El extraordinario detalle y rigor formal requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo para las notificaciones se justifica por dos razones: por una parte porque la intervención en un procedimiento administrativo no requiere asistencia de letrado; por otra, porque en el tráfico administrativo los plazos de impugnación son extremadamente fugaces. Todo ello exige un especial cuidado, a fin de evitar que se pierdan derechos materiales por razones puramente adjetivas.

Con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante los organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos o intereses. Es decir que no se pueda producir al ciudadano una situación de inferioridad o indefensión.

Con relación a la notificación de los actos administrativos, si bien el interesado puede llegar a conocer el contenido de la resolución, pero no está obligado a saber qué recursos proceden contra ella, o si agota las instancias administrativas. En tanto no se le indiquen tales circunstancias, no puede correr en su perjuicio plazo alguno de impugnación, así como tampoco plazos de caducidad. (doctrina de "Mendez", cit)
El carácter estrictamente formal de la notificación comporta una consecuencia capital: una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, de lo cual se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación demora el comienzo de la eficacia del acto (art. 11 LPA).

En el caso, corresponde rechazar el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba producida.
En efecto, es indudable que tanto el Tribunal de juicio como las partes han demostrado durante el transcurso del debate que pese a la oralidad propia de éste, continúan aferrados al “expediente”.
Si los hechos estuvieran juzgados por un jurado, tal como lo manda la Constitución Nacional, sus integrantes no hubiesen podido acceder al contenido de todos estos “papeles”.
Sin embargo, la cultura formalista ha llevado a que el “papel” reemplace la oralidad, y que esto sea considerado válido.
No hay dudas que las partes aceptaron la incorporación por lectura “sin lectura” de los testimonios de los testigos de actuacion por una cuestión de facilismo, olvidando que la “prueba no habla por sí sola”.
Pero la ausencia de cuestionamiento de tal extremo por parte de la Defensa y las constancias fílmicas impiden declarar la falta de prueba para la condena.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó la nulidad de la detención del encausado.
En efecto, la nulidad resulta una medida extrema y excepcional, que jamás podría ser declarada en sólo beneficio de la ley, sino únicamente cuando exista un perjuicio efectivo o una lesión constitucional verificada en el caso concreto; de lo contrario, tal pronunciamiento devendría un excesivo rigorismo formal.
Conforme el acta de detención y de la declaración de testigos de dicho acto, se advierte que el imputado fue detenido en el interior de una dependencia policial en el momento en que la presunta víctima se encontraba esperando para realizar una denuncia por amenazas contra el referido en la Comisaría. La detención que cesó en menos de 24 horas, no produciría efectos en la continuación del proceso.
El objeto del proceso no es el hecho ocurrido en la Comisaría por el cual el encausado fuera detenido, sino aquel que motivó a la presunta víctima a presentarse en la dicha dependencia —las presuntas amenazas recibidas mediante una llamada telefónica—; por lo que la declaración de nulidad de lo actuado, por la aplicación de la regla de exclusión y de la teoría del árbol del fruto envenenado no afectaría en absoluto la continuación de la pesquisa.
La denuncia por amenazas -que diera inicio a esta causa- no es una consecuencia del acto que la Defensa pretende se declare su nulidad, siendo ésta una vía o canal independiente de investigación que permitiría perfectamente llegar al mismo estado actual del proceso.
Ello así, hacer lugar al planteo de la defensa sería declarar “la nulidad por la nulidad misma” sobre una detención que ya ha cesado en sus efectos y que no tiene consecuencias ulteriores para la continuación del proceso o para los derechos del imputado; al menos, el apelante no ha explicitado los efectos jurídicos del agravio invocado y su pretensión al respecto. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Franza)

En el caso, corresponde admitir formalmente el recurso presentado en forma "in pauperis" por el condenado contra la resolución de grado que rechazó su pedido de incorporación al régimen de libertad asistida.
En efecto, si bien el recurso bajo estudio resulta ser de aquellos que requieren fundamentación autónoma, lo cierto es que el estado de detención en el que se encuentra el recurrente, amerita que se prescinda de ciertos aspectos formales para no incurrir en un excesivo rigorismo.
En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “…los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley y es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda…” (CSJN, causa nº 34/2002, “Olariaga, Marcelo s/ robo calificado”, 11/04/06).
Sentado ello, entendemos que desde una óptica estrictamente formal, el recurso presentado por el condenado cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la ley procesal. Efectivamente, ha sido interpuesto por escrito, en plazo legal y contra un auto declarado expresamente recurrible (arts. 279, 309 y concordantes del CPPCABA).