En el caso, ante la declaración de nulidad por parte del juez a quo de la declaración del imputado en la audiencia ante el fiscal en virtud de una deficiente descripción del hecho imputado, ordenó la remisión de las actuaciones nuevamente a la fiscalía puesto que la nulidad decretada restaba eficacia no sólo al acta de declaración del imputado, sino que extendía sus efectos a todo lo actuado con posterioridad aunque expresamente no se lo haya consignado.
El dictado de la nulidad no importa, en las condiciones señaladas, vulneración a los principios de progresividad y preclusión protectores de la proscripción constitucional de ne bis in idem y del derecho a ser juzgado en plazo razonable.

Más allá de que para fijar pautas de conducta para asegurar los fines del proceso se puede encontrar amparo en las facultades otorgadas a los jueces en la Ley Nº 12, consideramos necesario -por cuestiones de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley- que en todos los casos, dentro de los 10 días de recibida la declaración del imputado en los términos del artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional el juez defina la situación del imputado en el expediente principal, sea que vaya a disponer - o no- la prisión preventiva.

La declaración bajo juramento del imputado ante la prevención resulta una clara violación a las garantías constitucionales de prohibición de autoincriminación y defensa en juicio, lo que acarrea la nulidad de la misma y de lo actuado en consecuencia (conforme art. 168, apartado 2º CPPN).

No es nula la declaración testimonial del imputado prestada ante la prevención, puesto que ella fue dispuesta por el Juez de Instrucción en la que se investigaba el delito de homicidio, razón por la cual las afirmaciones vertidas por aquél bajo juramento de decir verdad respecto de cuestiones que podían incriminarlo como autor de una contravención, no causan la invalidez de dicho acto, sino que impiden su valoración en estas actuaciones.
En dichos actuados el imputado no aparecía como sospechoso, sino que su declaración en tal carácter se sustentó en el conocimiento que podía tener del hecho, declaración en la cual espontáneamente –puesto que el interrogatorio no iba dirigido a ese punto- hizo referencia a cuestiones que lo podían perjudicar a la luz del hecho contravencional.
En otras palabras, lo que resulta inválido es la incorporación de aquellos testimonios a este expediente, razón por la cual dichas piezas no pueden ser valoradas como elementos probatorios en esta causa, caso contrario se violaría la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo (art. 18 CN). Ello así por cuanto el juramento de decir verdad entraña una coacción moral y constituye una manera de obligarlo a declarar en su contra.

En el caso, si bien fueron consideradas en la audiencia prevista por el artículo 41 de la Ley Nº 12, las declaraciones prestadas por el imputado en calidad de testigo ante la prevención ordenada por un juez de instrucción -las cuales fueron vertidas bajo juramento de decir verdad respecto de cuestiones que podían incriminarlo como autor de una contravención-, dicha circunstancia no puede generar la nulidad de todo lo actuado.
Ello, dado que los dichos del imputado en aquel carácter no dieron origen a la presente causa y, por otro, que no hay actos posteriores que se concatenen con ellos, razón por la cual puede prescindirse de tales testimonios sin que se genere consecuencia alguna en relación a la tramitación de la presente causa.

La declaración prevista en el artículo 41 de la Ley Nº 12 y la declaración indagatoria son instituciones distintas, pues son prestadas ante diversos funcionarios judiciales; pero ello no empece a que la primera deba reunir los mismos requisitos legales que la segunda en lo relativo a las formalidades que debe contener, los hechos que deben darse a conocer y demás información que debe brindarse al imputado en dicha oportunidad (ver Cap. IV del Título IV del Libro II del CPPN), para que pueda ejercer ampliamente su defensa material.

En el caso, no se recibió la declaración del imputado exigida por el artículo 41 de la Ley Nº 12. Tal circunstancia emana claramente de la redacción del encabezamiento del acta, en el que no se consigna el objeto de la comparecencia, a la vez que a continuación se enumeran los derechos que le asisten, el hecho que se le imputa y las pruebas colectadas, pero sin que en momento alguno se lo invitara a prestar tal declaración ni se dejara constancia frente a ello de una eventual negativa a deponer, ni tampoco que se haya decido una postergación a fin de que concurriera con su letrado defensor. De este modo lo actuado no puede interpretarse más que como un acta de lectura de derechos, pero en modo alguno puede reemplazar a la audiencia que expresamente previó el legislador local para escuchar al encausado.

