Según surge del artículo 40 del Ley de Procedimiento Contravencional es atribución del Fiscal hacer comparecer al encausado por la fuerza pública, y/ o eventualmente del Juez a quo, e incluso del Defensor Oficial.

Queda suspendido el curso de la prescripción de la acción contravencional a partir de la incomparecencia injustificada del imputado a la audiencia de juicio. Ello así siempre que el mismo haya sido debidamente notificado de la realización de dicho acto.

Si bien la Ley Nº 451 establece que únicamente es la citación fehacientemente notificada al procedimiento de faltas la causal de interrupción del curso de la prescripción; de ningún modo dispone que sea sólo la primer notificación sino que claramente regula que la citación que reúna las características (se encuentre fehacientemente notificada y sea al procedimiento de faltas) allí expresadas será causal interruptiva del curso de la prescripción de la acción.
Lo expresado precedentemente no implica en forma alguna la posibilidad de que la acción reviva, por un año más, con cada citación cursada en el proceso, en forma indefinida, sea en sede administrativa o judicial. Ello así por cuanto resultan interruptivas de la prescripción las diversas citaciones que se realicen en la medida que se trate de actos procesales distintos, por lo que no producirá tal efecto la mera reiteración de una citación al mismo acto procesal, cualquiera sea la finalidad con que ella se realice.

Según surge del artículo 40 del Ley de Procedimiento Contravencional es atribución del Fiscal hacer comparecer al encausado por la fuerza pública, y/ o eventualmente del Juez a quo, e incluso del Defensor Oficial.

El artículo 289 del Código Procesal Penal de la Nación impone la declaración de rebeldía no sólo frente a la incomparecencia del imputado transcurrido el término de la citación, sino también cuando se comprobara su fuga o ausencia, supuestos que, frente al empleo de la disyunción “o”, deben ser entendidos de modo independiente.

La notificación al domicilio constituido, cuando se desconoce el real, es hábil para declarar la rebeldía del imputado (cfr. Causa Nº 171-00-CC/2004, “Egert, Graciela Mariana s/ inf. ley 255”, rta. el 22/6/04).
Siendo así, no resulta acertado afirmar que no corresponde declarar la rebeldía del encartado cuando éste desconoce su obligación de comparecer a una citación judicial, si el mismo tenía conocimiento del proceso seguido en su contra y de su obligación de estar a derecho.

En el caso,el defensor plantea la nulidad de la audiencia ante el fiscal en razón de la intervención tardía del juez de garantías y la medida de exorción adoptada por el fiscal al disponer la comparecencia forzada del encartado. La situación particular del encartado, esto es que se encontraba sujeto a prisión domiciliaria,por disposicion del tribunal oral criminal, imponía que la citación por parte de la fiscal del grado (a fin de hacerlo comparecer a la audiencia fiscal) fuera diligenciada por medio de oficio (artículo 1 Ley Nº 22172) dirigido al titular del Tribunal a cuya disposición estaba detenido, por lo que en principio la solicitud de traslado resulta correcta.
Ello así, y tal como surge del oficio dirigido al Tribunal Oral en lo Criminal, la titular de la acción requirió al juez a cuya disposición se encontraba detenido el imputado que ordene su traslado por medio de la fuerza pública, por lo que es claro que dicha medida no fue dispuesta por la Fiscal de Grado -como refiere la defensa-, sino solicitada por aquella, al único facultado para ordenarla, el Juez a cuya disposición se encontraba el imputado, por lo que la medida fue dispuesta por quien tenía potestad para ello, y de acuerdo a las prescripciones legales aplicables.
El uso de la fuerza pública no implicaba mas que un modo de disponer su traslado atendiendo a quien debía efectuarlo dada su condición de detención .
Lo que no supone , que la titular de la acción dispusiera hacer uso de la fuerza pública para lograr su comparecencia forzoza, teniendo en cuenta que no surge de autos que el encartado se hubiera negado a dicho traslado ni que por cualquier otro motivo se hubiera empleado aquélla, la que en el hipotético caso de requerirse sólo podía ser ordenada por el Juez cuya dosposicion se encontrase detenido.

