No basta, para configurar el efecto revocatorio de la sentencia, la sola enunciación del supuesto agravio, pues la desactivación de un acto jurisdiccional válidamente dictado requiere de parte de quien la solicita un abono jurídico-expositivo que permita al tribunal de Alzada evaluar con seriedad las pautas de derecho que el presentante considera equivocadas en relación con las constancias de la causa. Lo contrario implicaría la recepción del solo desacuerdo como causal del recurso en trámite, lo que inmotivadamente tornaría revisable cualquier decisión adoptada por el órgano, amén de quedar configurado por exposición pretoriana un presupuesto recursivo que la ley no prevé ni puede extraerse echando mano de la actividad hermenéutica más esforzada.

Para que opere una nulidad de las previstas artículo 167 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria- deben surgir elementos que acrediten la conculcación de alguna garantía constitucional. Ello así, la falta de un agravio concreto en este aspecto torna inviable sanción nulificante.
En ese orden de ideas se ha resuelto que si no se han indicado concretamente las alegaciones que el procesado se hubiese visto privado de ejercer si los actos no exhibiesen el presunto defecto que motiva el cuestionamiento, no se ha asumido la carga de demostrar cuál sería la afectación a la garantía de defensa invocada, ni se advierte la utilidad de la invalidación pretendida (Fallos 287:230; 297:291; 300:353; 301:969; 302:179; 303:359; 305:1140; 306:149; 307:1141, entre otros).

Corresponde declarar mal concedida la apelación subsidiariamente interpuesta (arg. art. 219 CCAyT) contra el decisorio que ordenó poner en conocimiento del Colegio Público,de Abogados la conducta del mandatario de la Ciudad, toda vez que tal comunicación no produce agravio alguno a la parte, sólo se limita a informar lo acaecido en estos autos a los fines que dicho órgano estime, y nada decide al respecto.

No basta, para configurar el efecto revocatorio de la sentencia, la sola enunciación por parte del recurrente del supuesto agravio, pues la desactivación de un acto jurisdiccional válidamente dictado requiere de parte de quien la solicita un abono jurídico-expositivo que permita al tribunal de Alzada evaluar con seriedad las pautas de derecho que el presentante considera equivocadas en relación con las constancias de la causa. Lo contrario implicaría la recepción del solo desacuerdo como causal del recurso en trámite, lo que inmotivadamente tornaría revisable cualquier decisión adoptada por el órgano, amén de quedar configurado por exposición pretoriana un presupuesto recursivo que la ley no prevé ni puede extraerse echando mano de la actividad hermenéutica más esforzada.