En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad de la inspección policial primigenia de un teléfono celular y, en consecuencia, declarar su nulidad.
Tal como surge del acta agregada al expediente, la damnificada entregó al personal policial el teléfono celular que tomó del techo de un baño público de la estación de trenes —en donde se encontraba escondido—, al advertir que aquél estaba activado en modo filmación, apuntado al sector en que se ubica el inodoro.
La defensa impugnó la inspección inicial efectuada por la agente policial del contenido del teléfono celular, pues no existió una orden judicial que lo autorizara.
Ello así, debemos considerar que jurisprudencialmente se ha requerido, a efectos de convalidar la inspección por parte de personal policial de teléfonos sin orden judicial, la existencia de urgencia. (Ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, c. 33996/14, "CAMPOS VALENCIA, José Arnoldo", rta. 14/08/2014, del voto de los Dres. Pinto y Filozof. En igual sentido, Sala V, c. 49.371/16, “RODRIGUEZ, Ramón D. y otro s/ nulidad“, rta. 21/12/2016, del voto del Dr. Pinto).
Sin embargo, en el presente caso no se advierten razones de urgencia que habilitaran al personal policial a inspeccionar el celular y a omitir la intervención del Juez.
No se comparte el argumento expresado por la Magistrada de primera instancia —que no hizo lugar al planteo de nulidad— en cuanto entendió que la medida había sido razonable a efectos de hacer cesar la contravención que se estaba cometiendo, toda vez que, a tal efecto, no era necesario realizar inspección alguna. Por el contrario, bastaba para ello con la incautación del aparato —que ya se había efectuado—.
Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de la inspección realizada sin orden judicial por personal policial al teléfono celular secuestrado.

En el caso, corresponde revocar la nulidad dispuesta por la Magistrada de grado del acta firmada por un Magistrado del fuero Nacional que ordena la extracción de información del teléfono celular secuestrado y del informe técnico que da cuenta de las imágenes y datos obtenidos.
Tal como surge del expediente, la damnificada entregó al personal policial el teléfono celular que tomó del techo de un baño público de la estación de trenes —en donde se encontraba escondido—, al advertir que aquél estaba activado en modo filmación, apuntado al sector en que se ubica el inodoro.
Sentado lo expuesto cabe indicar, en primer lugar, que esta causa se inició en el fuero nacional, de modo que los actos cuestionados deberán analizarse a la luz de la normativa allí aplicable.
La Defensa cuestionó la extracción de información del teléfono celular ordenada por el fuero nacional y la Jueza de grado de la Ciudad hizo lugar al pedido y declaró su nulidad fundada en que no existió una decisión judicial por auto fundado que lo autorizara, como lo requiere el artículo 234 del Código Procesal Penal de la Nación.
Sin embargo, lo cierto es que aquella norma no es aplicable al supuesto que nos ocupa, pues regula la interceptación y secuestro de correspondencia, lo que aquí no ha ocurrido.
En efecto, el artículo 234 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “[s]iempre que lo considere útil para la comprobación del delito el juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intercepción y el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a éste, aunque sea bajo nombre supuesto”.
Así las cosas, en el presente caso el Juez Nacional interviniente, a través de su secretario, ordenó, entre otras medidas, remitir el celular secuestrado a la División de Apoyo Tecnológico a efectos de que se procediera a extraer videos y fotos, para su posterior grabación en soporte técnico, y su elevación al juzgado.
Se advierte, entonces, que no se interceptaron comunicaciones, ni se secuestró correspondencia. La medida ordenada consistió en copiar los videos e imágenes almacenados en la memoria del dispositivo electrónico —un teléfono celular, pero en su función de filmación, lo que sería asimilable a una cámara de video—.
Ello así, lo expuesto no vulnera la garantía constitucional que protege los papeles privados ( artículo18 de la Constitución Nacional) toda vez que aquélla establece que la ley determinará las formas de intromisión y, en el caso, se cumplió con lo estipulado por la normativa procesal nacional.
En efecto, el artículo 233, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, establece que: “[e]l juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la instrucción”.
Por lo tanto, la ley no hace referencia a la exigencia de auto fundado, sino únicamente a la intervención del Juez, lo que fue cumplido en el caso de autos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto rechazó la excepción por atipicidad interpuesta por la Defensa, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (Artículo 65 bis según texto consolidado Ley Nº 5.666)
La Defensa se agravió y sostuvo que la imputación resultaba atípica por cuanto las conductas habrían ocurrido dentro de un local comercial y el tipo contravencional de acoso sexual demandaba que lo fuera en espacios públicos, como también que tales conductas no tenían connotación sexual ni entidad para generar intimidación.
Sin embargo, el cuestionamiento introducido requiere un análisis no abordable en este estadio procesal, que excede el marco de la excepción planteada, por cuanto la alegada ausencia de elementos requeridos por el tipo contravencional escogido -no obstante la provisoriedad de las calificaciones en la etapa que se transita-, encuentra sustento en circunstancias de hecho que el Fiscal ha controvertido, vinculadas con la connotación sexual de las conductas desplegadas y la capacidad para intimidar a la víctima.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar al planteo de la nulidad del requerimiento de juicio, interpuesto por la Defensa, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (Artículo 65 bis según texto consolidado Ley Nº 5.666)
La Defensa postuló la nulidad del requerimiento de juicio por indeterminación de los hechos. Señaló que de la imputación no surgían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían sucedido los hechos.
Sin embargo, el Fiscal describió acabadamente los hechos atribuídos al imputado y precisó debidamente su límite temporal de conformidad con lo establecido legalmente. En este sentido, requirió el juicio, imputándole que en diferentes meses y horarios, el encausado habría acosado sexualmente a la denunciante en el local comercial en que ambos trabajaban, mediante comentarios sexuales hacia ella y contactos físicos indebidos y no consentidos.
Ello así, la imputación se encuentra correctamente formulada, teniendo en cuenta sus particularidades. Además, permite el ejercicio de una Defensa eficiente, toda vez que posibilita al imputado conocer el hecho concreto que se le atribuye (con información respecto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo en el cual habrían sucedido los distintos episodios).

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto rechazó la suspensión del proceso a prueba, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (Artículo 65 bis según texto consolidado Ley Nº 5.666)
De la lectura de las constancias de la causa, surge que el Fiscal sostuvo que no prestaba su conformidad a la suspensión del juicio a prueba, por razones de inconveniencia político criminal, ya que se trataba de un causa de violencia de género y tampoco contaba con la opinión de la víctima al respecto.
En efecto, más allá del acierto o error que se asigne al mérito de la oposición Fiscal, no puede sostenerse que resulte absolutamente carente de fundamento, pues ha brindado razones que exhiben su interés en llevar a juicio al imputado por las circunstancias del hecho y su remisión a una cuestión de violencia de género.

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de grado, y hacer lugar a la excepción por atipicidad interpuesta por la Defensa, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (artículo 65 bis según texto consolidado Ley Nº 5.666)
La Defensa se agravió y sostuvo que la imputación resultaba atípica por cuanto las conductas habrían ocurrido dentro de un local comercial y el tipo contravencional de acoso sexual demandaba que lo fuera en espacios públicos.
