En el caso, corresponde revocar la sentencia que condenó a la infractora por considerar incumplido lo dispuesto en la Ley N° 2183 y en los artículos 9.1.4 y 9.1.11 del Código de Habilitación y Verificaciones, imponiéndole una pena de multa.
La Defensa afirma en su agravio que el requerimiento del libro de atención médica y el asentamiento de la constancia de la atención periódica de los residentes tiene como finalidad cumplir la obligación de atender a la salud de los residentes, lo que puede acreditarse por otros medios. Advierte que los residentes tuvieron control médico, tal como lo reconoce el Fiscal.
Ello así, surge del expediente que la circunstancia de que no se asentaran correctamente los diagnósticos en el libro rubricado, no ha sido fehacientemente acreditada y la Defensa acreditó que se controló y registró la atención de los pacientes sin interrupción alguna. Pero, además, la ciudad ha erradicado de su legislación y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique la sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos (arg. art. 13.9 de la constitución local). De allí que la obligación de completar el libro rubricado de asistencia médica de los residentes no puede ser sancionada cuando se ha acreditado que la asistencia médica que se pretende garantizar ha sido efectivamente prestada y registrada en fichas o historias clínicas individuales, en tanto no se afectó el derecho individual de ninguno de los amparados por la norma. (Del voto en disiencia del Dr. Delgado).

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado.
En efecto, el art. 9.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece la obligatoriedad de contar con un libro de atención médica rubricado por la autoridad de aplicación, en donde se asiente la atención médica de los residentes -según ley 2935- empero no establece la obligación de exhibir, ya sea en la chapa mural o de manera visible alguna, los datos del Director Médico. Queda claro que el hecho que se le imputa a la sociedad no es carecer de Director Médico, sino la falta de acreditación de dicha circunstancia. Y a excepción de lo dispuesto en el art. 9.1.11 del mismo texto, no existe otra constancia que pueda ser exhibida a los inspectores respecto de quien resulte ser el Director Médico.
Es correcto como sostiene la "a quo" que que se trata de un mismo hecho que deriva del anterior –falta de libro de atención médica- y, por lo tanto, no lo considera como un hecho autónomo.
Ello así, los argumentos ahuyentan toda tacha de arbitrariedad de la sentencia en este punto, más allá de cualquier posible discrepancia que tampoco se desprende de los argumentos del recurso por lo que corresponde rechazar este agravio.

En el caso, corresponde modificar la sanción de multa impuesta, elevándola, con motivo de la configuración de dos infracciones al artículo 4.1.22 de la Ley N° 451 asentadas en las actas infraccionales labradas.
En efecto, el cuidado de la salud de los adultos mayores que residen en una casa-hogar es una cuestión básica, inherente a la esencia de estas instituciones por lo que se requiere que se sepa con precisión quien se desempeña como responsable máximo de su salud.
Es por ello que, una exigencia autónoma es la de brindar dicha información que encuentra sustento normativo en el inciso 1 del artículo 2 de la ley que regula el funcionamiento de los establecimientos residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley N° 661)
Complementariamente es preciso conocer quienes residen en la casa hogar y sus diagnósticos básicos, para lo que se exige contar y exhibir un libro de atención médica.
Ambos recaudos autónomos resultan exigidos por el ordenamiento legal.
El artículo 9.1.4 del Código de Habilitaciones establece la obligación de que un director médico dirija el establecimiento y también de contar con el libro de atención médica referido. Pero existe además la obligación de informar quién es el director médico, con prescindencia de lo asentado en el libro de atención médica.
Ello así, se trata de obligaciones diferentes y, lo referido a los datos del director médico tiene y debe ser informado por medios propios, distintos al referido libro.
Si bien en el capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones no señala con precisión el modo de informar quién es el director médico, ello no equivale a negar la obligación sino que, en el mejor de los casos, deja librado a los titulares del establecimiento la selección del modo de hacer conocer esta cuestión. (Del voto en disidencia de la Dra.Marum)

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor mediante la cual se le impuso al administrador de consorcio actor una multa por infracción a los incisos e) y h) del artículo 9° de la Ley N° 941.
