Para determinar en que ocasiones es viable la acción de amparo cabe efectuar una interpretación razonable de la Constitución y de la Ley Nº 16.986 que no desproteja los derechos esenciales, pero que tampoco consagre el amparo como única vía judicial. Desde este ángulo, sostiene Augusto C. Belluscio que a fin de determinar si la viabilidad de la acción de amparo está excluida por la existencia de otro medio judicial más idóneo para la protección del derecho conculcado, cabe tener en cuenta determinadas pautas. La primera de ellas se basa en que este medio resulta viable si la arbitrariedad o ilegalidad es manifiesta, vale decir, debe surgir nítidamente de los elementos de juicio presentados con la petición, o bien poder ser demostrada mediante prueba simple o sencilla, agregando que la inadmisibilidad del amparo cuando no se presenta aquel carácter, no ha variado con la reforma constitucional (CSJN Fallos 319:2955 y 324: 754 voto de los Dres. Fayt y Belluscio), ya que está excluido cuando por las circunstancias del caso se requiere mayor debate y prueba (“El amparo y otros medios judiciales”, en Lexis Nexis, Jurisprudencia Argentina, 26/11/03).
En igual sentido, Néstor P. Sagüés afirma que el artículo 43 de la Constitución Nacional diseña el amparo para atender exclusivamente a hipótesis de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”; por lo que si el acto lesivo no padece de un vicio palmariamente arbitrario o ilegal, el amparo no será una ruta exitosa, siendo mas provechoso plantear su reclamo por otro conducto procesal. Y agrega que, en principio, los procesos ordinarios son generalmente mas idóneos que el amparo para custodiar un derecho constitucional vulnerado, desde el momento que en ellos se estudia cualquier tipo de lesión, independiente de su carácter de manifiesta o no manifiestamente arbitrario o ilegítimo, y con un aparato probatorio mas amplio que el del amparo (“Amparo, hábeas corpus y habeas data en la reforma constitucional”, La Ley ,T 1994, D).

Es competente la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario para conocer en las actuaciones donde se impugna la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 03/2003, ratificado oportunamente por la legislatura. Ello, habida cuenta que la Ciudad cuenta con su propia legislación de forma y jurisdicción para entender en todas aquellas cuestiones en que se ponga en tela de juicio el accionar de la autoridad administrativa local o en los que esta sea parte, cualesquiera fuere su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del privado.

En relación a la acción expedita, rápida y gratuita prevista por el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que opera como un remedio excepcional y procede contra actos u omisiones del poder público que en forma actual o inminente lesionen o restrinjan derechos consagrados constitucionalmente y para cuya interposición deben ser observados una serie de requisitos que lo hagan viable. Ello es así, pues dichos recaudos se basan en la necesidad de que los extremos violatorios del acto administrativo cuestionado estén debidamente acreditados en sí mismos, esto es, que surjan prístinamente de los hechos expuestos o a través de elementos probatorios que se caracterizan por la simpleza de su producción (c/nº 029-00-CC/2004, del 19/2/04, Nº 337-00-2004, del 7/10/04, Nº 182-00-CC/2005, 6/6/05). Por otro lado, sin perjuicio de la invocación consistente en la inexigibilidad del agotamiento previo de la instancia administrativa (art. 14 CCABA), lo cierto es que, no debe existir otro medio judicial más apropiado para tutelar el derecho cuya lesión, restricción, alteración, actual o inminente se denuncia.

Las inspecciones de rutina realizadas por el órgano ejecutivo no son más que la práctica usual del ejercicio del poder de policía del Ejecutivo de la Ciudad (arts. 7, 104, inc. 11 y 105, inc. 6 de la CCABA) y no constituye materia propia de la acción amparo que se intenta “...la de imponer la vigilancia de los jueces sobre el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor preventivo, por parte de los primeros, del acierto o error de la actividad que llevan adelante los segundos. El bien común exige el control de la administración por la justicia, pero no admite a los jueces como tales en función de administradores...” (c/nº 425-00-CC/2004, 17/12/04).

Las normas contenidas en la ley que regula la acción de amparo (Ley Nº 16.986) son plenamente aplicables en el ámbito de la Ciudad siempre que ellas no se hallen en contradicción con las previsiones del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad.
Así las cosas es dable recordar que el segundo inciso del artículo 2 de la mencionada ley establece que “La acción de amparo no será admisible cuando: El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial”. Ello en modo alguno se contradice con el alcance que debe darse a la noción de “autoridad pública” contenida en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad.
En profusa jurisprudencia del máximo tribunal federal y demás tribunales inferiores así como en la opinión de prestigiosos doctrinarios, sostienen que la actividad jurisdiccional del estado local no puede controlarse a través de la vía intentada.

En la acción de amparo se verifica la existencia de una suerte de principio in dubio pro admisibilidad.

El artículo 15 de la Ley Nacional Nº 16.986, aplicable en la Ciudad de Buenos Aires, dispone que el recurso de apelación debe interponerse dentro de las 48 horas de notificada la resolución.
Tratándose de un plazo fijado en horas, deben computarse todas y hora a hora, excluyéndose solamente las que correspondieran a un día feriado; es decir que correran ininterrumpidamente desde la hora en que la parte es notificada (Morello – Vallefín, “El Amparo. Régimen Procesal, 5 ª Ed, Librería Editora , 2004 p. 150/55).

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Nº 16.986 los recursos de apelación contra una sentencia dictada en un juicio de amparo deben interponerse dentro de las 48 horas de notificada la sentencia impugnada comenzando a contarse ese plazo desde la hora en que se practica la notificación.
Es de advertir, sin embargo, que en el caso, el accionante se notificó del resolutorio de Primera Instancia el 29/12/04 a las 16 horas y la apelación es recibida el 1/2/05, faltando una (1) hora y 55 minutos para el vencimiento del plazo legal, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Contravencional. Por consiguiente, el resolutorio de concesión de la apelación por parte de la titular del Juzgado del 1/2/05 es válido, en tanto que el rubricado por quien se encontraba interinamente a cargo de ese Juzgado, decretando la firmeza de la sentencia con fecha 5/1/05, es írrito.

Respecto al criterio de admisibilidad sustantiva del amparo, esta Sala ya sostuvo que “el constituyente ha plasmado en el artículo 14 de la CCBA una acción rápida y expedita que debe proceder en ausencia de una vía judicial mas idónea - idem. art. 43 CN – sin que el agotamiento de la vía administrativa constituya un requisito de procedencia” y que “la acción u omisión y la actualidad e inminencia de la lesión permiten abarcar múltiples alternativas de afectación de derechos constitucionalmente” protegidos (Causa Nº 1596 – 00/CC/2003 en autos “Pirra, Ezequiel Alberto y otros c/GCBA s/ amparo. Apelación” (rta. 29/12/03).

La acción de Amparo es una garantía conferida a los particulares para tutelar de forma rápida y eficaz sus derechos, por lo que su procedencia tiene que ser observada con un criterio que, como tiene dicho la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, se encuentra ratificada en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución de la Ciudad, en lo que respecta a la ausencia de formalidades que puedan afectar su autooperatividad (conf. CAyT de la ciudad de Buenos Aires, Sala II, sent, 530, rta. 15/6/01 un re: “Poggio, Isabel c/ GCBA s/ amparo”, ídem autos “Antonelli, Luis Leandro c/GCBA s/ amparo, sent. 625 rta: 8/8/01).

Si para la procedencia de la acción de amparo se tuvieran en cuenta de manera literal los artículos 1 y 2 de la Ley de Nº 16.986 su viabilidad “no sería procedente nunca”, en tanto que desde la hermenéutica de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad “podría serlo siempre”. A fin de alcanzar una interpretación razonable es necesario constatar si la arbitrariedad o ilegalidad es manifiesta o bien puede ser demostrada mediante prueba sencilla y simple.

Si en un acotadísimo proceso de conocimiento, como es la acción de amparo, no se pueden impugnar actos provenientes de otro órgano jurisdiccional, con mayor razón dicho impedimento se hace ostensible en un proceso puramente cautelar donde el marco probatorio se acota al extremo y las cuestiones se ventilan in audita parte.

No corresponde confundir la vía del amparo con la vía accesoria que representa la solicitud de una medida cautelar autónoma. En efecto, amparo y medidas cautelares no operan en idénticos supuestos. La tesis dominante es que el amparo difiere de estas medidas en cuanto a su finalidad: mientras por el primero se procura el restablecimiento de un derecho vulnerado por el acto, la segunda tiene por objeto la protección provisional de aquél mientras se debate la cuestión de fondo. (Mario Rejtman Farah, Impugnación Judicial de la Actividad Administrativo, pág. 182, Buenos Aires. Editorial La Ley, 2000).

A fin de fijar los honorarios de los letrados que intervienen en un proceso de amparo, donde no hay un contenido pecuniario de referencia, toma relevancia la prescripción general del artículo 6 primer párrafo de la Ley de Aranceles Nº 21839 y los incisos b), c), d) y e) que posibilitan sopesar aspectos cualitativos tales como el mérito, calidad y eficacia de la labor profesional, la naturaleza del asunto, así como también el resultado obtenido.

El amparo establecido en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad no debe ser utilizado contradiciendo no sólo su carácter de excepción, sino también su naturaleza en tanto garantía de resguardo de derechos constitucionales que se dicen violentados; circunstancia esta que distorsiona su origen y finalidad, desvirtuándola, para convertirla sin más en una acción ordinaria sin observarse la raíz supralegal afectada, ni la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto de la administración discutido, ni mucho menos el perjuicio irreparable, ni su inminencia.

La naturaleza de las acciones de amparo se nutre de la necesidad de tutelar de manera efectiva los derechos reconocidos en las constituciones y en los tratados internacionales a ellas incorporados, diferenciándose de los procesos ordinarios no sólo por la finalidad que persiguen y la materia tratada, sino también porque constituyen instrumentos procesales diseñados para garantizar la supremacía constitucional y proteger de manera sencilla, rápida y eficaz los derechos consagrados en dichas cartas fundamentales.

No constituye materia propia de la acción de amparo, la de imponer la vigilancia de los jueces sobre el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor preventivo, por parte los primeros, del acierto o error de la actividad que llevan adelante los segundos. El bien común exige el control de la administración por la justicia, pero no admite a los jueces como tales en función de administradores.

En principio, en el marco de un proceso de amparo, no resulta propio del trámite de una apelación contra una medida cautelar la producción de prueba.
Esa prueba el apelante la podrá ofrecer en oportunidad de evacuar el informe previsto por el artículo 8 de la Ley N° 16.986.

La índole de ciertos procesos impone la necesidad de las resoluciones judiciales que en ellos se dicten, sea sin la previa audiencia de la parte a quien afectan. Así, tanto razones de urgencia como obvios imperativos de efectividad requieren que las medidas cautelares se decreten inaudita parte. Pero en este caso no media una derogación del principio de contradicción (art. 18 CN) sino un aplazamiento o postergación de la facultad de ser oído.
En efecto, las medidas cautelares pueden ser cuestionadas mediante el recurso de apelación, una vez llevadas a cabo.

La negativa a renovar la licencia de conducir basada en el artículo 1° del Decreto N° 704/96, es un acto arbitrario en los términos de los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que habilita la procedencia de la acción de amparo.
De adoptarse una solución distinta se estaría convalidando la imposición de una doble sanción al infractor. Por un lado, la multa. Por el otro, la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, la cual, en principio, podría asemejarse a una sanción de inhabilitación, cuya aplicación para la generalidad de los casos es insostenible (sin perjuicio de que, a su vez, excede la competencia de la Unidad Administrativa de Control de Faltas).

No corresponde denegar el pedido de renovación de una licencia de conducir con base en el artículo 1º del Decreto N° 704/96 en los casos que los que no existen infracciones pendientes de resolución.
Ello, sin perjuicio de lo que corresponda decidir en los casos en los que derive un perjuicio por la correcta aplicación de la norma citada. En tanto no se presenten tales condiciones, no parece pertinente -en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las normas es la ultima ratio del orden jurídico- pronunciarse al respecto.

La vía del amparo resulta procedente cuando la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad y ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías onstitucionales o legales. A su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que de mérito a la tramitación de esta vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se advierta que remitir el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios puede ocasionar un daño grave e irreparable al titular del derecho presuntamente lesionado. Precisamente por ésta ultima consecuencia la acción de amparo ha sido erigida como garantía constitucional, prevista para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías y en ello consiste su específica idoneidad como vía procesal.

El carácter sumario del amparo está al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, en caso contrario, no hay razón para no acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes. Por lo demás, sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales. Sentado ello, es dable observar que remitir tal definición a un supuesto de excepcionalidad intrínseca de la acción de amparo, carece de sustento expreso en la letra de la norma constitucional.

La Constitución define el marco en el cual propiamente el amparo sucede, pero en modo alguno califica a este suceso de excepcional o general. La tarea judicial, por tanto, debe permanecer ajena a cualquier presupuesto de existencia de la acción, salvo aquellos caracteres que se enuncian en la Constitución y que remiten la procedencia del amparo al acontecimiento puntual, que queda calificado como tal, en virtud de su respuesta singular a los requisitos constitucionales. Extremar la ponderación y la prudencia -siguiendo los lineamientos de inveterada jurisprudencia- en el análisis de la admisibilidad del amparo -y de cualquier pretensión que se allegue ante la Justicia- debe entenderse como hipótesis siempre actual de trabajo ante la constante renovación de "casos concretos". No, en cambio, como elemento apriorístico que remita a concepciones abstractas de excepcionalidad de la acción que suponen rasgos de pertinencia con anterioridad a la consideración de las circunstancias concretas de la causa.

En el caso, más allá de la calidad o el título con que los actores desempeñaban la función de cuidadores profesionales, es necesario acceder a la medida cautelar que solicitaron para continuar desempeñando sus tareas por cuanto, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida respecto del fondo, existe la posibilidad de que los eventuales derechos cuya protección requieren los actores puedan verse seriamente menoscabados con anterioridad al dictado de la sentencia respectiva.
Por otra parte, la concesión de la medida cautelar en los términos en que se resuelve en el presente no impacta de modo lesivo en el interés público toda vez que no se verá interrumpida la prestación del servicio de cuidado de bóvedas, que quedará a cargo de los actores durante la sustanciación de estos actuados.

El artículo 7º de la Ordenanza N° 36.604 establece que para el desempeño de la función de "cuidador profesional" debe otorgarse un permiso personal intransferible, para lo cual detalla un procedimiento específico.
En el caso, lo actores solicitan una medida cautelar a efectos de desempeñar esas tareas por transmisión hereditaria, es decir, sin tener el mencionado permiso. Sin embargo,no se encuentra acreditado el requisito de la verosimilitud del derecho para concederla,dado que la transmisión hereditaria de dicho cargo, sería contraria a los principios rectores en materia constitucional ya que afectaría la igualdad del régimen democrático de gobierno ínsito en la Constitución Nacional.
Luego, si bien la jurisprudencia y la doctrina han admitido que ante la presencia con mayor intensidad del peligro en la demora puede atemperarse la exigencia respecto de la verosimilitud del derecho, y viceversa; ello no permite soslayar -como en el sub lite- la ausencia de alguno de tales supuestos. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso,pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. De este modo, el proceso cautelar tiene por finalidad garantizar la inalterabilidad del objeto de la litis hasta el dictado del pronunciamiento judicial definitivo.
Particularmente, el artículo 189 Código Contencioso Administrativo y Tributario prevé que las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución de un acto cuando se encuentre presente al menos uno de los recaudos normados. Así, la medida procede cuando la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo causare o pudiere causar graves daños al administrado, en tanto de ello no resulte grave perjuicio par el interés público, o cuando el hecho, acto o contrato ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión.
A su vez, contempla in fine el citado artículo que la autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trámite. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

La circunstancia que la omisión de tomar posesión del Registro Notarial en el plazo fijado produzca la pérdida de dicho registro, no dota de carácter penal a la norma. Sólo es una razonable consecuencia, ante la falta de interés que denota el hecho de no asumir el ejercicio de la función, tendiendo a posibilitar que sean otros los que tengan posibilidad de acceder al ejercicio de ese cargo.
El derecho adquirido por los escribanos adscriptos comprendidos en la situación prevista en el artículo 10 de la Resolución Nº 1.104/91 del Ministerio de Justicia de la Nación (inc. a) a requerir el otorgamiento de la titularidad del registro notarial dentro del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Notarial (artículo 176 primer párrafo, de la Ley N° 404), en modo alguno enerva la existencia de un plazo para la toma de posesión del cargo. Es decir, el único derecho que poseen es el de solicitar el registro notarial dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 176. Pero de ahí derivar que poseen un derecho adquirido a posponer la asunción del cargo más allá del plazo fijado por las normas, con el solo límite su propia voluntad, no resulta admisible.
Es el beneficiario quien deberá sopesar si las molestias que le produce la toma de posesión del cargo, exceden el beneficio de ser escribano titular. Y, si así lo considera, será como consecuencia de una decisión voluntaria que se producirá la pérdida del registro notarial concedido por resolución.

Para determinar la competencia se ha de estar de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda.
Ello, no es competencia de esta Sala entender en el sub lite, ya que según resulta de los términos del escrito de demanda y demás presentaciones, el actor no habría deducido el recurso directo previsto en los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, sino que interpuso recursos administrativos y una acción de amparo con fundamento en los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que se han violado sus derechos garantizados en las citadas cartas fundamentales.
Como se advierte, el actor optó por una vía específica para cuestionar el desarrollo del sumario administrativo y el acto de cesantía, que difiere de la ordinaria prevista por el ordenamiento de forma, y respecto de la cual habrá de estarse por ende a sus especiales requisitos, alcances y características. Ello hace que por ser distinta la naturaleza jurídica de ambos procesos, corresponda a la instancia anterior continuar entendiendo en esta acción de amparo (conf. esta Sala in re "Romeo Juan José contra G.C.B.A. sobre Amparo [Art. 14 CCABA ], Expte: EXP 7902/0, resuelta el 30 de diciembre de 2003).

Si bien la cuestión fue declarada abstracta, toda vez que la Administración dio lugar a la iniciación del pleito, debe cargar con las costas correspondientes.

No corresponde suspender el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 03/2003 toda vez que de sus considerandos resulta que su dictado tiende a hacer cesar una situación de gravedad creada por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y, en segundo lugar, que al definir las situaciones en que rige la limitación se ha contemplado, por un lado, los establecimientos que expenden productos en la vía pública, y cuya consumición tendrá lugar probablemente en ella (apartados a y c precedentes) y,por el otro, los comercios que mantienen un contacto directo con los automovilistas, como manera de prevenir la ingesta de alcohol por parte de estos últimos.
Tal selección no parece prima facie revelar discriminación alguna, debiendo recordarse, al respecto, que la garantía de igualdad ante la ley no impide "que el legislador contemple en forma diversa situaciones que considera diferentes, en tanto no establezca distinciones irrazonables e inspiradas en fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas" (Fallos, 205:68; 237:334; 238:60; 289:197; 293:335; 301:381; 303:2021; 304:390; 305:823, entre otros).

No corresponde hacer lugar a la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 por falta de verosimilitud en el derecho invocado por la actora, ya que la actividad de venta de bebidas alcohólicas en los quioscos resultaba ya de dudosa legalidad a tenor de la legislación anterior al dictado del decreto 03/2003.
En efecto, la ordenanza 48.891, del 20 de diciembre de 1994, publicada en el boletín municipal 19.964,estableció la absoluta prohibición de toda forma de expendio de bebidas alcohólicas en los quioscos, cualquiera fuese su graduación. Y aún antes del dictado de tal norma, el código de habilitaciones era claro en cuanto a que en los quioscos estaba permitida únicamente la venta de bebidas sin alcohol (art. 4.64).

No corresponde hacer lugar a la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 si el recurrente no ha acreditado hallarse efectivamente autorizado para la venta de bebidas alcohólicas al momento de dictarse el decreto que cuestiona. En efecto, tal circunstancia no surge de la plancheta de habilitación, que se limita a rubros distintos al señalado. Esa sola circunstancia resultaría de por sí suficiente para considerar que el derecho invocado por el recurrente no aparece prima facie verosímil.
El decreto 2724/03, reglamentario del 3/2003, dispuso que la prohibición se extendía cualquiera fuera la habilitación con que contaran los maxiquiscos. Esta norma se enrola claramente en el criterio de la legislación previa en materia de habilitaciones en cuanto "las habilitaciones o permisos ya concedidos, se regirán por las normas vigentes al momento de su otorgamiento. Sin perjuicio de ello si en este Código se establecieran nuevos requisitos, deberán ajustarse a ellos cuando el Departamento Ejecutivo, por vía de reglamentación, así lo disponga" (art. 1.1.6).
En principio cabe afirmar que la habilitación con que pudiera contar la actora, junto con la práctica social de venta y consumo indiscriminado de alcohol en la vía pública, no condiciona, y menos aún impide, imponer razonables restricciones al desarrollo de actividades comerciales en la Ciudad. En el contexto reseñado, el decreto 3/2003, lejos de alterar, degradar o extinguir el derecho de trabajar o ejercer industria lícita en forma que pueda considerarse inválida, se limitó a reiterar anteriores limitaciones, reafirmando la prohibición de venta de alcohol en quioscos.

Aun de admitirse que el decreto de necesidad y urgencia 3/2003 importara una modificación efectiva del orden jurídico anterior, limitando o restringiendo actividades para cuyo desarrollo el actor gozaba de habilitación previa, tal modificación no sería en principio suficiente para sustentar la verosimilitud del derecho alegado. Ello por cuanto no existe habilitación que abrigue un derecho a la perpetuidad del régimen jurídico vigente.
Si bien es innegable que toda nueva reglamentación afecta en alguna medida derechos de propiedad y de igualdad, un examen preliminar del expediente no basta para considerar probado, en grado convincente, que el criterio de selección del regulador al distinguir el tratamiento de actividades que permite en almacenes y quioscos, resulte manifiestamente irrazonable, ni dirigido a efectuar discriminaciones arbitrarias, o sumamente opresivo de la situación económica del actor.

El otorgamiento de permisos para la venta en la vía pública constituye en general el ejercicio de una actividad discrecional de la administración (Conf. Marienhoff, Miguel S., Permiso especial de uso de bienes del dominio público, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 35). Tal circunstancia cobra especial relevancia en el caso de los permisos, dado que, "en el permiso se trata siempre del otorgamiento de un derecho nuevo al particular, que configura una excepción a una prohibición impuesta por una norma de policía en forma preventiva.
En este último caso, la Administración pública tiene el deber de comprobar que el ejercicio de la actividad prohibida no afecta el interés público o bien común" (Cassagne, Juan C., Derecho administrativo, 6ta. Ed., Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1998, t.II, p. 464).
En el caso, dado el fallecimiento del titular del permiso del puesto de flores, el actor -ayudante- carecía de derecho alguno tanto a continuar la explotación del puesto cuanto a obtener el otorgamiento de un permiso para explotarlo. Sí podía como lo hizo, ejercer su derecho de peticionar a las autoridades, y obtener una decisión fundada que resolviera su reclamo. La decisión que la administración adoptara al respecto, en ejercicio de sus facultades discrecionales, sería pasible de control judicial en los términos expuestos. Pero lo que de ningún modo puede concebirse es que la demora en resolver la solicitud del actor faculte a los jueces a sustituirse al poder administrador, adoptando una decisión- el otorgamiento al accionante de un permiso para realizar una actividad comercial en la vía pública- que se encuentra constitucionalmente a cargo de aquél (artículo 104, inc. 21,CCABA).

En el caso, corresponde disponer que, hasta tanto se proceda a adjudicar al amparista otro puesto de venta en la vía pública, en las condiciones que establece la normativa vigente, la administración deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que el pueda desarrollar su trabajo de venta de flores en el lugar en que lo hacía.
El retiro del puesto por parte de la Administración y la falta de respuesta a las diversas solicitudes del amparista para que se le conceda la habilitación correspondiente, revisten ilegalidad y arbitrariedad manifiesta y vulneran tanto la Constitución de la Ciudad como las normas infraconstitucionales, al privar al accionante de modo arbitrario de su derecho a que se le otorgue un espacio para explotar un pequeño comercio.
No ignora el Tribunal que, a efectos de acceder a dicho permiso, existen una serie de condiciones reglamentarias- inscripción en la lista de aspirantes y sorteo por acto público- que el actor no acreditó haber cumplido. Sin embargo eso no puede llevar sin más al rechazo de la demanda, toda vez que el principio del informalismo a favor del administrado (art. 22 inc. "c", Ley de Procedimiento AdministrativoCABA), así como la especial protección legal y constitucional de que gozan las personas con necesidades especiales, obligaba a la administración a reencauzar las peticiones del actor a fin de cumplir con el mandato normativo. La omisión de actuar en tal sentido por parte de la demandada no puede entonces perjudicar al accionante, pues sostener lo contrario- teniendo en cuenta la reiteración y antigüedad de las presentaciones del actor, así como el hecho de que la explotación del puesto por su parte se prolongó durante 16 años- importaría hacer prevalecer lo formal por sobre lo sustancial, vaciando de contenido a las disposiciones de rango constitucional que protegen a las personas con discapacidad. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el caso, al derecho que el actor tiene de peticionar a las autoridades y obtener un pronunciamiento fundado que resuelva su solicitud, se agrega su especial condición de discapacitado visual, lo cual obliga a la accionada a tratar su petición con especial deferencia, en virtud de la protección legal y constitucional de la que gozan las personas con necesidades especiales (art. 42, CCABA; Ley Nº 22.431; ordenanza 43.465, y decretos 747/93 y 1553/97). Conviene recordar, en tal sentido, que esas normas establecen la obligación para el Estado local de otorgar en concesión a las personas para discapacidad espacios para pequeños comercios (art. 11, Ley Nº 22.431, según Ley Nº 24.308).

Si bien el artículo 11 de la Ley Nº 22.431 según Ley Nº 24.308 establece la obligación para el Estado local de otorgar en concesión a las personas con discapacidad, espacios para pequeños comercios, requieren, para acceder a tal beneficio, la acreditación de la discapacidad, y la inscripción en un registro especial (art. 7, decreto 1553/97). A su vez, la disposición N° 97-DGC yP- 00, reglamentaria de este último decreto, estableció un procedimiento para la adjudicación de espacios de dominio público a los inscriptos en la lista de aspirantes, la que se realiza por acto público y por sorteo.

En el caso, aún cuando existiera una norma que disponga la titularización sin concurso del personal directivo docente, no resulta arbitrario ni ilegal -y menos aún en forma manifiesta- el eventual inminente llamado a concurso para cubrir definitivamente dichos cargos, por el contrario, implica lisa y llanamente la aplicabilidad a la especie del texto constitucional.
Es que el sistema de concursos resulta el principio general en lo que concierne a ingreso y promoción en materia de empleo público, que fluye en primer término del artículo 16 de la Constitución Nacional en cuanto establece que todos los habitantes "son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".
Así, la sustanciación del amparo deducido contra el llamado a concurso, se tornaría en un dispendio jurisdiccional innecesario e injustificado, sin que importe su rechazo in límine en este estado violación alguna de las garantías constitucionales que asisten a quien interpuso la acción.
Lo dicho no importa negar la eventual judicialidad de los actos presuntamente viciados, sino precisar la vía adecuada para su cuestionamiento.

