Ante un allanamiento domiciliario, la firma de la imputada no es un recaudo formal del acta, conforme el artículo 138 Código Procesal Penal de la Nación, ya que el justiciable, en atención a la garantía del artículo 18 Constitución Nacional, no puede ser compelido a tal efecto, especialmente por tratarse de un elemento cargoso, sin perjuicio de que nada obsta a la eventual decisión de rubricarla.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual el "a quo" rechazó el planteo de nulidad del decreto de determinación de los hechos interpuesto por la Defensa, basado en parte en un censo realizado en la que sin asistencia letrada aportaron información que luego sería utilizada por la acusación (arts. 71, 73 y 92, CPP).
En efecto, en lo tocante a las declaraciones que los acusados hicieron ante el personal del programa "Buenos Aires Presente" respecto del tiempo que llevaban en el inmueble, no fueron tenidos en consideración en el decreto de determinación de los hechos, pues la fecha del presunto ingreso al lugar (que es exacta, a diferencia de la mera referencia de “tres meses” que hicieron los ocupantes) fue definida a partir de los datos aportados por el denunciante, por los testigos y por la policía.
Por lo tanto, no se advierte que el decreto impugnado se base en alguna declaración de carácter autoincriminante por parte de los imputados, en contra de lo sostenido por la Defensa Oficial.

En el caso, corresponde anular la resolución que rechazó la suspensión del juicio a prueba en atención a la oposición del Fiscal a su concesión.
En efecto, las razones político criminales que el Ministerio Público Fiscal pueda, legítimamente, tener en cuenta para tomar su decisión deben estar referidas a la conveniencia de la persecución respecto de cada caso particular; esas razones deben ser tales que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de ese carácter.
La Fiscal se opuso a realizar un acuerdo al señalar que se solicitó una inspección del taller clausurado cuyo resultado dio cuenta que en el lugar continuaría funcionando un taller sin habilitación.
En el acta contravencional confeccionada, producto de la inspección a la que se refiere el Fiscal, consta que no se ha autorizado el ingreso al personal del área contravenciones y faltas por lo que el acta fue labrada imputando al encausado la contravención prevista en el artículo 73 del Código Contravencional dejando constancia que “…interiorizado del procedimiento a realizarse, NO permitió el ingreso a la finca del personal. Tras su negativa, se procedió a consultarle si el taller textil que otrora funcionara en su interior continuaba realizando trabajos, pregunta a la cual, el citado respondió en forma afirmativa…”
Ello así, lo actuado no tiene validez para acreditar la conducta del imputado respecto a la clausura que se le reprocha, debiéndose anular la “manifestación espontánea” recibida del imputado y el acta labrada a partir de dicha información (art. 71 y ss. del CPPCABA, art. 13.3 de la Constitución de la CABA), anular parcialmente la intimación por dicha conducta como así también la resolución que la valorara en perjuicio del imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde anular la resolución que rechazó la suspensión del juicio a prueba en atención a la oposición del Fiscal a su concesión.
En efecto, en el acta contravencional confeccionada producto de la inspección solicitada por el Fiscal para constatar si se había respetado la clausura oportunamente dispuesta, consta que no se ha autorizado el ingreso al personal del área contravenciones y faltas por lo que el acta fue labrada imputando al encausado la contravención prevista en el artículo 73 del Código Contravencional dejando constancia que “…interiorizado del procedimiento a realizarse, NO permitió el ingreso a la finca del personal. Tras su negativa, se procedió a consultarle si el taller textil que otrora funcionara en su interior continuaba realizando trabajos, pregunta a la cual, el citado respondió en forma afirmativa…”
La pregunta realizada, de la que se obtuviera una declaración autoincriminatoria, vulnera las garantías señaladas en el artículo 3 del Código Contravencional.
La protección constitucional contra la autoincriminación (art. 18 CN) esta reglada en el caso por la tajante prohibición del Código Procesal Penal, supletoriamente aplicable, que en su artículo 89 prohibe recibir declaración al imputado a la Policía y a las fuerzas de seguridad.
Incluso el Fiscal no puede oir al imputado sino en presencia de su Defensor (Conf. art. 41 de la ley 12 y art. 89 del CPP aplicable conforme lo previsto por el art. 6 de la ley 12). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del acta que contiene las manifestaciones formuladas por la imputada en sede de la Secretaría de Ejecución.
En efecto, la Secretaría de Ejecución cuenta con facultades para controlar el cumplimiento de las pautas de conducta que se imponen al conceder la suspensión del proceso a prueba y en ese marco citó a la encausada.
Del acta que se cuestiona no surge que se haya interrogado a la probada sino que manifestó su versión respecto del cumplimiento a la pauta de abstención de contacto que la denunciante manifestó se encontraba incumplida.
En oportunidad de ser citada, la probada compareció ante la Secretaría de Ejecución en compañía de la Prosecretaria Letrada de la Dirección Interdisciplinaria de la Defensoría General de la Ciudad.
Ello así, la encausada contó con asistencia técnica legal al momento de responder sobre el incumplimiento de la pauta de conducta por lo que no existe afectación alguna al derecho de defensa como se pretende.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del acta que contiene las manifestaciones formuladas por la imputada en sede de la Secretaría de Ejecución.
