SERVICIO DE APOYO A LA JURISDICCIÓN

Compilación normativa JURISTECA

Selección, edición y sistematización de leyes de aplicación para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cuarta actualización del Digesto Jurídico CABA

Antecedentes de la Ley Nº 2.303

Todos los artículos de este texto provienen del Texto Consolidado al 28/02/2022 por Ley Nº 6.588 de fecha 12/12/2022.
La numeración de los artículos de la presente corresponde a la del Texto Consolidado por Ley N° 6.588.
En esta ley se ha producido el corrimiento de la numeración del articulado a raíz de la incorporación de 1 artículo por Ley Nº 6.452 a partir del artículo 83.

*Actualización JURISTECA

No hay modificaciones a la fecha.

LEY N° 2.303*

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 

LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES


TÍTULO I
EJERCICIO DE LA ACCIÓN


CAPÍTULO 1
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY

 

Art. 1°- Interpretación
Este Código deberá interpretarse como un reglamento de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Argentina y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente.

Art. 2° – Duda a favor del imputado. Carga de la prueba. Inocencia.
En caso de duda sobre cómo ocurrieron los hechos investigados deberá estarse a lo que sea más favorable al/la imputado/a. En todos los casos incumbirá a la acusación probar la culpabilidad del/la imputado/a.
Toda persona imputada es inocente hasta que se establezca legalmente su culpabilidad.

Art. 3°- Principios del proceso
En el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes, buena fe, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.
Todas las controversias planteadas por las partes se resolverán en audiencia, salvo que esté expresamente previsto de otro modo. Todas las audiencias deben ser públicas, menos las exceptuadas expresamente en este Código.
Las partes presentarán las pruebas producidas por su cuenta y que estimen pertinentes en las audiencias convocadas al efecto, cuya admisibilidad quedará sujeta al respeto de las formalidades exigidas por el código. Podrán requerir el auxilio jurisdiccional cuando fuere necesario o pertinente para su producción.
Los pedidos de las partes que no deban resolverse en audiencia son formulados por escrito fundamentado y bajo declaración jurada de la existencia de las pruebas o evidencias en que se sustente la solicitud. Sin perjuicio de ello, el/la juez/a podrá solicitar las explicaciones que considere pertinentes al requirente sobre el alcance de las pruebas invocadas, las que se brindarán en audiencia unipersonal, dejándose constancia en acta de lo manifestado.

 

CAPÍTULO 2
PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

 

Art. 4° – Ejercicio de la acción
Las acciones penales públicas se iniciarán de oficio, por denuncia o querella.
Cuando se trate de delitos dependientes de instancia privada, se iniciarán por instancia del/la ofendido/a o su representante legal, excepto cuando las excepciones legales admitan la promoción de oficio.
La acción por delitos de acción privada será ejercida por el ofendido o su representante legal. En caso de mandato se acompañará poder especial para el acto, bajo consecuencia de inadmisibilidad de la denuncia o querella.

Art. 5° – Ejercicio de la acción por el Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción pública y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. La promoverá de oficio, siempre que no dependa de instancia privada.
Nadie podrá ser perseguido ni encausado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la forma de participación atribuidos.

Art. 6° – Objetividad
En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país y la ley.
Investigará las circunstancias que permitan comprobar la acusación y las que sirvan para eximir de responsabilidad al/la imputado/a y formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio de objetividad.

Art. 7° – Excusación y recusación de los/las magistrados/as del Ministerio Público
Los/as magistrados/as del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los/as Jueces/zas, con excepción de las causales fundadas en prejuzgamiento. La excusación será resuelta en la forma que establezca la reglamentación pertinente.
La recusación será resuelta en audiencia por el/la Juez/a competente para entender en la causa.

Art. 8° – Control de la competencia
En cualquier estado del proceso el/la Fiscal que lo considere pertinente planteará ante el Tribunal que corresponda la declinatoria de competencia por razón del territorio o por razón de la materia.

Art. 9° – Trámite
La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

Art. 10 – Continuación de la investigación preparatoria
Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que será continuada por el/la Fiscal que primero conoció en la causa.
Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, continuará la investigación preparatoria el que planteó la cuestión.
Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.

 

CAPÍTULO 3
EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR EL PARTICULAR DAMNIFICADO – QUERELLA

 

Art. 11 – Querella
Se entiende por víctima a toda persona directamente afectada por un delito. Podrá ejercer la acción penal como querellante hasta su total finalización y una vez constituida será tenida como parte para todos los actos esenciales del proceso.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, o si se encontrare materialmente impedido para ejercer sus derechos, podrán querellar el cónyuge supérstite o conviviente supérstite, sus ascendientes, sus descendientes, sus hermanos o representante legal.
La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus responsabilidades.
Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso como terceros coadyuvantes.
En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales previstas en este Código.

Art. 12 – Legitimación. Oportunidad
Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito, personalmente o con mandatario especial, con patrocinio letrado, ante el/la Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado el requerimiento de juicio por el/la Fiscal.
Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar al autor en lo posible, los datos del damnificado y demás informaciones de interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado, bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se pretende querellar.
Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.
Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.

Art. 13 – Acción Civil
El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a.

Art. 14 – Término
La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no procederá el ejercicio conjunto con la penal.

Art. 15 – Abandono de la acción
El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.
La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:

  1. A prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba para cuya práctica sea necesaria su presencia; y
  2. A la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.

En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible. El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.
El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este Código.

Art. 16 – Pluralidad de actores
Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho, o los querellantes ya constituidos fueren varios y hubiere identidad de intereses entre ellos, el Tribunal a pedido de la fiscalía o de la defensa, los intimará a unificar personería. Si dentro del quinto día de notificados de la intimación no se pusieren de acuerdo, el/la Juez/a oirá en audiencia a los querellantes y a quienes pretendan serlo, con citación de la fiscalía y la defensa, y su decisión sobre la cuestión será recurrible.

 

TÍTULO II
EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN


CAPÍTULO 1
COMPETENCIA

 

Art. 17 – Competencia
Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo al que se hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos pertinentes.
Los/as Jueces/zas en lo Penal, Contravencional y de Faltas son competentes para el dictado de las medidas previstas en el artículos 26, incisos a) y b) de la Ley 26485.

Art. 18 – Declaración de oficio
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanta sea advertida.

Art. 19 – Órgano que resuelve el conflicto de competencia
Si dos (2) jueces/zas se declararan simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de Apelaciones.

Art. 20 – Conexidad. Unificación de casos
Los casos serán conexos en los supuestos de concurso real o ideal de delitos.
Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en casos conexos, se unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.
En caso de unificación, las investigaciones se tramitarán separadas.

Art. 21 – Unificación de juicio
No procederá la acumulación material de casos para juicio cuando ello determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el mismo Tribunal.

 

CAPÍTULO 2
RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN DE LOS/AS JUECES/ZAS

 

Art. 22 – Excusación. Causas
Son causas legales de excusación:

  1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguno de los interesados.
  2. Tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados.
  3. Tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados.
  4. Ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con excepción de los bancos oficiales.
  5. Ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con anterioridad a la iniciación del pleito.
  6. Haber sido el/la Juez/a defensor de alguno de los interesados, emitido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
  7. Haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los interesados.
  8. Tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.
  9. Tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer en el asunto.
  10. Ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados.
  11. Tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1º interés en el proceso.
  12. Haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria, pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro del Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere actuado profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes involucradas.
  13. Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente expresadas y justificadas.

Art. 23 – Interesados
A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a civilmente responsable, o sus letrados/as.

Art. 24 – Trámite de la excusación
El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.
Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud los/las restantes miembros del Tribunal.
Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que corresponda.

Art. 25 – Recusación
La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se ofrecerá la prueba. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes oportunidades:

  1. Durante la investigación preparatoria, antes de su clausura.
  2. En el juicio, durante el término de citación.
  3. Cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal sobreviniente o, de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.

Art. 26 -Trámite de la recusación
Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.
La Cámara de Apelaciones resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
De considerarlo necesario, podrá citar a una audiencia a las partes, la que se celebrará con las que concurran, luego de lo cual resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta decisión no se admitirá recurso alguno.

Art. 27 – Rechazo
Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos, siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.

Art. 28 – Prohibición de actuación
Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas.

 

TÍTULO III
SUJETOS PASIVOS DEL PROCESO


CAPÍTULO 1
DERECHOS DEL/LA IMPUTADO/A

 

Art. 29 – Derecho de defensa
A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:

  1. Conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.
  2. Guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad.
  3. Designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere este derecho, se dejara constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido.
  4. Proponer para ser asistido por un defensor técnico público o privado designado por sí o por persona de su confianza, desde el primer acto del procedimiento judicial, con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en forma previa a la realización del acto de que se trate, en los términos del artículo 30.
  5. Presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24) horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la presencia de su defensor.
  6. No ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad.
  7. Que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar el/la juez/a o el/la fiscal; y
  8. Acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.

En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de información de los derechos establecidos en este artículo.

Art. 30 – Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación
El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.
Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea asistido/a por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.
El/la Fiscal al momento de notificarlo/a del decreto de determinación de los hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a defensor/a oficial.
El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este artículo.
Cuando intervengan dos (2) o más defensores/as de una persona, la notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.

Art. 31 – Examen del caso. Aceptación del cargo
El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al propuesto o designe otro.

Art. 32 – Abandono de la defensa
Si el/la defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de inmediato por el/la defensor/a oficial, hasta que el/la imputado/a decida a ese respecto.
Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.

Art. 33 – Incumplimiento
El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

 

CAPÍTULO 2
CAPACIDAD DEL/LA IMPUTADO/A

 

Art. 34 – Ebrios e intoxicados
Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad pertinentes.

Art. 35 – Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso
El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.
Sin embargo no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el/ la Juez/a, previo examen pericial, quien podrá disponer las medidas de resguardo que estime pertinentes en caso de riesgo físico para el imputado o terceros, sin perjuicio de dar intervención al juzgado civil que corresponda.
Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.
Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez la sostenga la defensa.

Art. 36 – Revisación física y psíquica
Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio de la posterior realización de peritajes al respecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del/la imputado/a por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la pesquisa.

 

CAPÍTULO 3
DEMANDADO CIVIL – TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

 

Art. 37 – Traslado
Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por cinco (5) días, prorrogables por otros tres (3), para contestarla por escrito ante el tribunal.
En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia sin recurso alguno.
Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como parte.

 

TÍTULO IV
DERECHOS DE LA VÍCTIMA Y TESTIGOS

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 38 – Derechos de la víctima y testigos
Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes derechos:

  • a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.
  • b) A la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a declarar en el proceso.
  • c) A requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares hasta segundo grado por consanguinidad y afinidad y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes, quienes podrán disponer la utilización de medios tecnológicos adecuados para controlar y garantizar la efectividad de las medidas de protección dispuestas.
  • d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado.
  • e) A cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.
  • f) A ser informado/a sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento.


Art. 39 – Patrocinio jurídico
El Estado garantiza a la Victima el derecho a recibir el patrocinio jurídico necesario para ejercer sus derechos y, en caso de que lo requiera, para querellar, conforme a la reglamentación que establezca la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la reemplace.
El patrocinio jurídico será gratuito cuando se tratare de un delito contra la vida, la libertad o la integridad sexual, o tuviere por resultado la muerte del ofendido. Si se tratare de cualquier otro delito, el patrocinio jurídico será gratuito cuando la víctima, por sus circunstancias personales de carencia de recursos, se encontrare imposibilitada de solventarlo.

Art. 40 – Derechos de la víctima en particular
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38, la víctima tendrá derecho:

  • a) A ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias.
  • b) A ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del/la imputado/a.
  • c) A aportar información durante la investigación.
  • d) A ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz, durante los actos procesales en los cuales intervenga, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.
  • e) A ser informado/a de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya intervenido en él.
  • f) A requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos por este Código y a ser notificado/a de las resoluciones que pueda requerir su revisión.
  • g) A que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta.
  • h) A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación.
  • i) A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes.
  • j) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente.
  • k) A ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada.
  • l) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia.

La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento.

Art. 41 – Situaciones de vulnerabilidad
Cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada.
Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos:

  • a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de setenta (70) años, o se tratare de una persona con discapacidad;
  • b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.

Art. 42 – Medidas
Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las molestias que produzca la tramitación del proceso, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.
A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas:

  • a) La víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada a tal fin;
  • b) En el acto en que la víctima participe, podrá disponerse el acompañamiento de un profesional letrado;
  • c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado o del público.

Art. 43 – Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:

  • a) Salidas transitorias;
  • b) Régimen de semilibertad;
  • c) Libertad condicional;
  • d) Prisión domiciliaria;
  • e) Prisión discontinua o semidetención;
  • f) Libertad asistida;

El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.

Art. 44 – Información
Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera citación formal de la víctima o del testigo.

 

TÍTULO V
ACTOS PROCESALES


CAPÍTULO 1
REGLAS GENERALES

 

Art. 45 – Idioma
En los actos procesales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.
Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.

Art. 46 – Días hábiles
Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.
Los actos procesales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.
Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.

Art. 47 – Concentración de actos procesales
Durante la investigación preparatoria los planteos de nulidades y excepciones serán tratados y resueltos en la primera audiencia de medida cautelar. Los formulados con posterioridad serán resueltos en la audiencia prevista en el artículo 223.

 

CAPÍTULO 2
DECISIONES JURISDICCIONALES

 

Art. 48 – Resoluciones. Motivación
Las decisiones de los/las Jueces/zas se expresarán mediante:

  • 1. Sentencia, para poner término al proceso, después de su integral tramitación.
  • 2. Auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.
  • 3. Decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.

Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos (2) primeros motivados, bajo consecuencia de nulidad.
Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la Secretario/a.

Art. 49 – Términos para los actos jurisdiccionales
El/la Juez/a dictará los decretos el día en que las actuaciones sean puestos a despacho los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.
Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro término.

Art. 50 – Regla general. Plazo
Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el acto a todas las partes convocadas.

Art. 51 – Corrección de errores materiales
El Tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.
Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.
El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan hasta que se resuelva.

Art. 52 – Pronto despacho
Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior, con el mismo trámite.

 

CAPÍTULO 3
EXHORTOS, MANDAMIENTOS Y VISTAS

 

Art. 53 – Reglas generales
Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las leyes convenio con la Nación y las provincias.

Art. 54 – Cooperación de autoridades administrativas
Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de recibido el pedido del Ministerio Público o del/la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.

Art. 55 – Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras
Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal General.

 

CAPÍTULO 4
ACTAS Y OTRAS FORMAS DE DOCUMENTACIÓN

Art. 56 – Regla general
Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él/ella o cumplidos en su presencia, labrará un acta o lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo.
A tal efecto, los/as funcionarios/as de policía o fuerzas de seguridad serán asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana crítica.
La función de testigo del acto de documentación es carga pública.

Art. 57 – Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación
Las actas escritas deberán contener:

  1. Lugar, fecha y hora en que se labre.
  2. El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir.
  3. La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado.
  4. Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del/la funcionario/a interviniente.
  5. La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de su confianza, lo que se hace constar.

Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita.
Queda prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.

Art. 58 – Acto defectuoso
La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.

Art. 59 – Testigos de actuación
No podrán ser testigos, de actuación los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de inconsciencia.

 

CAPÍTULO 5
NOTIFICACIONES, CITACIONES, EMPLAZAMIENTOS Y PRÉSTAMOS

 

Art. 60 – Notificaciones, citaciones y emplazamientos
Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:

  1. El nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación del carácter de éste,
  2. La designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en el caso.
  3. El delito que motiva el proceso, 4. La transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica.
  4. La fecha en que se expide y la firma material o digital del/la Secretario/a.

Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.

Art. 61 – Personas habilitadas
Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad correspondiente o por el medio electrónico constituido u oficial.

Art. 62 – Domicilio legal
Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de correo electrónico u otro medio de similar eficacia.

Art. 63 – Lugar del acto
Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por el medio electrónico oficial o por diligencia en sus respectivas oficinas; las otras partes, en el medio electrónico informado o en la Secretaria de la Fiscalía o del Tribunal o en el domicilio legal. Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.

Art. 64 – Notificación personal
Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho del/la Fiscal o de/la Defensor/a Público/a se dejará constancia escrita, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el notificado quien podrá obtener copia de la resolución.
Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina o se filmará la diligencia y se reservará el archivo pertinente.

Art. 65 – Entrega de copia
La notificación se efectuará entregando, una copia de la resolución, de lo que se dejará constancia.
La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.
En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los derechos de impugnación.

Art. 66 – Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a
Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará a las actuaciones con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.

Art. 67 – Entrega de la cédula a personas distintas
Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar, deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia de dos (2) testigos que firmarán el original.

Art. 68 – Notificación por medios electrónicos
Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las actuaciones una copia de la constancia electrónica.

Art. 69 – Notificación por edictos
Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo.
Los edictos deberán contener, según el caso:

  1. La designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en el caso.
  2. El nombre y apellido del destinatario de la notificación.
  3. El delito que motiva el proceso.
  4. La transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica.
  5. En su caso, el término dentro del cual debe presentarse el/la citado/a.
  6. La fecha en que se expide el edicto y la firma del/la Secretario/a.

Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las actuaciones o se registrará la referencia en el sistema de gestión electrónico.

Art. 70 – Nulidad de la notificación
Será nula la notificación que se hiciera en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la interesado/a cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.
Cuando de las constancias reunidas resulte que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.

Art. 71 – Apercibimiento
Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere.

Art. 72 – Vistas
Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán comunicadas del mismo modo que las notificaciones Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo, las actuaciones sobre las que se ordenen o sus copias.
El secretario/a o empleado/a autorizada/a dejará constancia de la fecha del acto.
Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3) días.

Art. 73 – Falta de devolución de las actuaciones
Cuando se hubieran entregado, por cualquier motivo, actuaciones materiales, vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del/la Fiscal que la otorgara, librará orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública.
Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido, se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que corresponda.

