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CANCELACION DE LA COMPRA – PAGINA WEB – IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – REVOCACION – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PASAJES – COMPRAVENTA – AGENCIA DE VIAJES – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – RECURSO DIRECTO DE APELACION – RELACION DE CONSUMO – TRANSPORTE AEREO – PLATAFORMA DIGITAL – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora -empresa de turismo- y, en consecuencia, confirmar la Disposición Administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor mediante la cual le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 34 de la Ley N° 24.240, y ordenó el pago de una indemnización en concepto de daño directo en favor del denunciante. Del expediente administrativo surge que la esposa del denunciante, utilizando la tarjeta de crédito de este último (o una extensión de la misma), hizo una operación de compra de 4 pasajes aéreos en la página “web” de la denunciada. Frente a lo que adujo que interpretó como un error en el sitio -sin perjuicio de haber sido enviado por la agencia un “email” de confirmación de reserva a su casilla personal, de cuya existencia, al parecer, aún no se había percatado- efectuó, en el mismo lugar, otra operación con idéntico objeto que, a diferencia de la transacción anterior, quedó inconclusa. Cuando la compradora advirtió que había recibido una confirmación de la primera operación, solicitó su cancelación tanto por correo electrónico como -ante la respuesta negativa- por carta documento, en tanto que su esposo lo hizo por este último medio. La empresa nunca efectuó la cancelación, alegando, esencialmente, que hizo las gestiones necesarias para canalizar el pedido y que no es responsable de su denegación. La recurrente alega que hizo las gestiones necesarias para canalizar el pedido de cancelación de la compra de la actora sin perjuicio de lo cual no es responsable de su denegación. Sin embargo, la relación entre una agencia de viajes y el adquirente de un pasaje es tan importante como la que existe entre este y la empresa encargada de llevar efectivamente a cabo la actividad de transporte. Ello puede concluirse, en un supuesto como el que nos ocupa, simplemente advirtiendo que la única forma que tenía el comprador de exteriorizar eficazmente su intención de cancelación era comunicándola a la empresa en cuyo sitio “web” había concretado la operación (la agencia intermediaria), independientemente de que no fuera esta quien prestaría el servicio de transporte en sí.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 57180. Autos: Avantrip S.R.L. Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 15-10-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA – CANCELACION DE LA COMPRA – PAGINA WEB – IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – REVOCACION – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PASAJES – COMPRAVENTA – AGENCIA DE VIAJES – FALTA DE PRUEBA – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – RECURSO DIRECTO DE APELACION – RELACION DE CONSUMO – TRANSPORTE AEREO – PLATAFORMA DIGITAL – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 57180. Autos: Avantrip S.R.L. Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 15-10-2024.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – CANCELACION DE LA COMPRA PAGINA WEB IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR REVOCACION LEY APLICABLE SANCIONES ADMINISTRATIVAS PASAJES COMPRAVENTA AGENCIA DE VIAJES COMERCIALIZACION DE SERVICIOS PROCEDENCIA DEFENSA DEL CONSUMIDOR LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RECURSO DIRECTO DE APELACION INTERMEDIACION DE VIAJES RELACION DE CONSUMO TRANSPORTE AEREO PLATAFORMA DIGITAL INTERMEDIACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora -empresa de turismo- y, en consecuencia, confirmar la Disposición Administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC- mediante la cual le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 34 de la Ley N° 24.240, y ordenó el pago de una indemnización en concepto de daño directo en favor del denunciante. Del expediente administrativo surge que la esposa del denunciante, utilizando la tarjeta de crédito de este último (o una extensión de la misma), hizo una operación de compra de 4 pasajes aéreos en la página “web” de la denunciada. Frente a lo que adujo que interpretó como un error en el sitio -sin perjuicio de haber sido enviado por la agencia un “email” de confirmación de reserva a su casilla personal, de cuya existencia, al parecer, aún no se había percatado- efectuó, en el mismo lugar, otra operación con idéntico objeto que, a diferencia de la transacción anterior, quedó inconclusa. Cuando la compradora advirtió que había recibido una confirmación de la primera operación, solicitó su cancelación tanto por correo electrónico como -ante la respuesta negativa- por carta documento, en tanto que su esposo lo hizo por este último medio. La empresa nunca efectuó la cancelación, alegando, esencialmente, que hizo las gestiones necesarias para canalizar el pedido y que no es responsable de su denegación. La empresa recurrente sostiene que la normativa de defensa y protección al consumidor sería de aplicación únicamente supletoria al contrato de transporte aéreo. Ahora bien, la empresa recurrente se encontraba, al momento de los hechos, regida por la Ley Nº 18.829 (actualmente derogada por el Decreto N° 70/2023), la cual disponía en su artículo 1 que quedaban “…sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional, con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes actividades: a) La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero…”. La definición de agencia de viaje puede ser encuadrada, entonces, en la de proveedor, en los términos de la Ley N° 24.240, por cuanto se trata, en el caso actual, de una persona jurídica de naturaleza privada que desarrolla de manera profesional una actividad de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores. De esta forma, las disposiciones de la Ley N° 24.240 le son plenamente aplicables; entre ellas, el artículo 34 en cuanto prevé la facultad revocatoria en favor del consumidor en la venta, como en este caso, “a distancia”.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 57180. Autos: Avantrip S.R.L. Sala: III Del voto de Dr. Horacio G. Corti 15-10-2024.

