“Una adecuada interpretación constitucional del artículo 33 de la Ley N° 24660 y actual articulo 32 modificado por Ley 26472, no puede admitir que la pena de detención domiciliaria sea sustituto de la prisión solo en el supuesto de que el condenado se halle afectado por una enfermedad incurable e irreversible, ello habida cuenta que debe entenderse por “trato humano al condenado” aquel que permita tener una buena calidad de vida – ya sea en prisión o en su domicilio -; lo contrario desnaturalizaría el sentido del instituto como alternativa de prisión así como también se desvirtuaría si se tolerase el cumplimiento de la pena de prisión cuando una enfermedad no le permita soportar la privación de libertad sin ocasionar un riesgo para la vida o la salud psicofísica al igual que si se probase que el encierro en un establecimiento resulta ser susceptible de empeorar su estado de salud, ya que lo contrario acarrearía que la pena privativa de libertad se convierta en una pena privativa de la salud o pena corporal, constitucionalmente prohibida.”

“La salud física y mental de las personas privadas de libertad ambulatoria constituye un derecho esencial, especialmente para la preservación de su vida. Se encuentra amparado en el artículo 18 de la CN, que consagra que las “cárceles de la Nación serán sanas y limpias”, y en los términos del artículo 75, inciso 22° de la CN, se encuentra amparado en los artículos 4.1, 5, 19 y 26 de la CADH; 12.1 y 2 ap. “d” del PIDESC; artículos 3 y 25 de la DUDH y en los artículos 1 y 11 de la DADDH.”

“Sin perjuicio del marco normativo constitucional y convencional, hoy nos encontramos ante un escenario extraordinario: el de una Pandemia mundial. La aparición del COVID-19, llamado coronavirus, ha provocado el despliegue universal de medidas para resguardar a los grupos de riesgo, principalmente a aquéllos que padecen ciertas patologías preexistentes, que elevan las posibilidades de que -de contraer la enfermedad- se produzca un desenlace fatal.”

“(…) cabe atender cuanto sucede en otros países en relación a las personas que habitan una institución cerrada, como las cárceles (www.prisionstudies.org.news-covid19). Quienes además, soportan factores adicionales, tales como las consecuencias del hiperencarcelamiento, que produce superpoblación carcelaria y condiciones de vida en hacinamiento, a cuanto cabe sumar la falta de higiene y de provisión de elementos suficientes para el aseo personal.”

“(…) en el dinámico proceso que han desplegado todos los órganos del Estado, se han dispuesto medidas sanitarias específicas, especialmente implementadas por el Servicio Penitenciario Federal, plasmadas a través de distintos memorandos, normativas y documentos, algunas de ellas a instancia de los cinco jueces nacionales de ejecución penal (oficios dirigidos al Sr. Director del ServicioPenitenciario Federal días 16, 19 y 30 de marzo ppdo.), tendientes a preservar la salud de las personas privadas de la libertad, agilizar los servicios de salud, desplegar las medidas de prevención y suplir con algunas facilidades la comunicación de los presos con sus familias, atento la dificultad que se ha incrementado a partir de la medida de aislamiento social preventivo, generalizada en el D.N.U. 297/2020 por orden del Poder Ejecutivo Nacional.”

“(…) la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe sobre el avance de la enfermedad en relación a la situación verificada en las cárceles europeas, en tanto esos países han sido afectados previamente y se puede evaluar el comportamiento de la epidemia allí (World Health Organization, Preparedness, Prevention and Control of COVID-19 in prisions and other places of detention”, 15 de marzo de 2020).”

“Ha sostenido que “Las personas privadas de la libertad, tales como las que residen en cárceles y en otros lugares de detención se encuentran predispuestos a ser más vulnerables a la enfermedad del coronavirus (COVID-19, por sobre la población general, en razón de las condiciones de confinamiento en las que viven juntos por prolongados períodos de tiempo. En ese sentido, la experiencia demuestra que las prisiones, cárceles e instalaciones similares las personas se encuentran en condiciones de proximidad y ello puede actuar como una fuente de infección, amplificación y diseminación de enfermedades dentro de las prisiones. La cuestión de salud en las prisiones en considerada una cuestión de salud pública. La respuesta al COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención constituye un gran desafío y requiere el involucramiento de todo el gobierno y de toda la sociedad (…)”

“(…) ha señalado en sus consideraciones generales, perfectamente aplicables a cualquier situación de contexto de encierro, que “…Las personas privadas de la libertad, como las personas presas, son propensas a ser más vulnerables a varias enfermedades y condiciones de salud. El mismo hecho de encontrarse privadas de libertad generalmente implica que las personas en las prisiones y en otros lugares de detención vivan en cercana proximidad uno con el otro, extremos que provocan que resulten personas con un elevado riesgo de transmisión de persona a persona y sensibles a la transmisión de gérmenes patógenos como el COVID-19. A ello cabe sumar las características demográficas, las personas en prisión típicamente tienen una mayor carga subyacente de enfermedades y empeoramiento de condiciones de salud que la población general, y frecuentemente enfrentan grandes exposiciones a riesgos como el tabaquismo, higiene deficitaria e inmunidad debilitada a causa del estrés, la deficiente nutrición o la prevalencia de comorbilidades, tales como virus sanguíneos, tuberculosis y las patologías asociadas al consumo de drogas””

“(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los Estados a adoptar medias alternativas a la privación total de la libertad, siempre que fuera posible, evitando el hacinamiento en las cárceles, lo que puede contribuir con la propagación del virus””