Siempre que las pruebas no revistan en sí especial complejidad como para requerir un proceso de conocimiento mayor, resulta inaplicable el artículo N° 2- inc. "d"- de la Ley N° 16.986. Asimismo, debe tenerse presente que, conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese precepto de la ley de amparo "... no debe ser entendido de manera absoluta, porque ello equivaldría a destruir la esencia misma de la institución que ha sido inspirada con el propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales de la persona..." (Fallos, 276:215).

El rechazo de la acción de amparo sin sustanciación debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad.
Ello es así toda vez que a la luz de la normativa vigente, la Constitución Nacional en sus artículos 43 y 75 inciso 22, y la Constitución de la Ciudad - artículos 10 y 14 - abren una instancia nueva en la interpretación sobre la viabilidad del instituto de amparo. Así, la facultad de rechazar un amparo in límine debe entenderse en sentido restrictivo en virtud de la consagración constitucional de la garantía de obtener un rápido acceso a un tribunal imparcial e independiente.
Si bien a lo que se aspira en la hipótesis del rechazo in límine es a evitar el dispendio de gastos y actividad que implica el desenvolvimiento total de un proceso que ha de concluir fatalmente en su rechazo, no es menos cierto que el atributo de manifiesto debe reservarse para situaciones en las que no sea necesaria la consecuente verificación de supuesto de hecho que requieran mayor debate o prueba.
Si no se presenta la inadmisibilidad de manera manifiesta, corresponde la sustanciación del amparo ya que su rechazo in limine permite abrigar dudas respecto de la intangibilidad de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio.

No es apelable la resolución que deniega un pedido de citación de terceros toda vez que dicha causal no se encuentra comprendida entre los supuestos de apelabilidad en el amparo. Ello, conforme al artículo 15 de la Ley Nº 16.986, el que establece que en la acción de amparo únicamente resultan apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3º del mismo cuerpo legal y las que disponen medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado (esta Sala, in re "Klimovsky, Silvio Rafael y otros c/ G.C.B.A. s/Amparo", QAD 18/00).
Según se advierte, el primer precepto citado ha previsto en forma taxativa las resoluciones susceptibles de apelación y, en consecuencia, cualquier otra decisión se verá alcanzada por la referida limitación recursiva, solución normativa que responde a la sumariedad del proceso y a la celeridad con que ha de arribarse al estadio decisorio de mérito.

En el caso, no corresponde conceder al amparo los efectos de cosa juzgada formal y material, a las cuestiones planteadas por el actor en su demanda, orientadas a cuestionar el desarrollo y la resolución del concurso convocado por resolución 1829-SED-2001, ya que dichas cuestiones fueron introducidos en forma sucesiva en el trámite del amparo como denuncias de hechos nuevos y ampliación de demanda, y, si bien se corrió traslado de cada uno de ellos a la demandada, el modo y la oportunidad en que tales cuestiones se incorporaron al legajo veda sostener que a su respecto haya podido mediar un "debate pleno".
No obstante haberse requerido numerosas actuaciones administrativas, no se dispuso de la totalidad de los expedientes administrativos en el marco de los cuales se dictaron los actos cuya declaración de nulidad aquí persigue el actor al momento de resolver en los autos por el que tramitó la acción de amparo.

Lo sustancial a la hora de decidir si la sentencia de amparo hace cosa juzgada material o formal será que la cuestión haya tenido o no pleno debate previamente, independientemente del cauce procesal por el que haya tramitado.
En el caso, las impugnaciones deducidas contra las resoluciones de la Secretaría de Educación del G.C.B.A., por las que se aprobó un nuevo reglamento de concursos para los CENT y se convocó a concurso en el CENT Nº 8, han gozado de un debate pleno. Es que, tales cuestiones versan -en lo sustancial- sobre las facultades de las autoridades del Gobierno de la Ciudad en relación a los establecimientos educativos transferidos desde la órbita nacional y, a su respecto, se ha dispuesto de los elementos de convicción necesarios para que sobre la decisión adoptada, en el marco del anterior proceso de amparo, recaigan los efectos de la cosa juzgada formal y material.

En el presente, no corresponde rechazar in límine la acción de amparo porque, si bien no se ha tomado aún un acto decisorio por parte del Jefe de Gobierno, nos encontramos ante un acto preparatorio inserto en el procedimiento administrativo que constituiría, en atención a las particulares circunstancias del caso, la "amenaza" de los derechos invocada por las accionantes. El dictamen -en el presente caso- no es vinculante, sin embargo, como el amparo procede frente a una amenaza de lesión inminente y junto con el dictamen de la Procuración General se ha elevado el proyecto de decreto, corresponde considerar que tal amenaza inminente podría eventualmente llegar a configurarse a la luz de la forma en que ha sido planteado el objeto de la pretensión.

En el caso, si bien no hay "acto" hasta el momento, y dado que las actoras alegan la omisión de procedimientos previos esenciales para la declaración de desierta de la licitación y, al existir un proyecto de decreto de declaración de desierto elevado por la Procuración General al Jefe de Gobierno, sin la recomendación de la realización de tales procedimientos, no puede prima facie tener por no configurada la amenaza inminente de lesión a los derechos de las accionantes, que vale recordar resultaron adjudicatarias de la licitación pública internacional, adjudicación que fuera oportunamente notificada. Esta circunstancia es la que hace aconsejable la sustanciación de la presente acción.
Ante estas circunstancias no se advierte que sustanciar el procedimiento del amparo pueda resultar lesivo del interés público atento a que no se estaría impidiendo ni la ejecución de las obras, ni la adjudicación a un tercero, sino tan sólo posibilitando la consideración por un tribunal imparcial e independiente de la solicitud de suspensión de declaración de desierta de la licitación, para la cual las actoras reclaman el cumplimiento de los procedimientos pertinentes para ello.

En el caso, corresponde rechazar in límine el amparo interpuesto dado que no hay en el caso una actuación de la Administración que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos de las empresas actoras, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 3º de la denominada Ley Nº 16.986.
Ello, dado que no es posible atacar un proyecto de decreto sobre la base de presagiar que las áreas competentes no tendrán la debida participación. No hay elemento alguno en la causa que avale un pronóstico semejante. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

La facultad de dejar sin efecto un procedimiento de preselección en una obra pública, aún después de notificada la adjudicación no es per se un acto arbitrario ni ilegítimo -y menos aún en forma manifiesta-. Por el contrario, implica lisa y llanamente el ejercicio de una facultad que la legislación vigente reserva a la autoridad administrativa, y de la que no hay razones que permitan suponer que será ejercida en el futuro en contradicción al marco legal vigente.
Así, la sustanciación del amparo deducido, se tornaría en un dispendio jurisdiccional innecesario e injustificado, sin que importe su rechazo in lÍmine en este estado violación alguna de las garantías constitucionales que asisten a quien interpuso la acción. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

La facultad de rechazar un amparo "in limine" debe entenderse en sentido restrictivo en virtud de la consagración constitucional de la garantía de obtener un rápido acceso a un tribunal imparcial e independiente. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

La admisibilidad de la acción de amparo se encuentra de modo suficiente circunscripta por el texto constitucional. Su procedencia depende de la actualidad o inminencia del acto u omisión lesivo que se invoque y de que la invalidez jurídica de la conducta objetada sea manifiestamente arbitraria o ilegal.
Pero tales recaudos de procedencia no avalan remitir a un supuesto de excepcionalidad intrínseca de la acción de amparo, criterio que carecería de sustento expreso en la letra de la norma constitucional. La Constitución define el marco en el cual propiamente el amparo sucede, pero en modo alguno califica a este suceso de excepcional o general. La tarea judicial, por tanto, debe permanecer ajena a cualquier presupuesto de existencia de la acción, salvo aquellos caracteres que se enuncian en la Constitución y que remiten la procedencia del amparo al acontecimiento puntual, que queda calificado como tal, en virtud de su respuesta singular a los requisitos constitucionales.

Toda vez que en la causa caratulada "Vera, Miguel Angel c/ G.C.B.A. s/ Amparo" (expte. 843/01, sentencia del 4/5/01), el Tribunal Superior de Justicia decidió que el plazo de caducidad previsto por el artículo 2, inc. "e", Ley Nº 16.986 se encuentra vigente -y sin perjuicio de la opinión contraria de los miembros de este Tribunal-, a fin de determinar si en la especie, la demanda fue promovida en forma oportuna, corresponde establecer si desde el momento en que el actor tomó conocimiento del acto cuestionado transcurrió el mencionado plazo de caducidad.

No considero que el Tribunal Superior de Justicia haya fijado, al menos hasta el momento, y de forma clara y precisa, la constitucionalidad del plazo de caducidad previsto en el artículo 2º, inc. e) de la Ley Nº 16.986, que a mi entender resulta "prima facie" incompatible con el generoso diseño procesal establecido por el artículo 14 de Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el mencionado precedente "Vera" el T.S.J. resolvió un caso concreto y no entendió necesario fijar una posición de carácter general sobre el plazo de caducidad fijado por la Ley Nº 16.986.
Por otra parte, la forma en que ha sido constitucionalizado el amparo, tanto a nivel nacional como local, impone como criterio jurídico de interpretación que, en caso de duda, debe favorecerse la admisibilidad de la acción, sin que ello implique, desde otro punto de vista, desnaturalizar las vías ordinarias previstas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario (cfr. mi voto in re "Buenahora, Rubén c/ G.C.B.A. s/ Amparo", EXP nº 5985/0). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. A. Corti).

Si de los términos del escrito de demanda y demás presentaciones, la actora no dedujo el recurso directo previsto en los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, sino que interpuso una acción de amparo con fundamento en los arts. 43 Constitución Nacional y 14 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires por considerar que se han violado -en forma arbitraria e ilegítima- sus derechos garantizados en las citadas cartas undamentales, se advierte que el actor optó por una vía específica para cuestionar el desarrollo del sumario administrativo y el acto de cesantía, que difiere de la ordinaria prevista por el ordenamiento de forma, y respecto de la cual habrá de estarse por ende a sus especiales requisitos, alcances y características. Ello hace que por ser distinto el procedimiento y recaudos de ambos procesos, corresponda a la primera instancia anterior continuar entendiendo en esta acción.

Las costas deberán ser impuestas a la administración siempre que, de las constancias de la causa, surja que se encontraba en mora en oportunidad de interponerse la demanda. Ello así, por aplicación del principio objetivo de la derrota en juicio establecido como pauta general por el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
En el caso, el hecho de que se haya vuelto abstracta la cuestión referida a la obligación de resolver el reclamo no impide imponer las costas a la parte demandada, circunstancia que depende de si ésta incurrió o no en mora en el trámite administrativo.

En el caso, lo que permitirá decidir la imposición de las costas con fundamento legal es la circunstancia de haber cesado la omisión que motivó este amparo con anterioridad al plazo mencionado ut supra o una vez vencido aquél.
Y así, habiéndose acreditado en la causa el dictado del acto administrativo que tornó abstracto el objeto de la presente acción dentro del plazo conferido por la magistrada de grado, debe aplicarse de la excepción contenida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Nº 16.986 y distribuir las costas en el orden causado. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En las cuestiones abstractas (sean las inicialmente abstractas o, como en el caso, las que devienen abstractas durante el transcurso del proceso) se produce para algunos inclusive una "falta de jurisdicción" más que de competencia, la que exime al tribunal del deber de fallar.
Ello, dado que la acción de amparo tiene un contenido específico: poner fin al ataque de las libertades públicas reconocidas por la Constitución a los habitantes de la Ciudad. El amparo tiende-y es bueno reparar en ello para que no se lo desvirtúe- a restituir la situación jurídica restringida o a que cese inmediatamente la lesión constitucional. Y nada más (Confr. Fiorini, Bartolomé, El recurso de amparo, LL 93: 946 y Morello-Vallefín, El Amparo, régimen procesal, Librería Editora Platense, 4º edición., p.141).

Si en el caso se detectaron numerosas irregularidades en un establecimiento hotelero donde deben alojarse los amparistas, y si a casi un año de las inspecciones se constata que la deficiente situación del hotel no había sido subsanada, se sigue que media al respecto una omisión administrativa en su deber de hacer cumplir la normativa vigente en la materia, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de amparo, ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el plazo de quince días, disponga lo necesario a efectos de que efectivamente adecue sus instalaciones a la normativa vigente en la materia; o, en su defecto, adopte las medidas necesarias para que en el mismo plazo los actores y su grupo familiar sean alojados en un lugar ajustado a dicho régimen legal.

En el caso, la derogación expresa de la disposición mediante el artículo 2º de la resolución 193-SDS-2002, a lo que debe adunarse la posibilidad de los actores de optar para permanecer alojados en los hoteles (art. 19 decreto 895/2002 y 8 del Anexo 2 de la resolución 193-SDS-2002) renovando mensualmente tal beneficio mediante la presentación de una declaración jurada, permite sostener que se ha ave ntado en principio la posibilidad inminente de un "final intempestivo" de la cobertura que actualmente reciben los actores en materia de vivienda.
Así, la extirpación del mundo jurídico de la resolución 102-SPS-2001 produjo una modificación en la situación fáctica de los actores, toda vez que ya no los aqueja el inminente agotamiento de los programas sociales en los que se encuentran incluidos, por lo que se desvanece en este punto el carácter actual o inminente de la afectación de sus derechos.
No conmueve lo antedicho la falta de constancia en autos respecto del ejercicio por parte de los actores de la opción prevista en el artículo 19 de decreto 895/2002, por cuanto cualquiera sea el resultado de aquélla, su situación ha variado en virtud de la derogación apuntada y, en caso de no haberse ejercido explícitamente dicha elección, el artículo 8 del anexo 2 de la resolución 193-SDS-2002 dispone que "se entenderá que permanecen en la operatoria actual" (la negrita nos pertenece), esto es alojados en los hoteles.
Por último, si bien resulta cierto que ni el decreto 895/2002, ni el resto de la normativa dictada en su consecuencia, disponen por cuánto tiempo se extenderá la permanencia de los actores en los hoteles, también lo es que tampoco se establece cuándo finalizará y que se prevé una renovación mensual, no sujeta en principio a otras condiciones que la presentación de una declaración jurada.

En el caso, corresponde declarar abstracta la cuestión del mantenimiento de la asistencia habitacional de los actores y su grupo familiar, más allá de la opinión en sentido contrario de este Tribunal y adecuar este decisorio a las pautas que surgen del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia en la causa expte. nº 2282/03, caratulado "Jasmín, José Alberto y otros c/ G.C.B.A. s/amparo s/recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia del 1/10/03).
Según el criterio del Superior dicha situación - ha perdido actualidad -esto es, se ha vuelto de conocimiento abstracto-, dado que "[t]al como surge del decreto nº 895/02 y de las resoluciones nº 193/SDS/02 y 216/SDS/02, el Gobierno local ha dictado normas que comprenden la situación de los amparistas, por las que cesó el peligro que llevó a los actores a interponer un amparo preventivo para que continúen los programas sociales cuyas prestaciones de carácter habitacional usufructúan".

En el caso, corresponde ordenar al Gobierno de la Ciudad de Bs.As. que disponga lo necesario para que los actores y su grupo familiar en un lugar adecuado a sus necesidades, dado que se desprende de las constancias de autos que el alojamiento de los actores no reúne las condiciones establecidas en los programas asistenciales, en tanto se han denunciado serias falencias en las condiciones generales del hotel donde se encuentran alojados de tal gravedad que atenta contra la seguridad y salubridad de los accionantes.
Tales circunstancias permiten considerar que no se ha suministrado una vivienda digna, incumpliéndose de este modo el objetivo del programa prestacional por el que fueron asistidos los actores.

En el caso, sin perjuicio de que integrara el objeto de la demanda la cuestión de las condiciones de habitabilidad del hotel en que se encuentran alojados los actores, lo cierto y concreto es que el titular de tal establecimiento no ha tenido participación en el presente litigio, por lo que nada puede resolverse a su respecto, sin que se incurra en una violación a su derecho de defensa. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).

En la presente acción de amparo - promovida con el objeto de solicitar un incremento de haberes con carácter remunerativo y bonificable, solicitándose a tales fines el cumplimiento de la escala salarial establecida por Resolución Nº 37/CMCABA/99- resulta improcedente la excusación formulada por la sentenciante de grado fundada en que la decisión a dictarse en autos podría repercutir directamente sobre los intereses de la magistrada por encontrarse en una situación análoga a la del actor.
La excusación no es procedente si no se hace referencia alguna a otro juicio semejante o a la posibilidad de un beneficio cierto en su favor.
La doctrina ha señalado que el "interés" puede ser directo o indirecto, material o moral, y se configura toda vez que la sentencia a dictar sea susceptible de beneficiar o perjudicar al juez. (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, T.II, p. 319)

Resulta improcedente la medida dirigida a obtener la suspensión de la clausura dispuesta, y la inaplicabilidad de una futura clausura por carecer de la habilitación, por cuanto ello importaría un cercenamiento incausado de las facultades de control que el legislador local ha establecido en cabeza de la administración.
La presentación recursiva no logra demostrar cuál es la razón que impide a la actora -que explota la actividad de servicios informáticos en red- obtener la habilitación requerida a las SALAS DE RECREACIÓN, ni cuál es el perjuicio que conlleva que su actividad sea encuadrada en esa categoría.
Las habilitaciones para comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación e informática, comercio minorista de artículos de librería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabadores, copias de reproducciones fotográficas, editora de películas y videocasete y locutorio -con que contaría no es suficiente y adecuada para explotar juegos en Internet- en lugar de la exigida para SALAS DE RECREACIÓN.
El amparo no parece ser la vía indicada para obtener una modificación a los rubros comerciales y habilitación requeridas al efecto.

Si bien es cierto que la ley no contempla una enumeración taxativa de qué se entiende por conducta negligente en el marco del amparo, lo cierto es que el término no es en modo alguno ajeno al conocimiento jurídico.
En principio se entiende por negligencia o culpa in omittendo, una desatención o descuido, a veces un olvido, de la diligencia necesaria para no causar un daño contrario a derecho ( Carlos Echevesti, La culpa, Hamurabi, Buenos Aires, 1997, p. 108 y sgts.).
En términos sencillos se ha expresado que la negligencia importa hacer menos de lo que se debe (Código Civil y leyes complementarias, T. 2, p. 512, especialmente notas, 109 y 110, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987).
En derecho procesal, el concepto ha sido recogido en materia probatoria. Nació como creación pretoriana la "teoría de la negligencia en la producción de la prueba" a consecuencia de la acción u omisión imputable al litigante que ocasiona una demora perjudicial o injustificada en el trámite del proceso.

Si en la presente acción de amparo, en momento alguno se corrió a la accionada formal traslado de la demanda y su ampliación, ni -lo que es lo mismo- se requirió el informe prescripto por el artículo 8 de la Ley Nº 16.986 y, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la acción aún no se ha cumplido con tan trascendente acto procesal, que debería lógicamente haber sido realizado en el momento mismo de proveerse la demanda -o a lo sumo, una vez dispuesta la medida cautelar-, sin que exista en el expediente elemento alguno que así lo justifique, tan evidente lesión del derecho de defensa de la accionada no puede subsanarse mediante la referencia a que ella tomó conocimiento por otros medios -como la audiencia de los autos principales- de la existencia y contenido de la causa. Tales circunstancias no pueden suplir el traslado de la demanda, único acto que abre la posibilidad para la demandada de ejercer su derecho de defensa presentándose a estar a derecho, y cuyo carácter formal, en atención a la importancia de las garantías en juego, debe ser rigurosamente respetado.
A ello debe agregarse que el traslado de la demanda tiene por objeto, además, permitir la correcta constitución del proceso mediante la traba de la litis, que fija los límites del litigio y permite establecer los puntos sometidos a decisión judicial. La omisión de proceder de ese modo impide pues un correcto desarrollo del juicio, dejando abierto sine die el ámbito en que aquél se desenvuelve, y generando una situación de incertidumbre que atenta tanto contra la seguridad jurídica cuanto -una vez más- contra el debido proceso.

No son apelables las decisiones que rechazan planteos de incompetencia, citación de terceros y conexidad. Ello conforme el artículo 15 del Decreto Ley Nº 16.986 que establece que en el proceso de amparo sólo resultan apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3º del mismo cuerpo legal -rechazo in limine - y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado.
La norma mencionada ha previsto en forma taxativa las resoluciones susceptibles de apelación, y en consecuencia cualquier otra decisión se encuentra alcanzada por la limitación recursiva apuntada. Tal restricción obedece, obviamente, a la sumariedad excepcional con que se lo ha estructurado (v. Morello, Augusto y Vallefín, Carlos A., El Amparo Régimen Procesal, Librería Editorial Platense, 3º edic., La Plata, 1998, p. 145/146).

La sentencia del amparo -proceso sumario y de conocimiento abreviado, libre de formalidades procesales susceptibles de afectar su operatividad (art. 14, CCABA)-, únicamente debe reunir los recaudos propios de las sentencias interlocutorias.
La legislación procesal local -aplicable supletoriamente a la acción de amparo (cfr. art. 17, Ley Nº 16.986)- sólo exige que cada miembro del Tribunal funde individualmente su voto o adhiera al de otro juez, en el caso de los acuerdos celebrados para el dictado de las sentencias definitivas en que se resuelven recursos de apelación concedidos libremente (arts. 220, 242 y 243, CCAyT), pero no cuando el recurso debe concederse en relación (arts. 220 y 245, CCAyT), lo cual comprende a la acción de amparo (esta Sala, in re "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Obras y Servicios Públicos s/ Amparo", Expte. nº 9903/2000).
En estos supuestos, no es necesario que cada magistrado funde su voto por separado -salvo en caso de disidencia o ampliación de fundamentos-, resultando suficiente la exposición de los fundamentos mediante una redacción impersonal.

Siempre son las circunstancias propias y particulares de cada caso las que deben ponderarse para evaluar la idoneidad de la acción de amparo y no decidir una cuestión sobre la base de juicios previos irrevisables.

Sin perjuicio de lo que se opine acerca de lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, no corresponde aplicar esa excepción al sub lite si la copia del acto que tornó abstracto el presente amparo fue presentada una vez vencido el plazo para contestar el informe del artículo 8 y ello no ha sido cuestionado por la Administración.

El Tribunal Superior de Justicia ha destacado que en el derecho de esta Ciudad la clausura tiene diferentes calificaciones jurídicas: puede ser una pena contravencional (art. 11, inc. 6, Ley N° 10), una medida precautoria también contravencional (art. 18, inc. b, Ley N° 12), una sanción principal por la comisión de una falta (arts. 18 y 23, anexo I, Ley N° 451) o bien el contenido de un acto administrativo dictado en ejercicio del poder de policía (art. 104, inc. 11, CCABA; art. 38, Ley N° 123; puntos 2.1.5.c, 2.1.5.e, 2.1.9 y 12.1.2, Código de Verificaciones y, aprobado por Ordenanza N° 34.421, DM, volumen IV, parte 7 "Actividades de los administrados", p. 5/6) (Expte. nº 584/00, "Colon SRL c/ Gobierno de la Ciudad s/amparo", del 9 de noviembre de 2000)
De allí que, no puede identificarse sin más una clausura con una sanción de carácter contravencional y, a partir de allí, construir la incompetencia de este fuero para conocer en una acción de amparo.

La acción de amparo debe tramitar de manera expedita y rápida (art. 14, CCABA), y de suscitarse dudas sobre la competencia para conocer en el caso, el juez ante quien se interpuso el amparo deberá resolver la cuestión atendiendo a las características que la Constitución de esta Ciudad ha establecido, con la celeridad necesaria (art. 4, Ley N° 16.986).
Ello así, ya que resulta incompatible con la naturaleza de esta acción, que la existencia de duda razonable sobre la competencia, aún cuando fuera razonable, demore injustificadamente la tramitación de la causa.
En consecuencia, esta vía procesal escogida -una garantía procesal de trámite urgente- no puede, por su trascendencia, quedar subordinada a un debate prolongado acerca de si un juez es o no es competente para entender en un proceso en razón de la materia o especialidad, porque ello importa su desnaturalización.

En el caso, es competente el fuero Contencioso Administrativo y Tributario dado que el objeto de la acción de amparo interpuesta es que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cese la conducta ilegítima que les impide a los amparistas ejercer la venta ambulante de baratijas.
En efecto, más allá de las faltas o contravenciones en que pudieron incurrir los actores, éstos requieren del Poder Judicial local que los ampare en el ejercicio y desarrollo de sus actividades comerciales. Como se advierte, la decisión del amparo exigirá interpretar los artículos 14 del la Constitución Nacional y 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la normativa del derecho administrativo, lo que hace que la causa corresponda al conocimiento de este fuero (arts. 1 y 2,
CCAyT).
Es claro que el amparo influirá en caracterizar la actividad como regular o pasible de ser sancionada caso por caso según figuras contravencionales o de faltas. Pero esta circunstancia no permite dejar de lado que la cuestión debatida conduce a preguntarse si el ejercicio de la actividad de los actores se encuentra garantizada por las normas constitucionales. (dcot. TSJ. Expte. N° 3373, "Silveira Urrutia, César y Otros c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA) s/Conflicto de Competencia", del 24/11/04).

La acción de amparo debe tramitar de manera expedita y rápida (art. 14 CCABA) y, de suscitarse dudas sobre la competencia en razón de la materia o especialidad para conocer en el caso, aun cuando fuera razonable, será el juez ante quien se interpuso el amparo quien deba resolver la situación con la celeridad necesaria atendiendo a las características que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido, puesto que de lo contrario se desnaturalizará la vía elegida (TSJ,Expte. N° 3365, "Yalonetzky, Bernardo y Otros c/GCBA s/Conflicto de competencia", del 24/11/04).

En el caso, al no presentarse la inadmisibilidad del amparo de manera manifiesta, teniendo en cuenta que las amparistas cuestionan la supuesta omisión del Gobierno de la Ciudad en fiscalizar la actividad que despliega el lavadero de autos -omisión que según informan perjudicaría sensiblemente su calidad de vida- corresponde la sustanciación del amparo deducido ya que su rechazo in limine permite abrigar dudas respecto a una posible limitación excesiva de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio de sus derechos.

En el caso, corresponde rechazar in límine la acción de amparo interpuesta, dado que a más de la supuesta omisión del Gobierno de la Ciudad de fiscalización, se cuestiona la actividad desplegada por un particular que en principio, contaría con una habilitación para desarrollarla.
Si bien la parte actora acompañó abundante prueba documental y ha solicitado el diligenciamiento de prueba informativa, testimonial e, incluso, una pericial, la prueba ofrecida, la copiosa documentación acompañada y los intereses contrapuestos que se presentan en el proceso demuestran que la pretensión requiere un análisis y debate más profundo que el que permite el restringido proceso del amparo. Lo contrario, generaría -además- un ilegítimo cercenamiento de los derechos de defensa de los aquí demandados pues, es sabido, que el proceso de amparo acota y restringe sensiblemente el campo de acción de quienes allí intervienen
El análisis de los antecedentes de la causa excede notoriamente el marco del ámbito restrictivo propio del proceso del amparo, pues -tal como sostuvo la Corte en los precedentes citados- este tipo de proceso, después de la sanción del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional, no permite obviar el cumplimiento del recaudo requerido por dicha norma respecto al carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegalidad invocadas. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En los procesos de amparo las notificaciones por cédula deben ser aplicadas con carácter estricto a efectos de respetar la celeridad que lo destaca.

