En el caso, si bien es cierto que las actas de infracción fueron diligenciadas a un domicilio distinto del que denunció la supuesta infractora, no por ello carecen de efecto, cuando, en rigor de verdad, el funcionario cumplió con su tarea, que es detectar la falta y denunciarla mediante el labrado del acta de conformidad con las normativa vigente, lo que les otorga un valor probatorio absoluto (conf.artículo 5º Ley Nº 1.217))
La falta de notificación del acta de infracción no provoca ningún perjuicio al infractor, toda vez que el artículo 22 de la Ley Nº 1217 le reconoce una nueva posibilidad de ejercer el derecho que le fue privado, esto es, de optar por el pago voluntario, cuando demuestra imposibilidad o justa causa en relación a su anterior incomparecencia.
Ello se trata de una excepción al principio general del artículo 22 de la ley citada que dispone que el pago voluntario se efectúe previo a la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio incoado por la Defensa.
En efecto, no acredita la Defensa el perjuicio que le ocasiona a su ahijado procesal el requerimiento recurrido. Sólo se limita a realizar formulaciones doctrinarias sin encontrar fundamento concreto en el caso, más allá de la condición de que aquel se encuentre sujeto al proceso hasta la realización de la correspondiente audiencia de debate.
De hecho, la Defensa no se ha visto impedida del ejercicio de su derecho de defensa, puesto que, además de pretender la nulidad tratada, ha ofrecido prueba y ha formulado oposiciones a la ofrecida por el titular de la acción.
En este sentido, debe recordarse que en definitiva el/ la juez/a que dirigirá el debate y dictará sentencia será libre en la valoración y selección de la prueba que ha de fundar su convencimiento y la determinación de los hechos que con ella se demuestre, puesto que el valor de aquélla no está fijado ni predeterminado, correspondiendo a su propia apreciación evaluarla; por lo que el rechazo de la nulidad planteada no se traduce como una afectación grave para el justiciable que no sea pasible de enmienda ulterior, que importe una frustración a la protección de los derechos constitucionales invocados.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad incoado por la Defensa respecto de las actas de mediación obrantes en la causa.
En efecto, no se advierte en el planteo de nulidad efectuado por la Defensa que la frustrada negociación haya perjudicado de manera alguna a esa parte.
Ello así, lo que se observa es la invocación de un perjuicio abstracto y carente de sustento y cuya única consecuencia ha sido la continuación de la investigación por sus cauces normales.
Asimismo, mas allá de los debates jurídicos que se han desarrollado en relación al instituto y las posturas divergentes acerca de su validez constitucional, lo cierto es que la negociación no arribó a buen puerto. Sin embargo, nada impide en un eventual nuevo intento para solucionar el problema de manera alternativa, que se invite a participar al Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a lo previsto por el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad interpuesto por la Defensa, el que se funda en la falta de formalidad en las declaraciones testimoniales tomadas en la sede de la Fiscalía, que las privan de efectos, y que no es suficiente, como sostiene el Magistrado de grado, que la Secretaria haya asentado que el Fiscal se encontraba presente al momento en que se celebraba el acto, pues no sólo no ha rubricado el acta, sino que no se sabe quien es porque no se lo ha mencionado.
En efecto, sostener que las constancias que dan cuenta de las declaraciones testimoniales tomadas en la Sede de la Fiscalía deban respetar las formalidades de las actas testimoniales cuando no son más que meras entrevistas con los testigos en los términos del artículo 120 Código Procesal Penal de la Ciudad (esto es, evidencia en la que posiblemente el Sr. Fiscal apoye su teoría del caso, y de la que el Sr. Defensor puede anoticiarse en cualquier momento con la simple compulsa del legajo), significa seguir con las ataduras al viejo expediente escrito y formalizado.
Ello así, durante todo este período preliminar la Defensa tiene la facultad de exigir del acusador público la compulsa del legajo con el fin de examinar la investigación y armar, junto a su propia evidencia, la teoría del caso que mejor le siente a su defendido ante la eventualidad de que un juicio sea requerido; por lo que no se trata de un favor que le hace la Fiscalía a la Defensa sino de la obligación que aquélla tiene para con el resto de las partes de facilitarles el legajo durante toda la etapa de investigación; tal como lo dispone el artículo 102 Código Procesal Penal de la Ciudad, en el sentido del carácter público de las actuaciones para las partes, quienes podrán examinarlas libremente en cualquier momento, salvo el supuesto de secreto por motivos de seguridad. Asimismo, el Defensor podrá, en su caso, solicitar la extracción de fotocopias del legajo de investigación, sin necesidad de presentarse personalmente en la sede de la Fiscalía.
A mayor abundamiento, el artículo 206 del mentado Código establece expresamente que el Fiscal no podrá ocultar a la defensa la existencia de prueba en contra o a favor del imputado, motivo por el cual no deberá existir temor alguno de su parte.

En el caso, corresponde revocar la resolución de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 45, último párrafo del Código Contravencional, debiendo el Magistrado de grado cumplir con la comunicación dispuesta en esa norma.
En efecto, del texto legal impugnado surge con claridad que la función del órgano jurisdiccional se limita, en este caso, a la notificación de la conclusión del proceso y de ninguna manera es éste el que determina la aplicación directa de una sanción administrativa, como sostiene el recurrente. Como consecuencia de ello, se hace evidente también que esta norma no puede entrar en contradicción con derecho ni principio constitucional alguno del presunto contraventor, ya que su ejecución (la notificación) no importa por sí una restricción de su esfera jurídica. En cambio, sí podrá ser el eventual comportamiento posterior de la unidad de control de faltas que recibe la comunicación (art. 11.1.3, Anexo I, Ley 2148) el que tenga capacidad para lesionar ese ámbito de derechos. Sin embargo, y más allá de que la redacción legal sea ciertamente deficitaria, debe notarse que la ilegitimidad de la actuación administrativa no debe presumirse, y tampoco se sigue necesariamente del texto normativo. En caso de tener lugar, de cualquier manera, el interesado podrá recurrir a las vías de revisión pertinentes, sin que este potencial conflicto pueda ser resuelto preventivamente del modo escogido por el Magistrado.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad de todo lo actuado y apartamiento de la Magistrada de grado opuesto por la Defensa, quien entiende que la Sra. Jueza "a quo" se alejó del trámite establecido en los artículos 195 y concordantes de la Ley Nº 2303.
En efecto, hemos afirmado que en razón de que la Ley Nº 12 no prevé el mecanismo específico para articular excepciones, corresponde aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal, conforme el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional y artículos 195 subsiguientes del Código Procesal Penal de la Ciudad (Causa nº 58690-00-09 carat. “Felman, Germán s/ inf. art. 82 CC – Apelación, rta. el 20-10-11; nº 10804-00-00/2011, carat. “Núñez Huaman, Carlos Alberto s/infr. art. 83,CC”, rta. el 24-10-11, entre otras).
Sin embargo, la Jueza de grado se apartó de esas normas y resolvió sin llevar a cabo la audiencia prevista por el artículo 197 de la Ley Nº 2303. Pese a ello, invalidar el pronunciamiento por inobservancia de la ley procesal aplicable importaría tanto como decretar la nulidad por la nulidad misma, pues no se ha afectado el derecho de ser oído y el derecho de defensa en juicio de las partes, ya que tanto la Defensa como el Ministerio Público Fiscal volcaron en sus respectivas presentaciones los motivos por los cuales debería por un lado, hacerse lugar a las excepciones interpuestas y por otro, diferir su tratamiento para el momento del debate.

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Sra. Jueza "A-Quo" en cuanto no hace lugar a la solicitud de nulidad del acta contravencional y de todo lo actuado en consecuencia.
En efecto, en ocasión de labrarse el acta contravencional por presunta infracción al artículo 111 de la Ley Nº 1472, el contraventor fue trasladado a un centro asistencial de inmediato, lo que impidió en ese momento una completa identificación, como así también anoticiarlo de sus derechos, cumpliéndose con ello en la sede de la Fiscalía y una vez que egresó del nosocomio donde permaneció internado.
Ello así, alega el recurrente que la Magistrada partió de una interpretación errónea de las reglas que rigen el procedimiento contravencional. Por consiguiente, la omisión de verificar los requisitos establecidos en el artículo 36 inciso 4º de la Ley Nº 12 culminó con el desacertado rechazo de nulidad del acta de procedimiento que diera inicio a las presentes actuaciones.
No obstante ello, cabe destacar que la mencionada norma sólo incluye como requisito que los preventores en circunstancias de comprobar “prima facie” la posible comisión de una infracción al Código Contravencional deben proceder a recabar los "datos identificatorios conocidos" en ese momento del presunto infractor, tal como interpretó la Magistrada de la anterior instancia, por lo que se impone confirmar el rechazo de la nulidad pretendida.
Asimismo, de la lectura del escrito de apelación no se desprende en qué consistiría concretamente la lesión invocada, destacándose que la Magistrada dio acabada respuesta a las críticas de la Defensa, habiendo expuesto fundadamente las razones por las cuales entendió que correspondía rechazar el planteo propuesto; por lo que coincidimos en un todo con la decisión recurrida, pues por un lado, la norma aplicable en la materia –art. 36, Ley 12– ha sido observada por la funcionaria policial actuante y por otro, aquélla no establece como condición para su validez el cumplimiento de formalidades exigidas por el apelante.
Es por ello que, verificándose los restantes requisitos enumerados en la norma mencionada, no se advierte la existencia de un motivo invalidante del acta de procedimiento que diera inicio a las presentes actuaciones.

En el caso, corresponde revocar la resolución de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 45, último párrafo del Código Contravencional.
En efecto, la función del órgano jurisdiccional se limita, en este caso, a la notificación de la conclusión del proceso y, de ninguna manera, es éste el que determina la sanción administrativa a aplicar. Como consecuencia de ello, se hace evidente también que esta norma no puede entrar en contradicción con derecho constitucional alguno del presunto contraventor, ya que su ejecución (la notificación) no importa por sí una restricción de su esfera jurídica.
En cambio, sí será el eventual comportamiento posterior de la Unidad de Control de Faltas que recibe la comunicación (art. 11.1.3, Anexo I, Ley 2148) el que tenga capacidad para lesionar ese ámbito de derechos. En este supuesto, sin embargo, el interesado podrá recurrir a las vías de revisión pertinentes, sin que este potencial conflicto pueda ser resuelto preventivamente del modo escogido por la magistrada.
Pero, en cualquier caso, y más allá de que la redacción legal sea ciertamente deficitaria, debe notarse que una actuación administrativa en tal sentido ilegítima no se sigue necesariamente del texto normativo puesto que se traduciría en un control abstracto de constitucionalidad y, por ello, su compatibilidad con las normas fundamentales puede salvaguardarse mediante una interpretación adecuada.

En el caso, corresponde revocar la resolución de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 45, último párrafo del Código Contravencional.
En efecto, la resolución de grado no sólo ha sido adoptada de modo prematuro, sino que, además, es sustancialmente errónea, por un lado, dado que la notificación que la norma impone – artículo 45 C.C.- de ninguna manera puede provocar por sí misma agravio constitucional alguno y, por otro, debido a que el procedimiento posterior a que alude (a desarrollar luego por la administración y ya por ello insusceptible de ser cuestionado en este proceso en forma preventiva y oficiosa por parte de la jueza) admite una interpretación acorde con disposiciones de jerarquía superior.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la nulidad de requerimiento de juicio por falta de fundamentación .
En efecto, el requerimiento de juicio se ajusta a derecho pues cumple con las exigencias del artículo 44 de la Ley N° 12.
Fue individualizada la persona contra la cual se dirige la imputación, descripto en forma clara y precisa el hecho que se le atribuye y calificado legalmente; expuesta la prueba en que se funda para efectuar la imputación, ofrecida la prueba a producirse en la audiencia de debate y solicitada la pena que considera adecuada aplicar al imputado en autos.
Ello así y toda vez que en el recurso no se demuestra cuál ha de ser el perjuicio concreto que las circunstancias que denuncia irrogan, corresponde confirmar la resolución en crisis.
(Del voto en disidencia de la Dra. Manes)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la declaración de incompetencia.
En efecto, la Defensa se agravia por entender que esta Justicia no es competente para analizar uno de los sucesos endilgados a su pupilo, subsumido en el delito de estafa (art. 172 CP), por lo que solicita la incompetencia.
Al respecto, consideramos que la declaración de incompetencia resulta prematura, ello así toda vez que si bien de las declaraciones de los moradores se desprendería que aquellos habrían abonado una suma de dinero al imputado por el alquiler del lugar en el que residían, en virtud de que creían que el nombrado era dueño del inmueble, lo cierto es que por el momento no se vislumbra la existencia de un perjuicio patrimonial para los presuntos locatarios, pues habrían habitado el inmueble de marras incluso por un lapso mayor al que habrían abonado.
Asimismo, cabe agregar que no se realizó ninguna otra diligencia a fin de avanzar en la investigación del suceso por el cual se amplió el decreto de determinación de los hechos, como para poder establecer con mayor precisión cómo sería la maniobra de defraudación desplegada por el acusado.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las declaraciones de incompetencia deben hallarse precedidas de la investigación necesaria para encuadrar el caso, “prima facie”, en alguna figura determinada, pues solo en orden a un delito concreto es que cabe pronunciarse respecto del Juez a quien compete investigarlo (CSJN, “Gauna, Rosa Isabel s/malversación”, rta. 7/2/95, 318:53).

