ELECCIONES – FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO – MEDIDAS CAUTELARES – EJERCICIO PROFESIONAL – PROCEDIMIENTO PENAL – ASOCIACIONES SINDICALES – RECHAZO DEL RECURSO – REQUISITOS – RESOLUCION FIRME – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – ACTO ELECCIONARIO – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó la solicitud de cese de la medida cautelar impuesta al imputado. La Defensa solicitó el levantamiento de la medida cautelar que le impide al imputado ejercer provisoriamente su cargo de Secretario de Encuadramiento y Estadística del Sindicato de Empleados de Comercio, invocando como hecho nuevo la apertura del proceso electoral sindical y la fijación de comicios, además de alegar afectaciones laborales, sindicales y electorales. La Jueza de grado rechazó el planteo al considerar que la firmeza de la decisión de la Cámara impedía reeditar cuestiones ya resueltas. Ahora bien, la circunstancia de que la medida cautelar haya sido dispuesta por esta Sala y que aquella decisión se encuentre firme no impide su ulterior revisión. La propia naturaleza provisional de las medidas cautelares determina que su subsistencia se encuentre condicionada a la permanencia de los presupuestos que justificaron su imposición y permite, por ello, disponer su cese o morigeración cuando una modificación relevante de las circunstancias así lo aconseje. Sin embargo, esa posibilidad de revisión no autoriza a convertir el procedimiento previsto en el artículo 199 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una vía destinada a reeditar, de manera indefinida, argumentos ya examinados y definitivamente resueltos respecto de la procedencia originaria de la cautelar. Por el contrario, quien pretende su cese o atenuación debería aportar circunstancias que permitan sostener que los motivos que justificaron su imposición han desaparecido o que se han modificado de manera tal que la medida, inicialmente legítima, ha dejado de resultar necesaria o proporcional. Y es precisamente ese presupuesto el que no se verifica en el caso.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63686. Autos: Ortiz, Sergio Ismael Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Jorge A. Franza 17-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
ELECCIONES – FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO – MEDIDAS CAUTELARES – EJERCICIO PROFESIONAL – PROCEDIMIENTO PENAL – ASOCIACIONES SINDICALES – RECHAZO DEL RECURSO – REQUISITOS – RESOLUCION FIRME – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – ACTO ELECCIONARIO – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la Defensa y, confirmar la resolución impugnada en cuanto rechazó la solicitud de cese de la medida cautelar impuesta al imputado. La Defensa solicitó el levantamiento de la medida cautelar que le impide al imputado ejercer provisoriamente su cargo de Secretario de Encuadramiento y Estadística del Sindicato de Empleados de Comercio, invocando como hecho nuevo la apertura del proceso electoral sindical y la fijación de comicios, además de alegar afectaciones laborales, sindicales y electorales. La Defensa sostiene que, transcurridos más de dos meses desde la imposición de la medida, no se habrían identificado actos concretos de entorpecimiento ni nuevos elementos que permitieran afirmar que el riesgo procesal originariamente considerado se hubiera incrementado o actualizado. Ahora bien, la revisión prevista en el artículo 199 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no exige, para mantener una medida cautelar válidamente impuesta, la acreditación periódica de nuevos actos concretos de entorpecimiento. Lo relevante es determinar si subsisten las circunstancias objetivas que permitieron tener por configurado aquel riesgo o si, por el contrario, se ha demostrado su desaparición o una disminución de entidad suficiente para tornar innecesaria o desproporcionada la restricción. Desde esa perspectiva, la ausencia de actos concretos de entorpecimiento durante el período en que se encuentra vigente una medida destinada precisamente a neutralizar ese riesgo no permite inferir, sin más, que el peligro haya desaparecido.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63686. Autos: Ortiz, Sergio Ismael Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Jorge A. Franza 17-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – CONTESTACION DE LA DEMANDA – OBJETO DE LA DEMANDA – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – SENTENCIA EXTRA PETITA – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – PRUEBA – IMPROCEDENCIA – ACUERDOS – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – INTIMACIONES – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Ello así por cuanto, conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, no resultan atendibles los agravios del actor recurrente relacionados con que la Magistrada de grado habría actuado en violación a su derecho de defensa al considerar una cuestión no planteada. Ello, máxime a la luz del carácter provisional de las medidas cautelares (conforme artículo 184 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario). En efecto, se observa que en autos la demandada señaló que con el objeto de favorecer el desarrollo de actividades