El artículo 18 de la Ley Nº 18.829, que regula la actividad de las agencias de viajes y turismo, contiene disposiciones de protección para quienes contraten con las agencias de viajes, de tenor similar a las previsiones en materia de información a los fines de formación del contrato que contiene la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. No obstante, si bien el Decreto Nº 2182/72 complementa el texto de la Ley Nº 18.829 y reglamenta la actividad, establece una situación genérica de excepción, que exime de responsabilidad a las agencias
En consecuencia, la obligación de respetar los contratos, las tarifas convenidas y la veracidad de la propaganda que realicen las agencias de viajes a fin de promover sus actividades, no es la misma cuando, por ejemplo, el servicio prestado es de intermediación entre el cliente y la aerolínea que, por el contrario, cuando la agencia ofrece un servicio de viaje que incluya traslados, hotelería, excursiones, etc.
Sentado ello, la norma reglamentaria de mención resulta suficiente para descartar la responsabilidad de quien no resulta responsable de los defectos surgidos en el servicio contratado debido a que la calidad de intermediaria de la agencia, se encuentra prevista como eximente de responsabilidad.

Es sabido que ni el Código Civil ni el Código de Comercio se regula el contrato de viaje -en el marco del contrato de servicios turísticos- y los efectos que se generan en consecuencia. Este contrato debe considerárselo atípico puesto que no se adapta a ningún tipo legal establecido (más allá de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997).
No obstante esta ausencia legislativa de orden nacional, la Convención Internacional de Contrato de Viaje tiende a brindar un marco regulatorio. Así tal Convención distingue entre el contrato de organización de viaje y el contrato de intermediación de viaje.
Se define el contrato de organización de viaje como aquel por el cual una persona (operador) se obliga, en su propio nombre, mediante un precio global, a prestar un conjunto de servicios combinados de transporte, alojamientos independientes del transporte, y otros servicios y operaciones similares. En cambio, el contrato de intermediación de viaje es aquel por el cual una persona (agencia de turismo) asume habitualmente la obligación de procurar a otra (viajero, turista) que paga un precio, un conjunto o una o algunas prestaciones independientes que permitan efectuar un viaje o una estadía cualquiera (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, Revista de Derecho Privado y Comunitario - Contratos de servicios II, Santa Fe, Rubinzal Culzoni Editores, 2005-2, p. 33 y ss.).

En el caso, corresponde rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley N° 24.240.
La recurrente plantea la inconstitucionalidad del pago exigido por el artículo 45 de la Ley N° 24.240 con carácter previo a la interposición del recurso directo, y en subsidio solicita la suspensión de los efectos de la Disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por medio de la cual se la sancionó por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240.
Ahora bien, con relación al planteo de inconstitucionalidad del pago previo, toda vez que la recurrente ha hecho el depósito que le fuera exigido en sede administrativa, deviene inoficioso su tratamiento.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de incompetencia de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC- para sancionar a la empresa actora, y establecer la aplicación de la legislación de defensa al consumidor en la relación entablada entre ella y el denunciante.
La recurrente sostiene que la DGDyPC carece de competencia para conocer en el asunto, atento que en materia de contratos de transporte aéreo, la ley remite a las normas del Código Aeronáutico y a los tratados internacionales pertinentes.
Ahora bien, toda relación de consumo está integrada por, al menos, dos sujetos: el proveedor y el consumidor. La actora es una persona jurídica privada cuyo giro negocial se basa en la comercialización de pasajes aéreos, de estadía y paquetes turísticos actuando como intermediaria entre los compradores y las empresas que desarrollarán efectivamente la prestación adquirida. Ese es el servicio que ofrece –y que efectivamente prestó al denunciante–y de esa manera se vincula con las personas que acuden a ella con el fin de obtener acceso a aquellos otros servicios.
La relación entre la agencia de viajes y el consumidor es tan importante como la que existe entre él y la empresa encargada de prestar concretamente lo que se adquiere.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de incompetencia de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC- para sancionar a la empresa actora, y establecer la aplicación de la legislación de defensa al consumidor en la relación entablada entre ella y el denunciante.
El recurrente sostiene que “si el criterio adoptado resultó ser declararse incompetente para entender en las actuaciones por la materia en cuestión (una reprogramación de un vuelo) mal podría luego considerar en forma arbitraria que ese es el criterio respecto a uno de los dos requeridos pero no así respecto del otro".
Ahora bien, surge del expediente administrativo que la DGDyPC había hecho lugar a un planteo de incompetencia en el marco del expediente electrónico, pero no formulado por la aquí actora, sino por la empresa de transporte aéreo.
El planteo de incompetencia formulado por la denunciada empresa de transporte aéreo no podría haber beneficiado a la actora, máxime cuando entre esta y el denunciante se entabló una relación de consumo independiente que fue tenida en cuenta por la DGDyPC para reconocer viabilidad a la denuncia y conducir el procedimiento sumarial.

En el caso, corresponde rechazar el planteo realizado por la parte actora en cuanto cuestionó la acumulación de expedientes dispuesta por la Administración.
En efecto, la acumulación dispuesta de los diversos expedientes electrónicos –incluyendo aquel en el que se impuso la multa cuestionada– sin perjuicio de que la recurrente no brinda argumentos concretos para sustentar la incorrección de la medida, lo cierto es que cada uno de dichos expedientes había iniciado a raíz de una denuncia presentada contra la actora, por lo que su trámite conjunto se encontraba justificado en razones de celeridad y economía procesal (art. 22, inciso b, Decreto N° 1510/1997).
Por otra parte, amén de esa acumulación, cada expediente fue objeto de un tratamiento individualizado desde el dictado del acto de imputación de infracciones hasta la conclusión del trámite sumarial operada por medio de la disposición sancionatoria.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $30.000 por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240.
Respecto de la finalidad del acto, la actora alega que se encuentra “afectada por el exceso de punición” y similar agravio expresa al mencionar la supuesta “falta de fundamentación en la graduación de la sanción”.
Ahora bien, debe señalarse que la DGDyPC graduó la sanción ponderando expresamente “la posición que ocupa la denunciada en el mercado”, pauta enunciada en el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Si bien no ha profundizado ese concepto y su aplicación al caso, es de entender que la Administración tuvo en cuenta la marcada injerencia que tiene la empresa en el mercado como agencia intermediara.
Por otra parte, la ley faculta a la autoridad administrativa a aplicar una multa de entre $100 y $5.000.000 (cf. art. 47, inciso b, de la Ley 24.240). En el caso, el monto de la multa impuesta, de $30 000, se encuentra mucho más próximo al mínimo que al máximo de esa escala, por lo que no resulta irrazonable ni excesiva, en atención a las circunstancias del caso.