En el caso, corresponde revocar la resolución que declaró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por falta de evacuación de citas.
En efecto, del juego de los artículos 97 y 168 del Código de Procedimiento Penal se desprende que si bien la defensa puede proponer medidas, le corresponde al Fiscal practicar las diligencias propuestas “cuando las considere pertinentes y útiles para los fines de la investigación preparatoria o cuando sean actos que no puedan producirse en el debate”
Dicha facultad no impide que en el ejercicio de la defensa se propongan todas las medidas que puedan favorecer al imputado; en el caso, el Defensor Oficial ha ofrecido prueba para ser producida en el debate, por lo que no se advierte perjuicio alguno.
Ello así, el hecho que la defensa no comparta los argumentos brindados por la Fiscalía será una cuestión a desarrollarse, y eventualmente probarse, durante el transcurso del debate oral y público.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la extinción de la acción penal de uno de los hechos investigados.
En efecto, respecto del agravio planteado en virtud de la participación Fiscal, sin perjuicio de que no estuviera prevista en la norma el artículo 64 del Código Penal la vista corrida al Ministerio Público Fiscal, ello no causa un perjuicio al acusado toda vez que esa intervención no significó más que el control de aquél de un acto como garante de la legalidad del proceso conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó la nulidad de la notificación telefónica del rechazo del segundo pedido de prórroga solicitada para ofrecer prueba en los términos del artículo 209 del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad.
En efecto, con respecto a la nulidad de la notificación de dicho decisorio mediante conducto telefónico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en el sentido de que “la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no se procede su declaración el solo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos: 295:961; 298:312; entre otros), ya que resulta inaceptable la declaración de la nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554)” .
El planteo de la recurrente parece susceptible de ser encuadrado en este supuesto, en tanto no se advierte cuál es el perjuicio que le genera a la parte esa modalidad de notificación, que en cualquier otra circunstancia la hubiera – incluso– beneficiado. Ello, por cuanto la extensión del plazo para presentar las pruebas de descargo, prácticamente había expirado al momento en que decidió solicitar una nueva prórroga, lo que no hubiera sucedido de haber hecho saber con anterioridad que no podía entablar comunicación con el imputado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó la nulidad de la notificación telefónica del rechazo del segundo pedido de prórroga solicitada para ofrecer prueba en los términos del artículo 209 del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad.
En efecto, el artículo 54 del Código Procesal Penal de la Ciudad que determina la modalidad de las notificaciones, citaciones y emplazamientos establece que: “…se harán personalmente, por cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través de citación, policial o por cualquier otro medio fehaciente”.
Ello así, ninguna duda cabe que la comunicación telefónica efectuada, cuya constancia obra en autos, constituye notificación fehaciente en los términos mencionados, máxime teniendo en cuenta que de la constancia surge que el llamado fue recibido por la propia defensora y que como consecuencia de ello pudo interponer el correspondiente recurso, de modo que no se observa cuál es perjuicio que pudo ocasionarle la modalidad de la notificación escogida por el Magistrado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución recurrida en cuanto rechaza el planteo de nulidad incoado por la Defensa.
En efecto, si bien el Fiscal ha establecido, en referencia a uno de los hechos investigados, como fecha del hecho el ocurrido entre un intervalo de tiempo, no es posible afirmar sin más que ello haya vulnerado el derecho de defensa y que le impida al recurrente ejercer debidamente su estrategia, cuando de la lectura de la pieza procesal en cuestión surge que el titular de la acción ha relatado con precisión todas las restantes circunstancias.
La falta de especificación de un día exacto se funda en que la víctima no recordaba la fecha precisa, aunque si el período, en que sucedió, lo cual por sí solo no podría impedir su investigación.
Ello así, no resulta suficiente, la mera mención de la violación al derecho de defensa, para sustentar la invalidez de un acto procesal, sino que es necesaria la demostración del perjuicio efectivo que la alegada falta de precisión en la determinación le habría causado, lo
que no surge de los argumentos expuestos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó el planteo de nulidad de la declaración de incompetencia.
En efecto, el recurrente se agravia al entender que la falta de celebración de la audiencia prescripta por el artículo 197 del Código Procesal Penal y la falta de traslado del planteo incoado por la Fiscalía le impidió expedirse la Defensa respecto de tal planteo.
La ausencia del traslado y la falta de celebración de la audiencia referida no le ha ocasionado perjuicio a la defensa, de forma tal que decretar la nulidad importaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Ello así, no existe vicio o defecto formal que afecte el proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el pedido de nulidad del acta de intimación y de todo lo actuado en consecuencia.
En efecto, la Defensa alega que se formuló imputación por un hecho ocurrido en una fecha cuanto en realidad habia acaecido el dia anterior y que ello le impidió desarrollar una defensa eficaz.
Sin embargo, se advierte que el imputado fue detenido inmediatamente después del hecho, recuperando su libertad desde la seccional preventora y que la Defensoría tomo intervención al día siguiente lo que permite concluir que el error material introducido en las piezas procesales cuestionadas, no pudo afectar el derecho de defensa, ya que tanto el imputado como su Defensa, conocían a ciencia cierta la fecha en que había ocurrido el hecho en cuestión.
Ello así no se vislumbra que el defecto formal haya impedido que el imputado pudiera ejercer su derecho de defensa ni tampoco que medie un perjuicio efectivo que justifique el nacimiento del interés jurídico en el pronunciamiento de la nulidad.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que condenó a la sociedad infractora.
En efecto, si bien asistiría razón a la Defensa cuando afirma que el "a quo" ha modificado el trámite que correspondía en función del artículo 41 y concordantes de la Ley de Procedimiento de Faltas, lo cierto es que la parte no logra indicar cuál es el perjuicio que ello le habría irrogado en el caso concreto, más allá de referencias genéricas a afectación de garantías constitucionales cuya vulneración alega meramente en abstracto.
El Juez de grado, luego de correr vista a la Fiscalía en los términos del artículo 41 ya referido, en lugar de correr vista sucesiva a la Defensa, emitió directamente el proveído de prueba, convocando a dicha parte a formular su descargo y producir las pruebas pertinentes directamente en el juicio.
Es correcto entonces el planteo de la Defensa en cuanto a que no habría podido formular su descargo y “ofrecer” pruebas en forma previa al juicio; sin embargo, no indicó específicamente cuál sería el perjuicio que ello le habría irrogado, no explica cómo se habría afectado el derecho de defensa, no aclara qué medidas probatorias pretendía ofrecer de manera previa y no pudo hacerlo.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el planteo de nulidad de los informes de asistencia confeccionados por la Oficina de Violencia Doméstica incorporados al proceso.
En efecto, la Defensa solicitó que se declare la nulidad del informe interdisciplinario de riesgo efectuado por la Oficina de Violencia Doméstica y de los informes de asistencia, confeccionados por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, por entender que los mismos carecen absolutamente del más mínimo rigor científico y/o epistemológico y, además, carecen de logicidad en la medida que jamás se pudo arribar a lo que se concluye en base al científico análisis de los elementos aportados, así como también, correspondía su anulación por la falta de notificación al imputado en su derecho a participar.
Sin embargo, lo expuesto por la Defensa es una mera discrepancia con la evaluación realizada por los profesionales intervinientes que no acarrea la sanción pretendida. Asimismo, se debe hacer notar que lo alegado por esa parte en cuanto a la falta de notificación carece de asidero pues, más allá de tratarse de meros informes y no de una pericia, lo cierto es que no se ha indicado cuál sería el perjuicio concreto irreparable derivado de aquellos, requisito indispensable para la anulación de un acto.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado y hacer lugar a la excepción de atipicididad incoada por la Defensa particular por los hechos imputados encuadrados en la conducta prevista y reprimida en el artículo 6 de la Ley N° 24.769 (modificada por ley 26.735) de Régimen Penal Tributario y disponer el sobreseimiento de los encausados.
En efecto, se imputa al presidente y a la directora de la sociedad, no haber depositado dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo legal de ingreso, los tributos retenidos en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos ocasionando un perjuicio económico al erario público.
La recurrente alegó que el pago realizado tres días hábiles después del vencimiento del plazo se debió al error en que la hizo incurrir la propia Administración al intimarla al pago y darle un plazo diferente para efectuarlo, lo que descarta todo dolo por parte de los imputados ya que el pago fue efectuado dentro de los 15 días otorgados por la Administración en su intimación y, de todos modos, a pocos días de vencimiento del plazo legal establecido en el artículo 6 de la Ley N° 24.769 (modificada por ley 26.735) de Régimen Penal Tributario.
Ello así, en el delito investigado, la acción típica es la omisión de efectuar el depósito de un tributo, en este caso de un tributo local. Se trata de un delito doloso, en donde el autor se encuentra en una posición de garante respecto del dinero retenido.
Para que proceda la imputación, los actos deben haber sido realizados en incumplimiento del rol de un buen cuidador de intereses ajenos y en beneficio del autor o de un tercero.
Ello así, corresponde hacer lugar a la excepción planteada atento que no sólo no se observa el "grave perjuicio a la hacienda pública local" esgrimido por el Fiscal sino que a las vez, las explicaciones brindadas por los encausados referidas a la intimación cursada por la Administración permiten excluir el dolo exigido por la figura imputada.
En este sentido se ha afirmado que “la mera omisión de efectuar la retención no puede completar el tipo penal, porque ello violaría el principio constitucional de la prohibición de la prisión por deudas” (D’Alessio-Divito, Código Penal de la Nación comentado y anotado, Ed. La Ley, 2da edic actualizada y ampliada, 2010, tomo III, pág 1437).

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado y hacer lugar a la excepción de atipicididad incoada por la Defensa particular por los hechos imputados encuadrados en la conducta prevista y reprimida en el artículo 6 de la Ley N° 24.769 (modificada por ley 26.735) de Régimen Penal Tributario y disponer el sobreseimiento de los encausados.
En efecto, se imputa al presidente y a la directora de la sociedad, no haber depositado dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo legal de ingreso, los tributos retenidos en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos ocasionando un perjuicio económico al erario público.
Se ha afirmado, respecto del delito de omisión de ingresar los aportes de la seguridad social, cuya acción típica es similar al delito investigados en autos, que “si bien para incurrir en el delito del art. 9 de la ley 24.769 basta con que la omisión se haya mantenido por un lapso de diez días hábiles administrativos, el depósito de una parte de la retención efectuado a los dos días de transcurrido ese lapso y el pago del saldo restante en un lapso relativamente breve corroboran las explicaciones del imputado de haber obrado sin intención de retener los aportes” (CamNac en lo Penal Econ, sala A, Causa 49984, “Lo Primo SA”, rta. 5/05/03).
Ello así, No puede soslayarse que el pago, con sus intereses, fue realizado tan sólo tres días hábiles posteriores al plazo legal con anterioridad a la denuncia penal efectuada en su contra.
En esta misma línea se ha afirmado que “el depósito de la suma en poder del destinatario se produjo poco tiempo después y con antelación a la denuncia del hecho. Ello sumado a las explicaciones de los imputados …, permite descartar una actitud dolosa por parte de los imputados” (CamNac en lo Penal Econ, sala A, “Sorella, Nicolas s/inf. ley 24769”, Causa 48474, rta. 26/06/02).
Ello así, asiste razón a la Defensa pues la atipicidad de la conducta investigada aparece manifiesta, por lo que corresponde revocar la resolución en crisis.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad de la detención y requisa del encausado.
En efecto, el carácter restrictivo con el que ha sido regulada la nulidad en el Código Procesal Penal de la Ciudad impone que los actos procesales sólo pueden ser atacados en su validez cuando se pretendiere su utilización por las partes (artículo 71).
Sin perjuicio de la opinión sobre la urgencia de la requisa efectuada, no se advierte que dicho acto procesal haya tenido consecuencias en el proceso, ni que se lo haya empleado a ningún efecto en esta causa. Nada le fue secuestrado al imputado.
La requisa que le fuera practicada poco después del momento en que se denuncia que ocurrieron los hechos que originan la causa, y cuando se sospechaba que detentaba un arma de fuego, sólo puede ser interpretada en su favor y no en su contra.
La individualización del imputado ya había sido suministrada por la denunciante antes de su detención, dado que se trataba de su ex esposo y por entonces vecino, cuyas señas indiscutidamente conocía.
Ello así, la detención efectuada no es la que permitió individualizar al encausado, dado que se conocía su identidad, domicilio y demás datos personales con anterioridad a que se concretara su detención.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad del acta de comparecencia y, como consecuencia de ello, también del requerimiento de juicio.
La Jueza de grado declaró al nulidad del acta de comparecencia del encausado por no haberle sido informado de sus derechos como imputado y aplicó la regla de exclusión y la teoría del fruto del árbol envenado
Sin embargo, al momento de recibir la declaración del encausado no revestía la calidad de imputado.
Al recibirle declaración en sede Fiscal una vez recibidas las actuaciones de la Justicia Nacional, no se ha controvertido ninguna norma que indique expresamente la sanción de nulidad para este tipo de actos procesales.
Tampoco se advierten perjuicios para los derechos del declarante y no se observa que el contenido del acta de comparecencia cuya nulidad se ha declarado genere un perjuicio para los derechos y las garantías de las coimputadas en las presentes actuaciones.
Ello así, corresponde revocar la resolución de grado dejando sin efecto la regla de exclusión y con ello la teoría del fruto del árbol envenenado que es su consecuencia (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza).