En efecto, no se observa la autoincriminación que aduce la Defensa, pues la probada no ha reconocido haber mantenido contacto con la denunciante ni haberse apersonado a su departamento, siendo éste el contenido de la pauta de conducta que le fuera impuesta y por cuyo incumplimiento fuera citada.
Lo que la probada afirmó ante la Secretaría de Ejecución es idéntico a lo que la encausada había relatado en el marco de la audiencia de intimación del hecho, audiencia a la que compareció con la asistencia técnica de su Defensa particular.
Ello así, no existe afectación a la garantía contra la autoincriminación de la encausada.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de violación de la garantía de no autoincriminarse.
En efecto, la Defensa considera que se ha vulnerado la garantía que prohíbe la autoincriminación por haberse tenido en cuenta la manifestación presuntamente espontánea de su asistido procesal en cuanto refirió que “tenía amigos argentinos y le habían pasado el dato que podía pintar las formaciones de subtes en la mencionada estación” y ello atenta contra lo dispuesto en los artículo 18 de la Carta Magna y 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ahora bien, es menester efectuar un sucinto análisis con relación a las “declaraciones espontáneas”. En este sentido, hay que diferenciar entre la declaración de un imputado vertida ante la autoridad policial de las declaraciones espontáneas que aquél puede efectuar en presencia del preventor. La primera de ellas se encuentra expresamente prohibida de conformidad con el artículo 13, inciso 5°, de la Constitución de la Ciudad y el artículo 89 del Código Procesal Penal local. Mientras que, en lo que atañe a la segunda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delineado criterios a fin de determinar los casos en que las declaraciones espontáneas no son consideradas como una vulneración a la garantía constitucional por la que nadie se encuentra obligado a declarar en su contra (art. 18 CN, art. 2 inc.2G Declaración Americana Sobre Derechos Humanos y art. 14 inc.3G del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
De tal modo, tal como se desprende de los fallos “Cabral”, “Jofre” y “Schettini” (315:2505, 317:241 y 317:956, respectivamente) aquellas declaraciones que el imputado preste ante la autoridad policial en forma espontánea, es decir, sin que medie ningún tipo de coacción, no son consideradas autoincriminatorias ni pueden acarrear, por lo tanto, la nulidad de un proceso.

En el caso, corresponde ordenar que se teste la frase autoincriminante proferida por el imputado ante el personal policial al momento de constatarse la violación de clausura por la que se lo acusa.
En efecto, surge de la declaración del preventor que intervino en el allanamiento que dio inicio a la presente causa por violación de clausura que fue comisionado en un móvil hacia el inmueble, y que al llegar se entrevistó a dos vecinos (los denunciantes) quienes manifestaron que otro vecino se hallaba construyendo una obra que había sido clausurada oportunamente por el Gobierno de la Ciudad lo que representaba un peligro para terceras personas.
El personal pudo constatar que en el departamento se encontraban construyendo, por lo que se tomó contacto con el propietario quien admitió que la obra se hallaba clausurada, pero que necesitaba continuar con las mismas. Se constató también la existencia de una faja de clausura en la puerta del departamento.
Los dichos del encausado fueron vertidos ante el personal policial, sin previa lectura de derechos y garantías.
El artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad comienza con una rotunda prohibición a conceder a los preventores la posibilidad de recibir declaración al imputado (STCórdoba, J.A. l988-I pag. l4l), y sólo se les reconoce la facultad de formularles el interrogatorio de identificación (Juzg. Nac. Corr. No. l, J.A. l4-IV-93 "Fuentes David y otros"), hacerles saber que pueden ser asistidos por su defensor de confianza y abstenerse de declarar sin que ello pueda meritarse en su contra (artículos 28 y 29 del Código Procesal Penal de la Ciudad).
La razón de tal impedimento radica en que los cuerpos policiales de investigación sobrellevan una no disimulada carga subjetiva de esclarecer a toda costa los hechos delictivos -circunstancia que deteriora la imparcialidad que debe regir en la función judicial lato sensu considerada-. Es insoslayable que una persona que se encuentra ante las autoridades policiales se haya evidentemente, en gran desventaja psicológica para resistir los esfuerzos persistentes de la policía (conf. Lewis Mayers “El sistema legal norteamericano” Omeba, 2ª ed. Buenos Aires, 1969 pag. 51).
La Fiscalía ha pretendido la utilización de la declaración del preventor en sede policial en donde constan las expresiones autoincriminantes del imputado y la ha ofrecido como prueba para hacer valer su hipótesis del caso en el juicio.
Ello así, dado que el Juez de Garantías admitió como documental a producirse en debate, las constancias policiales "in totum" corresponderá que la frase mediante la cual el encausado admitió que la obra se hallaba clausurada debe ser testada por Secretaría por violar la garantía convencional que prohíbe la autoincriminación.
La medida resulta necesaria atento que dichas manifestaciones no podrán ser utilizadas por el Fiscal durante el juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la nulidad del procedimiento por autoincriminación del encausado.
En efecto, el procedimiento llevado a cabo en autos tuvo su origen en un llamado telefónico de los vecinos, a partir del cual el personal policial fue comisionado al lugar del hecho y constató directamente la violación de la clausura.
Si bien los agentes policiales no advirtieron de sus derechos al aprehendido, motivo por el cual lo manifestado por éste en tales circunstancias no puede ser utilizado por el Fiscal durante el juicio por violar la garantía convencional que prohíbe la autoincriminación, el curso probatorio resultó independiente de los dichos del encausado.