En el caso, el persona policial, ante la solicitud de comparendo por la fuerza pública, buscó al imputado en su domicilio a las 18.00 horas trasladándolo a la Oficina de Comunicaciones Institucionales y con la Comunidad y permaneciendo retenido hasta las 11.15 horas del día siguiente.
Lo cierto es que la conducción del imputado a un lugar del que no pudo salir por su propia voluntad implicó una verdadera privación de la libertad, es por ello que le son aplicables todas las garantías de seguridad personal, sin distinciones basadas en la causa de la restricción de la libertad física (imputación penal, contravencional, o cualquier otro motivo).
“Es el procedimiento...y no la finalidad misma el que permite definir si se trata de una verdadera detención u otra forma de privación de la libertad..." (García, Luis M., “Dime quién eres, pues quiero saber en qué andas. Sobre los límites de las facultades de la policía para identificación de personas. Los claroscuros del caso “Tumbeiro”, LL 2003-A, 470 - Sup. Penal 2002), asunto que es relevante desde el punto de vista de las garantías constitucionales implicadas (arts. 18 CN, 7 CADH y 9 PIDCP). De allí que interese el aspecto material de la medida y no la significación formal que se le atribuya en razón de su finalidad, para establecer si se han observado las vallas que contienen al "Estado policial".

En el caso, corresponde revocar la declaración de rebeldía decretada por el magistrado de grado.
En efecto, resulta crucial poner de resalto que el imputado no fue notificado de su citación a juicio al domicilio real, aún cuando sí se libró la cédula correspondiente al constituido. Entonces, lo que corresponde preguntarse es si la mera notificación al domicilio constituido implica per se una notificación fehaciente de su deber de comparecencia. La respuesta lógicamente guarda íntima vinculación con las consecuencias del acto procesal en cuestión, pues, si bien es cierto que para la mayoría de ellos la notificación al domicilio constituido resultaría suficiente, no es menos cierto que para ciertos casos excepcionales, que puedan acarrear graves consecuencias para el imputado, precisamente por ello, su notificación al domicilio real resulta ineludible. Y realmente me cuesta imaginar consecuencias tan gravitantes como las que implica la rebeldía.
Por lo tanto, tal como se desprende de lo expuesto, difícilmente podría considerarse que el imputado ha sido fehacientemente notificado de su deber de comparecer a juicio, previo a la declaración de rebeldía, cuando el único medio efectivizado por el “a quo” fue una citación al domicilio constituido del encausado, dejando de lado infundadamente todas las restantes opciones a su alcance.

La realización de la audiencia llevada a cabo en virtud del art. 18 de la Ley Nº 1.217 no tiene efecto interruptivo. Ello pues es un acto de defensa que conlleva el avance del proceso a una etapa posterior, que no tiene previsto efecto interruptivo alguno del curso de la prescripción. En el caso, no se lo notificó en dicha oportunidad citación alguna a comparecer, lo cual, aparentemente habría sucedido de modo espontáneo. A su vez, la mera citación al procedimiento judicial de faltas no tiene efecto interruptor del curso de la prescripción. Ello conforme lo previsto en el inciso 2 del art. 16 de la Ley Nº 451, que sólo asigna tal efecto durante la intervención jurisdiccional, a la emisión de la sentencia condenatoria aún cuando no se encuentre firme.

En el caso, corresponde revocar la decisión que rechazó el planteo de extinción de la acción por prescripción y declarar operada la prescripción de las actas bajo juzgamiento.
En efecto, la Defensa argumenta que la cédula mediante la cual se cita a la sociedad encausada a comparecer en sede administrativa, fue dirigida a un lugar distinto a su domicilio social por lo que dicha cédula no tiene virtualidad interruptiva del curso de la prescripción de las actas involucradas.
En la presunta comisión de las faltas imputadas en las actas en cuestión, intervinieron dos automóviles que, conforme a los datos del Registro de la Propiedad Automotor poseen domicilio en un lugar distinto a aquel donde se dirigió la cédula cuestionada.
Ello así, no puede reputarse hábil a los efectos de la interrupción del curso de la prescripción la notificación cursada a un domicilio disntinto al de los automóviles con los cuales se habría cometido la falta investigada.

