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AVENIMIENTO – FIGURA AGRAVADA – ELEMENTOS DE PRUEBA – FACULTADES DEL JUEZ – IMPROCEDENCIA – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – MENORES DE EDAD – VALORACION DEL JUEZ – REQUISITOS – ACUERDO NO HOMOLOGADO – CALIFICACION LEGAL – REFORMATIO IN PEJUS – DISTRIBUCION DE MATERIAL PORNOGRAFICO

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual resolvió rechazar el acuerdo de avenimiento celebrado entre el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su Defensa. En la presente, se le atribuye al encausado el delito de distribución de toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (hecho 1, art. 128, primer párrafo CP) y el delito de tenencia con fines inequívocos de distribución de toda representación de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (hecho 2, art. 128, tercer párrafo CP). Conforme surge de autos, ante la presentación del acuerdo de avenimiento formulado entre las partes, el Magistrado de grado dispuso rechazarlo, principalmente, en tanto discrepó con los fundamentos de la Fiscalía para atenuar la calificación legal que había sido sostenida en el requerimiento de juicio, manteniendo la imputación de las figuras simples. Así, expuso que no era posible considerar que el imputado desconociera que en material audiovisual de abuso sexual infantil distribuido y poseído se tratara de niñas menores de trece años, pues de la compulsa de aquel era fácilmente apreciable que quienes allí aparecían debían tener una edad muy por debajo del umbral designado por la norma para agravar las conductas ilícitas. La Defensa se agravió por considerar que la recalificación efectuada por el Juez, en perjuicio de su asistido, se encontraba vedada por el principio “reformatio in pejus" y la garantía de defensa en juicio. No obstante, no caben dudas en torno a que la norma prevista en el artículo 279 del Código Procesal Penal confiere al juzgador la facultad de rechazar el avenimiento cuando la imputación no haya alcanzado el estándar de probabilidad probatoria necesario para una etapa intermedia.En efecto, el órgano jurisdiccional, como árbitro del litigio, debe valorar el fundamento de la acusación y, sobre esa base, decidir si ha alcanzado el grado de probabilidad que el avenimiento exige normativamente. Eso es, justamente, lo que ha acaecido en el “sub judice". De contrario a lo alegado por la Defensa, en el caso el “A quo" no ha efectuado una recalificación de los hechos en perjuicio de su asistido, en cambio, se ha limitado a rechazar el acuerdo arribado por considerar que la modificación de la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de juicio carecía de fundamentación adecuada, en tanto no guardaba relación con las evidencias aportadas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60759. Autos: B., G. M. Sala: II Del voto de Dra. Luisa María Escrich 23-10-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

AVENIMIENTO – EXCESO EN LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS – PENA MAS GRAVE – FIGURA AGRAVADA – PRINCIPIO ACUSATORIO – FACULTADES DEL FISCAL – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – MENORES DE EDAD – ACUERDO NO HOMOLOGADO – CALIFICACION LEGAL – REFORMATIO IN PEJUS – DISTRIBUCION DE MATERIAL PORNOGRAFICO

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado mediante la cual resolvió rechazar el acuerdo de avenimiento celebrado entre el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su Defensa. En la presente, se le atribuye al encausado el delito de distribución de toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (hecho 1, art. 128, primer párrafo CP) y el delito de tenencia con fines inequívocos de distribución de toda representación de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (hecho 2, art. 128, tercer párrafo CP). Conforme surge de autos, ante la presentación del acuerdo de avenimiento formulado entre las partes, el Magistrado de grado dispuso rechazarlo, principalmente, en tanto discrepó con los fundamentos de la Fiscalía para atenuar la calificación legal que había sido sostenida en el requerimiento de juicio, manteniendo la imputación de las figuras simples. Así, expuso que no era posible considerar que el imputado desconociera que en material audiovisual de abuso sexual infantil distribuido y poseído se tratara de niñas menores de trece años, pues de la compulsa de aquel era fácilmente apreciable que quienes allí aparecían debían tener una edad muy por debajo del umbral designado por la norma para agravar las conductas ilícitas. La Defensa se agravió por considerar que la recalificación efectuada por el Juez, en perjuicio de su asistido, se encontraba vedada por el principio “reformatio in pejus" y la garantía de defensa en juicio. Ahora bien, entiendo que la función jurisdiccional en dicho marco se encuentra únicamente vedada de imponer una pena superior o más grave que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. La decisión de la Fiscalía de —tácitamente— desistir de impulsar la acción penal de una figura de mayor peso punitivo, limitándose con el reproche de las figuras base reconocidas por el imputado, se encuentra dentro sus propias facultades. No encontrándose discutido el consentimiento dado por el encausado, si la Fiscalía entendió que con los mismos elementos probatorios obrantes en autos correspondía recalificar la conducta atribuida, sólo restaba al Juez de grado analizar si con dichos elementos se encontraba acreditada la participación del nombrado. En definitiva, cuestionó la calificación menos gravosa otorgada por la Fiscalía, reproche que resulta ajeno a su ámbito de decisión. Por ello, lo resuelto por el Magistrado de primera instancia ha excedido los límites de su intervención en clara contravención del principio acusatorio (art. 13.3 CCABA), al cuestionar los motivos de la recalificación efectuada a favor del imputado, petición que trastoca el paradigma del modelo procesal acusatorio, en el cual el impulso de la acción penal es cometido de un Fiscal. Se ha apartado, además, de lo que expresamente prevé la ley que, en los casos de homologación de avenimientos, solo autoriza al Juez a adoptar una calificación legal o una pena más favorable para el imputado (conf. art. 279 último párrafo del CPPCABA), pero no autoriza a cambiar la calificación por una más gravosa, como sí podría hacerlo al dictar sentencia luego de un debate (conf. Art. 262 del mismo texto legal), caso en el cual “en ningún caso (podrá aplicar) una sanción más grave que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal”. Es lo que, de modo indirecto, al rechazar el acuerdo por un motivo no amparado legalmente, pretende obtener la Juez de grado, a quien no le compete impulsar la acción penal pública. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60759. Autos: B., G. M. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 23-10-2025.