 

CAPÍTULO 6
PLAZOS

 

Art. 74 – Reglas Generales
Los actos procesales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada caso.
Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última que se practique.

Art. 75 – Cómputo
En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se habiliten.
Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.

Art. 76 – Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación
Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.
La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o consentir expresamente su abreviación.

 

CAPÍTULO 7
NULIDADES PROCESALES

 

Art. 77 – Regla general
La validez de los actos procesales sólo se podrá cuestionar cuando se pretendiera su utilización por las partes.
Serán declarados nulos los actos procesales sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de nulidad.
Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de garantías constitucionales.

Art. 78 – Nulidad de orden general
Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones concernientes a:

  1. La competencia del Tribunal o del/la magistrado/a del Ministerio Público Fiscal interviniente.
  2. La intervención del/la Juez/a o del/la magistrado/a del Ministerio Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea obligatoria.
  3. La intervención, asistencia y representación del/la imputado/a, en los casos y formas que la ley establece.

Art. 79 – Declaración de nulidades
El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.
Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.

Art. 80 – Legitimación. Control del procedimiento          
Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones violadas.
El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos procesales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.

Art. 81 – Efectos
La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.
Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que resulten nulos por conexión con el acto anulado.
El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.

Art. 82 – Consecuencias
Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.

 

CAPÍTULO 8
AUDIENCIAS

 Corrimiento de numeración según Ley Nº 6.588

Art. 83 – Reglas generales

Las audiencias previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas.
Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los intervinientes. Son virtuales las audiencias que se desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los intervinientes participen a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Son mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores.
El Tribunal determinará en su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la modalidad presencial, virtual o mixta.

 

 

LIBRO II
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA


TÍTULO I
INICIO DE LAS ACTUACIONES


CAPÍTULO 1
INICIO

Art. 84 – Modos de iniciación
La investigación preparatoria se iniciará:

  1. Por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo de la presunta comisión de un delito de acción pública dentro del ámbito de su competencia.
  2. Por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación de prevención que lo justifique.
  3. Como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia.
  4. Como consecuencia de una denuncia o querella.

Art. 85 – Flagrancia
Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.
Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.

 

CAPÍTULO 2
DENUNCIA

 

Art. 86 – Formulación de la denuncia
Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su representante o los organismos autorizados por la ley.
La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.
El simple denunciante no será parte en el proceso.

Art. 87 – Obstáculos para denunciar
Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, conviviente. ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o incapaz de valerse por sí misma.

Art. 88 – Obligación de denunciar
Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Art. 89 – Modos de formular la denuncia
La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el presentante a título personal.
El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará un acta.

Art. 90 – Contenido de la denuncia
La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados, testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la determinación de su calificación legal.

Art. 91 – Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios Públicos
El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar las actuaciones urgentes que correspondan.

Art. 92 – Consecuencia inmediata de la denuncia
Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo, planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de determinación de los hechos.

 

CAPÍTULO 3
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN. ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

 

Art. 93 – Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes
Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando lleguen a su conocimiento; hechos delictivos en forma directa, por denuncia o por orden de autoridad competente.
Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:

  1. Impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores.
  2. Individualizar a los culpables.
  3. Reunir las pruebas para dar base a la acusación.

Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de flagrancia.

Art. 94 – Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal
Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la vía pública, además de los requisitos previstos en los artículos 56 y 57, las actas de prevención deberán contener en lo posible:

  1. La identificación del/la imputado/a.
  2. La descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación.
  3. Los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las diligencias practicadas y toda otra prueba del hecho.

Las actas deberán ser remitidas de inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos/as, se hubieran adoptado otras medidas precautorias o cuando éste lo indique.

Art. 95 – Deberes específicos
Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los siguientes deberes:

  1. Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique.
  2. En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan. De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.
  3. Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
  4. Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo efecto de orientar las pesquisas.
  5. Aprehender a los presuntos/as autores/as en los casos y formas que este Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.
  6. Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con inmediata noticia al/la Fiscal competente.
  7. Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.
  8. Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.

Art. 96 – Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a
La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la imputado/a.
Solo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.
El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave incumplimiento.
En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar, el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga, deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste/a no pudiera recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro/a Fiscal que al efecto puede ser requerido/a.

Art. 97 – Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados
Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes, podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrá autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente incautados, a los fines periciales.

 

TÍTULO II
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA


CAPÍTULO 1
FINALIDAD Y OBJETO

 

Art. 98 – Objeto de la investigación preparatoria
El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.
A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:

  1. Comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad.
  2. Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen o influyan en la punibilidad.
  3. Individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores.
  4. Propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos legalmente previstos.

Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya incorporación al debate sea admitida.

 

CAPÍTULO 2
DETERMINACIÓN DEL OBJETO Y ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

 

Art. 99 – Decreto de determinación de hechos
Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 84 y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá contener:

  1. La relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación provisoria.
  2. Las condiciones personales de los/las imputados/as y, en su caso, de la víctima que fueran conocidas.

Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados, o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos en este artículo.
La investigación preparatoria se limitará a los hechos referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.

Art. 100 – Actos de investigación
A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles, practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones.
Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos, requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia.

Art. 101 – Actuaciones. Delegación
La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.
Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.
Estos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.
El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la intimación al/la imputado/a de los hechos investigados.

Art. 102 – Uso de la fuerza pública
En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.
El Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en función judicial.

 

CAPÍTULO 3
INTERVENCIÓN DE LAS OTRAS PARTES

 

Art. 103 – Intervención de la defensa y la querella
El/la defensor/a del/la imputado/a y el/la querellante, sus respectivos/as letrados/as y/o mandatarios/as tendrán derecho a participar de todos los actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá restringir el acceso de los/as letrados/as de la defensa en los actos en que deban participar personalmente los/as imputados/as.
Las partes deberán ser notificadas únicamente de los actos en los que ello esté expresamente previsto.

Art. 104 – Proposición de diligencias
La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la Fiscal practicara las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan producirse en el debate.

 

CAPÍTULO 4
ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCIBLES

 

Art. 105 – Actos definitivos e irreproducibles. Notificación
Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros domiciliarios, deberá citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a estuviese identificado/a. La incomparecencia de las partes debidamente notificadas no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos.
Sólo en casos de suma urgencia se podrá proceder sin notificación o antes del término fijado, dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para estos casos, se deberá intentar la comparecencia del/la defensor/a oficial si no estuviese el/la defensor/a particular. Si la presencia de aquél fuera imposible, deberá dejarse constancia de los motivos que la impidieron.
A pedido de la defensa, el/la Juez/a podrá establecer las condiciones de realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción.

Art. 106 – Violación de recaudos
Los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia, carecerán de valor probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto.

Art. 107 – Actuación en actos definitivos e irreproducibles
En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los testigos con autorización del/la Fiscal o del/la Juez/a, según el caso.

 

CAPÍTULO 5
PUBLICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

 

Art. 108 – Legajo de investigación
El fiscal formará un legajo de investigación, con el fin de preparar su requerimiento. Se incorporarán al legajo de actuación:

  1. Las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.
  2. Las diligencias probatorias que el/la Fiscal considere necesario incluir para promover decisiones jurisdiccionales.
  3. Las actas de la prevención y los informes de los auxiliares del/la Fiscal.
  4. Los actos que le correspondan al/la Juez/a.
  5. Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.

Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a de la fiscalía deberá compilar ordenadamente.

Art. 109 – Carácter de las actuaciones. Secreto
El legajo de investigación será público para las partes y sus defensores/as y/o letrados/as o quienes tengan interés legítimo a partir de la intimación del hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la instrucción serán públicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de parte, disponga que sean reservadas por motivos de seguridad, para garantizar derechos de las partes o el resultado de la investigación.
El Fiscal por resolución motivada podrá disponer la reserva parcial de las actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podrá superar los diez (10) días.
No obstante, podrá decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otros/as imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitará al tiempo indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado, que no podrá exceder de diez (10) días.
El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputado/a y su defensor/a conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele los hechos imputados.

Art. 110 – Control del/la Juez/a
Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podrá plantear su oposición al/la Juez/a, quien deberá oír de inmediato al/la Fiscal y resolver sin más trámite. La resolución será irrecurrible.

Art. 111 – Duración
A los fines de computar el plazo de duración de la investigación preparatoria debe observarse lo siguiente:

  1. Cuando el posible autor estuviere individualizado, el plazo para la intimación del hecho no podrá exceder los noventa (90) días, prorrogables por el mismo término por el/la Juez/a a pedido del/la Fiscal en entrevista personal. También podrá solicitar al Juez en entrevista personal continuar la investigación previo a la intimación del hecho, sin comunicación al imputado, cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza o dificultad de las diligencias probatorias pendientes permitieren presumir que la falta de comunicación resulta indispensable para su éxito.
  2. La investigación preparatoria deberá concluir dentro del término de noventa (90) días a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a.
    Si ese término resultare insuficiente, el/la Fiscal deberá solicitar prorroga a el/la Fiscal de Cámara, quien podrá acordarla hasta noventa (90) días más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.
    Cuando las dificultades en la investigación lo justifiquen, el/la Fiscal podrá solicitar prórrogas al/la Juez/a, quien, luego de escuchar en entrevista personal los motivos que fundamentan el pedido, fijará el término razonable de finalización de la investigación preparatoria, dejando constancia en acta. En este supuesto, el imputado podrá recurrir las prórrogas dispuestas por el/la Juez/a.
    Si hubiera más de un/a (1) imputado/a el término correrá independientemente para cada uno de ellos.
    El plazo de la investigación preparatoria no podrá exceder de dos (2) años.-
  3. El plazo de duración de la investigación preparatoria se considera concluido para todos sus efectos con la formulación del requerimiento de juicio en tiempo oportuno, aun cuando posteriormente se declare la invalidez de dicho acto por cualquier causa.
    En este último caso, el Fiscal podrá formular el requerimiento de juicio en el término de cinco (5) días de quedar firme la nulidad.

Art. 112 – Vencimiento del término
Dentro del quinto día de vencido el término previsto en el artículo anterior y sus prórrogas, el/la Fiscal deberá solicitar la remisión a juicio, disponer la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.
Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la Fiscal se hubiera expedido, se archivará la causa respecto del imputado/a por el/la cual hubiera vencido y no podrá ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo hecho.

 

TÍTULO III
PRUEBA


CAPÍTULO 1
REGLAS GENERALES

 

Art. 113 – Amplitud probatoria
Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los principios contemplados en este Código.
No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas.

Art. 114 – Admisibilidad de la prueba
Los elementos de prueba sólo serán admisibles cuando sean obtenidos por un medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código.
Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten manifiestamente sobreabundantes y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.
Las partes podrán acordar que circunstancias determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal o sean cuestiones de interés público, no necesitan ser probadas. Ello constará en acta que podrá incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido firmada por todas ellas y sus defensores.

 

CAPÍTULO 2
REGISTRO DOMICILIARIO Y REQUISA PERSONAL

 

Art. 115 – Causales para el allanamiento
Si hubiera motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del/la imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del/la Fiscal, el Tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del Juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.
A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la Juez/a podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta conforme lo normado por los arts. 56 y 57 de este Código.

Art. 116 – Horario
Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.

Art. 117 – Edificios que no son morada
Lo establecido en el artículo 116 no será aplicable cuando las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.
Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.

Art. 118 – Formas del allanamiento
La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste/a, a sus familiares o cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al/la notificado/a a presenciar el registro.
Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el acta y el registro se llevará a cabo.
Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.
El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere, deberá constar el motivo.
Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad judicial para su incautación, sin perjuicio de adoptarse los recaudos pertinentes para preservarlos.
Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.

Art. 119 – Requisa
Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado deberán dar inmediata noticia al/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá la devolución de los efectos incautados.
En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto al/la Juez/a competente.
En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas, elementos que porten y vehículos.
De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán a disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba obtenida.

Art. 120 – Secuestro y clausura provisional
El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de las garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados en el artículo 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.
En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en la forma prevista para los registros.
El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los elementos citados en el artículo 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas precedentes.
Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.

Art. 121 – Restitución
La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por la clausura, podrá requerir al/la Juez/a que revise la medida. El/la Juez/a convocará a una audiencia con citación del/la Fiscal y resolverá de inmediato. La decisión sólo será susceptible de recurso de reposición, que se substanciará en la audiencia.
Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder se retiraron o a quien acredite su derecho.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea requerido.

 

CAPÍTULO 3
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

 

Art. 122 – Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia
Siempre que lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por el/la imputado/a o destinado a éste/a en cualquier soporte, aún cuando sea bajo nombre supuesto.
Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.

Art. 123 – Apertura y lectura
Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá a su apertura en presencia del Secretario, dejando constancia en acta.
Deberá examinar los objetos y leer por si el contenido de la correspondencia.
Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.
El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del/la Fiscal que lo solicitó.

Art. 124 – Intervención de comunicaciones
Ante pedido fundamentado del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones del/la imputado/a por cualquier medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá carácter excepcional y podrá efectuarse por un plazo hasta cuarenta y cinco (45) días, pudiendo ser renovada por única vez y por idéntico término, expresando por auto, bajo pena de nulidad, los motivos que justifican la extensión del plazo.
Rige para los funcionarios encargados de efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad personal.
En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vinculo de parentesco o secreto profesional.

Art. 125 – Prohibición
No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.

 

CAPÍTULO 4
PRUEBA TESTIMONIAL

 

Art. 126 – Facultad de interrogar
El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

Art. 127 – Entrevista con el testigo
Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la sentencia en caso de avenimiento.
Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en el domicilio del testigo o en otro sitio.
También podrá delegar el interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de seguridad según lo previsto en el artículo 101.
Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.

Art. 128 – Deber de testimoniar. Capacidad
Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus ministros y secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores, ministros y secretarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo precedente decidiera declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y deberán ser contestadas en el menor tiempo posible, bajo juramento de decir verdad y con mención sobre si le comprenden las generales de la ley.

Art. 129 – Facultad de abstención
Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del/la imputado/a:

  • a) Su cónyuge.
  • b) La persona con la cual se encuentra unido/a civilmente.
  • c) Sus ascendientes, descendientes o hermanos/as, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
  • d) Sus tutores/as, curadores/as y pupilos/as.

Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará constancia.

Art. 130 – Deber de abstención
Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión los ministros de un culto admitido; los/as abogados/as, procuradores/as y escribanos/as; los/as médicos/as y demás auxiliares del arte de curar; los/as militares y funcionarios/as públicos/as sobre secretos de Estado.
Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos/as y demás profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un delito hubiera recurrido a sus servicios a fin de preservar su integridad física o la del/la ofendido/a.
Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el/la interesado/a.
Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho no comprendido en el secreto profesional, el/la Fiscal procederá sin más a interrogarlo.
Las pruebas obtenidas en violación a los recaudos precedentes carecerán de valor probatorio y no podrán usarse en la causa para ningún efecto.

Art. 131 – Personas sordas o mudas
Para recibir juramento e interrogar a una persona sorda o hipo acusica bilateral profunda se le deberá nombrar un perito intérprete oficial. Si se tratara de una persona muda se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito.

Art. 132 – Examen en el domicilio
Las personas que no puedan concurrir ante el/la Fiscal por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o internación.

Art 133 – Declaración por exhorto
Cuando el testigo resida a más de cien (100) kilómetros de la Ciudad de Buenos Aíres, para la recepción de declaración formal se deberá requerir al/la Juez/a que arbitre los medios necesarios para que se la obtenga por exhorto a la autoridad judicial de su residencia, o se podrá utilizar un sistema de videoconferencias para escuchar al testigo, salvo que el/la Fiscal considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio. En este caso se fijará prudencialmente el reembolso de los gastos ocasionados al citado.

Art. 134 – Detención. Declaración
El/la Fiscal podrá ordenar la detención de un testigo cuando haya temor fundado de que se oculte, fugue o ausente, con inmediata noticia al/la Juez/a. Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca podrá exceder de veinticuatro (24) horas. Si el testigo mantuviera su negativa a declarar vencido ese término, se formulará la pertinente denuncia penal y se lo pondrá a disposición de la autoridad judicial competente.

Art. 135 – Declaración. Formalidades
Al comenzar el interrogatorio, aún en los informales, el testigo deberá ser instruido acerca de las penas por el delito de falso testimonio y prestar juramento o promesa de decir verdad, con excepción de los menores inimputables y de las personas imputadas de un hecho conexo.
El/la Fiscal o el auxiliar delegado interrogarán separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de su declaración.
Después de ello lo interrogará sobre el hecho.
Si se temiera por su integridad física o de otra persona, se podrá indicar su domicilio en forma reservada, pero no podrá ocultarse su identidad salvo en los casos en que esté incluido en un programa de protección de testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse hasta el juicio.
Para cada declaración formal se deberá labrar un acta o dejar constancia de lo sustancial en el acta de la audiencia oral, según el caso.

 

CAPÍTULO 5
PRUEBA PERICIAL

 

Art. 136 – Oportunidad
El/la Fiscal ordenará informes periciales durante la investigación preparatoria cuando los considere necesarios para fundar sus peticiones.

Art. 137 – Designación. Intervención de las partes
El/la Fiscal, según el procedimiento que determine la reglamentación, designará de oficio a un (1) perito, salvo que considere indispensable que sean más.
Notificará esta resolución a las partes antes de que se inicien las operaciones periciales, informándoles de su facultad de designar peritos de parte, dentro de los tres (3) días, a su costa, para que participen de los análisis periciales o examinen sus conclusiones y propongan puntos de pericia.

Art. 138 – Obligatoriedad del cargo
El/la designado/a como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvó que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del/la Fiscal, al ser notificado de la designación.
Si no acudiera a la citación o no presentará el informe a debido tiempo, sin causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos.
Los peritos no oficiales deberán aceptar el cargo bajo juramento.