Ello así, no corresponde anular todo el procedimiento conforme lo solicita la Defensa, sino únicamente suprimir las frases autoincriminantes en virtud de la limitación probatoria mencionada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la nulidad del procedimiento por autoincriminación del encausado.
En efecto, el hecho de que el imputado haya manifestado ante el personal preventor que “es el propietario” de la finca cuya violación de clausura se investiga, no resulta "per se" autoincriminatorio.
Asimismo esa constancia no ha sido ofrecida por la Fiscalía en el requerimiento de juicio, motivo por el cual no forma parte de las pruebas admitidas en la audiencia prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ello así, atento que la pieza referida no será utilizada en contra del imputado, corresponde rechazar el planteo de la Defensa en este aspecto.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la nulidad del procedimiento por autoincriminación del encausado.
En efecto, la Defensa sostiene que lo manifestado por una de las encartadas en un expediente contravencional (cfr. art. 54 CC CABA), no puede ser tenida en cuenta en el proceso de autos, por cuanto se vulneró lo previsto en el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad (de aplicación supletoria al ámbito contravencional), que prohíbe expresamente que personal policial tome declaración al imputado. De este modo, refiere que el procedimiento se encuentra viciado por la violación a la garantía contra la autoincriminación y por el desconocimiento de las consecuencias que derivarían de su exposición.
Al respecto, coincidimos con la recurrente en cuanto a que a partir de los dichos de su asistida y del posterior allanamiento efectuado en el comercio, surgió la presente investigación (infracción a la ley Penal Tributaria). Sobre esta base, la cuestión a determinar es si aquéllos actos han sido conformes a derecho o no.
Ahora bien, en autos, el agente de prevención actuó dentro de las disposiciones vigentes, y se dirigió a la persona que, en ese momento, se encontraba a cargo del local, a quien, incluso, se le labró el acta de infracción en los términos del artículo 54 del Código Contravencional local –conforme los art. 36 y 36 bis de la ley de procedimientos contravencional-. Asimismo, se intimó al cese de la contravención y a la clausura de la actividad por afectar la salud pública.
Por ello, no puede predicarse en el caso violación a garantía constitucional alguna, pues debe convenirse en que el personal actuó dentro de sus facultades de prevención, en los términos de los artículos 16 de la Ley N° 12 y 86 y 88 del Código Procesal Penal de la Ciudad (de aplicación supletoria).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad de los elementos probatorios recabados y de los actos dictados en consecuencia.
Se investiga en la presente causa un hecho acaecido en el interior de una comisaría de esta Ciudad, suceso que fue filmado y reproducido en redes sociales, en el que se produjo un daño a un cuadro con la imagen del Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, mediante la colocación y explosión de un "petardo".
En consecuencia, en el marco de una investigación administrativo-disciplinaria, la jefa de la comisaría involucrada, informó que había interrogado a tres oficiales con relación al hecho. Luego, la Fiscalía dirigió una nota al Secretario de Seguridad, por la cual requirió los domicilios de los tres oficiales.
Según la Defensa, la funcionaria policial no tenía facultades para interrogar y obtener una confesión por parte de los tres imputados, cita el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad, que prohíbe a los funcionarios de policía recibir declaración al acusado. Sostiene que, para ese momento, ya sabía que se trataba al menos de un delito de daño y posiblemente de amenazas. Por lo tanto, aunque entiende que la comisaria sí tenía facultades de interrogar en el marco de atribuciones administrativas, éstas se restringen a cuestiones exclusiva y excluyentemente disciplinarias y de servicio. Por el contrario, cuando en una actuación administrativa está involucrado también un delito, ya no tendría esas facultades.
Ahora bien, respecto de la garantía constitucional del derecho penal, cabe recordar que el principio "nemo tenetur" ("nemo tenetur se ipsum accusare" y "nemo tenetur se ipsum prodere") resguarda que nadie esté obligado a acusarse a sí mismo ni a declarar en su contra (Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, Einl., n.º m. 29ª, 2009). Dicho principio, sólo establece que está prohibida la auto-incriminación forzada (“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, art. 18 CN; “derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”, art. 8.2.g CADH), de manera que nada conduce a inferir que esta máxima vuelva inválida la declaración no forzada ante los funcionarios policiales, ya sea espontánea o en respuesta a un interrogatorio, sobre todo cuando ha sido realizada por las vías legalmente establecidas en otro ámbito del ordenamiento jurídico.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia del Juez de grado, en cuanto declaró la nulidad del acta en la que se consignaron las manifestaciones efectuadas por el encartado -declaraciones autoincriminantes ante personal policial-, la que no alcanza el resto del procedimiento y revocar la resolución en cuanto declaró la nulidad de todo lo obrado en consecuencia, es decir el acta contravencional labrada, la inmovilización del vehículo, el secuestro del teléfono celular y la licencia de conducir del imputado, en el contexto de una causa por realización de actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público (artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad).
Las actuaciones se iniciaron por la denuncia de un tercero. El personal policial convocado, al acercarse al rodado, advirtió que en la parte trasera de aquél se trasladaba a un pasajero y que, además, el celular -que se encontraba a la vista- tenía abierta la aplicación “UBER”, por lo que a raíz de ello, y de la consulta efectuada a la fiscalía, se realizaron los actos posteriores.