En efecto, la mencionada ley sanciona las infracciones a las obligaciones por ella impuestas, con prescindencia del daño sufrido por el consumidor, es decir, no se requiere la prueba ni existencia de daño alguno, basta que se configure un formal incumplimiento para merecer reproche y sanción legal.
De tal manera, para que se configure una infracción a los deberes impuestos por los incisos mencionados basta con comprobar que el administrador del consorcio, no llevó actualizado el libro de Registro de Firmas de Copropietarios y, que tampco, abrió la cuenta bancaria durante su gestión.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor mediante la cual se le impuso al administrador de consorcio actor una multa por infracción al inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 941.
El actor manifestó que la Administración lo sancionó por corregir el error de un tercero y que el incumplimiento fue producto de la negligencia de la gestión anterior.
Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el recurrente reconoció la omisión de la obediencia de poseer un libro de firmas y en consecuencia, de su actualización.
En efecto, de la prueba ofrecida en estos obrados no surge que se haya efectuado reclamo alguno por parte del denunciado como alegó, ni tampoco que haya existido comunicación fehaciente entre ambas administraciones con el objeto de solicitar la restitución del libro.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor mediante la cual se le impuso al administrador de consorcio actor una multa por infracción a los incisos e) y h) del artículo 9° de la Ley N° 941.
La actora se agravia del monto de la multa impuesta.
Ahora bien, conforme a la naturaleza del caso, el marco normativo sobre el cual se basó la Administración para fijar la multa cuestionada, está compuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 941.
En este contexto, para fijar el monto de la multa, la Dirección se basó expresamente en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 16 de la citada ley y tomó el sueldo básico del encargado de edificio de menor categoría sin vivienda.
Motivo por le cual, debo señalar que el monto de la multa impugnada (5 salarios) se encuentra mucho más próximo al mínimo previsto en la ley (1 salario), que al máximo (100 salarios) y, por tanto, no resulta elevado ni desproporcionado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor mediante la cual se le impuso al administrador de consorcio actor una multa por infracción a los incisos e) y h) del artículo 9° de la Ley N° 941.
La actora alega la falta de motivación de la resolución administrativa que cuestiona.
Ahora bien, considero que la resolución en cuestión se encuentra debidamente motivada, ello en tanto la Administración entendió que, toda vez que se acompañaron constancias por las que se logró acreditar que el actor omitió llevar actualizado el libro de Registro de Firmas y que, no abrió la cuenta corriente aprobada por los copropietarios, correspondía sancionarlo por el incumplimiento a la normativa mencionada anteriormente.
Por su parte, en la resolución la Administración expresó que admitir el incumplimiento de las obligaciones que impone la normativa vigente para el adecuado ejercicio de la actividad de administración, constituye una circunstancia relevante, traducida en un perjuicio actual o potencial para no sólo los copropietarios del consorcio en cuestión, sino también, para los copropietarios de la Ciudad en general.
De modo que lo expresado por la Dirección permite saber cuáles fueron las pautas tenidas en cuenta para graduar la sanción impuesta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor mediante la cual se le impuso a la administradora de consorcio actora una multa por infracción a los incisos e) y l) del artículo 9° de la Ley N° 941.
En efecto, la mencionada ley sanciona las infracciones a las obligaciones por ella impuestas, con prescindencia del daño sufrido por el consumidor, es decir, no se requiere la prueba ni existencia de daño alguno, basta que se configure un formal incumplimiento para merecer reproche y sanción legal.
De tal manera, para que se configure una infracción a los deberes impuestos por los incisos mencionados basta con comprobar que la administradora del consorcio, no exhibió al comienzo de cada asamblea el libro de Registro de Firmas de Copropietarios y, que tampoco, emitió los recibos de pago de las expensas bajo los requisitos exigidos por la norma.
Por lo tanto, del análisis realizado de la documental aportada por ambas partes, cabe concluir que la actora no incluyó en todos los recibos emitidos la totalidad de los datos que la ley requiere que estén presentes.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso una multa a la empresa actora, por infracción al artículo 27 de la Ley N° 24.240, que establece que las empresas prestadoras de servicios deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios.