En el caso, corresponde revocar la resolución que declaró extinguida la acción por prescripción respecto del acta de comprobación analizada en autos.
En efecto, de las constancias del legajo se desprende que la “citación fehacientemente notificada” a la que hace referencia el artículo 16 de la Ley N° 451 es aquella que se encuentra agregada en autos - realizada en sede administrativa - como la que consta glosada en referencia al emplazamiento judicial.
La Ley N° 451 no dispone que sea sólo la primer notificación realizada en la instancia administrativa la que interrumpa el curso de la prescripción, sino que claramente prescribe que la citación que reúna ciertas características estipuladas en el artículo 16 será considerada causal interruptiva del curso de la prescripción de la acción (del voto de los Dres. Fernando Bosch y Jorge Franza en c/nº 38968-00/CC/2010 “Reyes, Ana Elizabet s/ Infr. Art. 4.1.1.2 Ley 451 - Apelación” rta. 12/3/12, Sala II).
Esto no implica que la acción reviva, por dos años más, con cada citación cursada en el proceso, en forma indefinida, sea en sede administrativa o judicial, sino que resultan interruptivas de la prescripción las diversas citaciones que se realicen en la medida que se trate de actos procesales distintos.
Ello así, la constancia de citación en sede administrativa constituye una notificación fehaciente en los términos de la Ley N° 451 y surge con claridad que al ingresar al juzgado la acción no se encontraba prescripta y que desde el día en que se notificó el emplazamiento para formular el descargo conforme al artículo 41 de la Ley N° 1217 hasta la fecha, tampoco ha transcurrido el plazo de dos años establecido para que opere la prescripción de la acción.

En el caso, corresponde confirmar la resolución que declaró extinguida la acción por prescripción respecto del acta de comprobación analizada en autos.
En efecto, el plazo desde el cual comenzó a correr el plazo de la prescripción, es el de la comisión de la falta endilgada a la sociedad infractora (cfr. art. 15, de la ley 451).
La lectura correcta del artículo 16 de la Ley N° 451 distingue dos causales interruptivas del curso de la prescripción según cuál sea la etapa en la que se está desarrollando el proceso ––esto es, administrativa (inc. 1, de dicha norma) o judicial (inc. 2, del citado artículo)– – y no aquella que pretorianamente duplica los efectos de una hipótesis construida por el legislador democrático, puesto que constituye, sin dudas, una interpretación "in malam partem" ––o lo que es lo mismo, una hermenéutica flexible y perjudicial para el inculpado.
Ello así, si bien a la fecha de la notificación administrativa de presentarse en el procedimiento no había transcurrido el término establecido por la ley, desde esta última fecha puede apreciarse, sin lugar a dudas, que transcurrió en su totalidad el margen temporal que implica la clausura de la persecución estatal por la comisión de las infracciones - específicamente dos (2) años––, pues en la etapa judicial no se arribó al dictado de una sentencia. (Del voto en disidencia de la Dra De Langhe)

En el caso, corresponde decretar la nulidad de la detención del imputado y de todo lo obrado en consecuencia.
La Defensa argumentó que la detención del imputado se produjo a través de un allanamiento ilegal, sin que mediara una orden judicial o un caso de urgencia o flagrancia.
Sin embargo, se advierte que, de acuerdo con lo expresado en el acta correspondiente, el motivo de la detención fue la supuesta directiva impartida por el Juez Correccional.
No obstante ello, cabe señalar que la única consulta existente en la causa fue evacuada por el Secretario del Juzgado un día antes de que se produzca la detención y sólo encomendaba la citación del acusado a efectos de que se notificara de la existencia de la causa y eventualmente designara abogado defensor. Desde luego, ello no constituye una orden judicial de detención emitida por la autoridad competente, razón por la cual corresponde declarar la nulidad de la detención del imputado y, por aplicación de la regla de exclusión y de la doctrina del fruto del árbol venenoso, deben anularse todos los actos que sean su directa consecuencia, en el caso, los informes médicos realizados.
Ello así, debe destacarse que en el caso, independientemente de la detención y de los informes médicos declarados nulos, se verifica la existencia de un canal independiente que permite avanzar para llevar la presente causa a juicio —la denuncia realizada por la víctima— y la presencia de otros elementos de convicción que no dependen de esa detención para fundar el requerimiento fiscal, entre ellos, los testimonios de quienes presenciaron directamente el hecho investigado y que fueron ofrecidos por la Fiscalía y admitidos por la Jueza en la audiencia del artículo 210 del Código Procesal Penal.