La declaración del imputado a tenor del artículo 41 del código de procedimiento local (Ley Nº 12) constituye una imposición del texto legal que no puede quedar librada al arbitrio del funcionario actuante en razón de que se trata de la reglamentación de una garantía constitucional, como es la defensa en juicio, razón por la cual en manera alguna puede ser disponible por parte del representante del Ministerio Público Fiscal ni de ningún otro funcionario o magistrado del Poder Judicial.

Si no se cumple con la exigencia legal de escuchar al imputado en los términos del artículo 41 de la Ley Nº 12, se aprecia como obvia consecuencia que el requerimiento de elevación a juicio practicado por la fiscalía resulta viciado de nulidad por falta del presupuesto procesal que autoriza a su formulación. Desde este aspecto, la omisión señalada de realizar la audiencia referida con los requisitos establecidos en la norma citada, frustra efectivamente la posibilidad del imputado de ser oído con anterioridad al debate previsto en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional, y por ende constituye una nulidad absoluta, de las previstas en el artículo 167 del Código Procesal Penal de la Nación, en su inciso tercero.
El régimen de nulidades no ha sido meramente establecido para preservar el cumplimiento de las formas del proceso, sino que tiene como finalidad trascendente la protección de los derechos de las partes.

En el caso el juez a quo declaró la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio atento a no habérsele recibido declaración a la imputada.
Es erróneo considerar que la declaración en los términos del artículo 41 es obligatoria para el imputado, cuando es claro que es meramente facultativa.
Justamente, el meollo radica en que la declaración ante el filscal es un derecho que puede o no ejercer el imputado, es una potestad, no un deber. La interpretación contraria afecta el derecho de defensa en juicio y la decisión del juez, al final del camino, resulta “in malam partem”, al transformar el derecho a ser oído ante el fiscal en una obligación.
Nada obsta además que la imputada declare posteriormente, cuando desee efectivamente ejercer ese derecho que le acuerda la ley contravencional, justamente en el “juicio” propiamente dicho, esto es, la audiencia de debate oral y público.
Ello así, corresponde revocar la resolución del juez a quo en cuanto declara la nulidad parcial del requerimiento.

Se desprende de lo establecido en la Resolución de Fiscalía General Nº 18/01 que a criterio del Fiscal General “(l)a ley procesal aplicable no equipara la comparecencia en los términos del artículo 41 de la Ley Nº 12 a la presentación prevista en el Código Procesal Penal de la Nación, para prestar declaración indagatoria.”, a partir de lo cual deduce que ella no debe contener la declaración del imputado o su negativa a declarar, sino que resulta suficiente con que se le haga saber que posee tal derecho, para hacer uso del cual, además, fija un plazo.
Sin embargo, esta Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades la postura contraria, esto es, que en las causas contravencionales, dicha audiencia debe cumplir las mismas exigencias formales que la declaración indagatoria. En tal sentido, este Tribunal expresó que “ambas son prestadas ante diversos funcionarios judiciales, pero ello no empece a que la primera [art. 41 ley 12] deba reunir los mismos requisitos que segunda [art. 294 y sgtes. del CPPN], en lo relativo a las formalidades que debe contener, los hechos que deben darse a conocer y demás información que debe brindarse al imputado en dicha oportunidad” -causas 381-01-CC/2004, “Incidente de nulidad en autos Lanvin, Gabriel Aníbal y otros (Suipacha 524) s/ley 255. Apelación”, del 29/9/05; 5511-07-CC/2007 “Incidente de nulidad en autos Lavin, Gabriel; Reitovich, Saúl P., Lavin, María Noe y ots. S/inf.arts. 116 y 117 ley 1472, Garcia del Río 41119, apelación”, rta. 16/04/2007, entre otras-. Y lo propio fue expresado en relación a procesos penales, tramitados con anterioridad a la sanción de la ley 1287/1330, modificatoria de la ley 12, en la que así fue expresamente contemplado (causa 035-00-CC/2004, “Villaseco, Gabriel Leonardo s/art. 189 bis, tercer párr. CP, apelación”, rta. 31/03/2004).
Lo expuesto encuentra sustento en la propia ley contravencional, pues ninguna de las disposiciones que regulan la declaración indagatoria garantizando ampliamente los derechos del imputado, se opone al texto de la Ley Nº 12, único supuesto expresamente establecido que limita la supletoriedad de la aplicación exigida por el artículo 6.
En tal sentido, los fiscales no pueden ampararse en el cumplimiento de una resolución de Fiscalía General, para incumplir los preceptos de la ley, en este caso el art. 41 de la ley 12, pues “ninguna duda cabe que todo proceso contravencional que se lleve a cabo en esta ciudad, ..., debe adecuarse a la ley de procedimientos vigente (ley 12)” (Causa 30686-00-/CC/2006, Zenteno, Sonia s/art.83 CC (ley 1472) Apelación, rta.12/04/07).