En efecto, la Ley N° 5.742 sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos o de Acceso Público tiene por objeto reprimir el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público y las conductas reprochadas al imputado ni ocurrieron en lugares públicos, ni en lugares de acceso público. En este sentido, de los propios términos de la imputación se advierte que el lugar donde sucedieron los hechos, no se trataba de un espacio público ni de un lugar privado librado al acceso público, sino de un sector destinado al uso exclusivo del personal de la empresa (el comedor del personal del comercio). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de grado, y hacer lugar a la excepción por atipicidad interpuesta por la Defensa, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (artículo 65 bis según texto consolidado Ley Nº 5.666)
La Defensa se agravió y sostuvo que la imputación resultaba atípica por cuanto las conductas habrían ocurrido dentro de un local comercial y el tipo contravencional de acoso sexual demandaba que lo fuera en espacios públicos.
En efecto, los requiebros por mensajería instantanea no satisfacen los requisitos del tipo contravencional de acoso callejero, dado que no tienen un lugar predeterminado de consumación, ni en el espacio público, ni en el privado de acceso público, dado que se concretan, sin que ello pueda ser determinado al momento de emitirlos, en el momento y lugar en el que el mensaje es leído, que bien puede ser distinto del momento en que es recibido. De allí que dichos mensajes, al menos en la forma en que han sido reprochados, no importaron una afectación al derecho de circular sin ser acosado por el espacio público o privado de acceso público. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de grado, y hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, interpuesto por la Defensa, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (artículo 65 bis según texto consolidado Ley Nº 5.666)
En efecto, la imprecisión de la acusación del Fiscal, la descalifica como reproche contravencional válido, dado que no permite saber cuándo habrían ocurrido las conductas supuestamente ocurridas en el interior del comedor del personal de la firma en la que trabajaba la denunciante y el imputado -comentarios sexuales y hacerle preguntas a la denunciante sobre su vida privada-, ya que no se indica qué día habrían tenido lugar, ni si ocurrieron por la mañana o por la tarde. Asimismo, respecto del contacto físico no consentido, tampoco se ha precisado cuándo habría sucedido, imprecisión que impide considerar válidamente detallado dicho reproche de una conducta que no se informa qué día habría sucedido. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal, y en consecuencia, confirmar la resolución del Juez de grado, que rechazó realizar un nuevo examen pericial sobre el teléfono celular del imputado, en la presente causa iniciada por acoso sexual en espacio público (Artículo 65 bis del Código Contravencional).
De la lectura del decreto de determinación de los hechos, surge que la investigación fiscal tiene por objeto determinar si el imputado capturó vistas fotográficas de una criatura de dos años, del sexo femenino, quien se encontraba a bordo de la formación de una línea de subterráneos, ello sin el debido consentimiento de su progenitora y con un claro contenido libidinoso.
En este contexto, el Fiscal solicitó la medida probatoria, consistente en realizar un nuevo examen pericial sobre el teléfono celular del imputado, en virtud de que consideraba acertado determinar si en el mismo, existía material pornográfico de menores.
Sin embargo, la medida excede el objeto procesal delimitado por el Fiscal en el decreto de determinación del hecho, ya que, como se desprende de la transcripción del mismo, en la presente causa, no se investiga la transmisión o tenencia de pornografía infantil. En este sentido, del descargado efectuado por el imputado surge que expresamente adujo que su intención fue retratar la imagen de una niña para mandársela a su hija, pero no afirmó que efectivamente hubiera enviado las imágenes. Por ello no resulta pertinente la medida solicitada en tanto lo que pretende confirmar nunca fue afirmado por imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto condenó al imputado por considerarlo autor responsable de la contravención de acoso sexual en espacios públicos o de acceso público (art. 65 bis CC según texto consolidado Ley Nº 5.666).
De la lectura de las constancias de las presente actuaciones, surge que se le imputa al encausado la contravención de acoso sexual, cuando al encontrarse a bordo de un colectivo de esta Ciudad, comenzó a masturbarse –sin exhibir sus genitales-, ello mientras observaba fijamente a la denunciante, quien se encontraba sentada frente a él.
La Defensa se agravia por considerar que el Magistrado de grado ha realizado una arbitraria valoración de la prueba, en ese sentido, advierte que los argumentos utilizados por el Juez para arribar a la condena no se sostienen en la prueba producida durante el debate oral. Puntualmente sostiene que el A-Quo otorgó mayor importancia a los testimonios de los amigos de la víctima que a los galenos aportados por esa parte que fueron contundentes en cuanto a que su asistido es un discapacitado visual.
Sin embargo, el Juez de grado no descartó la conclusión de los expertos, la cual tuvo por cierta al graduar la sanción, pues ambos oftalmólogos fueron contestes en sostener que una persona que sufre de la enfermedad del imputado tiene una mala visión de lejos y que se trata de un discapacitado visual si se encontrase “sin corrección”. En este sentido, el Judicante no pudo tener por acreditado que el día del hecho el imputado no usara lentes de contacto y estimó que el alcance visual fue suficiente para “…trasladarse solo, con transporte público, para lo cual requiere un mínimo de visión, la misma que para poder observar a la denunciante frente a él y poder masturbarse observándola, al menos con la posibilidad de saber que es mujer y advertir sus formas físicas”.
Por otro lado, el Magistrado agregó que si bien compartía con la Defensa que los amigos de la damnificada no son testigos del evento “…porque no pudieron percibir el hecho por sus sentidos, sí lo son de contexto, ya que junto a la prueba documental, como ser las capturas de pantalla de los mensajes de 'WhatsApp' y el contacto que tuvieron con el video filmado por la denunciante y enviado por esa misma vía, ayudan a formar una percepción global de lo ocurrido”.
En consecuencia, la prueba producida durante la audiencia de juicio ha sido suficiente para tener por acreditado el acontecer por el que el imputado fue condenado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto condenó al imputado por considerarlo autor responsable de la contravención de acoso sexual en espacios públicos o de acceso público (art. 65 bis CC según texto consolidado Ley Nº 5.666).
De la lectura de las constancias de las presente actuaciones, surge que se le imputa al encausado, la contravención de acoso sexual, cuando al encontrarse a bordo de un colectivo de esta Ciudad, comenzó a masturbarse –sin exhibir sus genitales-, ello mientras observaba fijamente a la denunciante, quien se encontraba sentada frente a él.
La Defensa se agravia por considerar que el Magistrado de grado ha realizado una arbitraria valoración de la prueba, en ese sentido, advierte que los argumentos utilizados por el Juez para arribar a la condena no se sostienen en la prueba producida durante el debate oral. Puntualmente, sostuvo que los movimientos reflejados en el video no son compatibles con la presunta masturbación porque hubieran impactado con mayor gravedad en la pasajera que se encontraba sentada al lado del imputado.
