Si bien el legislador no previó en la Ley de Procedimiento de Faltas una especie de “queja” o “protesta” frente al supuesto de que un Controlador Administrativo de Faltas no remita las actuaciones a esta justicia (ya sea porque considera que la “solicitud del pase” se efectuó fuera de término, ya sea porque consideró consentida dicha decisión, ya sea porque, sencillamente, no quiso hacerlo), la ausencia de un mecanismo judicial idóneo, legalmente previsto, para hacer cesar esta específica omisión, no puede resultar equivalente a negar la existencia de una herramienta a tal efecto.
Ello mucho menos en esta Ciudad donde, claramente, los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación (art. 10 CCABA).

Si bien el legislador no previó en la Ley de Procedimiento de Faltas una especie de “queja” o “protesta” frente al supuesto de que un Controlador Administrativo de Faltas no remita las actuaciones a esta justicia (ya sea porque considera que la “solicitud del pase” se efectuó fuera de término, ya sea porque consideró consentida dicha decisión, ya sea porque, sencillamente, no quiso hacerlo), la ausencia de un mecanismo judicial idóneo, legalmente previsto, para hacer cesar esta específica omisión, no puede resultar equivalente a negar la existencia de una herramienta a tal efecto.
Ello mucho menos en esta Ciudad donde, claramente, los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación (art. 10 CCABA). Lo expuesto resulta suficiente para concluir que la acción de amparo resulta formalmente admisible en el caso y corresponde sustanciarla.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y conceder al encartado el beneficio de litigar sin gastos solicitado.
La Defensa del imputado sostiene que el hecho de que su asistido posea un inmueble utilizado como vivienda propia, no demuestra que pueda afrontar el pago del monto de dinero previsto para proseguir la vía recursiva ante el Tribunal Superior de Justicia.
En efecto, No consta en autos que el solicitante denote una situación económica floreciente: no posee ingresos fijos, y no surge que el monto que percibiría por su trabajo como abogado sea de tal entidad para revertir su precaria situación patrimonial. Se encuentra probado además que tiene 3 hijos menores de edad de los que se hace cargo, y su madre colabora económicamente con él.
Ello así, el pedido tiene por fin obtener la exención del pago del depósito requerido por ley para la interposición del recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia, denegar -en estas condiciones- el beneficio de litigar sin gastos al imputado repercute de manera insalvable en su derecho de defensa en juicio, privándolo de los medios legales a su alcance por el mero hecho de carecer de los medios económicos suficientes.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.
Conforme surge de la causa, la Magistrada de grado dispuso no hacer lugar al planteo de reposición y apelación planteado en subsidio. Para así resolver, en primer lugar, sostuvo que las presentes actuaciones se hallaban en condiciones temporales para disponer la caducidad de la instancia, toda vez que el plazo de seis meses previsto por el artículo 260, inciso 1° del Código Contencioso Administrativo y Tributario, resultaba aplicable a las ejecuciones fiscales, en virtud de lo previsto en el artículo 449 debiendo computarse conforme el artículo 261 del código citado.
El representante legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió y sostuvo que la Jueza de grado había omitido dar cumplimiento tanto a los extremos requeridos por la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 2/2021, desconociendo su aplicación y negando la existencia de actos de impulso procesal realizados por la parte previo al cumplimiento del plazo previsto por el artículo 260 inciso 1° del Código Contencioso Administrativo y Tributario amparándose, para ello, en meras afirmaciones genéricas sin precisar las fechas de los actos realizados por la parte.
Ahora bien, sin perjuicio de si la decisión resultaría o no equiparable a definitiva, atento a la caducidad decretada y si existe aún o no la posibilidad de reclamar nuevamente el crédito fiscal en cuestión, en el caso, la parte no logra vincular los agravios con la interpretación, aplicación o validez de normas constitucionales, sino que expone una interpretación distinta de las normas infra constitucionales analizadas por la Judicante (arts. 261, 265 y 266 del CCAyT) que, por regla, no forman parte de la competencia del Máximo Tribunal Local al resolver un recurso de inconstitucionalidad.
En este sentido, se ha dicho que “las cuestiones referidas a la caducidad de la instancia, por su carácter fáctico y de derecho procesal, resultan, en principio, ajenas a la instancia extraordinaria de este Tribunal a través del recurso de inconstitucionalidad” (Fallos: 308:2219, 310:1009; 312:1702; 323:2067; 329:1391, y en causa TSJ, voto Dres. Ruiz, Casás, Weinberg, Expte. nro. 14227/17 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Nitaler Sociedad Anónima s/ Ej. Fiscal – ABL”).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.
Conforme surge de las constancias de autos, la Magistrada de grado no concedió el recurso de apelación en subsidio intentado, toda vez que el valor cuestionado en autos no excedía la suma de noventa mil pesos ($90.000) fijada en concepto de capital por la Resolución N° 18/17 del Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
Ahora bien, en la presente ejecución se reclama (sin computar los intereses y costas) la suma de pesos novecientos setenta y cinco ($975), por lo que no supera el mínimo legalmente establecido como requisito en el artículo 219 de la Ley Nº 189, el cual establece en lo que aquí interesa que: “Cuando el valor cuestionado en el proceso no exceda de la suma de diez mil (10.000) unidades fijas y mientras no estén en tela de juicio prestaciones alimentarias, la apelación ante la Cámara estará sujeta a los mismos recaudos y límites que el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.” Ello, teniendo en cuenta que el valor presente de la unidad fija resulta de pesos cincuenta y tres ($53) el cual se encuentra dispuesto por la resolución N° 98/SSJUS/21, del 10 de agosto de 2021, cuya entrada en vigencia data del 17 de agosto de 2021. Por lo tanto, las 10.000 Unidades Fijas actualmente equivalen a $530.000, es decir, un monto superior al reclamado en la presente. Por lo que resulta acertada la decisión de la Jueza de grado.
