SERVICIO DE APOYO A LA JURISDICCIÓN

busqueda-avanzada-de-jurisprudencia-temas-relacionados

QUERELLA – HOSTIGAMIENTO DIGITAL – ACCION PENAL – RECHAZO DE LA ACCION – INTERPRETACION DE LA LEY – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – IMPULSO DE PARTE – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DELITOS DE ACCION PRIVADA

En el caso, corresponde revocar la resolución que declaró inadmisible la prosecución autónoma de la acción pretendida por la Querella, por no haber adecuado su presentación, dentro del plazo conferido, a los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, y ordenar la prosecución del trámite permitiéndole a la Querella continuar con el ejercicio de la acción pública. Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia penal formulada por el presunto damnificado –luego constituido como Querellante– contra el imputado por la conducta calificada como constitutiva de amenazas simples agravadas, desobediencia a la autoridad y hostigamiento digital. El Ministerio Público Fiscal subsumió las conductas descriptas en el delito de desobediencia y la contravención de hostigamiento digital. Sin embargo, con posterioridad dispuso el archivo de las actuaciones argumentando que los comportamientos denunciados no pueden subsumirse en las figuras delictivas atribuidas. Ante ello, la Querella manifestó formalmente su intención de impulsar la acción mediante el procedimiento previsto para los delitos de acción privada, remitiéndose a la calificación legal y a la teoría del caso desarrollada en la denuncia inicial. El Juez entendió que el Querellante se limitó a manifestar su voluntad de continuar con el ejercicio de la acción en solitario, e intimó a la parte a cumplir con las previsiones del artículo 267 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido el plazo sin que se realizara la presentación, declaró la inadmisibilidad de la prosecución penal autónoma. La Querella apeló la decisión. Sostuvo que el Juez incurrió en un excesivo rigor formal y afirmó que la Querella ya había cumplido con los requisitos legales exigidos por el legislador al momento de su presentación inicial. No puede soslayarse que en los procesos en los que el Ministerio Público Fiscal ha renunciado a continuar con el impulso de la acción penal, como ocurrió en el caso a raíz del archivo decretado, el trámite es regido por las normas aplicables a los delitos de acción privada, aunque más breve que el ordinario. Esto implica que algunos actos procesales no se lleven a cabo, mientras que otros se unifiquen. Bajo tales circunstancias, al momento de la intimación cursada por el Magistrado, la denuncia penal efectuada por la Querella se ajustaba en su totalidad a los parámetros mínimos establecidos por el legislador para el ejercicio de la acción bajo las formalidades del procedimiento correspondiente a los delitos de acción privada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63994. Autos: F., G. M. M. Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 22-10-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


QUERELLA – HOSTIGAMIENTO DIGITAL – ACCION PENAL – RECHAZO DE LA ACCION – INTERPRETACION DE LA LEY – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – IMPULSO DE PARTE – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DELITOS DE ACCION PRIVADA

En el caso, corresponde revocar la resolución que declaró inadmisible la prosecución autónoma de la acción pretendida por la Querella, por no haber adecuado su presentación, dentro del plazo conferido, a los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, y ordenar la prosecución del trámite permitiéndole a la Querella continuar con el ejercicio de la acción pública. Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia penal formulada por el presunto damnificado –luego constituido como Querellante– contra el imputado por la conducta calificada como constitutiva de amenazas simples agravadas, desobediencia a la autoridad y hostigamiento digital. El Ministerio Público Fiscal subsumió las conductas descriptas en el delito de desobediencia y la contravención de hostigamiento digital. Sin embargo, con posterioridad dispuso el archivo de las actuaciones argumentando que los comportamientos denunciados no pueden subsumirse en las figuras delictivas atribuidas. Ante ello, la Querella manifestó formalmente su intención de impulsar la acción mediante el procedimiento previsto para los delitos de acción privada, remitiéndose a la calificación legal y a la teoría del caso desarrollada en la denuncia inicial. El Juez entendió que como el Querellante se limitó a manifestar su voluntad de continuar con el ejercicio de la acción en solitario, ello impedía al imputado conocer con claridad los términos de la acusación en su contra, e intimó a la parte a cumplir