Si bien la categoría de delitos económicos no se encuentra claramente definida por la doctrina, no puede soslayarse que la comisión de concusión agravada por intimidación, se encuentra estrechamente vinculada con la percepción de los recursos del estado y este tipo de actos pueden implicar un perjuicio en el patrimonio estatal.

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de acción conforme al (art. 195 inc. b) CPP), planteada por la Defensoría Oficial.
En efecto, de la lectura de las actuaciones, así como de los fundamentos brindados por el Magistrado de grado,surge que la acción contravencional ha sido correctamente instada por la damnificada en autos conforme lo señala el artículo 19 del Código Contravencional, pues ha sido justamente su denuncia la que dio origen a las presentes actuaciones.
Es decir que, de la lectura misma de la denuncia realizada por la víctima se desprende su voluntad de que se investigue la conducta del aquí imputado( golpes de puño, patadas, lesiones y amenazas) la cual encuadraría en el supuesto del artículo 52 de la Ley Nº 1472- contravención de instancia privada-, siendo que dicha conducta habría afectado personalmente a la victima y a su hija menor de edad, de quien es su representante legal.
Asimismo, en el precedente “Benítez, Cristóbal s/ inf. art. 52 CC - Apelación” sostuvimos que “la denuncia en los delitos de instancia privada (aplicable también a las contravenciones) no está sometida a términos rígidos y sacramentales. Así se ha afirmado que ´la demostración de la voluntad de la víctima de instar la acción penal en los supuestos del art. 72 del código de fondo, no exige fórmulas sacramentales, por lo que debe considerarse suficientemente idónea a tal efecto la voluntad de la damnificada de que se lleve adelante la investigación´” (causa nº 7310-00-CC/11 del 6/11/2011 con cita de CN Cas. Penal, sala I, “B.,N.G.”, La ley online, AR/JUR/10048/2008, rta. 15/08/08).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso hacer lugar a la medida restrictiva solicitada por el Fiscal.
En efecto, el acusador público intimó al encausado (art. 161 del CPP) y, a efectos de resguardar a la víctima, le impuso la restricción de tomar contacto con la denunciante hasta tanto se realice la audiencia de debate oral, dejándose constancia de que la medida no abarcaba los posibles contactos que se efectuasen en relación a la crianza de la hija que tenían en común. Sin embargo, y previa consulta con la Defensa, el concurrente no aceptó la interdicción por considerar que los sucesos atribuidos al encartado resultaban vagos e imprecisos, y que se observaban graves contradicciones que exteriorizaban la inexistencia de los mismos, por lo que la cautelar fijada no era razonable.
Ello así, el Juez aludió al origen de las intimidaciones, que se hallarían relacionadas con la ruptura por la que atravesaban la víctima y el victimario, como así también al contexto de violencia y conflictividad de entidad meridiana que tenía aquél vínculo del que dan cuenta las constancias del legajo seguido en Sede Civil, como las que remitiera el Tribunal Oral en lo Criminal, por lo que se procuró garantizar la integridad de la damnificada, en los términos del artículo 37 inciso “c” del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Así las cosas, el Juzgador fundó el extremo en el posible entorpecimiento del proceso en razón de que el contacto entre el encartado y la denunciante, podía influir negativamente en el ánimo de la presunta víctima al punto de frustrar su eventual testimonio en el juicio, apreciación que resulta lógica en virtud del temor y sentimiento de pánico que el imputado despertaba en ésta.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de atipicidad.
En efecto, la Defensa centró su planteo en la falta de acreditación de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal en el cual, el imputado habría efectuado llamados telefónicos en forma “insistente e intimidante” a la línea comercial perteneciente al esposo de la presunta víctima.
Ello así, del suceso descripto no se verifica, ni la Fiscalía determina, que el encausado hubiera dirigido en forma inequívoca, a una persona determinada, un anuncio idóneo de daño futuro susceptible de alterar la voluntad del destinatario.
En relación a ello, es de destacar que la imputación en examen fue erigida por el acusador público en virtud de la declaración brindada por el cónyuge de la denunciante, y que motivara la ampliación del decreto de determinación de los hechos, en la que relatara que en dichas comunicaciones efectuadas por el encausado (conforme descubrieran "a posteriori"), éste se limitaba a llamar y cortar.
Por tanto, es dable concluir que no logra vislumbrarse un obrar positivo en sentido jurídico por parte del sujeto. Es decir, no sólo no se especifica, ni surge del "factum" endilgado, en qué habrían consistido específicamente los actos intimidantes con la finalidad de alarmar; no puede entreverse a quién eran dirigidas las supuestas amenazas, ni mucho menos que hubieran causado amedrentamiento en su destinatario.

La idoneidad atemorizante de una frase o gesto depende de circunstancias de hecho y prueba. Entre dichas circunstancias se pueden señalar las características de la persona que las profiere y las de quien las recibe. No todas las personas, en sus circunstancias propias, tienen la misma potencialidad intimidatoria ni la misma vulnerabilidad intimidable. También debe ponderarse el contexto en el que ellas fueron referidas. Estos extremos deben dilucidarse en la audiencia de juicio (Causa 39345-00-CC/10 Incidente de excepción en autos Komet, Gastón s/art. 149 bis CP, rta. 11/05/2011).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto absolvió al aquí imputado, debiéndose remitir las actuaciones al Juez que sigue en orden de turno (art. 286, 2do párr. CPPCABA).
En efecto, se desprende de la compulsa de autos el hecho presuntamente ocurrido en el interior de un hotel de esta ciudad, oportunidad en la que el encartado se habría dirigido a uno de los denunciantes, propietario del inmueble, amenazándolo con que lo iba a matar y prender fuego el hotel, acto seguido, le habría manifestado a la otra denunciante, ambos querellantes en la causa, que se cuide que le iba a cortar la cara.
Así las cosas, corresponde señalar que no es requisito del tipo penal previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, que la víctima se haya efectivamente sentido intimidada. En este sentido, el delito “se consuma cuando la amenaza llega a conocimiento del sujeto pasivo (destinatario). Resulta suficiente con el peligro de alarma o temor, lo que se logra cuando el sujeto pasivo capta o comprende el sentido de la amenaza” (Donna, Edgardo,Derecho Penal – Parte Especial, tomo II-A, ed. Rubinzal Culzoni, pag. 251). Así, “exigir, como lo hace cierta jurisprudencia nacional, que el sujeto pasivo se vea efectivamente intimidado o que el autor de la amenaza tenga efectivamente la voluntad de llevar a cabo el mal conminado, es establecer exigencias que no se desprenden del análisis del tipo.” (Baigún - Zaffaroni, “Código Penal y normas complementarias. Analisis doctrinal y jurisprudencial”, ed. Hammurabi, 2008,pagina. 551, comentario de Alvero, Marcelo).