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó la nulidad de la detención del encausado.
En efecto, la nulidad resulta una medida extrema y excepcional, que jamás podría ser declarada en sólo beneficio de la ley, sino únicamente cuando exista un perjuicio efectivo o una lesión constitucional verificada en el caso concreto; de lo contrario, tal pronunciamiento devendría un excesivo rigorismo formal.
Conforme el acta de detención y de la declaración de testigos de dicho acto, se advierte que el imputado fue detenido en el interior de una dependencia policial en el momento en que la presunta víctima se encontraba esperando para realizar una denuncia por amenazas contra el referido en la Comisaría. La detención que cesó en menos de 24 horas, no produciría efectos en la continuación del proceso.
El objeto del proceso no es el hecho ocurrido en la Comisaría por el cual el encausado fuera detenido, sino aquel que motivó a la presunta víctima a presentarse en la dicha dependencia —las presuntas amenazas recibidas mediante una llamada telefónica—; por lo que la declaración de nulidad de lo actuado, por la aplicación de la regla de exclusión y de la teoría del árbol del fruto envenenado no afectaría en absoluto la continuación de la pesquisa.
La denuncia por amenazas -que diera inicio a esta causa- no es una consecuencia del acto que la Defensa pretende se declare su nulidad, siendo ésta una vía o canal independiente de investigación que permitiría perfectamente llegar al mismo estado actual del proceso.
Ello así, hacer lugar al planteo de la defensa sería declarar “la nulidad por la nulidad misma” sobre una detención que ya ha cesado en sus efectos y que no tiene consecuencias ulteriores para la continuación del proceso o para los derechos del imputado; al menos, el apelante no ha explicitado los efectos jurídicos del agravio invocado y su pretensión al respecto. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Franza)

En el caso, corresponde determinar que la resolución cuestionada no es sentencia definivitva ni equiparable a tal en los términos del artículo 27 de la Ley Nº 402.
La Defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara que revocó la decisión de grado de hacer lugar a la extinción de la acción penal por prescripción.
En efecto, el pronunciamiento atacado —en cuanto dispuso revocar la resolución por la que se declaró la prescripción de la acción penal respecto del imputado -, no sólo no pone fin al proceso —pues precisamente se traduce en la continuación del trámite— sino que, además, reconoce la vigencia en la presente causa del instituto en cuestión en caso de que se constaten sus presupuestos de operatividad, condición que favorecerá, eventualmente, una futura articulación de esta misma causal extintiva.
Ello así, queda despejado todo perfil gravoso actual y ocluida su imposibilidad de ulterior subsanación, lo que obsta, consecuentemente, a la equiparación de la decisión embestida al rango de “sentencia definitiva”, como propugna el recurrente.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la nulidad de la audiencia de intimación del hecho interpuesta por la Defensa.
El artículo 161 del Código Procesal Penal prevé la "intimación del hecho",
momento en el que el titular de la acción penal pública debe notificar o informar de manera precisa el hecho objeto del proceso al imputado; por otra parte se establece, en el tercer párrafo del citado artículo, que el Fiscal le hará saber al encausado, además de lo previsto en el artículo 28 del Código Procesal Penal , el derecho de ser asistido por un abogado de su confianza o por un Defensor Oficial y de prestar declaración personalmente o por escrito cuantas veces quiera sobre los hechos imputados o de abstenerse de declarar sin que ello importe presunción en su contra.
Conforme lo manifestado, pueden distinguirse dos momentos diferentes: el primero, en el que se informa al imputado sobre sus derechos y el hecho que se le reprocha y, segundo, el de la declaración. El artículo 162 del Código Procesal Penal reafirma esta distinción.
A su vez el tercer párrafo del artículo 161 y el artículo 167, sin perjuicio del derecho de abstención reconocido en el artículo 163 -cuyo incumplimiento sí prevé expresamente la nulidad del acto-, reconoce la facultad del imputado de declarar personalmente y por escrito cuantas veces lo desee el imputado, siempre y cuando sea pertinente y no importe un procedimiento dilatorio o perturbador.
Puede notarse que el Código Procesal Penal distingue el conocimiento de la acusación por parte del imputado (que resulta obligatoria para la continuación del proceso) y la abstención o las manifestaciones que éste realizara sobre aquello por lo que se le intimó.
El ordenamiento procesal regula celosamente el eventual perjuicio que podrían causarle sus manifestaciones al imputado; a tal fin prevé formalidades y la presencia de un letrado Defensor para el caso de que el acusado se pronuncie sobre el hecho, evitando que, por coacción o desconocimiento, su propia actuación le cause un perjuicio (garantía reconocida con el aforismo "nemo tenetur se ipsum accusare").
Distinta es la situación si el imputado se abstiene de declarar; al ser reconocida esta facultad como un derecho (artículo 163 del Código Procesal Penal) su silencio no generará presunción en su contra ni tendrá efecto alguno sobre su situación procesal.
En el caso de autos, la Defensa no ha logrado demostrar una afectación al debido proceso o al derecho de defensa en juicio atento que el perjuicio sobre el que basa el recurso pudo haber sido reparado solicitando una entrevista al Fiscal para que el encausado exprese su versión de los hechos o bien pudo realizar la presentación por escrito de su declaración.
Ello así, no se advierte ningún perjuicio o afectación a garantía alguna al momento de la intimación del hecho (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza)

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la nulidad de la audiencia de intimación del hecho interpuesta por la Defensa.
a Defensa se agravia en relación a la delegación de la intimación del hecho en la
Secretaria de la Fiscalía en tanto la delegación no se encontraba fundada. Asimismo, señaló que quien llevó a cabo la audiencia de intimación (el prosecretario coadyuvante) resultó ser una persona distinta a quien se le había delegado.
Sin embargo, más allá del percance sufrido por la Secretaria de la Fiscalía, no se observa qué perjuicio produjo al imputado la presencia del Prosecretario Coadyuvante; tampoco cómo influyó en su situación procesal el hecho de que el Fiscal no haya manifestado "ex ante" qué obligaciones funcionales impostergables le impidieron estar presente en ese momento. (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la nulidad del requerimiento de juicio por falta de fundamentación sobre el monto punitivo.
En efecto, se agravió la Defensa por el rechazo de la nulidad del requerimiento de juicio formulado por la querella en cuanto a que la frase utilizada por la acusación privada al referir que "se castigue al responsable con el máximo legal", no resulta concreta a los efectos de evaluar cuál es la pretensión punitiva y las circunstancias tenidas en cuenta para justificar su pedido.
No toda vulneración de normas procesales es constitucionalmente relevante.
Cuando ella trae aparejadas consecuencias, que constituyen un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, sí adquiere, entonces, trascendencia; el sentido uniforme de la jurisprudencia en la materia es la interpretación restrictiva.
No es suficiente la mera infracción formal sino que, la indefensión, entendida constitucionalmente, debe producir el efecto material de indefensión (Tribunal Constitucional Español, 366/1993-13-12.).
Ello así, no se vislumbra la existencia de vicio alguno que pueda dar sustento a lo planteado por la Defensa del acusado.

En el caso, corresponde confirmar la resolución en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del procedimiento interpuesta por la Defensa.
El Defensor Oficial se agravia por considerar que se accedió al elemento secuestrado sin un verdadero y efectivo control de su parte, lo que implica una lesión real y concreta al derecho de defensa en juicio por haberse interrumpido la cadena de custodia.
Sin embargo, el impugnante no ha demostrado de qué forma la “alteración” alegada importó una violación a la cadena de custodia del arma que haya alterado su naturaleza, no es posible que únicamente en virtud de consideraciones meramente dogmáticas se arribe al dictado de una nulidad, sin que se haya señalado en qué forma el presunto incumplimiento por parte de la prevención causó un perjuicio que justifique la declaración de invalidez del procedimiento de autos.

En el caso, corresponde confirmar el rechazo al pedido de nulidad del requerimiento de juicio.
En efecto, la Defensa entiende que el requerimiento versó sobre dos hechos totalmente distintos y aislados entre sí lo cual podría haber alterado su estrategia y le habría impedido a los encausados solicitar beneficios o formas alternativas de resolución del proceso penal.
A diferencia de lo afirmado por la Defensa, los hechos endilgados se encontraban íntimamente relacionados, pues ambos habrían acaecido en el mismo contexto espacial y temporal, involucrando al mismo presunto damnificado y testigos del caso.
No se advierten cuáles serían los obstáculos para que la Defensa pudiera solicitar la aplicación de algún mecanismo alternativo con respecto a ambos imputados, pues no se comprende por qué razón la parte habría propiciado la realización del juicio para un imputado y la implementación de un mecanismo alternativo para el otro.
Ello así, no existiendo un perjuicio real y concreto producto del acto viciado, el planteo de nulidad no puede prosperar.

En el caso, corresponde confirmar el rechazo al pedido de nulidad del alegato Fiscal por haber leído un memorial escrito.
En efecto, la Defensa cuestionó que la Fiscal de grado haya leído su alegato de clausura. Entiende que la lectura no obedeció a la complejidad en la causa sino que fue una manera de “aventajar” a la contraria con la aceptación jurisdiccional en violación al principio de igualdad entre las partes que debe estar presente en todo momento procesal penal.
No obstante lo afirmado, la Defensa no ha indicado, ni tampoco se advierten, cuáles serían las ventajas que habría tenido la Fiscalía sobre dicha parte.
La Defensa y el Fiscal contaron con el mismo tiempo para preparar sus alegatos, a lo que cabe aunar que, desde de la óptica de la teoría argumental y la oratoria, la capacidad de convencimiento se reduce notablemente en una exposición escrita, en comparación con la oral, pues aquélla carece del dinamismo y la agilidad que caracterizan al discurso oral.

En el caso, corresponde rechazar por inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de grado que no convalidó el secuestro del dinero en poder del encausado en el marco de la investigación de la contravención consistente en cuidar coches sin autorización legal.
En efecto, la decisión jurisdiccional de no convalidar medidas cautelares como la dispuesta en estos actuados no ocasiona en principio ningún gravamen de imposible reparación ulterior (conf. causas n° 21814-01-CC/2012 “Incidente de apelación en autos Sturla, Miguel Ángel s/infr. art. 91 CC", ”, rta. el 17/08/12; y n° 18159-00-CC-16 “Echevarría, Damián Aníbal s/infr. art. 83 CC-apelación”, rta. el 15/12/16, ambas de los registros de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas).

En el caso, corresponde revocar la resolución que declaró la nulidad del requerimiento de juicio.
El Juez de grado dispuso la nulidad del requerimiento Fiscal atento que éste no solicitó la pena que consideraba adecuada.
Conforme lo expuesto por el Fiscal de Cámara, más allá de las formas en que fue plasmado el requerimiento de juicio, el Fiscal cumplió con los requisitos previstos en el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
En efecto, la acusación se ha formulado en forma precisa -atendiendo debidamente a las correspondientes circunstancias de tiempo, modo y lugar-, se ha realizado una subsunción típica de los hechos investigados en autos, y se ha brindado fundamento, consignando la prueba en la que sostiene la teoría acusatoria del caso.
En cuanto al pedido de pena, cabe señalar que la circunstancia de que la omisión señalada por la Defensa haya sido inmediatamente subsanada por el propio Fiscal importó que, en ocasión de recibir las vistas de los artículos 209 del Código Procesal Penal (Citación para juicio) y del artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Fijación de audiencia y ofrecimiento de prueba), la Defensa conoció de manera completa la posición del Ministerio Público Fiscal, y efectivamente contó con la posibilidad concreta de ejercer su derecho de defensa.
Ello así, no se advierte un perjuicio real para la Defensa, capaz de privar a la imputada de sus derechos constitucionales, y que amerite tachar de nulidad al requerimiento en cuestión.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió rechazar el planteo de nulidad de la audiencia del artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional de la Ciudad.
En efecto, la Defensa reiteró básicamente los argumentos dados en la primera instancia, sostiene que la Fiscal le imputó a su defendido un hecho distinto al que oportunamente se le pusiera en conocimiento en la audiencia del artículo 41 de la Ley de Procedimieto Contravencional. La diferencia radicaría en el año de la disposición de la clausura parcial que pesaba sobre el establecimiento en el cual se produjo la supuesta violación de la medida (art. 73 CC, CABA)
Ahora bien, el error material consistente en indicar en la audiencia del artículo 41 de la ley anteriormente citada, que la disposición de clausura sobre el local es de hace 5 años atras, cuando del examen de los distintos elementos probatorios surge su carácter involuntario, no alcanza para invalidar la pieza, "máxime" cuando las pruebas estuvieron en conocimiento del imputado y su defensa en todo momento.
En este sentido, debe recalcarse que en su libelo el presentante no ha manifestado concretamente el perjuicio sufrido por su pupilo (y con ello, tampoco se pudo expedir respecto de su irreparabilidad), limitándose a señalar genéricamente la lesión al derecho de defensa en juicio. Tal orfandad expositiva impide a este Tribunal la posibilidad de acoger favorablemente una pretensión de la relevancia de la incoada, pues, como también ha dicho la doctrina, “sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad (CJ San Juan, J.A., 1988-III, pág. 362). Si no media tal perjuicio, la invalidez del acto por nulidad queda descartada...” (D’ Albora, Francisco: Código Procesal Penal de la Nación. Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2003, pág. 293).
Por lo expuesto, corresponde homologar la decisión del juez de grado.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad formulado por el Fiscal contra la resolución de grado que absolvió a los encausados en tanto no se respetó el plazo de 24 horas para la lectura del veredicto luego de celebrado el debate conforme lo dispone el artículo 251 del Código Procesal Pena de la Ciudad.
En efecto, la Fiscalía no debió permitir que concluyera la audiencia de juicio sin ser citadas las partes al menos, a la lectura del veredicto (conforme artículo 244 penúltimo párrafo del Código Procesal Penal) dentro del término legal.
Si bien, la citación a concurrir el día indicado a tales fines que notificó el Tribunal y que consintió la Fiscalía y también la Defensa, ha sido manifiestamente extemporánea, en el caso, no se ha demostrado el perjuicio ocasionado por la demora, ni se ha alegado que la decisión haya sido adoptada sin inmediación o por alguien distinto del Juez competente y tampoco se han formulado agravios contra lo resuelto.