con las previsiones del artículo 267 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido el plazo sin que se realizara la presentación, declaró la inadmisibilidad de la prosecución penal autónoma. La Querella apeló la decisión. Sostuvo que el Juez incurrió en un excesivo rigor formal y afirmó que la Querella ya había cumplido con los requisitos legales exigidos por el legislador al momento de su presentación inicial. Resulta necesario hacer una distinción sobre la naturaleza y el alcance de las reglas que rigen los juicios por delitos de acción privada y aquellos supuestos –como el presente- en los que el legislador permite que la Querella pueda continuar con el ejercicio de la acción pública pese al desistimiento del Fiscal. En ese orden de ideas, el damnificado fue tenido como parte querellante cuando la Fiscalía sostuvo que la presentación efectuada por el denunciante reunía las exigencias contempladas en los artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Ares. El segundo artículo citado establece expresamente, en lo que aquí interesa, que “si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar al autor en lo posible, los datos del damnificado (…)”, en consonancia con la normativa invocada por el Juez –artículo 267 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo tales circunstancias, al momento de la intimación cursada por el Magistrado, la denuncia penal efectuada por la Querella se ajustaba en su totalidad a los parámetros mínimos establecidos por el legislador para el ejercicio de la acción bajo las formalidades del procedimiento correspondiente a los delitos de acción privada. Es por ello que, a diferencia con lo sostenido por el Juez, no se advierte que la parte querellante haya menoscabado el derecho de defensa en juicio del imputado por el solo hecho de haberse remitido en su primera intervención ante la judicatura a la totalidad de los argumentos esgrimidos previamente en su denuncia.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63994. Autos: F., G. M. M. Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 22-10-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DELITO DE ACCION PRIVADA – QUERELLA – HOSTIGAMIENTO DIGITAL – PRECEDENTE NO APLICABLE – ACCION PENAL – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – IMPULSO DE PARTE – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. El Juez declaró inadmisible la prosecución autónoma de la acción pretendida por la Querella por no haber adecuado su presentación a los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. La Querella apeló la decisión. Sostuvo que el Juez incurrió en un excesivo rigor formal y afirmó que la Querella ya había cumplido con los requisitos legales exigidos por el legislador al momento de su presentación inicial. Ahora bien, el recurso en análisis ha sido presentado en debido tiempo y forma, ante el Magistrado cuyo pronunciamiento se cuestiona y se dirige contra una decisión declarada expresamente apelable. Sin embargo, en este caso la Querella interviene en solitario –luego del archivo del caso por el Fiscal interviniente– y he señalado ya que es contraria a la Constitución la legislación de rito local (actual artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires) que admite tal posibilidad (Causa N° 31273-01-00/11 “Legajo de Querella en autos ‘A., M. L. y otros s/inf. art. 183 CP” resuelta el 15/08/2013). Si bien el criterio que propicio no fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que se expidió en favor de la constitucionalidad de la normativa en cuestión (TSJ CABA Causa N° 10544/13 “Torre, Hugo Mario s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Legajo de querella en autos Aban, María Liliana; Rodríguez, Micaela Sabrina; Rodríguez, Giselle y Rodríguez, Leonardo Carlos s/infr. Art(s). 183, Daño’”, sentencia del 04/02/2015), con posterioridad a dicho fallo del máximo tribunal local he tenido la oportunidad de pronunciarme en otro caso que involucra la cuestión (Causa N° 80.873/2021-0 “G., G. C. s/inf. art. 89 del CP” resuelta el 09/09/2022, Sala III), donde precisé detalladamente los fundamentos por los cuales entiendo que corresponde apartarse de ese precedente. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63994. Autos: F., G. M. M. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 22-10-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