Por tanto, si se trata –como en el caso- de la amenaza de un daño futuro e ilegítimo, anunciado con seriedad, que reviste además el carácter de grave e idóneo -porque tiene entidad suficiente para crear estado de alarma y temor-, ninguna duda cabe que el delito se ha cometido, pues se trata de una figura de peligro en la que basta con que la amenaza sea susceptible de intimidar a la persona a la que va dirigida. (Del voto en disidencia de la Dra. Marum)

En el caso, corresponde revocar la resolución del Juez de Grado que decidió declinar la competencia en razón de la materia ya que a su criterio, corresponde a la justicia nacional el tratamiento del delito que, prima facie, configura la calificación de amenazas coactivas y lesiones.
No obstante, asiste razón al recurrente -la defensa- en cuanto a que, si bien de los hechos imputados pareciera que el encartado pretende conminar a la denunciante a hacer algo contra su voluntad, surge en autos que lo único que el imputado pretende es incrementar el temor de su víctima, más no dirigir sus acciones (obligándola a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad). No se advierte así que exista el propósito de obligar a la denunciante a realizar contra su voluntad conducta alguna, en los términos del artículo 149 bis, segundo párrafo del Código Penal, sino que se trata de una intimidación simple. En concreto, la amenaza no se ha constituido en el medio para lograr una conducta determinada de la víctima, como la coacción, sino que tiene por objeto ocasionar un estado de alarma o temor.

La amenaza consiste en “... la manifestación de voluntad del agente de ocasionar o de concurrir a ocasionar al sujeto pasivo el daño futuro de que se trate” (Creus, Carlos; Boumpadre, Jorge Derecho Penal-Parte especial Astrea 2007:359), lo que entraña un peligro potencial para la víctima.
Por ello, protege la libertad psíquica ya que las amenazas “… menoscaban la normalidad de las condiciones dentro de las cuales el hombre puede determinarse sin condicionamientos procedentes de terceros…” (ob.cit.pág. 358).

En el caso, corresponde confirmar la resolución mediante la que cual abslvió al encausado.
En efecto, no es decisivo para tener por configurada la amenaza la cuestión respecto de si la denunciante efectivamente tuvo miedo o no ante los dichos del imputado.
La perspectiva de la víctima no es relevante en el sentido de los sentimientos concretos que ella tuvo, sino desde un punto de vista objetivizado.
La entidad intimidatoria tiene que determinarse según criterios objetivos, que permitan afirmar que en el caso concreto se está frente a una conducta disvaliosa en términos normativos.
Ello así, ese juicio de valor no puede realizarse desde la subjetividad del denunciante, sino que debe atenderse a un parámetro objetivo, lo que así hizo el Juez.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad planteada por la Defensa.
En efecto, si bien puede alegarse que la frase "las vas a pagar" no pronosticó un mal cierto, al ser proferida mientras se pateaba la puerta de ingreso no al edificio, sino al propio departamento donde vive la denunciante, claramente resulta intimidante.
Resultará determinante, para evaluar el contexto en el que se produjera circunstancias que hoy no son manifiestas y deben ser acreditadas, como la razón por la que aún contaban el imputado y su madre con llaves de ingreso al edificio y desde cuándo y por qué no podían ingresar al departamento en el que antes había vivido, sin las cuales no puede hoy determinarse la tipicidad o atipicidad de tal comportamiento investigado.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que rechazó la excepción de falta de acción y, en consecuencia, sobreseer a la imputada.
En efecto, los hechos imputados no llegaron a alarmar o atemorizar a la presunta víctima, quien no los denunció hasta que un psiquiatra alertó sobre la eventual peligrosidad, no de la conducta que se le atribuye, sino de la que podría llegar a efectuar con motivo de la enfermedad mental que padecería la encausada.
Es decir que la denunciante no se sintió intimidada cuando recibió, una vez más, los usuales destrato de su hija que eran habituales cuando se encontraba descompensada.
Tampoco las manifestaciones vertidas por la acusada objetivamente eran intimidantes dado que, aunque afirmara que iba a matar a la denunciante, no podía por las circunstancias, que ello fuera a ocurrir.
Al momento del hecho, la imputada había omitido ingerir la medicación prescrita para controlar su patología psiquiátrica, conducta reiterada anteriormente y a la que se había atribuido manifestaciones análogas. Es por ello que la presunta víctima no asoció las frases presuntamente amenazantes con una promesa cierta de un mal futuro.
No es posible ignorar, que el informe de riesgo elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica, determinó que la imputada es más peligrosa para sí que para terceros y que (no obstante sus rasgos de personalidad limítrofe) no tiene signos de impulsividad auto o heteroagresividad inminente o signos de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado)

En el caso, corresponde revocar el fallo que condenó al encausado y disponer su absolución.
En efecto, las expresiones denigrantes que se le imputan el encausado configuran el delito de injurias, reprimido por el artículo 110 del Código Penal, por el que no se ha instado la acción penal privada.
Dichas expresiones no configuran la contravención de intimidación que exige ocasionar miedo o inhibición al destinatario de modo ilegítimo.
La contravención de hostigamiento, además, se ha previsto como una figura expresamente subsidiaria en la medida en que “el hecho no constituya delito”, por lo que no es posible tratar contravencionalmente una conducta que claramente se subsume en el delito de injurias.

En el caso, corresponde sobreseer al imputado por resultar atípico el hecho atribuido calificado "prima facie" en las previsiones del artícculo 52 del Código Contravencional (hostigamiento o maltrato)
Si bien es cierto que el suceso ha presuntamente ocurrido en el marco de un problema de pareja propio de la conflictividad de una separación, no puede sostenerse que el hecho de que el aquí imputado haya concurrido al hotel a fin de encontrar allí a la denunciante, para luego hacerse presente en la habitación en compañía del personal de seguridad del lugar, y referirle: "quería comprobar esto", reúna los elementos necesarios para ser considerado un accionar típico a la luz de las previsiones del artículo 52 del Código Contravencional.