productivas y económicas de los habitantes del barrio popular en cuestión, tal como establece la Ley N° 5.798, el IVC le otorgó al actor el uso exclusivo de la unidad ubicada en la Orden N° 89 de la Manzana N° 4 del barrio popular, mediante la firma de un Acta de Otorgamiento Temporal. Destacó que en dicho documento quedó expresamente establecido que el espacio sería destinado únicamente como depósito de mercadería vinculada a la actividad comercial desarrollada por el grupo familiar, y se dejó asentado que se encontraba afectado al proceso de reurbanización bajo el criterio de esponjamiento. Aclaró que en la cláusula tercera del Acta se dispuso de forma taxativa que el actor no podría alquilar, ceder, transferir ni utilizar la unidad para un fin distinto al convenido. Relató que el actor incumplió dicha disposición, destinando el espacio a uso habitacional, hecho que fue debidamente constatado por personal del IVC, dando lugar a una serie de intimaciones mediante las cuales se requirió la desocupación inmediata de la unidad. Asimismo, el GCBA precisó que la conducta del actor constituye una clara infracción a los términos y condiciones bajo los cuales le fue otorgado el uso del inmueble, lo que además obstaculiza el avance del proyecto de reurbanización previsto para la Manzana N° 4 de dicho barrio. Se advierte también que, al momento de contestar demanda, el GCBA expresó que si bien su destino exclusivo fue definido como de espacio de guardado de aquellos enseres propios de la actividad económica que desarrolla el actor, el IVC tomó conocimiento que en la actualidad dicha Orden 89 está siendo utilizada como vivienda. Por otro lado, cuando el GCBA contestó la intimación cursada con relación a la medida cautelar dictada en autos, resaltó que la resolución judicial cuya ejecución pretendía la actora se había sustentado de manera expresa en el Acta de Otorgamiento Temporal del espacio de guardado que oportunamente se le otorgó al actor y que dio origen a las presentes actuaciones judiciales. Sin embargo, destacó que tal otorgamiento estaba condicionado al uso exclusivo del espacio con fines de guardado de su mercadería, obligación que el propio actor incumplió de manera manifiesta al destinar dicho espacio a fines habitacionales, en contravención directa a lo pactado en el Acta mencionada, incumplimiento denunciado en dos oportunidades. De este modo, las constancias de autos dan cuenta que no estamos frente a un pronunciamiento "extra petita", motivo por el cual el agravio debe ser desestimado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – DESALOJO – TAREAS DE URBANIZACION – EQUIDAD – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DEMOLICION DE OBRA – INTERES PUBLICO – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – OBRAS NUEVAS Y MODIFICACIONES – BARRIOS VULNERABLES – SEGURIDAD PUBLICA – ACCION DE AMPARO – ACUERDOS – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares. El actor en sus agravios señaló que en el marco de la incidencia cautlar el GCBA y el IVC habían asumido el compromiso de demoler y reconstruir el depósito respetando su superficie original, y que la posterior invocación de la Ley N° 5.798 para negar dicha reconstrucción importaba una conducta contradictoria con esas manifestaciones, violatoria de la buena fe y de la doctrina de los actos propios. Conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, cabe señalar que, al momento de resolver, el Tribunal de grado procuró componer los intereses y derechos en juego a partir de la normativa aplicable y las particulares circunstancias que esta aborda en materia de reurbanización del barrio popular en cuestión. Se advierte que se consideraron los antecedentes del caso y el derecho aplicable a la cuestión, así como si las necesidades del accionante quedaban cubiertas de acuerdo al emprendimiento comercial involucrado, en consonancia con los derechos de los restantes habitantes del barrio. En este sentido, además de la cuestión relativa al destino del bien, destacó el Tribunal de grado que mantener vigente la orden cautelar de reconstrucción implicaría consolidar una construcción que debía ser demolida para garantizar la seguridad estructural de la manzana y el avance del esponjamiento previsto en la Ley N° 5.798. En virtud de ello, entendió que “el interés particular del actor, quien ya cuenta con vivienda y local comercial para el desarrollo de su actividad, no puede prevalecer sobre la seguridad pública y el interés general de la reurbanización del barrio”. Ello, no obstante tener en cuenta el derecho a trabajar del amparista y la necesidad de proteger la fuente de ingresos familiar, por lo que concluyó que la solución comercial definitiva no debía verse frustrada y, por ende, mantenerse el espacio que actualmente ocupaba el actor, otorgado durante la vigencia de la cautelar. En definitiva, consideró ajustado a derecho y equidad rechazar la solicitud de reconstrucción del espacio original, asignando en reemplazo el espacio de depósito actualmente otorgado (container), y, así, garantizar que el actor mantenga su operativa comercial, sin obstaculizar el proceso de reurbanización, ni premiar el incumplimiento contractual. Dicha argumentación, frente a un litigante al que se le ha brindado una solución habitacional, sostenido su actividad productiva y ofrecido un espacio de guardado, no se observa que haya sido debidamente desvirtuada por el recurso de marras.