A su vez, no puede pasarse por alto que el Decreto N° 1798/94, reglamentario de la norma transcripta, expresamente dispone que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán contestar los reclamos en un plazo de diez días corridos.
En efecto, para repeler la imputación que le fuera endilgada, la empresa sancionada podría haber acompañado el registro de reclamos que por ley debería tener, dando cuenta de las supuestas respuestas que habría brindado al usuario; sin embargo, nada de ello fue arrimado en autos.
Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “La prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva” (CSJN, Fallos 318:2555).
Ante este estado de orfandad probatoria, en atención al especial marco de protección que la normativa le brinda a los consumidores y a las pautas de hermenéutica que allí se delinean (arts. 3° y 37 de la Ley N° 24.240; entre otros), el planteo efectuado por la empresa no puede prosperar.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso la efectivización de la medida cautelar de clausura impuesta al establecimiento geriátrico y la evacuación de las personas que se encuentran alojadas en el mismo.
En efecto, no sólo se observa que el establecimiento carece de habilitación, lo que resulta un incumplimiento al Código de Habilitaciones de la Ciudad, sino también la presencia de irregularidades relativas a la seguridad e higiene a lo que se aduna la inobservancia de las previsiones de la Ley Nº 5.670, que regula la actividad en particular (Regulación de Establecimientos para Personas Mayores), por lo que el peligro requerido para el dictado de la medida cuestionada se encuentra presente.
Ello así, en autos, cuando el Ministerio de Salud de la Ciudad tomó su debida intervención, además de haberse constatado la falta de habilitación del local, se habrían verificado otras irregularidades que acrecientan el riesgo para la salud y la seguridad de los adultos mayores que residen en dicho establecimiento tales como no contar con registro de residentes ni libro de inspección, no poseer protocolo para emergencias de salud, no poseer psiquiatra ni auxiliar de enfermería, ausencia de grupo electrógeno, como así también se dejó constancia del deficiente Estado ambiental y de higiene.
En consecuencia, las constancias del legajo permiten afirmar que se encuentran reunidos los peligros o riesgos exigidos por la legislación para el mantenimiento de una clausura preventiva (artículo 30 de la Ley de Procedimiento Contravencional). Nótese que no sólo se investiga un hecho aislado, sino que se evidencia una reiteración en la conducta que sólo permite concluir que la decisión cuestionada es la legalmente correcta.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el peligro o riesgo que exige la norma no necesariamente deben abarcar a todo el conjunto de la sociedad sino que sólo basta que la conducta afecte a un número de integrantes, ya que de otro modo la norma perdería todo sentido fáctico y jurídico.
En base a lo expuesto, es posible afirmar que la decisión de grado se ajusta a derecho, y las manifestaciones por parte del apelante no logran desvirtuar las razones por las cuales la Judicante resolvió tal como lo hizo.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado, y en consecuencia, determinar que no pesa sobre las instrumentistas quirúrgicas codemandadas responsabilidad civil alguna por los daños padecidos por la actora como consecuencia del olvido de una gasa -oblito quirúrgico- en su abdomen, al practicársele una cesárea en el Hospital Público de la Ciudad.
Ello así, toda vez que no se encuentra probado en autos que las instrumentistas incumplieron algún deber a su cargo que implique hacerlas responsables jurídicamente por el daño objeto de autos.
Conforme la declaración testimonial de quien en el momento del hecho se encontraba a cargo del área quirúrgica del centro obstétrico del Hospital, en las cirugías como la de autos debían estar presentes dos instrumentadoras, una aséptica, que es la que está en la mesa atendiendo al cirujano y una circulante que es la que se ocupa del movimiento y el manejo externo de la mesa de operaciones. En cuanto a la contabilidad, señaló que es una tarea conjunta entre la instrumentadora aséptica y la instrumentadora circulante. Entre lo que está en la mesa y lo que se ha desechado, tiene que dar la cantidad que había sido entregada en un principio. Cuando se advierte la diferencia “la instrumentadora circulante en ese momento lo avisa de viva voz, se revisa normalmente la cavidad o se busca la gasa y se anota en el libro de cirugía (…) se dice de viva voz para que lo escuche el cirujano, y lo escuchen todas las personas que están en el quirófano y después se anota en el libro.”