Aún antes de la reforma constitucional y de la sanción de nuestra Constitución, la Ley Nº22.431 instituyó un sistema de protección integral de personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen particular en relación con sus derechos, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado. La ley se dirigió fundamentalmente a tratar de conceder franquicias y estímulos que en lo posible permitieran neutralizar la desventaja que la discapacidad provoca.
Teniendo en cuenta esa finalidad, el interés superior que se trata de proteger, y la urgencia de encontrar una solución acorde con la grave situación planteada y constantemente agravada por la increíble demora de los órganos ejecutivos en implementar la legislación vigente, no parece razonable la exigencia de una prueba negativa que resulta de muy difícil, o hasta de imposible, producción -en el caso, la prueba de que la Administración hubiera incumplido con el cupo del 5 % y de la existencia de vacantes, ni las necesidades de servicio que requieran de un nombramiento de personal-. Máxime si se tiene presente que el incumplimiento de los cupos fijados por la ley y la Constitución local es un hecho público y notorio y se desprende de los dichos del representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar la medicación necesaria para los pacientes epilépticos que son atendidos en los hospitales públicos de la Ciudad. Ello, a través de los mecanismos que estime corresponder, en el plazo y con la periodicidad adecuada a la patología.
Ello, porque la protección constitucional del derecho a la salud resulta operativa. En efecto, el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Y agrega que "[l]os derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos".
Finalmente, la Ley Nº 153 -ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires- también garantiza el derecho a la salud integral (art. 1) y establece que esta garantía se sustenta -entre otros principios- en la solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud, y en la cobertura universal de la población (art. 3, inc. "d" y "e").

Si el juez, habiendo examinado el cumplimiento de los
requisitos legales para su procedencia (arts. 177 y cctes.
CCAyT), se limitó a disponer una medida cautelar en una
causa de su competencia (art. 2 CCAyT) a pedido de la
parte actora, esta actuación se enmarca estrictamente en
el ejercicio de las potestades atribuidas al Poder Judicial
por la Constitución de la Ciudad (art. 106 CCABA) y, en
particular, el control de legalidad de la actuación -u omisión
administrativa, que compete a aquél en el marco de la
forma republicana de gobierno, adoptada por la Ciudad de
Buenos Aires en el artículo 1 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires.
Ello pone en evidencia que, con el dictado de dicha
resolución, el señor juez a quo no ha invadido en forma
alguna las atribuciones propias del Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.4 in fine del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "durante la feria judicial sólo tramitarán los asuntos que no admitan demora".
Los argumentos expuestos por los peticionantes no deben limitarse a realizar una invocación abstracta respecto de la urgencia y la premura que los hechos que la acción de amparo requiere, sino que deben invocarse las razones que justifiquen la urgencia de la petición.

En atención a la naturaleza de la acción de amparo, si la resolución de la pretensión deducida no admite demoras (artículo 1.4 in fine del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), debe habilitarse la feria udicial para la tramitación de la causa.

En el caso, surge de los términos de la demanda que el actor promovió una acción de amparo en los términos de la Ley N° 104, de "acceso a la información". Ahora bien, el objeto de esta última es preservar el derecho de toda persona a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, conforme el principio de publicidad de los actos de gobierno (ley citada, art. 1); y confiere acción de amparo cuando el pedido de información no se hubiera satisfecho o la respuesta fuera parcial o ambigua art. 8).
El cuerpo legal en el cual el actor sustentó su demanda nada prevé con respecto a la publicación de la información, cuyo acceso público regula. Por lo tanto cabe concluir que este aspecto de la pretensión resulta ajeno a la vía procesal escogida -expresamente prevista en la Ley N° 104 y estrechamente vinculada al acceso a la información- y, en consecuencia, nada corresponde resolver al respecto en el marco del presente proceso.

De los términos en que los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad han delineado el instituto del amparo, se desprende que procede ante determinadas situaciones de urgencia actual o cercana en el futuro, que por las propias características del perjuicio que producen hagan necesaria una tutela judicial expedita y rápida, que no pueda obtenerse en forma eficaz mediante otra vía.
En materia de amparo no se persigue la reparación de un derecho que ha sufrido desmedro, sino prevenir el ataque, atajarlo, removerlo de inmediato. La urgencia es su característica, sea por la naturaleza propia del derecho que se busca amparar, sea por la necesidad subjetiva que su titular tiene de ejercitarlo, lo que debe perseguirse es detener la lesión, tratar de que no se produzca, o de que producida, cese de inmediato.

La razón de ser del amparo finca en evitar la demora propia de los procedimientos ordinarios a fin de posibilitar el dictado de un pronunciamiento inmediato, en especial atención a la naturaleza de los derechos invocados como sustento de la pretensión, mas esa finalidad esencial se muestra ab initio controvertida por la tardanza observada en acudir a la justicia, por quien sostiene haber sido perjudicada por una conducta que, en virtud del carácter continuo de sus efectos, habría reiterado por un holgado lapso la vulneración de sus derechos.

Si la acción de amparo se interpuso casi nueve años después del dictado del Decreto N° 2.544/92 -por el que se reencasilló al personal detallado en su anexo 2, conforme las disposiciones de la Ordenanza N° 45.199 que creó la Carrera de Profesionales de Acción Social-, ocho años después de la sanción del Decreto N° 186/94 que dispuso su reencasillamiento en los términos de la Ordenanza N° 45.199 a partir del día 1° de abril de 1992-, y dos años después de la deducción del primer reclamo administrativo, cabe razonablemente conjeturar que desaparecieron las condiciones de urgencia necesarias para la procedencia de una acción como la de amparo que por naturaleza resulta expedita y rápida, y que la afectada podrá acudir al trámite procesal ordinario para proteger sus intereses, sin que tal circunstancia evidencie menoscabo en sus posibilidades de defensa.
Por cierto, el tiempo que la actora ha dejado transcurrir admite arribar a la conclusión de que la pretensión no reviste la urgencia que requiere la vía del amparo, y en consecuencia el derecho que en su caso le asista puede ser satisfecho por otros medios sin que ello importe inferirles un perjuicio grave e irreparable.

La función constitucional de la acción de amparo es ser una garantía destinada a reestablecer sin demora los derechos o garantías lesionados, restringidos o amenazados por actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios.

Existe oposición entre el artículo 15 de la Ley N° 16.986 y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que la suspensión de los efectos de una medida cautelar adoptada con observancia de los recaudos de verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora, como consecuencia de la interposición de
un recurso de apelación, no preserva debidamente la efectividad del decisorio de mérito y, en consecuencia, no protege adecuadamente los derechos y garantías presuntamente lesionados. En esa medida restringe la eficacia y operatividad del amparo.
Las razones de política legislativa que puedan haber conducido a la sanción de la Ley N° 16.986 no pueden considerarse actualmente vigentes en esta Ciudad Autónoma, frente al mandato constitucional en cuya virtud el trámite del amparo se encuentra desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad.
Por lo expuesto, el artículo 15 de la mencionada ley, en cuanto dispone que en materia cautelar el recurso de apelación debe concederse en ambos efectos, ha de considerarse inaplicable en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En virtud de la remisión que efectúa el artículo 17 de la Ley N° 16.986 a las disposiciones procesales en vigor, corresponde aplicar el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, conforme al cual el recurso de apelación, en caso de admitirse la medida cautelar, debe concederse con efecto no suspensivo.

Si bien el último párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 16.986 establece que "cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido disponiéndose la acumulación de autos, en su caso". La aplicación estricta del principio de prevención, deja de ser una mera especulación hipotética a poco que se analice el numeroso universo de afiliados a la OSBA que resultan, a su vez, potenciales amparistas, situación ésta que se ve abonada por la preocupación e interés que se verifica en el ámbito local por la situación de la Obra Social.
La aplicación de este criterio a la situación aquí planteada puede llevar a contrariar el principio de economía procesal que se pretende preservar, para lograr en el menor tiempo posible la resolución de una causa y hacer efectiva la prestación de un servicio de justicia rápido y eficaz.
En este fuero se mantuvo el trámite de múltiples procesos de amparo en sus respectivos juzgados de origen, en los casos en que se plantearon amparos impugnando la decisión de interrumpir los programas sociales de vivienda, aún cuando una aplicación estricta del artículo 4 de la Ley N° 16.986 hubiera conducida a la solución contraria.

El recurso de reposición procede contra las providencias simples y contra las sentencias interlocutorias que no extinguen el proceso pero causen un perjuicio irreparable (art. 212, CCAyT). Dado que el rechazo liminar de la acción de amparo extingue el proceso, el pronunciamiento que así lo decide no es recurrible por esta vía.
A su vez, la apelación subsidiaria únicamente procede con respecto al recurso de reposición (art. 225, CCAyT) y, por lo tanto, sólo puede deducirse para cuestionar las decisiones recurribles mediante este último recurso; recaudo que, según lo dicho, no concurre en el caso.

La acción de amparo no es una acción típica sino genérica
como remedio procesal contra acciones u omisiones que
afecten un derecho o una garantía, en tanto no exista
otra vía procesal más idónea. La idoneidad, en este
contexto debe entenderse no por la especificidad de una
acción alternativa sino por sus resultados posibles en
relación con el fin perseguido por el amparo, esto es la
rápida y eficaz solución al problema suscitado por el acto
u omisión que lo genera. Esto quiere decir que el amparo
no es un recurso excepcional sino tan normal como la
existencia de casos que requieran su interposición. No
puede entonces hablarse de una interpretación restrictiva
o amplia del instituto, corresponde hablar de una
interpretación estricta en función de los supuestos del
artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires: adviértase la paradoja de aplicar un criterio
restrictivo cuando las violaciones fueran sistemáticas y
masivas, lo que equivaldría a legitimar todas aquellas
que quedaran fuera del remedio. Por el contrario una
interpretación amplia llevaría a considerar al amparo
como el remedio idóneo por excelencia en desmedro
de otras acciones procesales.
En consecuencia, la admisibilidad de la acción de amparo
se encuentra de modo suficiente circunscripta por el texto
constitucional. En tal sentido, su procedencia depende de
la actualidad o inminencia del acto u omisión lesivo que
se invoque y de que la invalidez jurídica de la conducta
objetada sea manifiestamente arbitraria o ilegal. Así es
que no se requiere de ningún modo acreditar la ineficacia
de todo el ordenamiento procesal sino que la vía sea
eficaz, oportuna para el restablecimiento del derecho cuya
lesión invoca el accionante.

El artículo 181 del Reglamento Escolar de Escuelas
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires establece el
ámbito de competencias del Supervisor Escolar y detalla
una serie de funciones vinculadas con aquella finalidad:
realizar la supervisión de todos los establecimientos de
su jurisdicción, visitar periódicamente las escuelas,
promover la realización de reuniones de trabajo para
estimular el perfeccionamiento, la actualización y
capacitación del personal directivo y docente, proponer
medidas tendientes a la racionalización de los recursos
humanos y materiales disponibles y las que contribuyan
a mejorar la prestación de los servicios educativos en su
jurisdicción, etc.
Estas funciones no implican la posibilidad del Supervisor
de dictar actos que produzcan efectos jurídicos
directamente en la esfera de los administrados en lo que
respecta al procedimiento administrativo que debe regir
las actuaciones administrativas que inician quienes se
encuentran bajo el ámbito de su supervisión.

El requisito de motivación no constituye una exigencia vacía
de contenido ya que el propósito de la norma radica en
garantizar el derecho de los administrados haciendo que sea
factible conocer las razones que indujeron a emitir el acto.
Ello es así por cuanto los principios republicanos imponen la
obligación a la Administración de dar cuenta de sus actos
cumpliendo los recaudos exigidos para permitir que éstos
puedan ser impugnados por quienes vean afectados sus
derechos.

El carácter de cosa juzgada sustancial o material de la
sentencia de amparo, admisoria o denegatoria, la cual se
circunscribe a la declaración de certeza sobre el mérito de
la pretensión, mas no a las sentencias que declaren la
inadmisibilidad de la pretensión por falta de un requisito
extrínseco -éstas podrán tener fuerza de cosa juzgada
formal-, porque en ellas no existe un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto sometido a discusión.
En síntesis, coexisten básicamente dos posiciones: una,
que predica la cosa juzgada formal para todas las
sentencias de amparo; y otra, que sostiene la tesis de la
cosa juzgada material para las sentencias que han
juzgado sobre el fondo del asunto, pero no para las
restantes. Así, lo decisivo a la hora de decidir si la
sentencia de amparo hace cosa juzgada material o formal
será que la cuestión haya tenido o no pleno debate
previamente, independientemente del nombre del proceso
por el que haya tramitado.

Si bien la Ley N° 16.986 establece sin hacer distinciones
que la sentencia firme declarativa de la existencia o
inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza
arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía
constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo y
deja subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que
puedan corresponder a las partes, con independencia del
amparo (conf. art. 13 ley cit.), la solución plasmada por el
legislador en la ley nacional de amparo es la que se condice
con la tesis del amparo como trámite unilateral no
contradictorio.

Para que resulte admisible la acción de amparo, la amenaza
o lesión a un derecho debe revestir de actualidad o
inminencia, y estos elementos deben observarse no sólo al
inicio de las actuaciones, sino que deben mantenerse
vigentes hasta el momento de fallar.
En esta línea, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que las decisiones en materia de amparo deben
atender a la situación fáctica y jurídica existente en el
momento de ser dictadas (Fallos 300:844), "teniendo en
cuenta no sólo los factores iniciales sino también los
sobrevinientes, sean agravantes o no" (Fallos 304:1020).

El ejercicio de la atribución de los jueces de imponer
sanciones procesales debe caracterizarse por la mesura y la
prudencia y sólo en supuestos de real gravedad, so pena de
incurrir en la posibilidad de cercenar o disminuir el derecho
de defensa en juicio, por lo que en supuestos de duda ha de
interpretarse que el justiciable ha hecho un ejercicio natural
del derecho defensa.

Los supuestos de inadmisibilidad manifiesta de la acción de amparo que contempla el artículo 3 de la Ley N° 16.986 constituyen las únicas hipótesis de interpretación restrictiva en que el ordenamiento jurídico autoriza el rechazo liminar de la demanda de amparo.

Sin perjuicio de que este Tribunal ha señalado anteriormente que el rechazo in limine de la acción de amparo debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad y ha de recibir interpretación restrictiva, no resulta menos cierto que ello no deja de ser una facultad de magistrado cuando ello surge de manera palmaria. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).

La omisión de determinar en forma específica cuáles son las normas que se requiere se declaren inconstitucionales, por cuanto implica un señalamiento en abstracto que impedirá al juez pronunciarse respecto de la pretensión que la amparista plantea, debido a que la identificación de las normas que tacha de inconstitucionales resulta un requisito fundamental para el análisis de la cuestión traída a debate. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).

Determinar si el título que se le ha otorgado a la actora en otra jurisdicción es admisible, equiparable o igual al que se necesita para poder ejercer la docencia en la Ciudad e Buenos Aires, es una cuestión que requiere un mayor amplitud de debate y prueba, situación que torna inadmisible a la acción de amparo (art.2 inc. d de la Ley N° 16.986).
Ello así, porque el amparo no está para atender conflictos complicados, ya que requiere que la lesión a la Constitución sea inequívoca, sin necesidad de un estudio largo o prolongado de los hechos, ni de amplio debate y prueba.
Estas circunstancias obstan, entonces, a la posibilidad jurídica de obtener siquiera un pronunciamiento sobre el mérito de la causa, ya sea por su inatendibilidad abstracta o por la necesidad de un amplio debate en el contexto de sumariedad del proceso intentando. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).

El acto impugnado en el amparo debe ser palmariamente
ilegítimo y tal circunstancia debe emerger sin necesidad de
debate detenido o extenso; de ahí que si el caso planteado
versa sobre cuestiones fácticas o jurídicas opinables, o
reclama -por su índole- un más amplio examen de los
puntos controvertidos, corresponde que éstos sean
juzgados con sujeción a las formas legales establecidas al
efecto. En síntesis, el acto lesivo debe surgir en forma clara
e inequívoca sin necesidad de un largo y profundo estudio
de los hechos ni de amplio debate o prueba (CSJN, Fallos,
306:1253).

En el caso de autos, la actora inicia acción de amparo a
fin que se declare inaplicable la Ley N° 899, por cuanto
considera que afecta de manera retroactiva derechos
adquiridos en virtud del contrato de concesión que
oportunamente suscribiera con el Estado Nacional y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en particular
el de explotación comercial de los locales y espacios
ubicados en las estaciones de pasajeros.
La dilucidación de la cuestión exigiría el análisis de
normativa nacional (Leyes N° 22.432 y N° 24.308 y
Decreto N° 795/94) y local (Ley N° 899 y Decreto N°
1292/97) a la vez que su contrastación a la luz del
contrato administrativo y de las normas que integran en
el marco de concesión. Luego, debería establecerse si el
aludido derecho de explotación comercial resulta pasible
de ser reglamentado por ley y si -en definitiva- el
resguardo del derecho de propiedad del actor sólo exige
el mantenimiento de la ecuación económica del contrato
de concesión. Sobre todo cuando esa ley, habría sido
dictada en cumplimiento de un mandato constitucional,
tendiente a posibilitar la inserción laboral de las personas
con necesidades especiales. De la propia documentación
acompañada resultaría la necesidad de realizar una
compleja tarea de interpretación de normas contractuales,
todo lo que demuestra que no es el ámbito del amparo, el
idóneo para analizar la cuestión planteada, pudiendo el
actor -de considerarlo pertinente- recurrir al cauce
ordinario para satisfacer su derecho.

Los actos administrativos de alcance general dados a
conocer a través de su publicación, comienzan a regir (a
falta de una determinación expresa al respecto), al día
siguiente de su publicación oficial (art. 11 de la Ley de
Procedimientos Administrativos), momento desde el cual
resulta de cumplimiento obligatorio y se reputa conocido
por todos.
Se trata, como es sabido, de una ficción jurídica, de una
presunción iuris et de iure necesaria para el adecuado
funcionamiento del sistema normativo. Ahora bien, tal
circunstancia ha de tenerse presente al tiempo de
expedirse respecto del acceso a la tutela judicial de quien
alega la actual e inminente violación de sus derechos
constitucionales. De este modo, no podría asignársele el
mismo tratamiento al cómputo de plazos de caducidad de
la impugnación de un acto de alcance general - cuyo
punto de partida radica en un conocimiento ficto -, que al
correspondiente a la de un acto particular que en la
generalidad de los casos importa un conocimiento cierto
de su destinatario. El plazo de caducidad para
deducir la acción tiene como objeto otorgar estabilidad a
los actos estatales, lo que exige que su impugnación
sobrevenga en cierto tiempo, presumiéndose que su
transcurso los consolida y equivale a resguardar el valor
seguridad jurídica. De este modo, no resulta adecuada a
los fines de una recta composición del ordenamiento
jurídico una rígida y mecánica aplicación de breves plazos
de caducidad, aislada de la valoración de las
circunstancias del caso y con la potencial consecuencia de
producir la privación del derecho a un acceso rápido y
expedito a la justicia (con un profuso respaldo normativo
en los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 43 de la
Constitución Nacional y 10 y 14 de la Constitución de la
Ciudad) frente a una actual o inminente lesión de
derechos constitucionales. Máxime,cuando dichos plazos
de caducidad provienen de una norma (art. 2 Ley N°
16.986) dictada sobre la base de un texto constitucional
distinto al vigente en la materia desde 1994. Dicho de
otro modo, ha de estarse por el derecho de acceso a la
justicia de quien sólo se presume que ha tomado
conocimiento del acto cuestionado y no ha manifestado ni
una actitud convalidatoria del mismo, ni negligente en la
defensa de sus intereses, frente al valor "seguridad
jurídica" de una norma cuestionada como arbitraria o
inconstitucional con entidad vulneratoria actual o
inminente. En esta inteligencia, el solo vencimiento del
plazo de caducidad regulado por el artículo 2 inciso e de
la Ley N° 16.986 importaría la imposibilidad de hacer uso
de la garantía del amparo constitucional a pesar de la
persistencia del agravio deducido.

La remisión realizada en el artículo 6º del Decreto N° 1972/01 (que reglamenta el tránsito y paseo de perros en los espacios públicos de la Ciudad) no importa la creación de un tipo penal o contravencional ni su sanción, sino que se limitó a recordar -en modo superfluo- la vigencia de la legislación de faltas.
En tal sentido el régimen de faltas (ley 451) en su artículo 1.3.12 contempla la imposición de multas (de 200) para el que permita, sin proceder a su posterior limpieza, que un animal bajo su custodia defeque en lugar público, fuera de los ámbitos habilitados, o en lugar privado de acceso público en caso de no recoger los excrementos de animales. Ninguna sanción nueva crean las normas en cuestión por lo que no cabe reproche constitucional.
Siendo así, esta reglamentación se limita a interpretar la Ordenanza N° 41.831, complementarla y asegurar razonablemente el cumplimiento de sus fines.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, en la causa "Vera", fallada el 4 de mayo de 2001,
se ha pronunciado por la procedencia del plazo de
caducidad del artículo 2º inc. e) de la ley 16.986, en la
medida en que exista una pauta temporal para empezar a
computar el plazo (voto de Dres. Muñoz, Conde, Maier).
En esa oportunidad, el máximo tribunal local señaló que
es un "equívoco considerar que en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires no resulta aplicable el plazo del art. 2
inc. e, de la ley 16.986".
No les compete a los jueces pronunciarse sobre el acierto
o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones
legislativas (Fallos 314:424), ni pueden prescindir de lo
dispuesto por la ley respecto del caso so color de su
injusticia (Fallos 306:1472), sino aplicarla tal como la
concibió el legislador, siempre que no haya habido
planteo y debate de inconstitucionalidad y resulten
afectados derechos constitucionales, pues el ingente
papel que en la elaboración del derecho incumbe a los
jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma
(Fallos 314:1849).
En este orden de ideas, la jurisprudencia de los tribunales
superiores es, al menos moralmente obligatoria para los
tribunales de grado porque resulta absurdo obligar a los
litigantes a acudir al máximo tribunal para lograr una
sentencia favorable a sus pretensiones dadas las
consecuencias nefastas que tal dilación provoca. (Del
voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban
Centanaro).

La aplicación de un plazo prudencial para iniciar la acción
de amparo deriva de la propia naturaleza de la acción y lo
intolerable del vicio atacado. Si la ilegalidad es tan grave,
si el agravio es de suma entidad, "no puede quien
demora el inicio de la demanda de amparo invocar el
gravamen irreparable que le significa el largo trámite
ordinario" (conf.Lazarini, El juicio de amparo, La Ley,
Buenos Aires, 1967, p. 147 y ss). El propio texto
constitucional al contemplar como presupuesto de
procedencia de la acción la existencia de una lesión
"actual o inminente", determina que la facultad de ejercer
esta acción no puede dilatarse sine die.
En este sentido, se ha dicho que el plazo de caducidad
para deducir la acción tiene como objeto otorgar
estabilidad a los actos estatales, lo que exige que su
impugnación sobrevenga en cierto tiempo, presumiéndose
que su transcurso los consolida, dándoles fijeza, y
equivale a resguardar el valor seguridad jurídica. (Del
voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban
Centanaro).

En el sub examine, el computo del plazo para determinar
la admisibilidad de la acción de amparo debe comenzar
con la publicación de las normas generales atacadas ya
que según afirman los actores desarrollan la actividad de
paseadores de perros desde hace años y además, en
momento alguno alegaron razones para suponer que
desconocían las normas desde el momento efectivo de su
publicación. De modo que, en la hipótesis de que las
normas atacadas hayan producido una lesión a los
actores, ésta ha comenzado con su entrada en vigencia,
que en el caso coincide con su fecha de publicación.
El rechazo de la acción intentada no causa agravio
irremediable a la actora, quien puede, de acuerdo a los
cauces procesales idóneos, cuestionar la legalidad de las
normas atacadas y, en caso de advertir la presencia de los
recaudos previstos por el Código Contencioso
Administrativo y Tributario, solicitar la tutela cautelar que
considere adecuada en el marco de un proceso ordinario.
Es que, el rechazo de la acción de amparo en este estado
no implica violación alguna de las garantías
constitucionales que asisten a quienes interpusieron la
acción. Lo dicho no importa negar la judicialidad de los
actos presuntamente viciados, sino precisar la vía
adecuada para su cuestionamiento. (Del voto en
disidencia de fundamentos del Dr.Esteban Centanaro).

En la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderase con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía entre el cumplimiento de los requisitos legales y la garantía de la defensa en juicio, y delimita restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan la pérdida o caducidad de los derechos del apelante.

Cuando la Constitución - o norma de rango inferior ordenan a un órgano del poder el ejercicio de una competencia, ese órgano está obligado a ponerla en movimiento. Es claro que cuando el órgano omite ejercer la competencia, viola la constitución o la ley -en sentido amplio- por omisión en forma equivalente a cuando lo hace por acción. Pero si, además, esa omisión produce un daño o gravamen para alguien, éste debe estar legitimado para impulsar ante la justicia el control del órgano remiso a cumplir la actividad debida, o para que el órgano judicial supla la actividad omitida.
Sin embargo, para que la acción de amparo sea procedente, la omisión en el ejercicio del poder de policía, que se imputa como lesiva del derecho de incidencia colectiva invocado, debe ser manifiestamente ilegítima o arbitraria, es decir debe resultar en forma clara e inequívoca sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate o prueba (art. 14 CCBA).

Cuando se imputa una genérica omisión en el ejercicio del poder de policía para erradicar la venta ilegal en espacios públicos y vía pública, no resulta apropiado analizar la modalidad o intensidad con que es ejercido, ya que la consideración de los distintos elementos involucrados, excede con creces el limitado ámbito cognoscitivo del proceso de amparo, ideado para supuestos de actos u omisiones manifiestamente arbitrarios o ilegítimos.
No se trata de comparar datos estadísticos relativos a la cantidad de procedimientos realizados y el número de elementos incautados, pues su reiteración año tras año harían pensar que no son una medida que permita "erradicar definitivamente" la venta ambulante, si no tan solo evitar su proliferación. Pero además, también hace a la discrecionalidad administrativa la adopción de otras medidas que posibiliten la incorporación de esos trabajadores al mercado formal, con un claro beneficio para toda la comunidad.

Para que resulte admisible la acción de amparo, la
amenaza o lesión a un derecho debe revestir actualidad o
inminencia, y estos elementos deben observarse no sólo
al inicio de las actuaciones, sino que deben mantenerse
vigentes hasta el momento de fallar.
En esta línea, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que las decisiones en materia de amparo deben
atender a la situación fáctica y jurídica existente en el
momento de ser dictadas (Fallos 300:844), "teniendo en
cuenta no sólo los factores iniciales sino también los
sobrevinientes, sean agravantes o no" (Fallos 304:1020).