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la nulidad del procedimiento interpuesto por la Defensa.
En efecto el agravio de la Defensa no está referido a la conducta desplegada por el personal policial, en tanto no identificó a la persona que efectuó el llamado telefónico, sino a la deficiente actuación posterior del Ministerio Público Fiscal en cuanto no realizó una investigación tendiente a determinar de qué teléfono provino dicha llamada y de esa forma establecer quién fue el denunciante.
Ello así, en el "sub lite" la existencia de un llamado anónimo es un elemento probatorio que permite evaluar la legitimidad de la injerencia policial pero la falta de identificación de la persona que la realizó por inexistencia de investigación del acusador público no invalida la imputación
Asimismo, si bien la apelante alega que “…se ve claramente afectado el derecho de defensa en juicio al no poder ejercer un debido control del material probatorio que da inicio a las presentes actuaciones”, lo cierto es que no ha explicado cuál es el perjuicio concreto para sus posibilidades de defensa que le habría originado la ausencia de investigación por parte de la Fiscalía del número telefónico desde el cual provino la llamada alertando acerca de un pasajero que portaba un cuchillo. En este sentido, no existen discrepancias entre la versión que habría dado el denunciante anónimo en torno a la descripción de la vestimenta del sujeto, el tamaño del arma blanca, la ubicación del masculino en el vagón del tren, circunstancias estas que motivaron su posterior detención y requisa, culminando con el secuestro de un cuchillo, con respecto al hecho que luego se le imputó.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar los planteos de nulidad efectuados por la Defensa.
La Defensa postuló la nulidad absoluta de todo el proceso en el entendimiento de que “las irregularidades procedimentales obrantes en el legajo desde la denuncia vulneran el debido proceso penal y por añadidura la inviolabilidad de la defensa en juicio, afectándose de ese modo derechos y garantías constitucionales."
Entre las irregularidades mencionadas por la recurrente, corresponde destacar, que consideró que la declaración realizada por personal policial, era prejuiciosa e importaba una opinión sin fundamento técnico alguno ni antecedentes científicos acreditados, en torno a determinar la procedencia de los desechos cuyo vertido se imputa en la presente causa.
Sin embargo, la recurrente no logra fundamentar en ninguna de sus presentaciones el perjuicio concreto que estas circunstancias le provocaron a su asistido, en particular en relación al ejercicio del derecho de defensa.
Por otra parte, las sendas alegaciones efectuadas por la Defensa se presentan como una discusión relativa a la valoración de la prueba de los hechos investigados, actividad propia de la instancia del debate oral y público.
En consecuencia, los errores materiales y el pretendido exceso en las declaraciones del personal policial podrán incidir, eventualmente, en la valoración probatoria de los hechos en la referida etapa de juicio, pero no constituyen un motivo suficiente para decretar la nulidad del procedimiento.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar los planteos de nulidad efectuados por la Defensa.
La Defensa se agravia en razón de que el Juez de grado rechazó la nulidad del informe técnico, en el entendimiento de que tratándose de un peritaje que se pretende utilizar como prueba de cargo, debió ser controlado por la Defensa y, además, ser realizado con la participación de los imputados.
En este sentido, resulta determinante señalar que el examen técnico en cuestión no representa un acto irreproducible, por lo que, en todo caso, podrá reeditarse.
Por lo tanto, ello impide hablar de un perjuicio que obligue a declarar la nulidad de lo actuado.
Asimismo, la falta de contralor por parte de la Defensa y la ausencia de los imputados podría incidir, también eventualmente, en el peso probatorio de la medida y, en consecuencia, en el mérito de la acusación que oportunamente valorará el Magistrado de acuerdo a las reglas de la sana crítica en la audiencia de debate respectiva.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por la Magistrada de grado en cuanto dispuso declarar la nulidad del requerimiento de juicio.
En autos, los hechos que se le enrostran al imputado fueron encuadrados en la figura contravencional de intimidación -hecho “1”- y en la de ensuciar bienes privados -hechos “2”, “3” y “4” (artículos 52 y 80 del Código Contravencional y de Faltas), los que fueron perpetrados contra su hermana y contra la puerta de la vivienda de ésta, en distintos momentos de un mismo día.
La Jueza consideró que la imputación formulada por la Fiscal debe ser "clara, precisa y circunstanciada, donde debe establecerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la producción del acto disvalioso, de lo contrario el defensor y el imputado no sabe de qué se tiene que defender". Ello, pues referir en horas "de la mañana, la tarde o la noche" amplía demasiado el "espectro de producción del hecho".
Sin embargo, que la damnificada no haya podido señalar exactamente en qué horario el imputado le habría proferido la frase intimidatoria y el momento preciso en que le habría orinado la puerta de ingreso a su departamento no puede significar la vulneración automática del derecho de defensa de aquél ni la declaración de invalidez del requerimiento de juicio. Máxime, cuando han sido descriptas las circunstancias de modo, lugar y tiempo -en tanto se identificó una fecha y un momento del día determinado- que rodearon a los hechos bajo estudio, tal como exige el ordenamiento procesal.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el pedido de nulidad de todo lo actuado formulado por la Defensa.
En efecto, la Defensa indicó que la dilación en la notificación del decreto de determinación de los hechos, le negó a la acusada de contar con la declaración de un testigo que falleció antes de este acto.
Sin embargo, no se ha demostrado en el caso un perjuicio trascendente para la garantía de la defensa en juicio por el hecho de que la Fiscalía no le hubiera notificado el decreto o de que no hubiera citado al testigo de la Defensa, quien falleció.
Si existiera una norma que dispusiera la notificación del decreto de determinación de los hechos, el fin de protección de esta no sería evitar que el fallecimiento inesperado e imprevisible de las personas que presenciaron el suceso afecte la investigación.
Además, el gravamen no puede fundarse en la eventual declaración de un testigo en favor de la acusada, puesto que no se tiene certeza sobre cuál habría sido el contenido de la declaración ni sobre su utilidad para la teoría del caso de la defensa.
Ello así, conforme lo señalara la Juez de grado, no es posible fundar una nulidad en una conjetura acerca de lo que podría haber dicho determinada persona.

En el caso, corresponde confimar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad por falta de evacuación de citas.
La Defensa sostiene que la Fiscalía omitió dar curso a determinadas medidas de prueba, esto es, la remisión de ciertas causas en trámite en la Justicia Nacional en la que los denunciantes en autos también lo eran en ellas, y que acreditaría que la realización de denuncias por parte de los presuntos damnificados es un "modus operandi". En base a ello, la apelante entiende que la Fiscalía transgredió lo dispuesto por el artículo 168 del Código Procesal Penal de la Ciudad (evacuación de citas).
Ahora bien, en primer lugar corresponde remarcar que la falta de evacuación de citas pertinentes y útiles introducidas por el acusado, vulnera el deber legal prescripto por el artículo 168 del Código Procesal Penal local y el principio de objetividad que debe caracterizar el desempeño procesal del acusador público (artículo 5 del Código Procesal Penal local), sólo cuando éste no hace lugar a la producción de prueba que específicamente incide en la situación procesal de aquél.
Sin embargo, no se trata aquí de una omisión lisa y llana por parte de la Fiscalía de proceder a la evacuación de las citas. En efecto, se advierte que la Fiscal, al momento de efectuar el requerimiento de juicio que aquí se cuestiona, consideró que la hipótesis planteada por la Defensa en los descargos respectivos no tenía sustento, luego de contrastarla con la información contenida en los legajos ingresados en el sistema del Ministerio Público Fiscal.
Pero además, entendemos que tampoco la recurrente ha explicado con claridad de qué modo la documental ofrecida afecta la vinculación de los encartados con los hechos pesquisados. Distinto sería el supuesto en que los expedientes a los que alude pudieran dar cuenta, por ejemplo, de una situación de extrema conflictividad entre las partes que repercutiera directamente sobre la tipicidad de la conducta (art. 149 bis CP).
En este sentido, la procedencia de la vía recursiva en materia de pronunciamientos vinculados a planteos de nulidades impone, en cada caso en particular, la demostración no sólo del perjuicio que genera el vicio sino además de su carácter irreparable, extremos que no se verifican en autos.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la nulidad del acta contravencional que diera inicio a las actuaciones.
La Defensa solicitó que se declarase la nulidad del acta de comprobación toda vez que carecía de la firma del agente estatal.
Sin embargo, contrario a lo peticionado por el recurrente, para anular un acto procesal es necesaria la existencia de un perjuicio concreto derivado de aquél, que debe ser demostrado por quien lo alega.
Dicho esto, cabe hacer notar que, la impresión del acta digital efectivamente contiene la firma —digital— del personal interviniente, y su contenido coincide con la información asentada en el acta pre impresa que se cuestiona.
Por tanto, la nulidad articulada no puede prosperar.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio, por falta de evacuación de citas.
La Defensa se agravió en razón de que el Ministerio Público Fiscal habría omitido evacuar las citas introducidas por el imputado en ocasión de prestar declaración en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, donde efectuó su descargo y solicitó la producción de prueba testimonial.
Sin embargo, a tenor de las constancias del legajo se advierte que no se está en presencia aquí de un rechazo liso y llano por parte del Ministerio Público Fiscal a la evacuación de citas.
En efecto, en relación a uno de los testigos propuestos por la Defensa se hizo lugar a la misma, por lo que se fijó la fecha respectiva, poniéndose a cargo de la parte interesada la citación de la nombrada, pese a lo cual la testigo no compareció.
Asimismo, otro tanto ocurre con la deposición del otro testigo, hijo del imputado y de la denunciante, en razón de que, conforme refirieran las partes, la Fiscalía consideró que el mentado relato no era, por el momento, pertinente, teniéndose en cuenta que -incluso- éste podría alcanzar la mayoría de edad y ulteriormente brindar su relato, prescindiéndose de la realización de aquél bajo tal modalidad.
En consecuencia, se considera que no se ha explicado cuál es el perjuicio concreto para las posibilidades de defensa del imputado que le habría originado el temperamento fiscal en la oportunidad pretendida, con respecto a la alternativa de que se produzca la prueba en el ámbito del debate oral y público.
Asi las cosas, no se ha esgrimido ninguna razón concreta para sostener que la recepción o producción de aquella en la audiencia de debate constituya un demérito en el ejercicio de la defensa de los intereses del imputado, más allá de la sola circunstancia de comparecer al juicio.