En efecto, la consumación de dicha figura se produce cuando surge el peligro de que con la conducta se cause alarma, miedo o temor en el sujeto pasivo, lo que ocurre a partir de que llega a su conocimiento la acción, pero no requiere la producción de resultado alguno, es decir que se causen aquéllos efectos en la víctima, pues se trata de una contravención de peligro.
Por ello, es cierto que la norma requiere que la conducta sea idónea para generar efectos en el sujeto pasivo, tales como alarma, miedo, amedrentamiento.
Sin embargo, tal y como surge de la denuncia efectuada, no se observa que el hecho investigado pueda considerarse una conducta subsumible en el tipo contravencional en cuestión.
Cabe recordar que ambas conductas -intimidación y hostigamiento- deben desplegarse de "modo amenazante", lo que constituye un elemento normativo del tipo.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto condenó al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples, en concurso real por tres hechos acaecidos en distintas fechas del mes febrero del corriente año.
La impugnación bajo examen cuestiona que se juzguen como penalmente típicos los hechos que se tuvieron por acreditados. A tal fin señala que no ha existido afectación del bien jurídico que protege la prohibición penal y en definitiva, la ausencia de lesividad.
Este cuestionamiento cae por su propio peso pues las conductas del imputado que tuvo por acreditadas la Magistrada fueron adecuadamente encuadradas en las previsiones del artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, y, a partir del cuadro fáctico globalmente analizado no es posible percibir el supuesto que en rigor subyace al criterio cuya aplicación se solicita, toda vez que el agresor aparece en una constante posición de poder respecto de sus víctimas y la defensa que intentó la víctima no indica que no tuvo miedo, sino todo lo contrario, aparece como una reacción desesperada por parte de una persona de 50 años, que frente al sistemático acoso intimidante no albergaba ya otra alternativa de poner fin a la situación.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por la Magistrada de grado en cuanto dispuso declarar la nulidad del requerimiento de juicio.
En autos, los hechos que se le enrostran al imputado fueron encuadrados en la figura contravencional de intimidación -hecho “1”- y en la de ensuciar bienes privados -hechos “2”, “3” y “4” (artículos 52 y 80 del Código Contravencional y de Faltas), los que fueron perpetrados contra su hermana y contra la puerta de la vivienda de ésta, en distintos momentos de un mismo día.
La Jueza consideró que la imputación formulada por la Fiscal debe ser "clara, precisa y circunstanciada, donde debe establecerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la producción del acto disvalioso, de lo contrario el defensor y el imputado no sabe de qué se tiene que defender". Ello, pues referir en horas "de la mañana, la tarde o la noche" amplía demasiado el "espectro de producción del hecho".
Sin embargo, que la damnificada no haya podido señalar exactamente en qué horario el imputado le habría proferido la frase intimidatoria y el momento preciso en que le habría orinado la puerta de ingreso a su departamento no puede significar la vulneración automática del derecho de defensa de aquél ni la declaración de invalidez del requerimiento de juicio. Máxime, cuando han sido descriptas las circunstancias de modo, lugar y tiempo -en tanto se identificó una fecha y un momento del día determinado- que rodearon a los hechos bajo estudio, tal como exige el ordenamiento procesal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual no se hizo lugar al cese de En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el cese de la prisión preventiva del imputado y la solicitud de que recupere la libertad con el sistema de geoposicionamiento.
La Defensa afirmó que no hay elementos en la causa de los que se infiera que la víctima tenga temor —y que, por tanto, la soltura del imputado pondría en peligro su declaración— por lo que no existe un supuesto de entorpecimiento de la investigación para el caso que se decida el arresto domicilio del acusado.
Sin embargo, en tres oportunidades el acusado tuvo contactos intimidantes con la presunta víctima, en los que no cesó pese a la intervención policial.
Ello así, el peligro no sólo ha quedado en potencia sino que se ha concretado en los encuentros entre el imputado y la damnificada lo cual resuelta suficiente para fundar el rechazo de la excarcelación.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar al imputado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor responsable del delito de amenaza agravada por el uso de armas, previsto en el artículo149 bis, 1° párrafo, segunda parte, Código Penal.
La Defensa sostuvo que, incluso cuando el evento endilgado se encontrara acreditado, de todos modos en el caso no se cumpliría con los requisitos objetivos del tipo penal previsto por el artículo 149 bis del Código Penal.Específicamente con aquél consistente en que el receptor de los dichos amenazantes sienta efectivamente un temor o amedrentamiento susceptible de afectar su libertad psíquica.
Pues bien, del análisis de la tipicidad surge que el tipo penal de amenazas (artículo 149, 1° párrafo del Código Penal) se configura cuando el sujeto activo efectúa una manifestación de voluntad de ocasionar al sujeto pasivo un daño futuro ( Ver Creus, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 1, 6° edición, Astrea, p. 328).
En el presente caso los dichos proferidos por el acusado efectivamente cumplen con los requisitos exigidos por el tipo penal de amenazas. Es decir, objetivamente, poseen la gravedad, idoneidad y seriedad requeridos.
En ese sentido, cabe indicar que se ha sotenido que un resultado de efectivo amedrentamiento en la víctima no es un requisito del tipo penal.
Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que la prueba producida indica que efectivamente los dichos del imputado causaron en la denunciante temor y amedrentamiento. En este sentido son contestes todas las declaraciones efectuadas en el marco del debate.

En el caso, corresponde revocar la resolución que impuso la prisión preventiva al condenado en la presente causa, debiendo el Juez de grado dictar las medidas restrictivas que estime pertinentes para cautelar la sujeción del mismo al cumplimiento de la condena fijada para el caso en que fuera confirmada.
De la lectura de las constancias de la causa, surge que el encausado fue condenado a la pena de prisión de efectivo cumplimiento, tras ser considerado autor penalmente responsable del delito de amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real con el delito de amenazas simples reiteradas. En dicha oportunidad, el A-quo dictó la prisión preventiva, haciendo lugar al pedido fiscal efectuado en el alegato de clausura. La medida se fundó en el temor de que el condenado entorpezca el proceso, debido a la actitud intimidatoria hacia las víctimas que fue descripta durante el juicio que concluyera en condena (no firme), la cual podría ahora reiterarse y recrudecerse. Destacó que la denunciante ilustró acerca del temor que tenía respecto del imputado y de su familia. Asimismo, ponderó las reiteradas menciones a las adicciones a diferentes sustancias que padecería el imputado, que justificarían la medida.