Art. 139 – Directivas
El/la Fiscal dirigirá el peritaje, formulará concretamente las cuestiones a dilucidar, fijará el plazo en el que habrá de expedirse el perito y si lo juzgare conveniente asistirá a las operaciones. Los peritos procurarán practicar juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a él y solicitar las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.
El/la Fiscal podrá autorizar a los peritos a examinar las actuaciones o a asistir a determinados actos procesales.

Art. 140 – Conservación de la materia a peritar
Tanto el/la Fiscal como los peritos deberán procurar que las cosas a examinar sean conservadas, de modo que el peritaje pueda repetirse.
Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiera discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar al/la Fiscal antes de proceder.

Art. 141 – Contenido del dictamen pericial
El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o constar en acta y comprenderá:

  1. La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones en que hubieren sido hallados.
  2. Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados.
  3. Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica.
  4. Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones.
  5. Firma.

Cuando por sus características el peritaje fuera irreproducible, su desarrollo deberá ser grabado o filmado.

Art. 142 – Cuerpo de escritura
El/la Fiscal podrá solicitar que el/la imputado/a o un/a testigo forme cuerpo de la escritura. La solicitud al/a imputado/a deberá hacerse en presencia de la defensa, bajo constancia en acta. De la negativa del/la imputado/a se dejará constancia, pero ello no podrá invocarse como presunción en su contra. Los/las testigos tendrán obligación de formar el cuerpo de escritura cuando les sea requerido como parte integrante de su declaración.

Art. 143 – Deber de reserva
El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación.
Cuando la práctica pericial involucrara injerencia en la intimidad de una persona los peritos deberán informarle al/la interesado/a que están limitadas las reglas del secreto profesional. Las manifestaciones del/la imputado/a en el curso del examen médico o psicológico, no podrán ser usadas en su contra y los peritos deberán guardar reserva a su respecto.
El/la Juez/a podrá corregir, de oficio o a pedido de parte, con medidas disciplinarias la negligencia, inconducta o mal desempeño de los peritos y aún sustituirlos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder.

Art. 144 – Honorarios
Los peritos designados por el Ministerio Público Fiscal tendrán derecho a percibir honorarios, a menos que tengan remuneración por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que el peritaje requiera.
El perito nombrado a petición del/la imputado/a y/o de la querella podrá percibir honorarios siempre, directamente de éste o de el/la condenado/a en costas.

 

CAPÍTULO 6
RECONOCIMIENTOS

 

Art. 145 – Procedencia
A pedido del/la Fiscal, el/la Juez/a, ejerciendo el control de legalidad de la forma en que se realice la medida, podrá disponer que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la mencione o aluda efectivamente la conozca o la ha visto. El reconocimiento podrá efectuarse por medios técnicos, testigos o cualquier medio que permita la identificación.
Cuando el/la imputado/a o su defensor/a lo solicitaren, deberá concurrir el/la Juez/a a presenciar el acto.

Art. 146 – Interrogatorio previo
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen.
El/la declarante prestará juramento de decir verdad, salvo que fuera imputado/a en la causa.

Art. 147 – Forma de la diligencia
La diligencia de reconocimiento deberá practicarse inmediatamente después del interrogatorio, poniendo a la vista de quien deba realizarlo a la persona que deba ser identificada o reconocida, junto con otras dos (2) o más de condiciones externas semejantes. La persona a reconocer o identificar podrá elegir colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, conforme el/la fiscal o el/la Juez/a, según el caso, lo estime oportuno, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia, invitándosele a que, en caso afirmativo, la designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la época a la que se refiere su declaración.
La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, inclusive el nombre y el domicilio de los que hubieren participado en la rueda.

Art. 148 – Pluralidad de testigos y/o de sujetos a reconocer
Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pudiendo labrarse una sola acta. Cuando fueran varias las personas a las que una deba identificar o reconocer, podrá hacerse el reconocimiento de todas en un solo acto.

Art. 149 – Reconocimiento por fotografía
Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente, no fuera conocida o no pudiera ser habida, de la que se tuvieran fotografías o pudiera estar en un registro fotográfico, se les presentarán éstas, con otras semejantes de distintas personas, a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se deberá observar lo dispuesto en los artículos 146, 147 y 148. Solamente podrá realizarse el reconocimiento fotográfico de personas conocidas que puedan ser habidas cuando fuera notorio que al momento del reconocimiento ha cambiado su fisonomía, voluntariamente o por el transcurso del tiempo, y se cuenten con fotografías de época más cercana al hecho.

Art. 150 – Reconocimiento de cosas
Antes del reconocimiento de una cosa deberá invitarse a la persona que deba efectuarlo a que la describa.
Los documentos, objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al/la imputado/a, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos.
Cuando se disponga el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.
En lo demás y en cuanto fuere posible regirán las reglas que anteceden.

 

CAPÍTULO 7
CAREO

 

Art. 151 – Oportunidad. Objeto. Juramento
Podrán ordenarse careos en el legajo de investigación, en las audiencias orales y en el debate.
Se podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, o cuando se estime de utilidad para el esclarecimiento de los hechos.
El/la imputado/a podrá también solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse.
Los que vayan a ser careados deberán prestar juramento antes del acto, bajo consecuencia de nulidad, a excepción del/la imputado/a.

Art. 152 – Forma
El careo se realizará entre dos (2) personas. Cuando se realice en el legajo de investigación, al del/la imputado/a no podrán asistir la querella ni sus representantes; excepto que se trate de la persona careada.
Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias y se llamará la atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra; pero no se hará referencia a las impresiones del/la Fiscal acerca de la actitud de los careados.

 

CAPÍTULO 8
MEDIDAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

 

Art. 153 – Implementación de medidas probatorias
Las medidas especiales de investigación serán procedentes únicamente en la investigación sobre la posible comisión de los siguientes delitos: Ley 23 737 y modificatorias, en delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 y 131 del Código Penal, y delitos cuyas penas fueran superiores a tres (3) años de prisión en abstracto y que se justifiquen en la complejidad de la investigación del hecho, solicitará autorización al/la juez/a por auto fundado, bajo pena de nulidad.
Su aplicación deberá regirse sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad, con criterio restrictivo, debiendo ponderar en todo momento la gravedad del delito investigado y su complejidad.
El juez resolverá la petición dejando constancia, en acta reservada, la que deberá contar con la solicitud del fiscal, los fundamentos que esgrime, así como también la decisión adoptada, sus fundamentos y bajo pena de nulidad.
En los casos en que el/la Juez/a acepte la solicitud deberá consignar en el acta la duración de la medida, los límites y condiciones bajo las cuales puede desarrollarse y los plazos de seguimiento y revisión de la medida dispuesta. El fiscal podrá solicitar ampliaciones de la medida y prórrogas a su duración en entrevista personal con el/la Juez/a, quien, luego de escuchar las razones que fundamentan el pedido, resolverá dejando constancia en acta en la forma prevista para la primera solicitud.

Art. 154 – Tipos
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153, en las condiciones allí establecidas, se podrán disponer las siguientes medidas especiales de investigación:

  • a) Agente encubierto: es el funcionario de las fuerzas de seguridad o de investigación judicial que, con autorización judicial, presta su consentimiento y ocultando su identidad o utilizando una falsa se introduce en organizaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, participes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación.
    Dispuesta la actuación por el/la Juez/a, a pedido del Ministerio Público Fiscal, su designación y la instrumentación necesaria para su protección está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace, con noticia al fiscal con quien actuará en relación directa.
  • b) Agente revelador: es el funcionario de las fuerzas de seguridad o de investigación judicial designado a fin de ejecutar el transporte, compra, para sí o para terceros, de dinero, bienes. servicios, armas, o participar de cualquier otra actividad de una organización delictiva, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. El accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a introducirse en organizaciones delictivas.
    Dispuesta la actuación por el el/la Juez/a, a pedido del Ministerio Público Fiscal, su designación y la instrumentación necesaria para su protección está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace, con noticia al fiscal con quien actuará en relación directa.
    El/la Juez/a, a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá establecer qué agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en actividad lleven a cabo las tareas referidas actuando como agentes reveladores, teniendo a su cargo la designación del agente revelador y la instrumentación necesaria para su actuación. El Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace reglamentará las cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica, con noticia al fiscal y con quien actuará en relación directa.
  • c) Informante: es la persona que, bajo reserva de identidad aporta a las fuerzas de seguridad u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación de hechos, pudiendo obtener a cambio un beneficio económico. No podrán ser informantes el personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del estado. El Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace reglamentará las cuestiones atinentes a la forma de contraprestación económica.
  • d) Entrega vigilada: El/la Fiscal, con inmediata noticia al/la Juez/a, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o secuestro de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación.
    También podrá disponer la suspensión de la entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos vinculados al delito, si las diligencias pusieren en peligro la vida, la integridad de las personas o la aprehensión posterior de los partícipes del delito, sin perjuicio de que, si surgiere ese peligro durante las diligencias, los funcionarios públicos intervinientes de la entrega vigilada apliquen las normas de detención establecidas para el caso de flagrancia.

Art. 155 – Reglas de actuación
Ningún integrante de las fuerzas de seguridad o policiales podrá ser obligado a actuar como agente encubierto ni como agente revelador. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto.
El agente encubierto, el agente revelador y el informante serán convocados al juicio únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible. Si la declaración significare un riesgo para su integridad o la de otras personas, o cuando frustrare una Intervención ulterior, se emplearán los recursos técnicos necesarios para impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o su rostro. La declaración prestada en estas condiciones deberá valorarse con especial cautela por el tribunal interviniente.
No se ejercerá la acción penal contra el agente encubierto o el agente revelador que incurriere en un delito como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Cuando el agente encubierto, el agente revelador o el informante hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber confidencialmente su carácter al/la Juez/a interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda. Si el caso correspondiere a las previsiones del presente capitulo, el/la Juez/a lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.

Art. 156 – Registro de las medidas. Duración. Confidencialidad. Destrucción
Las medidas especiales de investigación previstas en el artículo 154 serán registradas mediante cualquier medio técnico idóneo que asegure la valoración de la información obtenida, debiendo resguardarse su inalterabilidad y la cadena de custodia.
Las medidas especiales no podrán exceder de noventa (90) días, prorrogables por idéntico término y por única vez, por auto fundado, bajo pena de nulidad.
Para los funcionarios encargados de efectuar la intervención y el resguardo rige el deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad personal.
El/la juez/a dispondrá por auto fundado a pedido del/la Fiscal, la destrucción ante la presencia de al menos dos testigos del material registrado que no tenga vinculación con la causa.

 

CAPÍTULO 9
OTROS MEDIOS DE PRUEBA

 

Art. 157 – Individualización de personas
Podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) del imputado o de otra persona si ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico si no existiere perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares.
El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para su realización.
Si se estimare conveniente. y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario, la requisa personal o procedimientos inocuos que impliquen la descamación de células o piel.
Asimismo, en el caso de un delito de acción pública en el que se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de la presunta víctima del delito, la medida se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene.
En ningún caso regirá la facultad de abstención prevista en este Código.
Si la persona que ha de ser objeto del examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente orden judicial, exponiéndose al/la Juez/a las razones del rechazo.
El/la Juez/a ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de este artículo justificando su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.

 

TÍTULO IV
SITUACIÓN DEL/LA IMPUTADO/A


CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN Y COMPARECENCIA

 

Art. 158 – Demora de personas
Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigación, el/la Fiscal podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre si antes de interrogarlos y aún ordenar el arresto si fuera indispensable.
Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para escuchar los testimonios, a lo cual se procederá sin tardanza y no podrán durar más de seis (6) horas. Sin embargo, a pedido del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá prorrogar dicho plazo por dos (2) horas más, por auto, si circunstancias extraordinarias así lo exigieran. El pedido podrá formularse por cualquier medio, con la debida constancia, y el contenido del auto que lo conceda o deniegue se podrá adelantar por vía telefónica, fax o por cualquier medio electrónico. Vencido este plazo deberá disponerse el cese de la restricción a la libertad de todos los afectados, salvo que procediera la aprehensión para alguno de ellos.

Art. 159 – Presentación espontánea
La persona que presuma que se ha iniciado una investigación preparatoria en su contra, podrá presentarse ante el/la Fiscal con la finalidad de aclarar su situación. En su caso será notificada del decreto de determinación de los hechos. El descargo se podrá presentar ante el/la Juez/a quien lo remitirá a sus efectos al/la Fiscal.

Art. 160 – Citación del/la imputado/a. Comparendo
El/la Fiscal podrá ordenar la comparecencia del/la imputado/a mediante citación a los fines que corresponda.
Si el/la citado/a no se presentara en el término fijado sin justificación, se ordenará su comparecencia por la fuerza pública al sólo efecto de dar cumplimiento a los actos procesales que justificaron la citación.

Art. 161 – Fueros
Si el/la imputado/a tuviera fueros constitucionales, no se podrá ordenar su detención.
Si el/la imputado/a con fueros constitucionales no compareciera voluntariamente, el/la Fiscal deberá remitir los antecedentes al Juez o Jueza, solicitando se requiera, cuando correspondiera, el desafuero a fin de ordenar su comparecencia por la fuerza pública.

Art. 162 – Orden de comparendo. Efectos
La orden que emita el/la Fiscal deberá ser escrita, contener los datos personales del/la imputado/a u otros que sirvan para identificarlo/a y el hecho que se le atribuye.
En caso de suma urgencia el/la Fiscal podrá impartir la orden verbal, telefónicamente o por medio electrónico de notificación sin perjuicio de dar cumplimiento a los requisitos formales previstos en el párrafo que antecede.

Art. 163 – Extradición
Si el/la imputado/a se encontrara radicado/a o estuviera circunstancialmente en el exterior, se le notificará la citación por exhorto. Si no compareciera sin causa justificada, se requerirá la extradición por exhorto, conforme el procedimiento de las leyes nacionales y tratados celebrados por la Nación.

Art. 164 – Flagrancia. Detención del/la imputado/a
En los casos de flagrancia la autoridad de prevención procederá a la detención de/la imputado/a y consultará sin demora al/la Fiscal, quien deberá ratificarla o hacerla cesar si en principio el hecho fuera atípico. Si éste/a la ratificara, dará aviso al/la Juez/a. procediendo según lo establecido en el artículo 183 y si considerara que debe cesar, el/la imputado/a será puesto en libertad, desde la sede del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de la continuación del proceso.

Art.165 – Reglas sobre la detención
La detención se ejecutará de modo que perjudique en el menor grado posible a la persona y reputación del/la aprehendido/a.
Al momento de la aprehensión, se labrará un acta que será firmada por el/la aprehendido/a en la que se le hará saber:

  • a) La causa de la detención.
  • b) Los cargos que se le formulen.
  • c) El derecho de comunicarse con una persona de su confianza y los otros derechos que le asisten según su situación procesal.
  • d) El lugar donde será conducido.
  • e) El/la Juez/a y el/la Fiscal intervinientes.

Art. 166 – Restricciones a la comunicación
En caso de riesgo para la pesquisa o la detención de otros autores, cómplices o encubridores las autoridades de prevención podrán restringir al/la imputado/a aprehendido/a la comunicación con otras personas, con inmediata noticia al/la Fiscal, quien ratificará o no la medida, sin perjuicio del derecho previsto en el artículo 13 inc. 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.
Cuando el/la Fiscal ratifique la incomunicación, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del/la Juez/a.

Art. 167 – Niños, Niñas y Adolescentes
Cuando la persona que estuviere incursa en una conducta calificada como delito sea menor de dieciocho (18) años, el/la Fiscal o la autoridad de prevención dispondrá inmediatamente la intervención pertinente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público Tutelar, sin perjuicio de la tramitación del proceso y las medidas cautelares que correspondan.

Art. 168 – Ebrios e intoxicados
Cuando el/la imputado/a de un delito flagrante se hallare en estado de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico, deberá ser inmediatamente conducido a un establecimiento asistencial, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares pertinentes. El plazo para la intimación del hecho correrá desde el momento en que la persona detenida se encuentre en condiciones de declarar.

Art. 169 – Identificación
Las autoridades de prevención procederán a la identificación del/la imputado/a por los medios técnicos disponibles o por testigos. Deberán recabar sus antecedentes penales en el menor tiempo posible a partir del momento de la detención e informar al/la Fiscal inmediatamente.

Art. 170 – Declaración de rebeldía
Será declarado rebelde por el/la Juez/a, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el/la imputado/a que sin grave y legitimo impedimento no compareciere a la citación el/la Fiscal o del/la Juez/a, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido/a, o se ausentare sin licencia de la fiscalía, del lugar asignado para su residencia.
Inmediatamente se librará orden de captura y, si se encontrare en el exterior, se librará el pedido de extradición.
La declaración de rebeldía del/la imputado/a por parte del/la Juez/a de primera instancia implicará la suspensión de los plazos de duración de la investigación preparatoria respecto del declarado rebelde, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 171. Dicha suspensión no afectará al resto de los/las imputados/as que se encuentren a derecho.

Art. 171 – Efectos de la declaración de rebeldía
La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación preparatoria. Si fuera declarada durante la etapa de juicio, se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los/as demás imputados/as presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuera indispensable conservar.

Art. 172 – Comparecencia voluntaria. Efectos
Si el/la imputado/a se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justificara que no concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un grave y legítimo impedimento, aquélla será revocada y se tendrá por no pronunciada.