El dictado de la Resolución N° 102-SPS-2001, por la que se reglamentó el subsidio habitacional para quienes se hallaban comprendidos en el supuesto 3.II del Programa Nuestras Familias, estableciendo que consistía en el otorgamiento de un subsidio mensual igual y consecutivo, durante un plazo de seis meses con la posibilidad de cobrar el monto correspondiente en una sola cuota.
Tal decisión, en cuanto no establecía la continuidad de los planes al cabo del período comprendido por el subsidio, ni preveía el examen de las circunstancias particulares de cada uno de los beneficiarios a los efectos de gestionar las prestaciones que aseguren el mínimo que hace a la esencia de su derecho a una vivienda digna, motivó que en reiteradas oportunidades este Tribunal hiciera lugar a pretensiones similares a las de los amparistas.
Ahora bien, la derogación expresa de tal disposición mediante el artículo 2º de la Resolución 193-SDS-2002, a lo que debe adunarse la posibilidad de los actores de optar por permanecer alojados en los hoteles (art. 19 Decreto N° 895/2002 y 8 del Anexo 2 de la Resolución N° 193-SDS-2002) renovando mensualmente tal beneficio mediante la presentación de una declaración jurada (artículo 9 del Anexo 2 de la citada resolución), permite sostener que se ha aventado en principio la posibilidad inminente de un "final intempestivo" de la cobertura estatal que actualmente reciben los actores en materia de vivienda.
Así, la extirpación del mundo jurídico de la Resolución N° 102-SPS-2001 produjo una modificación en la situación fáctica de los actores, toda vez que ya no los aqueja el inminente agotamiento de los programas sociales en los que se encuentran incluidos, por lo que se desvanece en este punto el carácter actual o inminente de la afectación de sus derechos.

Procede la conexidad en los casos en que un mismo acto u omisión afecte el derecho de alguna o unas cuantas personas y no los supuestos en que la cantidad de involucrados sea indeterminada o masiva.
Así lo ha interpretado asimismo la Cámara nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al mantener el trámite de múltiples procesos de amparo en sus respectivos juzgados de origen cuando los actos impugnados tenían entidad para generar un importante número de afectados (decretos de "rebalanceo telefónico", normas del denominado "corralito financiero", etc.). El mismo criterio es el que se ha adoptado en nuestro propio fuero ante, por ejemplo, la impugnación de la decisión de interrumpir los programas sociales de vivienda que dio lugar a la deducción de numerosas acciones de amparo que tramitaron en diferentes juzgados, sin que se observase por ello un desmedro de la "economía procesal".
La posición contraria podría generar una concentración tal de expedientes similares en un solo juzgado que podría afectar el trámite de las restantes causas radicadas en él implicaría, en la práctica, la creación de un tribunal "especializado" en el tema específico en cuestión, lo que a todas luces contraría el fin de la norma y significaría de hecho una alteración de las normas que organizan la justicia local.

La viabilidad de las medidas precautorias se encuentra
supeditada a que se demuestre la verosimilitud del
derecho invocado y el peligro en la demora y, dentro de
ellas, la innovativa es una decisión excepcional porque
altera el estado de hecho o de derecho existente al
tiempo de su dictado, habida cuenta que consagra un
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final
de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la
apreciación de los recaudos que hacen a su admisión
(Fallos, 316:1833).
En el caso, la medida requerida compromete la
regularidad de la percepción de la renta pública, lo que
exige un mayor rigor en el examen de sus presupuestos de
admisibilidad, y que la actuación estatal, que no tenga
prima facie vicios de nulidad, en principio, se presume
legítima, sin que ello implique en modo alguno un
pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión del
amparista.

En el caso, no pueden tener acogida favorable los cuestionamientos efectuados en torno al desconocimiento del sistema y de las competencias de los órganos instituidos por la Ley Nº 466, que rige al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello es así por cuanto, en principio, cabría distinguir entre la pretensión de fiscalizar las gestiones del Consejo y la solicitud de simples "vistas" de algunas de las decisiones a las que se habría arribado en la gestión. En principio, la fiscalización de la gestión de la entidad debe efectuarse por intermedio del órgano creado por la ley con competencia específica para ello, en el caso, la Comisión de Fiscalización. Sin perjuicio de ello, no podría negarse ab initio el derecho de los matriculados a obtener información relativa a la gestión de la entidad de la que forman parte y respecto de la cual deben decidir, periódica y obligatoriamente mediante el mecanismo eleccionario previsto en la citada ley Nº 466, quiénes gobernarán su destino. En tal inteligencia, uno de los pilares para poder ejercer adecuadamente el derecho de opción es, sin duda, contar con una adecuada información.
En ese orden de ideas, debe interpretarse que el referido derecho se encuentra debidamente tutelado por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del cual, atento lo dispuesto en el artículo 10 de ese mismo ordenamiento, no cabe predicar sino su inmediata operatividad.
Sobre tales bases, toda vez que la negativa a posibilitar el acceso a la información solicitada por el amparista no ha sido debidamente fundada, y en tanto no se advierten razones valederas que la justifiquen (como podría ser, por ejemplo, el hecho de que su divulgación pusiera en riesgo el normal funcionamiento de los órganos de la entidad), el tribunal entiende que pueden tenerse por configurados los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para la procedencia de la acción de amparo.
Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, aun cuando a priori no se vislumbra -ni la demandante la alega- la situación de urgencia -también necesaria- que justifique la acción expedita intentada, lo cierto es que, atento el estado procesal en que se encuentra la causa -nótese que ha sido totalmente tramitada- y ponderando que a la luz de lo que en definitiva en ella se persigue sería más gravoso para ambas partes diferir la cuestión a la tramitación de un procedimiento ordinario, razones de economía procesal desaconsejan que la Sala se expida en tal sentido.

En autos, atento a las disposiciones del artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, se negó la participación de la parte demandada en el proceso, razón por la cual en modo alguno se configuró la posibilidad de una expresa petición de la parte afectada para obtener la declaración de inconstitucionalidad. Por tanto, ante la presunta lesión del derecho de defensa en juicio, el magistrado se vio obligado a examinar oficiosamente la constitucionalidad de la norma, deber que se encuentra ínsito en los artículos 31 y 116 de la Constitución Nacional y 10, 11 y 106 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De modo concordante, lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, previsto para el juicio de amparo, es una reafirmación de tal atribución.

Para que resulte admisible la acción de amparo, la amenaza o lesión a un derecho debe revestir de actualidad o inminencia, y estos elementos deben observarse no sólo al inicio de las actuaciones, sino que deben mantenerse vigentes hasta el momento de fallar.
En esta línea, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las decisiones en materia de amparo deben atender a la situación fáctica y jurídica existente en el momento de ser dictadas (Fallos 300:844), "teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no" (Fallos 304:1020).

Si el actor interpuso recurso de revisión de cesantía o exoneración como consecuencia del rechazo in límine del amparo anteriormente impetrado y eligió esta segunda vía motivado en la sentencia que entendió que su pretensión encontraría protección procesal en la acción prevista en los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, es evidente que dicha sentencia marcó un camino a seguir. Ello así, no resulta incoherente, en el marco del presente recurso, vincular los dichos del juez actuante en el amparo, a la creencia de un derecho cierto a ventilar las cuestiones que afectan a la actora, por la vía que aquí, por defecto formal, se rechaza. Tal extremo, resulta de suficiente entidad como para distribuir fundadamente las costas del presente proceso en el orden causado.

Si bien corresponde a los tribunales encauzar por la vía idónea las pretensiones de los justiciables al margen del "nomen iuris" que le hayan impuesto (confr. Fallos: 317: 164) ello no permite admitir una condena de daños en el marco de un amparo por mora, ya que ello excede hasta la propia pretensión actora.
Ello así, en el marco de una acción en la que debido a su reducido alcance la actividad de la administración se limita a evacuar un informe para cuya emisión se concede un breve plazo, el principio iura curia novit no puede servir de fundamento suficiente a una condena de daños y perjuicios.
Ello importaría privar a la demandada de su derecho al debido proceso legal.

La acción de amparo por mora está dirigida nada más que a verificar una situación de mora y en su caso a ponerle fin, frente a una conducta omisiva por parte de la autoridad administrativa, pero sin indicar el sentido en que debe resolverse.

La eficacia de la actividad administrativa depende en gran medida de la celeridad con que se ejerza. La celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites son principios fundamentales en el procedimiento administrativo moderno, y así lo ha entendido expresamente el legislador consagrándolos en el artículo 22 inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
De modo concordante, constituye una obligación legal de la autoridad expedirse según lo normado en los artículos 2, 25 y 26 a), de la mencionada ley, en los plazos previstos legalmente o en tiempo razonable, según las circunstancias y complejidad del caso.
Debe admitirse que -en principio- de causar la demora administrativa perjuicios, el Estado se encontraría obligado a responder por éstos y los gastos necesarios para hacer cesar tal demora, constituyen en el caso de autos, el perjuicio objeto de reparación.
El particular debió acudir a la promoción de un juicio por el indebido retardo en que incurriera la administración para emitir una resolución y por tanto, no aparece como razonable pretender que deba soportar las costas que fueron originadas para obtener el reconocimiento de su derecho.
Se concluye en virtud de lo expuesto, que el presente amparo por mora, en punto a las costas, se regirá por las pautas del Código Contencioso Administrativo y Tributario, y atento a que el actor se vio obligado a litigar debido a la excesiva demora de la administración las costas de ambas instancias se imponen a la demandada.

El principio de gratuidad que informa a la acción de amparo (conforme art. 14 CCABA) rige para el actor y no para la administración. El carácter gratuito de la acción implica que no puede existir tasa ni impuesto alguno cuyo pago sea requisito para la interposición de la acción de amparo, y su vez garantiza al accionante que no será condenado a pagar las costas de su contraria ni aún resultando vencido, salvo casos de temeridad o malicia. Es decir que el principio de gratuidad no se desvirtúa por el hecho de que la parte actora afronte sus propios gastos derivados del proceso ni mucho menos los originados por actividad innecesaria desplegada en el marco de sub examine. (del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).

Corresponde rechazar el amparo interpuesto, toda vez que el simple trascendido publicado en un matutino de la Ciudad que ni siquiera atribuye al condenado Seineldin sino a sus "colaboradores" la intención que éste preste tareas de asesoramiento en una agencia de seguridad, resulta insuficiente para tener por acreditado un "acto u omisión" en los términos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, hay acción cuando la voluntad y la inteligencia toman posición en una conducta determinada, que puede ser positiva al desplazarse en hechos materiales exteriores y puede ser negativa cuando se manifiesta como inercia donde debía mediar ejecución. La no realización es también acción por que hay una voluntad que se manifiesta con la inercia o la pasividad.
Debe recordarse, en esa dirección, que "ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste" (art. 913 CC), estableciéndose que "los hechos exteriores de manifestación de voluntad pueden consistir en la ejecución de un hecho material consumado o comenzado, o simplemente en la expresión positiva o tácita de la voluntad" (art. 914 CC).

Por el Decreto N° 307/2002 cuya aplicación se cuestiona en autos, el Jefe de Gobierno ha decretado la modificación del artículo 17, apartado c, del decreto reglamentario de la ordenanza 40.593, al considerar que resultaba conveniente modificar la asignación de puntos a las carreras y cursos de post-títulos y posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados otorgados por instituciones de nivel superior, no universitarias o universitarias, oficiales y privadas reconocidas, que certifiquen a los docentes para competir en los concursos de ingreso a la carrera (ver B.O. CABA 1414, del 5/4/02).
Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 310:267, entre otros).
Desde esta perspectiva se observa que la tesis sostenida por la actora llevaría como resultado que la autoridad administrativa se vería constreñida a fijar las mismas pautas de calificación para los aspirantes a cargos docentes sine die, cuando tal vez, razones de interés general aconsejen incorporar modificaciones a tal sistema de evaluación alterando determinados criterios.
La circunstancia de que con anterioridad al dictado del Decreto Nº 307/2002 la autoridad reglamentaria hubiera establecido pautas de clasificación diversas no otorga fundamento suficiente a la pretensión, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos (Fallos: 308:199; 310: 2845; 311: 1213, entre muchos otros).

Si bien al momento de llegar a la Cámara, la actora ya había sido intervenida quirúrgicamente sin necesidad de recurrir a transfusión alguna, ni a la madre ni a su hijo, en el caso hay razones para considerar que la cuestión no ha devenido abstracta. Conforme a la doctrina del caso "Ríos" (Fallos 310:819), el requisito del gravamen actual no subsiste cuando el transcurso del tiempo lo ha tornado inoperante, cuando éste ha desaparecido de hecho o ha sido removido el obstáculo legal en que se asentaba.
Pero si el agravio depende de un evento recurrente, cuya desaparición o pérdida virtual no es imaginable mientras se mantenga la vigencia de la situación fáctica general, y ésta subsista, el requisito del gravamen debe considerarse existente. En el caso, mientras subsista el padecimiento de la paciente -anemia-, y atento a la falta adecuada de información sobre el estado de salud de su hijo recién nacido, podría la indicación de transfusión sanguínea ser un evento recurrente, cuya desaparición fáctica no surge necesariamente del hecho de que haya sido practicada la cesárea.

La Asociación Amigos del Lago de Palermo se encuentra legitimada, en su carácter de persona jurídica defensora de derechos de incidencia colectiva para intervenir en una causa en la que se discute el uso y ocupación de espacios verdes, aun cuando la entidad aludida no haya deducido la acción y se presente cuando la causa ya se hallaba en trámite. Ello es así conforme el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad y porque el artìculo 84 Código Contencioso Administrativo y Tributario- norma aplicable a la especie conforme la supletoriedad establecida por el artículo 17 de la Ley Nº 16.986- dispone que puede intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que se encontrare, quien -según las normas del derecho sustancial- hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado. En tales casos, el interviniente actúa como litisconsorte de la parte principal con sus mismas facultades procesales (art.85 CCAyT).

Hallándose en discusión el uso y ocupación de espacios verdes que constituyen bienes del dominio público y que -según los términos del Decreto Nº 1111/99- la autoridad administrativa pretende destinar a la recreación de los habitantes de la Ciudad en general, la materia de la presente litis se encuentra comprendida dentro de la categoría de los derechos de incidencia colectiva, en los términos del artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional y 14, segundo párrafo, de la Constitución de la Ciudad.

La Constitución Nacional (artículo 43) distingue claramente entre a) la defensa jurisdiccional de un interés propio, individual y directo, y b) la defensa jurisdiccional de intereses de incidencia colectiva. El primer párrafo del citado artículo contempla el amparo "tradicional", que puede ser interpuesto por toda persona que vea lesionados, restringidos, alterados o amenazados, por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo o arbitrario, derechos o garantías. En el segundo párrafo, en cambio, hallan expresa recepción los intereses colectivos, y aquí aparece la diferencia con el párrafo primero, que presupone el daño a un derecho subjetivo clásico (esta Sala, in re "Fundación Mujeres en Igualdad c/ GCBA s/ Amparo", expte. nº 9421).
Las previsiones constitucionales mencionadas se enmarcan en un proceso tendiente a la superación de las tradicionales nociones de derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple (Morello, Augusto M. y Vallefín,
Carlos A., El amparo. Régimen procesal, tercera edición, Librería Editora Platense, La Plata, 1998,pág. 257 y ss.).

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la legitimación para la acción de amparo se amplía aún más que en el ámbito de la Constitución Nacional, pues de conformidad con el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución local, cuando la acción se ejerza en casos en los que se vean afectados derechos e intereses colectivos, estarán legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos e intereses colectivos.

Asociación Amigos del Lago de Palermo se encuentra legitimada, en su carácter de persona jurídica defensora de derechos de incidencia colectiva para intervenir en una causa en la que se discute el uso y ocupación de espacios verdes que constituyen bienes del dominio público y que la autoridad administrativa pretende destinar a la recreación de los habitantes de la Ciudad en general. Al respecto, corresponde señalar que conforme a su acta constitutiva, la entidad tiene por objeto "...hacer de la zona del Lago de Regatas del Parque Tres de Febrero y sus aledaños un lugar adecuado para disfrutar de la naturaleza en interrelación.........". Ello es así toda vez que el objeto expresado en su acta constitutiva excede claramente el área del lago y porque se infiere claramente que la finalidad tenida en mira al constituir la asociación no se reduce a la preservación de aquél, sino que abarca los espacios verdes que constituyen su entorno ambiental.

En cuanto a la verosimilitud del derecho para la concesión de la cautelar solicitada (inscripción definitiva en los listados del área Nivel Inicial), resulta carente de sentido lógico exigirle a la accionante que demuestre haber solicitado la inscripción, cuando la norma vigente, en relación a los docentes que se encontraban en la situación de revista de la actora, prohibía claramente la participación en los concursos.
Requerirle tal comportamiento a la accionante es pretender una actitud irrazonable como condición previa para el acceso a la instancia judicial.

Si bien la inscripción para los concursos cerró en abril del año pasado, el objeto de la presente acción (inscripción definitiva en los listados del área Nivel Inicial) no se ha tornado abstracta en la práctica toda vez que la inscripción de la amparista para el año en curso le permitirá participar en los concursos que pudieran celebrarse durante el resto del ciclo lectivo para cubrir interinatos y suplencias.

En principio, y sin perjuicio de lo que eventualmente pueda decidirse en oportunidad de dictar sentencia de mérito para resolver el planteo de nulidad del acta de preadjudicación, es dable señalar que "prima facie", en el caso, no se encuentran reunidos con grado suficiente los requisitos de la medida cautelar solicitada tendiente a que la Administración se abstenga de adjudicar la licitación pública hasta tanto recaiga sentencia firme en la presente causa. Ello, en virtud de que la lesión que se invoca frente al riesgo de una hipotética adjudicación del contrato a otro oferente, podría encontrar reparación adecuada en sede administrativa o, eventualmente, y para el supuesto que así no fuera, por medio de la correspondiente demanda judicial, oportunidad en la cual las partes contarían con la amplitud propia del juicio ordinario y podrían obtener el dictado de las medidas cautelares pertinentes. Asimismo, pareciera resultar de las constancias del expediente que la cuestión que se debate exigiría mayor amplitud de debate y prueba.

Las astreintes es una condenación pecuniaria, conminatoria, graduable, provisional porque puede dejarse sin efecto, temporaria hasta la realización de determinada conducta, progresiva, que no se mide por el perjuicio causado, de aplicación discrecional y predominantemente dirigida a obtener el cumplimiento de una resolución judicial.
En el sub lite no existe una concreta imposición de astreintes. Por el contrario, sólo se ha intimado a la demandada, bajo apercibimiento, a que en el plazo de 5 días dé cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala.
El apercibimiento informado quedará condicionado exclusivamente al proceder de la Administración, quien como lo ha manifestado se encuentra en proceso de satisfacer la pretensión de la amparista.

El agravio, para justificar el recurso de apelación, además de ser concreto debe ser actual. De esta forma, el mero apercibimiento del artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y Tributario informado para el supuesto de incumplimiento, sin la necesaria determinación del quantum a abonar por cada día de retraso, ni la notificación en la forma prescripta por el ordenamiento ritual, demuestran lo anticipado del recurso.

El principio de contradicción, llamado también de bilateralidad deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 CN y 13, inc. 3 de la CCABA), es inseparable de toda administración de justicia no organizada y encuentra expresión en el precepto romano: audiatur et altera pars. Tal precepto es un principio inherente a la justicia misma, o sea su nota típica de alteridad o bilateralidad. No es solo una expresión de la sabiduría común, es una regla necesaria del derecho procesal. En términos generales implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal, sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieren verse directamente afectados por tales actos. Tal garantía forma parte sustancial del derecho al debido proceso adjetivo, el que asegura al demandado su "día en la corte" con la razonable oportunidad de ser escuchado.

El derecho al debido proceso adjetivo puede ser reglamentado por la ley -sin alterarlo o desnaturalizarlo y dentro de los límites constitucionales- para hacerlo compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés público de asegurar una justicia recta y eficiente.
En tal sentido, la índole de ciertos procesos lleva al legislador a postergar el efectivo ejercicio de tal derecho, como sucede por ejemplo al acordarse el dictado de una medida cautelar. Pero tal opción legislativa, a la que se admite como razonable reglamentación de la garantía, no ha sido prevista en el caso, atento a que de acuerdo a la legislación aplicable, el amparo se decide previa notificación y audiencia de la parte demandada. Al amparo del principio constitucional contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, toda persona ha de tener la posibilidad efectiva y concreta de realizar todos los actos encaminados a su defensa en juicio de acuerdo al marco procesal aplicable. El remedio del amparo, no obstante su sumariedad, constituye un típico proceso, desde que una parte reclama contra un acto u omisión lesivo, ante un tercero imparcial -juez- y frente a un sujeto responsable autor del evento ilegítimo. De ahí se sigue que no obstante la urgencia propia de la acción, adaptadas a tales circunstancias, le son plenamente aplicables las pautas que informan el principio de contradicción. Así lo ha entendido nuestro más Alto Tribunal de la Nación, al declarar que los principios generales del derecho procesal no deben considerarse excluidos por la circunstancia de que el amparo constituya una vía excepcional. Por el contrario es preciso que ellos sean respetados, especialmente, a fin de que, en alguna medida, sea posible el ejercicio del derecho de defensa del que, sustancialmente, no puede privarse a la parte contraria, esto es, a aquella contra la cual se dirige la acción (Fallos 250:844; 250:204; 252:134; 254:286; 257:86, entre otros).

La tesis de la bilateralidad del amparo surge de la Ley Nº 16.986, ya que si bien ha estructurado el sistema sobre la base de una acción de trámite sumarísimo no ha descuidado la bilateralidad del contradictorio. En efecto, tal principio cobra relieve al exigirse el requerimiento a la autoridad de un informe circunstanciado y posibilitar el ofrecimiento de prueba. La abreviación de la etapa de conocimiento, la concentración y celeridad de los actos que caracterizan el desarrollo del proceso de amparo -en aras precisamente de la mejor garantía de los derechos constitucionales en juego- no podrán llegar, en ningún caso, a transformar esa vía en una actuación judicial inaudita pars. La garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional está a la par y no cede a las otras. Mal puede ser desvirtuada con su anulación total si sólo se otorga audiencia a quien exige el amparo y no a aquel a quien se imputa la transgresión. La sumariedad extrema del procedimiento del amparo no puede privar de audiencia, de debido proceso, de un mínimo de oportunidad defensiva, a quien se atribuye la lesión constitucional.

Conforme al artículo 8 de la Ley Nº 16.986, la omisión del pedido de informe circunstanciado a la autoridad, comporta causal de nulidad del proceso de amparo, ya que aquél no sólo comporta un medio de aportación de datos relacionados con los hechos invocados como fundamento de la pretensión de amparo, sino que, además, equivale substancialmente al acto de contestación a la demanda, siendo por ende oportunidad adecuada para que la autoridad, ejercitando su derecho de defensa, formule las oposiciones que a su juicio cabe contra la pretensión del actor.

La acción prevista en el artículo 8 de la Ley Nº 104 tiene por objeto vencer el silencio, la ambigüedad o la negativa de la administración, frente a un pedido concreto de acceso a la información. Luego el juez habrá de verificar el vencimiento de los plazos, la configuración del silencio -negativa tácita o expresa, total o parcial y sus razones- y si se dan algunas de las limitaciones admitidas por el legislador (arts.2 y 3). En consecuencia, en caso de resultar procedente formalmente la acción y haber sido instada por parte legitimada, el magistrado podrá hacerle lugar y en tal caso ordenar que se brinde la información solicitada, o bien rechazar la pretensión señalando que la negativa resulta ajustada a derecho, pero claro está, previa notificación y audiencia al demandado, quien goza de su derecho constitucional al debido proceso adjetivo.
Por lo demás, más allá de poder admitir cierta especificidad en el trámite de la acción entablada, lo cierto es que en el derecho público occidental se da por sobreentendido que la bilateralidad constituye un postulado de raigambre constitucional exista o no texto expreso que lo consagre. Ello se vincula con el respeto a la libertad individual y el principio de igualdad de las personas ante la ley, porque sin aquella bilateralidad se sometería a los demandados a los efectos de una sentencia que puede afectar su libertad jurídica, sin darles la oportunidad de defenderse, y con marcada desventaja frente al actor. Ser juzgado mediante un proceso adecuado significa ser juzgado según la ley procesal aplicable. Corresponde a la ley procesal, en sistemas como el nuestro,determinar con rigor y exactitud en qué consiste el mentado día ante el tribunal, o dicho en otros términos, la medida de la necesaria defensa ante la justicia. La ley de procedimiento, y en el caso, la ley de amparo es la reglamentación de esa garantía contenida en la Constitución. Tal garantía no puede considerarse respetada por una providencia, que sin fundamento atendible priva al demandado de la participación que le corresponde en la secuela del pleito, al omitir el trámite previsto en el artículo 8 de la Ley Nº 16.986. El juez no es un órgano ciego y automático de aplicación de las leyes, pero tampoco puede ser el señor del derecho en una sociedad libre e igualitaria. El valor de la ley se revela central e insustituible, más allá de que conviva con la preeminencia de la Constitución y con el papel activo del juez, quien siempre estará volcado al servicio de la Constitución, de la ley y de los principios generales del derecho. El juez depura y afina el alcance de la norma, pero tal tarea hermenéutica no admite soluciones que impliquen la frontal negación de los principios procesales recogidos en la legislación vigente. Admitir la nulidad alegada en el caso, atento a que se han quebrado las formas legales y se ha negado al demandado su derecho a ser oído en forma previa a la solución del litigio. Por las razones expuestas y no habiendo sido el procedimiento ajustado a derecho corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado y remitir el expediente al juez que sigue en orden de turno a efectos de que sustancie adecuadamente la acción y dicte sentencia oportunamente (confr. art. 253 a contrario sensu).

El Código Contencioso Administrativo y Tributario local (Ley Nº 189), en su Capítulo VI, al regular el tópico de las notificaciones, en el artículo 120 no exige la fecha como contenido de la cédula. Ello por cuanto, a tenor de lo dispuesto por su artículo 121, segundo párrafo, sólo la presentación en Secretaría es la que otorga al instrumento consecuencias procesales, sea la notificación en ese día de quien la suscribe, o -como para el caso que nos ocupa- la demostración de interés a instar el curso del proceso.
En el presente caso, consta que la cédula bajo análisis fue presentada en Secretaría, adjuntándosele las correspondientes copias de traslado. Asimismo, se envió a la oficina respectiva (conf. lo dispone el art. 122 del CAyT). Cabe advertir que ante la proximidad del vencimiento del plazo dispuesto por el artículo 260, inciso segundo, del ordenamiento ritual, el recurrente para su seguridad bien podía -si efectivamente la hubiese presentado en tiempo hábil- haber confeccionado un escrito adjuntando la cédula o en su defecto, para su control personal, requerir constancia de la recepción del instrumento de notificación en una copia. La ausencia de estos u otras constancias demostrativas de la presentación en la fecha anotada en la cédula, demuestran la sinrazón de los argumentos esbozados.