Sin embargo, no existe ya riesgo procesal de que el condenado entorpezca el proceso dado que la recolección de los elementos probatorios concluyó cuando culminó la producción de la prueba durante el debate, antes de que alegaran las partes y se dictara la sentencia no firme. No es posible, por ello, en esta etapa del proceso en que ha concluido la producción de la prueba temer un entorpecimiento del proceso por puesta en peligro de la recolección de elementos que ya han sido reunidos y valorados.
Asimismo, no se advierte, además, que los riesgos señalados por el Juez de grado se vean conjugados por la prisión preventiva del imputado, dado que no se explica de qué modo esta medida desalentaría o impediría que la familia del imputado, continuase importunando o intimidando a la denunciante.
Ello así, estos riesgos al igual que las adicciones que afectan al condenado, encontrarán mejor solución con otras medidas cautelares menos gravosas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declara la incompetencia en razón de la materia respecto de los hechos identificados como A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y Ñ y revocar la que declara la competencia en orden al hecho B (usurpación de grados, títulos y honores, art. 247 del Código Penal), respecto del que se declara la incompetencia por conexidad objetiva con los restantes sucesos, en la presente investigación iniciada por una denuncia de usurpación (art. 181, inc. 1°, del Código Penal) en la que las medidas ordenadas determinaron la existencia de otros hechos delictivos que involucraban a los imputados.
En efecto, se les atribuye la presunta conformación de una asociación ilícita (hecho Ñ), en el marco de la cual habrían tenido participación en el delito de usurpación sobre diferentes bienes inmuebles (hechos A y C), el lavado de activos (hecho N), que podría haberse perpetrado mediante el ejercicio del corretaje inmobiliario sin contar con el correspondiente título o autorización (hecho B), la tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad de personas ajenas a la investigación (hecho D), defraudaciones por haber arrendado como propios bienes inmuebles ajenos (hechos E, F, G, H, I, J), defraudaciones en el marco de la celebración de contratos de mutuo, préstamos personales, prendarios e hipotecarios (hecho K), la realización actividades financieras sin contar con habilitación para ello (hecho L) y la sustracción a las autoridades policiales de efectos secuestrados en el marco de los allanamientos practicados en autos, mientras se estaban materializando las medidas (hecho M).
Se advierte claramente que todos los sucesos investigados guardan una íntima relación entre sí, existiendo incluso comunidad probatoria entre muchos de ellos, lo que no permite en modo alguno escindir su juzgamiento, pues afectaría la buena administración de justicia.
En relación a qué fuero debe intervenir, es dable mencionar que siendo improrrogable la competencia en razón de la materia federal, entendemos que toda la investigación debe ser remitida a la justicia de excepción por las siguientes razones.
La jurisprudencia ha sostenido, cuando se investigan delitos conjuntos de carácter ordinario y federal, que “... entiendo que debe intervenir la justicia de excepción. La conducta desplegada habría entorpecido el normal funcionamiento del servicio de correspondencia ya que el desapoderamiento ocurrió "prima facie" cuando se encontraba bajo su custodia. Si bien las posteriores compras efectuadas con la tarjeta podrían configurar el tipo penal del artículo 173, inciso 15, del Código Penal, toda la maniobra debe investigarse como un único hecho, pues su sustracción tuvo como finalidad cometer las defraudaciones posteriores. Nótese que ambos delitos están íntimamente vinculados y de faltar uno de ellos el otro no se hubiera podido cometer, razón por la que deben considerarse como una unidad de acción. Es decir, carecen de independencia fáctica y se revelan como sucesos inescindibles en la relación entre sí". (CNCyC, Sala VI, "N.N. s/contienda.", c. 60.310/2017).
Por otro lado, las supuestas maniobras ilícitas precedentes no se pueden investigar separadamente del lavado de activos, pues están íntimamente conectados y responden a un mismo conflicto.
Los sucesos investigados forman parte de un mismo entuerto, y dividirlo artificialmente podría afectar injustificadamente el objetivo de lograr una apropiada administración de justicia y menoscabar sin fundamento el derecho de defensa de las personas sometidas a proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la excepción de atipicidad incoada por la Defensa.
Se le atribuye al encartado, en relación al delito de amenazas, el haberle proferido -vía telefónica- a su ex pareja "la vida no vale nada, a mí me deben muchos favores”, siendo considerado por la Fiscalía como el anuncio de un mal futuro.
La Defensa entendió que no podía ignorase lo expresado por la presunta víctima en cuanto a que la locución endilgada al imputado habría sido proferida en el marco de una discusión telefónica respecto a cuestiones económicas a resolver por su reciente desvinculación amorosa. En esta inteligencia, afirmó que era profusa la jurisprudencia que tachaba de atípicos este tipo de comportamientos respecto del delito de amenazas.
Ahora bien, aún en la hipótesis de que la locución desde una lectura literal podría no tener un sentido unívoco, lo cierto es que debe ser analizada a tenor de los pormenores que se ventilan en los actuados. Desde esta perspectiva, se investiga la posible comisión del ilícito en un contexto de violencia de género, respecto de una persona con un mayor grado de vulnerabilidad atento las incapacidades psico-físicas que padecería, producto de las largas enfermedades que atravesó. A su vez, el autor sería su ex esposo, con el cual mantuvo un vínculo teñido de maltrato y descalificaciones, cuyo riesgo fue valorado por la Oficina de Violencia Doméstica como "medio".
Por otro lado, la circunstancia de que el encausado poseyera armas y que estuviera familiarizado con ellas por su condición de comisario retirado, coadyuvan a otorgarle mayor peso a la intimidación por cuanto no resultaría descabellado considerar que el propio entorno del nombrado podría -eventualmente- facilitar un ataque al bien jurídico vida de la denunciante.
Bajo este panorama, el evento descripto no resulta "prima facie" completamente ajeno a la tipicidad del delito de amenazas, específicamente en cuanto a la idoneidad del anuncio de un mal futuro.

A partir de la figura contravencional prevista en el artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad, debe comprenderse que “intimida” quien causa o infunde miedo, lo que puede ocurrir a través de palabras o actos, sin llegar a las vías de hecho.