 

CAPÍTULO 2
VINCULACIÓN DEL/LA IMPUTADO/A AL PROCESO.
INTERROGATORIO DEL/LA IMPUTADO/A

 

Art. 173 – Intimación del hecho. Delegación
Cuando el/la Fiscal considere que existe sospecha suficiente de que una persona puede ser autor o participe de un delito, le deberá notificar mediante acta los hechos que se le imputen, en forma clara, precisa y circunstanciada y las pruebas que haya en su contra.
En el acto de intimación del hecho, hará saber al/la imputado/a el derecho que le asiste de ser asistido por un/a defensor/a de su confianza o de designar al/la Defensor/a Oficial y de prestar declaración personalmente o por escrito, en el momento o cuantas veces quiera, sobre los hechos imputados o de abstenerse sin que ello importe presunción en su contra, y demás derechos previstos en el artículo 29.
El/la Fiscal podrá, por decreto, delegar en el/la Secretario/a de la Fiscalía el acto de intimación del hecho al/la imputado/a, cuando otras obligaciones funcionales impostergables le impidieran cumplirlo personalmente.
El primer llamado al acto de intimación del hecho interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 67, inc. b), del Código Penal.

Art. 174 – Facultad de interrogar al/la imputado/a
Luego de formular la intimación del hecho, el/la Fiscal invitará al/la imputado/a a prestar declaración de inmediato o en otro momento, si entendiera que ello es necesario para la investigación o para aclarar la situación del/la compareciente.
Si el/la imputado/a estuviere detenido/a, lo/a invitará a prestar declaración inmediatamente después de ratificar la privación de libertad.
La recepción de la declaración del/la detenido/a podrá prorrogarse prudencialmente cuando éste/a lo pidiere para designar defensor/a.
El/la defensor/a deber estar presente en el acto de la declaración, siempre que el imputado acepte declarar.

Art. 175 – Derecho de abstención
El/la imputado/a podrá abstenerse de declarar sobre cualquier aspecto del interrogatorio o consultar previamente con su defensor/a. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él/ella coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo/a, inducirlo/a o determinarlo/a a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
La inobservancia de este precepto importará la nulidad del acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda.

Art. 176 – Trámite de la declaración del/la imputado/a
Cuando el/la imputado/a aceptare declarar deberá estar presente el defensor/a. El/la Fiscal lo/la invitará a dar sus datos personales, medios de vida y a constituir domicilio.
Seguidamente se le reiterarán el hecho atribuido y las pruebas existentes en su contra, de cuya descripción se dejará constancia en el acta.
A continuación se lo/a invitará a manifestar lo que crea conveniente sobre el hecho y a indicar las pruebas que estime oportunas.
Luego, el/la Fiscal podrá formularle las preguntas que estime convenientes, en forma clara y precisa. El/la declarante podrá dictar las respuestas, que no podrán ser instadas perentoriamente.
Los/as defensores/as podrán dirigir preguntas después de que termine el interrogatorio del/la Fiscal y pedir que consten expresamente en el acta las circunstancias del acto que estimen conducentes.
Si no se hiciera lugar, deberá dejarse constancia en el acta de lo pedido y lo resuelto.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el/la imputado/a, la declaración se deberá suspender hasta que éstos desaparezcan.

Art. 177 – Acta de la declaración del/la imputado/a
El acta será leída en voz alta y suscripta por todos los presentes. Los concurrentes al acto podrán solicitar la enmienda de algún aspecto mal asentado. Si alguno de ellos no pudiere o no quisiere firmar el acta, esto se hará constar y no afectará la validez de aquélla. Al/la imputado/a le asistirá el derecho de rubricar todas las fojas de su declaración, por sí o por su defensor/a.

Art. 178 – Pluralidad de imputados/as
Cuando hubiere varios/as imputados/as en la misma causa, las declaraciones se recibirán separadamente.

Art. 179 – Ampliación de las declaraciones del/la imputado/a
El/la imputado/a podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no importe un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el/la Fiscal podrá invitarlo/a ampliar sus declaraciones.

Art. 180 – Evacuación de citas
El/la Fiscal deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el/la imputado/a en sus declaraciones o en sus escritos de descargo, que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio.

 

TÍTULO V
MEDIDAS PRECAUTORIAS Y CAUTELARES. AUDIENCIA ANTE EL/LA JUEZ/A


CAPÍTULO 1
DETENCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA

 

Art. 181 – Libertad del/la imputado/a
Las únicas medidas de coerción admisibles serán las autorizadas por este Código, su carácter será excepcional y durarán el tiempo mínimo razonable dentro de los máximos previstos por la ley.
La libertad ambulatoria del/la imputado/a sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso.

Art. 182 – Peligro de fuga
Se entenderá que existe peligro de fuga cuando la objetiva valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales del/la imputado/a permitan sospechar fundadamente que intentará substraerse a las obligaciones procesales.
Se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias:

  1. Arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajos y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto/a. La falsedad o la falta de información al respecto constituirán presunción de fuga.
  2. La magnitud de la pena que podría llegarse a imponer en el caso. Se tendrá en cuenta especialmente la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tuviese una pena máxima superior a los ocho (8) años de privación de libertad y se estimase fundadamente que en caso de condena no procedería la condena condicional.
  3. El comportamiento del/la imputado/a durante el proceso, o en otro proceso, en la medida que indique su voluntad de no someterse a la persecución penal.
  4. El pedido de aplicación de pena de prisión o reclusión de efectivo cumplimiento por parte de la Fiscalía en los alegatos del debate.
  5. El dictado de sentencia condenatoria, en primera o segunda instancia, a una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento.
  6. El rechazo del recurso de inconstitucionalidad que fuera planteado contra la sentencia condenatoria que dispone una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento por la Cámara de Apelaciones o por el Tribunal Superior de Justicia.

Art. 183 – Riesgo de entorpecimiento del proceso
Se entenderá que existe riesgo de entorpecimiento del proceso cuando la objetiva valoración de las circunstancias del caso, las características personales del/la imputado/a y el, estado de la pesquisa, permitan sospechar fundadamente que la libertad del/la encausado/a pondrá en peligro la recolección de elementos probatorios, individualización y/o aprehensión de otros/as imputados/as o el normal desenvolvimiento del proceso.

Art. 184 – Detención por peligro de fuga
El/la Fiscal solicita al/la juez/jueza competente, por resolución fundamentada la detención del/la imputado/a cuando exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso.
Cuando el imputado sea detenido en flagrancia o por orden judicial el fiscal intimará el hecho en el menor tiempo posible, dentro de las veinticuatro (24) horas de iniciada su privación de libertad y dispondrá su libertad desde la sede de la fiscalía, en forma irrestricta o bajo caución u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, o solicitará audiencia de prisión preventiva al tribunal. Según la complejidad del caso, el plazo fijado a dichos efectos podrá ser prorrogado por otras veinticuatro (24) horas.
En caso de conformidad de la defensa con la medida restrictiva no será necesaria la convalidación judicial. Si hubiera disconformidad, la defensa podrá solicitar la celebración de audiencia para que al/la Juez/a deje sin efecto o convalide la modalidad restrictiva de libertad dispuesta por la fiscalía.
De lo actuado se dejará constancia en acta.

Art. 185 – Audiencia
El Tribunal deberá fijar la audiencia prevista en el artículo precedente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas y resolverá sobre la prisión preventiva u otra restricción a la libertad, excarcelación bajo caución o libertad irrestricta u otra medida cautelar, previo escuchar al/la Fiscal y a la defensa.
Para dictar la prisión preventiva deberá haberse intimado al/la imputado/a el decreto de determinación de los hechos y reunidos elementos de convicción suficientes para sostener, provisoriamente, la materialidad del hecho, que el/la imputado/a resulte con probabilidad su autor o participe y que existe peligro de fuga o entorpecimiento del proceso.
Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá concurrir con ellas a la audiencia y el Tribunal resolverá sobre su procedencia sin más trámite ni recurso.
En la audiencia se resolverán los planteos de nulidad y excepciones que se hubieran deducido con anterioridad o que se interpongan en ese momento.
El Tribunal luego de escuchar al/la Fiscal y a la defensa resolverá de inmediato, por auto, todas las cuestiones que se hubieran planteado.
Las decisiones serán apelables dentro del tercer día, sin efecto suspensivo para las relativas a medidas cautelares.
También podrán acordarse entre la fiscalía y la defensa la suspensión del proceso a prueba o el avenimiento. En caso de avenimiento el/la Fiscal formulará el requerimiento de juicio verbalmente y el imputado expresará su consentimiento ante el/la Juez/a, quien resolverá en la audiencia.
De todo lo actuado se dejará constancia en acta y se registrará por grabación, filmación u otro medio idóneo.


CAPÍTULO 2
OTRAS MEDIDAS CAUTELARES

 

Art. 186 – Medidas restrictivas
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 184, el/la Fiscal o la querella podrán solicitar al Tribunal la imposición de cualquiera de las medidas que se indican a continuación:

  1. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que le fije.
  2. La obligación de presentarse ante el Tribunal o ante la autoridad que él/ella designe.
  3. La prohibición de salir del ámbito territorial que se determine.
  4. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares o de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
  5. El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y la víctima conviva con el/la imputado/a.
  6. La suspensión en el ejercicio del cargo público o privado cuando se le atribuya un delito cometido en su ejercicio.
  7. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el Tribunal disponga.
  8. La inhabilitación provisoria para conducir, cuando como consecuencia del uso de automotores se produzcan lesiones, reteniéndose a tal efecto la licencia habilitante y comunicando la resolución al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito y a la Secretaria de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta medida cautelar durará como mínimo tres (3) meses y puede ser prorrogada por periodos no inferiores al mes, hasta el dictado de la sentencia. La medida y sus prórrogas pueden ser revocadas o apeladas.
El periodo efectivo de inhabilitación provisoria puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el/la imputado/a aprobare un curso de los contemplados en el Art. 83, inciso d) de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.
Para el cumplimiento de las medidas restrictivas previstas se podrán utilizar los medios tecnológicos adecuados a cada caso.

Art. 187 – Medidas restrictivas. Delitos en contexto de violencia contra la mujer
Si los hechos denunciados se dieran en un contexto de violencia contra la mujer y, además, existieren razones objetivas para suponer que se encuentra en riesgo la salud o la integridad física o psíquica de la mujer víctima, el/la Fiscal, fundadamente podrá solicitar al/la Juez/a ordenar las medidas dispuestas en el artículo 186 o las medidas preventivas urgentes previstas en el artículo 26, inc. a) y b) en la Ley 26485.

Art. 188 – Determinación de las medidas procedentes
Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado razonablemente por aplicación de otra medida menos gravosa para el/la imputado/a que la requerida por el/la Fiscal o la querella, el Tribunal deberá imponerle alguna de las previstas en el articulo precedente, en forma individual o combinada.

Art. 189 – Embargo
Al momento de disponer la prisión preventiva u otra restricción cautelar, a pedido del/de la Fiscal y/o de la querella en su caso, el Tribunal podrá disponer el embargo de bienes del/la imputado/a para garantizar las costas del proceso y en su caso el daño causado por el delito.
También podrá disponerse el embargo de bienes si no se adoptare otra medida cautelar, a pedido del/de la Fiscal y/o querella, quienes solicitarán audiencia al efecto.
Si el/la imputado/a o el/la civilmente demandado/a no tuviera bienes, o lo embargado fuera insuficiente, se podrá decretar su inhibición.

Art. 190 – Audiencia
El Tribunal deberá celebrar la audiencia, para resolver el pedido de las medidas restrictivas y/o embargo de bienes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, prorrogables por otras veinticuatro (24) horas si no pudiere por causas fundadas y no existiere grave riesgo para las personas o bienes por la demora, y después de escuchar al/la Fiscal, a la querella si la hubiere y a la defensa, resolverá sin más trámite.
Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá concurrir con ellas a la audiencia y el Tribunal resolverá sobre su procedencia sin más trámite ni recurso.
Para la imposición de alguna de las medidas mencionadas, deberá haberse intimado al/la imputado/a por el hecho y reunido elementos de convicción suficientes para sostener, provisoriamente, la materialidad del hecho y que el/la imputado/a resulte con probabilidad su autor o partícipe.
La resolución será apelable sin efecto suspensivo dentro del tercer día y podrá ser modificada de oficio o a pedido de parte en cualquier momento del proceso.

 

TÍTULO VI
CAUCIONES


CAPÍTULO 1

 

Art. 191 – Caución
El Tribunal o el/la Fiscal podrán imponer caución juratoria, personal o real cuando hagan cesar la detención, la prisión preventiva u otra medida cautelar.
La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el/la imputado/a cumplirá las  obligaciones que se le impongan, no evadirá su comparecencia en el proceso y, en su caso, que se someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria.
El Tribunal o el/la Fiscal determinarán la caución de modo que constituya un motivo para que el/la imputado/a se abstenga de infringir sus obligaciones.
Queda prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el/la imputado/a, teniendo en cuenta su situación personal y las características del hecho atribuido.

Art. 192 – Caución juratoria
La caución juratoria consiste en la promesa jurada del/la imputado/a de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el Tribunal o el/la Fiscal.

Art. 193 – Caución personal
La caución personal consiste en la obligación que el/la imputado/a asuma junto con uno o más fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que el Tribunal o el/la Fiscal fije al conceder la excarcelación.

Art. 194 – Fiador personal
Podrá ser fiador quien tenga capacidad para contratar, acredite solvencia suficiente y no tenga otorgadas más de cinco (5) fianzas subsistentes, conforme el registro que el Consejo de la Magistratura llevará al efecto.

Art. 195 – Caución real. Procedencia
La caución real se constituirá depositando dinero, efectos públicos o valores cotizables, otorgando prendas o hipotecas o seguro de caución por la cantidad que el Tribunal o el/la Fiscal determine.
Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.
Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias de caso surja la ineficacia de los tipos de cauciones precedentemente previstas y que, por la naturaleza del delito atribuido y las circunstancias personales del/la imputado/a, resulte la más adecuada.

Art. 196 – Otorgamiento de cauciones
Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad y/o al momento de imponerse otra medida cautelar, bajo constancia en acta que será suscrita ante el Secretario, en la que constarán las obligaciones asumidas por los obligados. En caso de gravamen hipotecario, se agregará al proceso el título de propiedad y previo informe de dominio, el Tribunal ordenará la inscripción de aquél en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Art. 197 – Cancelación de la caución
La caución se cancelará y las garantías serán restituidas:

  1. Cuando el/la imputado/a, revocada la excarcelación, fuere constituido/a en prisión dentro del término que se le acordó.
  2. Cuando se revoque el auto de prisión preventiva, se disponga el archivo o se sobresea en la causa, se absuelva al/la acusado/a o se lo/la condene en forma condicional.
  3. Cuando el/la condenado/a se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido/a dentro del término fijado.

Art. 198 – Substitución de fiador
Si el fiador no pudiere continuar como tal por motivos fundados, podrá pedir al Tribunal o al/la Fiscal que lo sustituya por otra persona.
También podrá sustituirse la caución real.

 

CAPÍTULO 2
CESE DE MEDIDAS CAUTELARES

 

Art. 199 – Audiencia
En cualquier etapa del proceso, el/la imputado/a personalmente o por intermedio de su defensor/a, podrá solicitar al Tribunal una audiencia para requerir su excarcelación o el cese de otra medida cautelar.
El Tribunal fijará la audiencia dentro de las veinticuatro (24) horas con citación por cualquier medio al/la Fiscal, si se hubiera pedido la excarcelación y tras escuchar a las partes resolverá. La audiencia podrá fijarse dentro de los tres (3) días si se hubiera solicitado para promover el cese de una medida restrictiva que no implique privación de libertad y se deberá citar también a la querella, por cualquier medio fehaciente, si la hubiere.
Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá concurrir con ellas a la audiencia y el Tribunal resolverá sobre su procedencia sin más trámite ni recurso.
Si hubieran cesado los motivos que justificaron la prisión preventiva, se dispondrá por auto su cese o la excarcelación del/la imputado/a bajo caución.
Si hubieran cesado los motivos que justificaron la adopción de cualquier otra medida cautelar o se justificara su atenuación, el Tribunal dispondrá de inmediato por auto lo que corresponda. El cese o la atenuación podrán ser dispuestos bajo caución.
De lo actuado se dejará constancia en acta y se registra por grabación, filmación u otro medio idóneo. La resolución será apelable dentro del tercer día sin efecto suspensivo.

Art. 200 – Excarcelación. Procedencia
La excarcelación se concederá con o sin caución:

  1. Cuando hubieren cesado los motivos que justificaron la prisión preventiva.
  2. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el máximo de la pena prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le atribuyan.
  3. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido en detención o prisión preventiva la pena solicitada por el Fiscal.
  4. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido en detención o prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad condicional, siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.
  5. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia no firme.
  6. Cuando el/la imputado/a hubiera cumplido dos (2) años en prisión preventiva.

Art. 201 – Requisitos y obligaciones
El/la imputado/a y su fiador deberán fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el acto de prestar la caución, denunciando el real y las circunstancias de trabajo que pudieren imponerle al/la imputado/a su ausencia de éste por más de veinticuatro (24) horas, lo que no podrá ser alterado sin autorización del/la magistrado/a interviniente. El fiador será notificado de las resoluciones que se refieran a las obligaciones del/la excarcelado/a, y deberá comunicar inmediatamente al Tribunal si temiere fundadamente la fuga del/la imputado/a.

Art. 202 – Intimación al/la imputado/a
Si el/la imputado/a no compareciera al ser citado/a o se sustrajere a la ejecución de la pena privativa de libertad, el/la Fiscal o el Tribunal fijará un término no mayor de diez (10) días para que comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolución será notificada al fiador y al/la imputado/a en sus domicilios constituidos y reales apercibiéndolos de que la caución se hará efectiva al vencimiento del plazo, si el segundo no compareciere o no justificare un caso de fuerza mayor que lo impida.