En el caso, se observa que en ocasión de recibirle al imputado la audiencia dispuesta en el artículo 41 de la Ley Nº 12, éste no solo careció de la efectiva posibilidad de declarar, sino que ni siquiera contó con un defensor, pues el elegido en dicho acto recién aceptó el cargo dos meses después, por lo que ninguna duda cabe que se ha incumplido con la ley vigente.
De lo expuesto cabe inferir que la audiencia celebrada por la Fiscal, no reúne los requisitos legales previstos, y por ende es acertada la decisión de la magistrada de grado de declarar la nulidad del requerimiento de juicio, pues aquélla es un acto general de la etapa preliminar de cuyo cumplimiento depende la validez del segundo.

El hecho que en la audiencia dispuesta por el artículo 41 de la Ley Nº 12 se informara al imputado que podía presentarse a declarar ante el Fiscal dentro de los diez días posteriores, no es un argumento válido para justificar el incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo. En efecto, esta norma dispone que el Fiscal “oye al presunto contraventor en presencia del defensor”, por lo que frente a tal claridad no resulta posible mutar el objeto de la audiencia a la simple información de los derechos que posee el imputado, entre ellos, el de declarar, a cuyos fines nunca fue citado. En otras palabras, a los efectos de la realización de dicho acto, garantizándose debidamente el derecho de defensa en juicio, no resulta suficiente con que el Fiscal cite al imputado para hacerle saber que puede solicitar ser oído, sino que se requiere su presencia a fin de que en ese acto pueda hacer uso de ese derecho o de negarse a declarar.
Frente a la entidad de tal vicio, la circunstancia de haberse celebrado una pretendida audiencia del artículo 41, sin otorgarle en ella la posibilidad de declarar, causa por sí sola un perjuicio concreto, por ser aquélla –junto con la audiencia de debate- la oportunidad por excelencia para el ejercicio de su defensa material.
De las consideraciones que anteceden se desprende que la Res. de la Fiscalía General Nº18/01 contraría la ley procesal vigente, causando la nulidad del requerimiento de juicio, pues la validez de la audiencia mencionada es presupuesto de validez de la requisitoria.

La designación de defensor exigida en el artículo 41 de la Ley Nº 12 no puede equipararse a la mera propuesta de abogado particular por parte del imputado (ver art. 197 CPPN), si aquél no se encuentra en posesión del cargo. No resulta suficiente la sola manifestación del imputado en relación a la elección de asistencia letrada, a los fines de garantizar el derecho de defensa en juicio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos 319:192) como así también que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa (Fallos 321: 2489).

En el caso, se desnaturalizó totalmente la audiencia solicitada por el fiscal prevista por el artículo 172 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 173 ibídem, esto es para resolver “sobre la prisión preventiva” (conf. párrafo primero) del encartado.
Ello así, por cuanto celebrada aquella en la Sala de audiencias del Tribunal y presidida por el Juez de la causa se lo impuso recién en ese momento al imputado y en esta sede judicial de todos los derechos y garantías que le asistían; se le formuló la intimación del hecho y seguidamente se le recibió declaración; acciones estas que, dada la etapa preliminar por la que transita el proceso, son de resorte exclusivo y excluyente de la Fiscalía conforme lo estipulan claramente los artículos 161 y subsiguientes del citado código y que no pueden ser cumplidas en una audiencia ordenada por el Juez para “resolver sobre la prisión preventiva” del imputado, sin incurrir en una clara violación al sistema acusatorio que nos rige.