IMPUGNACION DE DEUDA IMPOSITIVA – IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – SERVICIO TECNICO – DETERMINACION DE DEUDA IMPOSITIVA DE OFICIO – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – TRIBUTOS – IMPROCEDENCIA – COMPRAVENTA MERCANTIL – ETAPA POSTCONTRACTUAL – EXENCIONES TRIBUTARIAS – VENTA DE BIENES – CONTRATO DE DISTRIBUCION – INTERMEDIACION DE SERVICIOS – EXPORTACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la impugnación de la determinación de oficio de deuda en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -ISIB- de la actora, con relación a la exención de impuestos por exportaciones de servicios que se efectivicen en el exterior. En efecto, la contribuyente afirmó que la actividad bajo análisis (esta es, comisiones por venta FOB) encuadraba dentro de la exención del ISIB relativa a exportaciones de servicios que se efectivicen en el exterior. Para ello, afirmó que solo actuaba como una mera intermediara, ligando a una empresa local interesada en adquirir sus productos con la casa matriz, para que luego esta última definiera si concretaba o no la operación, en función del criterio de conveniencia que estimara adecuado. A su entender, la actividad que llevaba a cabo desde Argentina resultaba utilizada o explotada económicamente en el extranjero. Agregó que, si la operación se concretaba, también era en el extranjero en donde se materializaba la entrega de los bienes, y que quedaba a cargo del comprador local su posterior importación al país. Sin embargo, la pretensión de la actora no puede obtener favorable acogida. Ello es así porque, aun sin desconocer que se trata de una sociedad legalmente constituida en nuestro país, que cuenta con personería tributaria propia y que, según surge del contrato, se desempeñaba como contratista independiente de aquellas sociedades extranjeras (casas matrices), lo cierto es que, al momento de explicar su operatoria, soslayó por completo referir que se encontraba a su cargo realizar aquellas tareas de “…mantenimiento, soporte y distribución de los Productos y de los Servicios que sean vendidos a los clientes del Distribuidor” (conf. contrato de distribución). Por ese motivo, las circunstancias aquí constatadas y la forma en que fueron pactadas las operaciones involucradas me permiten concluir en que las empresas extranjeras, a través de su vinculada local, estaban realizando, efectivamente, una actividad en nuestro país. Ello así, pues un pilar no menor de la etapa de comercialización de los productos ofrecidos, esta es, la postventa -servicios de mantenimiento y soporte- era brindada por actora, lo que impide tener por configurada su condición de mera intermediaria en la operatoria. Nótese, en tal sentido, que el servicio brindado por la contribuyente resulta elemental para aquellos adquirentes de sus bienes localizados en el país. Si éste no existiera, no resultaría errado presumir que las operaciones no se concretarían con idéntico grado de confianza, ni tampoco podría descartarse la incidencia que esto tendría en el precio pactado por las ventas. Consecuentemente, no encontrándose acreditado en debida forma que el servicio prestado se llevaba a cabo efectivamente en el exterior, corresponde, por los argumentos brindados, rechazar el recurso de la parte actora.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 54849. Autos: Hewlett Packard Argentina S.R.L. Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 29-12-2023.