Art. 203 – Ejecución de la fianza
Al vencimiento del plazo previsto por el artículo anterior, el Tribunal dispondrá, según el caso, la ejecución de la fianza o la transferencia de los bienes que se depositaron en caución y los fondos ingresarán al presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

CAPÍTULO 3
EXENCIÓN DE PRISIÓN

 

Art. 204 – Procedencia
Toda persona que se considere imputada de un delito o tuviera orden de captura pendiente, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre podrá, por sí o por terceros, solicitar al/la Fiscal interviniente su exención de prisión.
El/la Fiscal podrá concederla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma irrestricta o bajo caución, u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, con conformidad de la defensa.
Procederá siempre que no existan motivos bastantes para presumir, en el caso concreto, que el/la imputado/a intentará entorpecer la marcha de la investigación o substraerse a los requerimientos del proceso o evadir sus consecuencias.
Si el/la Fiscal la denegara, el/la interesado/a podrá recurrir ante el Tribunal competente.
Si el órgano judicial competente fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al Juez o Jueza en tumo, quien determinará el/la Juez/a que debe intervenir y le remitirá, si correspondiere, la solicitud.

Art. 205 – Trámite
El Tribunal resolverá en audiencia oral y pública, aplicándose en lo pertinente lo establecido en el artículo 199.

Art. 206 – Apelación
El auto que conceda o niegue la exención de prisión será apelable por el/la Fiscal, el/la defensor/a o el/la imputado/a, dentro del tercer día sin efecto suspensivo.

Art. 207 – Revocación
El auto de exención de prisión será revocable a petición del Ministerio Público Fiscal.
Deberá revocarse cuando el/la imputado/a no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca a las citaciones sin excusa bastante o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan su detención.

 

TÍTULO VII
EXCEPCIONES


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 208 – Excepciones
En las audiencias previstas en los artículos 185, 190, 199 y 223 se podrán interponer ante el/la Juez/a las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

  • a) Falta de jurisdicción o de competencia.
  • b) Falta de acción.
  • c) Manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, inexistencia del hecho o falta de participación criminal del/la imputado/a respecto de la conducta descripta en el decreto de determinación del hecho o en el requerimiento de juicio.
  • d) Cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento.
  • e) Amnistía.
  • f) Litispendencia.
  • g) Prescripción.

Si concurrieren dos (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.

Art. 209 – Interposición
Las excepciones se interpondrán por escrito ante el/la Juez/a, debiendo ofrecerse, en su caso y bajo consecuencia de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen.
Del escrito en que se deduzcan excepciones se correrá vista a las otras partes, quienes podrán ofrecer las pruebas pertinentes.

Art. 210 – Audiencia. Resolución
Las excepciones se sustanciarán y resolverán en las audiencias de los artículos 185, 190, 199 y 223, sin perjuicio de continuarse la investigación preparatoria.
En la audiencia se recibirá la prueba y a continuación resolverá por auto. De lo actuado se dejará constancia en acta.
Al resolverse favorablemente una excepción que implique la extinción de la acción se dictará auto de sobreseimiento, con la aclaración de que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor de al/la imputado/a.

Art. 211 – Apelación
El auto que resuelva la excepción será apelable dentro del término de tres (3) días.

 

 

TÍTULO VIII
ARCHIVO


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 212 – Archivo de la denuncia y de las actuaciones de prevención. Revisión
El archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención procederá cuando:

  • a) A criterio del Ministerio Público Fiscal el hecho resulte atípico.
  • b) A criterio del Ministerio Público Fiscal la acción esté prescripta o extinguida. Esta decisión deberá ser convalidada por el/la Juez/a.
  • c) El/la autor/a sea inimputable o se encuentre amparado/a en alguna causa de justificación o exención de pena. Esta decisión deberá ser convalidada por el/la Juez/a.
  • d) De la objetiva valoración de los elementos acompañados surja claramente que no hay posibilidad de promover la investigación o individualizar a los autores del hecho.
  • e) La naturaleza e importancia del hecho no justifiquen la persecución, cuando la decisión no contraríe un criterio general de actuación.
  • f) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara, cuando fuera indispensable respecto de algún/a imputado/a para asegurar el esclarecimiento del hecho y/o el éxito de la pesquisa respecto de otros autores, coautores y/o partícipes necesarios que se consideren más relevantes y aquél/la hubiera dado datos o indicaciones conducentes al efecto. El/la imputado/a beneficiado/a quedará obligado/a a prestar declaración como testigo en caso de ser convocado/a y deberá ser informado/a fehacientemente de esta obligación antes de disponerse el archivo.
  • g) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara, respecto de algunos de los hechos investigados, cuando contra una o varias personas se investiguen varios hechos y por el concurso real de delitos se hubiera arribado con sólo algunos de ellos a la máxima escala de pena posible y/o resulte innecesaria la persecución por todos para arribar al resultado condenatorio adecuado.
  • h) Se hubiera arribado y cumplido el acuerdo previsto en el artículo 217 inciso 2º. También se podrá archivar si no se cumplió el acuerdo por causas ajenas a la voluntad del/la imputado/a pero existió composición del conflicto. Para que proceda el archivo por esta causal en caso de pluralidad de victimas, deberá existir acuerdo con la totalidad de ellas.
  • i) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara en los delitos culposos, cuando el/la imputado/a hubiera sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena.

Art. 213 – Archivo por proceso injustificado
Cuando el/la Fiscal disponga el archivo por considerar que por la naturaleza e importancia del hecho no se justifica la persecución, la víctima podrá plantear la revisión de la medida ante el/la Fiscal de Cámara dentro del tercer día.
Si el/la Fiscal de Cámara confirmara la decisión del/la Fiscal de Primera Instancia, ésta se mantendrá. Si el/la Fiscal de Cámara considerase que los elementos reunidos son suficientes para promover la investigación preparatoria, designará al/la Fiscal que deberá proceder en consecuencia.

Art. 214 – Archivo por autor desconocido
Cuando el/la Fiscal disponga el archivo de las actuaciones por no haber podido individualizar al/la imputado/a, deberá notificar a la víctima de domicilio conocido que al formular la denuncia haya pedido ser informada, quien dentro del tercer día podrá oponerse al archivo ante el/la Fiscal de Cámara indicando las pruebas que permitan efectuar la individualización.
Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución de la investigación con el cumplimiento de las medidas propuestas.
El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan identificar al/la imputado/a.

Art. 215 – Archivo por falta de pruebas
Cuando el/la Fiscal disponga el archivo por no haber podido acreditar que el hecho efectivamente ocurrió, o individualizar al/la imputado/a o por el supuesto contemplado en el inciso a) del artículo 212, debe notificar al/la damnificado/a, a la víctima, al/la denunciante, quien dentro del tercer día podrá oponerse al archivo ante el/la Fiscal de Cámara indicando las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho.
Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución de la investigación con el cumplimiento de las medidas propuestas.
El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan probar la materialidad del hecho.

Art. 216 – Efectos del archivo
Si el archivo se hubiera dispuesto por las causas previstas en los incisos a), b), c), f) e i) del artículo 212, la resolución del/la Fiscal o en su caso del/la Fiscal de Cámara será definitiva y el Ministerio Público Fiscal no podrá promover nuevamente la acción por ese hecho.
En los casos previstos en el inciso f), la víctima no podrá ejercer la acción penal contra el/la imputado/a respecto del/la cual se dispuso el archivo.
Si el archivo se hubiera dispuesto por las otras causales previstas en el artículo mencionado, se podrá reabrir el proceso cuando se individualice a un/a posible autor/a, cómplice o encubridor/a del hecho, aparecieran circunstancias que fundada mente permitieran modificar el criterio por el que se estimó injustificada la persecución y cuando se frustrara por actividad u omisión maliciosa del/la imputado/a el acuerdo de mediación.

TÍTULO IX
CLAUSURA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA


CAPÍTULO 1

 

Art. 217 – Vías alternativas
En cualquier momento de la investigación preparatoria y hasta que se formule el requerimiento de juicio el/la Fiscal podrá:

  1. Acordar con el/la imputado/a y su defensor/a la propuesta de avenimiento, en cuyo caso se aplicará lo establecido en el artículo 279.
  2. Proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos en las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en que pueda arribarse a una mejor solución para las partes invitándolos a recurrir a una instancia oficial de mediación o composición. El/la Fiscal remitirá el caso a la oficina de mediación correspondiente.

No procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I Delitos contra la vida) y Titulo III (Delitos contra la Integridad Sexual), en los casos de las Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho (artículo 8° de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar) y en los casos en donde el máximo de la pena del delito excediese los seis años en abstracto de reclusión o prisión.
El acuerdo de mediación o composición implicará la resolución definitiva del conflicto y no podrá estar sometido a plazo ni regla de comportamiento alguna.
No procederá la mediación si el imputado registrase antecedente penal condenatorio.
No se admitirá una nueva mediación penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo de dos (2) años de la firma de un acuerdo de resolución alternativa de conflicto penal en otra investigación.
En caso de acuerdo el/la Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones sin más trámite.

Art. 218 – Suspensión del proceso a prueba
Sin perjuicio de la oportunidad prevista en los arts. 185, 190 y 199, en la audiencia del artículo 211, o durante el debate cuando se produzca una modificación en la calificación legal que lo admita, el/la imputado/a podrá proponer la suspensión del proceso a prueba.
El Tribunal convocará a una audiencia oral con citación al/la peticionado/a, al Ministerio Público Fiscal y a la querellante, si lo hubiere, o a la víctima. Luego de escuchar a las partes resolverá si concede o deniega la suspensión de la persecución penal, con las condiciones de cumplimiento que estime pertinentes, pudiendo recurrir para su control a medios tecnológicos adecuados para verificar su inmediato incumplimiento.
La oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el Tribunal.
Contra la decisión de rechazo no habrá recurso alguno.
La concesión de la suspensión del proceso a prueba suspende el plazo de duración de la investigación preparatoria respecto de la persona beneficiada.
Cumplidas las condiciones impuestas, el/la Juez/a, previa vista al Ministerio Público Fiscal, dictará sobreseimiento. En caso de incumplimiento dispondrá la continuación del proceso o la prórroga de la suspensión, según corresponda.

Art. 219 – Clausura de la investigación. Requerimiento de juicio
Cuando el/la Fiscal considere que se encuentra agotada la investigación preparatoria y que no va a proponer otra forma de resolución del conflicto o ésta hubiera fracasado, formulará el requerimiento de juicio que contendrá la identificación del/la imputado/a y, bajo consecuencia de nulidad:

  • a) La descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho y de la especifica intervención del/la imputado/a, concordante con el decreto que motivara la investigación preparatoria y hubiera sido informado al/la imputado/a.
  • b) Los fundamentos que justifiquen la remisión a juicio.
  • c) La calificación legal del hecho.

En el mismo acto ofrecerá las pruebas para el debate.
El/la Fiscal no podrá ocultar a la defensa la existencia de pruebas en contra o a favor del/la imputado/a. Las pruebas conocidas no ofrecidas no podrán incorporarse al debate.
El requerimiento de juicio de la Fiscalía interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con el art. 67. Inc. c), del Código Penal.

Art. 220 – Querella
Formulado el requerimiento de juicio, el/la Fiscal correrá vista a la querella para que lo haga en el término de cinco (5) días, prorrogables por otros tres (3), bajo los mismos requisitos y obligaciones previstos en el artículo precedente; o adhiera al requerimiento de juicio de la fiscalía.
El requerimiento de juicio de la querella interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 67, inc. c) del Código Penal.

Art. 221 – Clausura provisional de la investigación preparatoria
Cuando exista la posibilidad de incorporar concretas medidas de prueba pero fuera momentáneamente imposible hacerlo por obstáculos ajenos a la actividad del/la Fiscal y éste/a considere que con la prueba reunida no hay mérito suficiente para requerir la elevación a juicio respecto de un/a imputado/a que haya sido intimado/a sobre los hechos, dispondrá por auto la clausura provisional de la investigación preparatoria.
La clausura provisional dispuesta por el/la Fiscal implicará el cese inmediato de las medidas precautorias y no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecieran datos que lo justifiquen.
Si luego de decretada la clausura provisional de la investigación preparatoria se lograra la incorporación de las pruebas pendientes, se reabrirá el trámite de la causa y continuará según el estado anterior a la clausura provisional.
Si el/la Fiscal considerase necesaria la reposición de las medidas cautelares, personales o reales, deberá solicitarlo al/la Juez/a en audiencia.
Si las pruebas pendientes no se pudieran incorporar al proceso en el término de dos (2) años, se dispondrá el archivo definitivo de las actuaciones.
La clausura provisional de la instrucción suspende el plazo de duración de la investigación preparatoria y sólo podrá decretarse por una vez.
Si la querella no estuviera de acuerdo con la clausura provisional, podrá proponer la incorporación de pruebas faltantes o concluir sobre la suficiencia de las pruebas ya adquiridas requiriendo la remisión a juicio y, en caso de que el Ministerio Público Fiscal no quiera acompañar a la víctima al debate, el proceso continuará bajo la forma prevista para los delitos de acción privada.

 

CAPÍTULO 2
ETAPA INTERMEDIA

 

Art. 222 – Traslado a la defensa
Recibido el requerimiento de juicio, el/la Juez/a correrá traslado a la defensa, que tendrá cinco (5) días para ofrecer pruebas y plantear todas las cuestiones que entienda deban resolverse antes del debate.

Art. 223 – Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o Rechazo del juicio
Ofrecida la prueba por la defensa, o vencido el plazo previsto en el artículo anterior, el/la Juez/a convocará a las partes a una audiencia dentro de los diez (10) días. Con las partes que concurran resolverá sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por todas ellas, previo escucharlas sobre su procedencia, improcedencia y/o inadmisibilidad. Solo podrá rechazar por auto aquellas que considere manifiestamente improcedentes o inconducentes y las que sean inadmisibles conforme las disposiciones de este Código.
La decisión será irrecurrible, pero podrá ser invocada como fundamento del recurso de apelación contra la sentencia definitiva.
Concluido el acto, el/la Juez/a remitirá el requerimiento de juicio y el acta de la audiencia; para que se designe el/la Juez/a que entenderá en el juicio. No se remitirá el legajo de investigación del/la Fiscal ni otras actuaciones que no sean aquellas que se acordó incorporar al debate y las actas labradas respecto de actos definitivos e irreproducibles.
En la audiencia se resuelven las nulidades y excepciones planteadas o que fueron diferidas para este momento. También se podrá formular acuerdo de avenimiento y solicitar y resolver la suspensión del proceso a prueba.

Art. 224 – Auxilio judicial de la defensa
Antes de la remisión a juicio y a pedido de la defensa y del/la civilmente demandado/a, el/la Juez/a podrá ordenar las medidas que resulten imprescindibles para completar la preparación de la defensa o la contestación de la demanda que sólo pudieran adquirirse con intervención de la autoridad, y resulten pertinentes y útiles.

Art. 225 – Excepciones
Si en la audiencia del artículo 223 se interpusieran excepciones, se procederá conforme lo establecido en el artículo 210.

 

LIBRO III
JUICIOS


TÍTULO I
JUICIO COMÚN


CAPÍTULO 1
ACTOS PREPARATORIOS

 

Art. 226 – Fijación de audiencia
El/la Juez/a que resulte asignado/a al caso fijará la fecha de debate, el que deberá celebrarse dentro de los tres (3) meses de la recepción de las actuaciones.
La citación de las partes para el juicio deberá realizarse con una antelación no inferior a diez (10) días, aunque aquéllas puedan renunciar a dicho plazo.
Los testigos y peritos deberán ser citados para el mismo día o en días sucesivos si fueran más de diez (10) por vez.
La notificación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir, estará a cargo de la parte que las propuso; pero el Tribunal deberá facilitar los medios cuando la citación fuera dificultosa o requiriera de exhorto u oficio, o anticipar los gastos si la defensa careciere de medios.
Si hubiese motivo fundamentado para sospechar que el/la imputado/a no comparecerá al debate se podrá disponer su aprehensión, por auto, al solo efecto de asegurar su asistencia.
La primera citación a juicio interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 67, inc. d), del Código Penal.

Art. 227 – Acumulación de causas
Si por el mismo hecho atribuido a varios/as imputados/as se hubieran formulado diversas citaciones a juicio, el Tribunal podrá ordenar la acumulación, de oficio o a pedido de parte, siempre que ella no determine un grave retardo.
Si la citación a juicio tuviera por objeto varios hechos atribuidos a uno/a o más imputados/as, el Tribunal podrá disponer de oficio o a pedido de parte, que los juicios se realicen separadamente; pero, en lo posible, uno después del otro.

Art. 228 – Reintegro de gastos a testigos, peritos e intérpretes
El Tribunal deberá fijar prudencialmente la suma correspondiente en concepto de reintegro de gastos que corresponda a los testigos, peritos e intérpretes que deban comparecer y acrediten el perjuicio que ello les hubiera ocasionado.

CAPÍTULO 2
DEBATE. REGLAS GENERALES

 

Art. 229 – Oralidad y publicidad
El debate será oral y público, bajo consecuencia de nulidad, a menos que el Tribunal resuelva por auto que por la índole del asunto deba celebrarse en privado. Esta resolución será irrecurrible.
Desaparecida la causal de la restricción se deberá permitir el acceso al público.
Durante el debate las resoluciones se dictarán verbalmente, dejándose constancia de ellas en el acta.

Art. 230 – Restricción de acceso
No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los ebrios.
Podrá autorizarse el ingreso de menores de dieciocho (18) años por razones educativas, acompañados de mayores responsables.

