En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la parte actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 8 "bis" de la Ley N° 24.240.
Ahora bien, respecto a las quejas relacionadas con la imposición de la multa por haber proporcionado al denunciante un trato indigno, ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “la Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios a los consumidores a brindarles un trato digno (art. 42 Constitución Nacional), lo que implica que se deben adoptar medidas para que sea atendido como una persona humana con dignidad” ("mutatis mutandis", en Fallos 331:819).
El servicio jurídico de la autoridad de aplicación agregó que el incumplimiento al trato digno quedaría configurado frente a la necesidad por parte del consumidor en tener que realizar insistentes reclamos sobre un mismo problema sin que éste encuentre una solución adecuada.
En esta tesitura, considero oportuno recordar “que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (conf. CSJN, Fallos 331:881).
En suma, teniendo en vista la indiferencia de las recurrentes en probar la inexistencia de los malos tratos o de la falta de información, por las cuales fueron imputadas, y que el marco jurídico que rige la relación de consumo tiene en miras la protección del consumidor o usuario, corresponde desestimar los agravios abordados.

La Ley Nº 26.361 –promulgada el 3/04/08– introdujo importantes reformas a la Ley Nº 24.240 pudiendo destacarse entre ellas, el derecho que posee el consumidor a que le sea dispensado un trato equitativo y digno.
Sin dudas la incorporación del artículo 8 bis implicó una ampliación y jerarquización del consumidor o usuario en la constante búsqueda de la protección del débil en la relación del consumo, apuntando al respeto de aquél como persona que no puede ser sometida a menosprecios o desconsideraciones.
Por su parte, el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 46 de la Constitución local, atienden a la defensa de los consumidores y usuarios para tutelar su salud, seguridad e intereses económicos, dotándolos de una información adecuada y veraz, tratando de asegurarles la libertad de elección y condiciones dignas de trato.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la entidad bancaria una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 8 bis de la Ley N° 24.240.
En este sentido, de las constancias obrantes surge que la denunciante requirió un préstamo personal a la entidad bancaria, el cual fue concedido.
No obstante, ese mismo año comenzó a retrasarse con el pago de las cuotas, debido a los inconvenientes económicos que padecía. Ante ello, aceptó la refinanciación por el banco ofrecida. Sin embargo, también dejó de abonar las cuotas dado que continuaban sus problemas.
A raíz de su demora, le llegaron varias intimaciones por parte del estudio jurídico al domicilio que la denunciante había indicado en la solicitud como “dirección de correspondencia”, y también, al domicilio laboral de la denunciante.
En virtud de lo expuesto, corresponde deducir que la actora tuvo una conducta inoportuna que colocó a la consumidora en una situación de sospecha, vergüenza o intimidación frente a su empleador, toda vez que no sólo le comunicó que la denunciante se encontraba con una deuda vencida e impaga y, frente a la posibilidad del inicio de las acciones judiciales pertinentes y la traba de embargo sobre sus haberes, sino que además, le solicitó que tomase las medidas que correspondieren para que su empleada regularizase su situación económica. Todo ello, sin habérsele proporcionado la dirección laboral como domicilio posible de contacto, transgrediendo de esta manera la dignidad de la denunciante.