Sin embargo, el Magistrado tuvo en cuenta esta situación, pero de las pruebas rendidas dedujo que, de acuerdo a la ubicación de la mochila con la cual el imputado cubrió parte de su cuerpo, los gestos sólo pudieron ser visualizados desde el asiento enfrentado en el que se encontraba la denunciante. La distancia que los separaba se acreditó por las fotos del rodado acompañadas al legajo y el hecho descripto fue compartido en el momento con amigos de la víctima, quien además filmó parte de la acción desplegada por el imputado.
Ello así, la prueba producida durante la audiencia de juicio ha sido suficiente para tener por acreditado el acontecer por el que el imputado fue condenado. Los testimonios de cargo brindados fueron precisos y concordantes, cada uno con relación a los tramos del hecho por ellos presenciados, mientras que los efectos y la prueba documental introducida al juicio reafirman y dan mayor credibilidad a esas exposiciones, lográndose así sostener debidamente la acusación formulada por la Fiscalía.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
El objeto procesal de estas actuaciones lo constituye el hecho que presumiblemente tuviera lugar en el interior de un colectivo público, oportunidad en la que el imputado habría tomado fotografias de una menor, de 4 años de edad, la cual se encontraba sentada junto a su madre —ubicadas enfrente del imputado—, sin consentimiento.
El hecho fue encuadrado en la contravención de acoso sexual, figura establecida en el artículo 67 del Código Contravencional de la Ciudad.
Ahora bien, la Defensa sostiene que la imputación, conforme fuera efectuada, describe una conducta que controvierte la normativa civil actualmente vigente en nuestro país pero que carece del requisito típico exigido por el Código Contravencional para ser calificada como una contravención.
Puesto a resolver, considero que la conducta, en caso de que efectivamente pueda ser acreditada, no resulta "prima facie" completamente ajena a la tipicidad de la contravención prevista en la actual redacción del norma en cuestión (art. 67 CC CABA), toda vez que el suceso ocurrió en un lugar público; la víctima es menor de dieciocho (18) años y está enmarcada —en principio— en la desigualdad de género (conf. modificación prevista en el art. 5° Ley 6128/2018, promulgado por Decreto Nº 015/2019 del 04/01/19 y publicado BOCBA Nº 5531 del 07/01/19). Por lo que la cuestión aquí ventilada no puede resolverse de puro derecho, debiendo continuar la investigación a través de los pasos procesales consecuentes.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
El objeto procesal de estas actuaciones lo constituye el hecho que presumiblemente tuviera lugar en el interior de un colectivo público, oportunidad en la que el imputado habría tomado fotografias de una menor, de 4 años de edad, la cual se encontraba sentada junto a su madre —ubicadas enfrente del imputado—, sin consentimiento.
El hecho fue encuadrado en la contravención de acoso sexual, figura establecida en el artículo 67 del Código Contravencional de la Ciudad.
Ahora bien, la Defensa sostiene que la imputación, conforme fuera efectuada, describe una conducta que controvierte la normativa civil actualmente vigente en nuestro país pero que carece del requisito típico exigido por el Código Contravencional para ser calificada como una contravención.
Al respecto, e incluso si se asume como correcta la interpretación efectuada por la Defensa, en tanto entiende que está ausente el elemento que constituye el tipo contravencional de "acoso sexual" por no verificarse de ninguna manera esa conexión fáctica o jurídica en la acción que realizó su asistido.
Sobre este tema, señala Sancinetti que la existencia de dolo debe ser considerada según hechos exteriores aprehensibles por los sentidos, e inferirse del modo concreto en que el autor condujo su acción efectivamente (cfr. SANCINETTI, M., "Dolo y Tentativa. ¿El Resultado como un Mito? Acerca de la demostración del dolo por medio del resultado", Doctrina Penal, año 9, nro. 35, 1986, pág. 512). Estos hechos exteriores son los que todavía no han sido dilucidados y será entonces la audiencia de debate la oportunidad procesal en la que las cuestiones de hecho y prueba deberán confrontarse, otorgándose las más amplias posibilidades de control probatorio de las partes.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad.
El objeto procesal de estas actuaciones lo constituye el hecho que presumiblemente tuviera lugar en el interior de un colectivo público, oportunidad en la que el imputado habría tomado fotografias de una menor, de 4 años de edad, la cual se encontraba sentada junto a su madre —ubicadas enfrente del imputado—, sin consentimiento.
El hecho fue encuadrado en la contravención de acoso sexual, figura establecida en el artículo 67 del Código Contravencional de la Ciudad.
Ahora bien, la Defensa sostiene que la imputación, conforme fuera efectuada, describe una conducta que controvierte la normativa civil actualmente vigente en nuestro país pero que carece del requisito típico exigido por el Código Contravencional para ser calificada como una contravención.
Así las cosas, entiendo que la conducta de sacar una fotografía a una niña de cuatro años que viaja en colectivo con su madre, si bien es inadecuada, no configura un caso de acoso sexual en los términos del artículo 65 bis del Código Contravencional de la Ciudad, en su redacción aplicable a la fecha del hecho.
En efecto, como lo postula el recurrente, la redacción contenida en el artículo respectivo, como así también en las previsiones de los primeros artículos de la Ley Nº 5.742 (Ley de Prevención del Acoso Sexual en Lugares Públicos), prevén la necesidad de una finalidad de denigración u ataque contra la libertad sexual.
Ya la ley civil (art. 53 del CCyC), en cualquier caso, recepta el supuesto de la obtención de una imagen corno la presente, sin el consentimiento de su titular, por la potencial invasión a la privacidad que ello pudiese configurar. Pero para la aplicación de una sanción contravencional, la exigencia debe trascender esa receptación, produciendo la afectación concreta que la ley en cuestión demanda cuando esa invasión se convierte en un acoso, y ese acoso posee una connotación sexual.
La existencia o no de una autorización, necesariamente no otorga connotación sexual a un acto. Tampoco hace lo propio la imputación de "pedófílo" por parte de otro de los pasajeros del transporte público presente ese día, o la alusión efectuada en audiencia de la fiscalía al testimonio —que no consta en este incidente— de una amiga de la madre de la menor fotografiada, la cual refiriera que el imputado habría dicho que la niña era muy linda.
El recorte de la conducta evidenciada, para merecer un reproche contravencional que exceda el mero reproche civil, debe estar mínimamente acompañado de evidencia sobre la que se pueda entender reunidos los elementos objetivos del tipo contravencional en cuestión. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de excepción por inexistencia del hecho.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Ahora bien, lo cierto es que es una característica común a los sucesos que se enmarcan en una situación de violencia de género que, en la mayoría de los casos, solo se cuente con el testimonio de quien ha resultado damnificadaolo que a su vez, implica que de ningún modo pueda desestimarse esa declaración, por encontrarse en solitario.
Ello así, la circunstancia de que la víctima fuera la única testigo directa del hecho no inhabilita "per se" su testimonio, ni implica que frente a una contra versión ofrecida por el acusado, la causa se vea impedida de avanzar hacia la etapa siguiente.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de excepción por inexistencia del hecho.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Sin embargo, en esta clase de hechos en los que la persona damnificada suele ser la única testigo directa del hecho, adquiere particular relevancia la credibilidad de su testimonio, la que deberá ser evaluada con criterios que tengan en cuenta su naturaleza jurídica, la integridad de la percepción y la memoria medida en su contexto y la coherencia de la narración (Di Corleto, Julieta, Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género, en Genero y Justicia penal, Editorial Didot, Buenos Aires, 2017, p. 14).