Ambas conductas “intimidación y hostigamiento”, deben desplegarse “de modo amenazante”. Tenemos aquí un elemento normativo del tipo, es decir, un concepto que para ser despejado exige al intérprete acudir a una valoración jurídica.
En tal sentido, quedará atrapada por el tipo toda intimidación y hostigamiento que genere en el sujeto pasivo algún tipo de limitación en su esfera de autodeterminación.
A mayor abundamiento, la doctrina ha precisado que la calidad de amenazante de la conducta puede darse a través de varias secuencias sucesivas, esto es, una sistematicidad de conductas que continúa hasta que el acosador quiera, provocando una humillación y afectación de la dignidad humana al reducir al hostigado a un objeto sobre el que el hostigante ejerce un juego de poder.
Pero también, -se aclara- puede darse el caso de que se configure en una única conducta, en cuyo caso deberá analizarse con mayor detenimiento la entidad de la acción, ya que deberá poseer un gran potencial lesivo.
Así, es posible que la distinción principal entre delito de amenazas y la contravención de hostigamiento este dada por el grado del ilícito, pues si bien ambas figuras tienen en común un componente de intimidación o de amenaza, no se puede afirmar una naturaleza sustancialmente diferente (Expte. nro. 18854/2018-1 “R. D., N. L. s/149 bis CP”, rta. 25/3/2019).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al encausado a la pena de seis días de arresto de efectivo cumplimiento por considerarlo responsable de la contravención de hostigamiento prevista y reprimida por el artículo 52 y su agravante normado en el artículo 53, ambos del Código Contravencional.
La Defensa sostiene que el hecho imputado es manifiestamente atípico, que para que se configure el hostigamiento se requiere la intimidación de modo amenazante y que el autor debe ser consciente de que está intimidando además de tener voluntad mientras que el hecho investigado tuvo lugar dentro de una discusión y las frases fueron vertidas durante una pelea.
Sin embargo, la sentencia destacó que las víctimas manifestaron que sintieron temor el día que ocurrieron los hechos, que el imputado las increpó, que a cada una le hizo un reclamo distinto relacionado con temas del pasado sobre el destino de la casa en la que habitan luego del fallecimiento de su madre.
Tuvo por acreditado que el imputado comenzó a proferirle insultos e intentó agredir a una de las víctimas por lo que su hermana tuvo que intervenir para que no la golpeara mientras que la referida se fue a la habitación de arriba de la casa y llamó al 911.
Por otro lado, de la valoración de los testimonios no se advierte que el hecho en cuestión tuvo lugar dentro de una discusión y que las frases proferidas por el condenado fueron vertidas durante una pelea.
Por el contrario, fue corroborado el contenido de las frases amenazantes y el contexto en que fueron efectuadas, así como también las agresiones, por lo que no puede afirmarse que la sentencia haya llegado a conclusiones arbitrarias.

El tipo contravencional previsto en el artículo 52 de la Ley Nº 1.472, distingue tres conductas: intimidar, hostigar y maltratar físicamente a otro.
Sobre la base de aquello, cada uno de estos supuestos difiere del otro por cuanto exigen distintos elementos para su configuración.
La acción de intimidar se describe como la conducta de causar o infundir miedo, lo que puede ocurrir a través de palabras o actos, sin llegar a vías de hecho.
Asimismo, corresponde mencionar que la consumación de dicha figura se produce cuando surge el riesgo de que con la conducta cause alarma, miedo o temor en el sujeto pasivo, lo que ocurre a partir de que llega a su conocimiento la acción, pero no requiere la producción de resultado alguno, es decir que se causen aquéllos efectos en la víctima, pues se trata de una contravención de peligro (Morosi, Guillermo “Código Contravencional, Comentado y Anotado”, Ed. Abeledo Perrot, 2010, pág. 236 y ssgtes.)..

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al encausado a la pena de seis días de arresto de efectivo cumplimiento por considerarlo responsable de la contravención de hostigamiento prevista y reprimida por el artículo 52 y su agravante normado en el artículo 53, ambos del Código Contravencional.
La Defensa sostuvo que el accionar de su defendido habría sido en el marco de una discusión acalorada.
Sin embargo, el hecho atribuido al condenado se trató de agresiones unilaterales y direccionadas hacia la niña y cada una de las adolescentes, habiéndose demostrado en el juicio que contrariamente a lo sostenido por la Defensa, las hijas del imputado intentaron calmarlo, le ofrecieron café, pero nada de eso dio resultado y culminó con la intervención de la policía ante un llamado realizado al 911, luego de que el encausado les profiriera las frases reprochadas.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto decretó la prisión preventiva del encausado.
Más allá de que la Defensa alegó que el encuentro entre su asistido y la denunciante, ocasión en la que el nombrado fue sorprendido en ese lugar aproximadamente a 50 metros de la víctima, fue involuntario, fortuito, y que él no conocía dónde se domiciliaba su ex pareja, lo cierto es que, ante su presencia, el imputado sabía que no debía acercarse a ella e igualmente lo hizo y, además, según los dichos de la damnificada, le habría manifestado: “sé dónde vivís”, en clara contraposición a lo señalado por la Defensa.
Ahora bien, con respecto a la cuestión de si la frase proferida por el acusado puede considerarse una amenaza, entendemos acertada la postura del Juez de grado. Así, el “A quo” refirió que objetivamente la expresión “ya sé dónde vivís, anda a buscar a tu hija”, haciendo referencia a la hija que tienen en común, poseía carácter intimidante y capacidad para limitar la libertad psíquica de la denunciante, ello en razón del contexto de violencia en que los hechos se habrían desarrollado.
Esto así, teniendo en cuenta al emisor y del destinatario de esos dichos y la relación de pareja que han mantenido entre ellos, inmersa en un marco de violencia en el que el encausado ha sido denunciando en varias oportunidades por la damnificada y respecto de quien existe otro proceso en trámite, en orden a los delitos de amenazas simples reiteradas en tres ocasiones en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas por el contexto de violencia de género y por mediar una relación sentimental, amenazas con armas reiteradas en dos ocasiones, robo simple y desobediencia reiterada en tres oportunidades.