La exigencia contenida en el artículo 168 del Código Procesal Penal, impone al Fiscal la obligación de investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a los que se hubiere referido el imputado en sus declaraciones o escritos de descargo.
En ese sentido, si bien aquélla debe ser interpretada en un sentido amplio que garantice un eficaz desarrollo de la defensa material del encausado que lo coloque en una situación de igualdad respecto de las posibilidades de producir prueba que ostenta el Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que encuentra su límite en el propio texto de la norma en cuanto ello debe desarrollarse respecto de aquellas diligencias que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio.
De esa forma, se advierte con claridad que la llamada “evacuación de citas” requiere de un acto de valoración -de quien tiene a su cargo la investigación-que permita establecer con la amplitud de criterio ya señalada si las diligencias propuestas responden a los parámetros que establece la normativa reseñada, con carácter previo a ordenar su producción.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que amplió las medidas de protección dispuestas e impuso la prohibición de acercamiento y de contacto al imputado, respecto de la denunciante, por el plazo de seis meses.
La Defensa sostuvo que el A-Quo fundó su resolución en los artículos 26 y 27 de la Ley N° 26.485 pero ha omitido la regulación dispuesta en el artículo 28 de la mencionada ley que dispone que el Juez debe fijar una audiencia dentro de las 48 horas de ordenadas las medidas, a la que deberá comparecer el imputado, bajo pena de nulidad.
Sin embargo, conforme surge de la resolución cuestionada, el Juez de grado dispuso la eventual celebración de la audiencia para el caso de que el imputado y su Defensa así lo consideren, por lo que no se observa la presencia de agravio al respecto, ni perjuicio alguno en lo decidido.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
La Defensa sustenta la tacha invalidante del requerimiento en que no se realizó la evacuación de citas solicitada por la Defensa.
El Magistrado de grado entendió que únicamente si se tratara de un testimonio dirimente para resolver el caso de modo anticipado se podrían haber argüido las violaciones del derecho de defensa en juicio y del debido proceso vinculado a no soportar el proceso penal. Asimismo, apuntó que la declaración de la testigo propuesta, sólo habría dado precisiones de contexto que no incidirían para que la causa llegara a su fin anticipadamente.
Así, señaló que si bien podría haber sido útil para desvirtuar el primer hecho atribuido -el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar-, éste no es el único que se investiga. Es decir, escuchar a la testigo no evitaría la realización del juicio por los demás sucesos.
Además, resulta relevante que el Juez haya decidido que se deberá recibir declaración durante el juicio a todos los testigos que fueron individualizados y ofrecidos por la Defensa, incluyendo a la que fue señalada en la solicitud de evacuación de citas.
Al respecto, la accionante no ha explicado cuál es el perjuicio concreto para las posibilidades de defensa del encausado que le habría originado la negativa del Fiscal a evacuar las citas en la oportunidad pretendida, con respecto a la alternativa de que se produzca la prueba en el ámbito del debate oral y público.
Por lo tanto, no ha esgrimido ninguna razón concreta para sostener que la recepción o producción de aquella prueba en la audiencia de debate puede constituir un demérito en el ejercicio de la tutela de los intereses de su asistido, más allá de la sola circunstancia de comparecer al juicio.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio.
La Defensa sustenta la tacha invalidante del requerimiento en que no se realizó la evacuación de citas solicitada por la Defensa.
La Fiscalía decidió no convocar a la testigo ofrecida, por no haberse hecho referencia a los aspectos sobre los cuales depondría. Además, argumentó que de acuerdo con el artículo 168 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal no está obligado a producir toda la prueba de descargo, sino sólo aquella que sea conducente para la resolución del caso.
En ese sentido, sobre el particular hemos sostenido que la manda legal contenida en el artículo 168 del Código Procesal Penal, en tanto impone al Fiscal la obligación de investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado en sus declaraciones o escritos de descargo, debe ser interpretada en un sentido amplio que garantice un eficaz desarrollo de la defensa material que lo coloque en una situación de igualdad respecto de las posibilidades de producir prueba que ostenta el Ministerio Público Fiscal. Empero, la obligación encuentra su límite en el propio texto de la norma en cuanto se refiere a aquellas diligencias "que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio."
Se advierte entonces con claridad que la llamada "evacuación de citas" requiere de un acto de valoración -en nuestro procedimiento, de quien tiene a su cargo la investigación- que permita establecer, con la amplitud de criterio ya señalada, si las diligencias propuestas responden a los parámetros que establece la normativa reseñada, con carácter previo a ordenar su producción.
Dentro de este marco, la justificación brindada por la Fiscalía y lo resuelto por el "A Quo" lucen razonables, pues la Defensa no fundamentó en qué sentido la declaración testimonial porpuesta podría haber incidido objetivamente en la situación procesal del imputado.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso declarar la nulidad de la denuncia que dio inicio a los presentes actuados en el que se investiga el delito establecido en el artículo 204 quinquies del Código Penal.
En efecto, tuvieron inicio las presentes actuaciones en virtud de un correo electrónico enviado a una repartición del Ministerio Público Fiscal, originado por una denuncia anónima recibida a través del sitio "www.fiscalías.gob.ar", en la cual se informaba que se estaba comercializando una marca de pastillas abortivas por medio de sistemas informáticos con entregas en diversos lugares del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así las cosas, el Juez de grado, en su dictamen, resolvió declarar la nulidad de la denuncia en base a dos ejes argumentales; el anonimato de la denuncia y la vaguedad e imprecisión de aquélla.
En cuanto al segundo en orden, se descarta de suyo, no sólo porque los hechos materia de denuncia se encuentran nítidamente delimitados, sino porque el argumento mismo se basa en señalamientos críticos realizados sobre la denuncia, sin atender al hecho de que el objeto de tales aseveraciones son los formularios preestablecidos de denuncia con que usualmente cuenta el Ministerio Público Fiscal.
Por otro lado, y en lo atinente a la denuncia anónima, resulta inaceptable el dictado de nulidades por la nulidad misma, como una suerte de homenaje a la letra de la norma procesal cuando en rigor a nadie se ha afectado.
En consecuencia, considero que las denuncias anónimas no implican, "per se", actos dignos de ser nulificados en forma inmediata, y que se requiere un acabado análisis de sus extremos. En particular, la presente investigación no presenta puntos de los que pueda deducirse un perjuicio efectivo, por lo menos en la incipiente etapa en que nos encontramos. Si a ello sumamos la gravedad de los hechos investigados, en cuanto se trataría de la circulación de medicamentos no autorizados por la autoridad nacional (ANMAT), surge la necesidad de que prosiga la investigación y, consecuentemente, mi decisión por revocar la declaración de nulidad dictada por el A-Quo. (Del voto en disidencia del Dr. Franza)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto condenó al encartado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2°, párr. 1°, CP).
La Defensa de Cámara señaló que se sumaría a la iniciativa fiscal en punto a que si las deficiencias señaladas por el A-Quo (cadena de custodia violada) eran de semejante magnitud -en perspectiva del MPF no lo era-, la resolución debió haber sido por la absolución del imputado.
Sin embargo, de la propia descripción de la vía argumental que derivó en la interposición de la nulidad por parte del apelante surge la falta de sustento para la declaración de una medida de semejante envergadura.
Y es que la Defensa únicamente ha deducido el presente planteo basándose en los señalamientos de los representantes del Ministerio Público Fiscal. En efecto, la argumentación de éstos últimos intentó sostener que si los jueces de primera instancia no declararon la nulidad de todo lo actuado, ello fue porque no estaban convencidos de los propios motivos por los que restaban entidad probatoria a las municiones secuestradas, es decir, que si los motivos para éste temperamento eran de ese calibre, entonces también debieron generar la anulación de todo el proceso, como correlación necesaria de la anulación del procedimiento que diera inicio a las actuaciones y de todo lo obrado en consecuencia.
Del desarrollo de la audiencia de debate no surge en modo alguno un cuestionamiento semejante al procedimiento, ni a la legitimidad de la detención, requisa y secuestro de los elementos, e incluso el perito de la Defensa ha reconocido que el arma por él peritada debe ser la misma que la secuestrada basándose en la individualización del elemento realizada en las actas correspondientes.
En efecto, si el instituto de las nulidades se limitara a indicar la falta de cumplimiento riguroso de la normativa sin la demostración de perjuicios concretos, tal como es el caso, estaríamos ante el mero rendimiento de homenajes al código de rito, temperamento que se colige con una exégesis normativa realizada con prescindencia absoluta de los principios que rigen la materia.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar a la excepción de incompetencia en razón del territorio planteada por la Defensa de quien se encuentra acusado de hostigamiento.
La Defensa consideró que se vulneró el derecho del imputado a ser oído porque no se realizó la audiencia prevista en el artículo 197 del Código Procesal Penal para resolver la excepción planteada.
Sin embargo, la Defensa no precisó cuál fue el modo concreto en que la omisión de realizar dicha audiencia habría incidido en la alegada afectación mientras que la Jueza de grado explicitó las razones que la llevaron a prescindir de la realización de la audiencia.
Ello así, corresponde rechazar la nulidad atento que no se observa que la no realización de la audiencia ocasionare al apelante un gravamen de imposible reparación.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la nulidad de la audiencia de intimación del hecho interpuesta por la Defensa.
El Defensor planteó la nulidad del acta que documenta la intimación del hecho al argumentar que, en virtud del artículo 28 inciso 4 del Código Procesal Penal, el imputado debió contar previamente con una entrevista confidencial con un Defensor técnico.
Sin embargo, al momento de la audiencia ante el Fiscal el encausado no produjo manifestación alguna sobre el hecho objeto del proceso; es por ello que se debe descartar que el encausado se hubiera perjudicado con sus dichos o que se haya cercenado su derecho de abstención a declarar (artículo 163 del Código Procesal Penal) y tampoco se observa que se haya restringido la facultad de brindar su versión de los hechos.
El ordenamiento procesal permite que el imputado por su propio impulso declare (incluso por escrito) cuantas veces quiera (artículos 161 y 166 del Código Procesal Penal).
Asimismo cabe destacar que el Fiscal notificó al encausado como a su Defensor para que se presente en al menos dos oportunidades.
Esto demuestra que no se le ha impedido a la Defensa efectuar su descargo y que la Defensa tampoco demostró la intención de efectuarlo.
Ello así, no se ha demostrado el perjuicio concreto que el acto cuestionado le ha causado a los derechos o garantías del imputado y de qué manera ello lo afectó en la continuación del proceso. El perjuicio sobre el cual la Defensa funda la pretendida nulidad de la intimación del hecho pudo haber sido reparado en cualquier momento por la propia parte con el sólo hecho de hacer uso del derecho del cual, a su juicio, se vio privado de ejercer.
A tal efecto la Defensa pudo solicitar una entrevista al Fiscal para que el imputado exprese su versión de los hechos o presentando la declaración por escrito. (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza)

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de excepción de atipicidad del hecho investigado.
La recurrente entiende que la conducta imputada es atípica a la luz del artículo 292 del Código Penal, pues el tipo penal requiere la posibilidad de causar un perjuicio.
Agrega que la doctrina pacíficamente sostiene que ese elemento del tipo objetivo exige que el instrumento sea utilizado.
Asimismo, refiere que tampoco encuadra en el artículo 296 del Código Penal ya que la defectuosa descripción del uso del documento impacta en el elemento del tipo, al describir una utilización del documento que no existió, por lo que se está señalando un perjuicio potencial falso o imposible.
Sin embargo, en la descripción de los hechos imputados se señala que los documentos apócrifos -tanto los contratos de cesión como las certificaciones actuariales-habrían sido presentados por el acusado en una causa judicial que se sigue contra la sociedad que integra por infracción a la Ley Nº 24.769 haciéndolos pasar como verdaderos.
Más allá que, según la Administración de Ingresos Públicos, los documentos en cuestión no fueron presentados ante ese organismo recaudador, lo cierto es que fueron llevados ante un Juzgado Nacional en lo Penal Económico para justificar la existencia de un crédito fiscal.
La intervención del encausado en los hechos surge de la declaración de quien fuera imputado ante la Justicia Nacional en su calidad de contador que habría entregado los documentos falsos para que el representante de la sociedad le entregue dinero a efectos de una supuesta compra de crédito fiscal.
Si bien esta circunstancia es negada por el imputado, la cuestión resulta de hecho y prueba por lo que la excepción planteada no es la vía idónea para demostrar la inexistencia del delito cuando como en el caso ésta no fuere manifiesta.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora, con el objeto de que se autorice el funcionamiento de las agencias de loterías que tuvieran sus locales en galerías, paseos comerciales y centros de compras durante el tiempo que se extienda la pandemia provocada por el COVID-19.
La actora fundó su reclamo en el principio de igualdad atento que la excepción prevista en el artículo 4° del Decreto N° 206/2020 era arbitraria porque colocaba a las agencias en una situación de absoluta desigualdad ya que aquellas que no tuvieran sus locales en galerías, paseos comerciales y centros de compras fueron autorizadas a trabajar, al tiempo que se impidió el ejercicio de la actividad a aquellas cuyas instalaciones se hallan en los espacios señalados.
Sin embargo, debido al cambio normativo producido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 576/2020, las agencias que no están situadas dentro de galerías, paseos comerciales y centros de compras también permanecen cerradas.
Ello así, tal como advierte el dictamen fiscal de Cámara, "... el debate relativo a la autorización para el ingreso de personal de agencias oficiales de lotería a los centros comerciales, al mero efecto de tomar apuestas de modo remoto, para colocarlos en un pie de igualdad con las otras agencias fuera de tales centros que sí lo venían realizando, ha perdido actualidad al no estar permitida la actividad en general, al menos hasta el 17 de julio inclusive, frente a las nuevas medidas adoptadas por la autoridad nacional que rigen en el ámbito de la Ciudad".
Nótese que, por el contrario, si se admitiera el recurso de la apelante y se accediera a lo peticionado, se vulneraría el derecho de igualdad de aquellas agencias que han quedado excluidas del frente actor y que, debido a la modificación normativa operada desde el 1/7/2020, han tenido que dejar de funcionar.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar a la solicitud de ser tenida como parte querellante efectuada por la peticionante, y estar al archivo dispuesto en las actuaciones.
En efecto, los dichos de la peticionante no resultan en modo alguno suficientes para fundar su legitimación como representante legal de quien sería la víctima en estas actuaciones, el perro de nombre Matheo, sin perjuicio de la afectación moral alegada por aquella y la comunidad que presuntamente representa.
La peticionante se agravia, por entender que el rechazo se basa en un rigorismo formal que lleva a la indefensión a los animales al no permitirle formar parte del proceso, aun cuando no surge en la presente la existencia de una ONG o asociación, para poder representarlos.
Sin embargo, cabe resaltar que la nombrada no figura como denunciante en ninguna de las presentaciones efectuadas en el marco de la presente, sino que su intervención recién inició cuando las actuaciones fueron archivadas al constatarse en el marco de la investigación penal preparatoria que el can cuyo maltrato se denunciaba había sido trasladado a la provincia de Santa Fe.
Pese a ello, en el marco de la audiencia celebrada la nombrada señaló que tenía interés legítimo en ser tenida como parte querellante en la causa, por ser abogada ambientalista y animalista y representar el interés de los animales refiriendo además que se sentía directamente afectada al haber tomado conocimiento de que el perro Matheo ha sido víctima de maltrato animal, pero, tal como señaló el Magistrado, no logró demostrar en modo alguno el perjuicio que justificaría su intervención como querella.

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que no hizo lugar a la solicitud de ser tenida como parte querellante efectuada por la peticionante, y estar al archivo dispuesto en las actuaciones.
El Juez sostuvo, en consonancia con lo dictaminado por el Fiscal, que los solitarios dichos de la pretensa querellante no resultaban suficientes para fundar su legitimación como representante legal del perro que sería la víctima en las presentes actuaciones. Destacó que en el marco de la audiencia llevada a cabo se le dió la oportunidad para que acercara documentación que acreditara su pertenencia a una ONG o asociación, lo que no ocurrió.
La peticionante se agravia, por entender que el rechazo se basa en un rigorismo formal que lleva a la indefensión a los animales al no permitirle formar parte del proceso.
Sin embargo, si bien en la audiencia sostuvo que era miembro de una ONG y era letrada de aquélla, no presentó documentación alguna para acreditar tal circunstancia, sin perjuicio de que lo haya hecho al momento de apelar.
Sumado a ello, cabe señalar que la presentación posterior, del estatuto de la ONG que la nombrada adjuntó en ocasión de apelar la decisión de primera instancia no subsana el hecho que no haya presentado la documentación cuando fue intimada, y menos aun cuando la protección de los animales no figura como uno de los objetivos de aquella al constituirse.
En virtud de lo expuesto, toda vez que los dichos de la pretensa querellante no logran demostrar su interés legítimo para participar de la causa, ya que no explicitan de modo alguno cual fue la afectación directa que el maltrato del animal le generó, sumado al hecho de que la presentación de la documentación que demostraría su pertenencia a una ONG fue extemporánea, corresponde confirmar la decisión del titular del Juzgado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que rechazó la demanda por los daños y perjuicios derivados del hostigamiento laboral alegado.
La actora cuestiona la sentencia de grado por mencionar el artículo 76 del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Resolución Nº58/2011 para hechos que ocurrieron con anterioridad al 2004.
Sin embargo, si bien es cierto que al analizar si se aplicaron sanciones injustas en perjuicio de la actora, la Jueza de grado hizo mención a la Resolución 58/2011, en nada obsta a la validez de la sentencia de grado en este punto.
En lo medular de su análisis la Jueza de grado realiza una sistematización de las normas que el régimen disciplinario y de sumarios aplicable a los dependientes del Estado (Decreto N°3360/1968, Decreto N°826/GCBA/2001, Ley N°471) y concluye que no obran elementos probatorios que permitan acreditar que consten o hayan constado antecedentes de sanciones en el legajo personal de la accionante y tampoco que el requerimiento de apercibimiento que derivó en el procedimiento administrativo que rechazó la aplicación de sanción a la agente pueda asimilarse a un acoso laboral, u hostigamiento directo hacia la accionante.
Ello así, no se advierte lesión o perjuicio alguno a la recurrente por la mención de la Resolución N° 58/2011 ya que, en rigor, no fue aplicada directamente para la resolución del planteo sobre la existencia de sanciones injustas en perjuicio de la actora.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor y confirmar la Resolución que dispuso su cesantía por incurrir en situaciones consideradas incompatibles con la Ley N° 471, como el deber de no ejercer coetáneamente con el empleo alguna actividad o profesión inconciliables con éste, que implicó una violación a las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a), c) y f) de la Ley N° 471 y a la prohibición expresamente establecida en el artículo 11, inciso a) de la ley citada.
El actor aduce que la sanción es desproporcionada, destacó su falta de antecedentes y que ni la Administración ni los particulares se vieron perjudicados por su accionar.
Sin embargo, no se está sancionando una conducta aislada sino que el agente incurrió en las prohibiciones del artículo 11 de la Ley N°471 de forma reiterada.
En tal contexto, la ausencia de antecedentes pierde relevancia en el análisis de la sanción a imponer.
Asimismo, en cuanto a la ausencia de perjuicio, cuadra aclarar que no se encuentra controvertido que los trámites fueron realizados durante el horario de trabajo del actor; este hecho, "per se", implica la existencia de un perjuicio a la Administración.
Asimismo, la necesidad de una conducta dolosa tendiente a causar un daño no está pautada en la norma como requisito para sancionar a un agente.
Ello así, no se advierte que la Administración haya incurrido en arbitrariedad al calificar la violación habitual de una prohibición expresa como falta grave.