En este sentido, surge del requerimiento de elevación a juicio que además de del testimonio de la víctima se cuenta con el informe de riesgo realizado por la Oficina de Violencia de Género (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como con otro informe, realizado por una profesional de la OFAVyT (Oficina de atención a víctimas y testigos).
Asimismo, es importante destacar que en autos se cuenta con otros elementos que si bien no refiren específicamente al momento del hecho, pertenecen a las circunstancia que lo rodean, como las declaraciones de los padres de la denunciante, y del oficial de policía interviniente en el hecho.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de excepción por inexistencia del hecho.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Sin embargo, los dichos de la víctima sumado al informe de riesgo elaborado por la OVD, y la OFAVyT, más las declaraciones de su padre y del oficial de policía interviniente, se desprende que la pretendida excepción articulada no aparece manifiesta, de forma manifiesta, evidente o palmaria, sino que, antes bien, se trata de una versión de los hechos distinta a la expuesta por la víctima que deberá analizarse y valorarse en el escenario constitucional para conocimiento y debate de los sucesos: el juicio oral.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
Se endilga al acusado el haber acosado sexualmente a la denunciante, refiriéndole frases en relación a que le gustaba su cuerpo, mientras la seguía en una bicicleta. Dichos sucesos que fueron encuadrados en tipo contravencional previsto y reprimido en el artículo 67, inciso 3 del Código Contravencional, acoso sexual.
La Defensa se agravia por considerar que la acusación se encuentra sustentada, esencialmente, en la versión de la víctima, que constituye un testigo único.
Sin embargo, el requerimiento de elevación a juicio cuenta con todos los elementos que debe contener para afirmar su valide, así como que, en contra de los alegado por la Defensa, sus argumentos no se erigen sobre una única prueba, sino antes bien, por un conjunto de elementos que aunque no constituyan el testimonio de otros testigos directos, sí sirven apara sustentar, conforme las exigencias de esta etapa del proceso, el relato de la víctima.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto decidió disponer el arresto domiciliario del imputado.
Cabe señalar que, de los dichos de la damnificada y de lo obrado en el expediente, surge que el imputado y la nombrada son pareja, que viajaban en un colectivo y que, por una discusión, ella se bajó del vehículo de transporte, se trasladó una cuadra con la intención de tomar un colectivo de regreso, y que allí habría sido abordada por tres hombres, quienes la arrinconaron y abusaron sexualmente de ella. Luego, habría regresado a buscar al acusado, y seguidamente, habría ocurrido lo que las cámaras del Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad captaron, ocasión en la que el encausado habría advertido el estado de angustia que presentaba su pareja y seguidamente blandió un cuchillo que tenía entre sus pertenencias, rompiéndolo contra el frente de un edificio, lo que derivó en la intervención policial.
Pues bien, en mi opinión, le asiste razón a la Defensa en sus afirmaciones, y sin perjuicio de que los videos tomados por las cámaras de Centro de Monitoreo carecen de audio, a partir de las declaraciones que obran en el legajo y de lo discutido en la audiencia de prisión preventiva, surge que no habría existido la supuesta amenaza del imputado a su pareja. En efecto, los videos que alertaron al personal policial, en mi opinión, son equívocos, ya que la damnificada fue víctima de violencia en este caso, pero no de violencia atribuible al imputado.
Sumado a ello, del informe confeccionado por la oficina especializada tampoco se vislumbran indicadores que den cuenta de que la víctima se encuentre atravesando un círculo de violencia, no se informa la presencia de mecanismos de manipulación o amedrentamiento, que puedan viciar su voluntad.
En consecuencia, no existe en autos, ningún elemento que nos permita afirmar que el encausado estaba amenazando con un cuchillo a su novia. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso revocar la suspensión del juicio a prueba que fuera otorgada al encausado y disponer que la Magistrada fije una nueva audiencia en los términos del artículo 323 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
La Defensa se agravio y afirmó que su asistido no tomó conocimiento de las citaciones y que la ausencia de éste en la audiencia en la cual se revocara la “probation” y se diera continuación al proceso, viola el derecho de defensa y el principio de inmediatez (art. 13.3 de la CCABA).
Aclarado ello, surge de las constancias de la causa que, vencido el término por el que fue otorgada la “probation” y su prórroga sin que el encartado acreditara el cumplimiento de las reglas de conducta señaladas por la Jueza de grado en su resolución, luego de citarlo al mismo a su domicilio real con resultado negativo, de haber otorgado un plazo prudencial a la Defensa para que lograra la presencia de su ahijado procesal en la audiencia y de que ni el probado ni su Defensa concurrieran a la audiencia fijada, la “A quo” revocó el beneficio por considerar que de las constancias de la causa surgía un claro incumplimiento y desinterés por parte del imputado en realizar las reglas de conducta acordadas.
Ahora bien, en sentido análogo hemos mantenido el criterio según el cual “… el incumplimiento deberá consistir en un apartamiento considerable e injustificado de la conducta mandada por la regla impuesta. (Bovino, Alberto, “La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino”, 2006, pág. 230; citado reiteradamente en “R. O., A. s/ 149 bis CP”, N° 41908/2018-1, rta. 8/10/2019).
Así las cosas, la Defensa oficial expuso la necesidad de conocer los motivos que justifiquen el incumplimiento y los inconvenientes que pudieron haber acontecido a su asistido, como paso previo a la resolución que se critica. En este sentido, corresponde mencionar que el interesado expresó en diversas ocasiones los problemas que tuvo para cumplir con las pautas de conducta impuestas, en un principio, en virtud de las medidas de aislamiento y, posteriormente, debido a las jornadas laborales extensas que cumple en el local donde trabaja.
Por último, corresponde recordar que, tal como lo ha mencionado la Defensa, que el encausado ha acreditado el cumplimiento de aquella obligación que implica una reparación y resolución del conflicto que dio origen a la denuncia, esto es, abstenerse de establecer contacto por cualquier medio (físico, telefónico, cartas, redes sociales, correos electrónicos, terceras personas, etc.) con la denunciante, circunstancia ésta que refuerza la idea que por el momento no puede predicarse, con el grado de certeza referido, la voluntad del imputado de sustraerse a las reglas impuestas.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la Defensa, ya que la Magistrada de grado ha adoptado la resolución cuestionada sin oír personalmente al encausado, en la audiencia que prescribe el artículo 323 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
La Defensa se agravio y afirmó que su asistido no tomó conocimiento de las citaciones y que la ausencia de éste en la audiencia en la cual se revocara la “probation” y se diera continuación al proceso, viola el derecho de defensa y el principio de inmediatez (art. 13.3 de la CCABA).