AUMENTO DE LA PENA – CONCURSO IDEAL – IMPROCEDENCIA – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – REFORMATIO IN PEJUS – ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO – EXTORSION

En el caso corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la coautoría del encartado, y modificar la calificación legal, condenándolo como coautor del delito de extorsión (art.168 CP) en concurso ideal con el de abuso de autoridad (art. 248 CP) y mantenido la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento y cuatro años de inhabilitación especial. Se atribuyó al imputado -funcionario de la División Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a otros dos masculinos presumiblemente pertenecientes a las fuerzas de seguridad, de común acuerdo, haber abusado de sus funciones al ejecutar actos contrarios a la ley y mediando intimidación, por haber exigido al denunciante la entrega de dinero. Asimismo, se le imputó haberse apoderado ilegítimamente de una caja de luces led de colores y una bolsa de tela que contenía $200.000 que el damnificado llevaba en la parte trasera del remís y de la suma de U$S1.000 dólares que éste tenía en su billetera. La "A quo" consideró que el evento se subsumía en primer lugar en el delito de robo. Indicó que la violencia, como medio comisivo, incluía la intimidación, que definió como “la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima”. Sostuvo que en el caso el encartado junto con otros dos individuos que no fueron identificados lograron apoderarse indebidamente de la suma de doscientos mil pesos que el denunciante llevaba en una bolsa en el asiento trasero del remís en el que se transportaba, junto con una caja de luces y de por lo menos mil dólares que tenía en su billetera. Destacó que éste manifestó que no entregó sus pertenencias en forma voluntaria, sino que permitió que los encartados se las llevaran, en razón del cargo de policías que ostentaban y del empleo de armas de fuego en su poder. En cuanto a las agravantes consideró aplicables al caso las previstas en los artículos 166 "in fine" del Código Penal –el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse–, 167 inciso 2º del Código Penal –en poblado y en banda– y 167 bis, del Código Penal, por haber sido el hecho perpetrado por integrantes de fuerzas de seguridad. Sostuvo que el hecho debía encuadrarse además en otro delito, el previsto por el artículo 248 del Código Penal –abuso de autoridad–. Finalmente consideró también aplicable el tipo penal de concusión agravada por el empleo de intimidación (art. 266 y 267 del CP) y descartó la calificación de extorsión que había escogido el Ministerio Público Fiscal, atento a la calidad de funcionario del sujeto activo. Entendió que entre ambas figuras se verificaba una relación de género especie, resultando la acorde al caso aquélla reprimida por el artículo 268 del cuerpo normativo. En cuanto a la forma concursal consideró que se verificaba un concurso ideal entre el delito de robo triplemente agravado y el tipo penal de abuso de autoridad. Señaló que asimismo se verificaba un concurso real, en tanto el hecho concurriría a su vez con otro cometido de modo sucesivo por el encartado al exigir la entrega de una mayor cantidad de dinero. A partir de lo expuesto, consideró que el nombrado llevó a cabo dos conductas independientes entre sí, cometidas de manera sucesiva. Ahora bien, no coincido con las calificaciones legales escogidas por la Jueza. En efecto, considero que en el caso nos encontramos ante un único hecho que se subsume en el delito de extorsión -artículo 168 del Código Penal-, en concurso ideal con el previsto por el artículo 248 del Código Penal -abuso de autoridad-. La escala penal resultante de ello posee una pena mínima de cinco años de prisión, pero me veo imposibilitada de modificar la sanción de cuatro años de prisión y el mismo plazo de inhabilitación aplicada por la colega de grado. La revisión por parte de esta alzada se originó exclusivamente en razón del recurso deducido por el acusado. Por lo tanto, este tribunal no se encuentra habilitado a exceder la pena aplicada por la Jueza de grado, de lo contrario se vulneraría la garantía de "reformatio in pejus".