FALTA DE FUNDAMENTACION – EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA – DAÑOS Y PERJUICIOS – DERECHO DE DEFENSA – AGENCIA DE TURISMO – EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO – OPORTUNIDAD PROCESAL – IMPROCEDENCIA – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – DERECHO A OFRECER Y PRODUCIR PRUEBA – CONTRATO DE TURISMO – RELACION DE CONSUMO – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la demandada en la presente acción derivada de una relación de consumo. La parte demandada, al oponer la excepción, sostuvo que es una agencia de viajes que actúa como intermediaria en la reserva o locación de servicios en el país o en el extranjero y que se encuentra constituida para intermediar entre los usuarios y los prestadores de servicios u organizadores (operadores mayoristas) de transporte, hoteles, etcétera, y que no existe una relación de consumo entre ella y la parte actora. Manifestó que la excepción debió resolverse en el marco del dictado de la sentencia definitiva ya que, de lo contrario, se veda la producción de prueba y la posibilidad de alegar sobre el mérito de esta y su vinculación con la defensa opuesta. Ahora bien, la apelante se limitó a efectuar manifestaciones que no revisten otra entidad más que la expresión subjetiva de disconformidad con la solución de primera instancia y con la valoración efectuada por el Juez acerca de la relación jurídica que une a las partes a partir de los elementos de prueba hasta aquí aportados. En ese sentido, la recurrente no explica por qué las constancias arribadas a la causa resultarían insuficientes para analizar la defensa en esta etapa liminar del proceso, ni tampoco controvirtió ser una agencia de turismo que intervino en la comercialización de los servicios de hotel. Así las cosas, los planteos efectuados -además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito donde opuso la excepción- no logran demostrar la existencia de error alguno en la resolución apelada. Por lo demás, cabe señalar que aun cuando se la tuvo por legitimada en esta etapa del proceso, nada impide que la demandada pueda aportar a lo largo del proceso los elementos de prueba que considere pertinentes dirigidos a acreditar su falta de responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones para lograr un eventual rechazo de la demanda contra su parte; todo lo cual será valorado al momento de dictar sentencia definitiva.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 51899. Autos: Rossi, Yesica Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dr. Carlos F. Balbín 20-04-2023.

RETENCION DE IMPUESTOS – BILLETERA VIRTUAL – MEDIDAS CAUTELARES – PELIGRO EN LA DEMORA – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – TRIBUTOS – ACTIVIDAD COMERCIAL – SALDOS A FAVOR – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 49468. Autos: Cryptomkt SA Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik, Dr. Carlos F. Balbín 07-09-2022.

RETENCION DE IMPUESTOS – BILLETERA VIRTUAL – MEDIDAS CAUTELARES – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – ALICUOTA – BASE DE CALCULO – TRIBUTOS – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – ACTIVIDAD COMERCIAL – REDUCCION DE LA ALICUOTA – SALDOS A FAVOR – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar peticionada disponiendo precautoriamente que la demandada ordene a la sociedad agente de retención que se abstenga de realizar retenciones sobre las sumas que se acrediten en la cuenta que tiene la actora en la plataforma digital de la referida hasta tanto se dicte sentencia (artículo 184 del CCAyT). La actora es una sociedad anónima que tiene por actividad la intermediación en la adquisición y venta de criptomonedas, es una plataforma digital de intercambio donde operan compradores y vendedores de ese tipo de divisas, y que por medio de órdenes de compra o venta van determinando el precio de ese activo digital y que la tarea de intermediación permite administrar, transferir, comprar y liquidar de manera simple y segura tales valores digitales, recibiendo por ello una comisión por transacción. Promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el menoscabo en sus derechos por aplicación a su respecto del Régimen General de Recaudación y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires (Resolución General AGIP 296/2019) mediante el cual el agente de recaudación Mercado Libre, a través de su plataforma “Mercado Pago”, practica retenciones sobre el total de las acreditaciones que se realizan en su cuenta en dicha entidad. En efecto, de las constancias del expediente se advierte que el Fisco se encontraría efectuando retenciones relativas al impuesto en exceso, lo que le generaría a la sociedad actora un crédito a su favor excesivo respecto a lo que debe pagar mensualmente. La actora acompañó con su demanda certificados de retenciones extendidas por el agente de retención y una declaración jurada correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la cual se declaró una determinada base imponible sobre la cual se le realizaron las cuestionadas retenciones habiendo tomado como base imponible una suma que triplica la declarada. A su vez, la actora adjuntó una certificación contable relativa a las constancias de retenciones y percepciones correspondientes a otros períodos fiscales de la que se desprende que la sociedad tuvo saldos a favor por importes que superan la retención cuestionada. Asimismo, agregó constancia de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral acreditando la exclusión de la actora del padrón SIRCREB -Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias- que se había originado por la interposición de una acción de amparo anterior a la presente causa en el que la cuestión fue declarada abstracta toda vez que la demandada había excluido a la actora del citado régimen y ordenado la devolución de los saldos a favor que tenían su origen en éste. Oportunamente, el Director General de Rentas autorizó la devolución de saldos a favor en el impuesto involucrado correspondiente a períodos anteriores, originados por la aplicación del SIRCREB, por cuanto consideró que “las retenciones fueron practicadas sobre la totalidad de los depósitos, situación que genera el saldo a favor ya que la base imponible declarada en Impuesto sobre los Ingresos Brutos son las comisiones cobradas, y las retenciones solicitadas han sido deducidas por el responsable en sus obligaciones fiscales superando ampliamente el impuesto determinado”, y que “el saldo a favor no podrá ser consumido por el responsable en un plazo razonable, debido al bajo impuesto determinado que declara mensualmente”. Por último, manifestó haber presentado una solicitud de atenuación de la alícuota a través del sistema informático en la que explicó que “hay compañías que realizan retenciones por la totalidad de las operaciones que reciben por cuenta y orden nuestra, siendo intermediarios financieros y los montos retenidos exceden la real base imponible del impuesto que le corresponde tributar." Respecto a esta petición, la demandada habría indicado que el trámite había finalizado y que verificara la alícuota asignada en el Padrón de alícuotas diferenciales asignándose una alícuota del 1,5% para percepciones y 1% para retenciones. Ello así, estaría acreditada la verosimilitud del derecho invocado para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.

RETENCION DE IMPUESTOS – BILLETERA VIRTUAL – MEDIDAS CAUTELARES – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – TRIBUTOS – CONTRACAUTELA – ACTIVIDAD COMERCIAL – SALDOS A FAVOR – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DETERMINACION DE DEUDA IMPOSITIVA DE OFICIO – ALCANCES – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – TRIBUTOS – ACTIVIDAD COMERCIAL – OBLIGACION TRIBUTARIA – PUBLICIDAD – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – INTERMEDIACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones mediante las cuales el Fisco impugnó las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos presentadas por la firma y se determinó de oficio la deuda impositiva. En efecto, la solución del caso depende de la calificación de la actividad de la contribuyente a la que se refieren los actos impugnados. La actora sostiene que es intermediaria, mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires plantea que realiza operaciones de compraventa de espacios publicitarios. Se ha señalado que, a los efectos tributarios, lo relevante “…no es definir con precisión institutos jurídicos, sino desentrañar el significado corriente del concepto ‘intermediación’ (…) A este respecto, es necesario decidir si la actividad desplegada es subsumible en el significado usual del término…” (voto del juez Casás en el fallo del Tribunal Superior de Justicia en autos “Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados c/ GCBA”, expte. nº 1150/01, 13/2/02). Por otra parte, “[l]a tarea de intermediación puede tener una mayor o menor complejidad de acuerdo a las características de la actividad considerada pero esa eventual mayor complejidad no permite que la intermediación deje de ser tal” (voto de los jueces Ruiz, Conde y Muñoz en el precedente citado). Según el Diccionario de la Real Academia Española, “intermediar” es –en su segunda acepción–, “actuar para poner de acuerdo”. En definitiva, el intermediario “conecta a sujetos o entidades distintas para que se pongan de acuerdo sobre alguna cuestión” (Sala II del fuero en “Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, EXP 3935, 15/4/08; conf., asimismo, esta Sala en “Telecom Argentina Stet France Telecom SA / GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, 28/12/12). La prueba colectada lleva a concluir que cuando la actora contrataba los espacios publicitarios con los medios de difusión, lo hacía en interés de terceros.