En el caso, corresponde rechazar “in limine” el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de la “A quo”, que resuelve no tratar las nuevas excepciones opuestas al radicar sobre las mismas temáticas anteriormente ventiladas y resueltas -en primera y segunda instancia- ; asimismo le indica, que esa parte podrá introducir las cuestiones preliminares que entienda pertinentes en la audiencia de juicio oral y público.
En efecto, el decisorio cuestionado -de exclusivo resorte jurisdiccional- dictado a los fines ordenatorios del proceso, no se encuentra previsto en el ritual como un acto pasible de ser recurrido, por lo que resulta insusceptible de generar a la parte impugnante un perjuicio de insuficiente o tardía reparación ulterior que habilite la vía procesal escogida.
Es que mas allá de que la defensa pudiera contar ahora con la videofilmación en virtud de la cual -centralmente- la acusación le endilgara a la imputada el comportamiento tipificado como discriminación, lo cierto es que aún así los planteos de excepción y de nulidad deducidos aparecen como una reedición de los ya sustanciados y resueltos en la instancia de grado, cuya apelación -por el rechazo de aquellos- motivara el conocimiento primigenio de este Tribunal.
Sin perjuicio de lo anterior, y del juicio de admisibilidad que se desarrolle respecto de la totalidad de las pruebas ofrecidas -en consecuencia- por las partes, tal como sostiene la A quo, de suscitarse alguna cuestión nueva o que deba ser específicamente analizada, ésta podrá ser canalizada en la instancia preliminar del eventual debate.

En el caso, corresponde rechazar "in limine" el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución de la Magistrada de grado, quien entendió que no correspondía expedirse, en relación al planteo de nulidad del informe confeccionado por los profesionales de la División de Medicina Forense toda vez que los peritos de la Defensa participaron de la evaluación del imputado y elaboraron su propio dictamen, el cual conforme lo establecido en el artículo 253, 2° párrafo del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad, será incorporado a través de los profesionales que declaren en el debate.
La Defensa fundó el recurso en que la mencionada resolución es arbitraria, pues omite resolver el planteo de nulidad, y causa un perjuicio a su asistido, en virtud de que se estaría incorporando al proceso una evidencia que no fue admitida en el juicio, cercenando el derecho de defensa como así también el debido proceso legal. Indicó que, si bien el dictamen de la División Medicina Forense no está incorporado al debate, en los términos del art. 251 Código de Procedimiento Penal de la Ciudad, los testimonios de los profesionales serán valorados en la audiencia y versarán sobre lo plasmado en el documento impugnado. Agregó que no resulta relevante que el informe sea incorporado en los términos del artículo 253, segundo párrafo del citado Código, mientras los testigos puedan referirse a él y emitir conclusiones que a la postre la juzgadora, en la etapa intermedia, no había autorizado.
Sin embargo, de la audiencia de admisibilidad de prueba se desprende que la Jueza de grado dispuso que se realice un peritaje psiquiátrico y psicológico sobre el imputado , a través de los profesionales de la Dirección de Medicina Forense de la Ciudad, a fin de determinar las consecuencias del consumo y abuso de estupefacientes por parte del nombrado, hasta la fecha de su internación y que aquella medida dispuesta sólo se podía incorporar eventualmente, de darse los supuestos contemplados en el artículo 253, 2° párrafo, del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad. Asimismo, se indicó que, toda vez que la medida de prueba había sido solicitada por la Defensa, quedaba a su cargo el diligenciamiento y la notificación a su contraparte como así también la presentación de aquella medida al tribunal durante el desarrollo del debate.
Ello así, no se advierte cual sería el gravamen irreparable que alega la Defensa en su recurso, pues el dictamen emitido por la Dirección de Medicina Forense, cuya validez cuestiona, no puede ser incorporado por lectura al debate. En ese punto, cabe tener en cuenta que sólo fueron admitidos como testigos para la audiencia de juicio los peritos expertos en medicina, psicología y psiquiatría designados por la defensa, quienes por otra parte efectuaron su propio dictamen.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la codemandada contra la resolución de grado que hizo lugar a la acción de amparo promovida.
La empresa de medicina privada codemandada considera que nunca existió relación jurídica ni derivación de aportes a su mandante por parte de la amparista por lo que carece de legitimación para ser demanda.
Sin embargo, tal como lo expuso la Sra. Fiscal ante la Cámara en su dictamen, la recurrente no ha indicado un gravamen irreparable.
Lo resuelto no habrá de causarle perjuicio alguno, ya que si bien se estableció que la empresa de medicina privada debe mantener las prestaciones vigentes durante el período activo de la accionante y percibir los valores fijados por el plan superador que posee, paralelamente se indicó que a la amparista le correspondía abonar la diferencia entre el valor del plan y los aportes transferidos a la Obra social de la Ciudad de Buenos Aires.
Ello así, toda vez que la recurrente es cotitular de la relación jurídica en la que se sustenta la pretensión de la actora, su recurso de apelación debería ser desestimado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la codemandada y, en consecuencia, confirmar la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.
EL Juez de grado le ordenó a la apelante mantener la afiliación de la actora como beneficiaria de la empresa OSDE (Organización de Servicios Empresarios) en las mismas condiciones que tenía antes de acceder al retiro voluntario; en cuanto a la derivación de los aportes, dispuso que aquellos que son deducidos del haber jubilatorio de la actora sean transferidos por la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a la ObSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires), quien, a su vez, los deberá desregular y transferir a OSDE, en virtud del acuerdo de colaboración y complementación de servicios que las une y dispuso que, en caso de existir alguna diferencia, la misma deberá ser abonada por la actora.
En efecto, el reconocimiento efectuado en la sentencia en crisis, implicó admitir "prima facie", que se estaría afectando a la actora su derecho a optar por la obra social que cubra sus prestaciones de salud tal como lo hacía mientras era afiliada activa de las ObSBA.
Dado el alcance con el que fue concedida la medida cautelar requerida, las cuestiones que la codemandada habría convenido con la amparista no quedan alteradas por la manda dispuesta, por ser ajenas a la tutela solicitada y exceder su ámbito. Y, por el otro, tampoco se advierte que la forma en la que se decide afecte patrimonialmente a la aquí apelante.
Ello así, los agravios planteados no logran demostrar la existencia de perjuicio.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la resolución de grado que aprobó la liquidación practicada por el Cuerpo de Peritos Contadores.
La demandada se agravió atento que no se le confirió traslado de la liquidación efectuada por el Cuerpo de Peritos Contadores, previamente al dictado de la resolución apelada.
Sin embargo y sin perjuicio que asiste razón a la parte en cuanto a que, previo al dictado de la resolución apelada, se le debió conferir traslado de la liquidación conforme con el artículo 402 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, cabe traer a colación las disposiciones del referido Código que regulan la nulidad de los actos procesales.
Del artículo 152 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario se observa que en el sistema de nulidades procesales establecido el Legislador impuso el deber de invocar la existencia de un perjuicio y un interés jurídico en la declaración.
La necesidad de demostrar un perjuicio radicaba en que el Juez pudiera determinar si la irregularidad había colocado o no a la parte impugnante en estado de indefensión.
En el caso particular de autos, se observa que las defensas que la demandada se habría visto privada de articular en primera instancia, en virtud de la señalada omisión, son sus cuestionamientos a la liquidación elaborada por el citado cuerpo de peritos; estas críticas constituyen a la vez, los agravios sobre los que fundamenta el recurso de apelación bajo estudio ya que en definitiva cuestiona que se haya aprobado la mencionada liquidación y plantea los motivos de su disconformidad.
Ello así, dado que para resolver los agravios planteados en el presente recurso, esta Sala debe abocarse al análisis de las defensas que la parte no habría podido formular en la instancia de grado con carácter previo a la emisión de la resolución apelada se concluye que la referida circunstancia no la ha colocado en un estado de indefensión tal que amerite su declaración de nulidad, de conformidad con las pautas señaladas.

En el caso, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de grado que rechazó el pedido de nulidad de la pericia de arquitecto practicada en autos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la nulidad de la pericia de autos y la impugnó en tanto no se había llevado a cabo con la presencia de las partes interesadas a pesar de lo dispuesto por el artículo 379 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, privándola de controlar el acto "in situ", en violación del derecho de defensa en juicio.
Sin embargo, el artículo 19 de la ley amparo establece como regla general la inapelabilidad de las resoluciones con excepción de la sentencia definitiva, el rechazo "in limine" de la acción y las que resuelven reconducir el proceso, decreten la caducidad de la instancia, rechacen una recusación con causa o versen sobre medidas cautelares.
En el caso, se trata de una sentencia interlocutoria en la etapa de ejecución que no se encuentra contemplada dentro de las resultan apelables.
Además no se advierte el perjuicio que justifique el recurso intentado.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmar la decisión de grado que rechazó las excepciones de admisibilidad e inhabilitación de la instancia y disponer que la causa tramite como acción meramente declarativa en los términos del artículo 277 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario.
La actora interpuso acción en los términos del artículo 277 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de que se hiciera cesar el estado de incertidumbre que se plantea en torno de su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a tenor de la pretensión exteriorizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos respecto de los anticipos 1º a 12º del 2014 en cuanto a gravar las colocaciones obligatorias que realiza la asociación civil actora en instituciones bancarias oficiales y otros conceptos, todos ellos en el marco del ejercicio de la actividad que le encomienda el Estado Nacional (conforme Leyes N°23.660 y N°23.661).
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió por el rechazo de la defensa de inadmisibilidad de la acción; sostuvo que la actora no acreditó que se le hubiera causado un perjuicio actual toda vez que carecía de interés en la declaración que solicitó.
Sin embargo, la acción tiene un carácter preventivo y no requiere del daño consumado para el resguardo de los derechos sino de una acción concreta del Estado a la que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal y de un interés suficiente del accionante para fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto.
La actora tenía un interés específico en la utilización de esta vía procesal. Este interés radicaba en el peligro que se cernía sobre la demandante en virtud de haberse iniciado justamente el procedimiento de determinación de oficio conforme parámetros de los cuales la accionante no tiene certeza de que sean los que se le deban aplicar.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia revocar la resolución de grado que hizo lugar parcialmente a la acción intentada.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
En efecto, el recurrente se agravia respecto de la falta de legitimación activa de los actores para entablar la presente demanda colectiva y el planteamiento efectuado acerca de la falta de un “caso judicial”. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aduce que los actores cuestionan en forma genérica la legitimidad de las actas de infracción emitidas por agentes de tránsito contratados, y omiten invocar un perjuicio concreto o acto arbitrario de los agentes, de modo que a su respecto, no existe un “caso” para resolver que los legitime activamente para promover la presente causa colectiva.
En efecto, por regla, la competencia del Poder Judicial ha de tener lugar en el marco de un “caso”, “causa” o “controversia” (artículos 116 de la Constitución Nacional y 106 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ), al punto que su falta de acreditación importa también la desaparición del poder de juzgar (Fallos: 340:1084; 341:1356).
En esta dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la configuración de dicho recaudo radica en la acreditación de una afectación “suficientemente directa”, “inmediata”, “especial”, “sustancial”, de “suficiente concreción e inmediatez”, o bien de un “perjuicio concreto” respecto de los derechos que se invocan como conculcados (Fallos 326:3007).
En el caso de autos, el actor promovió acción de amparo colectivo invocando su calidad de habitante y conductor de automóviles con el objeto de dejar sin efecto la contratación de monotributistas para el ejercicio de funciones reservadas a los Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
Ello así, asiste razón al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto aduce que no se configura, rectamente, un caso judicial susceptible de ser abordado en estos estrados.
No puede soslayarse que las pretensiones perseguidas en la demanda de autos oscilan -con cierto grado de ambigüedad- entre la tutela de bienes colectivos presuntamente conculcados (afectación de la seguridad vial y peatonal frente a la irregular forma de contratación de los agentes de control de tránsito que impacta sobre el ambiente -artículo 14 de la Constitución de la Ciudad) y el restablecimiento de intereses individuales homogéneos de un grupo determinado de personas (conductores a los que se les ha labrado un acta de infracción en tales circunstancias).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia revocar la resolución de grado que hizo lugar parcialmente a la acción intentada.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
El actor se presentó en su condición de habitante y/o de conductor de automóviles alegando la presunta afectación de la seguridad vial y peatonal frente a la irregular forma de contratación de los Agentes de Control de Tránsito, lo que a su criterio impactaría en la protección del ambiente en los términos del articulo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en autos no se ha podido construir un “caso” o “controversia” canalizable por la vía contemplada en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta acción no proporciona el marco idóneo para ventilar lo referido a la presunta legalidad o ilegalidad de las contrataciones del Cuerpo de Agentes de Tránsito, que exige un despliegue argumentativo y probatorio que ni siquiera ha sido ensayado en el caso.
Al no haberse logrado demostrar una concreta afectación a los bienes colectivos allí identificados, la acción se traduciría, en definitiva, en un mero control de legalidad del accionar de la Administración que excede incluso los términos de la legitimación activa amplia consagrada por el constituyente en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la entidad bancaria sancionada y confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción a los artículos 46 de la Ley N°24.240 y 17 de la Ley N°757.
La actora cuestiona la multa impuesta; sostiene que no se causó perjuicio.
Sin embargo, la afirmación de la recurrente es abstracta ya que no especifica a qué tipo de perjuicio se refiere.
Si lo que quiso aducir fue que no hubo un daño patrimonial o moral cuantificable a la consumidora, omitió tener en cuenta que el incumplimiento mismo de la normativa analizada acarrea una sanción, tal y como prevén las disposiciones aplicables, independientemente de la generación de un daño concreto, que no está previsto como presupuesto fáctico para la configuración de la conducta u omisión punibles.