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57581. Autos: Armella, Jorge Enrique Gabriel Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 29-11-2024.

PRESCRIPCION BIENAL – SENTENCIA FIRME – OBLIGACIONES PERIODICAS – EXCEPCION DE PRESCRIPCION – COBRO DE PESOS – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – EXCEPCIONES PROCESALES – REFORMATIO IN PEJUS

En el caso, corresponde confirmar lo resuelto por el Juez de primera instancia, en cuanto hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la demanda por cobro de pesos. La actora se agravió por considerar que la decisión tomada en primera instancia vulnera el principio de congruencia al expedirse sobre la prescripción de ciertos rubros no contemplados por el demandado en su defensa. Ahora bien, de acuerdo al dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara que adherimos y compartimos, en cuanto al alcance que cabe dar al régimen normativo que rige en materia de prescripción a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7° y 2.537 del citado ordenamiento, se observa que la sentencia ha quedado firme en lo que hace a la parcial aplicación al caso del artículo 4.027 del derogado Código Civil. Siendo ello así, y por aplicación del principio que veda la "reformatio in pejus", nada cabe decir en esta instancia a este respecto. Asimismo, no se advierte que se presente, con la claridad y asertividad que postula el actor, una violación al principio de congruencia en razón de haberse declarado la prescripción de las acreencias que se hubiesen devengado durante los períodos cuestionados. En efecto, no resulta ocioso referir que el GCBA opuso “ la excepción de prescripción con respecto a los créditos reclamados en autos (…) relativos al pago de las sumas y/o rubros que reclama el actor en su demanda ” atento a haber transcurrido el plazo legal previsto en el código de fondo; situación que el Sentenciante de grado encontró acreditada en la sentencia en recurso para hacer lugar al planteo. Esta circunstancia, a mi entender, resta entidad al agravio de falta de congruencia esgrimido por el actor y conduce sin más a su rechazo (cfr. artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario -CCAyT-).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 48263. Autos: Mamani Raúl Romualdo Sala: IV Del voto de Dra. Laura A. Perugini, Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 15-06-2022.

OBLIGATORIEDAD DE LOS FALLOS PLENARIOS – FALLO PLENARIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACION – CARGA PUBLICA – TASAS DE INTERES – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – PROCEDENCIA – REFORMATIO IN PEJUS – ACTO ELECCIONARIO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora, y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar la indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia del accidente que sufrió en la escuela pública de la Ciudad en oportunidad de cumplir las funciones que le fueron encomendadas como autoridad de mesa en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO-, y aplicó la tasa de interés del fallo plenario “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]”, sentencia del 31 de mayo de 2013. Debo señalar que, si bien corresponde a esta Cámara aplicar su doctrina plenaria de la causa “Eiben, Francisco c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)”, EXP 30370/0, del 31 de mayo de 2013, en este particular caso debe confirmarse la tasa de interés establecida en la sentencia de grado, pues exclusivamente se ha agraviado de ella la actora por considerarla insuficiente, y ello ha sido consentido por el Gobierno de la Ciudad demandado. En consecuencia, si este Tribunal dispusiera la aplicación, desde el 26/04/2015 –oportunidad en la que se produjo el hecho dañoso– y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, de una tasa pura del 6% anual, sobre los importes reconocidos a la actora en concepto de indemnización, incurriría en una "reformatio in pejus" que de ningún modo debe soportar la accionante.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 40170. Autos: Grano Sánchez Etchandy María Belén Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 24-09-2019.