En el caso, el procedimiento llevado a cabo por el Juez a quo, esto es, recibir declaración a la imputada, no concuerda con el previsto por el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, el que específicamente prevé que dentro del proceso contravencional es el fiscal quien oye al presunto contraventor; es decir que se trata de una atribución que le es propia por expresa disposición legal. Nótese que la causal de nulidad no se centra en la presencia del Juez durante el acto –que siempre representa una garantía para el imputado-, sino que aún en el curso de la misma audiencia que se venía llevando a cabo con motivo de la medida cautelar que se había adoptado, no hubiera cedido la palabra al Fiscal para que pudiera cumplir con su cometido, arrogándose una tarea que, conforme está estructurado el proceso en la ciudad, le era claramente ajena.
En ese orden de ideas, se ha sostenido que “el artículo. 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional sólo constituye una exigencia de la acusación de la fiscalía, en tanto ella, como órgano judicial público, debe dar al imputado la oportunidad de expresarse antes de llevarlo a juicio” (Tribunal Superior de Justicia, Expte. n° 3164/04 Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Martínez, Alfredo y otros s/ ley 255- apelación” -voto del Dr. Julio Maier-).
En consecuencia, dicho acto realizado por el Juez de grado atenta contra el sistema acusatorio, el que se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz del cual las funciones del Fiscal y Magistrado, se encuentran desdobladas, en el que se consagra la independencia de los fiscales y la imposibilidad de los jueces de reemplazar a éstos en sus funciones como titulares de la acción penal
Por las razones expuestas, debe declararse la nulidad de la declaración prestada por la encartada en los términos del artículo 41 de la ley de Procedimiento Contravencional.-

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto resuelve declarar la incompetencia en razón de la materia de la Justicia Penal Contravencional y de Faltas por resultar prematura.
En efecto, no se citó al denunciante a los efectos de ampliar su denuncia y así obtener mayores datos acerca del hecho, para poder determinar qué tipo penal configuraría la conducta denunciada, ni prestó declaración el imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que se concluye que se está en una etapa preliminar del proceso. Asimismo, para que proceda la declaración de atipicidad en esta instancia del proceso –como pretende la defensa-, resulta ineludible que aparezca manifiesta.

De verificarse que el auto de intimación de los hechos y la posterior invitación a declarar del imputado en los términos del artículo 161 y 164 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, fue rubricado por los actores principales del proceso: el Fiscal, el imputado y su defensa, la falta de firma del actuario - que interviniera en carácter de fedatario- no sería suceptible de comprometer la validez de dicha diligencia.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y declarar la nulidad del acta confeccionada en sede policial y de todo lo actuado en consecuencia.
En efecto, el accionar del personal policial actuante no ha respetado el límite legal establecido en el artículos 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 incisos 3 y 5 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional, y el hecho de continuar con el presente proceso es una forma de legitimación de ese accionar ilegal ya que a partir del mismo se impulsó y/o desarrolló todo el trámite de la causa.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que la ley procesal tiene como fin, a través de normas específicas, reglar las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio. En todo caso, la nulidad es el remedio que permite extirpar aquellos actos o medios de prueba espurios producidos en violación al dogma constitucional.
En modo alguno puede obviarse que las normas procesales son el conducto necesario para la debida compatibilización entre el interés del Estado en el ejercicio de la pretensión punitiva y el respeto y protección de los derechos individuales.

En el caso, corresponde declarar la nulidad del acta confeccionada en sede policial y de todo lo actuado en consecuencia.
En efecto, en nuestro sistema el Fiscal es una figura vital para la investigación de los delitos y ello se debe a que la presencia de este magistrado desde los primeros momentos del procedimiento implica una garantía de legalidad que no puede ser violada por una declaración extrajudicial tomada por personal policial que no se encuentra facultado legalmente para recibir declaración alguna al imputado.
Es evidente que tal acto debe fulminarse con sanción de nulidad y, no es otra la solución del caso si advertimos que la declaración efectuada por los imputados no fue objeto de control previo por parte del Ministerio Público Fiscal ni del órgano jurisdiccional.