En efecto, se advierte que el acusado realizó declaraciones autoincriminantes, sin que se diese cumplimiento a lo normado por el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad -aplicable supletoriamente en función del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional- y, por cierto, es el propio contexto en el que ocurren las manifestaciones el que impide considerarlas voluntarias. Ello así, resulta acertada la decisión de la Jueza de grado de declarar la nulidad del acta, en la que constan los dichos del imputado. Sin embargo, ello no importa la nulidad del procedimiento, pues se verifica la existencia de una vía independiente a la declaración del presunto contraventor.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de las manifestaciones efectuados por el encausado frente al personal policial las que no podrán ser valoradas en la presente investigación por el delito de amenazas.
En efecto, el preventor no sólo identificó al imputado sin hacerle saber previamente sus derechos, sino que además durante la “entrevista” aquél habría pronunciado manifestaciones relativas al contexto en el que se sitúa el hecho denunciado.
Se evidencia la afectación al derecho de defensa que ha importado el incumplimiento de las formas legalmente establecidas para la realización de ese acto y se impone entonces, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 89 del Código Procesal Penal , declarar la nulidad de dichas manifestaciones, las cuales en consecuencia quedarán excluidas de su apreciación en este proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo al planteo de nulidad del procedimiento que dio inicio a la presente causa donde se investiga la posible comisión del delito de amenazas.
En efecto, que los dichos del encausado no puedan ser valorados en la investigación no conduce a invalidar la detención del acusado, ni todo lo actuado, en la medida en que existe en el caso una vía independiente.
Surge de la declaración del preventor que inmediatamente después de que el encartado efectuara esas manifestaciones se hizo presente en el lugar la denunciante quien identificó al imputado y precisó los dichos que aquél le había proferido.
Ello así, es a partir del relato de la víctima que se identificó al encausado y se conoció con precisión el hecho objeto de la causa.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo al planteo de nulidad del procedimiento que dio inicio a la presente causa donde se investiga la posible comisión del delito de amenazas.
En efecto, los dichos del encausado al preventor no pueden ser valorados a los efectos de acreditar la existencia de una amenaza hacia la denunciante y fueron invalidados.
Sin embargo, cabe recordar la doctrina de la regla de exclusión sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Ruiz, Roque A.’, conforme a la cual “debe analizarse si los restantes medios pueden aun constituir elementos suficientes para justificar el reproche, porque debe determinarse en qué medida la ilegitimidad inicial del procedimiento afecta la validez de los actos subsiguientes, es decir, hasta qué punto el vicio de origen expande sus efectos nulificantes” (CSJN, "Ruiz, Roque A.", rta. el 17/09/1987).
En base a ello cabe destacar que el procedimiento se inicia a partir de un llamado a la línea 911, por quien resultó ser la víctima, quien además se acercó al personal preventor mientras se encontraba en el lugar de los hechos y le hizo saber que ella había llamado a emergencias y lo que le habría dicho el imputado.
Estos dichos se complementan con lo ratificado por la denunciante en sede policial y lo expuesto por otro de los agentes presentes.
Ello así, no es posible sostener la invalidez del procedimiento aquí seguido en base a la manifestación del imputado al preventor al momento de su arribo al lugar del hecho, pues el mismo tuvo su origen -tal como he sostenido- en el llamado efectuado por la denunciante.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó al imputado, en una causa por portación de armas no convencionales (artículo 88 del Código Contravencional, según Texto Consolidado Ley Nº 5.666).
En efecto, el artículo 89 Código Procesal Penal de la Ciudad, prohíbe que el personal policial interrogue por fuera de lo mínimo indispensable para una correcta identificación, y el artículo 112 Código Procesal Penal de la Ciudad (atento a que la Ley de Procedimiento Contravencional no regula la requisa entre sus normas, corresponde aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal de la Ciudad, en los términos del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional) habilita a las autoridades de prevención a practicar una requisa personal en caso de presumir, por las circunstancias que rodeen el hecho, que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo cosas constitutivas de un delito, o que pudieran haber sido usadas para cometer uno. En este sentido, no surge de las declaraciones prestadas en sede policial que se haya interrogado al imputado en ningún momento, incluso se percibe que previo a que pudieran comenzar la identificación, el mencionado manifestó espontáneamente que portaba algo entre sus prendas. Tampoco surge que haya habido una lectura de derechos previamente, pero ello por sí solo no tacha de nulo el acto, pues del modo en que fue relatado el hecho surge que en el instante en que fueron detenidos por el personal policial, el imputado manifestó la frase en cuestión, lo cual excede la capacidad de los preventores de cumplir con dicha exigencia.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó al imputado, en una causa por portación de armas no convencionales (artículo 88 del Código Contravencional, según Texto Consolidado Ley Nº 5.666).
De la lectura de las constancias de la causa, surge que, en ocasión de una denuncia al 911, oficiales policiales fueron desplazados hacia un lugar donde se encontraba un grupo de masculinos en riña, cuando en el camino, observaron a dos personas -entre los cuales se hallaba el imputado-, quienes se hallaban agresivos y hacían ademanes hacia el lugar del desplazamiento inicial, por lo que, presumiendo que guardaban relación con la riña denunciada, trataron de detener su marcha, a fin de identificarlos. Una vez demorados en el lugar, los mismos refirieron a viva voz ocultar un elemento cortante entre sus prendas, lo cual fue verificado con la posterior requisa que le fue practicada.