Sobre este punto, es importante resaltar que la única excepción, a la limitación de la apelación por el valor cuestionado, ocurre cuando estén en tela de juicio prestaciones alimentarias o cuando se den los supuestos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.
En efecto, el monto que integra el certificado de deuda, impide que la decisión sea revisada por esta Alzada, pues resulta inferior al previsto normativamente y no se dan los restantes supuestos legalmente establecidos en el artículo 219 in fine del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.
El mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió por considerar que la Judicatura había realizado una inexplicable diferenciación en el tratamiento dispensado a distintos juicios de ejecución fiscal que resultaban análogos al presente, lo que derivó en un claro perjuicio para su mandante, lesionando los derechos de su representada relativos al debido proceso, la igualdad ante la ley, y la defensa en juicio.
No obstante, sin perjuicio de los derechos y garantías constitucionales citados en el recurso (legalidad, debido proceso, igualdad ante la ley y defensa en juicio), el impugnante no logra demostrar un caso constitucional, ni se observa la existencia de agravios constitucionales a partir de las constancias del caso, sino que pretende una nueva revisión ordinaria de los elementos valorados por la Jueza.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.
Conforme surge de las constancias de autos, teniendo en cuenta la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 2/2021 que dispuso lareanudación a partir del 1/2/2021 de los plazos procesales y atento al extenso tiempo transcurrido sin que mediase ningún acto dirigido a instar el curso del proceso, la Jueza de grado declaró la caducidad de instancia en los presentes, por aplicación las previsiones los artículos 260, inciso 1 y 266 del Código Contencioso Administrativo yTributario.
Contra tal decisión, el representante legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó la queja por apelación denegada que convoca la intervención de los suscriptos.
Sucintamente, entendió que el auto denegatorio del recurso no hizo mérito alguno de lo
expresamente allí alegado, cuyo fundamento trataba sobre una cuestión de apartamiento
de normas expresas vigentes (arts. 265 y 266 del CCAyT) y un caso de arbitrariedad
manifiesta, con violación a las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso,
propiedad y gravedad institucional. Ello, en tanto sostiene que la "A quo" se amparó
indebida e ilegalmente en la normativa de inapelabilidad por el monto, invocando el artículo
456 del Código Contencioso Administrativo yTributario, haciendo una vedada interpretación extensiva de ella, ya que esa norma se refiere exclusivamente a la sentencia que manda llevar adelante la ejecución o la rechaza.
No obstante, sin perjuicio de los derechos y garantías constitucionales citados en el recurso (legalidad, debido proceso, propiedad y gravedad institucional), el impugnante no logra demostrar un caso constitucional, ni se observa la existencia de agravios constitucionales a partir de las constancias del caso, sino que pretende una nueva revisión ordinaria de los elementos valorados por la jueza. Tampoco se advierte arbitrariedad en la decisión impugnada, puesto que la mera discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (TSJ in re “Federación Argentina de Box c/gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/acción de inconstitucionalidad”, expte. nro. 49/99, resolución del 25/8/99).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.
Conforme surge de las constancias de autos, la Magistrada de grado no concedió el recurso de apelación en subsidio intentado, toda vez que el valor cuestionado en autos no excedía la suma de noventa mil pesos ($90.000) fijada en concepto de capital por la Resolución N° 18/17 del Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
Ahora bien, en la presente ejecución se reclama (sin computar los intereses y costas) la suma de pesos tres mil seiscientos ($3600), por lo que no supera el mínimo legalmente establecido como requisito en el artículo 219 de la Ley Nº 189, el cual establece en lo que aquí interesa que: “Cuando el valor cuestionado en el proceso no exceda de la suma de diez mil (10.000) unidades fijas y mientras no estén en tela de juicio prestaciones alimentarias, la apelación ante la Cámara estará sujeta a los mismos recaudos y límites que el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.” Ello, teniendo en cuenta que el valor presente de la unidad fija resulta de pesos cincuenta y tres ($53) el cual se encuentra dispuesto por la resolución N° 98/SSJUS/21, del 10 de agosto de 2021, cuya entrada en vigencia data del 17 de agosto de 2021. Por lo tanto, las 10.000 Unidades Fijas actualmente equivalen a $530.000, es decir, un monto superior al reclamado en la presente. Por lo que resulta acertada la decisión de la Jueza de grado.
Sobre este punto, es importante resaltar que la única excepción, a la limitación de la apelación por el valor cuestionado, ocurre cuando estén en tela de juicio prestaciones alimentarias o cuando se den los supuestos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.
En efecto, el monto que integra el certificado de deuda, impide que la decisión sea revisada por esta Alzada, pues resulta inferior al previsto normativamente y no se dan los restantes supuestos legalmente establecidos en el artículo 219 in fine del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.