Es improcedente la cautelar solicitada (reincorporación inmediata, con la posibilidad de cursar y recursar materias) si el actor refiere sólo a la conducta desplegada por el instituto, sin aludir a omisión en el control por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que recién hizo en la alzada.
Ello así, pues siendo función de la medida cautelar asegurar el contenido de la decisión de fondo, al no haber sido demandado el instituto educativo, de acordarse la medida solicitada, se estaría imponiendo una conducta a quien no es demandado en el pleito, con violación al derecho de defensa. No se señaló una omisión en las facultades de regulación y control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino una conducta arbitraria de una persona distinta sujeta a su regulación y control. Por ello, la medida cautelar requerida excedería los límites propios de la litis.
Lo expuesto no obsta al derecho del amparista a ampliar su demanda contra el Instituto "Dr. Dalmacio Velez Sarsfield", y/o quien entienda procedente requiriendo las medidas que crea oportunas (art.183 del CCAyT), debiendo merituarse en tal caso el material probatorio producido.

En este ámbito rige el principio dispositivo en cuya virtud se confía a la actividad de las partes, tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez.
Su vigencia se apoya en la consideración de que las pretensiones y defensas que se ventilan en el proceso civil constituyen un mero reflejo de los derechos subjetivos de las partes y no exceden, por lo tanto, el interés privado de éstas.
De tal forma, siendo una de las manifestaciones del referido principio, la disponibilidad del derecho material, por el cual el órgano judicial se encuentra vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas a la suerte de aquél, habiendo consentido el amparista la desestimación de su acción y no encontrándose comprometido en esa decisión el interés público, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal.

En cuanto a la presencia del peligro en la demora ante el requerimiento de una medida cautelar que ordene el otorgamiento provisorio de una licencia profesional para conducir -que fuera denegada en sede administrativa-, cabe remitirse a lo sostenido por esta Sala en un conflicto de la misma naturaleza, en el marco también de una medida cautelar, donde se dijo que "...el vínculo necesario entre el ejercicio de un oficio y la provisión de sustento básico para el actor y quienes se encuentren a su cargo, resulta óbice suficiente para acreditar su configuración." (in re "Berta Jorge Esteban c/GCBA s/Amparo s/ Incidente de Apelación Medida Cautelar").

Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta necesaria para que resulte procedente el amparo, requiriere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba (Fallos 306:1253; y 307: 747).

En el caso, en la sentencia recurrida se analizan brevemente los antecedentes administrativos, como si se tratara de una acción ordinaria, sin tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto establece que el agotamiento de la vía administrativa no es un recaudo de admisibilidad de la acción de amparo.

Cuando se trata de hechos o actos inconstitucionales cuya eliminación es menester producir a fin de restablecer la vigencia de un derecho lesionado, cuando no está en juego la libertad física, el remedio está en el amparo.

El artículo 3 de la Ley N° 16.986, prevé el rechazo in limine sólo si "la acción fuese manifiestamente inadmisible". A la luz de la regulación del amparo contenida en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el rechazo in limine debe ser efectuado de manera muy cuidadosa y prudente, a fin de no impedir el acceso a la justicia.
Esto significa que, más allá de los casos extremos de presentaciones carentes de seriedad -en suma: defecto legal-, sólo debe disponerse un rechazo in limine ante situaciones incontrovertibles.

Atento el carácter operativo del amparo (artículos 10 y 14 de la Constitución de la Ciudad), las directrices y los principios que prevé el segundo precepto citado deben ser aplicados por los jueces; quienes, en ejercicio de sus facultades para dirigir y encauzar el proceso, están llamados a cubrir los aspectos no regulados por aquélla mediante la aplicación de las pautas procesales de la Ley N° 16.986 en cuanto resulten compatibles con el texto constitucional.
Por último, las normas del Código Contencioso Administrativo y Tributario resultan aplicables en tanto su supletoriedad se encuentra establecida expresamente en la Ley N° 16.986 (art. 17).

La determinación del plazo de caducidad exige analizar cuestiones tanto jurídicas como fácticas que exceden, en principio, el ámbito de lo manifiesto, requerido por el artículo 3 de la Ley N° 16.986 para el rechazo in limine.

En principio, la fiscalización de la gestión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas debe efectuarse por intermedio del órgano creado por la ley con competencia específica para ello, en el caso, la Comisión de Fiscalización. Sin perjuicio de ello, no podría negarse ab initio el derecho de los matriculados a obtener información relativa a la gestión de la entidad de la que forman parte y respecto de la cual deben decidir, periódica y obligatoriamente mediante el mecanismo eleccionario previsto en la citada ley Nº 466, quiénes gobernaran su destino.
Toda vez que, en el caso, la negativa a posibilitar el acceso a la información solicitada por el amparista no ha sido debidamente fundada, y en tanto no se advierten razones valederas que la justifiquen (como podría ser, por ejemplo, el hecho de que su divulgación pusiera en riesgo el normal funcionamiento de los órganos de la entidad pueden tenerse por configurados los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para la procedencia de la acción de amparo.
Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, aun cuando a priori no se vislumbra la situación de urgencia -también necesaria- que justifique la acción expedita de amparo, lo cierto es que, atento el estado procesal en que se encuentra la causa -nótese que ha sido totalmente tramitada- y ponderando sería más gravoso para ambas partes diferir la cuestión a la tramitación de un procedimiento ordinario, razones de economía procesal desaconsejan expedirse en tal sentido.

Aún cuando se sostenga que el plazo de 15 días previsto en el artículo 2 inciso e) e la Ley N° 16.986, es compatible con el régimen constitucional -aspecto que parece udoso, ante el generoso diseño constitucional local-, no resulta sencillo computar los plazos, pues es preciso determinar, en cada caso concreto, en qué momento el amparista conoció el acto.

En la apelación establecida en el artículo 144 de la Ley N° 404 entiende como tribunal de apelación, el Tribunal de Superintendencia del Notariado, cuyas funciones se encuentran a cargo del Tribunal Superior de Justicia (arts. 120 inc. b y 172 de la Ley N° 404).
En ese marco, podría concluirse prima facie que el amparo no se presentaría como el medio judicial más idóneo, por cuanto la ley orgánica notarial N° 404 establecería un recurso específico que tramita ante el Tribunal de Superintendencia del Notariado.
Ello por cuanto no sería irrazonable que si el legislador en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (art. 80, inciso 2, apartado d)- delegó en el Colegio de Escribanos el ejercicio del poder disciplinario sobre los notarios, también le haya atribuido competencia para disponer en caso de infracciones graves la suspensión preventiva del notario inculpado, con la garantía que comporta la obligatoria comunicación de esa decisión al Tribunal de Superintendencia del Notariado. No debe olvidarse que la particular función que desempeñan los escribanos los ubica en un especial estado de sujeción, lo que justificaría una regulación más intensa.

Resulta importante que los programas habitacionales creados por el Gobierno de la Ciudad -los antiguos, como los nuevos que los complementan o perfeccionan- se cumplan en todos sus términos.
No se trata de presumir un incumplimiento por parte de la Administración, sino de dotar a la decisión judicial que así lo dispone -y que acota sus efectos a los sujetos del proceso- de un contenido preceptivo idóneo para que, de ser necesario, resulte susceptible de ejecución. Esta última característica -rasgo natural de las sentencias de condena, que constituye una manifestación del imperium jurisdiccional- hace a la utilidad práctica del pronunciamiento como decisión susceptible de poner fin al litigio, con fuerza de verdad legal, de una manera efectiva.
Sólo de este modo se satisface cabalmente el interés jurídico que impulsó a los beneficiarios de dichos planes a acudir al Poder Judicial para lograr el mencionado objetivo. En cambio, remitir a un nuevo proceso en caso de ocurrir eventuales incumplimientos comporta, por un lado, una desprotección para los amparistas y, por el otro, la posibilidad de un dispendio judicial contrario a la economía procesal por cuya vigencia ha de velar este Tribunal (art. 27, inc. 5, ap. d, CCAyT).

La Constitución de la Ciudad se refiere expresamente a las omisiones legislativas en una cláusula de contenido sustancial -artículo 10- y en una cláusula de contenido adjetivo -artículo 14-, al igual que su homóloga federal, conforme el artículo 43, prevé el amparo por omisión.
Es así que resulta irrazonable dañar un derecho por omisión y, si se reúnen las restantes condiciones de admisibilidad, el amparo es la acción urgente para hacer cesar la lesión.
La omisión de dictar una ley de organización, así como su condena, tiene una relevancia institucional singular en comparación con la omisión de dictar un acto administrativo de alcance individual o de entregar un bien.

En el caso del no dictado de la Ley de organización de las Comunas, hay una omisión (no dictar una ley), de una autoridad pública (la Legislatura), que lesiona un derecho político-electoral (elegir y ser elegido en las juntas comunales) con arbitrariedad manifiesta (pues surge de una lectura sumaria del texto constitucional), por lo que están cumplidos los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo, exigidos por el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ya que hay una relación de causalidad entre el no dictado de la ley y la lesión al derecho.

La omisión de proyectar, sancionar y promulgar la Ley de creación de Comunas conculca en forma actual o inminente y con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta el derecho constitucional de elegir y ser elegidos y, además, priva de ejercer el control de la cosa pública relacionada con cada barrio. En consecuencia, el perjuicio es personal y por ello los demandantes tienen un interés personal en la controversia, lo que les otorga la personaría suficiente para promover acción de amparo.

Dado el carácter excepcional de la excusación, los fundamentos vertidos para sustentarla deben ser apreciados prudentemente y con criterio estricto, y son inadmisibles aquellos que traducen exceso de celo por la transparencia o simples razones de delicadeza personal.
Ello, a fin de que se satisfaga, en lo posible, la aspiración de que los juicios se inicien, tramiten y concluyan ante sus jueces naturales.
Esta pauta interpretativa se acentúa tratándose de un amparo, a fin de satisfacer el imperativo de administrar justicia con la celeridad que impone el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al calificar a esta acción como expedita y rápida.

El Decreto- ley Nº 16.986 ha establecido términos en horas, pero sin disponer la habilitación de las horas inhábiles. En consecuencia, en el supuesto en que un vencimiento opere en horas inhábiles, la aplicación del plazo de gracia contemplado en el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario se presenta como la única forma de conciliar el computo del plazo de horas con el hecho de que la acción de amparo no importa per se la habilitación de horas inhábiles.
Tal disposición resuelve el problema que crea la limitación de los horarios de los tribunales ante plazos que vencen en horas inhábiles (ver doctrina coincidente, CNACAF Sala II, “Paradela Máximo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/queja” 15/04/93; Sala V, “Aurosur SA –RQU– c/ Aduana s/ queja” 6/04/98; y esta Sala “Mercedes Bouzo c/ GCBA s/ otros autos incidentales” exp. 5907/1, 28/10/02).

El carácter sumario del amparo está al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, en caso contrario, no hay razón para no acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes. Por lo demás, sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (cfme. esta Sala in re “Oliveira Fabián y Otros c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 5412/0, del 13 de diciembre de 2002).

El Decreto- ley Nº 16.986 ha establecido términos en horas, pero sin disponer la habilitación de las horas inhábiles. En consecuencia, en el supuesto en que un vencimiento opere en horas inhábiles, la aplicación del plazo de gracia contemplado en el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario se presenta como la única forma de conciliar el computo del plazo de horas con el hecho de que la acción de amparo no importa per se la habilitación de horas inhábiles.
Tal disposición resuelve el problema que crea la limitación de los horarios de los tribunales ante plazos que vencen en horas inhábiles (ver doctrina coincidente, CNACAF Sala II, “Paradela Máximo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/queja” 15/04/93; Sala V, “Aurosur SA –RQU– c/ Aduana s/ queja” 6/04/98; y esta Sala “Mercedes Bouzo c/ GCBA s/ otros autos incidentales” exp. 5907/1, 28/10/02).

El carácter sumario del amparo está al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, en caso contrario, no hay razón para no acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes. Por lo demás, sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (cfme. esta Sala in re “Oliveira Fabián y Otros c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 5412/0, del 13 de diciembre de 2002).

En el marco procesal del amparo, si el informe resulta equivalente a la contestación de la demanda, cabe concluir que la omisión de presentarlo constituye el incumplimiento de una carga procesal que debe aparejar consecuencias semejantes a la falta de contestación. Y esta situación no conlleva, necesariamente y por sí misma, el progreso de la pretensión, toda vez que la sentencia debe pronunciarse de acuerdo a las constancias de la causa y el derecho aplicable (Sagués, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, 3, 4ta. edición ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 421; Morello, Augusto M. y Vallefin, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2000, p. 118).

La considerable duración de un proceso o el volumen que pueda adquirir un expediente producto de las peripecias procesales que pueda sufrir, no tornan improcedente el amparo. De lo contrario, la admisibilidad de esta garantía no podría determinarse liminarmente sino sólo mediante un juicio ex post –circunstancia que demuestra el error de este enfoque- y el resultado de ese examen sería, a fin de cuentas, meramente potestativo para los litigantes.

Sobre el plazo para interponer el recurso de apelación, dispone el artículo 15, ley 16.986, que: “el recurso deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la resolución impugnada”. Por ello, en el caso, si la resolución recurrida fue notificada el día 2 de marzo de 2006 a las 10:05 hs, el plazo para interponer el recurso vencía el día 6 de marzo de este año a las 10:05 hs.

De conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley Nº 16.986, en la acción de amparo el plazo para interponer el recurso de apelación es de 48 hs. Sin embargo, en atención a la aplicación subsidiaria dispuesta en el artículo 17 de la citada ley, corresponde computar asimismo el plazo de gracia previsto en el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, según el cual cuando el escrito no fuera presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo puede ser entregado válidamente en la Secretaría al día hábil inmediato posterior y dentro de las dos primeras horas del despacho. Ello así, toda vez que la norma citada no realiza distinción alguna respecto de su aplicación a los plazos contados por días o por horas, y que tal interpretación es la que mejor se adecua al principio pro actione y a la garantía de acceso a la justicia. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).

Para la demanda de la acción de amparo, no se trata de establecer requisitos en extremo puntillosos que afecten de modo irrazonable la operatividad del instituto, sino que revisten particular importancia por cuanto hacen a la exactitud y claridad de la demanda. Ello así dado que dicha pieza establecerá la materia del proceso y los puntos sobre los cuales habrá de decidir el juez. Asimismo involucran el derecho de defensa del accionado, pues éste deberá expedirse respecto de un planteo que necesariamente debe ser explícito y preciso.
En resumen, no deben admitirse acciones con pretensiones vagas que vulneren el derecho de defensa de los demandados e impidan el ejercicio de la función jurisdiccional. Tampoco se trata de sobrecargar al amparista con el cumplimiento de engorrosos ritos formales que se constituyan en un valladar para acceder a la tutela judicial, sino de exigirle un mínimo de certeza y precisión en su planteo y en las pruebas de que intenta valerse, a efectos de delimitar los alcances del litigio y permitir al demandado ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

El hecho de que el planteo que se expone en el marco de la acción de amparo se refiera a la materia ambiental, no subvierte las características básicas del proceso contencioso administrativo, mutándolo en uno diferente donde rija la impulsión e instrucción de oficio y en el cual, por ende, la producción de los elementos de prueba recaiga principalmente en cabeza del órgano jurisdiccional, como podría ser una denuncia ante un juzgado de instrucción o una fiscalía contravencional.

Si la Administración reconoció en sede administrativa el derecho esgrimido por la amparista, en forma posterior al inicio de la demanda y contestación del informe del artículo 8 del Decreto- ley Nº 16.986, lo que indica que ha sido su actitud omisiva la que la obligó a litigar, no median en la causa razones válidas para exonerar de costas a la Administración (art. 62, CCAyT).

Según surge las constancias del expediente, el cese de la omisión estatal que motiva la acción de amparo se produjo de modo previo a la presentación del informe del artículo 8º del Decreto- ley Nº 16.986.
Así, la doctrina ha entendido que si bien el fundamento de la imposición de costas es el objetivo vencimiento, se exime de costas a la legitimada pasiva, si prueba antes del vencimiento del plazo fijado para la contestación del informe, que los hechos u omisiones que motivaron la demanda de amparo han cesado, con la finalidad de alentar el cumplimiento estatal. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En la causa “Galleta, Carmen c/GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA)”, resuelta el 2 de octubre de 2003, esta Sala declaró la ausencia de legitimación pasiva en un amparo presentado contra la ObSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) en virtud de que originariamente el Gobierno de la Ciudad no había sido demandado por la afiliada. Por ello, se desvinculó al Gobierno de dicho amparo.
Si bien es cierto que la propuesta a que aluden los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 472 –que establecen lo relativo al plazo para que la ObSBA disponga su adhesión al régimen del Sistema Integrado Nacional- se encuentra en cabeza de la obra social, es necesario destacar que, en el caso, el resolutorio apelado contiene una doble manda que no deja de involucrar al Gobierno de la Ciudad. Ello así dado que la jueza de grado, estableció un plazo para el cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 mencionado y, además, tras su cumplimiento, fijó un nuevo término para la adhesión al Sistema Integrado Nacional. Este acto requiere, necesariamente, de una actividad por parte del Gobierno de la Ciudad para la evaluación y aprobación de las propuestas a las que obliga la ley, por lo que difícilmente puede considerarse al Gobierno como ajeno a las actividades que el decisorio apelado ordena.
En tal sentido, y siendo que en el sub examine la acción fue inicialmente enderazada contra la ObSBA y el Gobierno de la Ciudad, no resulta de aplicación lo manifestado por este Tribunal en el caso "Galletta".

En el caso, no es procedente la vía del amparo si debe examinarse el derecho de la empresa de exigir el cumplimiento de prestaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad en un contrato en curso de ejecución posterior a su presentación en concurso preventivo, cuando, por su parte, ella no ha demostrado cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, ya que le resulta imposible presentar sus comprobantes de pago del impuesto sobre los ingresos brutos y cargas sociales con sustento en lo dispuesto en los artículos 16 y 32 de la Ley de Concursos.
En consecuencia, distintas órbitas se oponen casi inevitablemente, y ambas llevan la carga del interés público -aún de diverso tipo- y convergen sobre la plataforma común del patrimonio del deudor contribuyente. La confrontación de los distintos intereses en juego y la necesidad de encontrar el equilibrio entre las fuerzas en tensión exceden las posibilidades del proceso abreviado de la acción de amparo. La gestión tributaria eficiente, el resguardo a los derechos de los acreedores y el debido cumplimiento de los contratos en curso de ejecución como fundamento necesario a la exigencia de las contraprestaciones pactadas requiere un examen complejo y profundo, en el que la vía intentada no se presenta como la mas apta.

Si se admitiera que el amparo procede cada vez que en el marco de un contrato en curso de ejecución las partes disienten sobre la conducta a seguir ante posibles incumplimientos parciales y mutuos, con el desmedro patrimonial consiguiente, dicho remedio constitucional quedaría desnaturalizado para cumplir el fin para el que fue específicamente concebido, que es el de tutelar de manera inmediata y efectiva la violación palmaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales básicas e impedir así toda amenaza contra los fundamentos esenciales del Estado de Derecho.

En el sub lite, corresponde a la primera instancia entender en la presente acción si el actor no dedujo el recurso directo de revisión de cesantías o exoneraciones de empleados públicos previsto en los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (Ley Nº 189), sino que interpuso una acción de amparo con fundamento en los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que se han violado –en forma arbitraria e ilegítima- sus derechos garantizados en las citadas cartas fundamentales. Vale decir que el actor optó por una vía específica para cuestionar el desarrollo del sumario administrativo que se sigue en su contra y el acto de cesantía, que difiere de la ordinaria prevista por el ordenamiento de forma, y respecto de la cual habrá de estarse a sus especiales requisitos, alcances y características.

En el caso, es procedente el cauce procesal de la acción de amparo si se tiente en cuenta que la amparista fundó la acción en la falta de resolución del sumario administrativo que se le inició hace más de cinco años (cuatro al momento de interponer la acción), circunstancia que llevó a la separación de su cargo y, consecuentemente, importó el ejercicio de otras funciones que no son las que le corresponden –conducta que considera arbitraria e ilegítima- por vulnerar su derecho a trabajar, al debido proceso y a la seguridad jurídica.

La idoneidad del amparo, como garantía de protección de los derechos y garantías, dependerá de diversas características propias de la cuestión debatida.
En tal entendimiento, debe señalarse que, en autos, se encuentra ausente uno de los presupuestos esenciales para la procedencia del amparo, esto es, la posibilidad de resolver la cuestión sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos que conforman la materia debatida (es decir, un amplio debate), toda vez que no surge de manera palmaria que le asista la razón a alguna de las partes. La circunstancia descripta impide admitir la sumarísima vía procesal escogida como medio para dirimir la contienda suscitada y torna necesario acudir a un proceso de conocimiento pleno.
Además, debe destacarse que la accionante no ha podido demostrar que no existen otros remedios procesales aptos para instar el resguardo de los derechos que se dicen conculcados –vgr. amparo por mora, pronto despacho, recurso de queja por incumplimiento de los plazos ajenos al trámite de recursos-. (Del voto en disidencia del Dr. Horacio G. A. Corti).

En el caso, la actora pretende por la vía del amparo que se le otorguen 12 horas de guardia en planta de conformidad con el régimen del Decreto Nº 282 de 1996, cuando tiene conocimiento fehaciente, desde el día en que fue designada en el hospital, que los términos de su nombramiento incluyen una guardia de 24 horas semanales los días domingo. Asimismo, la amparista pertenecía a la guardia de ese hospital y prestaba funciones como interina, por lo cual es razonable suponer el conocimiento del régimen jurídico en que se encontraba e incluso reconoce que presentó sendas notas en defensa de su trabajo y de su salario ante la autoridad administrativa en las que peticionaba el cumplimiento de la norma en cuestión.
Por tanto, es claro el conocimiento que desde diversas fuentes tenía de la omisión lesiva que invoca desde mucho tiempo antes de la interposición de la demanda de amparo. Establecidas estas circunstancias cabe concluir en la extemporaneidad de la acción, situación que lleva, a su vez, a su rechazo. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el caso, se promovió acción de amparo a efectos de obtener la ampliación de la habilitación del establecimiento comercial en la categoría “local bailable clase C” y fue solicitada la habilitación de la feria judicial.
Los argumentos expuestos por el peticionante para fundar su pedido de habilitación de feria, se limitan a efectuar una invocación abstracta respecto de la urgencia y la premura que los hechos que requiere la acción de amparo. Sin perjuicio de ello, no se advierten las razones que justifiquen la urgencia invocada toda vez que el local comercial se encuentra funcionando de manera ininterrumpida como restaurant- confitería, circunstancia que impide considerar la configuración de los extremos daños económicos invocados.

En el caso, la parte actora interpuso acción de amparo, denunciando que, en razón de haberse interrumpido de manera arbitraria el pago del subsidio que el Estado local otorga al Colegio donde asiste su hija menor, de quien asume la representación, y dado que este ingreso se destina a cubrir el monto de los salarios docentes, existe el peligro inminente de que se produzca una afectación en el derecho de su hija a recibir una educación acorde a las expectativas asumidas al inscribirlos en el instituto de formación en cuestión.
No suscita dudas que el primer legitimado para reclamar la continuación del pago del subsidio resulta ser el colegio, afectado de manera absoluta por la discontinuidad del otorgamiento. Sin embargo, también es cierto que existe la inminencia de un daño, no ya exclusiva, pero sí directa de manera suficiente, respecto de la menor que podría ver menoscabada la eficiencia y calidad del servicio educativo, constitucionalmente protegido y también cualitativamente alentado por la carta magna de la Ciudad.
Si bien la demanda carece de referencias certeras y precisas acerca de la interrupción en el pago del beneficio denunciada, esto hace a cuestiones sobre el objeto de la acción que no desplazan las consideraciones efectuadas respecto al grado de afectación de un daño inminente, que dan fundamento no al contenido de la acción, sino a la capacidad del actor para interponer la demanda planteada. Ello, con independencia de que una eventual rendición de pruebas en autos desacredite o confirme la denuncia de omisión planteada en el escrito inicial.

En el caso, la actora interpuso acción de amparo denunciando que, en razón de haberse interrumpido de manera arbitraria el pago del subsidio que el Estado local otorga al Colegio donde asiste su hija menor, de quien asume la representación, y dado que este ingreso se destina a cubrir el monto de los salarios docentes, existe el peligro inminente de que se produzca una afectación en el derecho de su hija a recibir una educación acorde a las expectativas asumidas al inscribirlos en el instituto de formación en cuestión.
No obstante, ni siquiera acreditó la percepción del subsidio por parte de la escuela y, aun cuando ello pudiese suplirse por la producción de prueba, no demostró que ello cause un daño cierto al peticionante. Mucho menos que ese daño pudiese repercutir en quienes el actor considera “beneficiarios directos” de ese –hipotético- subsidio. Por último, aún a mayor distancia se encuentra el que eventualmente podría recaer sobre lo que denominó “comunidad educativa”.
En síntesis, el actor esgrime un manojo de suposiciones mediante las cuales pretende –con requisitoria cautelar incluida- obtener el cese de una omisión estatal sin haber mínimamente vinculado al Estado con el deber jurídico pretendido, lo cual conspira ab initio a la procedencia del amparo promovido. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

Un agente tiene la facultad de elegir entre diferentes vías para cuestionar la medida segregativa dispuesta en su contra por la Administración. Cuando el particular elige impugnarla por medio de la acción de amparo y no por la regulada en los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, corresponde, en consecuencia, declarar la competencia del juzgado de primera instancia, para intervenir en el expediente.

En el caso, toda vez que el agente ya eligió la vía del amparo para cuestionar la medida segregativa que le aplicó la Administración, en lugar del recurso específico previsto en los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Trbiutario, corresponde declarar la competencia del juzgado de primera instancia para entender en la causa.

En el caso, toda vez que se trata de una acción de amparo y no del recurso de revisión previsto en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, no resulta aplicable el fallo “Grinspan c/ GCBA” (sentencia del 27/4/2006) -análogo a los precedentes “Masciandaro”, “Canepa” y “Festa”-, en el que, como intregante de la Sala II, tuve oportunidad de expedirme. En las citadas causas, se decidió que no corresponde hacer una distinción entre “cese” y “cesantía o exoneración”, a los fines de determinar el Tribunal competente, siendo la Cámara de Apelaciones la obligada a intervenir en virtud de lo dispuesto por los artículos 464 y 465 mencionados. Empero, toda vez que la vía intentada es la acción de amparo, resulta aplicable el artículo 4º de la Ley Nº 16.986, que establece la competencia del juez de primera instancia de la jurisdicción donde el acto se exteriorizó o pudieron tener o tuvieron lugar sus efectos.

El amparo es utilizable en las delicadas situaciones en las que, por carencia de otras vías judiciales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige la configuración de circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita.
La doctrina subraya dos aspectos fundamentales de ese daño. En primer término, destaca que el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Se excluyen, pues, del amparo, los perjuicios imaginarios o “aquellos que escapan a una captación objetiva”, en palabras de Sagüés. El daño que pretende repararse será, por tanto cierto. En segundo término, el daño debe ser actual. El amparo no se da para juzgar hechos pasados sino presentes. Lo pretérito sólo interesa en cuanto se prolongue hasta hoy. En cuanto al futuro, se admite la procedencia del amparo ante la amenaza de una lesión que sea precisa, concreta e inminente. Se procura prevenir una lesión que resulta de indudable cometido (ver, Nestor Pedro Sagüés, “Acción de amparo” , 4º edición ampliada, p. 112 y siguientes y sus citas).