Para declarar la nulidad del procedimiento policial, la A-quo sostuvo que existió un erróneo accionar del personal policial, al afectar la garantía de autoincriminación y la posterior requisa, dando cuenta que la declaración de los imputados desde el principio se encontraba viciada, en tanto la misma habría tomado lugar previo a la lectura de derechos, y que no existiendo un cauce independiente de investigación, correspondía declarar la nulidad del procedimiento.
Sin embargo, si bien es cierto que no había otro cauce de investigación abierto, también lo es que el descubrimiento de los elementos secuestrados era inevitable, pues el personal policial se encontraba amparado por la normativa que rige la materia para realizar la requisa, y resulta a todas luces evidente que era el siguiente paso hacerlo. Ello, en virtud de las circunstancias que rodearon el hecho, la posible flagrancia que habrían percibido los agentes policiales, y la actitud del incuso y su acompañante al notar el móvil policial.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó al imputado, en una causa por portación de armas no convencionales (artículo 88 del Código Contravencional, según Texto Consolidado Ley Nº 5.666).
De la lectura de las constancias de la causa, surge que, en ocasión de una denuncia al 911, oficiales policiales fueron desplazados hacia un lugar donde se encontraba un grupo de masculinos en riña, cuando en el camino, observaron a dos personas -entre los cuales se hallaba el imputado-, quienes se hallaban agresivos y hacían ademanes hacia el lugar del desplazamiento inicial, por lo que, presumiendo que guardaban relación con la riña denunciada, trataron de detener su marcha, a fin de identificarlos. Una vez demorados en el lugar, los mismos refirieron a viva voz ocultar un elemento cortante entre sus prendas, lo cual fue verificado con la posterior requisa que le fue practicada.
La Defensa planteó que al haber los policías intervinientes recibido declaración al imputado y su compañero, en el momento del presunto hecho, se había afectado la garantía de autoincriminación. En este contexto, alegó que existió coerción por parte del personal de seguridad como consecuencia directa de la demora de los imputados. Así las cosas, planteó que habiendo la requisa hallado antecedente en aquella declaración, el procedimiento se contraba viciado y por lo tanto nulo.
Sin embargo, no se observa del accionar policial indicios de coacción que hagan presumir que efectivamente el imputado fue agraviado en la garantía en cuestión. En este sentido, no se vislumbra cuál es la coerción que la Magistrada consideró para concluir que "el accionar del personal policial no se limitó a efectuar un interrogatorio de identificación de los encartados y a hacerles saber los derechos de los cuales gozan", ni se entiende, en este caso concreto y con las circunstancias particulares que presenta, cómo debería haber actuado el personal policial para que su proceder sea considerado válido.

La garantía de autoincriminación se encuentra prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo "; el artículo 14, 3 g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a...no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable y el alt. 8.2 g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable " (ambos con jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional)
La letra de las normas citadas no ofrece mayor dificultad en cuanto a que lo que protege la garantía es precisamente que en el marco de un proceso, una persona no sea obligada a declarar contra sí misma, es decir, prohibición total de ejercer coacción de cualquier índole para que una persona se autoincrimine. No obstante, no pretende impedir que el acusado se expida libremente y manifieste cuanto considere sin coacciones sobre circunstancias que eventualmente puedan perjudicarlo en su situación procesal. Por tal motivo, las consecuencias de la garantía en cuestión son que el imputado tiene facultad de abstenerse a declarar, y la posibilidad de hacerlo por su propia voluntad y libertad.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Juez de grado, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó al imputado, en una causa por portación de armas no convencionales (artículo 88 del Código Contravencional, según Texto Consolidado Ley Nº 5.666).
Para así decidir, la A-quo sostuvo que existió un erróneo accionar del personal policial, al afectar la garantía de autoincriminación y la posterior requisa, dando cuenta que la declaración de los imputados desde el principio se encontraba viciada. Consideró que existió coerción policial al momento en que los imputados manifestaron que llevaban un elemento cortante entre sus prendas, toda vez que los agentes policiales no se limitaron a efectuar preguntas identificatorias, ni hacerles saber los derechos que gozaban.
Sin embargo, independientemente de la validez o invalidez de los dichos efectuados por uno de los imputados frente al personal policial, lo cierto es que los agentes estaban facultados a requisar a los encartados, en razón de las previsiones del artículo 112 del Código Procesal Penal (flagrancia). En efecto, de las declaraciones de los oficiales intervinientes, surgen elementos objetivos que ciertamente indicaban que los acusados podían guardar entre sus ropas elementos utilizados en la comisión de un ilícito. En este sentido, de esas actas se advierte que aquéllos se encontraban agresivos y hacían ademanes hacia el lugar, donde momentos antes, se había producido una riña -la que precisamente motivó el desplazamiento de los agentes hacia allí-, y que al advertir la presencia del personal policial intentaron escapar, aunque los preventores lograron finalmente detener la marcha de los nombrados. Ello así, el procedimiento de requisa efectuado fue válido y lo cierto es que el personal policial de todos modos iba a realizarlo con independencia de los dichos de uno de los encartados.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó al imputado, en una causa por portación de armas no convencionales (artículo 88 del Código Contravencional, según Texto Consolidado Ley Nº 5.666).