Al respecto, cabe recordar que se encuentra controvertido el aviso a viva voz del conteo incorrecto por parte de la circulante codemandada. Ella afirma haberlo hecho, y el médico cirujano no recuerda el hecho, aunque sostiene que el aviso no surge de la historia clínica. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que del Libro de Quirófanos de Obstetricia asiste razón a la instrumentista.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la demanda interpuesta por la parte actora contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) por los daños y perjuicios derivados de la mala "praxis" médica en el Hospital Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actora plantea en esencia, la intepretación errada y arbitraria que considera que ha efectuado el Juez de grado sobre los informes para decidir y que se ha realizado una lectura equivocada de ellos, incurriendo en graves errores que determinan una solución legal diametralmente opuesta.
Al respecto, la actora no discute que el contenido del libro de guardia fuere incorrecto o ajeno a la realidad de lo ocurrido, o que hubiere correspondido, ante tales síntomas de ese día, haber procedido médicamente de otra manera.
En efecto, si bien no se discute que efectivamente, el libro de guardia de ese día no consigna diagnóstico o firma y nombre del profesional, ni hora de atención, lo cierto es que, como se expuso, la información que resulta de ese libro, tales como la sintomatología y las anotaciones de la médica de guardia que allí se consignan, no fueron cuestionados por la parte actora y, con la información allí descripta, resultó suficiente para concluir que la atención médica fue de acuerdo a las reglas del arte de curar.

En el caso, corresponde hacer parcialmente lugar al recurso directo interpuesto por la actora –administradora de consorcio-, reducir el monto de la multa impuesta y, en consecuencia, revocar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- en cuanto le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 9º incisos b, d, g y k de la Ley N° 941, y confirmarla en cuanto le impuso una sanción de multa por infracción a los incisos l) y h) del mencionado artículo.
La DGDyPC consideró que la sociedad denunciada había infringido el inciso d del artículo 9° de la Ley Nº 941 por no llevar los libros del consorcio en la forma debida.
Ahora bien, no hay en las actuaciones administrativas ni en este expediente judicial constancias de que los libros del consorcio hubieran sido llevados en forma irregular. Las afirmaciones vertidas en la denuncia no bastan por sí solas para tener por acreditada la infracción.
Por su parte, la DGDyPC no se ocupó de especificar cuál era la “debida forma” que consideraba incumplida.
No se me escapa que, en determinados supuestos, es la parte contraria a la que alega un hecho la que debe cargar con la prueba a él asociada, por encontrarse en mejores condiciones para hacerlo. No obstante, eso no se verifica en este supuesto, habida cuenta de que la actora renunció a su cargo, casi dos años antes de la radicación de la denuncia ante, lo que torna difícil asumir que cuente con registros que permitan comprobar que ha llevado los libros consorciales correctamente.
De esta forma, no se halla razonable el fundamento expresado por la DGDyPC en el sentido de que la denunciada “bien podía haber oficiado a la actual administración a fin de que presentara los libros en cuestión”.
Sabido es que, en todo procedimiento administrativo, rige el principio de verdad material o verdad jurídica objetiva (art. 22, inc. f, del Decreto Nº 1510/1997), lo que quiere decir que, más allá de las alegaciones de las partes, debe priorizarse el esclarecimiento de la realidad de los hechos y sus circunstancias. Así, frente a denuncias de irregularidades y ante la ausencia de prueba o, al menos, de prueba concluyente, correspondía a la DGDyPC llevar a cabo las diligencias necesarias con miras a lograr la corroboración de lo afirmado en la denuncia, máxime si, como resultado del procedimiento, una de las partes involucradas podía ser sancionada.
Así, la decisión impugnada no se encuentra fundada en este punto.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso de la actora y en consecuencia, confirmar la disposición de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la actora una multa de $ 352.500 por haber infringido los artículos 52 y 80 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT).
La actora refiere que la sanción se fundó en la presunta falta de presentación del libro de sueldos y jornales, en su versión de hojas móviles, y la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social en relación con sus empleados.
En efecto, respecto a los planteos dirigidos a controvertir la existencia de la infracción al artículo 52 de la LCT, en relación con el libro exigido en la disposición citada, la recurrente insiste en que presentó documentación original en ocasión de formular su descargo en sede administrativa. Sin embargo, ese extremo no se encuentra acreditado.
