No corresponde hacer lugar a la excepción de litispendencia si uno de los expedientes ha finalizado por uno de los modos anormales de terminación del proceso -caducidad-.
Ello, porque se comprueba la falta de uno de los requisitos esenciales de la litispendencia es, la existencia de dos procesos en trámite.

La excepción de litispendencia y la acumulación de procesos (o de autos) son dos institutos procesales afines, pero diferentes. Tal como señala Falcón, al comparar ambas instituciones, "el objeto de la excepción de litispendencia es evitar que se produzcan el planteamiento de una misma discusión ante jueces distintos; la acumulación de autos, en cambio, tiende a impedir que tramiten separadamente litigios conexos" (Tratado, t. II, comentario al art. 190).

El requisito esencial de la litispendencia es justamente la pendencia de la causa, de modo tal que debe haberse notificado la demanda por lo menos y no debe haberse ictado sentencia, o haberse extinguido por uno de los edios anormales de terminar el proceso o a través de una excepción de nulidad.

A pesar de haberse iniciado un juicio ordinario para impugnar la determinación de oficio del impuesto, debe rechazarse la excepción de litispendencia, pues, "en el juicio ejecutivo la litispendencia no puede fundarse en la existencia de un litigio tramitado por la vía ordinaria, aunque se trate de las mismas partes y de cuestiones vinculadas con los documentos que se ejecutan. Por tanto, dicha excepción sólo puede basarse en la existencia de otro proceso de tal carácter." (Cám. Nac. De Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, "Ministerio de Defensa c/Compañía Argentina de Transporte Marítimo S.A.", sentencia del 07 de octubre de 1998). Lo contrario sería impedir el reclamo ejecutivo y obligar al ejecutante a someterse al trámite ordinario para obtener lo que de no mediar defensas admisibles, puede conseguir por la vía ejecutiva en virtud de la documentación que presenta." (Cám. Nac. Apel. en lo Comercial, Sala B, in re "Ramos Carlos A. c/Altamar S.A., sentencia del 30 de agosto de 1984).

Cuando se trata de cuestiones independientes, el hecho de haberse planteado una excepción de litispendencia no impide, en principio, la remisión de un expediente de un juzgado a otro (desplazamiento de la competencia) por razones de conexidad, siempre que se verifiquen las condiciones exigidas por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
El Código Contencioso Administrativo y Tributario no regula en forma expresa el punto, de forma que es preciso efectuar una interpretación razonable que tenga en cuenta la coherencia de las decisiones (evitar situaciones dispares) y la economía procesal (no dilatar innecesariamente un juicio).

En el caso, la parte actora inició una ejecución fiscal originada en la caducidad del plan de facilidades de pago Nº 1249/95. Dicho acogimiento incluía las cuotas impagas de los años 1991 a 1995. Unos meses después de iniciado este juicio de ejecución fiscal, la parte demandada se acogió al plan de facilidades de pago Decreto Nº 1708/97, en el cual incluyó –entre otra deuda- las cuotas correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995. Anoticiada la parte actora de la referida circunstancia, emitió una nueva constancia de deuda por la caducidad del plan de facilidades de pago Nº 1249/95, que aparentemente computaba el acogimiento al restante plan de facilidades de pago, lo que motivó la promoción de un nuevo juicio de ejecución fiscal, en el que la parte demandada opuso una excepción de litispendencia que resultó admitida en la instancia anterior y desestimado el planteo de inhabilidad de título de la primigenia constancia de deuda. En efecto, el nuevo acogimiento no tornó inhábil la constancia de deuda primigenia, únicamente obligó a la parte demandada a exteriorizar dicha circunstancia, pues respecto de la deuda incluida en aquella, de conformidad con los artículos 12 y 15 del Decreto Nº 1249/95, nada correspondía discutir.
El hecho de que la parte actora a raíz de los reclamos formulados por el contribuyente haya expedido una nueva constancia de deuda, esta vez computando el nuevo acogimiento a un plan de facilidades de pago, y con sustento en este haya iniciado un nuevo proceso, tampoco torna inhábil la primigenia constancia de deuda sobre todo cuando este nuevo proceso fue rechazado por el juez a quo al haberse admitido la excepción de litispendencia peticionada por el ejecutado. De lo contrario, sucedería –cuando el ejecutado no discute que adeuda una parte de la deuda resultante de la caducidad del plan de facilidades de pago Decreto Nº 1249/95- que ambos juicios de ejecución fiscal sean rechazados, solución disvaliosa y no ajena a la conducta del ejecutado que sucesivamente incorporó en planes de facilidades la deuda resultante de la falta de pago en tiempo oportuno de los tributos.
Por otra parte, no debe perderse de vista que el señor juez de grado difirió la determinación de los planteos relativos a la suma efectivamente adeudada a la etapa de ejecución de sentencia, no obstante lo cual ordenó el libramiento de un oficio a la Dirección General de Rentas a efectos que aclare la razón del distinto monto consignado en ambas constancias de deuda y motivó la respuesta donde aquélla indica que la diferencia radica en haberse computado en la nueva constancia el acogimiento al plan de facilidades de pago.