LESIONES GRAVISIMAS – REPARACION INTEGRAL – REPARACION DEL DAÑO – SENTENCIA CONDENATORIA – INTERPRETACION DE LA LEY – PROCEDENCIA – DERECHO AL RECURSO – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró admisible el ofrecimiento de reparación integral del daño. El Tribunal colegiado de primera instancia condenó al imputado por el delito de lesiones gravísimas culposas y le impuso la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento y cuatro años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Asimismo, unificó esa sanción con la pena que le había sido impuesta anteriormente y revocó la condicionalidad de la que gozaba. Esta Sala confirmó la condena modificando parcialmente la pena única que fijó en quince años de prisión. Contra dicha sentencia la Defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad y ante el rechazo dedujo un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra pendiente de resolución. Con posterioridad al trámite señalado, el imputado y la víctima arribaron a un acuerdo de reparación integral, al que el Tribunal colegiado de primera instancia hizo lugar por mayoría. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que los mecanismos alternativos de solución del conflicto se encuentran previstos para etapas anteriores al dictado de una sentencia condenatoria. Estimo que de revocarse la decisión cuestionada corresponderá que otra Sala de esta Cámara revise tal decisión, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el citado artículo prevé un recurso horizontal en el caso de “… la sentencia de Cámara que revoque una absolución de primera instancia…”, entiendo que resulta aplicable excepcionalmente al presente caso. Ello, dado que la decisión que admitió la reparación integral del daño implicó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento, lo que conducía inexorablemente a la conclusión de la causa, en su claro beneficio. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63620. Autos: O. R., C. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 10-09-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DERECHOS DE LA VICTIMA – LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SANCION DE LA LEY – OPOSICION DEL FISCAL – NOTIFICACION – EJECUCION DE LA PENA – DEBERES DEL JUEZ – LEY NACIONAL – DEBERES DEL FISCAL – DERECHO A SER OIDO – LIBERTAD CONDICIONAL – PRINCIPIO DE INMEDIACION – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso que la audiencia con la víctima se sustancie exclusivamente ante el Ministerio Público Fiscal. El imputado fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de lesiones leves, amenazas y amenazas coactivas agravadas por violencia de género. La Defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. El Ministerio Público se opuso a la concesión y además destacó que correspondía dar intervención a la víctima para que emitiera su opinión ante el Juez, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos N° 27.372, 11 bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660, 8, 2) de la Ley de Ejecución Penal de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 y 43 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la Magistrada señaló que, si bien el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires reconoce el derecho a las víctimas a ser oídas, la posterior sanción de la Ley N° 6924 establece de manera expresa en su artículo 8 que dicha facultad debe materializarse ante el Ministerio Público Fiscal, lo que así dispuso. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que, en discrepancia a lo manifestado por la “a quo”, debía ser el órgano jurisdiccional quién debía citar y entrevistar a la víctima a efectos de ejercer su derecho a ser oída, teniendo en cuenta que las disposiciones de la Ley de Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 –en particular lo dispuesto en los artículos 8 y 9– debían interpretarse armónicamente con los presupuestos establecidos en los artículos 11 bis de la Ley N° 24.660, 12 de la Ley 27.372 y 43 del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, del análisis de los artículos de la Ley de Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires advertimos que se podría producir una duplicación respecto a la citación de la víctima para que pueda ejercer su derecho a ser oída, lo que produce un efecto revictimizante y debe evitarse, tal como establece el artículo 8 de la citada ley. Por su parte, la Ley N° 27.372 garantiza el derecho de la víctima a ser oída durante la etapa de ejecución de la pena. Por lo tanto, ante cualquier planteo sobre la procedencia de las distintas modalidades de cumplimiento de la condena, dicho derecho debe ejercerse directamente ante el Juez, en estricto cumplimiento de los principios de inmediación y debido proceso, conforme fuera receptado tanto por la Ley 24.660 y el Código Procesal Penal de la Ciudad.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63576. Autos: C., D. O. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 08-09-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DERECHOS DE LA VICTIMA – LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SANCION DE LA LEY – OPOSICION DEL FISCAL – NOTIFICACION – EJECUCION DE LA PENA – LEY NACIONAL – DEBERES DEL FISCAL – DERECHO A SER OIDO – LIBERTAD CONDICIONAL – LEY ESPECIAL – LEY POSTERIOR – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso que la audiencia con la víctima se sustancie exclusivamente ante el Ministerio Público Fiscal. El imputado fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de lesiones leves, amenazas y amenazas coactivas agravadas por violencia de género. La Defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. El Ministerio Público se opuso a la concesión y además destacó que correspondía dar intervención a la víctima para que emitiera su opinión ante el Juez, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos N° 27.372, 11 bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660, 8, 2) de la Ley de Ejecución Penal de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 y 43 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la Magistrada señaló que, si bien el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires reconoce el derecho a las víctimas a ser oídas ante el Juez, la posterior sanción de la Ley N° 6924 establece de manera expresa en su artículo 8 que dicha facultad debe materializarse ante el Ministerio Público Fiscal, lo que así dispuso. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que, en discrepancia a lo manifestado por la “a quo”, debía ser el órgano jurisdiccional quién debía citar y entrevistar a la víctima a efectos de ejercer su derecho a ser oída teniendo en cuenta que las disposiciones de la Ley de Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 –en particular lo dispuesto en los artículos 8 y 9– debían interpretarse armónicamente con los presupuestos establecidos en los artículos 11 bis de la Ley N° 24.660, 12 de la Ley 27.372 y 43 del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, en cuanto a la viabilidad de la interpretación armónica sugerida por la recurrente, cabe destacar que no ha de tener acogida favorable. El legislador local sancionó la Ley N° 6924 que establece el trámite de la ejecución de la pena en el procedimiento penal dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Así pues, en consonancia con la manda constitucional establecida en el artículo 121 de la Constitución Nacional, la sanción de las leyes y códigos de procedimiento le compete a cada una de las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que dicho poder no fue delegado al Estado Nacional. En este sentido, resulta paradójico que la recurrente efectúe una aplicación mixta de leyes nacionales y locales sobre cuestiones procedimentales. Por otra parte, en lo que respecta al artículo 43 del Código Procesal Penal de la Ciudad –que establece que la víctima deberá ser oída por el Juez durante la ejecución de la pena–, debo señalar que la norma especial y posterior prevalece sobre la ley general y anterior, por ende, resulta operativa en el caso particular la Ley N° 6924. (Del voto en disidencia del Dr. Rolero Santurian).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63576. Autos: C., D. O. Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian 08-09-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DERECHOS DE LA VICTIMA – LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SANCION DE LA LEY – OPOSICION DEL FISCAL – NOTIFICACION – EJECUCION DE LA PENA – LEY NACIONAL – DEBERES DEL FISCAL – DERECHO A SER OIDO – LIBERTAD CONDICIONAL – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso que la audiencia con la víctima se sustancie exclusivamente ante el Ministerio Público Fiscal. El imputado fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de lesiones leves, amenazas y amenazas coactivas agravadas por violencia de género. La Defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. El Ministerio Público se opuso a la concesión y además destacó que correspondía dar intervención a la víctima para que emitiera su opinión ante el Juez, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos N° 27.372, 11 bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660, 8, 2) de la Ley de Ejecución Penal de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 y 43 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la Magistrada señaló que, si bien el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires reconoce el derecho a las víctimas a ser oídas ante el Juez, la posterior sanción de la Ley N° 6924 establece de manera expresa en su artículo 8 que dicha facultad debe materializarse ante el Ministerio Público Fiscal, lo que así dispuso. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que, en discrepancia a lo manifestado por la “a quo”, debía ser el órgano jurisdiccional quién debía citar y entrevistar a la víctima a efectos de ejercer su derecho a ser oída teniendo en cuenta que las disposiciones de la Ley de Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 –en particular lo dispuesto en los artículos 8 y 9– debían interpretarse armónicamente con los presupuestos establecidos en los artículos 11 bis de la Ley N° 24.660, 12 de la Ley 27.372 y 43 del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, en cuanto a la viabilidad de la interpretación armónica sugerida por la recurrente, cabe destacar que no ha de tener acogida favorable. No se advierten disposiciones vagas o lesivas de los derechos que amparan durante la ejecución de la pena tanto a la persona condenada como a las víctimas del delito, de modo que no se verifica el presupuesto que habilitaría la aplicación supletoria de la norma nacional en el caso bajo estudio, circunstancia esta última que tampoco se encuentras legalmente prevista. (Del voto en disidencia del Dr. Rolero Santurian).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63576. Autos: C., D. O. Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian 08-09-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DERECHOS DE LA VICTIMA – LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SANCION DE LA LEY – PRINCIPIO ACUSATORIO – OPOSICION DEL FISCAL – NOTIFICACION – EJECUCION DE LA PENA – LEY NACIONAL – DEBERES DEL FISCAL – DERECHO A SER OIDO – LIBERTAD CONDICIONAL – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso que la audiencia con la víctima se sustancie exclusivamente ante el Ministerio Público Fiscal. El imputado fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de lesiones leves, amenazas y amenazas coactivas agravadas por violencia de género. La Defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. El Ministerio Público se opuso a la concesión y además destacó que correspondía dar intervención a la víctima para que emitiera su opinión ante el Juez, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos N° 27.372, 11 bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660, 8, 2) de la Ley de Ejecución Penal de la Ciudad de Buenos Aires N° 6924 y 43 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la Magistrada señaló que, si bien el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires reconoce el derecho a las víctimas a ser oídas ante el Juez, la posterior sanción de la Ley N° 6924 establece de manera expresa en su artículo 8 que dicha facultad debe materializarse ante el Ministerio Público Fiscal, lo que así dispuso. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que imponerle al Fiscal recabar la opinión de las víctimas altera la función legal del Ministerio Público Fiscal y supone una confusión de roles en el sistema acusatorio. Sin embargo, es la tesitura de la recurrente la que resulta incongruente con los alcances del principio acusatorio. Así pues, cabe resaltar que el artículo 8 de la Ley N° 6924 dispone “(…) cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenad a … 2) La libertad condicional” se deberá llevar a cabo ante el Ministerio Público Fiscal. Situación que, lejos de poder generar agravio alguno, solo constituye una adecuación lógica de los parámetros del acusatorio en el ordenamiento legal. (Del voto en disidencia del Dr. Rolero Santurian).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63576. Autos: C., D. O. Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian 08-09-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – PLANTEO DE NULIDAD – LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – DEFENSA EN JUICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – PLAZOS PROCESALES – IMPROCEDENCIA – PLANTEO EN SEGUNDA INSTANCIA – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad formulado por el Defensor de Cámara. La Defensa apeló la decisión del Juez que rechazó su planteo de prescripción de la acción contravencional. Al momento de contestar la vista, el Defensor de Cámara postuló la nulidad del decreto que fijó la audiencia de juicio y de todo lo actuado con posterioridad. Fundó su planteo en que no se observó el plazo mínimo de diez días previsto en el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que a su entender resulta de aplicación supletoria al procedimiento contravencional según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional y, por lo tanto, se habría vulnerado la garantía de defensa en juicio. Corresponde advertir que el planteo resulta ser una reflexión tardía que no ha sido introducida ni abordada en la instancia interior, circunstancia que bastaría para propiciar su rechazo. No obstante, en atención a la naturaleza de la garantía invocada consideramos que debe ser tratado. Ahora bien, el espíritu de la legislación contravencional fue concebir un procedimiento célere y acotado, lo que se evidencia en la previsión de plazos exiguos tanto para la celebración de los distintos actos procesales como para la prescripción de la acción, al igual que en el establecimiento de limitadas causales de interrupción y suspensión de aquella. En este sentido, es posible trazar una sensible diferencia con el procedimiento penal y es por tal motivo que la aplicación supletoria de las normas que rigen en este último al proceso contravencional (lo que, en principio, se encuentra habilitado en razón de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional) adquiere carácter restrictivo en lo que respecta a los términos que deben observarse en el trámite de las causas de una u otra naturaleza.