MULTA (REGIMEN DE FALTAS) – MONTO DE LA PENA – ALCANCES – FALTAS – CONFIRMACION DE SENTENCIA – REFORMATIO IN PEJUS – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto agrava la pena de multa. Se agravia la Defensa de la decisión de la Jueza en cuanto estableció una pena de multa mayor a la fijada en sede administrativa. Sin embargo, una sentencia que aplica una pena distinta a la impuesta por el Controlador no incurre en "reformatio in pejus" aunque el resultado sea la imposición de una sanción mayor, porque se trata de instancias independientes y existe un solo y primer "juzgamiento" que es el que lleva a cabo el Juez, quien no puede apartarse de las escalas que el legislador expresamente concibió en sus límites mínimo y máximo para la imposición de una multa por la falta cometida. Asimismo, en el presente, al efectuar la notificación a tenor del artículo 42 de la Ley N° 1.217 (Procedimiento de Faltas), la "A quo" informó a la parte de forma clara y precisa, entre otros extremos, que podría "fijar una pena superior a la establecida en la etapa administrativa". Por lo expuesto, se impone homologar la decisión recurrida.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 39118. Autos: Alfa Lince SA Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo 28-05-2019.

GARANTIA DE DEFENSA EN JUICIO – MULTA (REGIMEN DE FALTAS) – CAMBIO JURISPRUDENCIAL – FALTAS – REFORMATIO IN PEJUS – MODIFICACION DE LA PENA – EXCESO DE JURISDICCION – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto agrava la pena de multa. En efecto, si bien en alguna oportunidad sostuve que agravar en sede Judicial una pena fijada en sede administrativa resultaba normativamente aceptable (Causa 28289/2007 "Línea 17 S.A.", rta.: 03/04/2008; entre muchas otras), empero, una nueva consideración temática, sobre la base de la doctrina que emana de diversos precedentes dictados por el Superior Tribunal de Justicia, me condujo a rever mi criterio sobre la materia discutida (conforme mi voto en Causa N° 006721-00/11,"Moija SRL s/infr. art(s) 9.1.1, Ruidos – Ley 451; rta. 16/08/12, Sala III). En tal sentido, el Juez Luis Francisco Lozano afirmó, en lo vinculado a la etapa de intervención jurisdiccional, que a ella se arriba "a instancia del imputado, puesto que sólo está prevista la intervención del Ministerio Público Fiscal una vez instada la vía judicial y con carácter optativo (art. 41, anteúltimo párrafo, Ley N° 1.217), [lo que] supone una revisión amplia del acto dictado por la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF), ante la instancia judicial […]. [En consecuencia] […] dicha revisión se encuentra condicionada por la pretensión del imputado que, como dije, es el único legitimado para instar la competencia del poder juicial. En otras palabras, el margen de decisión de los jueces […] posee un piso y un techo, que surgen de la pretensión del imputado y de la decisión de la UACF […]" (ver del registro del TSJ, c. 6037/2008, "Transportes Veintidós de Septiembre", rta.: 25/02/2009; c. 6408/2009, "Gerialeph S.A.", rta: 21/12/2009; y c. 7044/2009, "Altos del Boulevard Centro Pro-Vida S.A.", rta.: 12/07/2010: la bastardilla y los agregados entre corchetes me pertenecen). Bajo la misma línea, pero con otros argumentos la Jueza Alicia E. C. Ruiz sostuvo que la plena vigencia de la garantía de la defensa en juicio requiere de manera ineludible que toda interpretación de ella se realice tomando como base el principio de buena fe. Así, el Estado no puede condicionar la vigencia de las garantías de los presuntos infractores exigiéndoles simultáneamente una autorrestricción en la demanda de sus derechos en virtud del riesgo plausible de ver su situación agravada (ver del registro del TSJ, c. 6408/2009, "Gerialeph S.A.", rta.: 21/12/2009; y c. 7044/2009, "Altos de Boulevard Centro Pro-Vida S.A.", rta. : 12/07/2010). Entonces, la regla jurídica que se extrae de los razonamientos desarrollados establece que los jueces no deben exceder los límites en los que su competencia fue habilitada para efectuar el control judicial suficiente sobre la sanción impuesta por el órgano administrativo. De acuerdo con ese estándar de interpretación, se puede apreciar que en el presente, la pena aplicada por la Jueza de Grado resulta superior a la determinada por la Junta de Faltas. En consecuencia, únicamente en este aspecto, voto por revocar la sentencia apelada. (Del voto en disidencia de la Dra. Marcela De Langhe).

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 39118. Autos: Alfa Lince SA Sala: II Del voto de Dra. Marcela De Langhe 28-05-2019.

