Una interpretación armónica y finalista de la Ley Nº 471 determina que deba considerarse que los trabajadores de la Administración Pública, en caso de ser desplazados de su empleo, tienen derecho a la reubicación en tareas acorde a su jerarquía y especialidad.
Ahora bien, lo expuesto precedentemente no significa que la Administración Pública deba reubicar a sus agentes en idénticas funciones a las que desempeñaban antes de su desplazamiento, sino que puede asignarle otras, siempre que éstas no signifiquen una retrogradación de su situación escalafonaria o un trato indigno o denigrante hacia su persona. Postular lo contrario, implicaría un contrasentido respecto de la afirmación de que la función goza de estabilidad relativa.

En el caso, la designación del actor como Director no significó una promoción u ascenso en su situación escalafonaria, atento que durante ese período siguió revistando en el mismo nivel. Del mismo modo, su cese en dicho cargo no importó una regresión en el escalafón, dado que continuó en el mismo nivel y grado que tenía previo al otorgamiento de funciones ejecutivas.
De conformidad con el Decreto Nº 3544/91, en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (Si.Mu.P.A.) lo que determina la situación escalafonaria de un agente es el Nivel y Grado en que éste revista, y no la función que desempeña.
No se observa, entonces, que el desplazamiento del recurrente haya significado una retrogradación de su situación de revista. De igual manera, la circunstancia de que haya vuelto a desempeñar aquellas tareas que realizaba previo a su designación como Director tampoco constituye un trato discriminatorio respecto de su categoría y especialidad, por lo que no puede considerarse violentado su derecho a la estabilidad.

En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la actora, y en consecuencia, resulta procedente ordenar a la parte demadada que, con carácter cautelar, reincorpore a la actora en la planta de personal de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -ObSBA-, en un cargo correspondiente a la categoría que revestía antes de ser dada de baja, abonándosele la remuneración que corresponda a esa categoría.
De los elementos reunidos en esta etapa inicial del proceso, se desprende, "prima facie", que al haberse dispuesto la baja de la accionante de la nómina de personal de la ObSBA sin que, en principio, se hubieran cumplido todos los requisitos pertinentes para efectivizar su incorporación a la planta de la Administración Central del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control dependiente de la Vicejefatura de Gobierno), la transferencia en cuestión habría tenido, en los hechos, los efectos de una cesantía.
Por lo tanto, y dicho esto con la provisionalidad propia de una decisión cautelar, resulta verosímil el planteo efectuado por la parte actora, en cuanto alega una indebida afectación de su derecho a la estabilidad en el empleo.
Ello así, toda vez que, si bien de conformidad con el artículo 36 de la Ley Nº 471 la estabilidad no es extensible a las funciones ––por lo cual no resultaría prima facie ilegítimo disponer el traslado de un agente de una repartición a otra––, en tanto no estén dadas las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la reubicación en otra dependencia, la baja de la planta del organismo de origen afectaría el derecho a la conservación del empleo.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo", mediante la cual hizo parcialmente lugar a la medida solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó que se lo reincorpore a la Policía Metropolitana, manteniéndolo en el cargo y en la situación de revista que poseía antes del dictado del acto que dejó sin efecto su designación.
En efecto, del régimen jurídico aplicable pareciera deducirse que el actor no gozaba de estabilidad propia al momento de su segregación. Ello por cuanto el artículo 8 de la Ley Nº 2947 requiere para su obtención el cumplimiento del plazo de doce meses en el ejercicio del cargo, para quienes poseen estado policial. Así y más allá de los esfuerzos argumentales del actor desde su incorporación, el 1º de mayo de 2009, tuvo el grado de Comisionado, situación que de acuerdo con el escalafón establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 2947 sólo podía ser asumida por quienes tienen estado policial.
Así las cosas no basta para suspender los actos administrativos cuestionados, en esta etapa inicial del pleito, la alegación de que el actor se encontraba prestando funciones desde finales de marzo de 2009, situación que hasta el momento no ha sido acreditada, puesto que el acto administrativo que lo designa data del 1º de mayo de 2009. Por otro lado, en la relación con la invocación de que la ausencia de estabilidad propia no es suficiente para fundar la baja, no se trata aquí, "a priori", y en esta instancia preliminar de sostener que podrían dictarse actos administrativos sin la debida fundamentación, sino simplemente de verificar si el actor cuenta, "prima facie", con un derecho verosímil. En tal sentido, y a pesar de la interpretación realizada por el "aquo", no puede obviarse que una vez que la Autoridad Administrativa conoció la situación del actor de procesado penalmente, lo intimó a acreditar su situación en el proceso judicial en el término de cinco (5) días y justamente motivado ello lo pasó a situación de disponibilidad. Vale decir que se le dio debida intervención en el procedimiento administrativo a los fines de aclarar su situación, máxime a tenor de lo que se establece en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad. "A posteriori" se dejó sin efecto la designación del actor, basándose en la ausencia de la estabilidad, en los términos del artículo 8 de la Ley Nº 2947. Asimismo debe considerarse que el actor no sólo no había cumplido el plazo previsto de un año en ejercicio de sus funciones para adquirir estabilidad, sino que tampoco se ha acreditado que hubiese sido evaluada satisfactoriamente su aptitud e idoneidad, lo que constituye otro de los requisitos para su efectivización.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo", mediante la cual hizo parcialmente lugar a la medida solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó que se lo reincorpore a la Policía Metropolitana, manteniéndolo en el cargo y en la situación de revista que poseía antes del dictado del acto que dejó sin efecto su designación.
En relación con la invocación de que la ausencia de estabilidad propia no es suficiente para fundar la baja, no se trata aquí, "a priori", y en esta instancia preliminar de sostener que podrían dictarse actos administrativos sin la debida fundamentación, sino simplemente de verificar si el actor cuenta, "prima facie", con un derecho verosímil.
En tal sentido, y a pesar de la interpretación realizada por el "aquo", no puede obviarse que una vez que la Autoridad Administrativa conoció la situación del actor de procesado penalmente, lo intimó a acreditar su situación en el proceso judicial en el término de cinco (5) días y justamente motivado ello lo pasó a situación de disponibilidad.
Vale decir que se le dio debida intervención en el procedimiento administrativo a los fines de aclarar su situación, máxime a tenor de lo que se establece en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad. "A posteriori" se dejó sin efecto la designación del actor, basándose en la ausencia de la estabilidad, en los términos del artículo 8 de la Ley Nº 2947.
Asimismo debe considerarse que el actor no sólo no había cumplido el plazo previsto de un año en ejercicio de sus funciones para adquirir estabilidad, sino que tampoco se ha acreditado que hubiese sido evaluada satisfactoriamente su aptitud e idoneidad, lo que
constituye otro de los requisitos para su efectivización.
Por lo expuesto, en esta etapa inicial del proceso, no se advierte que el actor posea verosimilitud en el derecho y frente a la inexistencia de tal presupuesto no cabe entrar a analizar el peligro en la demora.