Así las cosas, surge de las constancias de autos, que el imputado no ha sido oído personalmente, sino que solo se lo ha convocado en una oportunidad a la audiencia del artículo 323 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sin agotarse todos los medios al alcance del tribunal para dar con él.
Por otra parte, cabe destacar que el probado ha cumplido con tres de las cuatro pautas acordadas, entre ellas la regla consistente en la abstención de tomar contacto con la denunciante y las dos restantes las ha cumplido de manera parcial, dando las explicaciones del caso a la Oficina de Control o a través de su defensa cuando tuvo oportunidad de hacerlo.
En función de lo expuesto, la circunstancia de que al probado no se le procure, bajo todos los medios que brinda la ley, la posibilidad de ser oído en audiencia, ni se le informen personalmente los elementos de prueba que demostrarían los incumplimientos que se le reprochan para brindar sus explicaciones a ese respecto, importa una violación flagrante del debido proceso y del derecho a ejercer su defensa en juicio en forma efectiva.

En el caso, corresponde confirmar la decisión adoptada por la Jueza de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad deducido por la Defensa Oficial.
La Defensa se agravió por cuanto entendió, que el requerimiento de elevación a juicio carecía de una adecuada fundamentación, al no contar con una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho, incumpliendo así con las previsiones del artículo 50 de la Ley N° 12, dicha vaguedad e indeterminación respecto a la descripción del hecho imputado, a su defendido le acarrearía una clara afectación a su garantía constitucional de defensa en juicio.
Por esas razones, peticionó que se revoque la resolución recurrida y se declare la nulidad del requerimiento incoado por la Fiscalía.
Ahora bien, el artículo 2 de Ley N° 5742/17 de esta Ciudad, entiende por acoso sexual a las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.
Asimismo, la conducta que le fuera imputada al encausado, fue encuadrada en la figura de acoso sexual, de conformidad con las previsiones del artículo 69 inciso 1ero y 3ero del Código Contravencional, agravado en función del artículo 18 del mismo cuerpo legal. Ello, debido a que éste es parte del cuerpo de la Policía de la Ciudad y, al momento del hecho, se encontraba en cumplimiento de sus funciones, en su lugar de trabajo.
Además, el Fiscal encuadró la conducta en la multiplicidad normativa que hace a las características de este tipo de violencia contra las mujeres y apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres, tanto en los espacios públicos como privados, y asegurar a estas últimas, el derecho a vivir una vida sin violencia.
Nótese, que las alegaciones de la Defensa se relacionan íntegramente con cuestiones de hecho y prueba, a la vez que no ha introducido un solo agravio que permita la revisión del acto recurrido.
Por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida, en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad deducido por la Defensa.

En el caso, corresponde confirmar la decisión adoptada por la Jueza de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad deducido por la Defensa Oficial.
La Defensa se agravió por cuanto entendió, que el requerimiento de elevación a juicio carecía de una adecuada fundamentación, al no contar con una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho, incumpliendo así con las previsiones del artículo 50 de la Ley N° 12, dicha vaguedad e indeterminación respecto a la descripción del hecho imputado, a su defendido le acarrearía una clara afectación a su garantía constitucional de defensa en juicio.
Por esas razones, peticionó que se revoque la resolución recurrida y se declare la nulidad del requerimiento incoado por la Fiscalía.
La conducta que le fuera imputada al encausado, fue encuadrada en la figura de acoso sexual, de conformidad con las previsiones del artículo 69 inciso 1ero y 3ero del Código Contravencional, agravado en función del artículo 18 del mismo cuerpo legal. Ello, debido a que éste es parte del cuerpo de la Policía de la Ciudad y, al momento del hecho, se encontraba en cumplimiento de sus funciones, en su lugar de trabajo.
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 5742/17 de esta Ciudad, establece las formas en que puede manifestarse el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, tales como, en el caso particular de autos, comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo, persecución o arrinconamiento, entre otras.
Bajo este panorama, se aprecia que el acusado ha conocido, no solo de manera clara y precisa el hecho que se le imputa, sino también la prueba reunida en la que se basó dicha imputación y que le fue indicada al momento de celebrar la audiencia de intimación de los hechos, por lo que será el debate el ámbito propicio para afirmar dicho extremo fáctico, con la certeza allí requerida, y a la luz de las probanzas que eventualmente se produzcan.
Por lo que corresponde confirmar la decisión adoptada por la Magistrada de grado.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Defensa Oficial y anular el requerimiento de elevación a juicio.
La Defensa se agravió por cuanto entendió, que el requerimiento de elevación a juicio carecía de una adecuada fundamentación, al no contar con una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho, incumpliendo así con las previsiones del artículo 50 de la Ley N° 12, dicha vaguedad e indeterminación respecto a la descripción del hecho imputado, a su defendido le acarrearía una clara afectación a su garantía constitucional de defensa en juicio.
Por esas razones, peticionó que se revoque la resolución recurrida y se declare la nulidad del requerimiento incoado por la Fiscalía.
Ahora bien, le asiste razón a la Defensa en cuanto a que en el caso se le atribuyó al encartado la comisión de un accionar genérico de “acoso sexual” en el que solo se reitera el verbo típico de la figura contravencional del artículo 69 del Código Contravencional, sin describir y explicar expresamente las acciones y sus contenidos concretos de connotación sexual que permitirían la configuración del tipo contravencional infringido, por el que se lo quiere llevar a juicio. Por tales razones se encuentra afectado su derecho de defensa.
Asimismo, la Ley N° 5742 define como acoso sexual en espacios públicos o de acceso público a las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.
El artículo tercero de dicha ley, enumera que el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público puede manifestarse en las siguientes conductas: a. Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo. b. Fotografías y grabaciones no consentidas. c. Contacto físico indebido u no consentido d. Persecución o arrinconamiento. e. Masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.
En consecuencia, no es posible defenderse de la imputación de haber acosado sexualmente si no se dice qué comentario obsceno y sugestivo se efectuó o cuál fue el contenido sexual de la referencia a la sonrisa de la destinataria.
Por lo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Defensa Oficial y anular el requerimiento de elevación a juicio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Defensa Oficial y anular el requerimiento de elevación a juicio.
La Defensa se agravió por cuanto entendió, que el requerimiento de elevación a juicio carecía de una adecuada fundamentación, al no contar con una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho, incumpliendo así con las previsiones del artículo 50 de la Ley N° 12, dicha vaguedad e indeterminación respecto a la descripción del hecho imputado, a su defendido le acarrearía una clara afectación a su garantía constitucional de defensa en juicio.
Por esas razones, peticionó que se revoque la resolución recurrida y se declare la nulidad del requerimiento incoado por la Fiscalía.
Ahora bien, le asiste razón a la Defensa en cuanto a que en el caso se le atribuyó al encartado la comisión de un accionar genérico de “acoso sexual” en el que solo se reitera el verbo típico de la figura contravencional del artículo 69 del Código Contravencional, sin describir y explicar expresamente las acciones y sus contenidos concretos de connotación sexual que permitirían la configuración del tipo contravencional infringido, por el que se lo quiere llevar a juicio. Por tales razones se encuentra afectado su derecho de defensa.