FIGURA AGRAVADA – MULTA (REGIMEN DE FALTAS) – FALTA DE FUNDAMENTACION – RECURSO DE QUEJA – SENTENCIA CONDENATORIA – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – CONFIRMACION DE SENTENCIA – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – MONTO DE LA SANCION – REFORMATIO IN PEJUS – RUIDOS Y VIBRACIONES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso condenar a la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) a la pena de multa de 25.000 unidades fijas, de cumplimiento efectivo. La Defensa se agravia contra el monto de la pena impuesta, en tanto resultaba superior a la impuesta en sede administrativa por el controlador y confirmada por la Junta de Faltas, sosteniendo que se afectaba el principio de "reformatio in pejus". Señala que en sede administrativa la conducta había sido encuadrada en el segundo párrafo del artículo 1.3.3 de la Ley de Faltas de la Ciudad, que prevé una escala entre 1.000 a 100.000 unidades fijas y donde fue condenado a la pena de 3.000 unidades fijas; que en sede judicial se la encuadró en el primer párrafo del mencionado artículo, cuya escala es entre 200 a 50.000 Unidades Fijas, y donde terminó siendo condenado a la pena de 25.000 unidades fijas. Al respecto, puesto a resolver, considero que el recurso interpuesto no resulta suficiente para revocar el auto atacado, toda vez que la parte se ha limitado a mencionar argumentos insuficientes, y sin demostrar el agravio concreto que la resolución en crisis le produce a su asistido. En este sentido, cabe recordar, que el escrito por el que se deduce el recurso de queja debe contener una crítica concreta del auto denegatorio. Así, se ha dicho que " …La fundamentación en cambio, consiste en la demostración por el recurrente de la ilegalidad de la declaración de improcedencia del recurso interpuesto, poniendo de manifiesto las razones de su pretensión, es decir, debe sustentarse con indicación precisa del error que se atribuye a la denegatoria. Para satisfacer el requisito de la fundamentación se deben rebatir todos y cada uno de los argumentos denegatorios que operan con autonomía en la decisión del a qua sobre el recurso denegado. La crítica debe ser razonada y concreta (especifica), tendiente a desvirtuar la inadmisibilidad declarada por el inferior: Como se puede observar, entonces, la fundamentación del recurso de queja consiste en la argumentación a favor de la concesión del recurso denegado, y no en la argumentación a favor de la cuestión de fondo del recurso denegado…" (Gabriela E. Córdoba, Recurso de queja en el Código Procesal Penal de la Nación en "Los recursos en el procedimiento penal", Julio B. J. Maier, Alberto Bovino, Fernando Díaz Cantón, Editores del Puerto, segunda edición, pág. 64). Por lo expuesto, examinado el mérito de la queja instaurada, surge palmaria su insuficiencia, pues no demuestra la injusticia de la denegación del recurso principal, que más allá de las infundadas alegaciones defensistas, carece de entidad suficiente a los efectos de habilitar la vía de excepción a la que se pretende acceder. Es decir que dicho remedio procesal debe ser rechazado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 38657. Autos: A.F.I.P D.G.I Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 05-04-2019.

REVOCACION DE SENTENCIA – FIGURA AGRAVADA – MULTA (REGIMEN DE FALTAS) – PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD – SENTENCIA CONDENATORIA – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – MONTO DE LA SANCION – REFORMATIO IN PEJUS – RUIDOS Y VIBRACIONES

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, modificar el monto de la sanción impuesta a la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), imponiendo la sanción en 600 unidades fijas. La Defensa se agravia contra el monto de la pena impuesta, en tanto resultaba superior a la impuesta en sede administrativa por el controlador y confirmada por la Junta de Faltas, sosteniendo que se afectaba el principio de "reformatio in pejus". Señala que en sede administrativa la conducta había sido encuadrada en el segundo párrafo del artículo 1.3.3 de la Ley de Faltas de la Ciudad, que prevé una escala entre 1.000 a 100.000 unidades fijas y donde fue condenado a la pena de 3.000 unidades fijas; que en sede judicial se la encuadró en el primer párrafo del mencionado artículo, cuya escala es entre 200 a 50.000 Unidades Fijas, y donde terminó siendo condenado a la pena de 25.000 unidades fijas. Ahora bien, conforme se desprende de las constancias en autos, a fin de imponer el monto de la sanción, el Magistrado de primera instancia señaló que el Fiscal en la audiencia de juicio había requerido 25.000 unidades fijas y por ello no podía imponer una sanción mayor a dicho monto. Y agregó que había transcurrido mucho tiempo; que los ruidos continuaron puesto que las dos mediciones dieron el mismo resultado y por ello no hubo cambio de conducta. Agregó que si bien el infractor contaba con antecedentes administrativos que no eran de la misma materia debatida en autos, los consideraba para ponderar el monto de la sanción. Sin embargo, corresponde resaltar que de la resolución del controlador no surge que haya ponderado los antecedentes administrativos del infractor a fin de establecer el "quantum" de la multa. Por ello no podían ser luego valorados por el A-Quo. Tampoco podía elevar el monto de la multa tal como lo hizo en tanto implicó una modificación significativa del reproche oportunamente efectuado, excediendo los límites de su intervención, imponiendo una multa que excede en ocho (8) veces la impuesta en la actuación administrativa. En razón de ello, entiendo, corresponde a este tribunal establecer el monto de la multa de acuerdo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y las pautas mensurativas establecidas en el artículo 31 de la Ley N° 451. Ello así, y ante la ausencia de sanciones impuestas por infracciones a normas de la misma Sección; considerando la escasa extensión del daño y siendo plausible la demora en la subsanación en atención al procedimiento de licitación pública al que debe atenerse, no existiendo constancias de nuevas denuncias, corresponde imponer la sanción en seiscientas unidades fijas (600 UF). (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 38657. Autos: A.F.I.P D.G.I Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 05-04-2019.