Art. 231 – Continuidad. Excepciones a la regla
El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero podrá suspenderse, por el tiempo mínimo imprescindible que no puede superar los diez (10) días, en los siguientes casos:

  1. Cuando se deba resolver alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente.
  2. Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia, y no pueda verificarse en el intervalo entre una y otra sesión.
  3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención se considere indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el/la ausente sea conducido/a por la fuerza pública o declare.
  4. Si el/la Juez/a, Fiscal o Defensor/a se enferma hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos (2) últimos puedan ser reemplazados.
  5. Si el/la imputado/a se encontrare en la situación prevista por el inciso anterior y fuera certificada su enfermedad por médicos forenses.
  6. Asimismo, si fueren dos (2) o más los/as imputados/as y no todos/as se encontraren impedidos/as por cualquier otra causa de asistir a la audiencia, el juicio se suspende tan sólo respecto de los/as impedidos/as y continúa para los/as demás, a menos que el Tribunal considere que es necesario suspenderlo para todos/as u ordenar la separación de causas.
  7. Si alguna revelación o retractación inesperada produjera alteraciones sustanciales en la causa, haciendo necesaria la producción de una nueva prueba a pedido de parte.
  8. Cuando el/la defensor/a lo solicite en caso de ampliarse los alcances del hecho imputado por parte del/la Fiscal.


En el caso previsto en el inciso tercero, solamente se podrá suspender el debate por una sola vez y la comparecencia del/la testigo quedará a cargo de la parte que lo propuso. Las partes podrán requerir al efecto el auxilio judicial.
En caso de suspensión el Tribunal deberá anunciar el día, y hora de la nueva audiencia y ello valdrá como citación para los comparecientes.
El debate continuará desde el último acto cumplido en la audiencia en que se dispuso la suspensión.
Durante la suspensión el/la Juez/a no podrá celebrar otros juicios orales. Si, por cualquier causa, la suspensión excediera el término de diez (10) días, todo el debate deberá realizarse de nuevo.

Art. 232 – Asistencia del/la imputado/a al debate
El/la imputado/a deberá asistir a la audiencia libre en su persona, pero el Tribunal dispondrá la vigilancia y cautela necesarias para impedir su fuga o violencias.
Si no quisiere asistir o continuar en la audiencia, será acompañado/a en una sala próxima; se procederá en lo sucesivo como si estuviera presente, y para todos los efectos será representado/a por el/la Defensor/a.

Art. 233 – Suspensión por fuga de/la imputado/a
En caso de incomparecencia o fuga del/la imputado/a, el Tribunal ordenará la postergación del debate, y en cuanto sea aprehendido/a o se presente, fijará nueva audiencia.

Art. 234 – Asistencia del/la Fiscal y letrados. Reemplazo
La asistencia a la audiencia del/la Fiscal y del/los Defensor/es será obligatoria. Su inasistencia injustificada será pasible de sanción disciplinaria.
En este caso el Tribunal podrá reemplazarlos en el orden y forma que corresponda, en el mismo día de la audiencia, cuando no sea posible obtener su comparecencia y este reemplazo no afecte el derecho de defensa del/la imputado/a. La inasistencia injustificada de la querella y/o sus letrados o representantes se entenderá como el abandono de la acción. La inasistencia injustificada del/la civilmente demandado/a y sus letrados o representantes importará la declaración de rebeldía respecto de la acción civil en su contra. El Tribunal resolverá sobre la causal de justificación invocada por la querella y/o el/la civilmente demandado/a y/o sus respectivos letrados y de considerarla procedente, permitirá que continúe su intervención en el estado en que se encuentre el/la debate. Si la considerase improcedente resolverá lo que corresponda por auto con constancia en el acta y contra esta decisión no habrá recurso.

Art. 235 – Reglas de orden y decoro
Las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio, sin producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

Art. 236 – Poder disciplinario
El/la Juez/a ejercerá el poder disciplinario de la audiencia, y podrá corregir en el acto, con llamados de atención, apercibimiento y multa de hasta el diez por ciento (10 %) de la remuneración básica de un/a Juez/a de Primera Instancia, por infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de expulsar al/la infractor/a de la sala de audiencias.
Por razones de orden el/la Juez/a podrá disponer también el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado número.
Si se expulsare al/la imputado/a, su Defensor/a lo representará para todos los efectos.

Art. 237 – Dirección del debate
El/la Juez/a dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de la acusación ni la libertad de defensa.

Art. 238 – Delito cometido en la audiencia
Si en la audiencia se cometiera un delito de acción pública, el/la Juez/a ordenará levantar un acta y la inmediata detención del autor; éste deberá ser puesto a disposición del/la integrante del Ministerio Público Fiscal competente, a quien se le remitirá aquélla y las copias o los antecedentes necesarios para la investigación y procederá conforme las reglas que rigen los casos de flagrancia.

Art. 239 – Cambio de sede
El/la Juez/a podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo o continúe en otro lugar que en el previsto cuando lo considere conveniente, por razones de seguridad o decoro, siempre que no afecte el derecho de defensa.

 

CAPÍTULO 3
AUDIENCIA DE DEBATE

 

Art. 240 – Apertura del debate
El día fijado, el Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, comprobará la presencia de los que deban intervenir y solicitará al/la Fiscal, y en su caso a la querella, en ese orden, que formulen oralmente la imputación conforme el requerimiento de juicio y la demanda civil en caso de haber sido interpuesta, informando sobre lo que pretenden probar con las pruebas ofrecidas.
A continuación, deberá invitar a la defensa, y en su caso al/la civilmente demandado/a, en ese orden, a presentar su exposición. La negativa no importa presunción alguna en su contra.
No se admitirá la lectura de la imputación y su respuesta.
Inmediatamente después, el/la Juez/a declarará abierto el debate.

Art. 241 – Cuestiones previas. Discusión y resolución. Oportunidad
Abierto el debate, se plantearán y resolverán, bajo consecuencia de caducidad, las cuestiones atinentes a:

  1. La constitución del Tribunal.
  2. La unión o separación de juicios.
  3. La admisibilidad de nuevos testigos por circunstancias conocidas con posterioridad al ofrecimiento de prueba o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a la presentación o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlas surja en el curso del debate.

Las cuestiones previas deberán ser tratadas en un solo acto, a menos que el/la Juez/a resuelva considerarlas sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del proceso.
En la discusión de las cuestiones previas las partes deberán hablar solamente una vez, por el tiempo que establezca el Tribunal.

Art. 242 – Pluralidad de imputados/as
Sí los/as imputados/as fueran varios/as, a pedido de alguna de las partes el/la Juez/a podrá alejar de la sala de audiencias a los/as que no declaren, pero después de todas las declaraciones deberá informadas sumariamente lo ocurrido durante su ausencia.

Art. 243 – Ampliación y modificación de la imputación
Si de las declaraciones del/la imputado/a o del debate surgieran circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal, pero vinculadas al hecho que las motiva, el/la Fiscal y la querella podrán ampliar la imputación. También podrán adecuarla si resultara de las circunstancias expuestas que el hecho es diverso.
En tal caso, bajo consecuencia de nulidad del debate, el/la Juez/a deberá explicarle al/la imputado/a, y en su caso al/la civilmente demandado/a, los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen e informar a su defensor/a que tiene derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.
Cuando este derecho sea ejercido, el/la Juez/a suspenderá el debate por un término que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa.
El nuevo hecho o las circunstancias agravantes sobre la que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y en el juicio.

Art. 244 – Omisión de pruebas
Si el/la imputado/a reconociera la existencia del hecho y confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla. El debate continuará para la determinación de la pena sí no hubiera acuerdo entre la defensa y la fiscalía.
Si se hubiera ejercido la acción civil y hubiera tercero/a civilmente demandado/a, podrá oponerse y se deberá recibir la prueba pertinente a su defensa.

Art. 245 – Recepción de la prueba
Después de las intervenciones iniciales de las partes se recibirá la prueba ofrecida; en primer lugar la ofrecida por la fiscalía, la de la querella, la de la defensa y la del/la civilmente demandado/a, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de acordar un orden diferente.
En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se observarán en el debate las reglas establecidas sobre los medios de prueba.

Art. 246 – Declaración del/la imputado/a
Si hubiera sido solicitado por alguna de las partes el/la Juez/a invitará al/la imputado/a a declarar. Si el/la imputado/a prestara su consentimiento para declarar, después de brindar su versión de los hechos imputados será interrogado/a por el/la Fiscal y por la querella, aunque podrá negarse a responder todo o parte del interrogatorio sin que ello importe presunción en su contra ni pueda usarse la negativa en su perjuicio.
Posteriormente y en cualquier momento del debate, a pedido de las partes se le podrán formular preguntas aclaratorias, a las que también podrá negarse total o parcialmente el/la imputado/a a responder.
En el curso del debate el/la imputado/a podrá efectuar todas las declaraciones que estimase pertinentes.
El/la Juez/a no podrá interrogar al/la imputado/a.

Art. 247 – Nuevas pruebas
Si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles o se hicieren indispensables otros ya conocidos, a pedido de parte el/la Juez/a podrá ordenar su recepción. Quien los propuso tendrá la carga de producirlos, pero el Tribunal deberá facilitar los medios institucionales pertinentes si ello fuera imprescindible.

Art. 248 – Declaración de peritos
Los peritos deberán declarar como los testigos, cuando hubieren sido citados.
Responderán bajo juramento a las preguntas que les sean formuladas por las partes, comenzando por la que la hubiera propuesto y si fueran varias, por el/la Fiscal comparecerán según el orden en que hubieran sido llamados y por el tiempo que sea necesaria su presencia.
El/la Juez/a podrá disponer, a pedido de parte, que los peritos presencien determinados actos del debate; también los podrá citar nuevamente siempre que sus dictámenes resultaren pocos claros o insuficientes.
El/la Juez/a, a pedido de parte, hará efectuar las operaciones periciales pertinentes y útiles en la misma audiencia, si esto fuera posible.
Estas disposiciones regirán, en lo pertinente, para los intérpretes.
El/la Juez/a no podrá interrogar a los peritos o intérpretes, ni disponer de oficio nuevos peritajes.

Art. 249 – Declaración de testigos
De inmediato deberá procederse al examen de los testigos en el orden que estime conveniente la parte que los propuso.
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias.
Después de declarar, a pedido de parte el/la Juez/a resolverá si deberán permanecer incomunicados en antesala.
Los testigos serán interrogados por las partes, comenzado por la que los haya propuesto y si lo fueron por más de una, deberá comenzar el/la Fiscal y continuar la querella. El Tribunal no podrá interrogar a los testigos.

Art. 250 – Interrogatorio fuera del Tribunal
El testigo, perito o intérprete que no compareciere a causa de un impedimento legítimo, podrá ser examinado por las partes en el lugar donde se encuentre, bajo la dirección del/la Juez/a.

Art. 251 – Interrogatorio improcedente
En los interrogatorios el Tribunal deberá rechazar toda pregunta inadmisible, dejándose constancia en acta.

Art. 252 – Incorporación por lectura
Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas por la lectura de las formalmente recibidas durante la investigación preparatoria, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan observado las formalidades pertinentes, especialmente en lo referente al control de la defensa:

  1. Cuando se hayan cumplido las formas de los actos definitivos e irreproducibles.
  2. Cuando el/la Fiscal y el/la imputado/a presten su conformidad.
  3. Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe. En este caso, se podrá además utilizar un sistema de videoconferencias para escuchar al testigo.

Art. 253 – Presentación de prueba instrumental y documental
Los elementos de convicción que hayan sido secuestrados, presentados u ofrecidos se deberán mostrar, según el caso, a las partes y a los testigos. Estos últimos serán invitados a reconocerlos en el interrogatorio y a declarar lo que fuere pertinente.
Según la naturaleza de las cosas o elementos, podrán exhibirse fotografías o filmaciones para su individualización.
Las partes podrán aceptar que se tengan por conocidos los documentos a fin de simplificar el trámite del debate.

Art. 254 – Lectura de actas y documentos
Los elementos documentales a que se refiere el artículo anterior y las declaraciones testimoniales admitidas según el artículo 252 podrán ser leídos a solicitud de alguna de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún valor, sin perjuicio de la presentación de documentos al testigo, perito o al/la imputado/a para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización del Tribunal. En todo caso se valorarán 1os dichos vertidos al respecto en la audiencia.

Art. 255 – Inspección de lugares
Cuando fuere necesario, de oficio o a pedido de parte el Tribunal podrá resolver que se practique la inspección de un lugar determinado.

Art. 256 – Reconocimientos y careos
El Tribunal a pedido de parte podrá disponer el reconocimiento de personas y la realización de careos.

Art. 257 – Alegatos. Desistimiento de la acción
Terminada la recepción de las pruebas, el/la Juez/a concederá sucesivamente la palabra al/la Fiscal, a la querella, a los/as Defensores/as del/la imputado/a y en su caso al/la civilmente demandado/a, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus conclusiones y defensas. Si en las conclusiones la Fiscalía requiriese la aplicación de pena de prisión o reclusión de efectivo cumplimiento, deberá solicitar la imposición de la prisión preventiva o de otras medidas restrictivas. No podrán leerse memoriales.
Las partes podrán replicar solamente sobre la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos correspondiendo a la defensa la última palabra.
El/la Juez/a fijará prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas.
En último término el/la Juez/a preguntará al/la imputado/a si tiene algo que manifestar.
A continuación cerrará el debate y convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia.
El pedido de absolución formulado por el/la Fiscal dará por terminado el debate e implicará la libre absolución del/la imputado/a cuando no hubiera habido acusación de la querella.

 

CAPÍTULO 4
REGISTRO

Art. 258 – Acta del debate
El/la Secretario/a labrará un acta del debate que deberá contener:

  1. EI lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas.
  2. El nombre y apellido del/la Juez/a, Fiscales y Defensores/as.
  3. Las condiciones personales del/la imputado/a.
  4. El nombre y apellido de los testigos, pelitos e intérpretes, con mención de juramento y la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate.
  5. Las instancias y conclusiones del/la Fiscal y de la defensa.
  6. Otras menciones prescritas por la ley o las que el/la Juez/a ordenare hacer o aquellas que solicitaren las partes.
  7. La firma del/la Fiscal, Defensores/as y Secretario/a, quien previamente la deberá leer a los/as interesados/as.

El acta deberá estar confeccionada y a disposición de las partes antes de la lectura de la sentencia bajo consecuencia de nulidad del debate.

Art. 259 – Registro de la audiencia
La audiencia se deberá registrar en su totalidad por cualquier medio de audio y/o video a disposición del Tribunal.
La versión registrada de la audiencia deberá ser certificada por el/la Secretario/a y reservada en Secretaria. Vencido el plazo de interposición de recursos sin que las partes hubieran interpuesto alguno, agotada la etapa recursiva o si por su consecuencia fuera necesario un nuevo debate, la versión de la audiencia puede ser destruida.

 

CAPÍTULO 5
SENTENCIA

 

Art. 260 – Prohibición de reapertura del debate
El debate no podrá reabrirse y si el/la Juez/a estimase que las pruebas reunidas son insuficientes, deberá interpretarlas conforme las reglas de la sana crítica y el principio de inocencia.

Art. 261 – Sentencia
La sentencia deberá contener:

  1. La identificación del/la imputado/a.
  2. La descripción del hecho imputado y su tipificación.
  3. La prueba valorada conforme a las reglas de la sana critica racional.
  4. Las consideraciones de derecho que correspondan.
  5. La absolución o condena.
  6. La individualización de la pena y las circunstancias valoradas para ello, así como también los medios tecnológicos fijados para controlar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en casos de condena condicional.
  7. La reparación civil pertinente o el rechazo de la demanda.
  8. La imposición o exención de costas.

Art. 262 – Cambio de calificación
En la sentencia, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en la acusación, pero no podrá aplicar en ningún caso una sanción más grave que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Art. 263 – Sentencia absolutoria
La sentencia absolutoria ordenará, cuando fuere el caso, la libertad del/la imputado/a y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y/o de medidas precautorias.

Art. 264 – Lectura de la sentencia. Efectos
Redactada la sentencia se agregará al expediente o al acta de debate. El/la Juez/a se constituirá nuevamente en sala de audiencias, luego de ser convocadas las partes y la leerá ante los que comparezcan, bajo consecuencia de nulidad.
Si la Complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de la sentencia, dentro de las veinticuatro (24) horas deberá leerse tan sólo su parte dispositiva, fijándose audiencia para la lectura integral.
Esta deberá efectuarse, bajo consecuencia de nulidad del debate, en las condiciones previstas en el párrafo anterior y en el plazo máximo de cinco (5) días a contar del cierre del debate.
La lectura vale en todo caso corno notificación para los que hubieran intervenido en el debate.
La sentencia, cualquiera fuera su resultado, será apelable por el/la Fiscal, la querella, la defensa y el/la demandado/a civil en la medida de sus respectivos agravios, sin perjuicio del recurso que la representación del Ministerio Público pudiera interponer en favor de el/la imputado/a.

 

TÍTULO II
JUICIOS POR DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 265 – Capacidad
Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción privada tendrá derecho a presentar querella ante el Tribunal que corresponda y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria.
Igual derecho tendrá el representante legal del incapaz, por los delitos de acción privada cometidos en perjuicio de éste.

Art. 266 – Acumulación de causas
La acumulación de causas por delito de acción privada se regirá por las disposiciones comunes, pero ellas no se acumularán con las incoadas por delitos de acción pública, excepto que existiese un concurso ideal de delitos o un concurso aparente de leyes, en cuyo caso el proceso se regirá por las reglas de los delitos de acción pública.
También se acumularán las causas por injurias recíprocas.

Art. 267 – Contenido de la formulación de la querella
La querella se presentará por escrito, con patrocinio letrado, con tantas copias como querellados hubiere, personalmente o por mandatario especial, agregándose en este caso el poder, y deberá expresar, bajo consecuencia de inadmisibilidad:

  1. El nombre, apellido y domicilio del/la querellante.
  2. El nombre, apellido y domicilio del/la querellado/a o, sí se ignoraren cualquier descripción que sirva para identificarlo/a.
  3. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha y hora en que se ejecutó, si se supiere.
  4. Las pruebas que se ofrecen, acompañándose en su caso la nómina de los testigos, peritos e intérpretes, con indicación de sus respectivos domicilios y profesiones.
  5. Si se ejerciere la acción civil, la concreción de la demanda.
  6. La firma del/la querellante, cuando se presentare personalmente, o de otra persona, a su ruego, si no supiere o pudiere firmar, en cuyo caso deberá hacerlo ante el/la Secretario/a.