En el caso, se interpone acción de amparo con el objeto de hacer cesar la arbitraria y manifiesta omisión del Gobierno de la Ciudad en el ejercicio del poder de policía que generó la situación de inseguridad que dio lugar a los trágicos hechos acaecidos el 30 de diciembre de 2004 en el local bailable “República de Cromañon”.
No obstate, el comportamiento estatal que se analiza a través del amparo debe tener vigencia al tramitarse esta acción. Este primer recaudo excluye de la causa el examen de los hechos ocurridos el 30 diciembre de 2004. Ello así dado que la razón de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la ley fundamental (del dictamen del Procurador que la Corte Suprema hizo suyo en Fallos: 327:2004). La Corte Suprema ha dicho que el amparo procede únicamente para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, y en cambio, es inadmisible cuando el vicio que compromete garantías constitucionales no afecta un derecho diferenciable y no resulta evidente.

El ejercicio del poder de policía compete, en cuanto a su sanción normativa, al poder legislador y, en lo que hace a su puesta en práctica, al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta atribución constitucional de funciones no se encuentra exenta de control judicial. Sin embargo, éste dependerá de controversias concretas, a lo que se suma, en el caso de la acción de amparo, la necesaria existencia de un acto u omisión de la Administración que en forma actual o inminente agreda derechos fundamentales de las personas. La Corte Suprema ha expresado que “...el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio, la afectación de un interés jurídicamente protegido, de orden personal, particularizado, concreto y susceptible de tratamiento judicial , recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros dos poderes del Estado.” (cf. Fallos 321:1252).

Para que proceda el amparo el daño invocado debe ser actual e irreparable, siendo el expresado respecto a eventos futuros inadmisible. La alegación y demostración del peligro inminente de daño corre a cargo del promotor del amparo.
Cuando se alega la inminencia del daño, sólo procede la acción de amparo si dicha inminencia es tal que autorice a considerar ilusoria una reparación ulterior, circunstancia que debe acreditar fehacientemente quien demanda (ver “Giaquinto Maria Beatriz y otros c/ GCBA s/ amparo”, sentencia del 8/08/02). El futuro incierto no integra el ámbito del amparo. Por lo demás, toda sentencia, además de atender puntualmente un conflicto concreto, se integra a una cadena de significados que a la vez preexiste y se proyecta en la llamada jurisprudencia. En este sentido, piénsese brevemente en las implicancias de establecer la posibilidad de activar el aparato judicial, ante la presencia de “potenciales” perjuicios, no sucedidos, no de suceso inminente, sino inferidos, supuestos, conjeturados.

En el caso, corresponde hacer lugar a la recusación formulada y aceptar la competencia en los presentes actuados de conformidad con lo dispuesto por el art. 22 “in fine” del CCAyT; con el propósito de mantener el carácter de instancia revisora de esta Cámara, toda vez que la resolución de la cuestión salarial planteada en los amparos deducidos beneficiará o perjudicará sin distinción a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello así puesto que si se acogieran las acciones interpuestas favorecerían a los accionistas, pero el derecho a la igualdad (art. 18 Const. Nac.) lo extendería necesariamente al resto de los funcionarios aunque no hayan promovido acción semejante.

En el caso, de lo expuesto por los diversos Magistrados y Funcionarios de Primera y Segunda Instancia -que se han excusado de entender en los presentes actuados- se advierte una substancial coincidencia en la invocación al “interés” tutelado por el principio constitucional de la independencia del Poder Judicial que, por cierto es un anhelo generalizado de todos los habitantes de la República, más allá de cualquier diferencia en que se lo considere en las distintas circunstancias, ya sea como “directo” o “indirecto”.
Entre el interés individual y el interés de la sociedad (que es general y hasta difuso), se encuentra el interés sectorial de aquellos que forman parte de un sector; en este caso, son los magistrados y funcionaros del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se verían, indudablemente, beneficiados o perjudicados, según la resolución que se adopte sobre el fondo de la presente cuestión.

Existen importantes diferencias que impiden confundir la acción de amparo con las medidas precautorias que pueden disponerse durante su tramitación.
En tanto el amparo presenta autonomía procesal y sustancial, las medidas cautelares –en principio- tienen por objeto asegurar la eficacia de la sentencia definitiva a dictarse en otro proceso. Mientras las providencias precautorias se otorgan ante la simple verosimilitud del derecho –sin perjuicio de la concurrencia de los demás recaudos previstos legalmente-, el amparo procede cuando se demuestra de manera inequívoca la lesión, restricción o amenaza, manifiestamente ilegítima o arbitraria, de derechos y/o garantías constitucionales o legales. Tal como lo ha destacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acción de amparo no actúa como una simple medida cautelar, accesoria de una acción judicial iniciada o que corresponda iniciar, y tampoco se agota en la traba de una medida precautoria (Fallos, 244:68; 245:11; 246:380; 252:301). Se trata, por el contrario, de una vía procesal autónoma, principal y plena (Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, p. 166) y nada impide que durante su desarrollo el juez ordene alguna medida cautelar, siempre y cuando se encuentren reunidos los presupuestos de su procedencia.

La declaración de caducidad de instancia en una acción de amparo no implica declarar la temeridad o malicia del actor y, como consecuencia de ello, imponerle las costas. Ello así dado que la falta de impulso procesal y el transcurso del período de tiempo previsto legalmente (presupuestos de hecho de la caducidad), no se identifican con aquellos que dan lugar a la declaración de que una parte ha procedido con temeridad (litigar sin razón válida y a sabiendas de ello) o malicia (inconducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones improcedentes, destinadas exclusivamente a obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución).
Si se postulase que la caducidad de la instancia trae aparejada necesariamente la declaración de temeridad o malicia con respecto a la parte actora, no sería razonable sostener que ello es así únicamente en la acción de amparo y no en el resto de las vías procesales. Si se pretendiese, en cambio, imponer las costas al actor por el mero hecho de haberse declarado la perención, el intento tropezaría con la letra expresa del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, toda vez que este precepto sólo autoriza la imposición de costas al amparista en caso de que su conducta haya sido declarada temeraria o maliciosa.

La exención de costas en la acción de amparo guarda armonía con el diseño integral que el constituyente ha conferido a dicha acción, concebida como garantía destinada a proveer protección jurisdiccional urgente de los derechos y garantías amenazados o lesionados por actos u omisiones palmariamente arbitrarios o ilegales. En efecto, la norma establece que esta acción puede ser promovida por “toda persona” (art. 14, primer párrafo, CCBA), y es manifiesto que si el rechazo de la pretensión tuviese como consecuencia que el actor vencido debiese afrontar las costas del proceso, esta circunstancia mermaría notoriamente la eficacia y operatividad del amparo. Y ello es así no solamente en el caso de una sentencia definitiva adversa al amparista, sino también en los supuestos de perención de la instancia como el aquí considerado. Es pertinente destacar, a su vez, que la Ciudad de Buenos Aires garantiza a todos sus habitantes el acceso a la justicia, el cual no puede ser limitado en ningún caso por razones económicas (art. 12, inc. 6, CCBA), previsión general que, según se advierte, encuentra en el precepto examinado una disposición particular para el caso del amparo.

Si bien es verdad que el plazo de caducidad de seis meses parece incompatible —por su notable holgura— con la naturaleza rápida y expedita de la acción de amparo, esta circunstancia no vuelve inconstitucional la norma de la constitución local que consagra la exención de costas para el actor —salvo declaración judicial de temeridad o malicia—, sino que, en todo caso, demuestra la necesidad de una regulación legal específica que establezca expresamente el plazo de caducidad aplicable a la acción de amparo. Ello, teniendo en cuenta que el plazo anteriormente mencionado no fue pensado para una vía procesal de trámite sumario y de resolución urgente, sino que ha sido previsto en el marco del modelo legislativo de unidad de acción con pluralidad de pretensiones —plasmado en el Código Contencioso Administrativo y Tributario, que no regula la acción de amparo—, como el único aplicable en primera instancia (art. 260, inc. 1), pero resulta extensible al amparo en función de la supletoriedad dispuesta en el artículo 17, de la Ley Nº 16.986 (con respecto a este último aspecto puede consultarse, entre otros, el precedente dictado por esta Sala in re “Silva, Carlos c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, EXP nº 8902/0, sentencia del 9 de junio de 2005).

Al regular los supuestos en que puede promoverse el proceso de ejecución de sentencia (Título XII, CCAyT), la legislación procesal se refiere a la sentencia firme –esto es, la decisión de mérito que ha resultado consentida o ejecutoriada- (art. 392, CCAyT, aplicable al amparo en función de la supletoriedad establecida por el art. 17, Ley Nº 16.986). Así pues, la sentencia no reviste el carácter de título ejecutorio si no se encuentra firme.
Luego, si la sentencia no resulta ejecutable en la etapa procesal en que se halla la causa, el pago realizado por el ejecutado, debe ser considerado una conducta enteramente voluntaria y, si no está acompañada de una reserva, dicho proceder conlleva de manera indudable el consentimiento de los resuelto en la instancia.
Al respecto, se ha sostenido que el desistimiento tácito del recurso deducido contra una decisión judicial resulta de la realización, por parte del recurrente, de una conducta incompatible con el recurso, tal como ocurre, por ejemplo, en el supuesto de cumplimiento espontáneo de la resolución cuestionada (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Astrea, Buenos Aires, 1989, tº 1, p. 225, 99, y sus citas de doctrina y jurisprudencia).
De igual forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido –refiriéndose a la instancia extraordinaria federal, pero con un razonamiento enteramente aplicable al recurso de inconstitucionalidad local- que “el pago de las sumas determinadas en la sentencia recurrida, efectuado con posterioridad a la interposición del recurso de hecho sin efectuar reserva alguna de continuar el trámite de la queja, importa una renuncia o desistimiento tácito del recurso porque media incompatibilidad manifiesta entre ambas gestiones” (CSJN, causa “Antonio Mieres Propiedades SCA y otro c/Compañía Gillette de Argentina SA”, 30/03/2005).

En el caso, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada -otorgamiento de un permiso para la venta en la vía pública- dado que no surge de la prueba colectada en autos, que la Administración lo hubiera denegado en forma arbitraria. La presentación realizada por el actor en sede administrativa, fue realizada un mes antes de la promoción de la presente acción de amparo por violación a los derechos y garantías constitucionales previstos por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley Nº 1161, por lo que prima facie no puede apreciarse que la Administración se haya extendido injustificadamente y en exceso en el tiempo sin atender el pedido cursado.
Máxime, cuando el actor no ha aportado ningún elemento por el cual haya instado una respuesta de la autoridad administrativa. Además, tampoco ha demostrado -como era a su cargo- la imposibilidad de acceder a algún permiso para la venta de productos que alcance a su situación de desamparo, omisión que no puede ser subsanada por la actividad oficiosa de este tribunal, a quien no compete otorgarlos, función ésta que se encuentra asignada a órganos específicos del Gobierno de la Ciudad (cf. esta Sala in re “Sequeira Julio Mario Enrique c/GCBA s/Medida Cautelar”, sentencia del 30/8/2005).
Es, precisamente, en el ámbito de la Administración donde el actor debe acudir para obtener el permiso que solicita ante los estrados judiciales, canalizando sus apremiantes expectativas por ante las autoridades competentes.

La acción de amparo no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar las instituciones vigentes (Fallos: 310:1542, 1927 y 2076; 315:1485; 317:1755; 322:2247), ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces (Fallos: 310:2076).

Es indudable que el carácter no remunerativo que desde su aplicación se atribuyó a los suplementos por Conducción previsto en el Decreto Nº 763/93 y por Productividad, implicaba una incidencia sobre el monto futuro de la jubilación de los agentes, pero, no obstante, esta situación, en el caso, no mereció durante muchos meses reproche administrativo alguno por parte del actor.
En consecuencia, dado que el actor denuncia un daño en cuyo conocimiento se encontraba varios años antes de hallarse en condiciones de acceder al haber de retiro, sin descalificar el fondo de la pretensión articulada, esta situación muestra que la vía excepcional de la acción de amparo resulta inadmisible. De este modo, el rechazo de dicha acción no causa agravio irremediable al actor, quien puede, de acuerdo con los cauces procedimentales idóneos recurrir a los medios de tutela judicial que la legislación prevé (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el proceso de amparo, se mantiene la regla general de la notificación automática o ministerio legis que impera en los procesos ordinarios. Es decir que, salvo los casos de excepción en que procede la notificación personal o por cédula, las resoluciones judiciales se tendrán por notificadas a todos los que intervienen en el proceso, y en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado (art. 117, CCAyT –aplicable en virtud del 17 de la Ley Nº 16.987).
Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza sumarísima del amparo, es menester evitar las dilataciones que traen aparejadas las notificaciones por cédula, de suyo incompatibles con la estructura y dinámica del proceso en cuestión, reduciéndolas al menor número. Por ello, frente a la inexistencia de una norma legal que reglamente el sistema de notificaciones, sólo deben notificarse por cédula la demanda, la audiencia de recepción de prueba y la sentencia definitiva de amparo (Morello, Augusto M.- Vallefín, Carlos A., El amparo, régimen procesal, Librería editora Platense, 4 ta. Edición, págs. 152, 186 y 187).

El artículo 15 del Decreto- ley Nº 16986/66 establece que “sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3º y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado” a la vez que en su artículo 16 veda la posibilidad de articular incidentes. Tales disposiciones encuentran sentido en el carácter sumario del proceso de amparo, herramienta destinada a garantizar derechos constitucionales que han recibido una lesión de tal magnitud que no autoriza el sometimiento a los cauces ordinarios.
Sin embargo, el criterio restrictivo con que debe apreciarse la intervención de terceros en este proceso, no puede constituir un obstáculo para garantizar la defensa en juicio de quien alegue que la sentencia pueda afectar un interés propio.

No es competente la justicia federal para entender en una causa por el sólo hecho que intervenga Lotería Nacional Sociedad del Estado cuando tiene una participación accesoria en el pleito y se trata de una sociedad del Estado, regida principalmente por el derecho común. Esto de ningún modo implica desconocer lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Nacional, sino compatibilizar sus alcances a un proceso de amparo en el que se discute una cuestión de índole netamente de derecho público local, en el cual la persona aforada es un tercero adherente simple que sólo puede tener una actuación restringida en la causa.
Esta solución se encuentra respaldada por lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “González, José A. y Otros s/Amparo” pronunciamiento del 3/5/05, en que se rechazó el desplazamiento de competencia federal del propio Estado Nacional por no ser parte sustancial en la causa.

Si bien el artículo 15 de la Ley Nº 16.986 encuentra justificación en la sumariedad excepcional con que se ha estructurado en proceso de amparo, lo cierto es que tal principio no puede ser llevado al extremo de impedir, a quien se dice perjudicado por la suspensión del acto que forma el objeto del pleito, la posibilidad de intervenir en el proceso en ejercicio del debido derecho de defensa. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)

La Ley Nº 16.986 no regula específicamente el supuesto de intervención de terceros. No obstante ello y en virtud de la remisión al Código Contencioso Administrativo y Tributario que efectúa el artículo 17 del mismo texto legal es posible dar cabida al instituto en la acción de amparo. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

Si el carácter restrictivo de la intervención de terceros en el amparo llevara a desestimar su intervención, para proteger rápidamente el derecho constitucional de alguien, se estaría conculcando rápidamente el derecho constitucional de otro. Aquí parece razonable que la existencia de derechos constitucionales en pugna haga necesario sacrificar celeridad para asegurar constitucionalidad (Salgado, Joaquín Alí, “Intervención de terceros en el amparo”, LL 1989-A, pág. 1100). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

Normalmente, en el proceso de amparo existen sólo dos partes: el particular agraviado por el acto lesivo y la autoridad o particular agraviante. Pero también son computables otras situaciones, como por ejemplo, aquélla en que el acto lesivo que motoriza la demanda puede haber perjudicado a un tercero, en cuyo caso ése tiene derecho a ser oído ante el autor de la conducta cuestionada, siendo procedente su citación (conf. Morello, augusto M.- Vallefín, Carlos A., El Amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, La Plata, 4ª edición, 2000, págs. 181 y sigtes.).
El particular, por su parte, parece tratarse del caso en que el acto u omisión de la autoridad pública beneficia a un tercero, que en principio no participa en el proceso. Sin embargo, resulta evidente que, en este supuesto, la suerte de la acción de amparo afecta en forma directa a dicho tercero.
A partir de ello y teniendo en cuenta que en el presente caso el convenio cuya vigencia aquí se discute fue celebrado entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires y Lotería Nacional (Sociedad del Estado) y que, por ende, las medidas que en consecuencia se dicten pueden afectar los derechos e intereses de éste último, cabe admitir su presentación como tercero en estas actuaciones. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

La prohibición regulada por el artículo 16 de la Ley Nº 16.986 veda la posibilidad de introducir excepciones previas, sin perjuicio de que tales cuestiones sean objeto de consideración al momento de dictarse sentencia definitiva.
Por lo expuesto, corresponde diferir el tratamiento de la excepción de incompetencia planteada para el momento de dictar sentencia definitiva. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En materia de costas en caso de desistimiento en el marco de una acción de amparo, si bien la norma legal genérica es el artículo 67, segundo párrafo, del Código Contencioso Administrativo y Tributario –aplicable en función de la supletoriedad prevista por el artículo 17 de la Ley Nº 16.986-, debe prevalecer la norma específica que se refiere a las acciones de amparo, es decir, el artículo 14, cuatro párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que exime de costas al actor salvo los casos de temeridad o malicia.

En el caso, la actora, que había adherido a la pretensión deducida por la amparista, no llegó a ser tenida por parte coactora en razón de que, antes de que su presentación fuese proveída, el amparista arribó a un acuerdo con la parte demandada y, por lo tanto, desistió del amparo.
La situación de aquélla con respecto a la distribución de costas debe juzgarse aplicando el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Adoptar otro criterio para resolver la cuestión planteada vulneraría la ratio legis del precepto constitucional, que consiste en no desalentar la defensa de los derechos y garantías constitucionales –frente a supuestos de agresión arbitraria o manifiestamente ilegal- por temor a las consecuencias económicas que, eventualmente, podrían derivar de la sustanciación del proceso de amparo.

Teniendo en cuenta que, en el caso, los amparistas solicitan que el Gobierno de la Ciudad los incorpore a un plan habitacional, y sin perjuicio de mi opinión en contrario expuesta oportunamente en diversos precedentes de esta Sala ( in re, “Benitez Araceli c/GCBA s/Amparo -Art. 14 CCABA-” Exp. Nº 16707/0, sentencia del 21/06/2006; “Quinteros Alicia Marcela y otros c/GCBA s/Amparo -art. 14 CCABA-” Exp. Nº 7910/0, sentencia del 24/11/2005; “Díaz Angela Rosa y otros c/GCBA s/Amparo -Art. 14 CCABA-” Exp. Nº 132195/0, sentencia del 11/10/2005; “Barrera Mirtha y Otros c/GCBA s/Amparo -Art. 14 CCABA-” Exp. Nº 13030/0, sentencia del 11/10/2005, entre otros), atendiendo a razones de estricta economía procesal, resulta aconsejable juzgar la presente con arreglo a la jurisprudencia del Máximo Tribunal local (“Panza, Angel R c/GCBA s/Amparo –art. 14 CCABA-“ Expte. Nº 4270/05, sentencia del 23 de mayo de 2006). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el caso, corresponde ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incluya a los amparistas en el programa creado por el Decreto Nº 690/06, les otorgue el subsidio allí previsto y, asimismo, continúe con dicha prestación mensual hasta tanto se cumplan con los objetivos generales y específicos del programa, o bien hasta que demuestre que las circunstancias de emergencia habitacional en la cual los amparistas se encuentran han desaparecido. Ello, dado que de la constancias obrantes en autos, y de los dichos de la demandada, no surge que, más allá del agotamiento de las prestaciones otorgadas a los actores por el Decreto Nº 895/02, la precaria situación de los amparistas se haya modificado. Por el contrario, los actores continúan en situación de emergencia habitacional, razón por la cual cobra plena actualidad la doctrina de la Sala por la cual, una vez adoptados lo planes habitacionales por parte de la Ciudad, determinados sus beneficiarios y, en consecuencia, garantizado un nivel mínimo de efectiva vigencia del derecho a la vivienda, la interrupción en forma intempestiva del goce de las prestaciones comprometidas, sin el reconocimiento de prestaciones alternativas de igual naturaleza, vulnera, en forma ilegítima, derechos y principios de raigambre constitucional. La invariable opinión de este Tribunal ha sido que la Administración se encuentra obligada, en caso de decidir la suspensión de las prestaciones, a proceder a la reubicación de los beneficiarios en otros programas que reconozcan, al menos con igual alcance y extensión, las prestaciones otorgadas en su oportunidad. Ello porque un comportamiento contrario implicaría incumplir con el deber estatal de garantizar, de conformidad con parámetros mínimos de efectiva vigencia, el derecho a la vivienda de las personas incluidas en tales programas.
De acuerdo con los argumentos antes detallados, y a diferencia de lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia, la operatividad del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, la existencia de una obligación por parte de la Ciudad de efectuar prestaciones positivas a efectos de auxiliar a las personas en situación de emergencia habitacional se deriva de la interpretación armónica, sistemática y dinámica de las normas supranacionales, nacionales y locales sobre la materia, así como del alcance que los tribunales nacionales y los órganos de aplicación de diversos tratados internacionales -en todos los cuales Argentina es parte-, han reconocido a los derechos sociales en general y al derecho a la vivienda en particular. Con independencia de la incidencia de los tratados de derechos humanos, el derecho a la vivienda forma parte del derecho positivo argentino, sin que de los textos constitucionales federal y local surja alguna diferencia entre él y los restantes derechos reconocidos.

Es jurisprudencia pacífica de nuestro Alto Tribunal que pueden lícitamente dictarse leyes y reglamentos con el fin de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de los ciudadanos, no habiéndose garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional a los habitantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción a las leyes que reglamentan su ejercicio (CSJN, en el conocido caso “Plaza de Toros” del 13 de abril de 1869, citado en innumerables precedentes). Es posible por principio admitir, en relación al régimen de habilitaciones, la posibilidad, e incluso el deber, de incluir modificaciones para mantenerlo constantemente adaptado a las exigencias del interés público (ver doctrina, Eduardo García de Enterría, Tomás- Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, Séptima Edición, Civitas, Madrid, 2000; p. 140 y sgts).
Por ello, si bien es innegable que toda nueva reglamentación pueda afectar en alguna medida al derecho de propiedad o el ejercicio de una actividad comercial, un examen preliminar del expediente no basta para considerar probado, en grado convincente, que la postergación de la autorización para la presentación de números vivos hasta tanto se cumplan las previsiones del la resolución 10 SSCC, publicada el 21 de abril de 2005 resulte manifiestamente ilegítima.

El principio de gratuidad del amparo está previsto a favor del accionante, como un modo de tornar eficaz la garantía del acceso a la justicia y no como un mecanismo de evasión de la responsabilidad estatal cuando con su accionar dio origen a la promoción de una demanda judicial. Vale decir que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, el accionante se encuentra exento de costas aún cuando hubiese sido vencido, salvo temeridad o malicia. Esta disposición junto con el artículo 12 inciso 6, constituyen ciertamente un valladar contra la arbitrariedad a favor de quien intente acudir a los tribunales, aún en condiciones económicas desfavorables. Es un resorte más de la tutela judicial efectiva y una interpretación contraria a la que aquí se propugna desvirtuaría el sentido de las normas constitucionales.

En el caso, el hecho que la agente haya cumplido la sanción de suspensión –cuya aplicación intentó impedir a través de esta acción de amparo- no torna abstracta la pretensión de impugnación de dicho acto administrativo, pues es claro que subsiste un interés actual y concreto de aquella enderezado a obtener la declaración de nulidad de la resolución atacada.
Ello así, a tenor de los dispuesto por los artículos 36 y 43 del Estatuto de Docente y artículo 4 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, entre otras normas.

Aún cuando en precedentes basados en circunstancias de hecho sustancialmente similares esta Sala se ha expedido favorablemente respecto de la procedencia de acciones de amparo tendientes a evitar que el Gobierno de la Ciudad efectúe descuentos en los recibos de haberes por afiliación, asociación o prestaciones destinados a mutuales, fundaciones y otras asociaciones civiles sin fines de lucro (conf. doctrina sentada en autos “Acosta, Félix c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo” Expte. Nº: EXP 6458, del 7//10/04), resulta oportuno realizar un nuevo análisis de la cuestión sometida a estudio.
En esa dirección, cobra especial relevancia el artículo 5º del Decreto Nº 1916/03 -que derogó el Decreto Nº 125/GCBA/99 y creó el Sistema de Débito destinado a las asociaciones con personería gremial, simple inscripción gremial, mutuales, fundaciones, cooperativas y otras asociaciones civiles sin fines de lucro-, en cuanto prevé la posibilidad de que el agente interrumpa los débitos oportunamente convenidos, supeditado a la comunicación fehaciente de esa circunstancia tanto a las entidades que se verían afectadas por esa conducta como al Banco Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, esa circunstancia –recaudo exigido por la normativa aplicable a fin de examinar la procedencia de la petición amparista- no se ha verificado en autos. Y los efectos de esa omisión se ven reforzados a raíz de la forma en que ha quedado trabada la litis, puesto que la presente acción no ha sido dirigida contra las entidades con las que contratara el actor, sino exclusivamente contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en su condición de empleador, se limita a efectuar por planilla de haberes los descuentos a los que el agente se había comprometido. A partir de ello, forzoso resulta concluir en la improcedencia de la vía elegida por el actor.
No se han dado razones que justifiquen la acción de amparo en lugar de acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes, dando al accipiens la debida intervención que la defensa de sus derechos requiere; más aún cuando la propia normativa aplicable exige la comunicación a las entidades acreedoras. Sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (conf. esta Sala, in re “Oliveira, Fabián y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)” EXP 5412 / 0, del 13 de diciembre de 2002). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

En el caso, el actor no dedujo la pretensión cautelar tendiente a que se ordene al Consejo de la Magistratura que proceda a la designación interina del personal por él propuesto en los cargos vacantes del juzgado del cual es titular, en ejercicio de su cargo de juez –esto es, en uso de las competencias y facultades derivadas de esa investidura-, sino en su calidad de ciudadano afectado directamente por la omisión supuestamente arbitraria de la demandada. Que tal afectación tenga como antecedente necesario el cargo que inviste el actor, cuyo correcto desempeño se vería perturbado por la situación que denuncia, no implica que no puedan escindirse ambas calidades –la de órgano del Poder Judicial y la de persona física afectada por la omisión- a efectos de establecer la presencia de legitimación en cabeza del accionante.
El amparista no sólo tiene derecho a ejercer regularmente el cargo que inviste, en condiciones apropiadas que aseguren una correcta administración de justicia –lo cual, dicho sea de paso, configura al mismo tiempo una garantía tendiente a asegurar valores colectivos de primera importancia, con expreso sustento normativo en el Preámbulo de las Constituciones Nacional y de la Ciudad, así como de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 12 inciso 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires-, sino que pesa sobre él, correlativamente, el deber de hacerlo (art. 122, CCABA, y arts. 15 Código Civil y 27, CCAyT). De allí que no puede negársele la posibilidad de accionar en la justicia para obtener la remoción de los obstáculos que puedan presentarse para lograr el cumplimiento de ese cometido, pues ello no sólo importa obtener la tutela de su derecho a ejercer correctamente el cargo que inviste, sino también ponerlo a salvo de la eventual responsabilidad que pudiera caberle por aplicación de los preceptos citados.
Queda así descartada la posible existencia de un conflicto interorgánico que descarte la competencia en el caso de los magistrados judiciales, y cabe concluir que el actor se encuentra legitimado para deducir la pretensión que diera lugar al dictado de la medida cautelar.