De este modo, en razón de que en sucesivas ocasiones la denunciante habría sido víctima del comportamiento agresivo del imputado, la manifestación de esos dichos analizados en este marco denota claramente la capacidad suficiente para crear el estado de alarma que la norma exige.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso no hacer lugar al pedido de exención de prisión solicitado por la Defensa.
La Defensa consideró que la decisión de la Jueza de primera instancia fue excesiva. En ese sentido, argumentó que tanto la a quo como la fiscalía tuvieron en cuenta los antecedentes del imputado, sobre los que ya se ha cumplido la condena. En cuanto a los riesgos procesales invocados, sostuvo que no se configuraban.
En primer término, cabe destacar que la materialidad del hecho y la participación del inculpado se encuentran acreditadas. En segundo lugar, la Jueza de grado justificó la denegatoria de la exención de prisión por no haber variado la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento del proceso con relación al momento en que dictó la orden de captura y detención, sino, por el contrario, haberse acreditado nuevas circunstancias que incrementan esos peligros.
La ley establece criterios para determinar si existe la posibilidad de que el imputado en una causa penal intente eludir sus obligaciones en el proceso. Para el supuesto traído a estudio, cobra relevancia que la imposición del artículo 181 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordena tomar en cuenta la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tuviese una pena máxima superior a los ocho años de privación de libertad y se estimase fundadamente que en caso de condena no procedería la condena condicional.
En este punto, hay constancias de que el imputado tiene antecedentes condenatorios que tornan imposible dejar la pena en suspenso en caso de recaer condena.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso no hacer lugar al pedido de exención de prisión solicitado por la Defensa.
La Defensa consideró que la decisión de la Jueza de primera instancia fue excesiva. En ese sentido, en cuanto a los riesgos procesales invocados, sostuvo que no se configuraban.
Ahora bien, asiste razón a la colega de grado, en cuanto a que no es posible afirmar en el supuesto que nos ocupa la existencia de arraigo suficiente. Si bien se ha fijado nuevo domicilio al momento de interponer el recurso que aquí nos convoca, tal como hemos indicado en diversos precedentes, arraigo y domicilio no son necesariamente sinónimos. Es que el concepto de arraigo, en lo que aquí interesa, se conforma, en definitiva, a partir de una serie de indicadores que permiten pronosticar que será poco probable que una persona intente darse a la fuga. Ello, como consecuencia de diversas circunstancias que le impidan o dificulten abandonar su lugar de residencia (cf. causa N° 33010/2018-32, caratulada “R , R A G SOBRE 128 1 PARR - DELITOS ATINENTES A LA PORNOGRAFIA”, del 26/12/19).
En el caso, aun cuando se diese por acreditado lo alegado por la defensa, es decir, incluso si se entendiera demostrado que el imputado se domicilia en la actualidad en el inmueble declarado en el escrito recursivo, lo cierto es no puede afirmarse que aquél goce de, al menos, cierta estabilidad.
Asimismo, se evaluó que la propia defensora en su presentación hizo saber que su asistido “se encuentra a la deriva sin un domicilio fijo”. Por lo demás, como lo sostiene la acusación pública, no tiene ningún tipo de anclaje familiar, tampoco un trabajo estable ni núcleo familiar que lo contenga.

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada por el Magistrado de grado, en cuanto dispuso declararla nulidad del acuerdo de avenimiento presentado por las partes y, en consecuencia, no hacer lugar al pedido de homologación (art. 278 CPPCABA).
Conforme surge de las constancias de autos, se le atribuye al imputado haberse apoderado ilegítimamente, exhibiendo y apuntando un arma de fuego, de mil dólares (U$S 1000) y doscientos mil pesos ($200.000) que el damnificado llevaba en la parte trasera del remise en el que se transportaba. Asimismo, le exigieron que llamara a alguien para que en cinco minutos le trajeran dinero bajo la amenaza de llevarlos presos a él y al chofer, ya que les podían “sembrar” droga y mandarlos en cana.
La Fiscal de Grado entendió adecuado solicitar al Magistrado interviniente la imposición de la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de seis años, más las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con exacciones ilegales agravadas por intimidación, en concurso real con el delito de hurto agravado por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial (arts. 26, 29, inc. 3º, 45, 54, 55, 163 bis en función del art. 162, 248 y 266 en función del 267 del Código Penal).
No obstante, el Juez de grado, en resumidas cuentas, no homologó el acuerdo celebrado por las partes por no coincidir con la adecuación típica acordada sobre la base fáctica objeto de la imputación que allí se reconociera.
Contra dicha decisión, se agraviaron tanto la Fiscalía como la Defensa particular del imputado, por considerar que el “A quo” se extralimitó en sus facultades legales al rechazar el acuerdo en virtud de supuestos sobre los cuales el texto legal no la faculta a realizarlo e incurriendo en el análisis fáctico de extremos que no le fueron expresamente propuestos.
Sin embargo, entendemos que el Magistrado no se ha inmiscuido en la función acusatoria, sino que se ha pronunciado sobre la homologación del acuerdo, dentro de las facultades que le otorga la normativa aplicable al caso, por entender que su contenido no cumplía con cierto requisito legal: la correcta subsunción del hecho individual dentro de la categoría prevista por la norma jurídica.
En este sentido, no debemos olvidar que si bien el Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la investigación, también aclara que ésta deberá ser ejercida bajo el control jurisdiccional (art. 4, CPP), de modo que no puede considerarse un exceso jurisdiccional, evitar que por vía del instituto del avenimiento se dicte una condena negociada, que se aparta flagrantemente de las circunstancias del hecho, y no constituye un acto jurisdiccional válido ni una decisión justa. La justicia negociada en estos términos no es justicia.
De este modo, entendemos que el a quo no ha actuado en exceso jurisdiccional, sino dentro de las previsiones del artículo 278 del Código Procesal Peal.

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada por el Magistrado de grado, en cuanto dispuso declararla nulidad del acuerdo de avenimiento presentado por las partes y, en consecuencia, no hacer lugar al pedido de homologación (art. 278 CPPCABA).
Conforme surge de las constancias de autos, se le atribuye al imputado haberse apoderado ilegítimamente, exhibiendo y apuntando un arma de fuego, de mil dólares (U$S 1000) y doscientos mil pesos ($200.000) que el damnificado llevaba en la parte trasera del remise en el que se transportaba. Asimismo, le exigieron que llamara a alguien para que en cinco minutos le trajeran dinero bajo la amenaza de llevarlos presos a él y al chofer, ya que les podían “sembrar” droga y mandarlos en cana.