De la lectura de las constancias de la causa, surge que, en ocasión de una denuncia al 911, oficiales policiales fueron desplazados hacia un lugar donde se encontraba un grupo de masculinos en riña, cuando en el camino, observaron a dos personas -entre los cuales se hallaba el imputado-, quienes se hallaban agresivos y hacían ademanes hacia el lugar del desplazamiento inicial, por lo que, presumiendo que guardaban relación con la riña denunciada, trataron de detener su marcha, a fin de identificarlos. Una vez demorados en el lugar, los mismos refirieron a viva voz ocultar un elemento cortante entre sus prendas, lo cual fue verificado con la posterior requisa que le fue practicada.
En efecto, al producirse tales manifestaciones es claro que fueron emitidas antes de que fuera informado el imputado de su derecho a guardar silencio, sin que ello importe presunción alguna en su contra. El personal policial, por ello, al efectuar tardíamente dicha comunicación vició su actuación con la confesión del imputado. En consecuencia, estos dichos no pueden ser usados en contra del imputado. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar a la nulidad del procedimiento policial formulado por la Defensa, correspondiendo invalidar la manifestación autoincriminatoria del imputado, la que en consecuencia no podrá ser valorada en lo sucesivo, en la presente causa iniciada por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido (Artículo 111 del Código Contravencional).
La Defensa se agravió y sostuvo que el procedimiento que dio inicio a las presentes actuaciones se encontraba viciado en razón de que se habría vulnerado la garantía contra la autoincriminación del imputado. Afirmó que la conversación entre su asistido y las preventoras resultaba proscripta porque había sido a partir del diálogo que el imputado había tenido con las oficiales que se había solicitado el apoyo del personal de tránsito para realizar el test de alcoholemia, y que por ello no podían considerarse válidos los dichos. Agregó que no se podía considerar que se tratasen de manifestaciones espontáneas formuladas por su defendido ante la autoridad policial, ya que dichas manifestaciones se habrían producido sin el asesoramiento letrado previo y no surgía que previamente se le hubieran comunicado sus derechos.
Sin embargo, el procedimiento policial se inició por una incidencia de tránsito entre dos personas, por lo que no corresponde que sea anulado. En este sentido, la intervención policial que dio origen al procedimiento no puede ser reputada de inválida. Sin perjuicio de ello, las manifestaciones que realizó el imputado fueron emitidas sin que fuera informado de sus derechos y asentadas y valoradas por el personal policial y por el Fiscal pese a estar ello especialmente prohibido. Esos dichos no debieron ser usados ni por el personal policial, ni por la Fiscalía, por lo que corresponde que sean testados. Así lo ordena el citado artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad cuando establece que "...en caso de incumplimiento... se privará al acto y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso... ".

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar a la nulidad del procedimiento policial formulado por la Defensa, correspondiendo invalidar la manifestación autoincriminatoria del imputado, la que en consecuencia no podrá ser valorada en lo sucesivo, en la presente causa iniciada por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido (Artículo 111 del Código Contravencional).
La Defensa se agravió y sostuvo que el procedimiento que dió inicio a las presentes actuaciones se encontraba viciado en razón de que se habría vulnerado la garantía contra la autoincriminación del imputado. Ello en razón de que les habría manifestado a las oficiales preventoras que venía de una fiesta donde había tomado de más.
En efecto, la libertad en la declaración del imputado, en un proceso de naturaleza penal, es uno de los principios rectores al cual deben encaminarse sus reglas. Esta libertad de todo individuo se halla comprendida por dos caras contrapuestas: por un lado, por el derecho que posee para "hablar", en ejercicio de su defensa; y por el otro, por su derecho para "callar", garantía implícita en el privilegio que ostenta cada persona contra toda obligación que implique, no importando de qué manera, su autoincriminación. Sobre esta base, habrá de prescindirse de lo manifestado por el encartado que surge de la declaración testimonial de los oficiales policiales y de las demás constancias en las que figure, por resultar una afectación a la prohibición a la autoincriminación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar a la nulidad del procedimiento policial formulado por la Defensa, en la presente causa iniciada por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido (Artículo 111 del Código Contravencional).
La Defensa se agravió y sostuvo que el procedimiento que dio inicio a las presentes actuaciones se encontraba viciado en razón de que se habría vulnerado la garantía contra la autoincriminación del imputado. Afirmó que la conversación entre su asistido y las preventoras resultaba proscripta porque había sido a partir del diálogo que el imputado había tenido con las oficiales que se había solicitado el apoyo del personal de tránsito para realizar el test de alcoholemia, y que por ello no podían considerarse válidos los dichos. Agregó que no se podía considerar que se tratasen de manifestaciones espontáneas formuladas por su defendido ante la autoridad policial, ya que dichas manifestaciones se habrían producido sin el asesoramiento letrado previo y no surgía que previamente se le hubieran comunicado sus derechos.