En el caso, corresponde revocar la resolución dictada por el Sr. Juez "a quo", mediante la cual hizo parcialmente lugar a la medida solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó que se lo reincorpore a la Policía Metropolitana, manteniéndolo en el cargo y en la situación de revista que poseía antes del dictado del acto que dejó sin efecto su designación.
En efecto, del régimen jurídico aplicable pareciera deducirse que el actor no gozaba de estabilidad propia al momento de su segregación. Ello por cuanto el artículo 8 de la Ley Nº 2947 requiere para su obtención el cumplimiento del plazo de doce meses en el ejercicio del cargo, para quienes poseen estado policial. Así y más allá de los esfuerzos argumentales del actor desde su incorporación, el 1º de mayo de 2009, tuvo el grado de Comisionado, situación que de acuerdo con el escalafón establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 2947 sólo podía ser asumida por quienes tiene estado policial. Así las cosas no basta para suspender los actos administrativos cuestionados, en esta etapa inicial del pleito, la alegación de que el actor se encontraba prestando funciones desde finales de marzo de 2009, situación que hasta el momento no ha sido acreditada, puesto que el acto administrativo que lo designa data del 1º de mayo de 2009. Por otro lado, en la relación con la invocación de que la ausencia de estabilidad propia no es suficiente para fundar la baja, cabe destacar que el agente carecería, "prima facie", de ese derecho y en consecuencia de permanecer, "a priori", en el cargo, antes de transcurrido el año y de ser evaluada satisfactoriamente su aptitud e idoneidad. Por lo expuesto, en esta etapa inicial del proceso, no se advierte la ilegitimidad manifiesta del acto administrativo cuestionado.