Que en el expediente administrativo se tuviese presente la documentación acompañada no constituye argumento suficiente para rebatir en este punto la sentencia de grado. Máxime si se tiene en cuenta que dicha expresión se refería en términos genéricos a diversas piezas acompañadas.
Por otra parte, no es posible soslayar que, más allá de lo observado precedentemente, la propia actora reconoce que las hojas móviles de dicho libro no se encontraban debidamente rubricadas a la fecha de ser requerida la documentación por el GCBA.
La recurrente atribuye esa situación a la conducta de la demandada.
Ahora bien, en su apelación no aborda –ni mucho menos rebate– los argumentos expuestos por el juez de grado para desestimar esa defensa. Como señala el magistrado, a fin de acreditar las gestiones presuntamente realizadas por la actora ante el Ministerio de Trabajo del GCBA, esa parte había ofrecido prueba informativa. Sin embargo, se le dio por decaído el derecho a incorporar dicha prueba por no instar oportunamente su producción. Por otra parte, tampoco se hace cargo de lo señalado en la sentencia en cuanto a que la disposición, vigente a la fecha de la infracción imputada, exigía que la rúbrica se practicase con anterioridad al uso de las hojas móviles. Nótese, al respecto, que la demandada había requerido la presentación de esa documentación a partir del período 12/12.
En otras palabras, no se encuentra controvertido que las hojas móviles del libro previsto en el artículo 52 de la LCT no fueron oportunamente rubricadas. Si bien la actora pretende atribuir al GCBA la responsabilidad por ello, no rebate los argumentos que llevaron al juez de grado a desestimar ese planteo, por lo tanto, el agravio debe ser rechazado.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso de la actora y en consecuencia, confirmar la disposición de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la actora una multa de $ 352.500 por haber infringido los artículos 52 y 80 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT).
La actora refiere que la sanción se fundó en la presunta falta de presentación del libro de sueldos y jornales, en su versión de hojas móviles, y la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social en relación con sus empleados.
En efecto, respecto a los planteos dirigidos a controvertir la existencia de la infracción al artículo 52 de la LCT, sostiene que la infracción endilgada debió ser encuadrada como falta leve en los términos del artículo 16.d de la Ley N° 265.
En primer término, es preciso advertir que este planteo no fue formulado ante el juez de grado en ocasión de impugnar el acto sancionatorio.
En segundo lugar, aun si por hipótesis pudiese considerarse oportuna la introducción de este agravio, lo cierto es que el cuestionamiento no está acompañado de razones tendientes a demostrar el error en el encuadre normativo de la infracción.
La norma que invoca la actora incluye entre las faltas leves, “…cualquiera otra que viole obligaciones meramente formales o documentales, salvo las tipificadas como graves o muy graves".
Por su parte, la administración sostuvo en el acto impugnado que la conducta reprochada se subsume en la previsión del artículo 17.a de la ley citada.
Así pues, se advierte sin dificultad que el éxito del razonamiento de la apelante exigía demostrar que la infracción era ajena al supuesto contemplado en la disposición aplicada por el GCBA; hipótesis que ni siquiera es abordada en la expresión de agravios.
De hecho, en su impugnación inicial, la actora cuestionó el monto de la multa, pero lo hizo sin controvertir que resultara aplicable la escala prevista para faltas graves (art. 19.b del texto de la ley 265 vigente al momento de los hechos). En aquella ocasión adujo, en efecto, que de resultar procedente la sanción, debería haberse fijado en el mínimo de la escala establecida para infracciones graves, por lo tanto, este planteo debe ser desestimado.

En el caso, corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de la actora y en consecuencia, confirmar la disposición de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la actora una multa de $ 352.500 por haber infringido los artículos 52 y 80 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT).
La actora refiere que la sanción se fundó en la presunta falta de presentación del libro de sueldos y jornales, en su versión de hojas móviles, y la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social en relación con sus empleados.