En el caso, toda vez que el conflicto se plantea entre un magistrado y el Consejo de la Magistratura sobre una cuestión –el nombramiento de empleados en las dependencias judiciales- de competencia del segundo, cabe concluir que no concurre en la especie un derecho subjetivo en cabeza del magistrado que lo habilite a obtener la tutela cautelar. Antes bien, nos hallamos ante un conflicto interorgánico que escapa la competencia de los magistrados judiciales.
Es que el nombramiento de funcionarios y empleados, aún cuando deba hacerse con intervención de los magistrados, es de exclusiva competencia del Consejo de la Magistratura (art. 116 inc. 5, CCABA). En consecuencia, no puede el órgano judicial suplantar a la administración en ese cometido, so pena de arrogarse potestades que no le corresponden. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

Antes de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la modalidad de ingreso a la administración pública era, por regla general, sin concurso, salvo para las funciones de conducción (Ordenanza Nº 40.401, capítulo II, arts. 3 y sgtes.), a menos que las normas especiales dispusiesen lo contrario.
El Decreto Nº 491/GCBA/03 concretó el propósito de regularizar la situación de dichos trabajadores, sin que el procedimiento escogido merezca –en principio- ninguna objeción sustancial. En cambio, con respecto a quienes ingresaron después de la sanción de la Constitución de la Ciudad, el nuevo régimen solucionó una irregularidad con otra, dado que desconoció la exigencia del concurso.
La Carrera Municipal de Profesionales de Acción Social es, precisamente, uno de los estatutos particulares que –ya antes de la Constitución- preveían el requisito del ingreso por concurso (Ordenanza Nº 45.199, art. 2). Por lo tanto, la inclusión de diversos agentes en ese escalafón especial dispuesta por medio del Decreto Nº 1489/GCBA/02, supuso una doble irregularidad, consistente en soslayar ese requisito que, según lo dicho, constituyó primero una exigencia legal y, más tarde, también constitucional.
Lo expuesto conduce a concluir que en el caso la pretensión de las amparistas (en sus dos aspectos, es decir, que su ingreso a la planta permanente –que no tuvo lugar por concurso sino por el Decreto Nº 491/GCBA/03- se compute a partir del día 1º de abril de 2002 y que, como consecuencia de ello, se vean beneficiadas por el Decreto Nº 1489/GCBA/02), no puede ser acogida por esta Alzada. Ello así, toda vez que se sustenta en actos viciados de ilegitimidad manifiesta, en la medida en que resultan contrarios al régimen constitucional y legal aplicable.

La acción de amparo no importa una alteración de las instituciones vigentes ni modifica la jurisdicción otorgada a los magistrados, por lo que, si bien el artículo 16 de la Ley N° 16.986 veda la articulación de cuestiones de competencia, esta limitación recursiva no impide una decisión del tribunal al respecto (ver en tal sentido Morello, Vallefin, El Amparo, p. 180; este Tribunal in re “Spanggemberch Luis Alberto c/ GCBA y otros s / Queja por apelación denegada” XX/05/02).

En el caso, en el cual los actores se presentan e interponen una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y solicitan, en ese marco, el dictado de una medida cautelar a efectos de que se ordene a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de dar tratamiento al documento final del Plan Urbano Ambiental, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo debatida –que consiste en la falta de participación de la Comisión Asesora Permanente Honoraria en la elaboración de dicho documento-, no se advierte la configuración de supuesto excepcional alguno que amerite un pronunciamiento cautelar por parte de un magistrado al que, por aplicación del principio de prevención (consagrado en el artículo 13 de la Resolución N° 460-CM-2000), no correspondía entender en este proceso.
Y, en este punto, cabe recordar que la tutela cautelar otorgada a los magistrados que resultan incompetentes en supuestos sumamente excepcionales, por razones de suma urgencia y para resguardar la integridad del derecho invocado, sólo resulta válida cuando el impedimento no resulta manifiesto; caso contrario –como sucede en el particular- la medida dictada debe reputarse nula (Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T° V, págs. 458/459, núm. 5). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

Sin perjuicio de lo que se opine acerca de lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, no corresponde aplicar esa excepción al sub lite debido a que la copia del acto que tornó abstracto el presente amparo fue presentada una vez vencido el plazo para contestar el informe del artículo 8 y ello no ha sido cuestionado por la Administración.

Siempre son las circunstancias propias y particulares de cada caso las que deben ponderarse para evaluar la idoneidad de la acción de amparo y no decidir una cuestión sobre la base de juicios previos irrevisables.

La interposición de la acción de amparo requiere, en principio, un análisis de doble orden: en primer término, corresponde analizar la procedencia formal de la acción (entre otros, inexistencia de otro medio judicial más idóneo conforme artículo 2 inciso a Ley Nº 16.986 a la luz del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad).
Sólo una vez admitida la procedencia formal de la acción el Juez requerirá a la autoridad que corresponda los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, evacuado el cual se dictará sentencia (arts. 8, 11 y 12 de Ley Nº 16.986).

El trámite de la acción de amparo debe estar desprovista de formalidades procesales que afecten su operatividad (art. 14 in fine CCABA).

En el ordenamiento jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Acción de Amparo, al ser diseñada constitucionalmente, se erigió en la inteligencia de funcionar como un amplio manto protector de derechos constitucionalmente garantizados. En tal sentido el constituyente porteño se encargó de enfatizar que posee una amplia legitimación activa, que el agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia, que su procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad y que en su marco los jueces puedan declarar, incluso de oficio, la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva (art. 14 CCBA).

No parece una interpretación teleológicamente adecuada del texto constitucional aquella que rechaza liminarmente un amparo, sin siquiera pedir el informe de ley ni el envío de los expedientes ni tampoco dar traslado, cuando no son indubitables las circunstancias que habilitarían ese proceder.

En la acción de amparo se verifica la existencia de una suerte de principio in dubio pro admisibilidad.

Las inspecciones de rutina realizadas por la Dirección General de Verificación y Control no son más que la práctica usual del ejercicio del poder de policía del Ejecutivo de la Ciudad (arts. 7, 104, inc. 11 y 105, inc. 6 de la CCABA) y no constituye materia propia de la acción amparo “...la de imponer la vigilancia de los jueces sobre el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor preventivo, por parte de los primeros, del acierto o error de la actividad que llevan adelante los segundos. El bien común exige el control de la administración por la justicia, pero no admite a los jueces como tales en función de administradores...” (c/nº 425-00-CC/2004, 17/12/04).

Sin perjuicio de que la acción de amparo contra actos administrativos no requiera agotamiento previo de la instancia administrativa (art. 14 CCABA), lo cierto es que, no debe existir otro medio judicial más apropiado para tutelar el derecho cuya lesión, restricción, alteración, actual o inminente se denuncia.

En el caso, no hay evidencia alguna en el legajo de la existencia de un acto administrativo que permita suponer aquella inminencia en relación a la afectación de un derecho constitucional que habilite la procedencia de la acción de amparo. A ello cabe agregar que el impugnante no detalla siquiera cuál es el derecho lesionado o en peligro a excepción de una invocación genérica a la garantía de defensa y a la protección del patrimonio cultural e histórico, omitiendo especificar la forma en que los actos atacados las vulneran o amenazan, en modo inminente, menoscabándolas.
En efecto, la única actividad de la administración verificada en autos recae en la llevada a cabo por personal de la Dirección General de Verificación y Control –a la luz de la cual no se ha adoptado medida restrictiva alguna ni se han derivado las constancias respectivas a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.- la accionante cuenta con la posibilidad de acceder a la vía administrativa y eventualmente a la judicial, de acuerdo a las claras prescripciones de la Ley Nº 1217, marco dentro del cual podrá ventilar cabalmente los asuntos de fondo aquí presentados. Sin embargo, más allá de alguna mención no particularizada acerca del daño que implicaría esperar al procedimientos ordinario, el recurrente no ha señalado en qué medida el recurso a dichas vías idóneas podría provocarlo.

Cuando el amparista deja transcurrir el tiempo, la pretensión no reviste la urgencia que requiere la vía del amparo, y en consecuencia el derecho que en su caso le asista puede ser satisfecho por otros medios sin que ello importe inferirle un perjuicio grave e irreparable.
En el sub lite, el hecho de que la lesión invocada por el amparista –consistente en la imputación como no remunerativo de un suplemento salarial que percibe desde hace más de diez años y que redundó en una errónea liquidación de sus haberes jubilatorios- perdure en el tiempo en virtud de los efectos continuos de la presunta ilegalidad reiterada en cada liquidación, si bien hubiera bastado para tener por cumplido el recaudo de actualidad en cuanto a los salarios devengados a partir de la acción de amparo intentada, no constituye per se un factor que invalide la aplicación del criterio expuesto (cfmr. esta Sala in re “Oliveira, Fabián y otros contra GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” del 13 de diciembre de 2002).

La derogación expresa de la Resolución N° 102-SPS-2001 -por la que se reglamentó el subsidio habitacional para quienes se hallaban comprendidos en el supuesto 3.II del Programa Nuestras Familias- mediante el artículo 2° de la Resolución N° 193-SDS-2002, sumado a la posibilidad de los beneficiarios de los planes sociales de optar por permanecer alojados en los hoteles (art. 19 Decreto N° 895/2002 y 8 del Anexo 2 de la Resolución 193-SDS-2002) renovando mensualmente tal beneficio mediante la presentación de una declaración jurada (artículo 9 del Anexo 2 de la citada resolución), permite sostener que se ha aventado en principio la posibilidad inminente de un final intempestivo de la cobertura estatal que reciben en materia de vivienda.
Si bien resulta cierto que ni el Decreto N° 895/2002, ni el resto de la normativa dictada en su consecuencia, disponen por cuánto tiempo se extenderá su permanencia en los hoteles, también lo es que tampoco se establece cuándo finalizará.
En estas condiciones, es claro que el objeto del amparo se agotó: la asistencia habitacional se mantiene por vía de subsidio, o de alojamiento en hoteles, para los beneficiarios originales del Decreto N° 607/97 (ver solución coincidente, STJ, in re “Meza Vargas Jaime Francisco y Otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, 4/12/03).

El artículo 14 de la Constitución de la Ciudad es claro cuando admite la legitimación de cualquier habitante para interponer acciones de amparo en defensa de derechos o intereses colectivos, y menciona -entre otros- el patrimonio cultural e histórico. Sería un contrasentido negar esa legitimación en acciones dirigidas a proteger el dinero de la comunidad.
Cabe entonces aplaudir que las reglas de la legitimación hayan sido ampliadas por las normas constitucionales, distintas leyes, la doctrina y los criterios de los tribunales.

Tratándose de la acción de amparo, resulta conveniente la primacía de un criterio amplio de legitimación que garantice el acceso a la justicia por parte de los particulares. Una opinión contraria conduciría al cercenamiento de las vías de impugnación judicial, circunstancia que se hallaría reñida con nuestro diseño constitucional que –justamente- prevé una amplia gama de legitimados para la interposición de acciones de amparo.

Dentro del delimitado marco cognoscitivo de la acción de amparo, no es posible afirmar que la remuneración percibida por los Sres. Consejeros representantes de la Legislatura y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no respete de manera manifiesta las pautas contenidas en el artículo 17 de la Ley N° 31.
En efecto, la cuestión requiere un estudio más profundo y mayor debate que el que es posible efectuar en esta instancia.
Nótese que son diversas las cuestiones a considerar y que el acto por el cual se modificó el presupuesto del Consejo, no reviste prima facie vicio alguno con la entidad suficiente para concluir su patente ilegalidad, extremo que tornaría inviable.

En el caso, se interpuso una acción de amparo y se solicitó el dictado de una medida cautelar por la cual se ordene al Consejo de la Magistratura que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva y ésta quede firme, los Consejeros representantes de la Legislatura y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, deberán percibir compensaciones netas mensuales que no excedieran la previsión legal (Ley N° 1007).
Sin embargo, no surge con el grado de intensidad necesaria el requisito de la verosimilitud en el derecho, atento a que la lectura de la Ley N° 31, luego de la reforma introducida por la Ley N° 1007 mencionada, no prohíbe la existencia de adicionales sobre el salario de los Consejeros, lo que impide un juicio preliminar sobre la ilegitimidad de las sumas que en la actualidad éstos perciben. Ante el silencio de la ley al respecto, la cuestión traída a debate requiere un trabajo hermenéutico amplio que excede esta instancia procesal.
Tampoco resulta acreditado en forma suficiente cuál es el peligro en la demora que la medida dictada pretende evitar, toda vez que aún en el caso en que la sentencia definitiva hiciera lugar al amparo, el Poder Ejecutivo comunal tiene recursos para lograr su cumplimiento efectivo mediante la percepción retroactiva de los pagos supuestamente percibidos en exceso por los Señores Consejeros.

La solicitud de una medida cautelar a través de un amparo a fin de que se declare la nulidad de la resolución que declara la cesantía, no impide considerar al recurso de revisión de cesantías o exoneraciones a empleados públicos -previsto por los artículos 463 y 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario- como un medio judicial más idóneo que la acción de amparo.
Ello así, pues conjuntamente con la deducción del mencionado recurso puede solicitarse cautelarmente la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado o bien requerir dicha medida en forma autónoma hasta tanto se resuelva el recurso de reconsideración en sede administrativa.

La demora que indefectiblemente genera la contienda de competencia debe ser evitada en las acciones de amparo, ya que éstos son procesos a los que por manda constitucional se les debe imprimir trámite expedito, rápido y desprovisto de formalidades que afecten su operatividad (conf. art. 14 CCABA).

En el caso, en lo relativo a la alegada incompetencia del fuero no resulta posible identificar sin más los hechos alegados por la actora con una figura contravencional y a partir de allí determinar a priori la incompetencia de la señora juez de grado para conocer en una acción de amparo, máxime cuando no resulta manifiesto que se esté cuestionando una clausura impuesta como consecuencia de una contravención, sino que del escrito de inicio parecería que la discusión en el sub lite discurre por otros carriles.
El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que "los conflictos de competencia no deben plantearse entre jueces provenientes de una misma soberanía estadual para dirimir el límite exacto en el cual finaliza la competencia de una para comenzar la del otro, límite exacto que quizás no exista, pues puede concebirse cierta competencia compartida o genérica. (...) Por lo tanto en tren de eliminar en lo posible las cuestiones de competencia por la razón apuntada, de sugerir el deber de los jueces de proveer materialmente a los requerimientos, tengan razón o no los pretendientes en definitiva, (...) debe responder judicialmente el tribunal que previno" (ver voto del Dr. Julio B. J. Maier en los autos "Gorosito, Liliana Elizabeth c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/conflicto de competencia", sentencia del 3 de marzo de 2003, argumentos reiterados luego en "Edificio Torre del Centenario SA s/art. 72 -medida cautelar- apelación s/conflicto de competencia", sentencia del 1º de octubre de 2004).

En el caso, la demandada -OSBA- no ha efectuado referencia alguna de la necesaria participación como tercero del “Fondo Compensador de Alta Complejidad” que solicita en un proceso de amparo donde se persigue la entrega de un medicamento a un menor afiliado a dicha obra social.
De los propios considerandos del Decreto N° 1721/97 (BOCBA N° 341, del 10/12/97) de creación del “fondo compensador por prestaciones de alta complejidad para el personal dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su núcleo familiar” surge que las citadas prestaciones se encuentran dentro de las que obligatoriamente debe proveer el Instituto Municipal de la Obra Social (v. anteúltimo párrafo del considerando del decreto).
En consecuencia, toda vez que la intervención coactiva de terceros constituye una medida excepcional que debe admitirse únicamente cuando existe un interés jurídico que sea necesario proteger mediante la citación, al no haberse demostrado la configuración de este último extremo, corresponde confirmar el pronunciamiento que deniega su citación.

La Ley N° 16.986 en su artículo 16 –atendiendo al carácter sumario que le impone al proceso de amparo- restringe la articulación de “cuestiones previas de competencia” pero nada obsta a que el planteo deducido sea resuelto por el juez al momento de sentenciar. Consecuentemente, lo decidido al respecto en esa oportunidad, indudablemente resultará apelable.
La circunstancia que la competencia haya sido analizada en la instancia de grado antes de la sentencia definitiva y su apelación fuese concedida no obliga a esta Alzada ni implica, en modo alguno, la supresión del claro precepto del artículo 15 de la Ley N° 16.986.

Ningún precepto legal establece que, en la acción de amparo, la decisión sobre la procedencia de la producción de las pruebas ofrecidas por los litigantes debe ser anterior a la sentencia. En consecuencia, si el juez de la causa considera que las pruebas son improcedentes o superfluas, en todo o en parte, nada impide que lo exprese directamente en la sentencia de mérito.

Tanto el procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario cuanto el que regula la Ley N° 16.986 se estructuran sobre la base del principio dispositivo, en virtud del cual sólo las partes –y únicamente ellas- pueden fijar los límites de la controversia.
De allí el principio de congruencia –con expreso sustento normativo en los artículos 27 inciso 4 y 145 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo y Tributario-, que veda a los magistrados introducir en el proceso hechos o pretensiones que no hayan sido articulados en los escritos de demanda y contestación.
Por ello ha dicho este Tribunal que el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza objetiva para el juez, que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión (esta Sala, in re “Linser SACI c/ GCBA s/ Cobro de Pesos”, Expte. N° 2397).

Dado que la completa eficacia del proceso –y de la sentencia de mérito que le pone fin- se halla subordinada a la participación –real o potencial- de todos los sujetos involucrados, en tanto la relación jurídica es común para todos ellos (CN Civ., Sala “D”, E.D., 108-631), el ejercicio de la facultad del juez de disponer la integración de la relación jurídica procesal concierne a la garantía de la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa en juicio (arts. 18, C.N. y 13, inc. 3 CCABA) y el principio pro actione.
Esta solución se muestra particularmente pertinente en el caso de la acción de amparo, dado su carácter de garantía destinada a proteger los derechos y garantías constitucionales y legales, frente a una lesión o amenaza manifiestamente ilegal y arbitraria (art. 43, CN, y 14, CCABA). La integración de la litis con todos los sujetos involucrados -en los casos en que resulta procedente-, refuerza la eficacia de esta garantía.

Conforme el artículo 9 de la Ley N° 16.986, si alguna de las partes hubiese ofrecido prueba, “...deberá ordenarse su inmediata producción...”. Aunque el texto legal no lo aclara, está fuera de duda que ello sólo procede en tanto existan hechos controvertidos y siempre que las medidas propuestas resulten conducentes e idóneas para esclarecerlos. De manera concordante, el artículo 8 del mismo texto legal establece que no habiendo prueba a tramitar, se dictará sentencia concediendo o denegando el amparo (norma citada, último párrafo, in fine).

De acuerdo al criterio establecido por este Tribunal en forma reiterada, es aplicable a la acción de amparo el trámite de los recursos de apelación concedidos en relación (esta Sala, in re “Club Hípico Argentino c/ G.C.B.A. s/ Queja por apelación denegada”, EXP nº 12050/1; “Farrell, Martín Diego y otros c/ Consejo de la Magistratura y otros s/ Amparo”, EXP nº 12048/0) y, por lo tanto, resultan improcedentes tanto el ofrecimiento de prueba ante la Cámara (art. 245, CCAyT), como su replanteo. Esto último, en la medida que se trata de una facultad prevista únicamente para los recursos concedidos libremente (art. 231, inc. 2, CCAyT) y, por lo tanto, es ajena a los recursos que deben concederse en relación.
Sin embargo, la doctrina y los preceptos legales citados no impiden que esta Sala se expida al respecto en este caso, por cuanto en el supuesto examinado no ha existido denegación expresa de las pruebas objeto del replanteo, sino ausencia de pronunciamiento, circunstancia que puede y debe ser suplida por esta Alzada.

No parece una interpretación teleológicamente adecuada del texto constitucional aquella que rechaza liminarmente un amparo, sin siquiera pedir el informe de ley ni el envío de los expedientes ni tampoco dar traslado, cuando no son indubitables las circunstancias que habilitarían ese proceder.

El remedio excepcional del amparo no configura una alteración de las instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces (doctrina de la Corte en, Fallos: 310:622, entre muchos otros), lo que impide al tribunal expedirse en la presentación directa del amparo realizada ante esta alzada.
Por otra parte, no es posible sostener que la acción de amparo resulte ser un remedio que permita sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben.
Ello es así en tanto de manera conjunta al derecho a la tutela judicial efectiva- que en el caso cuenta con protección de acuerdo al régimen procesal vigente- se encuentra una de las bases fundamentales del estado de derecho, esto es, la seguridad jurídica que se vería menoscaba si se permitiera cuestionar pronunciamientos judiciales por una vía distinta a la establecida por las normas de procedimientos.

En el caso, en que el actor – contador público discapacitado solicita medidas conducentes para el inmediato cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Constitución, acordándole de manera efectiva la posibilidad de acreditar su idoneidad y ocupar un puesto en la Administración Pública de la Ciudad, no es razonable propiciar que acuda a vías ordinarias, con la consiguiente demora de años de privación del ejercicio de sus derechos básicos, cuando por la vía del amparo es posible encontrar una solución acorde a los intereses debatidos.

En el caso, no corresponde hacer lugar a lo requerdo en tanto la accionante ingresó irregularmente a la planta permanente de la administración local –sin concurso- y, en rigor, lo que pretende es un ‘mejor ingreso irregular’, es decir, ingresar en condiciones más favorables, sobre la base de que otros han sido beneficiados con esas condiciones, también en forma irregular. Con toda evidencia, esta pretensión no puede ser avalada por el Poder Judicial, cuya misión no es asegurar el reparto equitativo de la ilegitimidad sino la efectiva y eficaz realización del derecho.

En el caso, decretada la nulidad del decreto Nº 491/03, debe aplicarse el convenio colectivo en cuestión, en los términos que resultan del acuerdo entre las partes. Como consecuencia de ello, debe considerarse que la actora ingresó a la planta permanente, a todos sus efectos, a partir del día 1º de marzo de 2002 (acta nº XVIII, apartado 1) y, por lo tanto, al momento del dictado del decreto Nº 1489/GCBA/2002 aquélla reunía todas las condiciones para ingresar a la Carrera de los Profesionales de Acción Social.
Todo ello, sin perjuicio de la opinión de este Tribunal sobre el objeto del decreto Nº 491/03 —en cuanto concierne al ingreso a la planta permanente, por parte de agentes que revistaban en la planta transitoria—, cuestión que no puede ser examinada en esta causa porque así lo impide el principio procesal de congruencia. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Balbín)

El artículo 88 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, aplicable supletoriamente en materia de amparo (arg. art. 17, ley 16.986) no cierra la posibilidad de incorporar situaciones no previstas específicamente en la ley; por el contrario, el concepto de comunidad de controversia es de tipo indeterminado y se relaciona con la existencia de una causa común a las distintas relaciones o por lo menos con la conexión entre ellas.
La presencia de tal comunidad permitirá la citación, a pedido de parte, del sujeto ausente, el que asumirá igualdad de condiciones que los litigantes originarios y tendrá sus mismas facultades, entre ellas, la de impugnar el fallo definitivo. Esa es la consecuencia de su condición de titular de la relación jurídica sustancial acerca de la cual queda habilitado el litigio, no obstante que puede no tratarse de la que enfrente a los sujetos originarios con los que formará, según la posición que asuma, un litisconsorcio al que alguna doctrina califica de obligado (Rivas, Adolfo A.; Amparo e Intervención de Terceros, JA 1997-IV-76).

En el caso, sentada la necesidad de integrar el litigio, por lo menos, con terceras personas ajenas al proceso, -cuya citación en los términos del artículo 88 del Código Contencioso Administrativo y Tributario incumbe a la amparista y ésta aun no ha realizado, debe rechazarse la medida cautelar solicitada.
Dicha circunstancia impide considerar verosímil el derecho invocado, sin que esta conclusión importe crear un requisito adicional de procedencia de las medidas cautelares.
En estas condiciones, deberá requerirse la citación de los terceros, y una vez cumplido, podrá nuevamente peticionarse la medida cautelar.
Ello, porque como en el caso de tantos valores jurídicos-políticos, el ejercicio de uno solo de ellos se encuentra condicionado por la operatividad de los restantes que, obviamente, deben ser también considerados. Lo contrario importaría un desequilibrio y una injusticia, como cualquier desarmonía en el plexo de los valores del derecho y de la política; sólo que en un amparo la paradoja sería mayor: so pretexto de lograr una justicia inmediata, se incurriría en una injusticia capital, como sería el olvido del derecho de defensa en juicio (Sagüés, Néstor Pedro; Acción de amparo, p. 349 y ss.).

Si bien este Tribunal –con sustento en la apelabilidad limitada prevista en el artículo 15, Ley 16.986- ha desestimado quejas por apelaciones denegadas cuando las resoluciones recurridas se referían, entre otras cuestiones, a la intervención de terceros en el amparo (esta Sala, in re “Nicola, Silvia T. C/ OSCBA s/ Queja por apelación denegada”, Exp. Nº 10754/1; “Alverte, Beatriz c/ OSCBA s/ Queja por apelación denegada”, Exp. Nº 10650/1, entre otros precedentes), las circunstancias de la causa aconsejan otra solución en este caso.
Adviértase que, de los fundamentos de la resolución apelada, se desprende que el magistrado de primera instancia entiende que el Ministerio Público Fiscal ha introducido en la causa una pretensión autónoma y, además, antagónica con la del amparista, y la citación dispuesta respondería al propósito de sustanciar dicha pretensión con personas que no son parte en el juicio, resguardando así su derecho de defensa.
En rigor, la decisión excede prima facie la mera citación de terceros y concierne a la amplitud del debate admisible en el amparo, las facultades del Ministerio Público Fiscal y, más aún, la determinación del objeto procesal del pleito.

Dado que modalidad de notificación ministerio legis responde a la presunción legal de que la parte ha tenido acceso al expediente, a menos que se haga constar lo contrario en el libro de asistencia (doctr. art. 117, CCAyT), cabe inferir –en ausencia de datos precisos y en la hipótesis más favorable para la parte-, que la notificación se cumplió a las 15 hs.
Así, en el caso, la queja intentada debe considerarse presentada en tiempo oportuno, pues el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, –al que cabe remitirse en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 16986-, no establece distinción alguna, en tanto que la interpretación propiciada es la que mejor se adecua al principio pro actione y a la garantía de acceso a la justicia y, por lo tanto, resulta aplicable a la cuestión examinada.

Cuando el artículo 220, segundo párrafo del Código Contencioso Administrativo alude a las sentencias definitivas se refiere a las dictadas en procesos de conocimiento pleno, carácter que no reviste la acción de amparo. Luego, en esta clase de juicios la sentencia definitiva y todas las demás resoluciones son apelables en relación (esta Sala, in re “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Obras y Servicios Públicos s/ Amparo”, Expte. Nº 9903/2000, resolución del 29/11/2000).
Ahora bien, cuando procede el recurso en relación “[n]o se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos ni de documentos” (art. 245, CCAyT).

