El artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y “su discusión en audiencia pública”.
Así, se desprende la exigencia de la audiencia pública con carácter general y obligatorio para todas las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que puedan producir un impacto ambiental de relevante efecto (conf. art. 4 citado, Ley 123 sancionada el 10/12/1998, promulgada el 19/1/1999 y publicada con fecha 1/2/1999).

No corresponde hacer lugar al fundamento esgrimido por la Administración según el cual, para ejecutar la explosión de la ex Carcel de Caseros, no era necesaria la celebración de la Audiencia pública. Ello, porque en noviembre de 2002, la Ley Nº 123 resultaba exigible y obligatoria para las actividades o programas que cayeran dentro de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, el proyecto de demolición de la ex Cárcel de Caseros parecería encuadrarse dentro de sus previsiones genéricas y no en régimen de excepción.
Por ello no resulta aplicable el artículo 40 de la Ley Nº 123, dado que en este contexto hablar de “continuidad” del programa o proyecto conllevaría a una violación y desnaturalización del artículo 40 de la Ley Nº 123, de vigencia anterior a la celebración de aquel convenio.
A ello hay que agregar el carácter “especial” de los vecinos del predio, entre los que basta mencionar (a título de ejemplo al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan). Por ello, la realización de la audiencia pública con carácter previo resultaría exigible y al no haberse cumplido con la misma habría un incumplimiento en los procedimientos exigibles.
Estas circunstancias permiten tener por acreditada prima facie la verosimilitud en el derecho invocado por los actores, sin que ello implique pronunciarse respecto de las condiciones en que fue realizado el estudio de impacto ambiental obrante en autos ni sobre su adecuación o inadecuación a la normativa vigente.

En el caso, corresponde suspender la resolución cuestionada, dado que el peligro en la demora aparece de la simple compulsa de las actuaciones y de la propia resolución cuya suspensión se solicita, dado que por la misma se resuelve otorgar la declaración de Impacto Ambiental en los términos del art. 28 inc. c) al “Proyecto de Demolición con explosivos ex Cárcel de Caseros” (art. 1) y el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el art. 9 inc. g) (ambos artículos de la Ley 123, sin la necesaria participación de los posibles afectados.

Atento la controversia interpretativa con relación a la necesidad de celebrar o no –con carácter previo a la resolución que resuelve otorgar la declaración de Impacto Ambiental y el Certificado de Aptitud Ambiental al proyecto de demolición de la ex Cárcel de Caseros- la audiencia pública que establece la Ley Nº 123, no surge de manera manifiesta que el acto cuestionado ostente una ilegalidad manifiesta que torne procedente su suspensión de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable en materia de medidas cautelares. En este sentido, debe consignarse que no es posible afirmar con la certeza que se requiere a fin de conceder la suspensión del acto administrativo que la resolución cuestionada no forme parte de “actividades, proyectos, programas o emprendimientos” que se encuentren en “ejecución, desarrollo o funcionamiento” con anterioridad al 19 de enero de 1999, fecha de promulgación de la Ley 123.
Por el contrario, existen elementos que tornan posible aseverar que la demolición de la denominada Ex Cárcel de Caseros se encuentra contenida en el plan instrumentado a fin de trasladar dicha unidad penitenciaria, programa que se habría iniciado en el año 1995 a través del Decreto Nro.426/PEN/95.
Si bien el proyecto de demolición no se encontraba ejecución al momento de la entrada en vigencia de la Ley Nro.123, sí lo estaba el programa de traslado de la cárcel, en el marco del cual –como quedó dicho- podría afirmarse que la demolición se encontraría incluida. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el caso, corresponde revocar la resolución que rechazó "in límine" la acción de "hábeas corpus" y remitir las actuaciones al Juez Federal competente de la jurisdicción donde se encuentra detenido el condenado.
En efecto, el peticionante se encuentra detenido en la localidad de Ezeiza, y dado que la competencia territorial, aún en materia "habeas corpus", es improrrogable, corresponde dar intervención al Juzgado Federal competente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “…las características propias de la naturaleza del hábeas corpus exigen que la averiguación sumaria indispensable para su resolución sea practicada por el magistrado con competencia en el lugar en el cual se estuviera ejecutando el acto por el cual se reclama, a fin de garantizar con mayor inmediatez la adecuada apreciación de los hechos y la celeridad en el dictado y cumplimiento de la sentencia” (Fallos 323-3629; 312-681, etc. citado en Ledesma, Angela Ester Juicio de hábeas corpus, Hammurabi, 2014:137).