En el caso, corresponde comunicar al Jefe de la Policía Federal el incumplimiento de lo normado en el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires registrado en la causa.
En efecto, el funcionario policial interviniente en el proceso le requirió información al encartado, la cual fue usada en su contra, sin la presencia de un juez ni de su defensa, ello en clara violación al principio “nemo tenetur” reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y Pactos Internacionales.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde el inicio del procedimiento.
En efecto, surge de las constancias de la causa que el accionar del personal policial no se limitó a efectuar un interrogatorio de identificación del encartado, que es lo que la ley procesal permite hacer a los preventores, sino que imputaron o por lo menos le pidieron explicaciones, por lo que su proceder violentó el límite legal establecido en el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Así, conforme surge del relato efectuado por la presunta damnificada por el ilícito previsto en el artículo 183 del Código Penal, del que se desprende que el imputado se encontraba en su departamento al arribo del personal policial y que la prevención "solicitó" la presencia del mismo en el estacionamiento del edificio para que "aclarara los hechos", así como que la presunta damnificada escuchó el descargo efectuado por su vecino al ser imputado por el personal policial de la comisión de los hechos que se investigan.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde el inicio del procedimiento.
En efecto, el accionar del personal policial actuante no ha respetado el límite legal establecido en los artículos 13 incisos 3 y 5 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 18 de la Constitución Nacional, por lo que el hecho de continuar con el proceso es una forma de legitimación de ese accionar ilegal ya que a partir del mismo se impulsó y/o desarrolló todo el trámite de la causa.
A mayor abundamiento, la razón del impedimento de tomar declaración al imputado por parte del personal policial prevista en el artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad radica en que los cuerpos policiales de investigación sobrellevan una no disimulada carga subjetiva de esclarecer a toda costa los hechos delictivos -circunstancia que deteriora la imparcialidad que debe regir en la función judicial "lato sensu" considerada-. Es insoslayable que una persona que se encuentra ante las autoridades policiales se haya evidentemente, en gran desventaja psicológica para resistir los esfuerzos persistentes de la policía (conf. Lewis Mayers “El sistema legal norteamericano” Omeba, 2ª ed. Buenos Aires, 1969 pag. 51).

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio respecto de uno de los hechos de amenazas simples imputadas.
En efecto, la decisión de la falta de evacuación de citas se encuentra razonablemente fundada en la circunstancia de que el imputado no explicó siquiera mínimamente sobre qué aspectos o circunstancias del hecho se explayarían los testigos propuestos, ni cuál era la conexión de ellos con el evento en pesquisa, es decir, si podrían haber presenciado el hecho, o si se trataba de testigos de concepto, etc., o qué información relevante podrían aportar a la investigación.
La manda legal contenida en el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, impone al Fiscal la obligación de investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado en sus declaraciones o escritos de descargo, si bien debe ser interpretada en un sentido amplio que garantice una eficaz desarrollo de la defensa material del encausado que lo coloque en una situación de igualdad respecto de las posibilidades de producir prueba que ostenta el Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que encuentra su límite en el propio texto de la norma en cuanto la mencionada actividad debe desarrollarse respecto de aquellas diligencias “que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio.”
Se advierte entonces con claridad que la llamada “evacuación de citas” requiere de un acto de valoración, -en nuestro procedimiento y en primer lugar de quien tiene a su cargo la investigación- que permita establecer con la amplitud de criterio, si las diligencias propuestas responden a los parámetros que establece la normativa reseñada, con carácter previo a ordenar su producción.
A mayor abundamiento, la falta de consignación por parte del imputado o aún de la defensa que lo asistía al acto, de los datos referidos privó al Fiscal de la posibilidad de contar con elementos para evaluar siquiera liminarmente aquello que la norma le exige y en tal sentido el rechazo a la petición en esa oportunidad deviene acertado.

En el caso, corresponde no hacer lugar al planteo de nulidad del acta de intimación de los hechos interpuesto por la Defensa.
En efecto, la defensa plantea la nulidad del acta de intimación de los hechos por
no haberse cumplido debidamente con lo que dispone la normativa legal, así refiere que sin perjuicio de haberlo hecho durante la audiencia del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debió haberse reiterado el hecho atribuido y las pruebas existentes en su contra, tal como lo prevé el artículo 164 del mismo código mencionado.
Ello así, en la misma audiencia de intimación de los hechos se le recibió declaración a la imputada. Sin perjuicio de que el defensor no manifiesta cuál es el agravio sobreviniente, lo cierto es que la misma eligió hacer uso del derecho a dar su versión de los hechos, negando aquellos que se le imputaban, motivo por el cual exigirle una nueva lectura constituye una mera formalidad, resultaría sobreabundante y no es compatible con motivo de nulidad alguno.
Asimismo, surge de la pieza procesal que ambas audiencias se celebraron al mismo tiempo, la imputada compareció ante la Fiscalía donde allí se le describió con claridad el hecho que se le imputaba y el fiscal le enumeró las pruebas que se encontraban agregadas a la causa. Seguidamente la imputada manifestó su voluntad de declarar y fue así que lo hizo negando los hechos atribuidos.