DESCRIPCION DE LOS HECHOS – INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – REGIMEN DE FALTAS – IMPROCEDENCIA – FALTAS – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – REFORMATIO IN PEJUS – INTERPRETACION ANALOGICA DE LA LEY – CODIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que condenó al infractor, modificando la calificación legal de los hechos endilgados y la multa que corresponde aplicar. El infractor se agravia por cuanto se modificó la calificación legal en sede judicial, imponiendo una condena mucho más severa que la aplicada en la instancia administrativa, lo que habría lesionado seriamente la prohibición de la "reformatio in pejus". Refiere que el cambio de calificación excedió completamente lo pedido por la Fiscal, quien en ningún momento cuestionó la calificación de la Unidad Controladora, sino que solo se limitó a pedir un agravamiento de la sanción y apartamiento del mínimo. Sin embargo, la aseveración expresada por la Defensa no se compadece con las constancias de la causa, la titular de la acción, luego de tener por acreditada la materialidad de los hechos endilgados al no haberse aportado prueba suficiente que los desvirtúen, se limitó a calificarlos. Así, al hecho consistente en “falta de plano de habilitación visado conforme hechos existentes” lo subsumió en la figura del artículo 4.1.1.2 –segundo párrafo- de la Ley local N° 451, por no cumplirse con la exigencia del artículo 2.1.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones. Sin perjuicio de ello, de que lo manifestado por la Fiscalía no se condice con lo afirmado por la Defensa, asiste razón al recurrente en cuanto a la ausencia de adecuación típica de una de las conductas por la que fue condenado el encartado (ar. 4.1.1.2 -2do. párrafo- Ley N° 451). En consecuencia, respecto del suceso “Por falta de plano de habilitación visado conforme hechos existentes” modificaremos la calificación, subsumiendo la conducta en el artículo 4.1.1.3 del Régimen de Faltas, tal como se dispuso en sede Administrativa, por infringir el artículo 2.1.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, toda vez que, conforme ha quedado acreditado, el imputado ejerce una actividad lucrativa en infracción a la autorización concedida. Por tanto, corresponde confirmar la sentencia condenatoria, modificando la calificación legal y la pena de multa impuesta.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 37218. Autos: Ordoñez, Luis Esteban Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo 21-06-2018.

SITUACIONES DE REVISTA – INTERPRETACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – REENCASILLAMIENTO – REGIMEN JURIDICO – IMPROCEDENCIA – CARGO DE MAYOR CATEGORIA – REFORMATIO IN PEJUS

En el caso, corresponde rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de lograr su reencasillamiento. Ahora bien, corresponde analizar el planteo omitido en primera instancia, sobre su reencasillamiento en el agrupamiento profesional correspondiente a las tareas cumplidas, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto N° 583/05, y hasta la fecha en la cual finalizó sus funciones en el mayor cargo y retornó a su situación de revista. Cabe señalar que la cuestión bajo análisis ha sido adecuadamente tratada en el dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, cuyos fundamentos y solución comparto y doy aquí por reproducidos. En efecto, en primera instancia, no se resolvió hacer lugar a reencasillamiento alguno sino que, más bien, se hizo lugar al pago de diferencias salariales en razón de haberse aquélla desempeñado en el cargo de mayor categoría, por lo que el reconocimiento de dichas diferencias salariales procedió en aras de la aplicación del principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”. Lo que explica, vale aclarar, que dicho reconocimiento abarque el período en que, precisamente, la actora habría cumplido la función indicada y que, en términos estrictos, no incluyó la pretensión de reencasillamiento deducida, más allá de que lo decidido al respecto haya quedado firme y, por ende, captado por la prohibición de la "reformatio in pejus". Si bien es cierto que las pautas de encasillamiento aprobadas por el decreto bajo estudio, están destinadas, atento su naturaleza reglamentaria, a regir en situaciones futuras, lo cierto es que la actora, en una interpretación que únicamente se sostiene a partir de la voluntad de la parte, pretende asignar dicha vocación de permanencia a disposiciones que claramente han sido dictadas a fin de ser aplicadas una única vez, por cuanto ellas sólo se justifican a partir de la necesidad de contemplar situaciones concretas y específicas que se verificaron –justamente- en oportunidad de la implementación del nuevo escalafón y del abandono del anterior, reglado por la Ordenanza N° 40.401, sus modificatorias y reglamentarias. Dicha conclusión se evidencia, en primer lugar, del propio texto del decreto por cuanto, luego de aprobar las pautas generales de encasillamiento en el artículo 5°, prevé diversos supuestos destinados a contemplar situaciones particulares de revista, y a cuyo respecto establece ya sea una pauta especial de encasillamiento, un suplemento salarial u otra respuesta, según sea el cas