La Fiscal de Grado entendió adecuado solicitar al Magistrado interviniente la imposición de la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de seis años, más las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con exacciones ilegales agravadas por intimidación, en concurso real con el delito de hurto agravado por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial (arts. 26, 29, inc. 3º, 45, 54, 55, 163 bis en función del art. 162, 248 y 266 en función del 267 del Código Penal).
No obstante, el Juez de grado, en resumidas cuentas, no homologó el acuerdo celebrado por las partes por no coincidir con la adecuación típica acordada sobre la base fáctica objeto de la imputación que allí se reconociera.
Contra dicha decisión, se agraviaron tanto la Fiscalía como la Defensa particular del imputado, por considerar que el “A quo” se extralimitó en sus facultades legales al rechazar el acuerdo en virtud de supuestos sobre los cuales el texto legal no la faculta a realizarlo e incurriendo en el análisis fáctico de extremos que no le fueron expresamente propuestos.
Ahora bien, conforme las imágenes obtenidas por la cámara de seguridad privada y las declaraciones prestadas por la víctima y el chofer del remise en que se trasladaba, no existen dudas de los delincuentes abordaron a la víctima con lo que parecen ser, a partir de la filmación, pistolas muy parecidas a las que utilizan las fuerzas de seguridad y la gestualidad se asemeja mucho a quien se predispone a utilizarla. En este sentido, luce acertado el razonamiento del Magistrado de Grado cuando descarta que el robo triplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser determinada o mediante arma de utilería, en lugar poblado y en banda, y en virtud de haber sido ejecutado por integrantes de una fuerza de seguridad concurra con el delito de exacciones ilegales, en cambio debe ser caracterizado como una extorsión cometida mediante intimidación y abuso de autoridad (arts. 168 y 248 CP).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en tanto dispuso revocar la condicionalidad de la condena dictada respecto del imputado, y disponer el cumplimiento efectivo de la pena de ocho días de arresto (art. 47, tercer párrafo, CC).
La Defensa se agravió y consideró que la revocación de la condicionalidad de la pena impuesta a su asistido habría radicado en el achaque de un incumplimiento que deriva de una causa que no tiene condena firme, vulnerándose así el principio de inocencia y las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal.
Ahora bien, conforme surge de la causa, tan sólo tres meses y medio luego de haber sido condenado en la presente causa, y de haber tomado conocimiento de las reglas de conducta a las que voluntariamente se sujetó, el encausado protagonizó nuevamente un hecho cuyo foco resulta ser la víctima de este proceso. Ese día, el condenado, respecto de quien pesa una prohibición de acercamiento hacia la damnificada habría mantenido una discusión con aquella. Así las cosas, sin ahondar en el contenido puntual de las frases que el aquí condenado le habría proferido a la víctima lo cierto es que las declaraciones allí obrantes prestadas por la denunciante y por el agente preventor que intervino, así como el sumario policial aportado por la Fiscalía, resultan suficientes para poder afirmar que, en efecto, el encuentro entre el encausado y denunciante existió.
En definitiva, lo cierto es que de lo expuesto se puede afirmar que existen elementos objetivos que permiten sustentar, de la manera en que lo hizo el “a quo”, el incumplimiento de una de las pautas de conducta, prohibición de contacto con la denunciante, en efecto, la de mayor trascendencia atento el tipo de conducta y el contexto de violencia contra la mujer que rodea el presente caso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en tanto dispuso revocar la condicionalidad de la condena dictada respecto del imputado, y disponer el cumplimiento efectivo de la pena de ocho días de arresto (art. 47, tercer párrafo, CC).
En su apelación, la Defensa controvirtió que la víctima no haya sido oída en la audiencia de control, y señaló que, en el marco del proceso penal que tramita en paralelo al presente, aquella habría manifestado su desinterés en cuanto al avance de dicha pesquisa.
No obstante, si bien la víctima no asistió a la audiencia pese a encontrarse debidamente notificada por el juzgado, aquella se encontró suficientemente representada por la acusación, quien aportó el material probatorio que da cuenta del incumplimiento del condenado.
En efecto, lo contrario implicaría forzar a la damnificada a participar de un acto procesal para el cual su presencia deviene innecesaria, ello, teniendo en cuenta las circunstancias antes apuntadas, lo que derivaría en su revictimización, violentándose así la normativa nacional e internacional imperante en materia de violencia contra la mujer.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en tanto dispuso revocar la condicionalidad de la condena dictada respecto del imputado, y disponer el cumplimiento efectivo de la pena de ocho días de arresto (art. 47, tercer párrafo, CC).
La Defensa se agravió e indicó que en la revocación de la pena de ejecución condicional se debe estar a lo prescripto en el artículo 332 del Código Procesal Penal, debiéndose atender a las mismas consideraciones tanto en caso de una sanción penal como contravencional. En esta línea, apuntó que la interpretación doctrinal del artículo 27 del Código Penal sostenida, la revocatoria de la condicionalidad de una sanción sólo procede cuando exista un reiterado incumplimiento de las pautas de conducta impuestas mediante sentencia firme, pues no cualquier incumplimiento amerita la revocación de una pena condicional.
Ahora bien, sin perjuicio de la aplicación de la ley procesal penal cuya aplicación pretende la Defensa, lo cierto es que el artículo 47 del Código Contravencional, en igual sentido que el mencionado 27 del Código Penal, faculta de igual forma al/la Juez/a a revocar la condicionalidad de la condena impuesta.
Por su parte, el artículo 332 del Código Procesal Penal al que hace mención el impugnante se limita a consagrar que la revocación de la condena condicional será dispuesta por el Tribunal que intervenga durante su ejecución.
Sumado a ello, es necesario señalar que el intento por arribar a una solución del conflicto que no implicara una privación de la libertad, o bien, la creencia de que un arresto de ocho días no bastará para modificar el contexto de violencia de larga data que se le atribuye al encartado, no pueden ir en detrimento de los derechos de la mujer damnificada, amparados por normativa tanto nacional como internacional (Ley N° 24.685, Convención Belem do Pará, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) ni perpetuar una situación de asimetría de poder entre la víctima y el condenado. Máxime cuando, como resulta en el caso, el condenado tampoco ha dado siquiera comienzo al cumplimiento de las restantes reglas de conducta impuestas.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la audiencia llevada a cabo, y de todos los actos que fueran su consecuencia.
