La labor hermenéutica no se encuentra subordinada, salvo a los fines de cercenar la riqueza de su actividad, a la discusión abstracta de un texto. Por el contrario, la interpretación, en tanto nunca tiene por objeto un texto legal ideal, debe vincularse al contexto histórico, político, social y jurídico que le pertenece. Delicadamente apoyada en la fluctuación de estas zonas que denominamos realidad, la interpretación deviene ética.
Esta noción integradora en la interpretación de la norma positiva se desprende nítidamente de numerosos antecedentes de la Corte Suprema en los cuales se ha dicho que: "Las disposiciones de las leyes deben conformarse a las de la Constitución Nacional, y si ello no resultase en forma expresa de la letra de aquéllas, la jurisprudencia habrá de suplir la deficiencia del texto fijando la inteligencia cabal de la cláusula y ajustándola en su alcance a la proyección que la Carta Fundamental reclama." (cf. Fallos: 215:568, entre muchos otros).
Huelga decir que la proyección constitucional se vincula con la noción de contexto referida en el párrafo precedente.
La interpretación que se sustrae de esta historicidad redunda habitualmente en desmedro del cumplimiento de las garantías constitucionales que permanentemente se juegan en el Derecho.

Las causales de cesantía de los agentes dependientes de la Administración, se encuentran taxativamente enumeradas en la ley y la sanción de cesantía rígida, e impuesta por la ley. Es una sanción única, imposible de estimar en más o en menos, que reconoce un presupuesto objetivo. Constatando éste, la consecuencia es única y necesaria, pero también es de hacer notar que cualquier normativa que se esté aplicando, sea por parte del GCBA o por el propio poder judicial, no puede ser valorada aisladamente y sin el análisis del marco contextual en el que la misma se despliega, el que, sin lugar a dudas, marcará las circunstancias propias del caso concreto.
Cualquier conducta que pudiera ser potencialmente reprochable a un agente dependiente de la Administración, debe considerarse, sobre todo cuando una de sus consecuencias pudiere ser el dictado de un acto de suma gravedad —como es la cesantía—, en forma global y como consecuencia de un detenido análisis fáctico, en donde lo que necesariamente debe primar es su razonabilidad, como predominante por sobre la racionalidad —como estructura— tanto de un sistema administrativo como judicial.

En función de los artículos 206, 209 y 210 del Código Procesal Penal de la Ciudad, recibido el requerimiento de elevación a juicio, el Juez correrá el traslado respectivo a la contraria quien ofrecerá prueba y planteará las cuestiones a resolver antes del debate.
Ofrecidas las probanzas, en el marco de la audiencia del artículo 210 del citado Código, el "a quo" se pronunciará sobre la pertinencia de las mismas, siendo irrecurrible en dicha etapa el temperamento que recaiga a tal efecto.
En efecto, durante el transcurso del acto se podrán interponer excepciones, formular acuerdo de avenimiento, y solicitar y resolver la suspensión de juicio a prueba.
En la esfera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme una lectura armónica-contextual de las prescripciones que en esta etapa fijan el objeto decisorio del judicante, entiendo que el contralor que el Magistrado debe efectuar sobre la encuesta previa -sin perjuicio de la facultad que poseen los sujetos contendientes de articular excepciones- lo es exclusivamente en la medida que de su contenido resulte palmaria y evidente la falta de materialidad de la conducta prohibida, de la participación del imputado, o que dicha incriminación se halle huérfana de todo sustento y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos probatorios, lo que obsta a la apertura del debate, en tanto la acusación, en este sentido, no está fundamentada.

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso sustituir la pena accesoria de interdicción de cercanía respecto de la denunciante por la pena de trabajos de utilidad pública, e intimar al encausado a que cumpla con la condena impuesta en el presente proceso por la conducta de hostigamiento o maltrato bajo apercibimiento de convertir la sanción fijada en arresto.
En efecto, la eliminación de la pena de interdicción expone a la víctima a una situación significativamente más riesgosa en comparación a la que se encontraba cuando aún está vigente la prohibición de contacto que pesaba sobre el condenado.
“La normativa descripta hace clara alusión a la posibilidad de sustituir las sanciones impuestas por trabajos de utilidad pública o excepcionalmente de arresto…” (Causa Nº 14524-00-CC/2007, caratulada “MOLINA, Ezequiel Horacio s/ infr. art (s) 111 C.C.- apelación”, rta. 19/09/12)
En este sentido, si bien el artículo 24 del Código Contravencional no establece expresamente qué tipo de sanciones son susceptibles de ser sustituidas, el término “sanciones impuestas” alude tanto a las principales como a las accesorias. Si el legislador hubiera querido centrar exclusivamente el procedimiento de sustitución en las penas principales, así lo habría señalado expresamente. (Causa Nº 15310-00-CC/2014 caratulada “MAMANI GARNICA, ARMANDO s/art. 1472:111 C.C.- apelación”, rta.25/04/2016).
Asimismo, las penas sustitutivas fueron redactadas a continuación de la determinación de la totalidad de las sanciones —principales y accesorias— lo que da cuenta de la inclusión de estas últimas dentro del régimen instituido en el mencionado artículo. (Conf. Morosi, Guillermo E.H. y Rua, Gonzalo S., "Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentado y Anotado", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, página 93) (Del voto en disidencia parcial del Dr. Pablo Bacigalupo)