En efecto, respecto al agravio relativo a la infracción impuesta por la transgresión del artículo 80 de la LCT (puntualmente, el incumplimiento de obligaciones relativas a la seguridad social), la apelante insiste en que dichas obligaciones habían sido incluidas en planes de pago en los términos de la resolución AFIP 2774. No se hace cargo, sin embargo, de los argumentos expuestos por el juez de grado para desestimar esa defensa.
Dice la actora que “…al momento de la inspección, la cual se desarrolló en diversas jornadas, ya había incluido en planes de pago la totalidad de los períodos relevados, por lo cual no hubo motivo para la sanción”. Pero soslaya que, conforme se indica en la sentencia impugnada, que la pericia contable producida da cuenta de la existencia de un plan de facilidades de pagos correspondiente a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social del período 1/13, se produjo tiempo después de la verificación de la infracción. A su vez, se desprende de ella que ‘la última cuota cancelada es la Nº 48 con vencimiento el 16 de Agosto de 2017’ no consignándose que el plan hubiera sido cancelado como si se indicó para el período 2/13”, y agrega más adelante que “…se encontraban impagas al momento de la inspección los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores de la firma recurrente constatándose en sede judicial la cancelación tardía de dichas obligaciones”.
Así pues, la mera invocación de la resolución de la AFIP no basta para demostrar el error que se atribuye a la decisión de grado respecto de las consecuencias que allí se atribuyen al cumplimiento tardío de las obligaciones de la seguridad social.
Por tanto, la apelación no presenta en este punto una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado.
En efecto, toda vez que la apelante se limitó a expresar dogmáticamente su discrepancia con el criterio empleado sin efectuar una crítica concreta y razonada que sustente su postura, considero que no se encuentran satisfechas las exigencias de fundamentación requeridas para sostener en este punto el recurso y, por ello, corresponde declararlo parcialmente desierto (arg. arts. 238 y 239, CCAyT).

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso de la actora y en consecuencia, confirmar la disposición de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la actora una multa de $ 352.500 por haber infringido los artículos 52 y 80 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT).
La actora refiere que la sanción se fundó en la presunta falta de presentación del libro de sueldos y jornales, en su versión de hojas móviles, y la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social en relación con sus empleados.
En efecto, no asiste razón a la actora cuando aduce que la sanción debió practicarse únicamente sobre la base del personal relevado durante las inspecciones.
La pretendida limitación no tiene soporte normativo. La ley 265 establece que, a los efectos de la sanción, se tiene en cuenta –entre otros parámetros–, “el número de trabajadores afectados” y “el número de trabajadores de la empresa” (incisos d y e, respectivamente). La norma no exige que las personas se encuentren en el establecimiento al momento de la inspección.
En el caso, habida cuenta de la naturaleza de las infracciones imputadas (relativas a la documentación exigible al empleador y al cumplimiento de obligaciones de la seguridad social), resulta evidente que la administración bien pudo concluir que los trabajadores se encontraban “afectados” por dichas irregularidades aun cuando no todos ellos estuvieren durante las inspecciones.
Por lo demás, como se indica en la sentencia de grado, de la prueba pericial contable surge que el número de trabajadores afectados es consistente con la cantidad de personal de la empresa durante el período en cuestión.

En el caso, corresponde rechazar parcialmente el recurso de la actora y en consecuencia, confirmar la disposición de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la actora una multa de $ 352.500 por haber infringido los artículos 52 y 80 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT).
La actora refiere que la sanción se fundó en la presunta falta de presentación del libro de sueldos y jornales, en su versión de hojas móviles, y la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social en relación con sus empleados.
La recurrente sostiene que la sanción resulta excesiva, y pone de resalto la inexistencia de sanciones precedentes.
Al respecto, cabe destacar que, conforme el artìculo 21 de la ley 265, la reincidencia es uno de los factores a considerar para la fijación de la multa, pero ciertamente no el único. Otro de los elementos a considerar es la cantidad de trabajadores afectados; parámetro que ha sido correctamente ponderado por la administración.
Sentado ello, no se advierte que la suma de $ 750 por infracción y por trabajador afectado –conforme la escala prevista en el art. 19.b de la ley 265 en la redacción vigente al momento de los hechos– resulte desproporcionada o contraria al principio de razonabilidad.
En consecuencia, este agravio será rechazado.