La ley procesal contravencional establece en el artículo 51, el trámite a seguir luego de presentado el recurso de apelación, por lo que no corresponde hacer aplicación supletoria del artículo 282 in fine del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, interpretando esta norma procesal contravencional, a la luz de las garantías constitucionales previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 13.3 de la Constitución de la Ciudad, cabe concluir que el defensor cuenta con la posibilidad de mejorar fundamentos, al igual que en el artículo 282 del citado código.

En el caso, corresponde admitir el tratamamiento introducido por el Defensor de Cámara y declarar la nulidad del desarchivo dispuesto por el Fiscal de Cámara.
En efecto, el Defensor de Cámara solicitó se declare la nulidad de lo resuelto por el Fiscal de Cámara en referencia a dos dictámenes en los que el referido no convalidó sendos archivos ordenados por el Fiscal de instancia.
El artículo 276 del Código Procesal Penal (conf. art. 6 ley 12 de la CABA), atribuye a la alzada el conocimiento del proceso sólo respecto de los puntos de la resolución a los que los motivos del agravio se refieren, lo que tiene el claro sentido de implicar que quedan firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada los puntos de la resolución no recurridos.
No obstante ello, la norma no impide controlar jurisdiccionalmente el respeto de las garantías constitucionales que corresponde declarar incluso de oficio, afectación que se verifica en el caso. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

En el caso, corresponde admitir el tratamamiento introducido por el Defensor de Cámara y declarar la nulidad del desarchivo dispuesto por el Fiscal de Cámara.
En efecto, el Defensor de Cámara mantuvo el recurso del Defensor de instancia y además solicitó se declare la nulidad de lo resuelto por el Fiscal de Cámara en tanto dispuso no convalidó sendos archivos que había ordenado la Fiscal de Instancia.
Corresponde referirse en primer término a dicha cuestión, toda vez que la forma en que se resuelva determinará el destino de los restantes planteos.
En tal sentido, corresponde ingresar en el análisis de la nulidad planteada, por ser justamente la función de los jueces la de controlar la legalidad del proceso y verificar el cumplimiento de las garantías constitucionales, toda vez que lo contrario implicaría convertirlo en un mero espectador del curso del proceso. (Del voto en disidencia del Dr. Vázquez)

En el caso, corresponde rechazar la solicitud de la parte Querellante tendiente a que se convoque a audiencia, en los términos de los artículos 296 y 297 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto, las presentes actuaciones tramitan ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por el querellante, contra la decisión del "a quo", que concedió la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado.
Así, tanto en el recurso de apelación, como mediante escrito presentado ante esta Alzada, el querellante solicitó que se fijara la audiencia prevista en el artículo 297 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “a fin de ampliar fundamentos”.
Ahora bien, decisiones como la aquí impugnada, no se encuentran abarcadas por el artículo 296 de ese cuerpo normativo.
Asimismo, cabe tener en cuenta que ante la falta de celebración de otras audiencias contempladas en el Código Procesal Penal de la Ciudad, corresponde su rechazo cuando no se observa que la falta de su realización, ocasione un gravamen de imposible reparación, tal como sucede en la presente, donde la parte Querellante no logra demostrar dichos extremos.