No acosa sexualmente quien dice “que lindos ojos que tenés”, tampoco quien silba al pasar al lado de una mujer.
Tales acciones no configuran un acoso sexual, según se encuentra previsto en la norma, aun cuando sí constituyan comportamientos hoy inadmisibles conforme la actual evolución social que procura abandonar prácticas patriarcales y tratos cosificadores y denigrantes para con la mujer.
Si podría configurarlo el efectuar comentarios obscenos o sugestivos respecto del rostro o sonrisa de la damnificada, pero no es posible afirmarlo ni sustentarlo sin conocer y referir en concreto en que consistieron o cuales fueron los contenidos de tales comentarios.
La intimación efectuada al encartado no los contiene y, a su vez, no surge de lo descripto por la damnificada ni de los restantes elementos obrantes en autos.
Por lo tanto, la Defensa debe conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar y éstas deben suministrarse con la precisión que permita defenderse de manera efectiva.
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso presentado y anular el requerimiento de elevación a juicio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde rechazar "in limine" el recurso de apelación interpuesto por la Defensa.
Ello pues, en su presentación, la Defensa recurrió la resolución de grado que dispuso diferir para el momento de la audiencia de admisión de prueba el planteo de nulidad de la declaración celebrada mediante Cámara Gesell y el ofrecimiento de testigos, ordenando además que para el caso de que la pretensión defensista consistiera en que las citaciones se llevaran a cabo durante la etapa de investigación, se pusiera en conocimiento de la Fiscalía a fin de que cumpla con la evacuación de citas estipulada por el artículo 179 del Código Procesal Penal de la Ciudad, siempre que las considere útiles y pertinentes.
Sumado a ello, la "A quo" resolvió no hacer lugar al pedido de remoción de una cámara de seguridad que estaría emplazada en la vivienda de los denunciantes.
Ello así, y teniendo en cuenta los planteos efectuados en el recurso, es menester recordar que esta Sala ha fijado un criterio según el cual las decisiones adoptadas en materia de prueba con antelación a la audiencia de juicio no son hábiles para generar un gravamen de magnitud tal que no pueda tener reparación en otra instancia del proceso (causa N° 10009-03-CC/16 “Inc. de apelación en autos H, J B s/inf. art. 149 bis CP”, rta. el 08/9/16, entre muchas otras), máxime si como en el caso no solo no se los ha resuelto sino que se los ha diferido para la etapa oportuna esto es la audiencia de admisibilidad de prueba, por lo que no es posible entrever cuál sería el gravamen, en los términos del artículo 292 del Código Procesal de la Ciudad (de aplicación supletoria art. 6º LPC), que la decisión le causaría al recurrente.

En el caso, corresponde rechazar “in limine” el recurso de apelación deducido por la Defensa oficial.
En la presente, se le atribuye al encausado haber acosado sexualmente a una adolecente de 17 años de edad, mientras se encontraba a bordo del colectivo. Esta conducta fue calificada como constitutiva de la figura de acoso sexual (art. 70, inc. 1, CC).
La Fiscalía solicitó la apertura del teléfono que se le secuestró al imputado en el marco del operativo que dio origen a esta causa. En este sentido, en su petición manifestó la necesidad de proceder al resguardo y posterior borrado seguro de las imágenes y/o videos en que se observe a la víctima. La Magistrada de grado habilitó la apertura del celular, por entender que la medida solicitada resultaría viable ya que permitiría obtener información para esclarecer los sucesos investigados.
Ante ello, la Defensa apeló el decisorio por considerar que, ante una medida investigativa altamente intrusiva como la aquí cuestionada, se debe habilitar el control judicial de esta Alzada para que analice su procedencia. Respecto de los agravios, indicó que se estarían vulnerando diversos derechos, principios y garantías constitucionales, a saber: proscripción de la arbitrariedad y afectación de la exigencia de razonabilidad de las decisiones jurisdiccionales; debido proceso legal; principio de legalidad; sistema acusatorio; e indirectamente, el derecho a la intimidad y privacidad.
Sin embargo, el temperamento adoptado por la “A quo” no es de aquellos cuya impugnabilidad se encuentre prevista expresamente en el Código Procesal Penal ya que se refiere exclusivamente a la autorización de una medida probatoria, sin perjuicio de que se aprecia razonablemente fundado y guarda relación con el objeto procesal que aquí se investiga.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Defensa oficial.
En la presente, se le atribuye al encausado haber acosado sexualmente a una adolecente de 17 años de edad, mientras se encontraba a bordo del colectivo. Esta conducta fue calificada como constitutiva de la figura de acoso sexual (art. 70, inc. 1, CC).
La Fiscalía solicitó la apertura del teléfono que se le secuestró al imputado en el marco del operativo que dio origen a esta causa. En este sentido, en su petición manifestó la necesidad de proceder al resguardo y posterior borrado seguro de las imágenes y/o videos en que se observe a la víctima. La Magistrada de grado habilitó la apertura del celular, por entender que la medida solicitada resultaría viable ya que permitiría obtener información para esclarecer los sucesos investigados.
Ante ello, la Defensa apeló el decisorio por considerar que, ante una medida investigativa altamente intrusiva como la aquí cuestionada, se debe habilitar el control judicial de esta Alzada para que analice su procedencia. Respecto de los agravios, indicó que se estarían vulnerando diversos derechos, principios y garantías constitucionales, a saber: proscripción de la arbitrariedad y afectación de la exigencia de razonabilidad de las decisiones jurisdiccionales; debido proceso legal; principio de legalidad; sistema acusatorio; e indirectamente, el derecho a la intimidad y privacidad.
Ahora bien, en principio, la posibilidad de cuestionar decisiones como la apelada no se haya permitida específicamente por la ley, la pericia cuya realización fue autorizada, afecta derechos fundamentales como son el de privacidad, intimidad y confidencialidad, amparados por los incisos 2 y 3 del artículo 12 de la Constitución de la Ciudad, lo que genera un gravamen de imposible reparación ulterior, tal como invoca el recurrente. Por ello, considero que el presente recurso debe ser admitido a trámite. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso el rechazo de las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía.
El presente tuvo origen en las declaraciones de la víctima, la cual manifesto haber sido acosada sexualmente por el imputado, dentro del ascensor del edificio en donde vive.
La Fiscalía solicitó al Juzgado interviniente una serie de medidas de protección que pesaban en cabeza del imputado: la prohibición de acercamiento, la prohibición de contacto a través de cualquier medio y el cese de los actos de intimidación y perturbación hacia la denunciante.
La Jueza resolvió:no hacer lugar a las medidas de protección solicitadas.
Contra dicho decisorio se agravió la Fiscalía por entender que la sentencia en crisis se fundaba en un evidente error en la apreciación de los elementos de valoración del caso y la aplicación del derecho vigente, destacando las medidas de protección preventivas y urgentes previstas en la Ley Nº 26.485, para cuya imposición los únicos requisitos que prevé la norma para conceder aquellas son la existencia de una situación de violencia contra la mujer y la razonable necesidad de su imposición a los fines de neutralizar la posible repetición de hechos de violencia. Además sostuvo que se realizaron todas las diligencias necesarias para abordar el caso a la luz de sus particulares características y que el hecho de que la damnificada no se hubiera vuelto a encontrar con el denunciado resultaba casual y no podía ser óbice para que no se dicten en su favor las medidas de protección peticionadas.