Sin embargo, no puede dudarse de la validez del procedimiento policial, pues los agentes actuaron dentro de sus facultades. Así, se dirigieron al lugar del hecho porque visualizaron a dos sujetos al costado de dos vehículos teniendo una charla "acalorada", por lo que su intervención estaba dentro de la normativa procesal (artículos 16, 18 y 20 de la Ley N° 12), y artículos 86 inciso 2 y 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad, en función del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Asimismo, los dichos del contraventor no fueron el único fundamento para proceder al labrado del acta contravencional, sino que el imputado poseía aliento a alcohol etílico, se dormía, balbuceaba y ni siquiera pudo indicar los datos del seguro automotor.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Defensa. Debiéndose invalidar solo la manifestación autoincriminante del imputado, que no podrá ser valorada en lo sucesivo, en la presente causa iniciada por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido (Artículo 114 del Código Contravencional).
En efecto, el requerimiento de juicio cumple con los requisitos mínimos exigidos por el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional. En este sentido, el Fiscal ha identificado debidamente al imputado, describiendo en qué consiste la conducta endilgada a aquél, cuándo y dónde se habría llevado a cabo el hecho que se le imputa. La conducta fue encuadrada en la contravención prevista por el artículo 114 del Código Contravencional de la Ciudad y se fundó en un acta contravencional donde consta que el imputado se negó a realizarse el test de alcoholemia, en el sumario policial que da cuenta como se desarrolló el suceso, cuál fue la actividad prevencional tras advertir que el contraventor emanaba aliento etílico, y que no realizaron el test de alcoholemia pues aquel se negó, todo ello en presencia de dos testigos de actuación. Asimismo, cuenta con la declaración del sujeto con quien el encausado tuvo el incidente de tránsito y fue claro al precisar que "el encartado no le podía dar los datos del seguro por su estado de ebriedad". Como así también, ofreció entre otras personas que se cite a prestar declaración testimonial a las oficiales policiales, quienes intervinieron en el hecho.
Ello así, la prueba citada resulta suficiente en esta etapa del proceso a fin de avanzar a la etapa de juicio.
Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que el Fiscal al fundar su requisitoria valoró los dichos del imputado al referir que el encartado adujo "(...) que venía de una fiesta y había tomado unas copas de más (...)", cabe invalidar la mencionada prueba como fundamento de aquel por resultar autoincriminatoria.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar a la nulidad del procedimiento policial formulado por la Defensa, en la presente causa iniciada por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido (Artículo 111 del Código Contravencional).
La Defensa se agravió y sostuvo que el procedimiento que dio inicio a las actuaciones se encontraba viciado en razón de que se habría vulnerado la garantía contra la autoincriminación del imputado. Afirmó que la conversación entre su asistido y las preventoras resultaba proscripta porque había sido a partir del diálogo que el imputado había tenido con las oficiales que se había solicitado el apoyo del personal de tránsito para realizar el test de alcoholemia, y que por ello no podían considerarse válidos los dichos. Agregó que no se podía considerar que se tratasen de manifestaciones espontáneas formuladas por su defendido ante la autoridad policial, ya que dichas manifestaciones se habrían producido sin el asesoramiento letrado previo y no surgía que previamente se le hubieran comunicado sus derechos.
En este sentido, lo que protege la garantía de autoincriminación es precisamente que en el marco de un proceso, una persona no sea obligada a declarar contra sí misma, es decir, prohibición total de ejercer coacción de cualquier índole para que una persona se autoincrimine. No obstante, no pretende impedir que el acusado se expida libremente y manifieste cuanto considere sin coacciones sobre circunstancias que eventualmente puedan perjudicarlo en su situación procesal. Por tal motivo, las consecuencias de la garantía en cuestión son que el imputado tiene facultad de abstenerse a declarar, y la posibilidad de hacerlo por su propia voluntad y libertad.
Ello así, no existe en el "sub lite", ni tampoco la recurrente ha logrado demostrar, una afectación a la garantía constitucional que dice ser violada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado y, en consecuencia, no hacer lugar al planteo de nulidad por autoincriminación forzada.
El Defensor de Cámara introdujo como agravio la vulneración de la garantía constitucional contra la autoincriminación forzada, pues de la declaración del agente actuante, surge que al llegar al lugar del hecho se entrevistó con el imputado, en contra de lo que prevé el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad, lo que tornaría nula las presentes actuaciones.
Ahora bien, el procedimiento se inicia toda vez que, cumpliendo funciones, personal policial observó a un vehículo colisionado contra un container en la vía pública. En ese momento, el imputado manifestó al preventor que momentos antes circulaba con el rodado perdiendo el control del mismo, no produciéndose lesiones. Es entonces que, consultada la Fiscalía de turno, se ordenaron las medidas pertinentes ante estos casos.
Al respecto, no puede predicarse en el caso violación a garantía constitucional alguna, pues debe convenirse en que el personal actuó dentro de sus facultades de prevención, tanto en los términos del artículo 6° de la Ley Nº 12, como del artículo 87 del Código Procesal Penal local, y no por los supuestos dichos del conductor del vehículo.
En consecuencia, no puede dudarse de la validez del procedimiento, pues el agente involucrado actuó dentro de sus facultades, pues se dirigió al sujeto a efectos de constar su identidad frente al incidente vehicular ocurrido en la vía pública), por lo que su intervención estaba dentro de la normativa procesal aplicable.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado, en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad formulado por la Defensa, en la presente causa iniciada por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
De la lectura de las constancias de la causa, surge que se inició la presente investigación, a raíz de los propios dichos relatados por el imputado, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que habría concurrido a efectuar una denuncia contra su ex pareja.