En el caso, corresponde rechazar el agravio de la actora respecto al carácter remunerativo del “Bono Único” otorgado por el Decreto N° 331-GCBA-AJG/19.
En efecto, es pertinente aclarar que si bien la actora relacionó este bono con el Acta 19/2019, lo cierto es que se trata, en rigor, del Acta 30/2019.
El Acta Paritaria 19/2019 se refiere, tal como se señaló en la instancia de grado, a la implementación del “premio por productividad” (aprobada por Resolución n° 2674/19) y no a un “bono único”.
En su expresión de agravios, la recurrente manifestó al respecto: “DECRETO 331/2019 (acta paritaria 19/2019) SE OTORGÓ PAGO NO REMUNERATIVO A CUENTA DE FUTURAS PARITARIAS: estableció el abono de un adelanto de la suma de $5000 en la paga del 16 octubre/2019, que luego fue regularizado en la mensual a través del referido modo, es decir se liquida por 6345000 y se descuenta por 6635000, destacando su naturaleza no remunerativa y no bonificable”.
Conforme de ello se advierte, no cabe más que entender que se refiere el Bono Único Acta 30/19 (Dec. N°331/19), toda vez que los argumentos no se relacionan al abono del suplemento por productividad implementado en el Acta 19/2019 –cuyo pago, cabe aclarar, tampoco se encuentra acreditado en autos).
Aclarado lo anterior, en cuanto al Bono Único” otorgado por el Decreto N° 331-GCBA-AJG/19, la actora sostuvo que el adelanto de $5000 otorgado a través fue luego regularizado en forma mensual por lo que correspondería el reconocimiento de su naturaleza remunerativa.
Sin embargo, la Magistrada de grado reconoció el carácter pretendido por la actora en su demanda y entendió – con cita en jurisprudencia de Cámara– que las “correcciones salariales, otorgadas a favor del personal de la planta permanente del escalafón general y, en estas condiciones, revisten el carácter de remunerativas. La circunstancia de que los adicionales hayan consistido en pagos únicos no resulta suficiente para desvirtuar su naturaleza remunerativa […] Por ello, dado que ha quedado expuesto que este pago tiene directa incidencia con el salario de los empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires corresponde declarar el carácter remunerativo de dicha suma.”
En este entendimiento, tengo para mí que la actora no logra demostrar de manera clara y manifiesta cuál es el perjuicio concreto causado.

En el caso, corresponde rechazar el agravio de la actora respecto al carácter remunerativo del suplemento creado mediante Acta Paritaria 5/2019.
En efecto, la Jueza de grado señaló que del Acta en cuestión surgía con claridad que las sumas allí consignadas poseían el carácter pretendido por la actora.
Por tal motivo, rechazó su pretensión en tanto pretendía la declaración del carácter remunerativo de un rubro que ya lo era.
Ahora bien, la actora en su expresión de agravios no esgrime razones que contradigan debidamente la decisión objetada, ni logra demostrar el error jurídico en la interpretación efectuada por la jueza de grado, sino que se enfoca en manifestar su discrepancia de manera genérica sin sostener una opinión diversa o alternativa a la expresada en el acto atacado y sin desarrollar argumentos que expliquen, en base a la decisión de grado, cuál es el agravio concreto que le causaría.
En atención a lo expuesto, corresponde rechazar el agravio.

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad formulado por la Asesoría General Tutelar.
La Asesoría General solicitó la nulidad de todo lo actuado sin su debida intervención atento que se omitió dar traslado al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada.
Formado el incidente de nulidad, en su dictamen el Asesor Tutelar de Cámara sostuvo que no correspondía efectuar planteo de nulidad alguno, toda vez que “Si bien la falta de intervención del Ministerio Público Tutelar en representación de las personas menores de edad involucradas, determina la nulidad relativa de lo actuado sin dicha intervención (conforme artículo 103 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación ), lo cierto es que la conducta adjudicada a la Sala en haber omitido correr vista del recurso de inconstitucionalidad planteado por la demandada, no puede considerarse como una omisión, ni causa agravio y/o perjuicio a mis representados".
En efecto, según expone el Ministerio Público Tutelar la conducta reprochada a la Sala no ocasionó agravio y/o perjuicio de ningún tipo a los menores involucrados en autos, quienes por otro lado ya tendrían depositado el total de las acreencias que le fueron reconocidas en autos.
Ello así, toda vez que aun mediando una irregularidad, el acto logró la finalidad a la que estaba destinado, no cabe declarar su nulidad (conforme artículo 152 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario).

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad formulado por la Asesoría General Tutelar.
La Asesoría General solicitó la nulidad de todo lo actuado sin su debida intervención atento que se omitió dar traslado al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada.
Sin embargo, la sola falta del paso procesal del que se trata, no puede derivarse automáticamente en un agravio a las atribuciones del Ministerio Público.
Lo contrario implicaría plantear la nulidad por la nulidad misma, lo que no es procedente puesto que los requisitos para que proceda la declaración de nulidad -en el caso por la omisión de dar vista previa al Ministerio Público Tutelar- es la existencia de perjuicio y el interés jurídico en su declaración.
Ello así, a la luz de las circunstancias puntualizadas por el Asesor Tutelar de Cámara quien expuso que la conducta reprochada a la Sala no ocasionó agravio y/o perjuicio de ningún tipo a los menores involucrados en autos, y en atención a lo dispuesto por el artículo 152 "in fine" del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, corresponde concluir que cualquier pronunciamiento sobre la cuestión resultaría inoficioso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la solicitud de la denunciante de ser tenida como parte querellante.
El presente tuvo inicio en razón de la denuncia efectuada por la peticionante contra la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, del GCBA, la Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Director General Legal y Técnico de la AGIP, y la escribana particular, por la comisión de los delitos de falsificación de documento público, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 292, 293 y 248 del Código Penal.
En concreto se investiga si en el marco del Concurso Público Abierto de Mandatarios AGIP, de esta Ciudad, -convocado para la designación de mandatarios judiciales-, los acusados, miembros del jurado y escribana actuante, respectivamente, suscribieron un documento público apócrifo -que contenía falsedades-, ya que el mismo daba cuenta de que un participante figuraba como presente en el examen escrito y aprobado con una calificación de 37 sobre 40 puntos, cuando en realidad estuvo ausente -y fuera del país.
El hecho así descripto su subsume en los delitos previstos en los artículos 292, 293 y 248 del Código Penal.
La Magistrada resolvió no hacer lugar al pedido de la denunciante de ser tenida por Querellante, decisión que fue recurrida mediante el remedio procesal en estudio.
Ahora bien, cabe recordar que el artículo 11 del Código Procesal Penal local prevé: “...se entiende por víctima a toda persona directamente afectada por un delito. Podrá ejercer la acción penal como querellante hasta su total finalización y una vez constituida será tenida como parte para todos los actos esenciales del proceso (…) la participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la Ley al Ministerio Público Fiscal…”
Asimismo, es menester resaltar que habida cuenta de la calificación legal escogida por la Fiscalía -artículos 292, 293 y 248 del Código Penal- y en consideración de que dichos artículos se encuentran regulados en los títulos XI y XII del Código Penal, los cuales tratan los delitos contra la administración y la fe públicas, se infiere que los bienes jurídicos por ellos tutelados resultan ser de carácter colectivo o supraindividual.
Por último, se debe tener en cuenta que la denunciante no alcanzó el puntaje mínimo requerido, -obtuvo un puntaje de 23 puntos que fue ratificado tras el pedido de revisión, sobre un mínimo de 25-, por lo que en principio no resultaría directamente damnificada por el delito que aquí merece investigación.
Es que, teniendo en consideración el puntaje de la misma en el concurso, -que la excluye de la posibilidad de alcanzar el cargo para el que concursaba-, y la cantidad de aspirantes al cargo, no se vislumbra en el “sub examine” un perjuicio real y concreto que permita a la misma ser tenida como parte en este proceso.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la solicitud de ser tenida como parte querellante.
El presente tuvo inicio en razón de la denuncia efectuada por la peticionante contra la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, del GCBA, la Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Director General Legal y Técnico de la AGIP, y la escribana particular, por la comisión de los delitos de falsificación de documento público, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 292, 293 y 248 del Código Penal.
En concreto se investiga si en el marco del Concurso Público Abierto de Mandatarios AGIP, de esta Ciudad, -convocado para la designación de mandatarios judiciales-, los acusados, miembros del jurado y escribana actuante, respectivamente, suscribieron un documento público apócrifo -que contenía falsedades-, ya que el mismo daba cuenta de que un participante figuraba como presente en el examen escrito y aprobado con una calificación de 37 sobre 40 puntos, cuando en realidad estuvo ausente -y fuera del país, específicamente en Perú-.
El hecho así descripto su subsume en los delitos previstos en los artículos 292, 293 y 248 del Código Penal.
La Magistrada resolvió no hacer lugar al pedido de la denunciante de ser tenida por Querellante, decisión que fue recurrida mediante el remedio procesal en estudio. Para así resolver adujo: “...que la denunciante, al no haber obtenido el puntaje no estaría dentro de las expectativas de ingresar como mandataria, aun cuando hubiere bajas, sean por renuncias o por lo que fuere y que esa circunstancia no la colocaría en víctima o particular ofendida por los delitos aquí investigados, por lo que ello no le permite acceder al rol de querellante. Continúa expresando que respecto del planteo sobre las irregularidades del concurso, esa circunstancia le compete al fuero Contencioso Administrativo donde tramita actualmente un expediente y no es facultad de ella revisarlo, que puede esa parte allí continuar con los planteos administrativos que correspondan ante el fuero antes mencionado que resulta el competente para intervenir en esa cuestión (...) respecto de la solicitud de ser tenida como parte querellante en estas actuaciones, no se encuentran reunidos los requisitos previstos en el artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad por lo que en definitiva no hará lugar a esa pretensión...” .
En ese mismo norte, se ha sostenido que: “...otra de las cualidades que requiere la ley procesal en el sujeto que se presente al proceso para ser reconocido como acusador privado, es que la comisión del acto antijurídico lo haya afectado en forma directa. Entonces solo puede adquirir tal cualidad aquella persona la cual, de un modo especial singular e individual haya resultado afectada por el daño o por la puesta en peligro del bien jurídico que conllevó la realización del ilícito’ (La Rosa, Mariano; Rizzi, Aníbal, ‘Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’. Comentado, concordado y anotado. HS Derecho. Buenos Aires, 2010)”.
Por todo lo expuesto, se infiere que los intereses a los que alude la pretensa querellante se hallan suficientemente garantizados por la actuación del Ministerio Público Fiscal y siendo que aquella no reviste los requisitos establecidos por la norma para revestir ese rol en el marco de este proceso, corresponde confirmar la resolución en grado en todo cuanto fuera materia de agravio.
Por lo demás, cabe mencionar que la denunciante podrá continuar ejerciendo los derechos que el Código Procesal Penal de la CABA otorga a las víctimas (arts. 38 y concordantes, CPP).

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado y rechazar la demanda.
El reclamo del actor se dirige principalmente a cuestionar que la entidad bancaria demandada haya suspendido el plan de pagos del préstamo bancario celebrado entre las partes durante 2020 y lo haya reprogramado “a partir de junio de 2021en virtud de Comunicación del Banco Central A 6949, con cuotas más elevadas que las acordadas.
Tanto al contestar la demanda como al expresar agravios el banco alegó que “no puede ser responsabilizada por el cumplimiento disposiciones emanadas del Banco Central de la República Argentina”.
Mediante la Comunicación “A 6949” del Banco Central se prorrogaron los pagos de las financiaciones otorgadas por entidades financieras locales y su vigencia fue prorrogada por las comunicaciones “A 7044” y “A 7107”.
El juez de grado consideró que esa norma no era aplicable al préstamo que nos ocupa porque “los débitos de las cuotas que debían trasladarse al final de la vida del préstamo eran aquellos donde habría sumas impagas” y el actor “siempre contó con fondos suficientes en su cuenta para afrontar el pago de las cuotas a vencer”.
Por ello, responsabilizó a Banco Macro por no haber debitado en tiempo y forma las cuotas de dicho préstamo.
Sin embargo, más allá de destacar que no se advierte cuál sería el perjuicio concreto sufrido por el actor –ya que el crédito se encuentra cancelado, las cuotas fueron debitadas a valores históricos y el banco demandado reintegró los intereses compensatorios que había percibido con las cuotas de abril, mayo, junio y julio de 2021-, las disposiciones del Banco Central de la República Argentina aluden a “saldos impagos” y no a cuotas en mora, por lo que su aplicación a este caso no se vincula con los fondos que el actor tuviera en su cuenta.
En tales condiciones, dado el banco no podía omitir implementar las normas dispuestas por la autoridad financiera, asiste razón al recurrente cuando afirma que no puede ser responsabilizado por haber cumplido con lo dispuesto en las comunicaciones “A 6949”, “A 7044” y “A 7107”.

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado y rechazar la demanda.
El reclamo del actor se dirige principalmente a cuestionar que la entidad bancaria demandada haya suspendido el plan de pagos del préstamo bancario celebrado entre las partes durante 2020 y lo haya reprogramado “a partir de junio de 2021en virtud de Comunicación del Banco Central A 6949, con cuotas más elevadas que las acordadas.
Sin embargo, las pretensiones del actor son imprecisas y contradictorias y los daños invocados no se encuentran respaldados con ningún tipo de prueba.
El actor solicitó que se declarara la nulidad de la reprogramación del préstamo como consecuencia de la dispuesto en la Comunicación “A 6949” del Banco Central y que se ordenara al banco demandado que se abstuviera de iniciar acciones legales en el mismo escrito en el que afirmó que dicho préstamo se encontraba cancelado.
También afirmó que el banco había incumplido con su deber de brindar información porque no le explicó la razón por la que dejó de debitar las cuotas.
Sin embargo, la documentación respaldatoria acompañada por el propio actor demuestra lo contrario.
Tampoco se encuentra acreditado, como se afirmara en la demanda, que el banco demandado haya debitado cinco cuotas sin el consentimiento del actor.
Ello así, el actor no logró demostrar el alegado proceder antijurídico de la entidad bancaria.