Ahora bien, del informe elaborado por la Oficina de Atención a la Víctima y Testigo surge que se comunicaron telefónicamente con la denunciante, quien a la pregunta de si volvió a ver a la persona luego del hecho de violencia sufrido, refirió que no.
De las constancias de la causa no surge que la Fiscalía haya logrado demostrar la existencia de un peligro actual para la denunciante que justifique la adopción de las medidas solicitadas.
En efecto la apelación no logra revertir la apreciación realizada por la "A quo" de que por el momento su petición se basa en un contexto de violencia, que tuvo lugar meses atrás y que en la actualidad no se han reiterado episodios de esa índole.
Por lo demás, tampoco se advierte la urgencia invocada para la adopción de la medida objeto de esta incidencia con la celeridad procesal dada al caso, respecto de lo cual huelga señalar que desde el momento de que la Fiscalía recibió las presentes actuaciones hace varios meses atrás, no se advierte avance alguno en la investigación, ni siquiera consta notificación al imputado de la existencia de la causa para poder ejercer su defensa.
Cabe concluir, que no ha quedado acreditada la existencia de un riesgo actual que fundamente la imposición de las medidas solicitadas.Por otra parte, es dable aclarar que tampoco puede justificarse legalmente una restricción de la libertad orientada a prevenir riesgos inciertos que pudieran llegar a concretarse en algún momento futuro indeterminado, como parece pretenderlo la fiscalía.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso rechazar la solicitud de medidas de protección, solicitadas por la Fiscalía.
En el presente caso se le imputa al encausado las conductas encuadradas en la figura de acosos sexual, artículo 70 incisos 1 y 3 del Código Contravencional, agravado en función de mediar violencia de género y ser la victima menor de edad.
La Magistrada de grado resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía. Para decidir en ese sentido expuso que las medidas cautelares en el proceso penal o contravencional debían tener por base fundante la existencia de una conducta típica, lo que no ocurría en el supuesto analizado.
Por su parte la Fiscalía alegó que las conductas llevadas a cabo por el imputado de manera reiterada en el tiempo y en la vía pública, consistentes en proferirle frases de connotación sexual, basadas en su género, a una menor de edad, se subsumían en la figura en cuestión.
Contrariamente a lo sostenido por la Juez de primera instancia consideramos que las conductas atribuidas al imputado en el estado incipiente de esta investigación encuadran, en principio, en la figura de acoso sexual (art. 70, incisos 1 y 3 CC).
Ello así, ya que según la Ley Local 5.742, de Prevención del Acoso Sexual en Espacios Públicos, que incorporó al Código Contravencional el actual artículo 70, se entiende por acoso sexual en espacios públicos o de acceso público a las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.
En ese sentido, la denunciante relató haber tenido que modificar su trayecto en razón del actuar del imputado y expresó su molestia y cansancio al respecto.
Lo que lleva a concluir que, sin perjuicio de que la calificación legal es provisoria y, por lo tanto, puede ser modificada a lo largo del proceso, entendemos que, de momento, no puede descartarse ese encuadre.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso rechazar la solicitud de medidas de protección, solicitadas por la Fiscalía.
En el presente caso se le imputa al encausado las conductas encuadradas en la figura de acosos sexual, artículo 70 incisos 1 y 3 del Código Contravencional, agravado en función de mediar violencia de género y ser la victima menor de edad.
En lo que hace a la agravante de la minoría de edad, la A quo sostuvo que, si bien era cierto que la denunciante no había cumplido aún sus 18 años, se trataba de una persona que se encontraba muy cerca de adquirir su mayoría de edad, lo que debía ser contemplado al analizar el supuesto.
Ahora bien, para el caso es necesario tener presente que el artículo 41 del Régimen Procesal Penal Juvenil de esta ciudad, al referirse a los derechos de las personas menores de 18 años de edad, víctimas o testigo de delito, determina que los funcionarios judiciales y administrativos que intervengamos en estos procesos debemos adoptar decisiones teniendo presente el interés superior del niño, todos los derechos consagrados en la ley y seguir las “Directrices sobre Justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos del Consejo Económico y Social”. A su vez, del punto H.35 de las mencionadas directrices surge claramente la manda de adoptar medidas apropiadas para garantizar la seguridad de las personas menores de 18 años de edad víctimas o testigos de delitos y, precisamente, el apartado b) de dicho punto establece el uso de órdenes restrictivas para conjurar el riesgo.
Aquí corresponde destacar la importancia de darle la oportunidad a la adolescente de ser escuchada y atender a lo que ella exprese en consonancia con lo dispuesto por los artículos 3, 5 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Sobre el punto, tenemos presente que ha requerido la imposición de las medidas peticionadas por la Auxiliar Fiscal y que se continúe con la investigación y posterior acción.
En efecto, el hecho de que nos encontremos frente a una víctima menor de edad requiere que se sigan ciertos estándares de protección de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente la Convención de los Derechos del Niño, que genera obligaciones particulares en cabeza de los Estados parte, y con la legislación local (cfr. arts. 2.1, 3.1 y 19 de dicha norma).

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado, en cuanto dispuso rechazar la solicitud de medidas de protección, solicitadas por la Fiscalía.
La Fiscalía solicito la imposición de medidas restrictivas, la cual fue rechazada por la A quo. Para así decidir sostuvo que pretende imponer una medida que habrá de ser notificada en el domicilio laboral del acusado con el consiguiente efecto estigmatizante que conlleva, cuando los efectos requeridos por la titular de la acción bien podrían haber sido neutralizados por otras vías menos lesivas.
Esto motiva el recurso del Fiscal el cual se funda en la urgencia o peligro en la demora. Cuyo requisito para la procedencia de las medidas solicitadas estaba presente ya que la víctima había sido clara al referir que vive y realiza sus actividades diarias en cercanías del domicilio laboral del imputado, lo que significaba un riesgo inminente que podía afectar la integridad psicofísica de la nombrada.
Ahora bien, se ha dicho que las herramientas urgentes solicitadas deben adoptarse en cualquier etapa del proceso, es decir, frente al conocimiento de un hecho producido en un contexto de violencia de género, cuando existieran razones objetivas para suponer que se encuentra en riesgo la salud o la integridad física o psíquica de la mujer víctima, con el objetivo de resguardarla. En el caso en estudio esas razones objetivas están dadas por la denuncia formulada y los informes confeccionados por personal del Área de Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas.
Asimismo, cabe señalar que no impide el dictado de las medidas solicitadas el hecho de que nos encontremos en el inicio de la investigación.