“(…) el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entre varias recomendaciones, instó a los jueces y fiscales “a tener presente la especial situación por la que atraviesa el país y el mundo, así como la imposibilidad del Estado de garantizar la integridad física de muchas de las personas privadas de la libertad, antes de dictaminar en forma negativa o resolver rechazando lo peticionado”; y que “Para ello, se recomienda tomar en cuenta prioritaria a las personas que se encuentran privadas de su libertad por delitos menores””

“La Procuración Penitenciaria de la Nación dictó recomendaciones y sostuvo que “el abordaje de la crisis sanitaria en las prisiones no puede afrontarse en las actuales condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que suscitaron la declaración de emergencia en materiapenitenciaria. Este contexto en que el riesgo al contagio se ve aumentado obliga a tomar medidas de emergencia y torna aún más urgente la necesidad de reducir la población privada de libertad” y recomienda la promoción de medidas alternativas a la prisión para el grupo de riesgo, así como también exige “condiciones de limpieza y salubridad en los sectores que actualmente se encuentren alojadas las personas incluidas en los grupos de riesgo” (“Recomendación para la adopción de medidas específicas de actuación en la totalidad de los establecimientos penitenciarios federales ante la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (DECNU-2020-297-APNPTE)”, cons. 19, 20, 21 y 22, del 27 de marzo de 2020).”

“(…) la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo en este contexto que “(…) las especiales circunstancias que atraviesa la República reclaman ingentes esfuerzos por pate de toda la ciudadanía, pero en particular de los poderes del Estado, en pos de la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad”; que “Bajo esas previsiones, la detención domiciliaria constituye la solución aceptable para los casos en que el encierro carcelario implica una afectación que trasciende a la persona privada de libertad (…); por último, que “(…) resulta imperioso resaltar cuántas veces se advirtió sobre la crisis del hacinamiento y las deficientes condiciones prisionales, en el anticipo de una letalidad propia de una auténtica necropolítica carcelaria” (Del voto del juez Slokar en la causa CPF14833/2018/TO1/6/CFC1 “Ramírez, Sofía s/recurso de casación”, resuelta el 27 de marzo de 2020, y sus citas).”

“(…) las personas privadas de la libertad conforman un grupo de riesgo diferenciado, en atención no sólo a las patologías que padecen habitualmente, sino también por el modo en el que transcurre la vida en los centros de detención, que de por sí propiciará la transmisión de la enfermedad.”

“Ha aparecido un nuevo motivo, que elevó el riesgo en la salud de los presos -el COVID-19- , principalmente de aquéllos que padecen las patologías enumeradas en la normativa dispuesta por el Ministerio de Salud en consonancia con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que debe indudablemente jugar frente al otorgamiento de la medida de morigeración para los casos en los que resulte posible.”

“(…) a los fines de otorgar la morigeración en la modalidad de cumplimiento de la pena de prisión no sólo se tendrá en cuenta la alegada cuestión de salud, sino que se dará prioridad a los casos en los que los condenados hayan cometido delitos leves o de menor trascendencia, se encuentren cumpliendo penas de corta duración o se encuentren próximos a acceder a un régimen de libertad anticipada, con exclusión de los delitos contra la vida y la integridad sexual; mientras que se deberán adoptar cuidados especiales y el aislamiento adecuado, para preservar la salud de aquéllos que queden indefectiblemente alojados en las unidades carcelarias.”

“(…) considero posible otorgar prisiones domiciliarias a quienes cumplan con ciertos requisitos mínimos, que se analizarán caso por caso, mientras que se ordenará se extremen los cuidados y medidas preventivas –que serán estrictamente controladas por esta judicatura-, de quienes deban permanecer indefectiblemente alojados en los establecimientos carcelarios.”

“(…) el causante padece HIV, enfermedad que se encuentra entre las enumeradas especialmente como de riesgo ante la posibilidad de contraer COVID-19, según indican la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Según el informe médico emitido por el Servicio Penitenciario Federal, su lugar de alojamiento se encuentra ocupado al 117,61 % de su capacidad (Informe del Servicio Penitenciario Federal del 25 de marzo ppdo. …). Cuenta con una red social que lo puede contener y asistir, lo recibe y podrá ocuparse de la provisión de medicación en caso que así se requiera. Además, el causante ha superado el cumplimiento de las dos terceras partes de su condena, encontrándose el término para acceder a la libertad condicional y se halla avanzado en el régimen progresivo.”

“(…) en las particulares circunstancias que reviste el caso- se encontrará en menor situación de riesgo en su domicilio, pues cumpliendo con las indicaciones de higiene y aislamiento social preventivo, se restringirá el contacto social en relación al que mantiene en el contexto carcelario. Dependerá de su propia responsabilidad y autocuidado cumplir las pautas de conducta diseñadas para su caso, enfocadas en su salud.”

“(…) estas argumentaciones se enmarcan dentro de la legalidad y razonabilidad, la pretensión de la defensa cuenta con base legal suficiente, circunstancia por la cual se impone resolver esta incidencia de manera positiva, hasta tanto transcurra esta pandemia. En ese sentido, se estima que eventualmente podrá retomarse esta incidencia a los efectos de realizar una nueva evaluación en los términos del artículo 32 inciso “a” de la Ley N° N° 24.660, bajo los extremos exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de considerar la continuidad de la medida.”

Fuente: elDial.com – AABB95