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal interpuesto por la Defensa.
La Defensa se agravió argumentando que la decisión del "A quo" de rechazar el planteo de prescripción y mantener la vigencia de la acción penal, contradice el efecto suspensivo de las resoluciones judiciales y vulnera el derecho al recurso, al principio de razonabilidad y al derecho de defensa en juicio.
Ahora bien, en cuanto al efecto del recurso, es criterio del Tribunal que las decisiones que versan en torno a los efectos de los mismos resultan irrecurribles. Es por allá que más allá de lo alegado por el recurrente, en torno a la afectación de los derechos al recurso y de defensa, no ha logrado explicar cuál fue el perjuicio concreto que le generó a su asistido lo resuelto, en tanto los mencionados derechos se han visto satisfechos en tanto este Tribunal se encuentra revisando la decisión cuestionada.
La remisión de las actuaciones al Tribunal que se encargaría de llevar a cabo el debate representaba el próximo paso que debía seguirse en el proceso, con independencia de la existencia de recursos pendientes, ya que el “efecto suspensivo” al que hace alusión la norma no importa la paralización del trámite de la causa”

En el caso, no corresponde tratar el planteo introducido por el Defensor de Cámara al momento de contestar la vista por el recurso impetrado por la Fiscalía, contra una resolución que le fue plenamente favorable.
El Defensor de Cámara, al momento de contestar la vista que se le cursó de la apelación que había impetrado el Fiscal de grado, manifestó que en el caso, correspondería en realidad dos meses de reducción por cada curso, ascendiendo la reducción total por estímulo educativo a cuatro meses, y no a dos por total, como había decidido el Magistrado de grado.
Ahora bien, consideramos que no corresponde ingresar en el análisis del planteo.
En primer lugar, la Defensa no apeló la decisión del "A quo", sino que la parte que se ha agraviado y ha presentado el recurso que nos convoca es el Ministerio Público Fiscal.
Aún más, se desprende de las constancias del expediente que fue la Defensa de primera instancia, en representación de la interna, quien solicitó específicamente la reducción de dos meses por estimulo educativo. En particular, sostuvo que: “los dos cursos llevados adelante (…) pueden ser equiparados a la realización de un curso de formación anual, en virtud de lo que al señor juez voy a requirir se disponga una reducción de (2) dos meses, en los términos de art. 140, inc. b) de la Ley Nº 24.660”. De esta manera, se evidencia que la decisión del Juez de primera instancia no hizo más que conceder estrictamente lo solicitado por la propia Defensa, y en los mismos términos en los que fue peticionado.
Sobre ello, cabe señalar que el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Ciudad expresamente refiere que, como regla general, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo.
Así, por interés directo debe entenderse un interés en la eliminación o modificación de la decisión, lo que presupone una discordancia entre lo resuelto y lo solicitado (DARAY, R., Código Procesal Penal. Buenos Aires: Hammurabi, p. 358).
El interés directo, entonces, no es más que la verificación de un perjuicio derivado de la resolución que se recurre, que debe permanecer vigente al momento de resolvérsela (ob. cit., p. 359).

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia de grado que declaró la nulidad de la Resolución por medio de la cual se intimó a la actora a iniciar los trámites jubilatorios como docente negándole su derecho a la permanencia en el cargo.
El Gobierno cuestionó que no se hubiera ponderado la ausencia de afectaciones sobre los derechos económicos o laborales del accionante. Argumentó que el daño invocado era conjetural en atención al nivel jubilatorio que la Ley N° 24.016 garantizaba a los docentes. Adujo que rigiendo el ochenta y dos por ciento (82%) móvil y no aplicando las retenciones por aportes, las sumas a percibir no se verían mermadas de modo significativo.
Sin embargo, la falta de motivación del acto (motivo por el cual se declaró su nulidad) genera un daño al derecho de defensa (pues impide al destinatario de la decisión conocer las razones por las cuales se desestimaron sus pretensiones).
Ese es el daño que justifica sustancialmente la procedencia de la vía elegida.
Yerra el recurrente cuando lo vincula exclusivamente a los derechos patrimoniales o laborales.
Es el ejercicio de la defensa el derecho restringido como consecuencia del incumplimiento del artículo 7°, inciso e) de la Ley de Procedimientos Administrativos cuya vulneración habilita esta acción de amparo.
Esta restricción sobre el derecho de defensa irradia sus efectos sobre el resto de los eventuales derechos implicados (laborales y patrimoniales) impidiendo conocer de modo efectivo y cabal el grado de configuración del daño que sobre estos aquella limitación también fue capaz de producir.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia de grado que declaró la nulidad de la Resolución por medio de la cual se intimó a la actora a iniciar los trámites jubilatorios como docente negándole su derecho a la permanencia en el cargo.
El Gobierno cuestionó que no se hubiera ponderado la ausencia de afectaciones sobre los derechos económicos o laborales del accionante. Argumentó que el daño invocado era conjetural en atención al nivel jubilatorio que la Ley N° 24.016 garantizaba a los docentes. Adujo que rigiendo el ochenta y dos por ciento (82%) móvil y no aplicando las retenciones por aportes, las sumas a percibir no se verían mermadas de modo significativo.
Sin embargo, el ejercicio de una vocación profesional no puede solamente medirse en términos económicos.
Por eso, no resulta suficiente para desestimar la presencia de un daño invocar una equivalencia (no probada) entre los ingresos de la actora en actividad y aquellos que obtendrá con motivo de la percepción del haber previsional máxime cuando de las constancias de autos no surge que el pedido de permanencia en funciones obedezca únicamente a una cuestión monetaria.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado que proveyó la presentación inicial y ordenó el traslado de la demanda.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
En efecto, la apelante en sus agravios no alcanza a poner de manifiesto el perjuicio que le irroga el traslado de la demanda conferido por el Juez de grado en los términos del artículo 278 del Código Contencioso Administrativo y Tributario lo que conduce a propiciar la deserción del recurso (artículos 238 y 239 del mismo Código).
La procedencia del recurso depende de la existencia de un interés jurídico que lo justifique, interés que está determinado por el gravamen o perjuicio que la resolución de primera instancia causa al apelante y la posibilidad de removerlo a través del recurso, lo que determina su interés en la interposición ( Balbín Carlos (dir.) Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comentado y Anotado, Tomo I, Segunda edición, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2010, p. 510).

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad de la audiencia de prisión preventiva formulada por el Defensor de Cámara.
En el presente la Magistrada rechazó la excepción de atipicidad de la conducta formulada por la Defensa y dictó la prisión preventiva del encartado.
El Defensor de Cámara se agravió solicitando la nulidad de la audiencia en la cual se dictó la prisión preventiva y de la resolución allí adoptada.
Señaló que la falta participación del Ministerio Público Tutelar en dicho acto habría implicado una clara, concreta e irreparable afectación a los principios y garantías que protegen a las personas con discapacidad en un proceso penal, ya sea en calidad de víctimas o de imputados, ello en la base de que su asistido tenía un diagnóstico médico de esquizofrenia.
Sin embargo, la irregularidad alegada por el Defensor de Cámara no fue advertida del mismo modo por su colega de grado, quien no solicitó tal intervención del Ministerio Público Tutelar tampoco planteó luego en audiencia el hecho de que no se haya dado intervención, ni hizo mención alguna a ello en el recurso que habilitó esta instancia de revisión. De esta manera, mal puede agraviarse la parte en una circunstancia que escapa no solo al objeto del remedio, sino a los extremos debatidos.
Ahora bien, más allá de eso, si nos concentramos en el fondo del planteo, lo cierto es que del escrito presentado se advierte simplemente una referencia ritual a derechos constitucionales y afectación de garantías que, por sí misma, no logra superar el umbral de lo aparente pues no se ha conectado lo invocado con una afectación concreta en el caso.
El Defensor de Cámara alegó que no estaba en discusión que el imputado tiene un diagnóstico de esquizofrenia con certificado de discapacidad el cual fue acompañado a la causa. Entendió además que la Jueza tendría que haber dado intervención a la Asesoría Tutelar, ni bien tuvo conocimiento del diagnóstico del encartado.
Cabe señalar, que la circunstancia de que no se encuentre en discusión el diagnóstico del encartado es porque no se ha realizado un planteo formal para que aquello fuera analizado, y, en su caso, se establezca o no la posibilidad de que el condenado pudiese estar sometido a un proceso.
Del legajo surge, que ninguna de las partes ha planteado la inimputabilidad del encartado, contándose únicamente con un certificado que nada dice acerca de su capacidad para entender la criminalidad del hecho en concreto que se le imputa, ni de su capacidad para estar sometido al proceso, en este contexto entiendo que no corresponde una vista al Ministerio Público Tutelar.
Por lo tanto, habré de rechazar el planteo de nulidad incoado por el Defensor de Cámara, pues no advierto que se haya causado un perjuicio efectivo ni conculcado un derecho.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la resolución de grado que no hizo lugar a la medida cautelar peticionada.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
El consorcio actor promovió acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires persiguiendo el dictado de una sentencia que condene a la demandada a adoptar las medidas pertinentes a efectos de hacer cesar los ruidos molestos provenientes del canil sito en una plaza de esta Ciudad; solicitaron cautelarmente la inmediata clausura temporal del canil hasta tanto el Ministerio competente tome las medidas que resulten pertinentes para hacer cesar la afectación a los derechos denunciada.
En efecto, no se encuentra acreditada la concurrencia del peligro en la demora para el otorgamiento de la medida ya que no se advierte que se siga un perjuicio irreparable de no accederse a la medida requerida.
Los agravios del actora resultan meramente genéricos y fallan en acreditar una afectación real que justifique la tutela anticipada.

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad del traslado de la demanda y el pedido de correr nuevo traslado.
Las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del Sr. Fiscal ante la Cámara, a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad.
La demandada sostiene que el traslado de la demanda debe ingresar por ante el Ministerio pertinente (y no por ante la mesa de entradas de la Policía Federal Argentina), de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Demandas contra la Nación N° 3952 y el artículo 9 de la Ley Nacional N° 25.344.
Sin embargo, uno de los requisitos para que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal, es la existencia de perjuicio y el interés jurídico en su declaración. Derivado de la antigua máxima "pas de nullité sans grief" (no hay nulidad sin daño o perjuicio), este presupuesto indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales.
El principio de trascendencia ––contenido en el actual artículo 154 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario –– enseña que la nulidad sólo puede ser declarada cuando haya un fin que la trascienda, o desde otro punto de vista, que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio (Maurino, Alberto Luis, Nulidades Procesales, Astrea, Buenos Aires, 2001, pp. 52/53).
Es necesario recordar que las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándose la sanción frente a la exteriorización de una efectiva indefensión, por cuanto el proceso no es un rito solemne y frágil que se desmorona ante la primera infracción formal, debiendo limitarse a aquellos supuestos en que el acto impugnado o viciado, ocasione un perjuicio sin que cumpla su finalidad. Ello porque frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes sobre los que pueda consolidarse el proceso (conf. Fenochietto, Carlos A. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Buenos Aires, T. I, p. 611 y 624; Palacio Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Tº IV, p. 178)”

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria efectuado por la Defensa.
El Magistrado de grado, sostuvo que si bien la encartada tenía varias patologías de salud, las mismas no resultaban suficientes para demostrar una ausencia de supervisión y atención médica por parte del Complejo Penitenciario en el que actualmente se aloja. Agregó que el lugar ofrecido por la Defensa para cumplir la pena se trataba del mismo domicilio donde habían ocurrido los hechos y se secuestraron estupefacientes por los cuales resultó condenada. Por dicha razón, entendió el mismo resultaba inhábil a los fines del arresto domiciliario.
La Defensa se agravió, argumentando que el "A quo" realizó una incorrecta valoración del estado de salud de su defendida, señaló que la Magistrada había ignorado el historial clínico y el informe médico confeccionado por el Perito Médico de parte, dado que las patologías no estaban siendo tratadas adecuadamente, debiendo convocar a una Junta Médica a los fines de mejor resolver.
Cabe recordar, que el inciso a) del artículo 32 de la ley 24.660 (Ley de ejecución penal) y del artículo 10° del Código Penal a los que hace alusión la Defensa con sus planteos, prevén la concesión de la prisión domiciliaria para aquellos individuos que estén enfermos y posean un padecimiento tal que su permanencia en un establecimiento carcelario les impida recuperarse o tratarse adecuadamente.
Ahora bien, la situación de la encartada no encuadra dentro de las previsiones legales que permitirián conceder el beneficio solicitado. Ello así, dado que no se logró acreditar que la situación de detención de la imputada en el Complejo Penitenciario Federal, implique un perjuicio directo en su salud, un agravamiento de las condiciones o la imposibilidad de tratamiento. Por el contrario, de los diversos informes que obran en las actuaciones se desprende que en la totalidad de las ocasiones en las que la imputada requirió asistencia médica, a raíz de distintas dolencias suscitadas, aquella le fue brindada.
En efecto, los informes médicos elaborados por el complejo penitenciario mensualmente permiten afirmar que la medicación para su diabetes le fue suministrada, como también que ha recibido atención medica periódicamente. Aunado a ello, cabe mencionar que el informe ofrecido por la parte recurrente no especifica la razón concreta por la cual la atención necesaria de la reclusa no puede ser dispensada dentro del Complejo Penitenciario donde se encuentra alojada o debe resaltarse mediante la autorización de su traslado a un nosocomio extramuros.
Por lo tanto corresponde rechazar al beneficio solicitado, toda vez que la Defensa no logró acreditar que la situación de detención en el Complejo Penitenciario Federal genere un perjuicio directo en la salud de su asistida.