El llamado a prestar declaración en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires (indagatoria, en el ordenamiento nacional) es un acto de vital importancia en el proceso, en tanto no sólo se erige como la clara voluntad de la acusación de poner en movimiento la acción penal, sino que, constituye la primer oportunidad de defensa del imputado en el que se le hace conocer el hecho reprochado, su calificación legal, las pruebas habidas en su contra, facultándoselo a efectuar su descargo y ofrecer los elementos probatorios que considere útiles a su pretensión; se impone extremar los recaudos a efectos de poder materializarlo.

Tal como lo ha recogido variada doctrina y jurisprudencia (CNCC y CSJN en “Monticelli de Prozillo”, “Fiorentino”, “Francomano” y “Rayford”, entre otros.-), surge la prohibición de utilizar ciertos métodos para la obtención de pruebas. Así, cabe considerar proscriptas todas aquellas formas de coacción directa, física o psíquica, sobre las personas, que puedan ser utilizadas para forzarlas a proporcionar datos probatorios (Cf. Cafferata Nores, José y Hairabedián, Maximiliano, en “La Prueba en el Proceso Penal”, Edit. Abeledo Perrot, pág. 20 y s.s.-.).
Pues como lo postula Maier (Cf. Maier, Julio B., “Derecho Procesal Penal”, T. I, Fundamentos, Editores Del Puerto, pág. 664/665.)-, cabe esperar que la persona a quien se persigue penalmente sea una de aquellas que más sabe respecto del acontecimiento que se investiga, objeto del procedimiento.
Sin embargo, no es posible obligarlo a brindar información sobre lo que conoce; dependemos de su voluntad, expresada libremente y sin coacción.
Ello es lo que estatuye, claramente, la garantía constitucional prescripta en el artículo 18 de la Constitución Nacional: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” (nemo tenetur se ipsum accusare).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de juicio y de inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, se observa en el legajo de juicio que al momento en que el imputado fue intimado del hecho se le informó que conforme lo normado por el artículo 162 si deseaba declarar debía encontrarse presente su abogado defensor. Luego de lo cual se dejó constancia de su voluntad de deponer haciéndole saber que se lo invitaría a prestar declaración con posterioridad.
La actitud adoptada por el Ministerio Público en ese acto, fue acorde con lo regulado por nuestra ley de forma que al prever la necesaria presencia de una asistencia técnica que asesore debidamente al imputado al momento de deponer en relación al hecho que se le imputa, no hace más que receptar en forma amplia y estricta la garantía de defensa en juicio consagrada constitucionalmente.
Citado el imputado para la fecha señalada, la Defensa presenta una solicitud de suspensión de tal audiencia pues consideró que aún se encontraba pendiente un planteo de nulidad de la audiencia de intimación del hecho. El Sr. Fiscal no hizo lugar a la suspensión solicitada y le hizo saber a la Defensa que su asistido podía presentarse cuantas veces quisiera en los términos del artículo 167 siempre que ello no implicara una dilación del proceso.
Ello así, no se entiende que la Defensa alegue una afectación al derecho de su representado a ser oído, cuando la única razón visible en virtud de lo reseñado para que el imputado no fuera escuchado aún en el proceso ha sido su propia voluntad de no comparecer ante el Sr. Fiscal. Por ello, no se encuentra argumento para tachar de inconstitucional un artículo que, justamente se encarga de materializar el derecho constitucional de defensa, en un sentido amplio y a la vez riguroso para un momento clave del procesal penal.