Deberá acompañarse, bajo consecuencia de inadmisibilidad, la documentación pertinente y de la que se haga mérito; si no fuera posible hacerlo, se indicará el lugar donde se encontrare.

Art. 268 – Desistimiento. Carácter
El desistimiento no puede supeditarse a condiciones, pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil emergente del delito cuando ésta no haya sido promovida juntamente con la penal.

Art. 269 – Desistimiento tácito
Se tendrá por desistida la acción privada cuando:

  1. El/la querellante o su mandatario no instan el procedimiento durante treinta (30) días.
  2. El/la querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del debate, sin justa causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación siempre que fuere posible y hasta los cinco (5) días posteriores.
  3. En el caso de las acciones por calumnias e injurias previstas en el Código Penal, habiendo muerto o quedado incapacitado/a el/la querellante, no comparecieren los legitimados para proseguir la acción, dentro de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la incapacidad.

Art. 270 – Efectos del desistimiento
Cuando el Tribunal declare extinguida la acción penal por desistimiento del/la querellante, sobreseerá en la causa y le impondrá las costas, salvo que las partes hubieran convenido a este respecto otra cosa.
El desistimiento de la querella favorece a todos los que hubieren participado en el delito que la motivó.

Art. 271 – Audiencia de conciliación
Presentada la querella, el Tribunal convocará a las partes a una audiencia de conciliación, a la que podrán asistir los defensores.
Cuando no concurra el/la querellado/a, el proceso seguirá su curso.

Art. 272 – Conciliación. Efectos
Si las partes se conciliaran en la audiencia prevista en el artículo anterior, o en cualquier estado posterior del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas serán en el orden causado.
Si el/la querellado/a por delito contra el honor se retractare, en dicha audiencia o al contestar la querella, la causa será sobreseída y las costas quedarán a su cargo.
Si el/la querellante no aceptare la retractación, por considerarla insuficiente, el Tribunal decidirá la incidencia. Si lo pidiere el/la querellante, se ordenará que se publique la retractación en la forma que el Tribunal estime adecuada.

Art. 273 – Pruebas para el debate
Si no se realizara la audiencia de conciliación por ausencia del/la querellado/a o, realizada, no se produjera conciliación ni retractación, el Tribunal citará a las partes a una audiencia oral, dentro de los diez (10) días de notificadas, para que ofrezcan la prueba para el debate. La audiencia se regirá conforme lo previsto para los delitos de acción pública.

Art. 274 – Investigación preliminar
Cuando el/la querellante ignore el nombre, apellido o domicilio del autor del hecho, o deban agregarse al proceso documentos que aquél/la no haya podido obtener, se podrá ordenar una investigación preliminar para individualizar al/la querellado/a o conseguir la documentación. Las medidas que requieran auxilio de la fuerza pública, coerción o afectación de alguna garantía constitucional, las realizará el Juzgado a pedido de la querella en cuanto se estimen pertinentes y útiles.

Art. 275 – Prisión Preventiva
El Tribunal podrá ordenar a pedido de la querella la prisión preventiva del/la querellado/a, previa intimación de los hechos y una información sumaria en audiencia oral, solamente cuando hubiere motivos graves para sospechar que tratará de eludir la acción de la justicia y concurrieren los requisitos previstos para la adopción de tal medida cautelar.
Cuando el/la querellante ejerza la acción civil, podrá pedir el embargo de los bienes del/la querellado/a, respecto de lo cual se aplicarán las disposiciones comunes.

Art. 276 – Audiencia para debate
Finalizada la audiencia prevista en el artículo 223, si correspondiera continuar con el proceso o resueltas las excepciones en el sentido de la prosecución del juicio, el Presidente del Tribunal fijará día y hora para el debate, conforme con el artículo 226, y el/la querellante adelantará, en su caso, los fondos a que se refiere el artículo 228, teniendo las mismas atribuciones que las que ejerce el/la Fiscal en el juicio común.

Art. 277 – Reglas del debate
El debate se efectuará de acuerdo con las disposiciones correspondientes al juicio común. El/la querellante tendrá las facultades y obligaciones correspondientes al/la Fiscal, pero podrá ser interrogado/a bajo juramento.

Art. 278 – Remisión. Publicación del fallo
Respecto de la incomparecencia del/la imputado/a, de la sentencia, de los recursos y de la ejecución de aquélla, se aplicarán las disposiciones comunes.
En el juicio de calumnia o injurias podrá ordenarse, a petición de parte, la publicación de la sentencia en la forma que el Tribunal estime adecuada, a costa del vencido.

 

TÍTULO III
AVENIMIENTO


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 279 – Oportunidad. Formalidades
En el momento de la intimación al/la imputado/a por el hecho o a partir de ese momento en cualquier etapa del proceso hasta los cinco (5) días posteriores a la notificación de la radicación del caso en el Juzgado de Juicio el/la Fiscal podrá formalizar con el/la imputado/a y su defensor/a, un acuerdo sobre la pena y las costas.
El acuerdo debe contener los requisitos del requerimiento de Juicio, o remitirse a ese acto si ya se hubiera formulado y la conformidad del/la imputado/a, con asistencia de su defensor/a, la que importará la aceptación sobre la existencia del hecho o de los hechos reprochados y su participación, con la calificación legal adoptada y con la pena solicitada.
El/la Juez/a citará al/la imputado/a a una audiencia de conocimiento personal, lo/la interrogará sobre sus circunstancias personales y sobre si comprende los alcances del acuerdo.
Luego deberá homologar el acuerdo o rechazarlo y disponer que continúe el proceso, por auto, si considerase que la conformidad del/la imputado/a no fue voluntaria.
La homologación podrá adoptar una calificación legal o una pena más favorable al/la imputado/a y tendrá todos los efectos de la sentencia definitiva. Contra el rechazo habrá recurso de apelación.

 

 

LIBRO IV
RECURSOS


TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO ÚNICO


Art. 280 – Regla general
Las resoluciones judiciales serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley.
El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo.
Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir.

Art. 281 – Recurso de el/la Fiscal. Recurso en favor de el/la imputado/a
Además de los casos especialmente previstos, el/la Fiscal podrá recurrir siempre a fin de controlar la legalidad del procedimiento, incluso en favor del/la imputado/a.

Art. 282 – Requisitos legales. Límite
Los recursos deberán ser interpuestos, bajo consecuencia de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan. Los Tribunales no podrán exigir para la concesión de los recursos más requisitos formales que los previstos expresamente en este Código.

Art. 283 – Efecto suspensivo. Regla general
Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del/la imputado/a.

Art. 284 – Efectos. Adhesión
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherir, dentro del término de emplazamiento, al recurso concedido a otro, en la medida y con los alcances que incumban al recurrente originario.

Art. 285 – Efectos. Extensión
Cuando en un proceso hubiera varios/as imputados/as, el recurso interpuesto por uno/a de ellos/as favorecerá a los/as demás, siempre que no estuviera fundado en motivos estrictamente personales.

Art. 286 – Recursos en la etapa de juicio
Durante la etapa previa al debate solo se podrá deducir recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente antes del debate sin más trámite. Si se interpusiera durante el debate, deberá resolverse de inmediato o con la sentencia, pero su trámite no suspenderá la audiencia.

Art. 287 – Desistimiento del recurso
El/la imputado/a podrá desistir de los recursos interpuestos sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pero cargará con las costas.
El Ministerio Público Fiscal podrá desistir fundadamente de sus recursos, inclusive si los hubiere interpuesto un representante de inferior jerarquía.

Art. 288 – Rechazo. Causales
Cuando deba entender en un recurso un Tribunal de Alzada el Tribunal que dictó el acto impugnado se limitará a incorporar los escritos de interposición y fundamentación de los recursos y remitirá los antecedentes pertinentes al que sea competente.
El Tribunal de Alzada solamente podrá rechazar in limine el recurso cuando sea interpuesto por quien no tenga derecho, o fuera de término, o sin observarse las formas prescriptas, o cuando el acto impugnado fuera irrecurrible, o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales. En tales casos lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo.

Art. 289 – Alcances generales
El recurso atribuirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo respecto de los puntos de la resolución a que se refieran los motivos del agravio.
Los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal permitirán modificar o revocar la resolución en favor del/la imputado/a.
Cuando hubiere sido recurrida solamente por el/la imputado/a o a su favor, la resolución impugnada no podrá ser modificada en su perjuicio.

 

TÍTULO II
RECURSO DE REPOSICIÓN


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 290 – Forma y plazo. Procedencia
El recurso de reposición tendrá por objeto que el Tribunal que dictó un decreto o auto que cause gravamen, lo revoque por contrario imperio. Deberá interponerse y fundamentarse dentro del tercer día de notificado el acto y el Tribunal resolverá por auto, previa vista a los interesados.
El recurso de reposición procederá:

  1. Contra las decisiones judiciales dictadas sin sustanciación.
  2. Contra los autos dictados con sustanciación, cuando la decisión se hubiese fundado bajo un evidente error en la apreciación de los elementos de valoración.

Art. 291 – Efectos de la resolución
La resolución que recaiga hará ejecutoria, salvo que el recurso hubiera sido deducido junto con el de apelación en subsidio y éste fuera procedente.
Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable con ese efecto.

 

TÍTULO III
RECURSO DE APELACIÓN


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 292 – Procedencia
El recurso de apelación procederá contra los decretos, autos y sentencias dictados por los/as Jueces/zas, expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable.

Art. 293 – Formas y plazo
El recurso de apelación contra decretos y autos se interpone por escrito con los fundamentos que lo justifiquen ante el mismo Tribunal que dictó la resolución, dentro del término de cinco (5) días salvo disposición en contrario.
Contra las sentencias se interpone del mismo modo dentro de los diez (10) días.
El/la Juez/a provee lo que corresponda sin más trámite.

Art. 294 – Remisión de las actuaciones
Interpuesto el recurso, el/la Juez/a remitirá a la Cámara de Apelaciones las actas y/u otros instrumentos de documentación de las audiencias, con los documentos pertinentes y los escritos de interposición del recurso.
Cuando la remisión de tales elementos entorpezca el curso del proceso se elevará copia de las piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante.
Si la apelación se planteara en un incidente escrito, se elevarán sólo sus actuaciones.

Art. 295 – Radicación. Mantenimiento del recurso
Radicado el recurso en la Cámara de Apelaciones, se hará saber a las partes el Tribunal interviniente.
Dentro de los cinco (5) días el/la Fiscal de Cámara deberá manifestar fundadamente si mantiene o no el recurso deducido por el/la Fiscal o si adhiere al interpuesto en favor del/la imputado/a. A este fin se le remitirán las actuaciones.
Cuando el recurso se hubiera deducido contra la sentencia definitiva el plazo para dictaminar será de diez (10) días.
Del mismo modo y con los mismos términos se procederá cuando corresponda intervenir a la Defensoría Oficial de Cámara y/o a la Asesoría Tutelar de Cámara, que entenderán en ese orden.
Dentro del quinto día de notificada la radicación el/la imputado/a o el/la querellante que no hubiere recurrido el decreto o auto impugnado, podrá presentar un escrito mejorando fundamentos. Si las actuaciones no estuvieran disponibles por haber sido remitidas al Ministerio Público, el plazo previsto precedentemente, correrá a partir de su devolución.

Art. 296 – Resolución. Audiencia
Oído el de Fiscal de Cámara y en su caso la Defensoría y le Asesoría Tutelar, siempre que el Tribunal no rechace el recurso por haber sido interpuesto fuera de término o por quien no tenía derecho de apelar o por ser irrecurrible la decisión impugnada o cuando la cuestión planteada resultare insustancial, se resolverá de inmediato cuando se hubieran apelado decretos o autos.
Si el recurso de apelación se hubiera deducido contra una sentencia definitiva o auto equiparable se fijará una audiencia dentro de los quince (15) días de restituidas las actuaciones.

Art. 297 – Audiencia
La audiencia se celebrará el día fijado con asistencia de todos/as los/as Jueces/zas de la Cámara que deban dictar sentencia y las partes interesadas.
Las partes alegarán verbalmente sobre los motivos del recurso.
Se tendrá por desierto el recurso de la parte apelante que no concurriese.
La palabra será concedida en primer término al recurrente.
Si hubieran recurrido la querella y/o el/la Fiscal, éstos hablarán en primer término, en ese orden, y la defensa en último.
En cuanto fueren aplicables, regirán las normas del debate de juicio común.

Art. 298 – Término
El Tribunal resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la audiencia y devolverá de inmediato las actuaciones a los fines que correspondan, cuando venzan los términos de impugnación.

Art. 299 – Cuestiones de hecho
Al resolver sobre un recurso interpuesto contra una sentencia, el Tribunal podrá confirmar la absolución, pero si el/la imputado/a hubiera sido absuelto/a en el juicio la Cámara no podrá dictar una sentencia condenatoria motivada en una diferente apreciación de los hechos.
Si el Tribunal entendiera que la sentencia recurrida se apartó de los hechos probados y el derecho aplicable, anulará el fallo y ordenará que se realice un nuevo debate. En tal caso remitirá las actuaciones al/la Juez/a que siga en orden de turno al/la que dictó el fallo.
Si la nueva sentencia fuera absolutoria, no será recurrible por cuestiones de hecho y prueba.

Art. 300 – Cuestión de puro derecho
Si la cuestión fuera de puro derecho y se hubiere aplicado erróneamente la ley, el Tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y la doctrina cuya aplicación declare. En este caso podrá revocar una sentencia absolutoria y dictar condena, siempre que los hechos hubieran quedado debidamente fijados en la sentencia recurrida.
Si el Tribunal considerase que la pena impuesta fue excesiva, se limitará a adecuarla a las características del caso.

Art. 301 – Cuestiones procesales. Arbitrariedad
Si hubiera habido inobservancia de las normas procesales, la Cámara anulará lo actuado y remitirá el proceso al/la Juez/a que corresponda, para su sustanciación.

Art. 302 – Subsanación de errores de derecho y materiales
Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia impugnada que no hayan influido en la resolución y los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas serán corregidos.

Art. 303 – Doble instancia
La sentencia de Cámara que revoque una absolución de primera instancia conforme las reglas precedentes, podrá ser recurrida por la defensa dentro del tercer día, por escrito fundamentado, ante la Sala de la Cámara que siga en orden de turno. Regirán para el trámite del recurso las reglas previstas en este capítulo.

 

TÍTULO IV
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 304 – Procedencia
Procederá el recurso de inaplicabilidad de la ley cuando un fallo dictado por una Sala de la Cámara de Apelaciones, que ponga fin al proceso y cause gravamen irreparable, contradiga a otro, emanado de la misma u otra Sala del Tribunal, dictado en los dos (2) años anteriores.

Art. 305 – Requisitos formales
El recurso de inaplicabilidad de la ley deberá ser interpuesto dentro del quinto día de notificado el fallo, ante la Sala que lo dictó, mediante escrito fundamentado y con copia para todas las partes.

Art. 306 – Suspensión de trámite
Cuando se interponga un recurso de inaplicabilidad de la ley, el/la Presidente de la Sala interviniente lo comunicará a las otras salas de la Cámara, para que se suspenda el trámite de otros procesos en los que se debatan las mismas cuestiones de derecho a tratar en el plenario.

Art. 307 – Trámite
Recibido y admitido el recurso, la Sala interviniente correrá traslado por diez (10) días a las demás partes. Vencido el plazo, se remitirán las actuaciones de inmediato a la Presidencia de la Cámara.
El Presidente de la Cámara de Apelaciones deberá consultar por diez (10) días comunes a todos los integrantes sobre las cuestiones a tratar. Con las opiniones recibidas fijará definitivamente las cuestiones a resolver.
Inmediatamente llamará a acuerdo plenario dentro de los treinta (30) días siguientes.
Para sesionar se requerirá un quórum de dos tercios de los miembros de la Cámara.
En el acuerdo plenario los/as Jueces/zas presentes expondrán sus criterios individualmente, pudiendo acompañar sus votos por escrito, y cada cuestión se resolverá por mayoría en el orden establecido por la Presidencia. En caso de empate el/la Presidente tendrá doble voto.

Art. 308 – Fallo. Efectos
La decisión alcanzada por la mayoría de los/as Jueces/zas presentes en el acuerdo, del modo previsto en el Art. precedente, fijará la doctrina de la Cámara por los próximos dos (2) años, la que será obligatoria sólo para sus integrantes.
Si la decisión fuera contradictoria con la dictada en la causa donde se interpuso el recurso, la Sala originaria dejará sin efecto la sentencia y dictará otra con arreglo a la doctrina obligatoria.

Art. 309 – Modificación de la doctrina obligatoria
La doctrina sentada en acuerdo plenario podrá ser modificada por un nuevo acuerdo plenario, convocado por la Presidencia de la Cámara al efecto por pedido de un tercio de los miembros del Tribunal. Para modificar por esta vía la doctrina plenaria se requerirá mayoría simple, con al menos igual cantidad de votos que los obtenidos en el precedente.
El trámite es el previsto en los artículos 306 y 307.

 

TÍTULO V
ACCIÓN DE REVISIÓN

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 310 – Procedencia
La acción de revisión procederá, en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando:

  1. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable.
  2. La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testifical cuya falsedad se hubiere declarado en fallo posterior irrevocable.
  3. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.
  4. Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable.
  5. Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia.

Art. 311 – Objeto
La acción de revisión deberá tender siempre a demostrar la inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometió, o que fue falsa la prueba en que se basó la condena, salvo que se funde en la última parte del inc. 4 o en el inc. 5 del artículo anterior.