El Fiscal interviniente, entendió que de esa denuncia no surgía la comisión de delito alguno que pudiera ser investigado, no obstante lo cual, advirtió que la allí denunciada, podría ser víctima de hechos de violencia doméstica y de género por parte del denunciante, por lo que se formó una causa en la que resultó imputado y en la cual a su vez se le impusieron medidas restrictivas.
La Defensa solicitó la nulidad de la denuncia efectuada por el imputado ante la Oficina de Violencia Doméstica y de todo lo actuado en consecuencia, por entender que en el caso se afectó la garantía de no auto incriminarse y el debido proceso legal, y con ello el derecho de defensa. Sostuvo que nadie lo relevó de su juramento y promesa de decir verdad en ocasión de formular su denuncia, ni se le hizo saber de su derecho constitucional a no auto incriminarse. Por tal motivo, consideró que la causa tuvo su inicio con un acto nulo que imposibilita al imputado llevar adelante una defensa eficaz, respecto de la acusación formulada en su contra.
Sin embargo, el imputado se presentó voluntaria y libremente a hacer una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica, es decir que nadie lo obligó ni fue dispuesto por orden judicial. En este sentido, la información por él brindada respecto de la cual el Fiscal decidiera investigar, conforme la posible comisión de un delito de acción pública por parte del encausado, no se obtuvo mediante coacción ni engaño.
Asimismo, el imputado fue expresamente informado de las previsiones establecidas en el artículo 72 del Código Penal, como también de que "...si de sus dichos resultara la posible comisión de un delito de acción pública [...] se dará intervención de oficio a la Juez/a y/o Fiscal y/o Defensor/a de Menores que por turno correspondiere".

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad formulado por la Defensa, en la presente causa iniciada por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
De la lectura de las constancias de la causa, surge que se inició la presente investigación, a raíz de los propios dichos relatados por el imputado, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que habría concurrido a efectuar una denuncia contra su ex pareja.
El Fiscal interviniente, entendió que de esa denuncia no surgía la comisión de delito alguno que pudiera ser investigado, no obstante lo cual, advirtió que la allí denunciada, podría ser víctima de hechos de violencia doméstica y de género por parte del denunciante, por lo que se formó una causa en la que resultó imputado y en la cual a su vez se le impusieron medidas restrictivas.
La Defensa solicitó la nulidad de la denuncia efectuada por el imputado ante la Oficina de Violencia Doméstica y de todo lo actuado en consecuencia, por entender que en el caso se afectó la garantía de no auto incriminarse y el debido proceso legal, y con ello el derecho de defensa. Sostuvo que nadie lo relevó de su juramento y promesa de decir verdad en ocasión de formular su denuncia, ni se le hizo saber de su derecho constitucional a no auto incriminarse. Por tal motivo, consideró que la causa tuvo su inicio con un acto nulo que imposibilita al imputado llevar adelante una defensa eficaz, respecto de la acusación formulada en su contra.
Sin embargo, la manifestación espontánea del imputado, efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica, no fue como testigo, es decir, no lo hizo bajo juramento de decir verdad ni bajo la consecuente sanción de incurrir en el delito de falso testimonio, por lo que deviene irrelevante la falta de relevamiento de juramento, a fin de salvaguardar su derecho de defensa. Ello así, tales manifestaciones poseen, el carácter de "notitia criminis".

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad formulado por la Defensa, en la present CS/WebPublisher PRO internal error WRTHTML:100. Please contact Inmagic, Inc. e causa iniciada por amenazas (artículo 149 bis del Código Penal).
De la lectura de las constancias de la causa, surge que se inició la presente investigación, a raíz de los propios dichos relatados por el imputado, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que él habría concurrido a efectuar una denuncia contra su ex pareja.
El Fiscal interviniente, entendió que de esa denuncia no surgía la comisión de delito alguno que pudiera ser investigado, no obstante lo cual, advirtió que la allí denunciada, podría ser víctima de hechos de violencia doméstica y de género por parte del denunciante, por lo que se formó una causa en la que resultó imputado y en la cual a su vez se le impusieron medidas restrictivas.
La Defensa solicitó la nulidad de la denuncia efectuada por el imputado ante la Oficina de Violencia Doméstica y de todo lo actuado en consecuencia, por entender que en el caso se afectó la garantía de no auto incriminarse y el debido proceso legal, y con ello el derecho de defensa. Sostuvo que si bien el encausado se presentó voluntariamente y nadie lo habría obligado a narrar los hechos que hoy son utilizados en su contra, no se lo relevó de su juramento y promesa de decir verdad en ocasión de formular su denuncia, ni se le hizo saber de su derecho constitucional a no auto incriminarse. Por tal motivo, consideró que la causa tuvo su inicio con un acto nulo que imposibilita al imputado de llevar adelante una defensa eficaz respecto de la acusación formulada en su contra.
Sin embargo, la determinación de los hechos a investigar y la delimitación del objeto procesal por el cual el imputado fue intimado, no se hizo sobre la base de esa declaración, sino luego de que el equipo de intervención domiciliaria se entrevistara personalmente con la víctima, la que describió detalladamente los hechos materia de imputación.