En el caso, corresponde revocar la resolución que rechazó "in límine" la acción de "hábeas corpus" y remitir las actuaciones al Juez Federal competente de la jurisdicción donde se encuentra detenido el condenado.
En efecto, resulta pertinente, a fin de notificar lo actuado al Juez ante quien tramita la causa por la que se encuentra detenido el presentante, sin que tal extremo impida la continuación de la presente acción en tanto persigue asegurar la integridad física y las adecuadas condiciones de quienes se encuentran privados de su libertad.
Estos aspectos, tutelados en el "habeas corpus", exceden las vías procedimentales ordinarias previstas para la impugnación de resoluciones respecto a la privación de libertad impuesta.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado y, en consecuencias, conceder el arresto domiciliario bajo la modalidad de vigilancia electrónica.
En el presente no se encuentra controvertido que el encausado padece antecedentes por trombosis venosa profunda, razón por la cual ha necesitado atención periódica y específica ante reiterados episodios agudos.
En el Complejo Penitenciario Federal (CPF) hoy no es posible el alojamiento en condiciones razonables de ningún paciente que como el encausado presente una patología varicosa de miembros inferiores y antecedente de trombosis venosa profunda como ha sido constatada por los diversos galenos que esporádicamente pudieron advertir dicha patología.
Por empezar, ha dejado de funcionar la cocina central del Complejo, por lo que no es posible suministrarle la dieta que debiera recibir, ni comida caliente o elaborada. Solo se reparten alimentos crudos, según pude verificar el pasado 8 de febrero de 2023 al visitar distintos sectores del mismo. Los sectores de alojamiento carecen de cocinas adecuadas y de lugares apropiados para guardar alimentos o enceres domésticos para cocinarlos y de cocinas apropiadas. Solo hay anafes en sectores faltos de higiene y de revestimientos mosaicos y no hay personal de cocina ni organización alguna del uso de dichos sectores o de la distribución de tareas entre los internos. Ello impide que se suministre una dieta adecuada a ninguna persona y no ya a un paciente de una patología grave.
Los baños, por su parte, carecen de higiene y no funcionan los montacargas ni hay ascensores. Las escaleras carecen de pasamanos reglamentarios y la falta de higiene y los olores fétidos son generalizados en todos los sectores. En especial donde se almacenan los alimentos crudos que se reparten a los distintos sectores.
El Hospital Penitenciario Central es un mero dispensario de medicamentos sin capacidad para efectuar estudios de laboratorio ni los estudios diagnósticos más sencillos. El personal de seguridad no tiene control de lo que ocurre en el interior de los pabellones en los que cualquier agravamiento que requiriera una urgente intervención médica no puede ser atendido antes de procurarse las llaves de las rejas de acceso y reunido un adecuado contingente de requisa que permita abrir en condiciones de seguridad cada sector de alojamiento.
En tales condiciones, afirmar que el imputado está siendo adecuadamente atendido y que recibe "tratamiento diario" por el cuadro de salud que padece es un grave yerro de la Jueza de grado que ignora la frecuencia con la que es asistido en su lugar de alojamiento el paciente o la dificultad para evacuar cualquier consulta o para conservar, incluso, en condiciones apropiadas la medicación que se le suministra (AAS 100 mg/ día y venotónicos).
Afirmar que es un tratamiento adecuado para su salud el efectuar consultas extramuros con el servicio de flebología de cualquier hospital público de la Ciudad, tampoco es una afirmación que pueda compartirse. Ello implica que se requiere al gestor del Servicio Penitenciario Federal obtener el turno respectivo, los que nunca son inmediatos salvo que se lo traslade al servicio de urgencias y trasladar en tiempo oportuno al paciente y a su custodia lo que implica un absurdo derroche de recursos para una atención médica malograda la mayoría de las veces por las demoras en el traslado de los detenidos (que llegan al hospital luego de atender los traslados a los tribunales, cuando los médicos ya se han ido). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).