Art. 312 – Personas legitimadas
Podrán deducir la acción de revisión:

  1. El/la condenado/a y/o su defensor/a; si el/la interesado/a fuere incapaz, sus representantes legales, o si hubiere fallecido, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos.
  2. El Ministerio Público Fiscal.

Art. 313 – Formas
La acción de revisión se interpondrá ante la Cámara de Apelaciones, personalmente o mediante defensor, por escrito que contenga, bajo consecuencia de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Si por la acción de revisión se cuestionara la legalidad de la sentencia y el Tribunal fuera el mismo, intervendrá el que siga en orden de turno.
En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 310 se acompañará copia de la sentencia pertinente; pero cuando en el supuesto del inc. 3 de ese artículo la acción penal estuviese extinguida o no se pudiera proseguir, el/a recurrente deberá indicar las pruebas demostrativas del delito de que se trate.

Art. 314 – Trámite
En el trámite de la acción de revisión se observarán las reglas establecidas para el de apelación, en cuanto sean aplicables.
El Tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros.

Art. 315 – Efecto suspensivo
Antes de resolver el Tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer, con o sin caución, la libertad provisional del condenado/a.

Art. 316 – Sentencia
Al pronunciarse el Tribunal podrá anular la sentencia y dictar la que se ajuste a derecho o remitir el caso a nuevo juicio.

Art. 317 – Nuevo juicio
Cuando se disponga la realización de un nuevo juicio no intervendrán los magistrados que conocieron en el anterior.
En la nueva sentencia no se podrá absolver por el efecto de una nueva apreciación de los mismos hechos del primer proceso con prescindencia de los motivos que hicieron admisible la acción de revisión.

Art. 318 – Efectos civiles
Cuando la sentencia sea absolutoria, además de disponerse la inmediata libertad del/la condenado/a y el cese de toda interdicción, deberá ordenarse la restitución de la suma pagada en concepto de pena y/o de indemnización, siempre que haya sido citado el actor civil.

Art. 319 – Reparación
La sentencia de la que resulte la inocencia de un/a condenado/a podrá pronunciarse, a instancia de parte, sobre los daños y perjuicios causados por la condena, los que serán reparados por el Estado siempre que aquél/la no haya contribuido con su dolo o culpa al error judicial.
La reparación solo podrá acordarse al/la condenado/a o, por su muerte, a sus herederos forzosos.

Art. 320 – Revisión desestimada. Efectos
El rechazo de una acción de revisión no perjudicara el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos, pero las costas de un recurso desechado serán siempre a cargo de la parte que lo interpuso.

 

LIBRO V
EJECUCIÓN


TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 321 – Tribunal competente
Las resoluciones y sentencias judiciales serán ejecutadas por el Tribunal que las dictó en primera instancia, el que tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución y harán las comunicaciones dispuestas por la ley.

Art. 322 – Trámite de los incidentes. Recurso
Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el/la Fiscal, el/la condenado/a o su defensor/a. Contra las decisiones procederán los recursos de reposición y apelación.

 

TÍTULO II
EJECUCIÓN PENAL


CAPÍTULO 1
PENAS

 

Art. 323 – Cómputo y facultades del Tribunal de ejecución
El Tribunal hará practicar por Secretaría el cómputo de la pena, fijando la fecha de vencimiento o su monto. Dicho cómputo será notificado a las partes quienes podrán observarlo dentro de los tres (3) días. Si se dedujere oposición, tramitará por incidente con vista por tres (3) días a la contraria y resolverá el Tribunal interviniente. En caso contrario, el cómputo se aprobará y la sentencia será comunicada inmediatamente a quien corresponda.
El/la Juez/a deberá velar porque:

  1. Se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República Argentina, en el trato otorgado a los/as condenados/as, presos/as y personas sometidas a medidas de seguridad.
  2. Se cumpla efectivamente la sentencia, para lo cual podrá disponer la utilización de medios tecnológicos adecuados para su control.
  3. Se cumplan los recaudos para la mejor reinserción social de los/as liberados/as condicionalmente

Art. 324 – Juicio a Prueba
El control del cumplimiento de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba corresponderá a la oficina del Ministerio Público Fiscal que se establezca al efecto, conforme la reglamentación.
En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, se comunicará al Tribunal que otorgó la suspensión del proceso a prueba, que previa audiencia con el/la imputado/a y el/la Fiscal, resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio.

Art. 325 – Ejecución
Cuando el/la condenado/a a pena privativa de la libertad no estuviere preso/a, se ordenará su captura, salvo que no exista sospecha de fuga. En este caso, se le notificará para que se constituya detenido/a dentro de los cinco (5) días.
Si el/la condenado/a estuviere preso/a, o cuando se constituyera detenido/a, se ordenará su alojamiento en la cárcel penitenciaria correspondiente, a cuya dirección se le comunicará el cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia.

Art. 326 – Suspensión
La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el Tribunal solamente en los siguientes casos:

  1. Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo o hija menor de seis (6) meses al momento de la sentencia. En este caso el diferimiento se podrá mantener hasta que el hijo o hija alcance los seis (6) meses de vida.
  2. Si el/la condenado/a se encontrare gravemente enfermo/a y la inmediata ejecución pusiera en peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio.

Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente.

Art. 327 – Salidas transitorias
El/la Juez/a podrá autorizar, previo informe del servicio penitenciario pertinente, que el/la penado/a salga del establecimiento carcelario en que se encuentre, por plazos prudenciales y cuando su conducta lo justifique, para visitar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente y para trabajar, sin que esto importe suspensión de la pena. También podrá autorizar su traslado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente próximo.
Estos beneficios podrán concederse a los/as procesados/a privados/as de su libertad.
El/la procesado/a o condenado/a que al gozar de este beneficio no cumpliera con las condiciones que se le impongan, no podrá obtenerlo nuevamente.

Art. 328 – Enfermedad, ancianidad y visitas íntimas
Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el/la condenado/a denotare sufrir alguna enfermedad, el Tribunal, previo dictamen de peritos designados de oficio, dispondrá su internación en un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo/a en aquel donde está alojado/a o ello importará grave peligro para su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que el/la condenado/a se hallare privado/a de su libertad durante ese tiempo y la enfermedad no haya sido simulada o procurada para sustraerse de la pena.
El Tribunal de ejecución podrá disponer que los/las condenados/as mayores de setenta (70) años de edad y los/las que alcanzaren esa edad durante el cumplimiento de la pena, la cumplan o terminen de cumplirla en su domicilio, cuando atendiendo a la personalidad del/la condenado/a, las características del hecho y en su caso el informe de la unidad penitenciaria, se considere que no existe peligro de fuga.
Los/las condenados/as, sin distinción de sexo, podrán recibir visitas íntimas periódicas, las cuales se llevarán a cabo resguardando la decencia, discreción y tranquilidad del establecimiento.

Art. 329 – Inhabilitación accesoria
Cuando la pena privativa de la libertad importe, además, la inhabilitación accesoria del Código Penal, el Tribunal ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan.

Art. 330 – Inhabilitación absoluta y especial
La parte resolutiva de la sentencia que condene a inhabilitación absoluta se hará publicar por el Tribunal de ejecución en el Boletín Oficial. Además, se cursarán las comunicaciones a el/la Juez/a Electoral y a las reparticiones o poderes que corresponda, según el caso.
Cuando la sentencia imponga inhabilitación especial, el Tribunal hará las comunicaciones pertinentes. Si se refiere a alguna actividad privada, se comunicará a la autoridad policial.

Art. 331 – Pena de multa
La multa deberá ser abonada dentro de los diez (10) días desde que la sentencia quedó firme.
Vencido este término el Tribunal procederá conforme con lo dispuesto en el Código Penal.

Art. 332- Detención domiciliaria
La detención domiciliaria prevista por el Código Penal y la contemplada en el arículo 328 se cumplirán bajo inspección o vigilancia de la autoridad policial, para lo cual el Tribunal de ejecución impartirá las órdenes necesarias y dispondrá también su control a través de medios tecnológicos adecuados para verificar su cumplimiento.
Si el/la penado/a quebrantare la condena pasará a cumplirla en el establecimiento que corresponda.

Art. 333 – Revocación de la condena de ejecución condicional
La revocación de la condena de ejecución condicional será dispuesta por el Tribunal que interviene en la ejecución, salvo que proceda la acumulación de las penas, en cuyo caso, podrá ordenarla el que dicte la pena única.

Art. 334 – Ley más benigna
Cuando deba quedar sin efecto la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna o en virtud de otra razón legal, el Tribunal aplicará dicha ley de oficio, a solicitud del/la interesado/a o del Ministerio Público Fiscal.

 

CAPÍTULO 2
LIBERTAD CONDICIONAL

 

Art. 335 – Solicitud
La solicitud de libertad condicional se cursará de inmediato por intermedio de la dirección del establecimiento donde se encuentre el/la condenado/a, quien podrá nombrar un/a defensor/a para que actúe en el trámite.

Art. 336 – Informe
Presentada la solicitud, el Tribunal requerirá informe de la dirección del establecimiento respectivo, acerca de los siguientes puntos:

  1. Tiempo cumplido de la condena.
  2. Forma en que el/la solicitante ha observado los reglamentos carcelarios y la calificación que merezca por su trabajo, educación y disciplina.
  3. Toda otra circunstancia, favorable o desfavorable, que pueda contribuir a ilustrar el juicio del Tribunal, pudiéndose requerir dictamen médico o psicológico cuando se juzgue necesario.

Los informes deberán expedirse en el término de cinco (5) días.

Art. 337 – Cómputo y antecedentes
Al mismo tiempo, el Tribunal requerirá del/la Secretario/a un informe sobre el tiempo de condena cumplido por el/la solicitante y sus antecedentes. Para determinar estos últimos, librará, en caso necesario, los oficios y exhortos pertinentes.

Art. 338 – Procedimiento
El pedido de libertad condicional tramitará por incidente con intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal, a quien se correrá vista antes de dictarse resolución. Si la decisión fuera tomada por un Tribunal unipersonal, será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
Cuando la libertad condicional fuera acordada, en el auto se fijarán las condiciones establecidas en el Código Penal. El/la liberado/a, en el acto de la notificación, deberá prometer que las cumplirá fielmente. El/la Secretario/a le entregará una copia de la resolución, la que deberá conservar y presentar a la autoridad encargada de vigilarlo toda vez que le sea requerida.
Si la solicitud fuera denegada, el/la condenado/a no podrá reiterarla antes de seis (6) meses de la resolución, a menos que ésta se hubiera fundamentado en no haberse cumplido el término legal para la obtención de la libertad condicional.

Art. 339 – Sometimiento al Patronato
El/la penado/a será sometido conjuntamente al cuidado del Patronato de liberados, al que se le comunicará la libertad y se le remitirá copia del auto que la ordenó.
El Patronato colaborará con el Tribunal en la observación del/la penado/a en lo que respecta al lugar de residencia del/la liberado/a, el trabajo a que se dedique y la conducta que observe.
Si no existiera el Patronato, el Tribunal podrá ser auxiliado en tales funciones por una institución particular u oficial.

Art. 340 – Revocatoria
La revocatoria de la libertad condicional conforme al Código Penal, podrá efectuarse de oficio, a solicitud del/la Fiscal o del Patronato o institución que hubiera actuado.
En todo caso el/la liberado/a será oído/a y se le admitirán pruebas.

 

CAPÍTULO 3
MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

Art. 341 – Vigilancia
La ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada por el Tribunal a cargo de la ejecución y/o las autoridades del establecimiento de internación o lugar en que se cumpla e informarán al Tribunal lo que corresponda. Podrá recurrirse al auxilio de peritos.
También se podrá disponer para su control de medios tecnológicos adecuados para verificar su cumplimiento.

Art. 342 – Cese
Para ordenar que cese una medida de seguridad el Tribunal a cargo de la ejecución deberá oír al Ministerio Público Fiscal, al/la interesado/a o, cuando éste/a sea incapaz, a quien ejercite su patria potestad, tutela o curatela y, en su caso, requerir el dictamen pericial.

 

TÍTULO III
EJECUCIÓN CIVIL

 

CAPÍTULO 1
CONDENA PECUNIARIA

 

Art. 343 – Competencia
Las sentencias que condenen a restitución, reparación e indemnización de daños, satisfacción de costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas o no puedan serlo por simple orden del Tribunal que las dictó, se ejecutarán por el/la interesado/a o por el/la representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponda, ante los/las jueces/zas competentes en materia civil o contencioso administrativo.

Art. 344 – Embargo
A solicitud de parte, el Juez o la Jueza ordenará el embargo de bienes del/la imputado/a o, en su caso, del/la civilmente demandado/a, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.
Si el/la imputado/a o el/la civilmente demandado/a no tuvieren bienes, o lo embargado fuera insuficiente, se podrá decretar su inhibición.

 

CAPÍTULO 2
NORMAS APLICABLES

 

Art. 345 – Remisión
Con respecto a la sustitución del embargo o inhibición, orden sobre bienes embargables, forma y ejecución del embargo, conservación, seguridad y custodia de los bienes embargados, su administración, variaciones del embargo, honorarios y tercerías, regirán supletoriamente las disposiciones del procedimiento civil o contencioso administrativo, pero el recurso de apelación tendrá efecto devolutivo.

Art. 346 – Actuaciones
Las diligencias sobre embargos y fianzas se tramitarán por cuerda separada.

 

CAPÍTULO 3
DESTINO DE OBJETOS SECUESTRADOS

 

Art. 347 – Objetos decomisados
Cuando se decomise algún objeto se le dará el destino que corresponda según su naturaleza, conforme la reglamentación.
El/la Juez/a, a pedido de la Fiscalía, podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
El Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en el futuro lo reemplace reglamentará las cuestiones atinentes a la instrumentación y destino de los bienes o derechos sobre los que recaen las medidas cautelares.

Art. 348 – Restitución
Las cosas secuestradas que no estuvieran sujetas a decomiso, restitución o embargo serán devueltas a quien se le secuestraron o a quien acredite mejor título de dominio conforme el Código Civil y Comercial.
Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la sentencia, se notificará al depositario la entrega definitiva o la obligación de poner las cosas a disposición de quien corresponda.
Las cosas secuestradas de propiedad del/la condenado/a podrán ser retenidas en garantía de los gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.
En los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso, el/la Fiscal o el/la Juez/a, a pedido del/la damnificado/a y sin correr traslado a la defensa, puede disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuere verosímil y puede fijar una caución si lo considerare necesario. A tales fines, el/la Juez/a escucha en entrevista personal a la Fiscalía. La decisión que disponga la resolución se ejecuta y es apelable sin efecto suspensivo.
En los casos en los que el propietario no sea habido, el fiscal dará intervención al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien tendrá facultades para solicitar al/la Juez/a o al/la Fiscal el desalojo anticipado del inmueble y la realización de todas aquellas medidas preventivas para evitar nuevas intrusiones o situaciones de peligro para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El/la Juez/a o el/la Fiscal deberán resolver inmediatamente debiendo autorizar, en su caso, las medidas preventivas solicitadas.

Art. 349 – Controversia. Juez competente
Si se suscitare controversia sobre la restitución de las cosas secuestradas o la forma de restitución, el Tribunal a cargo de la ejecución formará incidente y correrá traslado a los/las interesados/as por tres (3) días. Resolverá dentro de los cinco (5) días por auto, que será apelable.

Art. 350 – Decomiso por abandono
Cuando después de un (1) año de concluido el proceso nadie reclame o acredite tener derecho a la restitución de cosas, que no se secuestraron del poder de determinada persona, se dispondrá su decomiso.
En la medida de lo posible, tales bienes se entregarán a instituciones de bien público o serán donados para fines benéficos.
Las armas de fuego serán remitidas para su destrucción al organismo competente cuando fueran decomisadas o restituidas a su legítimo/a dueño/a cuando fuera ajeno al hecho delictivo.

 

CAPÍTULO 4
SENTENCIAS DECLARATIVAS DE FALSEDADES INSTRUMENTALES

 

Art. 351 – Rectificación
Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el Tribunal que la dictó ordenará que el acto sea reconstituido, suprimido o reformado.

Art. 352 – Restitución de documentos
Si el instrumento declarado falso hubiera sido extraído de un archivo será restituido con nota marginal en cada página, agregándose copia de la sentencia que hubiese establecido la falsedad total o parcial.

Art. 353 – Anotación en documentos protocolizados
Si se tratare de un documento protocolizado, se anotará la declaración hecha en la sentencia al margen de la matriz en los testimonios que se hubiesen presentado y en el registro respectivo.

 

TÍTULO IV


COSTAS
CAPÍTULO ÚNICO

 

Art. 354 – Anticipo de gastos
En todo proceso el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el Consejo de la Magistratura anticiparán los gastos con relación al/la imputado/a y a las demás partes que gocen del beneficio de pobreza.

Art. 355 – Decisión
Toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente deberá resolver sobre el pago de las costas procesales.

Art. 356 – Imposición de costas
Las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el Tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para litigar.

Art. 357 – Exención
Los/las representantes del Ministerio Público y los/as abogados/as y mandatarios/as que intervengan en el proceso no podrán ser condenados/as en costas, salvo los casos en que especialmente se disponga lo contrario por actuación maliciosa y/o claro desconocimiento del derecho y sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que pudieran corresponderles.

Art. 358 – Contenido
Las costas consistirán:

  1. En el pago de la tasa de justicia.
  2. En los honorarios devengados por los/las abogados/as, procuradores/as y peritos.
  3. En los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa.

Art. 359 – Regulación de honorarios
Los honorarios de los/las abogados/as y procuradores/as se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido.
Los honorarios de las demás personas se determinarán según las normas de las leyes respectivas.

Art. 360 – Pluralidad de condenados/as. Distribución
Cuando sean varios los/las condenados/as al pago de costas el Tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil.

 

 

Ley Nº 2.303

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