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63030. Autos: L., W. F. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 03-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – PLANTEO DE NULIDAD – LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – DEFENSA EN JUICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – PLAZOS PROCESALES – IMPROCEDENCIA – PLANTEO EN SEGUNDA INSTANCIA – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad formulado por el Defensor de Cámara. La Defensa apeló la decisión del Juez que rechazó el planteo de prescripción de la acción contravencional. Al momento de contestar la vista, el Defensor de Cámara postuló la nulidad del decreto que fijó la audiencia de juicio y de todo lo actuado con posterioridad. Fundó su planteo en que no se observó el plazo mínimo de diez días previsto en el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que a su entender resulta de aplicación supletoria al procedimiento contravencional según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional y, por lo tanto, se habría vulnerado la garantía de defensa en juicio. Ahora bien, aun cuando nada obsta a que en la práctica de los juzgados se convoque a las partes con la antelación exigida por el procedimiento en materia penal, ello no supone que exista una obligación legal en ese sentido. En efecto, si bien el Código Contravencional establece que deberá convocarse con diez días de anticipación la audiencia de admisibilidad de la prueba, ese cuerpo legal no contempla un plazo mínimo que deba garantizarse en el llamado a las partes al juicio oral y público, de modo que lo pretendido por la Defensa no parece “a priori” exigible.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63030. Autos: L., W. F. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 03-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – PLANTEO DE NULIDAD – LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – DEFENSA EN JUICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – PLAZOS PROCESALES – PROCEDENCIA – PLANTEO EN SEGUNDA INSTANCIA – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad formulado por el Defensor de Cámara. La Defensa apeló la decisión del Juez que rechazó el planteo de prescripción de la acción contravencional. Al momento de contestar la vista, el Defensor de Cámara postuló la nulidad del decreto que fijó la audiencia de juicio y de todo lo actuado con posterioridad. Fundó su planteo en que no se observó el plazo mínimo de diez días previsto en el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que a su entender resulta de aplicación supletoria al procedimiento contravencional según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional y, por lo tanto, se habría vulnerado la garantía de defensa en juicio. Independientemente de la oportunidad procesal en que fue introducida la cuestión, lo cierto es que involucra principios fundamentales de orden público y, por ello, debe tratarse incluso de oficio. Es preciso señalar que los plazos previstos en el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y en los artículos 222 y 223 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires –relativos al traslado del requerimiento de juicio y a la fijación de la audiencia de admisibilidad de la prueba– resultan equivalentes, de modo que bajo ninguna circunstancia puede interpretarse que la convocatoria a las partes al juicio con la antelación exigida por el procedimiento en materia penal resulte incompatible con los principios que imperan en el proceso contravencional. Se trata, además, de normas que reglamentan la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio que, obviamente, se ve perjudicado cuando la citación es intempestiva y priva del plazo para preparar la Defensa que reglan las normas invocadas. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63030. Autos: L., W. F. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 03-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – PLANTEO DE NULIDAD – LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – DEFENSA EN JUICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – PLAZOS PROCESALES – PROCEDENCIA – PLANTEO EN SEGUNDA INSTANCIA – NE BIS IN IDEM – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad formulado por el Defensor de Cámara. La Defensa apeló la decisión del Juez que rechazó el planteo de prescripción de la acción contravencional. Al momento de contestar la vista, el Defensor de Cámara postuló la nulidad del decreto que fijó la audiencia de juicio y de todo lo actuado con posterioridad. Fundó su planteo en que no se observó el plazo mínimo de diez días previsto en el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que a su entender resulta de aplicación supletoria al procedimiento contravencional según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional y, por lo tanto, se habría vulnerado la garantía de defensa en juicio. Advierto que al fijarse un plazo tan exiguo hasta la Fiscalía se vio impedida de prepararse para el debate, por ejemplo, garantizando la asistencia de los testigos, lo que motivó que la audiencia fuera cancelada, a pesar de que el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional establece que, incluso en el supuesto en que el presunto contraventor no concurriese al juicio, debía producirse la prueba testimonial y, posteriormente, ordenarse el comparendo del imputado por la fuerza pública a una nueva audiencia a celebrarse dentro de las 48 horas desde que fuera habido. En relación a esto último, dado que no se ha producido la prueba en el momento en que el Juez consideró oportuno hacerlo –con premura inadmisible, en mi opinión–, lo que no podrá volver a hacerse es juzgar nuevamente la conducta contravencional que la Fiscalía ya tuvo ocasión de acreditar y omitió hacerlo en la audiencia cuya convocatoria intempestiva considera válida. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63030. Autos: L., W. F. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 03-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADA – EFECTOS DEL RECURSO – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SENTENCIA CONDENATORIA – PRINCIPIO DE INOCENCIA – SENTENCIA PENAL – IMPROCEDENCIA – CONSTITUCION NACIONAL – SENTENCIA NO FIRME – EJECUTORIEDAD – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso rechazar el pedido de la Fiscalía de ejecutar de forma anticipada la sentencia condenatoria. El Juez rechazó el pedido de la Fiscalía de ejecutar de forma anticipada la sentencia condenatoria en tanto consideró que el concepto de firmeza de la sentencia está íntimamente relacionado con la garantía del debido proceso y el principio de inocencia. Corresponde destacar que la sentencia condenatoria fue confirmada por esta Sala y que, ante el posterior rechazo del recurso de inconstitucionalidad, la Defensa presentó un recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sin solicitar el efecto suspensivo, que se encuentra pendiente de resolución. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que el Juez equiparó improcedentemente los conceptos de ejecutoriedad con firmeza, y que esta última se encuentra sujeta al resultado de un recurso cuyo efecto es únicamente devolutivo –la queja–. A tal efecto, señaló que el artículo 33 de la Ley de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia N° 402 establece que “mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso”. Ahora bien, el nudo del debate consiste en determinar si, hallándose pendiente una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Tribunal Superior de Justicia –recurso que carece de efecto suspensivo según el artículo 33 de la Ley N° 402–, la sentencia condenatoria puede ser ejecutada en forma anticipada a su firmeza. Consideramos que la letra del artículo 33 de la Ley 402 debe armonizarse con las restantes normas del ordenamiento – artículos 2, 182 inciso 6 y 283 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y artículo 18 de la Constitución Nacional– a fin de realizar una interpretación armónica que no ponga en pugna las disposiciones aplicables. De modo que la no suspensión del curso del proceso que habilita la citada disposición legal no puede equipararse a una autorización para ejecutar penas privativas de la libertad respecto de quienes aun gozan de la presunción de inocencia.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62937. Autos: A., M. L. y otros Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 23-06-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADA – EFECTOS DEL RECURSO – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SENTENCIA CONDENATORIA – PRINCIPIO DE INOCENCIA – SENTENCIA PENAL – IMPROCEDENCIA – CONSTITUCION NACIONAL – SENTENCIA NO FIRME – EJECUTORIEDAD – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución en cuanto dispuso rechazar el pedido de la Fiscalía de ejecutar de forma anticipada la sentencia condenatoria. El Juez rechazó el pedido de la Fiscalía de ejecutar de forma anticipada la sentencia condenatoria en tanto consideró que el concepto de firmeza de la sentencia está íntimamente relacionado con la garantía del debido proceso y el principio de inocencia. Corresponde destacar que la sentencia condenatoria fue confirmada por esta Sala y que, ante el posterior rechazo del recurso de inconstitucionalidad, la Defensa presentó un recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sin solicitar el efecto suspensivo, que se encuentra pendiente de resolución. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que el Juez equiparó improcedentemente los conceptos de ejecutoriedad con firmeza, y que esta última se encuentra sujeta al resultado de un recurso cuyo efecto es únicamente devolutivo –la queja–. A tal efecto, señaló que el artículo 33 de la Ley de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia N° 402 establece que “mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso”. Ahora bien, el artículo 2 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en concordancia con el artículo 18 de la Constitución Nacional, indica que “[t]oda persona imputada es inocente hasta que se establezca legalmente su culpabilidad”. Este estándar impide considerar que el mero efecto devolutivo de un recurso extraordinario pendiente sea condición suficiente para ejecutar una pena de prisión. La presunción de inocencia no se agota con el doble conforme; subsiste, aunque con intensidad decreciente, hasta que la sentencia no pueda ser revisada por ningún recurso.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62937. Autos: A., M. L. y otros Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 23-06-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADA – EFECTOS DEL RECURSO – INTERPRETACION ARMONICA DEL SISTEMA LEGAL – SENTENCIA CONDENATORIA – PRINCIPIO DE INOCENCIA – SENTENCIA PENAL – IMPROCEDENCIA – CONSTITUCION NACIONAL – SENTENCIA NO FIRME – EJECUTORIEDAD – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución en cuanto dispuso rechazar el pedido de la Fiscalía de ejecutar de forma anticipada la sentencia condenatoria. El Juez rechazó el pedido de la Fiscalía de ejecutar de forma anticipada la sentencia condenatoria en tanto consideró que el concepto de firmeza de la sentencia está íntimamente relacionado con la garantía del debido proceso y el principio de inocencia. Corresponde destacar que la sentencia condenatoria fue confirmada por esta Sala y que, ante el posterior rechazo del recurso de inconstitucionalidad, la Defensa presentó un recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sin solicitar el efecto suspensivo, que se encuentra pendiente de resolución. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que el Juez equiparó improcedentemente los conceptos de ejecutoriedad con firmeza, y que esta última se encuentra sujeta al resultado de un recurso cuyo efecto es únicamente devolutivo –la queja–. A tal efecto, señaló que el artículo 33 de la Ley de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia N° 402 establece que “mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso”. Ahora bien, no puede dejar de ponderarse que la interpretación propiciada por el recurrente no resiste el cotejo con el resto del ordenamiento jurídico. El artículo 182 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires establece que “Se entenderá que existe peligro de fuga cuando la objetiva valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales del/la imputado/a permitan sospechar fundadamente que intentará substraerse a las obligaciones procesales. Se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: (…) 6. El rechazo del recurso de inconstitucionalidad que fuera planteado contra la sentencia condenatoria que dispone una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento por la Cámara de Apelaciones o por el Tribunal Superior de Justicia”. La consagración legislativa de ese supuesto como indicador de peligro de fuga –y no como condición de ejecutoriedad– es reveladora: el legislador consideró que el rechazo del recurso de inconstitucionalidad podía fundar una medida cautelar privativa de la libertad si concurrían los demás presupuestos. Si el legislador hubiera entendido que ese rechazo habilitaba “per se” la ejecución directa de la pena, la norma del inciso 6 carecería de todo contenido útil. La citada norma solo tiene sentido si se parte de la base de que la condena no firme no es ejecutable, y que el ordenamiento prevé, para ese período, la posibilidad de adoptar medidas cautelares –previa verificación de los requisitos legales–, no la ejecución directa de la sanción.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62937. Autos: A., M. L. y otros Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 23-06-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


Cerrar
Skip to content