Entiendo que no es posible revocar la condicionalidad de una pena sin oír previamente al imputado. En este sentido, dada la ausencia de específica regulación en la ley procesal contravencional nos remite a las normas procesales penales que, en virtud del artículo 6 de la Ley N° 12 hacen aplicable dicha norma legal, y la vital importancia en que el imputado pueda ejercer su derecho a ser oído, criterio aplicable al caso de autos, da lugar a la necesidad de celebrar la audiencia prevista en el artículo 323 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
En efecto, en el caso de autos, si bien el magistrado convocó a las partes a dicha audiencia, no obstante, el derecho a ser oído no concluye con la mera celebración de la mencionada audiencia y la presencia del imputado, sino que, a fin de garantizar su ejercicio de manera adecuada y eficaz, el condenado debe tener la posibilidad cierta y efectiva de ser escuchado respecto del incumplimiento que se le atribuye. Si bien fue asistido por su defensa técnica, la posibilidad de expresar personalmente los motivos del presunto incumplimiento o, en su caso, de rebatir lo alegado, es un derecho que debe ejercer de manera personal. Puesto que la oportunidad de oír al condenado es elemental para evaluar las circunstancias de los hechos y, de esta manera, adoptar una resolución adecuada al caso concreto. Con mayor rigor debe ser evaluado en las presentes actuaciones en donde la revocación de la condicionalidad de la pena impuesta implicaba la restricción de la libertad del imputado. Dicha inobservancia colisiona con el art. 8.1. de la C.A.D.H., acarreando la nulidad de la audiencia llevada a cabo en los términos del art. 323 CPPCABA.
Incumbía a quien presidía dicha audiencia preguntar al Sr. L., luego de sustanciado el asunto, si tenía algo que manifestar (conf. Art. 256 del CPP, aplicable por analogía). Pero ello no ocurrió. Se trata de una nulidad de orden general de las previstas en los incisos 2 y 3 del ar.t 78 del CPP al haberse realizado dicha audiencia con inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención del juez y del imputado.
En atención a ello, por advertir una clara afectación al derecho a ser oído, corresponde declarar la nulidad de la audiencia llevada a cabo el 20 de diciembre de 2021, y de todos los actos que fueran su consecuencia. Así voto. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal, solicitada por la Defensa Publica.
En las presentes actuaciones el Ministerio Público Fiscal calificó la conducta del imputado como constitutivos del delito de amenazas (art. 149 bis, CP). No obstante, posteriormente recalificó los hechos como constitutivos de la contravenciones de intimidación y maltrato físico (art. 53 y 54, CC), y en la de intimidación (art. 53, CC), ambas conductas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (incs. 5 y 7 del art. 55, CC).
La Defensa solicito la prescripción de la pena por el delito previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.
Esta solicitud es denegada por la Jueza de grado al entender que nos encontraríamos frente a delitos más graves con un plazo de prescripción notablemente superior al pretendido por la defensa.
De la compulsa de las actuaciones surge que el 9 de septiembre de 2021 la presunta víctima formuló una nueva denuncia contra el imputado por la comisión de los delitos de amenazas y de desobediencia a las medidas restrictivas que le fueran impuestas por la Fiscalía interviniente al momento de su detención en este caso, como así también, a aquellas impuestas al nombrado en sede civil. Además, si bien en un principio dicho caso fue archivado, el 31 de mayo de 2023 se dispuso su reapertura. Consecuentemente, entiende que los hechos del presente caso no se encontrarían prescriptos en virtud de que se habría configurado la causal prevista en el art. 67 inc. a), Código Penal.
Para que se configure la causal invoca, resulta necesaria la declaración de la existencia del posterior delito y de la responsabilidad del imputado mediante una sentencia condenatoria firme; mientras no exista sentencia condenatoria firme, el imputado debe ser considerado inocente por el nuevo hecho, y el principio de inocencia impide otorgar cualquier efecto perjudicial, incluyendo la suspensión del pronunciamiento de prescripción, a la mera iniciación de la causa (BAIGÚN D. Y ZAFFARONI E.R, Código Penal. Tomo 2B, 2º ed., Hammurabi: Buenos Aires, 2007, p. 231).
También, resulta importante señalar que surge del expediente una certificación remitida por el Registro Nacional de Reincidencia de fecha 4 de mayo de 2023, en el que se informa que el imputado no registra antecedentes penales.
En función de este último informe, puede concluirse que desde el último acto prescriptivo de fecha 26 de febrero de 2021 ha transcurrido holgadamente el plazo de dos años previsto en función de los arts. 62, inc. 2, y 149 bis, primero párrafo, Código Penal, no habiendo acaecido uno nuevo que interrumpa nuevamente la prescripción de la acción penal.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado que condenó al encartado por la contravención de hostigamiento digital, prevista en el artículo 75 del Código Contravencional.
En efecto, la norma sanciona a quien intimida u hostiga a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito.
Debe comprenderse que “Intimida” quien causa o infunde miedo, lo que puede ocurrir a través de palabras o actos, sin llegar a las vías de hecho.
Ambas conductas -intimidación y hostigamiento- deben desplegarse de modo amenazante. Tenemos aquí un elemento normativo del tipo, es decir, un concepto que para ser despejado exige al interprete acudir a una valoración jurídica.
Es una condición necesaria para la configuración del tipo que el hostigamiento sea amenazante, lo cual implica dar a entender con actos o palabra que se quiere hacer mal a otro. Ella puede darse a través de varias secuencias, o puede darse solamente por una sola conducta que tenga tal entidad que genere el temor que el tipo solicita.
En tal sentido, quedará atrapada por el tipo toda intimidación u hostigamiento que genere en el sujeto pasivo algún tipo de limitación en su esfera de autodeterminación, tales como alarma, miedo o amedrentamiento.
El fallo traído a estudio destaca que las expresiones atribuidas al encartado, además de ser molestas y burlonas, tienen la cualidad de amenazantes, como exige la figura, elemento que no se aprecia a partir de los dichos del nombrado, al tiempo en que tampoco surge que las conductas desplegadas tuvieran por finalidad infundir temor en la persona de la Querellante.
El entorno digital en el que se materializaran las conductas no modifica los requerimientos típicos de la contravención bajo análisis.