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – DESALOJO – TAREAS DE URBANIZACION – INTERPRETACION – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DEMOLICION DE OBRA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – OBRAS NUEVAS Y MODIFICACIONES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – ACUERDOS – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – INTERPRETACION DEL CONTRATO – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares. El actor en sus agravios señaló que el artículo 18 de la Ley N° 5.798 es claro acerca de que en los casos en que una familia deba ser relocalizada se le garantizará una solución habitacional única y definitiva dentro del Barrio, con características similares o superiores a la vivienda que ocupaba. Sostuvo que en el caso no se trata de si los elementos entran en el contenedor o no, sino de respetar la superficie preexistente, pues la solución ofrecida no resulta equivalente al depósito original. Conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, no surge que la cláusula segunda del Acta de Otorgamiento Temporal obligue al IVC a brindarle al accionante un espacio de la misma superficie que el anterior, sino que solamente debe asegurarse que resulte eficaz para cumplir con el uso exclusivo allí previsto. En efecto, la expresión “en las mismas condiciones” -empleada en el convenio- parecería aludir a su destino y funcionalidad, y no a una reproducción exacta del metraje o de la configuración física original, pues, al estipular que el espacio es “de uso exclusivo para espacio de guardado asociado a su actividad productiva” no se reconoció un derecho en cabeza del actor a conservar una superficie determinada, sino únicamente un depósito para ese uso específico. En este escenario, el agravio relativo a esta cuestión no tendría andamiaje y la actividad comercial no podría verse obstaculizada.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – DESALOJO – TAREAS DE URBANIZACION – INTERPRETACION – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DEMOLICION DE OBRA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – OBRAS NUEVAS Y MODIFICACIONES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – ACUERDOS – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – INTERPRETACION DEL CONTRATO – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares. El actor en sus agravios señaló que el artículo 18 de la Ley N° 5.798 es claro acerca de que en los casos en que una familia deba ser relocalizada se le garantizará una solución habitacional única y definitiva dentro del Barrio, con características similares o superiores a la vivienda que ocupaba. Sostuvo que en el caso no se trata de si los elementos entran en el contenedor o no, sino de respetar la superficie preexistente, pues la solución ofrecida no resulta equivalente al depósito original. Conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, no puede soslayarse que, como surge de la sentencia, “la necesidad de una superficie mayor en la Orden N° 89 de la manzana 4 estaba dada, fácticamente, por la presencia de bienes muebles ajenos a la actividad comercial”, por lo que, sustraídos esos elementos, “el volumen de mercadería real de la actividad gastronómica (cajones, conservadora, etc.) se reduce considerablemente, siendo susceptible de ser alojado en el espacio de reemplazo provisto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al efecto”. En este escenario, el agravio relativo a esta cuestión no tendría andamiaje y la actividad comercial no podría verse obstaculizada. Conforme apuntó la propia actora, por la mencionada cláusula segunda del Acta se estableció que al momento en el que la Orden 89 de la Manzana 4 sea abordada por el IVC para generar el esponjamiento consensuado con los vecinos y vecinas del barrio por Proyecto Urbano, el actor “…deberá hacer entrega inmediata de la misma y se le otorgará una nueva solución que cumpla con las mismas condiciones, la cual será también de uso exclusivo para el espacio de guardado asociado a su actividad productiva…”. Sin embargo, dicha previsión no menciona de modo alguno que ello deba ser cumplido con el otorgamiento de la misma superficie.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – OBJETO DE LA DEMANDA – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – SENTENCIA EXTRA PETITA – HECHOS NUEVOS – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DERECHO DE DEFENSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – ACUERDOS – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – PRETENSION PROCESAL – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – PRETENSION – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, el agravio del actor relativo a la alegada violación del principio de congruencia y del derecho de defensa -en cuanto atribuye a la sentencia haber declarado la pérdida de los derechos del actor sin que la demandada hubiera promovido acción alguna a ese efecto ni mediado acto administrativo que así lo dispusiera- debe ser rechazado. En efecto, la ponderación del incumplimiento atribuido al actor -incorporado