En el caso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado.
En efecto, se afectó la garantía de defensa en juicio porque el imputado no contó con Defensor en la audiencia llevada a cabo a tenor de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Procesal Penal y no renunció expresamente a contar con su asistencia. Esta garantía existe desde que se inicia el procedimiento y no sólo durante el juicio.
Así, el incumplimiento a dicha garantía está sancionado con pena de nulidad por el artículo 72, inciso. 3º del Código Procesal Penal, con lo cual el mismo implica violación de normas constitucionales.
A mayor abundamiento, el derecho a ser oído está garantizado por la Constitución Nacional por lo que la forma en que los estados nacionales legislen en lo que concierne a este punto y la interpretación que los jueces otorguen a la ley en el aspecto señalado, no puede conculcar dicha garantía. (Del voto en disidencia de la Dra. Marta Paz).

El mérito incriminador resulta implícito en el llamamiento a efectos de prestar declaración en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries. Para ello basta la objetividad del hecho encuadrable en una norma penal, al que debe añadirse la subjetividad, pero limitadamente a la sospecha de participación, es decir, sin entrar aún a valoraciones sobre la culpabilidad, justificación o excusa. En este sentido, dicho mérito no necesita ir más allá de lo fáctico de la conducta reprochada.
Dicha regla, en lo que aquí interesa, establece que cuando el Fiscal -quien tiene a su cargo la investigación penal preparatoria (artículo 4 Ley Nº 2.303)- considere que existe sospecha suficiente de que una persona puede ser autor o partícipe de un delito, le deberá notificar mediante acta los hechos que se le imputen, en forma clara, precisa y circunstanciada, y las pruebas que haya en su contra; siendo en el transcurso de dicho acto en que él o los encausados tendrán la primera oportunidad de resistir la imputación erigida en su contra y oponer las defensas que consideren útiles a su derecho.

En el caso, corresponde confirmar la validez de la citación en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, sin perjuicio de señalar que conforme el sistema procesal que rige en la ciudad de Buenos Aires la designación de la fecha para intimar a los imputados en los términos del artículo 161 del citado código, se encuentra dentro de las atribuciones conferidas a la acusación por dicho ordenamiento, lo cierto es que la denuncia efectuada, sumado a la prueba documental glosada que ilustraría acerca de la presunta comisión de otros episodios de similar naturaleza a los aquí ventilados, resultan -en principio- adecuados como "notitia criminis" de un comportamiento delicitivo en cabeza de los encausados, en virtud del cual se imponga escucharlos, conforme lo meritara el representante fiscal.
Sobre esta base, el llamado a tenor del artículo 161 deviene en un acto procesal necesario, no advirtiéndose afectación alguna a los principios de contradicción y lesividad,convocatoria esta que, por otra parte, deviene "per se" irrecurrible.