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 35334. Autos: Arzubi Calvo María de Luján Sala: I Del voto de Dra. Mariana Díaz 18-04-2018.

VIOLACION DE DOMICILIO – EXTINCION DE LA ACCION PENAL – DESCRIPCION DE LOS HECHOS – SOBRESEIMIENTO – TIPO PENAL – REFORMATIO IN PEJUS – CALIFICACION DEL HECHO – TURBACION DE LA POSESION

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto tuvo por cumplidas las pautas de conducta impuestas al encausado en el marco de la "probation", declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó al imputado. En efecto, se le atribuyó al encartado, hijo del administrador del edificio, el haber construído en el patio del mismo, propiedad de la denunciante, una losa, sin consentimiento de la damnificada, aprovechando que ésta se encontraba de viaje. Ahora bien, sin perjuicio de que la cuestión traída a estudio y la prohibición de la "reformatio in pejus" veda a este tribunal, a esta altura, modificar la calificación de los hechos, no puede dejar de advertirse que el delito de violación de domicilio, atribuida al encartado, es una figura netamente subsidiaria: la propia ley expresamente aclara “si no resultare otro delito más severamente penado” (art. 150, CP). Es manifiesto que para construir una losa sobra el patio de la propietaria necesariamente se ingresó a su unidad (sin su consentimiento), de tal modo que "prima facie" se realizó ese tipo penal. Pero también es manifiesto que edificar por la fuerza un nuevo patio sobre uno ya existente es algo más grave que una mera (y subsidiaria) violación de domicilio. En este sentido, el artículo 181, inciso 3º, del Código Penal, prevé el delito de turbación de la posesión de un inmueble. Para el caso, la acción típica consiste en turbar la posesión, con violencias, sin ocupar el inmueble ni tener la intención inmediata de hacerlo, restringiendo temporal o permanentemente el ejercicio de los derechos que le corresponden al sujeto pasivo (D’Alessio, CPA Comentado y Anotado, La Ley, 2009, t. II, p. 831). Si bien estas observaciones podrían tener otras consecuencias jurídicas para la suerte del proceso, lo cierto es que aquí sólo serán valoradas a los efectos de resolver el objeto de apelación, que circunscribe la competencia de los suscriptos en virtud de la ya mencionada prohibición de la "reformatio in pejus". En definitiva, la suerte del proceso penal ya ha sido sellada por la decisión de la A-Quo de tener por cumplidas las condiciones de la "probation" y sobreseer al imputado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 31423. Autos: SINGERMAN, Martín Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Marcela De Langhe 01-03-2017.

DIVISION DE PODERES – PROCEDIMIENTO DE FALTAS – UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE FALTAS – ACTO ADMINISTRATIVO – FALTAS – JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA – CONTROLADOR ADMINISTRATIVO DE FALTAS – JUECES NATURALES – REFORMATIO IN PEJUS – PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