Los cargos políticos son aquellos cuyo ingreso en la Administración no son a través de pruebas objetivas donde se pone de manifiesto y se evalúa el mérito y la capacidad de los candidatos. La forma de provisión de los cargos de designación política se fundamenta básicamente en la confianza política. Una vez dada ésta, los criterios pueden oscilar en función de otros parámetros como son la militancia política, la cercanía o la sintonía personal con quien efectúa los nombramientos, la capacidad o competencia profesional, etc.
En consecuencia, confluyen diversos criterios a la hora de proceder a realizar un nombramiento político determinado, predominando habitualmente entre ellos el criterio de la fidelidad al partido en el poder y, sobre todo, la confianza que en él deposita la persona que propone dicho nombramiento (conf. Mesa, Adela, “Los cargos de designación política ante el proceso de cambio en la Administración vasca”, Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, España, Enero-Marzo 1996, núm. 91, p. 170).
Estas particulares designaciones carecen de estabilidad. En efecto, así se ha dicho que el funcionario político es designado y/o removido discrecionalmente por el titular del Ejecutivo o por quien este delegue tal facultad. En todos estos casos, la continuidad de la función a cargo de estos funcionarios se encuentra directamente vinculada con el funcionario que lo designó por lo que no continúa en ningún caso una vez que este cesare o se dispusiera su remoción, en virtud de ello estos funcionarios “políticos” no se encuentran vinculados a ninguna especie de carrera administrativa, ni gozan de estabilidad alguna en el empleo (conf. dictamen Nº 1857/02 de la Oficina Nacional de Empleo Público en expte. Nº 3518/02, “Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, 5/08/02).

El origen de las designaciones políticas no solo se vinculan con las aptitudes del postulante sino muy especialmente con la confianza que despierta en una autoridad que formula la designación.
Sin embargo, estos nombramientos carecen de estabilidad y no le son inherentes aquellas normas y disposiciones que rigen en materia de empleo público vinculadas al ingreso de un agente en planta permanente, como así su permanencia y, eventual, desvinculación.
Por tanto, así como a partir de un decreto -en el caso del Jefe de Gobierno- son designados, de igual modo, pueden ser removidos sin que se genere, en principio, ningún derecho a ser indemnizado.
En función de ello, es que no asiste razón al actor con relación a la desvinculación unilateral e intempestiva, ya que la “precariedad” es una característica identificatoria y propia del vínculo que genera la designación política.

No obstante el carácter de precariedad de los cargos de designación política, no caben dudas que requieren de regulación legal. Sin embargo, la no aplicación de la Ley Nº 471 para casos como el del actor debe entendérselo respecto al derecho a la estabilidad laboral ya que este tipo de designaciones basadas en las aptitudes y, sobre todo, la confianza no admite un ingreso a partir del concurso público con el cumplimiento de los requisitos que la ley prevé. De igual manera, no le son aplicables para la eventual desvinculación laboral.
Este es el sentido que corresponde atribuirle a la letra del artículo 4º de la Ley Nº 471, por lo que no es cierto -como sostiene el actor- que su cuestión quedó encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo de orden nacional y, no puede pretender que se le apliquen las pautas indemnizatorias de un régimen que le resulta extraño.

En el caso, la designación política del actor se encuentra contemplada en el artículo 4º de la Ley Nº 471, y radica en razones de elemental razonabilidad, ya que aquellos cargos, llamados también “cargos políticos”, responden a la necesidad de contar con una normativa que permita su recambio de acuerdo con las necesidades del momento, ya que hacen a las más altas esferas de la organización administrativa, y a la política de gobierno desarrollada por los mandatarios electos por los habitantes de la Ciudad para un período determinado.
Es por este motivo, entonces, que se prescinde en estos casos del requisito de ingreso a la Administración por concurso público, y consecuentemente también del régimen de estabilidad propia al cual tienen derecho el resto de los empleados, ya que tales institutos resultarían incompatible con el desempeño de una función como la encomendada al aquí accionante, que no pertenece al régimen de carrera administrativa.
Esto no significa, sin embargo, que tal exclusión importe la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo o sus principios en materia indemnizatoria, como postula el actor, ya que no se dan los requisitos para que así suceda.
Por ende, no resulta procedente el otorgamiento de indemnización alguna, ya que no se trata el presente un supuesto de baja ilegítima de un agente de planta permanente, ni tampoco de un fraude laboral para encubrir una relación de aquella naturaleza. En efecto, el vínculo entre el actor y la Administración local, por su propia naturaleza de cargo político o extraescalafonario, no tenía la nota de permanencia necesaria para que proceda el pedido indemnizatorio aquí formulado, previsto para supuestos distintos al aquí planteado.
Por el contrario, en el presente caso, el obrar de la Administración se encuentra sustentado en elementales principios de razonabilidad que implican que, una vez eliminada el área cuya jefatura ostentaba el actor, y no poseyendo éste ningún cargo de planta al cual ser reintegrado, se produjera su baja.