En el caso, la parte actora inició ejecución fiscal tendiente al cobro ejecutivo de las sumas adeudadas por el contribuyente en concepto de caducidad del plan de facilidades de pago normado por el Decreto Nº 1249/95 y, un tiempo después, otra por el mismo concepto aunque esta vez por un saldo impago menor. No obstante ello, no desistió de la anterior ejecución y consintió el rechazo de la segunda fundada en la admisión de una defensa de litispendencia, cuando era evidente que el primer título con motivo de la expedición de uno posterior por el mismo concepto aunque por una suma menor se había tornado inhábil.
En efecto, si alguno de los títulos gozaba de habilidad éste sería el segundo, por lo que resultó equivocada la decisión adoptada en la instancia anterior cuando acogió la defensa de litispendencia, y de este modo prescindió de dotar efecto a la conducta evidenciada por la Administración. Nótese que aquí no se trata de dos ejecuciones fiscales iniciadas en forma simultánea por el mismo concepto e idéntica suma. Por el contrario, un tiempo después de comenzada la primera se libró una nueva constancia de deuda que motivó la promoción de un nuevo expediente, aunque esta vez por un monto sustancialmente inferior, pese a lo cual en la instancia anterior se quitó toda relevancia a dicha circunstancia.
Es oportuno destacar que en un caso donde a la fecha de emisión de la boleta de deuda el fisco había reducido el monto de la deuda mediante acto administrativo expreso fruto de la impugnación del contribuyente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó la sentencia dictada en la instancia anterior que mandó llevar adelante la ejecución fiscal por configurarse el supuesto de una apreciación notoriamente insuficiente de la circunstancias del caso (CSJN, 10/10/00, in re “Fisco Nacional (DGI) c/Pesquera Alenfish SA s/ejecución Fiscal”).
En el marco descripto se impone admitir la excepción de inhabilidad de título opuesta por la parte demandada con relación a la primera constancia de deuda. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).

El objeto de la excepción de litispendencia es evitar que se produzca el planteamiento de una misma discusión ante jueces distintos.
A ello, corresponde agregar que existen dos clases de litispendencia, por identidad y por conexidad. La primera se presenta cuando coinciden el sujeto, el objeto y la causa de dos o más procesos, reclamándose por el mismo actor y al mismo demandado, la misma pretensión, con idéntico título o causa fuente. La segunda, esto es, la litispendencia por conexidad, existe cuando no se configura la triple identidad señalada precedentemente, pero los procesos poseen elementos comunes o interdependientes, de forma tal que la sentencia a dictarse en uno de ellos puede hacer cosa juzgada en el otro. En caso de comprobarse el supuesto de litispendencia por identidad, corresponde archivar el expediente iniciado con posterioridad. En cambio, si se trata de litispendencia por conexidad, las actuaciones deben remitirse al tribunal donde tramita el otro proceso.

No corresponde hacer lugar a la excepción de litispendencia si uno de los expedientes ha finalizado por uno de los modos anormales de terminación del proceso -caducidad-.
Ello, porque se comprueba la falta de uno de los requisitos esenciales de la litispendencia es, la existencia de dos procesos en trámite.

El objeto de la excepción de litispendencia es evitar que se produzca el planteamiento de una misma discusión ante jueces distintos.
A ello, corresponde agregar que existen dos clases de litispendenc CS/WebPublisher PRO internal error WRTHTML:100. Please contact Inmagic, Inc. ia, por identidad y por conexidad. La primera se presenta cuando coinciden el sujeto, el objeto y la causa de dos o más procesos, reclamándose por el mismo actor y al mismo demandado, la misma pretensión, con idéntico título o causa fuente. La segunda, esto es, la litispendencia por conexidad, existe cuando no se configura la triple identidad señalada precedentemente, pero los procesos poseen elementos comunes o interdependientes, de forma tal que la sentencia a dictarse en uno de ellos puede hacer cosa juzgada en el otro. En caso de comprobarse el supuesto de litispendencia por identidad, corresponde archivar el expediente iniciado con posterioridad. En cambio, si se trata de litispendencia por conexidad, las actuaciones deben remitirse al tribunal donde tramita el otro proceso.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia del Señor Juez aquo que rechazó la excepción de litispendencia opuesta por la demandada, toda vez que el planteo no ha sido fundado en la existencia de otro juicio, sino en la tramitación de un procedimiento administrativo que, al momento de iniciarse la presente ejecución, se encontraba pendiente de resolución definitiva. En tales condiciones no se da la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias que la excepción de litispendencia procura evitar.
Si bien lo dicho es suficiente para desestimar la excepción —pues no se verifica el presupuesto de hecho de su procedencia— a mayor abundamiento cabe agregar que, lo cierto es que el objeto de las actuaciones administrativas a las cuales se refiere el ejecutado y el de la presente ejecución fiscal, son distintos.
En efecto, en sede administrativa se encuentra en discusión la nueva valuación del inmueble determinada en virtud de la diferencia existente entre los registros obrantes en el órgano recaudador y la realidad constructiva del inmueble, mientras que en la presente acción judicial se pretende el cobro de la contribución original de alumbrado, barrido y limpieza devengada durante los períodos indicados en la constancia de deuda.