El procedimiento de faltas trata de dos instancias independientes, lo cual equivale a decir que lo resuelto por el controlador en su sede -acto administrativo- no obliga en modo alguno al juez de la causa, quien tiene a su cargo como primera cuestión, analizar la legalidad del proceso. Ello viene impuesto no sólo por el sistema de garantías de nuestra Carta Magna sino también por el principio de división de poderes que admite la posibilidad de que lo resuelto -en el caso concreto- por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, sea revisable posteriormente para el juez, máxime cuando la decisión fue dictada en violación a la ley o por errónea aplicación de una norma sustantiva, aunque ella beneficie evidentemente al imputado. Entender lo contrario llevaría al absurdo de que la autoridad judicial vería impedida su función de control de legalidad y tendría que convalidar resoluciones administrativas adoptadas por fuera de la ley, por ejemplo, en caso de calificarse erróneamente la conducta, a contrario de lo que establece la Ley Nº 1217 que impone la sustanciación de una nueva etapa distinta de la anterior, de carácter meramente jurisdiccional con plenas facultades para dictar una sentencia ajustada a derecho tomando en cuenta incluso pruebas no sustanciadas o aplicando leyes no tenidas en cuenta en esa instancia. Asimismo, una eventual sentencia que aplicara una pena distinta a la impuesta por el Controlador, no incurriría en “reformatio in pejus” aunque el resultado fuera la imposición de una sanción mayor, porque, como ya se dijo, se trata de instancias independientes y existe un solo y primer “juzgamiento”, que es el que lleva a cabo el Juez, quien no puede apartarse de las escalas que el legislador expresamente concibió en sus límites mínimo y máximo para la imposición de una multa por la falta cometida.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 29867. Autos: ARCOS DE GOURMET SA Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo 20-09-2016.

AGRAVANTES DE LA PENA – DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – FACULTADES DEL JUEZ – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – DERECHO A SER OIDO – FALTA DE NOTIFICACION – FALTAS – NOTIFICACION AL CONDENADO – CONTROLADOR ADMINISTRATIVO DE FALTAS – REFORMATIO IN PEJUS – MODIFICACION DE LA PENA – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado que confirmó la condena de multa impuesta a la infractora en sede administrativa por falta de exhibición de documentación obligatoria. En efecto, no puede tenerse por cumplida la posibilidad efectiva del ejercicio de derecho a ser oído en el caso, al constatarse que el Juez no le corrió en tiempo oportuno un traslado a la interesada sobre la posibilidad que en autos se efectuara una modificación sustancial en la escala de sanción aplicable. La aplicación de la pena de multa dispuesta por la Controladora en la instancia administrativa, que refiere a la sanción -exhibición de documentación obligatoria- (art. 4.1.22 segundo párrafo Ley 451), resulta conforme a derecho debido a que, tal como sostuvo el Magistrado, no correspondía la imposición de la pena agravada conforme el último párrafo del artículo 4.1.22 de la Ley 451 como lo solicitare el Fiscal, pues de ese modo incurriría en una “reformatio in peius”. No es posible empeorar la situación de la imputada a raíz de la intervención judicial que ésta pudiera haber promovido en aras que fuera revisada la resolución administrativa que había estimado injusta. De lo contrario, se colocaría a la presunta infractora, en la disyuntiva de tener que aceptar una resolución administrativa que había estimado injusta o de asumir el riesgo de una eventual decisión jurisdiccional más gravosa.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 26967. Autos: SENA, LUCIA Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 04-09-2015.

AGRAVANTES DE LA PENA – DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – FACULTADES DEL JUEZ – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – FALTA DE NOTIFICACION – FALTAS – NOTIFICACION AL CONDENADO – CONTROLADOR ADMINISTRATIVO DE FALTAS – REFORMATIO IN PEJUS – MODIFICACION DE LA PENA – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Juez de grado que confirmó la condena de multa impuesta a la infractora en sede administrativa por falta de exhibición de documentación obligatoria. En efecto, el Fiscal se agravia en el entendimiento que, tal como fuera por él solicitado en la audiencia de juzgamiento, correspondía la aplicación de la pena agravada establecida en el último párrafo del artículo 4.1.22 de la Ley N° 451. Entiende que el instituto de la "reformatio in pejus" no resulta de aplicación en materia de faltas pues el procedimiento administrativo y el judicial constituyen dos instancias independientes, lo que equivale a decir que lo resuelto por la Controladora no obliga al Juez de la causa, pudiendo imponerse la pena agravada que establece el artículo aún para el caso que no hubiese sido dispuesto por el Controlador. Para que pueda ser viable una sanción mayor a la impuesta en sede administrativa, se debe advertir previo al comienzo del debate (y desde la radicación de las actuaciones en sede judicial) que al someterse al proceso judicial se llevará un nuevo juicio en el que existe la posibilidad de modificar la valoración jurídica de los hechos y aumentar el monto de la sanción impuesta. En ningún momento se le hizo saber a la Defensa ni a la infractora que durante el proceso judicial podría haber una variación en el monto de la condena por lo que la aplicación del agravante que pretende el Fiscal no puede hacerse efectiva.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 26967. Autos: SENA, LUCIA Sala: III Del voto de Dra. Elizabeth Marum 04-09-2015.

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