42 de la Constitucional Nacional.
Es que, bajo esa perspectiva, no es posible soslayar que, en el caso, desde la adquisición del producto que constituyó el sustento del presente reclamo (el 27/04/2022) han transcurrido casi 2 años, lo que conduce a privilegiar la interpretación de los institutos legales previstos en el marco tuitivo del consumidor de forma tal que se atenúe la asimetría en el vínculo consumeril.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución de grado que rechazó la cautelar solicitada por el actor.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por cuestiones de brevedad.
El actor, corredor inmobiliario promovió demanda contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA (CUCICBA) a fin de que se declare la nulidad de la Resolución aprobada mediante el Acta N° 302 del Honorable Consejo Directivo del Colegio que rechazó su solicitud de modificar el nombre de fantasía complementario con el que operaba y ya había registrado, por uno distinto.
Peticionó el dictado de una medida cautelar que: “...(i) suspenda inmediatamente los efectos de la Resolución Impugnada; (ii) ordene al CUCICBA que se abstenga de intimar y/o iniciar y/o tramitar sumarios disciplinarios y/o acciones judiciales, y/o actos administrativos de alcance particular de cualquier índole que se funden o amparen en la aplicación de la Resolución Impugnada; (iii) autorice la utilización del nombre de fantasía por mi mandante hasta tanto se resuelva la demanda de autos; y (iv) ordene al CUCICBA inscribir mi domicilio legal en el registro correspondiente, agregándolo válidamente a mi legajo, todo ello en los términos del artículo 177 y ss. del Código Contencioso, Administrativo y Tributario".
La Jueza de grado rechazó la medida cautelar solicitada por el actor atento que no se hallaba acreditado el peligro en la demora y que, por ello, la tutela cautelar era improcedente, sin perjuicio de lo que se decidiera al momento de dictar sentencia definitiva.
El recurrente sostuvo que la Jueza no consideró que su vasta clientela supo de ese cambio y que este mismo cambio de nombre de fantasía supone una gran inversión y la necesidad de instalar el nuevo nombre en el mercado por lo que la Resolución resistida lo priva de utilizar en el giro de su negocio el nombre de fantasía que considera más útil para el crecimiento de su actividad y, por tanto, de obtener una mayor ganancia. Agregó que la prohibición de utilización del nombre solicitado le genera un grave daño en su reputación como corredor inmobiliario, causándole un daño patrimonial importante, por los efectos que pueda generar en los consumidores el cambio del nombre de fantasía que actualmente utiliza. Por otro lado, expresó que la sentencia omitió merituar las circunstancias que acreditan la verosimilitud del derecho.
Sin embargo, el memorial de agravios presentado no logra poner en evidencia un error en el razonamiento efectuado por la magistrada de grado para denegar la medida cautelar solicitada, al tener en cuenta que no logró acreditarse el peligro en la demora.
Quien pretende el dictado de una medida cautelar en su favor debe acreditar tanto la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora, siendo insuficiente que logre comprobarse tan solo uno de esos recaudos.
Por ello, teniendo en cuenta que no ha logrado demostrarse con suficiencia la existencia de peligro en la demora, lo argumentado en punto a la falta de examen de la verosimilitud del derecho no resulta idóneo para descalificar la decisión de la magistrada A-quo.

La calificacion de un accidente como producido “en servicio” o bien “en y por acto de servicio” incide en el haber de retiro, que difiere en uno y otro caso, y es mayor en el segundo supuesto.
La Ley Nº 5688 prevé el retiro obligatorio, entre otros supuestos, por “incapacidad o inutilización por enfermedad contraída o agravada o por accidente producido ‘en y por acto de servicio’”; y por “incapacidad o inutilización por enfermedad contraída o agravada o por accidente producido en servicio” (artìculo 219, incisos 5º y 6º en la numeración correspondiente al texto consolidado mediante Ley Nº6017)
Conforme el artículo 222 de la referida ley , “el retiro se produce en el último grado que ostentaba el causante en actividad. Sin embargo, cuando el personal con estado policial resultase incapacitado por hechos que fueran calificados ‘en y por acto de servicio’ y como consecuencia de esto debiese acogerse al retiro, se le reconocerán dos grados inmediatos superiores al que detentaba en actividad…”.
Por su parte, la Resolución Nº625/MJYSGC/2018, regula el “Procedimiento para la calificación de los eventos que hayan dado lugar a fallecimiento, lesiones o enfermedades del personal con estado policial de la Policía de la Ciudad” en su Anexo se establece que para la calificación de los eventos que produzcan el fallecimiento, lesiones o enfermedades sufridas por el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad se deben tener en cuenta lo que la norma dispone.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia registrada en Fallos: 341:1460 se expidió sobre el Decreto Nº1866/83, que incluye una disposición análoga al artìculo 1.a de la Resolución Nº 625/MJYSGC/2018), donde se concluyó que los hechos sufridos “en y por acto se servicio” se relacionan con accidentes que derivan de un riesgo específico inherente a la función policial; extremo que no se verificaba en el caso.
El requisito de que, a fin de calificar el accidente como “en y por acto de servicio”, la incapacidad guarde relación directa con el ejercicio de la función policial o se produzca a raíz de un riesgo específico e inherente a aquella no solo encuentra sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre disposiciones análogas (Fallos 316:679 y 341:1423, entre otros); sino que se desprende del texto de la Resolución Nº 625/18.