al proceso como hecho nuevo y resuelto sin cuestionamiento por la parte actora- no operó como declaración de caducidad de sus derechos ni como resolución de una acción contractual que la demandada no promovió, sino como circunstancia relevante para apreciar la buena fe exigible a quien estaría reclamando el cumplimiento de una cláusula y la subsistencia de lo ordenado cautelarmente. En tales condiciones, no se advierte configurado el estado de indefensión invocado. Tampoco puede afirmarse la existencia de una sanción desproporcionada ni de una confiscación, en tanto el derecho que el Acta reconoce a favor del actor -la provisión de una nueva solución de guardado para su actividad productiva- fue satisfecho mediante el espacio asignado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – OBJETO DE LA DEMANDA – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – SENTENCIA EXTRA PETITA – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DERECHO DE DEFENSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – ACUERDOS – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – PRETENSION PROCESAL – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – PRETENSION – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, el agravio del actor relativo a la alegada violación del principio de congruencia y del derecho de defensa -en cuanto atribuye a la sentencia haber declarado la pérdida de los derechos del actor sin que la demandada hubiera promovido acción alguna a ese efecto ni mediado acto administrativo que así lo dispusiera- debe ser rechazado. En efecto, el objeto de la presente acción quedó circunscripto al cumplimiento de la cláusula segunda del Acta de Otorgamiento Temporal, que preveía el otorgamiento de una nueva solución de guardado, en las condiciones allí pactadas, para su uso exclusivo como espacio asociado a la actividad productiva del actor. Dicho instrumento supeditaba expresamente la restitución de la Orden 89 al avance del esponjamiento de la manzana, ocasión en la que correspondería proveer aquella nueva solución. De modo que, al examinar si tal obligación había sido satisfecha mediante el espacio de reemplazo asignado, la sentencia se ajustó a los términos en que quedó trabada la “litis”. En ese marco, la reconstrucción de la Orden 89 en su emplazamiento original no integró la pretensión deducida -dirigida a obtener una nueva solución de guardado-, sino que fue dispuesta con carácter provisional en la medida cautelar. De allí que el hecho de que esa orden fuera dejada sin efecto no importó resolver una cuestión ajena a la causa, sino ejercer la revisión inherente a toda medida precautoria ante la variación de las circunstancias (artículo 184 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario).
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DERECHO DE DEFENSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – CADUCIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES – ACCION DE AMPARO – BUENA FE – ACUERDOS – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – DESTINO DEL INMUEBLE
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, el agravio fundado en la doctrina de los actos propios y en la alegada violación de la buena fe procesal, en cuanto el actor atribuye a la demandada haber generado, en el marco de la Mesa de Trabajo, una confianza legítima en la reconstrucción del depósito, para luego contradecirla al invocar la Ley 5.798, debe ser rechazado. En efecto, más allá de la pertinencia como del alcance atribuible a la aplicación de esa doctrina a las circunstancias bajo estudio y, cualquiera sea la interpretación que quiera asignarse a las manifestaciones vertidas por los representantes del IVC en dicho acto en torno a una eventual intervención sobre la Orden 89, lo cierto es que ellas integraron una propuesta -relocalización transitoria en un contenedor mientras se completaban los trabajos- que la parte actora rechazó de manera expresa en el marco de esa audiencia. Un ofrecimiento desechado por su destinatario no puede erigirse, luego, en fuente de la confianza legítima que la doctrina invocada presupone. Cabe agregar que la orden de reconstrucción que el actor alega, no emanó de un acto de la demandada sino de la propia medida cautelar dictada en autos, esencialmente provisional y modificable, sin que su posterior modificación exteriorice conducta contradictoria alguna imputable a aquélla.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
INTERNACION – CUESTION ABSTRACTA – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – PLAZO – RECHAZO DEL RECURSO – MEDIDAS DE SEGURIDAD – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES
En el caso, corresponde declarar abstracto el recurso de apelación introducido por la Defensa. La Jueza de primera instancia fijó en tres meses el plazo de una medida de seguridad de internación involuntaria impuesta al imputado declarado inimputable por un delito de daños (artículo 183 CP), disponiendo que al vencimiento del término se realizara una nueva evaluación para determinar la necesidad de su continuidad. Ahora bien, toda vez que ha transcurrido el plazo, y actualmente se ha dispuesto el cese de la medida de seguridad, dando intervención a la justicia civil competente conforme a la Ley de Salud Mental, corresponde declarar abstracto el recurso de apelación deducido por la Defensa. Por regla jurisprudencial, las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de su decisión. Del mismo modo, en nuestro sistema constitucional la actividad jurisdiccional exige como requisito sine qua non la existencia de un caso judicial. Así las cosas, lo resuelto por el juzgado interviniente en tanto dispuso el cese de la medida de seguridad impuesta y, de esa forma, satisfizo la pretensión del recurrente, torna abstracto el recurso de apelación. En este sentido, lo dispuesto por la judicatura "a quo" impide cualquier tipo de pronunciamiento por parte de esta Sala, pues no se verifica la existencia de un caso judicial ceñido por una controversia.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62710. Autos: R., M. A. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 28-05-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
LEY DE SALUD MENTAL – DERECHOS HUMANOS – SOBRESEIMIENTO – PROCEDIMIENTO PENAL – MEDIDAS DE SEGURIDAD – TRATADOS INTERNACIONALES – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – INTERNACION PSIQUIATRICA
En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación introducido por la Defensa. La Jueza de primera instancia dispuso una medida de seguridad de internación involuntaria del imputado declarado inimputable por un delito de daños (art. 183 CP), disponiendo que al vencimiento del término se realizara una nueva evaluación para determinar la necesidad de su continuidad. Ahora bien, la Ley de Salud Mental introdujo un cambio de paradigma en materia de derechos humanos al priorizar la desinstitucionalización, el respeto por la autonomía y el consentimiento informado de las personas con padecimientos mentales. Aunque subsisten las medidas de seguridad para inimputables previstas en el artículo 34, inciso 1º del Código Penal, estas deben interpretarse conforme a la nueva normativa y a los tratados internacionales de derechos humanos. Este enfoque abandona la visión paternalista que consideraba al inimputable como un objeto de control o protección por su peligrosidad, para reconocerlo plenamente como sujeto de derechos y paciente. En consecuencia, la aplicación de medidas penales que impliquen internaciones derivadas de la inimputabilidad resulta incompatible con los principios de la Ley de Salud Mental y con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos (Del voto en disidencia del Dr. Bujan).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62710. Autos: R., M. A. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 28-05-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
GARANTIA CONSTITUCIONAL – GARANTIAS PROCESALES – SOBRESEIMIENTO – PROCEDIMIENTO PENAL – LIMITES JURISDICCIONALES – MEDIDAS DE SEGURIDAD – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – INTERNACION PSIQUIATRICA
En el caso corresponde hacer lugar al recurso de apelación introducido por la Defensa. La Jueza de primera instancia dispuso una medida de seguridad de internación involuntaria del imputado declarado inimputable por un delito de daños (art. 183 CP), disponiendo que al vencimiento del término se realizara una nueva evaluación para determinar la necesidad de su continuidad. La vieja confusión entre el delincuente y el loco deviene de su condición peligrosa afincada en la concepción positivista, pero ya no puede ser receptada en el actual estado constitucional de derecho. Nadie que ha sido declarado no punible puede seguir siendo afectado por el sistema penal respecto de sus derechos, en especial el derecho integral a la salud. Pretender justificar la resolución en crisis, no es otra cosa que permitir que quien tiene una afección psiquiátrica y que pudo haber sido considerado peligroso, pueda continuar siendo alcanzado por el derecho penal, desconociendo que el ámbito propicio para la protección de su derecho a la salud integral deba estar en el marco de la esfera civil. Esa circunstancia, no puede ser justificado de modo alguno, ni por argumentos peligrosistas, ni por la eficacia y eficiencia de que la medida sea dispuesta por un juez penal (Del voto en disidencia del Dr. Bujan).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62710. Autos: R., M. A. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 28-05-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
LEY DE SALUD MENTAL – INTERNACION – GARANTIA CONSTITUCIONAL – GARANTIAS PROCESALES – SOBRESEIMIENTO – INTERNACION VOLUNTARIA – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – DERECHO A LA SALUD – CONCESION DEL RECURSO – MEDIDAS DE SEGURIDAD – DERECHO PENAL DE AUTOR – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – INTERNACION PSIQUIATRICA