A partir del dictado de la resolución Nº 195/03 del Consejo de la Magistratura de la Nación, el desfasaje existente entre el salario que los empleados judiciales de la Ciudad de Buenos Aires perciben y el que deberían cobrar según la escala salarial fijada en la resolución C.M. Nº 37/99 —brecha que no fue completamente subsanada mediante la resolución CM Nº 308/2004— configura una conducta manifiestamente ilegítima y arbitraria de la parte demandada que, como se verá, lesiona los derechos y garantías constitucionales en perjuicio de los amparistas. Esta circunstancia otorga sustento al progreso de la pretensión (arts. 43, C.N., 14, CCABA, y 1, ley 16.986).

El recurso de inconstitucionalidad resulta encuadrable dentro de la categoría de los denominados “extraordinarios”, supeditada su substanciación y admisibilidad a esta alzada, de conformidad con la normativa que regula su trámite. El plazo para deducirlo se encuentra fijado, en forma general, en días (artículo 28 de la Ley Nº 402), no surgiendo ningún supuesto de excepción sea para el trámite de un amparo u otro tipo de proceso.
Por aplicación de la remisión que realiza el artículo 2 del mismo ordenamiento a las normas de los códigos de procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto resulten compatibles con esta ley, cabe estar a lo previsto en el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en cuanto dispone que: “El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo puede ser entregado válidamente (...), el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos primeras horas del despacho”.
Por otra parte, no se puede soslayar la finalidad específica perseguida con la brevedad de los plazos contemplados para el trámite del amparo, en el entendimiento de estar destinados a resguardar la urgencia implícita en un proceso de tal especie. En tal convencimiento, si se parte de considerar que el plazo para la interposición del recurso en tratamiento, se extiende al prolongado que surge del artículo 28 de la Ley Nº 402 -de diez días-, una cuestión elemental de razonabilidad impide hacer inaplicable el denominado “plazo de gracia” al mismo, con fundamento en un hipotético propósito de urgencia. De otro modo implicaría incurrir en un rigorismo formal inadmisible. En consecuencia, no se advierte aspecto alguno atendible que autorice a no admitir los plazos de extensión o de gracia al recurso en tratamiento.
Cabe destacar que el precedente “Cavallari Juan José c. GCBA s/amparo”, Expte. 9670/0, de la Sala I, refiere a un supuesto donde lo considerado y resuelto comprendía a un recurso de apelación ordinario ante el tribunal de alzada, circunstancia que difiere del caso de autos.
Por otra parte, debe destacarse que las limitaciones al derecho de recurrir deben ser interpretadas y establecidas en forma restrictiva.

La supervisión general del desempeño de la actividad administrativa no parece ser el objeto normal de la acción de amparo, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de los actos de las autoridades que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la ley fundamental.

Corresponde imponer las costas en el orden causado si la Administración modificó la conducta que motivó la presente acción con anterioridad a la notificación de la demanda.
Así las cosas, nada autoriza a pensar que tal cambio se debió a la promoción de la demanda, pues al momento en que ella tuvo lugar la demandada no se encontraba aún notificada del traslado de aquélla. Por el contrario, a tenor del contenido del informe citado, la causa del cambio de calificación –de apta a no apta- se debió a la evaluación de nuevos estudios médicos, lo que impide considerar que la demandada dio lugar con su accionar a la promoción del pleito y obsta a su condena en costas de conformidad a los principios expuestos.

La acción de amparo opera como vía excepcional, de aplicación sumamente restrictiva, que procede contra actos u omisiones del poder público que en forma actual o inminente lesionen o restrinjan derechos consagrados constitucionalmente, y para cuya interposición deben ser observados un cúmulo de requisitos que lo hagan viable, pues dichos recaudos se basan en la necesidad que los extremos violatorios del acto administrativo cuestionado estén debidamente acreditados en sí mismos, esto es, que surjan prístinamente de los hechos expuestos o a través de elementos probatorios que se caracterizan por la simpleza de su producción.

En el caso, no habiéndose rebatido ni demostrado el supuesto yerro del magistrado al desestimar, con fundamento en el artículo 15 del decreto ley 16.986, la apelación contra la nulidad interpuesta, solo cabe –a la luz de lo de los dispuesto por los artículos 236 y 237 del CCAyT- desestimar la queja intentada.

En el caso, atendiendo a que el rechazo del incidente de nulidad es una sentencia interlocutoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 219 del Código Contencioso Administrativo y Tributario corresponde admitir la queja interpuesta y declarar apelable dicha resolución. Ello, porque si bien es cierto que el artículo 15 del decreto ley 16986 dispone que en el proceso de amparo sólo resultan apelables “la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3 la ley citada –esto es, las que disponen el rechazo in limine de la acción- y las que establecen medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado”, también es cierto que si el juez de primera instancia resolvió aplicando las normas del Código Contencioso Administrativo –en particular el artículo 155 del código citado, - la apelación que se articula, consecuentemente, debe ser analizada atendiendo a las mismas normas, las que resultan supletoriamente aplicables en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 del decreto ley 16.986.

En los procesos de amparo las notificaciones por cédula deben ser aplicadas con carácter estricto a efectos de respetar la celeridad que lo destaca.

La emisión por parte de la autoridad competente de un informe detallado que da cuenta de una serie de actas de comprobación pendientes de resolución dista de ser un acto arbitrario o ilegítimo que vulnera los derechos constitucionales de presunción de inocencia y juicio previo.
En el caso, dado que el accionante ha excitado el mecanismo diseñado para la sede administrativa en materia de faltas y efectuado su descargo respecto a las “actas de comprobación” que se le imputan, el trámite se encuentra a resolución del Controlador de Faltas y en el caso de que la resolución que se dicte no sea favorable a sus intereses, cuenta todavía con la posibilidad de acceder a la vía judicial, de acuerdo a las prescripciones de la Ley Nº 1.217.

El artículo 15 de la Ley Nº 16.986 establece que los recursos de apelación contra una resolución que imponga una medida de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado dictada en un juicio de amparo deben interponerse dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada.
Sin embargo, se ha puntualizado que si bien el término para apelar debe computarse por horas, tal plazo sólo corresponde a días hábiles, por lo cual si entre el término de horas se interponen días feriados o inhábiles, se los debe omitir al contar dichos términos. Si el oficial notificador omitió consignar en la copia de la cédula la hora en que se practicó la diligencia, el plazo para apelar debe computarse desde la medianoche del día que se notificó la sentencia (Sagüés, Néstor Pedro “Derecho Procesal Constitucional, Acción de amparo, Ed. Astrea, 3º edición actualizada y ampliada, pág.499).

En el caso, si bien es el fuero contencioso - administrativo y tributario al que le corresponde entender en las presentes actuaciones y no el contravencional y de faltas, toda vez que el objeto del amparo versa sobre la ejecutividad o ejecutoriedad de actos administrativos dictados por el Gobierno de la Ciudad en ejercicio del poder de policía, no obstante, la celeridad del trámite impuesto por la naturaleza propia de la acción de amparo impide que cuestiones de competencia dilaten las medidas urgentes.
En este mismo sentido, con criterio exegético, un plenario de la Cámara Nacional Federal ha aseverado que el espíritu de la Ley Nº 16.986 “busca eliminar del procedimiento pertinente toda cuestión obviable que tienda a dilatar el proceso de amparo” (CNFed., “Editorial Setiembre SRL en pleno, rto el 05-03-1976, LL 1976-D-302).
Ante la dilación del proceso que necesariamente conlleva la traba de una contienda de competencia, los magistrados deben atender y resolver la pretensión cautelar planteada con la demanda, cuando previenen (TSJ expte. Nº 2886/04 “Digur SA c/GCBA s/amparo (art.14 CCBA) s/conflicto de competencia”, rto.2 de abril de 2004; y expte. Nº 3365/04 “Yalonetzky, Bernardo y otros c/GCBA y otros s/conflicto de competencia” rto. 24 de noviembre de 2004).
Sentado lo expuesto, corresponde en primer lugar tratar la viabilidad de la pretensión cautelar del amparista, y luego proceder a declarar la incompetencia de este fuero para continuar interviniendo en el juicio de amparo, debiendo remitir las presentes actuaciones a conocimiento de la justicia contencioso-administrativa y tributaria.

Las medidas cautelares son, ante todo, instrumentales, por cuanto carecen de un fin en sí mismas, y se encuentran subordinadas y ordenadas funcionalmente a un proceso del cual dependen, en miras a asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse en aquél (Conf. Chioveda, “Instrucciones de Derecho Procesal Civil”, t. I, p.282).
Se caracterizan por su provisionalidad, por lo que ellas habrán de subsistir hasta el momento en que la sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad; mientras duren las circunstancias fácticas que las determinaron, pudiendo entonces solicitarse su levantamiento siempre que esos presupuestos sufriesen alguna alteración (Conf. Kielmanovich, Jorge l., “Medidas cautelares”, Ed. Rubinzal-Culzoni, p.44). En este sentido, el art. 202 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación indica que las medidas cautelares “subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron y que en cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento”.
Son modificables o mutables, característica que debe apreciarse con referencia a la adaptación de la medida a las necesidades del caso particular, por lo que su requirente podrá pedir su ampliación, mejora o sustitución probando que la misma no cumple acabadamente con la función de garantía, y el afectado, su sustitución por otra menos gravosa, o el reemplazo de los bienes cautelados por otros del mismo valor.
Cabe señalar que el otorgamiento de una medida cautelar no requiere la prueba terminante y plena del derecho invocado, porque de lo contrario podría ocurrir que, ínterin, se consumasen los hechos que presenten impedir. Basta por consiguiente la simple apariencia o verosimilitud en el derecho (fumus boni iuris).
Asimismo, toda medida cautelar se encuentra también condicionada a la circunstancia que exista un peligro en la demora (periculum in mora), es decir a la posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará un tardío en eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión (conf. Palacio, Lino Enrique, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo- Perrot, pág. 771).
Los recaudos exigidos para la concesión de medidas cautelares deben apreciarse en forma armónica, de manera que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus bonis iuris se puede atemperar (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expte Nº 344 -Autos: Fusca Ricardo c/G.C.B.A. s/Amparo (Art.14 CCABA)- Sala II. Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo, marzo 7 de 2001. Sentencia Nº 160).

De conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley Nº 16.986, en la acción de amparo el plazo para interponer el recurso de apelación es de 48 hs.
Sin embargo, en atención a la aplicación subsidiaria dispuesta en el artículo 17 de la citada ley, corresponde computar asimismo el plazo de gracia previsto en el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, según el cual cuando el escrito no fuera presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo puede ser entregado válidamente en la Secretaría al día hábil inmediato posterior y dentro de las dos primeras horas del despacho.
Ello así, toda vez que la norma citada no realiza distinción alguna respecto de su aplicación a los plazos contados por días o por horas, y que tal interpretación es la que mejor se adecua al principio pro actione y a la garantía de acceso a la justicia. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).

En el presente caso, corresponde declarar admisible el recurso de apelación si se verifica que la providencia bajo examen quedó notificada por ministerio de la ley el 1º de marzo de 2004 a las 12:00 hs. y el apelante presentó su recurso el 3 de marzo del mismo año a las 14:43 hs.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que, por aplicación del artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, el plazo vencía luego de las dos primeras horas del 4 de marzo, sólo cabe concluir que el recurso de apelación fue interpuesto temporáneamente. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).

Si bien resulta aplicable a la acción de amparo el plazo de gracia previsto por el artículo 108 in fine del Código Contencioso Administrativo y Tributario –en virtud de la remisión efectuada por el artículo 17 de la Ley 16.986-, éste sólo puede cobrar virtualidad en caso de que el término de 48 horas venza luego de finalizado el horario tribunalicio. Ello es así por cuanto la solución contenida en esa norma para los plazos fijados en días se justifica por el hecho de que éstos vencen a la medianoche del último día (art. 24, Código Civil), esto es, fuera del horario hábil para el funcionamiento de los tribunales. En el caso de los plazos en horas, en cambio, bien podría ocurrir que ellos fenecieran dentro de ese horario, supuesto en el cual la aplicación del término de gracia previsto por el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario carecería de sentido.
Ello así, en el caso, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto si la sentencia fue notificada el 1º de marzo de 2004 a las 12:00 y el recurso fue presentado el 3 de marzo del mismo año a las 14. 43, toda vez que el plazo se hallaba vencido.

De conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley Nº 16.986, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada.
Tal como lo señalan Morello y Vallefin, los plazos en horas previstos por la precitada ley comienzan a correr a partir del momento mismo de la notificación (Morello, Augusto M., Vallefín, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, LEP, 3ª ed., La Plata, 1998, p. 185).

En el caso, debe examinarse el derecho de la empresa de exigir el cumplimiento de prestaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad en un contrato en curso de ejecución posterior a su presentación en concurso preventivo, cuando, por su parte, ella no ha demostrado cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, ya que le resulta imposible presentar sus comprobantes de pago del impuesto sobre los ingresos brutos y cargas sociales con sustento en lo dispuesto en los artículos 16 y 32 de la Ley de Concursos.
En consecuencia, distintas órbitas se oponen casi inevitablemente, y ambas llevan la carga del interés público -aún de diverso tipo- y convergen sobre la plataforma común del patrimonio del deudor contribuyente. La confrontación de los distintos intereses en juego y la necesidad de encontrar el equilibrio entre las fuerzas en tensión exceden las posibilidades del proceso abreviado de la acción de amparo. La gestión tributaria eficiente, el resguardo a los derechos de los acreedores y el debido cumplimiento de los contratos en curso de ejecución como fundamento necesario a la exigencia de las contraprestaciones pactadas requiere un examen complejo y profundo, en el que la vía intentada no se presenta como la mas apta.

Es constante jurisprudencia de la Corte Suprema que la acción de amparo no constituye el medio adecuado para dilucidar el sentido último de preceptos legales complejos y encontrados (confr. Fallos: 311:1313, y 319:2955, entre otros), ni remediar todos los males que pudieran surgir del desconocimiento del derecho constitucional de propiedad; sino tan solo los que impliquen un desconocimiento grosero y patente de tal garantía; es decir, los casos en que su vulneración supere, claramente y sin necesidad de mayor examen, lo meramente opinable en materia de interpretación de las normas concretamente involucradas (confr. Fallos: 293:133, considerando 17).
Si, contrariamente, se admitiera que el amparo procede cada vez que en el marco de un contrato en curso de ejecución las partes disienten sobre la conducta a seguir ante posibles incumplimientos parciales y mutuos, con el desmedro patrimonial consiguiente, dicho remedio constitucional quedaría desnaturalizado para cumplir el fin para el que fue específicamente concebido, que es el de tutelar de manera inmediata y efectiva la violación palmaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales básicas e impedir así toda amenaza contra los fundamentos esenciales del Estado de Derecho.

El objeto de la presente acción de amparo, iniciada por un grupo de colegas jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que se condene al pago de incrementos salariales por el ejercicio de su función de Jueces de Cámara en lo Contravencional y de Faltas, por lo que dada nuestra condición de Magistradas nos encontramos incursas en la causal de excusación prevista por el artículo 11, inciso 2º de la Ley Nº 189.
Atento ello, puede afirmarse que tenemos interés en la decisión que recaiga en estas actuaciones, atento que el reclamo promovido, nos comprende en nuestra calidad de Jueces de Cámara en lo Contravencional y de Faltas.

En el caso, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad plantea la recusación con expresión de causa contra los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario intervinientes en la presente acción.
Funda su solicitud en la circunstancia que el actor cuestiona el alcance y la interpretación y/o aplicación del artículo 1.14.4.6 del Capítulo II del Reglamento Interno que fuere incorporado por la Resolución CM N° 302/2002, el que establece el derecho de los funcionarios del Poder Judicial a una gratificación en caso de subrogancia, y en atención a que estas disposiciones alcanzan también a los magistrados, éstos se encuentran comprendidos en una de las causales de excusación: tener interés en el pleito.
Resulta improcedente la recusación intentada debido a que la causal invocada por la demandada es genérica y potencial y de prosperar ocasionaría un descarrío del instituto de la recusación claramente establecido -junto con el de la excusación- para asegurar la imparcialidad de los jueces, transformándolo en una suerte de camino espurio para apartar a los magistrados del conocimiento de un expediente que por ley le ha sido atribuido. Sobre el punto se ha dicho que "El supuesto interés en el pleito no debe ser de tipo general sino individual y directo respecto de los resultados del juicio" (Superior Tribunal de Justicia, Viedma. Río Negro, del 21-05-96, en causa caratulada "Cuellas, Carlos Marcelo s/incidente de recusación").
Asimismo no se ha logrado demostrar cuál es el concreto "interés en el pleito" de los Jueces de la Alzada, cuando cualquier Magistrado de la Ciudad -ya de primera o segunda intancia, ya del fuero Contencioso Administrativo y Tributario como de este fuero- puede en un futuro encontrarse alcanzado por la norma reglamentaria cuestionada.

Para la interposición de la acción de Amparo deben ser observados un cúmulo de requisitos que lo hagan viable. Ello así, pues dichos recaudos se basan en la necesidad que los extremos violatorios del acto administrativo que se cuestiona estén debidamente acreditados en sí mismos, esto es, que surjan prístinamente de los hechos expuestos o a través de elementos probatorios que se caracterizan por la simpleza de su producción.

En el caso, no corresponde la Acción de Amparo al no surgir la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto administrativo que cuestiona la accionante; atendiendo, además, a la presunción de legitimidad de la que gozan todos los actos administrativos emanados de una autoridad pública, derivada del amplio poder de policía a su cargo, cuestión que en el presente legajo implicaría la necesidad de practicar una actividad probatoria importante, una discusión y un análisis posterior mucho más amplio, puntilloso y pormenorizado que el que posibilita la acción intentada.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "La acción de amparo es inadmisible cuando no media ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba –(artIculos 1° y 2° inciso d, Ley Nº 16986), requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla".(Fallos, 306:788).

La aplicación de un plazo prudencial para iniciar la acción de amparo deriva de la propia naturaleza de la acción y de lo intolerable del vicio atacado. Si la ilegalidad es tan grave, si el agravio es de suma entidad, no puede quien demora el inicio de la demanda de amparo, invocar el gravamen irreparable que le significa el largo trámite ordinario. El propio texto constitucional al contemplar como presupuesto de procedencia de la acción la existencia de una lesión “actual o inminente”, determina que la facultad de ejercer esta acción no puede dilatarse sine die.

En el caso, el tiempo que el amparista ha dejado transcurrir para la deducción del presente amparo, admite arribar a la conclusión de que la pretensión no reviste la urgencia que requiere la vía del amparo y en consecuencia, el derecho que en su caso le asista, puede ser satisfecho por otros medios sin que ello importe inferirle un perjuicio grave e irreparable.
El hecho de que la lesión del derecho invocada perdure en el tiempo en virtud de los efectos continuos de la presunta ilegalidad reiterada en cada liquidación, si bien hubiera bastado para tener por cumplido el recaudo de actualidad en cuanto a los salarios devengados a partir de la acción intentada, no constituye per se un factor que invalide la aplicación del criterio expuesto.
Ello así, por cuanto la razón de ser del amparo finca en evitar la demora propia de los procedimientos ordinarios a fin de posibilitar el dictado de un pronunciamiento inmediato, en especial atención a la naturaleza de los derechos invocados como sustento de la pretensión, mas esa finalidad esencial se muestra ab initio controvertida por la tardanza observada en acudir a la justicia por quien sostiene haber sido perjudicado por una conducta que, en virtud del carácter continuo de sus efectos, habría reiterado por un holgado lapso la vulneración de sus derechos.

En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar y reconocer el derecho a la amparista –niña menor de edad con síndrome de Down y cardiopatía congénita- a la cobertura total, por parte de la OSBA, del tratamiento de psicopedagogía (3 sesiones semanales); escolaridad integrada, nivel inicial, y transporte especial, desde su domicilio hasta los distintos lugares de rehabilitación y educación. Ello, sin limitaciones temporales y abonando las facturas mensuales dentro del plazo prudencial de quince días a partir de su presentación.
Ello, con fundamento en la Ley Nº 448 –ley de salud mental establece un régimen básico e integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades, participación e integración social plena de las personas con necesidades especiales (art. 1).
El régimen examinado reafirma los derechos de estas personas, justificando las medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su pleno desarrollo y participación (art. 4) y dispone que todos los poderes del Estado local deben programar y ejecutar políticas activas para la prevención, estimulación temprana, rehabilitación, equiparación de oportunidades y posibilidades para la plena participación socioeconómica (art. 5).

Si la pretensión deducida en esta causa – reconocimiento a la amparista del tratamiento de psicopedagogía; escolaridad integrada, nivel inicial, y transporte especial- no se dirige contra el Estado sino contra la obra social –que recibe de los beneficiarios los aportes destinados a solventar las prestaciones- y, por lo tanto, se encuentra prioritariamente obligada a satisfacerlas, en tanto que a aquél sólo le compete hacerlo en forma subsidiaria, la exigencia impuesta en la Disposición nº 113/03 –Reglamento de Prestaciones- dictada por la Comisión Normalizadora de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto exige como requisito para otorgar la prestación que se acredite previamente la inexistencia de un establecimiento educativo público adecuado a las necesidades a satisfacer, o bien la falta de vacantes (anexo I, pto. 7) resulta, prima facie, inadecuada.
En segundo lugar debe resaltarse, a todo evento, que ese precepto requiere a los actores la realización de una prueba negativa –demostrar la inexistencia o la falta de cupo en entidades educativas estatales-, pero resulta mucho más razonable y sencillo que –supuesta la validez de la norma- sea la parte demandada quien demuestre que tales cupos existen –prueba positiva- y, en su caso, realice todas las gestiones necesarias a fin de ponerlos a disposición de la beneficiaria (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación, que fue compartido por el Máximo Tribunal, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, L. 1153, XXXVIII, 22 de diciembre de 2003).

En lo que hace a la verosimilitud del derecho, y sin perjuicio de destacar que el examen de constitucionalidad de las normas que impiden la libre disponibilidad de los depósitos es cuestión reservada a la sentencia de fondo a dictarse en la causa, cabe poner de resalto que los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física –cuya preservación, según se viene diciendo, se encuentra en juego en el caso- tienen rango constitucional (arts. 33, CN; 10 y 20 a 22, CCABA, además de numerosos tratados con jerarquía constitucional), lo que otorga suficiente sustento a la cautela decretada.

La crisis financiera que diera origen al dictado de las normas cuestionadas –sobre indisponibilidad de los depósitos- no subsiste ya en la actualidad, aún cuando la aplicación de tales disposiciones pueda continuar generando debates y contiendas. Así las cosas, no se advierte que, aún en caso de que la presente acción se revelara a la postre improcedente, la momentánea omisión de reintegrar a las apelantes las sumas percibidas por las actoras en cumplimiento de la medida pudiera generar graves perjuicios a las quejosas, o tener potencialidad para afectar el funcionamiento del sistema financiero.

En el caso, la revocación de la cautela, con la consiguiente obligación para las actoras de reintegrar las sumas a las entidades demandadas, podría ocasionar a las amparistas daños de imposible o difícil reparación ulterior, en la medida que se encuentra en juego, como queda dicho, la atención de su salud, que teniendo en cuenta la importancia de las garantías en juego no admite postergación de ningún tipo.

Si la Dirección General de Educación Vial y Licencias es el organismo que dispone las autorizaciones para prestar el servicio de taxi, cabe atribuir el carácter de acto productor de efectos jurídicos directos, al informe técnico elaborado por esa dirección que rechazó la autorización -sin perjuicio de la forma que se le ha dado-. Ello, habida cuenta de que el ejercicio de la competencia de los órganos administrativos resulta obligatorio (artículo 2 de la LPA).

Carece de sentido que el órgano en que recae la competencia para resolver la cuestión emita un acto preparatorio de lo que habrá de constituir su propia voluntad.

Si la acción se interpuso casi diez años después de haberse producido el perjuicio alegado, cabe razonablemente conjeturar que desaparecieron las condiciones de urgencia necesarias para la procedencia de una acción como la de amparo que por naturaleza resulta expedita y rápida, y que los afectados podrán acudir al trámite procesal indicado por el a quo para proteger sus intereses, sin que tal circunstancia evidencie menoscabo en sus posibilidades de defensa.

En el caso, no corresponde hacer lugar a la cautelar solicitada –otorgamiento de un permiso permanente para el ejercicio de la venta ambulante de golosinas y bebidas- toda vez que no se advierte que exista peligro en la demora.
Ello así, toda vez que durante el trámite del expediente la ley fue reglamentada –Dec. 612/04 – BOCBA 1922, del 19/4/02-, habiéndose llevado a cabo la inscripción de los interesados, requisito que la amparista debió cumplir para que no opere la caducidad de la medida cautelar concedida en la instancia anterior.

No es apelable dentro del proceso de amparo, la providencia que rechazó los planteos de incompetencia, declinatoria, y la citación de terceros. Ello, porque el artículo 15 de la Ley Nº 16.986 ha previsto en forma taxativa las resoluciones susceptibles de apelación, y en consecuencia cualquier otra decisión se verá alcanzada por la referida limitación recursiva, solución normativa que responde a la sumariedad del proceso y a la celeridad con que ha de arribarse al estadio decisorio de mérito (esta Sala, in re "Moreno, Francisca Rosa c/G.C.B.A. (Secretaria de Educación) s/amparo (art. 14 CCABA)" (QAD 26/01), sentencia del 16 de marzo de 2001.

No es apelable dentro del proceso de amparo la providencia que rechazó los planteos de incompetencia, declinatoria, y la citación de terceros. No obsta a tal solución la circunstancia que en precedentes de la Sala –dado lo novedoso de la cuestión planteada en el ámbito local-, haya conocido sobre el recurso de apelación interpuesto por la O.S.B.A. contra el rechazo de la excepción de incompetencia planteado en una acción de amparo (in re “Jalusi, Celia Silvia c/OSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) y otros s/amparo”expte.8864/0, sentencia del 7 de junio de 2004, entre otros).
Ello, por cuanto –siguiendo la tesitura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, el artículo 16, Ley Nº 16.986, en cuanto veda la articulación de cuestiones de competencia, sólo tiende a impedir el planteamiento de defensas o excepciones previas que obstaculicen la celeridad del trámite que debe imprimirse a estas causas (Fallos 322:2247), pero no veda el examen que el tribunal –de oficio-, debe realizar de conformidad a lo expresamente contemplado en el artículo 4, Ley Nº 16.986.

En los casos contra la O.S.B.A., este Tribunal decidió conocer sobre los planteos de competencia realizados, a fin de establecer con claridad el sentido aplicable, teniendo en cuenta, por un lado, la índole de los derechos – frecuentemente relacionados, de manera directa o indirecta, con el derecho a la salud- y, por el otro, el número de causas en las que se debate dicha cuestión.
Ahora bien, el Tribunal ya ha examinado a tal efecto el régimen legal y la finalidad enunciada – esto es, fijar claramente el criterio aplicable a esta cuestión-, ha de considerarse cumplida. Por lo tanto, corresponde aplicar estrictamente la limitación recursiva establecida en el artículo 15, Ley Nº 16.986.