Corresponde suspender los puntos II, III (párrafos 3º, 4º y 5º), IV y VIII de la Resolución Nº 71/03 de la Asesoría General toda vez que el artículo 6 de la Ley Nº 21 con la reforma de la Ley Nº 316, es clara en lo relativo a que la actuación de los integrantes del Ministerio Público no está sujeta a ninguna instrucción particular. Tampoco cabe admitir una aparente instrucción general que en los hechos parece traducirse en la posibilidad de dictar directivas particulares para cada una de las causas iniciadas o a iniciarse.
En efecto, la lectura de la resolución 72/03 de la Asesoría Tutelar General parece indicar la instauración de un sistema de autorizaciones previas al inicio de casos particulares a prestarse por la Asesoría General, lo que podría contrariar los principios a que está sometida la actuación de los integrantes del Ministerio Público.
En el acotado margen de las medidas cautelares tampoco parece conveniente impedir o condicionar las facultades investigativas del Sr. Asesor Tutelar, previstas tanto en la Ley Nº 104, como en la Ley Nº 21, ni filtrar, interferir o condicionar los vínculos que deba entablar con institución alguna en el marco de sus labores.

Corresponde suspender la Resolución Nº 71/03 de la Asesoría General - en tanto dispone: a) la intervención por ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Asesoría General Tutelar en todos los recursos de apelación que habiliten la apertura de la segunda instancia y que hubieran sido interpuestos por la Asesoría Tutelar de Primera Instancia contra las decisiones de los jueces de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario; b) la intervención de los Asesores Generales Adjuntos en los recursos de inconstitucionalidad, de queja por denegación del recurso y en instancia ordinaria de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, previstos en los incisos 3º, 4º y 5º del artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; c) el cese de la intervención del Asesor Tutelar de Primera Instancia con la interposición del recurso de apelación, debiendo los Asesores Generales Adjuntos intervenir en la actuación ante la segunda instancia y emitir opinión fundada;- toda vez que el texto del artículo 34 ter de la Ley Nº 21 con la reforma de la Ley Nº 316, parece indicar que para la actuación de cada uno de los Asesores Tutelares de primera instancia no se dividirán las instancias sino que ambos actuarían ante la primera y la segunda.

Los artículos 32 y 34 de la Ley Nº 21 habilitan la actuación a la Asesoría Tutelar General para interponer recurso de apelación, pues le reconocen la facultad de requerir todas las acciones conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, cuando carecieran de asistencia o representación legal.
En el caso concreto, la ausencia de designación de defensor público oficial permite dar curso a la oportuna intervención de la Asesora con el fin de garantizar y salvaguardar los derechos del menor involucrado. En este sentido, es menester señalar que siendo que el ministerio público “tiene por misión primordial promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” (art. 1º Ley Nº 21), sobre éste órgano pesaba la obligación de garantizar la adecuada defensa del imputado a través de la inmediata notificación al defensor oficial de turno, omisión agravada ante la minoridad del imputado, que fue advertida inmediatamente.
El órgano jurisdiccional también debió haber velado por la legalidad del proceso, sin embargo tampoco advirtió tal deficiencia, omitiendo dar intervención de la defensa pública oficial a fin de asegurar el derecho a la asistencia letrada, como garantía instrumental del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN, art. 13 CCABA).
No en vano cabe recordar que la función del defensor técnico es tutelar un interés exclusivamente individual vinculado a un derecho humano fundamental e inalienable, con reconocimiento en los diferentes pactos y tratados internacionales de derechos humanos (DUDH, art. 3 y 11.1. CS/WebPublisher PRO internal error WRTHTML:100. Please contact Inmagic, Inc. ; PIDCP, art. 14.3.b y d, 2.1., DADDH, art. XXVI, párrafo 2º, CADH, art. 8.2c., d y e).
De ahí que se debió haber dado intervención a la defensa pública oficial, y no perderse en vericuetos que sólo llevaron a que la Abogada Legal y Técnica del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -carente de legitimación procesal ante la existencia del instituto de la Defensa Pública- y la Asesora General Tutelar- actuaran en resguardo de los derechos del menor ante la omisión de provisión inmediata de asistencia técnica, en entera consonancia con lo normado en los artículos 34 inc. b y d de la Ley Nº 21 y 70 inc. g de la Ley Nº 114.