De la misma manera, una interpretación armónica de las normas del Código Procesal Penal -aplicable supletoriamente- y de la Ley Nacional N° 26.485 permite concluir que, en casos en los que exista un riesgo real e inmediato para la integridad de la mujer, podrá imponerse una medida cautelar tendiente a neutralizar esos riesgos aún si, para aquél momento, no se ha intimado del hecho a la persona acusada, pues el objetivo inmediato de proteger a la mujer del riesgo de sufrir violencia lo amerita. Con relación al peligro en la demora consideramos que el requisito se verifica sin perjuicio de que la joven haya mencionado que ya no se cruzaba con el denunciado porque modificó su recorrido habitual. Es decir, la denunciante se encuentra actualmente restringida en sus derechos (libertad de transitar sin molestias) y además ella también relató que vive a pocas cuadras del lugar de los hechos, esa circunstancia no elimina la posibilidad de que eventualmente aquélla necesite transitar por la cuadra en que se ubica el edificio y pueda encontrarse con el imputado en las inmediaciones. Por lo demás, las restricciones que fueron peticionadas son las de menor lesividad para el acusado frente al superior interés de proteger la integridad de la mujer, en el caso, además, menor de edad y víctima, en tanto aquéllas se limitan únicamente a prohibir el contacto y acercamiento deliberado del imputado y el cese de actos de perturbación o intimidación hacia ella.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso condenar al encartado a la pena de tres días de arresto, cuya ejecución queda en suspenso, por ser autor de la contravención de acoso sexual callejero e intimidación, agravadas por haber sido cometidas contra una persona menor de 18 años y por haberse basado en un contexto de desigualdad de género y violencia de género del tipo sexual, piscológica y simbólica conforme el artículo 70 agravado por inciso 1º y 2º; en concurso ideal con el artículo 54 en función del artículo 56 inciso 3º y 5º del Código Contravencional.
La víctima menor de edad, declaró que el encartado (encargado de mantenimiento del edificio donde ella vive) la acoso en la vía pública previo a que ella ingresara al edificio, mediante miradas lascivas y comentarios de índole sexual, provocandole un estado de angustia, temor y aflicción, conducta que se repitió en varias oportunidades, incluso en los espacios comunes del consorcio.
La Defensa se agravió por considerar que el hecho atribuido nunca existió. Señaló que de los videos aportados a la causa, no se había constatado el hecho denunciado. Asimismo sostuvo que entre las declaraciones de la víctima y la madre de ésta, había contradicciones por lo que, los hechos relatados, no podían ser otra cosa que el resultado del imaginario de la adolescente.
Cabe señalar, que el artículo 70 del Código Contravencional incorpora la figura de acoso sexual callejero, una forma de violencia específica que se despliega en contextos urbanos es decir, la violencia es ejercida “en lugares públicos o privados de acceso público” y consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones.
A su vez, la normativa en análisis agrava las consecuencias jurídicas cuando la víctima es menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta (70) o con discapacidad, dado que el acoso sexual callejero es entendido como una expresión de violencia basada en la desigualdad de género.
Cabe señalar, que la tipicidad de la conducta atribuída se configura, cuando la misma se despliega en forma intimidante es decir, cuando causa o genera en el sujeto pasivo, alguna limitación en su esfera de autodeterminación, lo que claramente se evidencia en las presentes.
En efecto, la denunciante declaró que a raíz del accionar del imputado, su forma de vestirse cambió porque se sentía observada y necesitaba cubrirse el cuerpo. A su vez, explicó que estaba muy nerviosa por la presencia del acusado, lo que empeoró su condición de salud ya que tenía continuos ataques intestinales.
En este punto, el testimonio de su madre también es coincidente con el relato de su hija ya que describe como la misma, empezó a cubrir su cuerpo con prendas de ropa, sin importarle que la indumentaria no fuera acorde con el clima, también comenzó a solicitarle ayuda a sus amigos, para que la acompañen hasta su domicilio, por temor de cruzarse con el encartado.
Se concluye que la víctima no se sentía libre, ni segura, cuando debía salir, ingresar o circular por el edificio donde residía; viendo afectada su dignidad, su integridad psíquica, física, sexual y su libertad de tránsito.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso condenar al encartado a la pena de tres días de arresto, cuya ejecución queda en suspenso, por la comisión de la contravención de acoso sexual callejero e intimidación, agravadas por haber sido cometidas contra una persona menor de 18 años y por haberse basado en un contexto de desigualdad de género, violencia de género del tipo sexual, psicológica y simbólica conforme el artículo 70 agravado por inciso 1º y 2º; en concurso ideal con el artículo 54 en función del artículo 56 inciso 3º y 5º del Código Contravencional.
La víctima menor de edad, declaró que el encartado (encargado de mantenimiento del edificio donde ella vive) la acosó en la vía pública previo a que ella ingresara al edificio, mediante miradas lascivas y comentarios de índole sexual, provocándole un estado de angustia, temor y aflicción, conducta que se repitió en varias oportunidades, incluso en los espacios comunes del consorcio.
La Defensa se agravió por considerar que el hecho atribuido nunca existió. Señaló que de los videos aportados a la causa, no se había constatado el hecho denunciado. Asimismo sostuvo que entre las declaraciones de la víctima y la madre de ésta, había contradicciones, por lo que los hechos relatados no podían ser otra cosa que el resultado del imaginario de la adolescente.
Cabe señalar, que la tipicidad de la conducta atribuida se configura cuando la misma se despliega en forma intimidante es decir, cuando causa o genera en el sujeto pasivo alguna limitación en su esfera de autodeterminación, lo que claramente se evidencia en las presentes, ya que la víctima no se sentía libre ni segura cuando debía ingresar, salir o circular dentro del edificio donde residía.
De las pruebas rendidas se desprende que la víctima vivenció una serie de conductas intimidantes por parte del imputado en el cual éste le miraba su cuerpo y su cola de una “manera asquerosa” murmurándole cosas, lo que denota que la menor sentía que era un objeto de deseo sexual.
En el contexto en el cual se produjo el hecho, la damnificada cambió su comportamiento, empezando a cubrir su cuerpo con prendas de ropa, sin importarle que la indumentaria no fuera acorde con el clima, solicitando a amigos que la acompañaran hasta su domicilio por temor de cruzarse con el acusado. Es decir, vivió una situación displacentera conforme fuera definido por las peritos intervinientes, por la que la adolescente quedó posicionada en un constante estado de alerta y temor.
En esta línea, como bien lo señaló el "A quo", cuando la madre de la víctima increpó al encartado diciéndole "como le podés decir esas cosas, no ves que podría ser tu hija" éste respondió que "él tenía un hijo varón y que por ello eso nunca le sucedería ", lo que demuestra el lugar de jerarquía y asimetría en el que se posicionó el imputado frente a la damnificada por su condición de género y su edad.
En este contexto, resulta indudable que se configuran los elementos de la figura en análisis, como también se puede afirmar que el comportamiento del encartado fue doloso, ya que lo asumió y lo desplegó de manera sistemática y sostenida por un espacio temporal extenso respecto de la joven damnificada, e incluso perpetró dichas conductas en presencia de su madre, quien también se sintió intimidada.