En el caso corresponde hacer lugar al recurso de apelación introducido por la Defensa. La Jueza de primera instancia dispuso una medida de seguridad de internación involuntaria del imputado declarado inimputable por un delito de daños (art. 183 CP), disponiendo que al vencimiento del término se realizara una nueva evaluación para determinar la necesidad de su continuidad. La imposición de la internación involuntaria como medida luego de haberlo sobreseído por inimputabilidad viola la exigencia del juicio previo contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nuestro derecho penal se afinca en el concepto del derecho penal de acto, rechazando de ese modo el conocido derecho penal de autor, para lo cual resulta inexcusable haber acreditado un hecho antijurídico en forma previa a la medida de seguridad, y así, esta medida de seguridad se transforma en una medida de aseguramiento pre delictual. En este sentido, se vulnera la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango supra legal, que establece, respecto a las personas con discapacidad, su privación de libertad debe hacerse conforme con la ley y no puede justificarse en la existencia de la discapacidad. Esto es, su condición de derecho como paciente en enfermedad o discapacidad intelectual, debe de gozar todas las garantías que hacen a su propia condición de “paciente” (del voto en disidencia del Dr. Bujan).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62710. Autos: R., M. A. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 28-05-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
LEY DE SALUD MENTAL – SOBRESEIMIENTO – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – CONCESION DEL RECURSO – MEDIDAS DE SEGURIDAD – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – INTERNACION PSIQUIATRICA
En el caso corresponde hacer lugar al recurso de apelación introducido por la Defensa. La Jueza de primera instancia dispuso una medida de seguridad de internación involuntaria del imputado declarado inimputable por un delito de daños (art. 183 CP), disponiendo que al vencimiento del término se realizara una nueva evaluación para determinar la necesidad de su continuidad. La imposición de la internación involuntaria como medida luego de haberlo sobreseído por inimputabilidad viola la exigencia del juicio previo contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nuestro derecho penal se afinca en el concepto del derecho penal de acto, rechazando de ese modo el conocido derecho penal de autor, para lo cual resulta inexcusable haber acreditado un hecho antijurídico en forma previa a la medida de seguridad, y así, esta medida de seguridad se transforma en una medida de aseguramiento pre delictual. En este sentido, se vulnera la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango supra legal, que establece, respecto a las personas con discapacidad, su privación de libertad debe hacerse conforme con la ley y no puede justificarse en la existencia de la discapacidad. Esto es, su condición de derecho como paciente en enfermedad o discapacidad intelectual, debe de gozar todas las garantías que hacen a su propia condición de “paciente” (Del voto en disidencia del Dr. Bujan).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62710. Autos: R., M. A. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 28-05-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – INVESTIGACION A CARGO DEL FISCAL – FISCAL DE CAMARA – IMPROCEDENCIA – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – ATIPICIDAD – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – REAPERTURA DE LA INSTRUCCION
En el caso, corresponde declarar la nulidad del Fiscal de Cámara, mediante la que se dispuso la reapertura de la investigación del legajo; asimismo, corresponde disponer el cese de las medidas restrictivias consistentes en la prohibición de tomar contacto con la denunciante. En el presente, la Fiscalía de grado dispuso el archivo por atipicidad y encuadró su decisión en los términos del primer inciso del artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional, que se refiere a cuando “el hecho no constituye contravención o no se puede probar su existencia”. Posteriormente, la Fiscalía de Cámara dispuso la reapertura de la investigación, en el entendimiento de que se investigan hechos y no calificaciones, por lo que debía profundizarse la investigación, ya sea por infracción a la ley penal o contravencional. En tales condiciones, sostuvo que las restricciones deben permanecer incólumes y que debe notificarse debidamente a la denunciante de la facultad de solicitar la revisión del archivo. Sin embargo, en tales condiciones el proceso se encuentra cerrado sin posibilidad de ser reabierto, lo que constituye el fundamento de la imposibilidad de sostener las medidas restrictivas impuestas en los términos de la Ley N°26.485, pues tales medidas no pueden imponerse en un proceso que no se encuentra vigente, tal como ocurre en este caso en que la Fiscalía dispuso el archivo de la investigación por atipicidad. De ello se sigue necesariamente que la manifestación efectuada por el Fiscal de Cámara con posterioridad a todo ello, mediante la que dispuso la reapertura de la pesquisa, resulta inoficiosa y carente de la posibilidad de producir efecto jurídico alguno, en la medida en que fue formulada respecto de un proceso que se encontraba finiquitado pues la víctima —único sujeto facultado para habilitar la intervención de la fiscalía de cámara que prevé el artículo 215 del Código Procesal Penal de la Ciudad— no controvirtió el archivo dispuesto por la Fiscal de primera instancia.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62468. Autos: B., R. D. A. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch 30-04-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