En el caso, corresponde revocar parcialmente la resolución del Magistrado de grado, y declarar la nulidad del requerimiento de elevacion a juicio (arts. 42, 71, 73 y 75 del CPPCABA), en el marco de la investigación del hecho tipificado en el artículo 149 bis del Código Penal.
En efecto, al momento de solicitar la remisión a juicio, la Fiscalía sólo basó su requisitoria en la declaración de la denunciante, dejando sentada la existencia de un proceso contravencional existente por el presunto hostigamiento del presunto imputado a la víctima, incluyéndose entre los sucesos allí investigados hechos de igual fecha en la cual se habrían suscitado las amenazas pesquisadas.
Cabe señalar, que si bien el Fiscal ofreció, en la pieza requisitoria, la declaración una supuesta testigo de los hechos, para la etapa de juicio, en ningún momento durante la investigación fue citada a fin de convalidar el relato de la denunciante.
Con respecto a esta clase de supuestos la jurisprudencia tiene dicho que “[...] la confrontación de los dichos entre el damnificado y el encartado que niega la imputación no puede ser resuelta en su contra, en virtud del estado de inocencia del que goza. Su negativa debe desvirtuarse con elementos probatorios que permitan provisionalmente afirmar la existencia de un hecho delictuoso y la participación en él del incuso. Si no se vislumbra la posibilidad de contar con un plexo probatorio que permita echar luz sobre la pesquisa y la investigación luce agotada, no corresponde perpetuar la imputación del hecho denunciado, pues integra la garantía de defensa en juicio el derecho de todo imputado de obtener una decisión judicial en tiempo razonable, que ponga fin a la incertidumbre respecto de su situación procesal frente a la sociedad” (ver en tal sentido, CCC, Sala VI, c. 19.513, "Rolón, Diego A.", rta: 31/10/2002; c. 25.467, ”Quinteros, Maximiliano Miguel Ramón”, entre muchas otras).
De acuerdo con esta regla jurisprudencial resulta claro que no existe el mérito suficiente por ahora para llevar este caso a juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad impugnado por la defensa sobre la audiencia celebrada en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.
En efecto, la defensa particular del imputado señala que cuando su defendido prestó declaración ante el Fiscal, éste le tomó sus datos, lo intimó del hecho y de la prueba existente en su contra , sin presencia del abogado defensor.
Ello así, se desprende claramente de lo dispuesto en la normativa que en el acto de intimación del hecho no resulta obligatoria la presencia del Defensor sino facultativa, siendo necesaria (tal como lo dispone el art. 162 CPP) únicamente si el imputado aceptare declarar, lo que no sucedió en el caso.
Asimismo, y siendo que en el caso se le hizo saber al imputado cuál era el hecho que se le atribuía, su calificación legal, así como sus derechos y que podría prestar declaración cuantas veces quiera o abstenerse sin que ello importe presunción en su contra.
Por tanto, y de todas las circunstancias señaladas, resulta claro que el acto cuestionado por la Defensa cumplió acabadamente con lo dispuesto normativamente para su validez.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de nulidad.
En efecto, la asistencia técnica del encausado sotiene que este fue sometido a un interrogatorio por el personal policial preventor sobre la ocurrencia de los hechos por los que fue imputado (art. 149 bis CP), contraviniendo así las previsiones del artículo 89 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Ello así, en relación con la intervención del Oficial de la Policía Metropolitana, surge de las presentes actuaciones que dos personas se acercaron discutiendo al puesto de vigilancia en que se encontraba; y que frente a ese panorama, el preventor se limitó simplemente a constatar cuál era el conflicto entre las partes –quienes hasta ese momento se hacían recriminaciones recíprocas– y a identificarlas.
Así las cosas, en dicha oportunidad fue el propio imputado quien a efectos de identificarse y justificar la portación de un arma, dijo espontáneamente ser funcionario público, específicamente, Suboficial Principal de Gendarmería Nacional y por ello, encontrarse armado.
Asimismo, cabe señalar que en todo momento el imputado negó haber amenazado al denunciante y haber exhibido un arma. De hecho, su versión de lo ocurrido brindada en dicha oportunidad (ante los preventores) resulta coincidente con lo narrado en su declaración en el marco de la audiencia prevista por el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Por tanto, sus dichos no aparecen como producto de un sometimiento a un interrogatorio, y tampoco ha sido compelido con el fin de lograr su confesión, conforme tutelan las mandas constitucionales que proscriben la autoincriminación forzada.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de declarar del imputado.
En efecto, la Defensa se agravia al entender que la decisión de negarle la declaración de su pupilo en los términos del artículo 167 del Código Procesal Penal de la Ciudad, coarta directamente el derecho de defensa.
Así las cosas, si bien es cierto que las excepciones deben ser tratadas en audiencia (art. 197 del CPPCABA), no lo es menos que en el caso de autos, la Magistrada de grado dispuso prescindir de la misma, lo cual fuera notificado y consentido por las partes.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de declarar del imputado.
En efecto, la Defensa se agravia al entender que la decisión de negarle la declaración de su pupilo en los términos del artículo 167 del Código Procesal Penal de la Ciudad, coarta directamente el derecho de defensa.
Así las cosas, no se advierte cuál sería el objeto -además de la mera observancia de la norma- de retrotraer el estadio del legajo a una etapa anterior; "máxime" si se tiene en cuenta que, en definitiva, en el caso se ha respetado el derecho a ser oído de la Defensa pues en el escrito recursivo pudo desarrollar su postura.
Asimismo, el imputado ha tenido oportunidad de ser escuchado y de brindar su descargo en la audiencia prevista por el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad, así como la posibilidad de oponerse a la decisión de la "A-quo" de prescindir de la audiencia en cuestión.
Por tanto, la pretensión de la recurrente de fijar audiencia deviene innecesaria, y atenta contra la celeridad y economía procesal, pilares fundamentales en los que se asienta el Código de forma local.