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GRAVAMEN IRREPARABLE – CUESTIONES DE PRUEBA – PRODUCCION DE LA PRUEBA – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – RECHAZO IN LIMINE – CITACION DE TESTIGOS – AUXILIO JUDICIAL DE LA DEFENSA – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde rechazar “in limine” el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial contra la resolución dictada por la Jueza que no hizo lugar al auxilio judicial solicitado por esa parte. La Defensa se agravió en tanto la Judicante dispuso no hacer lugar al auxilio judicial solicitado, consistente en que a través del Juzgado se procediera a convocar a tres agentes de la comisaría interviniente en el procedimiento policial labrado respecto de sus asistidos, para presentarse a una entrevista en la sede de la Defensoría Oficial, ya que aquéllos, habían sido previamente citados por esa dependencia y encontrándose debidamente notificados, no comparecieron. La Magistrada de grado, consideró que la Defensa, si bien puede entrevistar testigos para delinear su propia teoría del caso, no puede requerir mediante auxilio judicial que el Juzgado los cite bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada (art. 71 CPP), toda vez que ello se encuentra previsto para aquéllos que no concurren a prestar una declaración testimonial, acto que se encuentra reservado a la fiscalía (art. 100 CPP) o a las fuerzas de seguridad (art. 93, inc. 3, CPP), e indicó que solo se podría solicitar el auxilio jurisdiccional si preliminarmente propusiera la recepción de la declaración testimonial al órgano acusador y este lo rechazara. A su vez, indicó que conforme al art. 224 del Código de Procedimient Penal de la Ciudad, dicho auxilio se encuentra previsto para la etapa intermedia. Ahora bien, la resolución cuestionada no se encuentra entre aquellas declaradas como expresamente apelables en nuestro ordenamiento de forma local ni se advierte que sea susceptible de generar un gravamen de imposible reparación ulterior (art. 292 del CPP). A tenor de todo lo expresado, corresponde rechazar la impugnación deducida sin más trámite (conf. art. 288 del código de forma local).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57058. Autos: T., D. E. Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza, Dr. Ignacio Mahiques 07-10-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


GRAVAMEN IRREPARABLE – CUESTIONES DE PRUEBA – PRODUCCION DE LA PRUEBA – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – CITACION DE TESTIGOS – IGUALDAD DE LAS PARTES – AUXILIO JUDICIAL DE LA DEFENSA – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial contra la resolución dictada por la Jueza de grado que no hizo lugar al auxilio judicial solicitado por esa parte. La Defensa se agravió en tanto la Judicante dispuso no hacer lugar al auxilio judicial solicitado, consistente en que a través del Juzgado se procediera a convocar a tres agentes de la comisaría interviniente en el procedimiento policial labrado respecto de sus asistidos, para presentarse a una entrevista en la sede de la Defensoría Oficial, ya que aquéllos, habían sido previamente citados por esa dependencia y encontrándose debidamente notificados, no comparecieron. Ahora, si bien no es una sentencia definitiva, sí tiene entidad para ocasionar a esa parte un gravamen irreparable (cfr. art. 292 CPPCABA). Ello así, la pretensión de la Defensa consistió en entrevistarse con testigos directos de los hechos y del procedimiento policial, para así poder “generar evidencia de parte que puede resultar determinante para la resolución del caso”. Por lo tanto, si partimos de la base de que en esta Ciudad rige un proceso penal acusatorio de neto corte adversarial, que expresamente reconoce la plena vigencia de los principios de contradicción, igualdad de armas y desformalización, entonces resulta claro que la Defensa posee facultades autónomas para generar sus propias investigaciones en aras de diseñar su propia teoría del caso y elaborar su estrategia. El ejercicio de esa facultad no puede depender del criterio de la Fiscalía, y del artículo 180 del Código Procesal Penal local no se deriva esa conclusión. (Del voto en disidencia de la Dra. Larocca)

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57058. Autos: T., D. E. Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 07-10-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA – PRODUCCION DE LA PRUEBA – NULIDAD – DEBIDO PROCESO – DERECHO DE DEFENSA – PROCEDIMIENTO PENAL – PRISION PREVENTIVA – IMPROCEDENCIA – CITACION DE TESTIGOS – DEFENSOR DE CAMARA

En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad introducido por el Defensor de Cámara respecto de la audiencia de prisión preventiva y de la decisión adoptada. En efecto, la resolución se dio en el marco de la audiencia del artículo 185 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la cual no exige la citación de testigos ni la producción de prueba oral para determinar ciertas cuestiones fácticas relativas a la materialidad de los hechos ni a extremos tendientes a la concesión o no de la prisión preventiva. Por ende, se desprende de las actuaciones que se han respetado las reglas del proceso acusatorio, la oralidad, inmediación y el contradictorio y se ha garantizado el derecho de defensa de los imputados, en tanto pudieron aportar prueba que apoyara su tesis y han tenido oportunidad formal y sustancial de rebatir los elementos probatorios del Ministerio Público Fiscal, sobre los que tenían acabado conocimiento desde la intimación de los hechos.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 52859. Autos: NN. NN y otros Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 14-07-2023.

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USO DE ARMAS – OMISION DE PRUEBA – TESTIGO PRESENCIAL – VALORACION DE LA PRUEBA – IN DUBIO PRO REO – AMENAZAS – ABSOLUCION – PRUEBA INSUFICIENTE – CITACION DE TESTIGOS – DECLARACION DE LA VICTIMA

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso y absolver al encausado por el delito de amenaza con arma. En efecto, la denunciante, víctima de los hechos investigados, mencionó de modo sorpresivo para todos los presentes en la audiencia de Juicio, la existencia de tres testigos presenciales de parte de las amenazas que había denunciado hacía más de un año. Dijo que había sido informada por empleados de seguridad que trabajaban enfrente, de lo que habían visto. Los identificó por su nombre y afirmó que éstos eran quienes también habían llamado al personal policial. Nadie que es amenazado de muerte por quien ante testigos exhibe un arma de fuego, que luego es ocultada en las inmediaciones, luego de haber solicitado socorro policial, guarda silencio sobre este hecho. En especial, no se calla el posible paradero del arma con la que se pretende asesinar a quien denuncia una amenaza. Silencio que mantuvo la denunciante hasta ser preguntada en una audiencia de juicio, pese a que el personal policial que concurrió a socorrerla quedó a su disposición para asistirla y le suministró un botón anti pánico, que no consideró oportuno activar al enterarse de esta información. Si bien no se sabe con exactitud cuándo le dijeron esto estas personas, con las que conversaba “todos los días”, dado que no afirmó haberse enterado recientemente, lo natural es suponer que lo supo en los momentos inmediatos al hecho o al día siguiente. En tal caso, tampoco puede entenderse que haya ocultado la denunciante, cuando fue entrevistada reiteradas veces por distintas oficinas de asistencia en su calidad de presunta víctima de violencia doméstica estos datos cruciales, pese a que necesariamente fue preguntada y repreguntada sobre elementos que permitieran corroborar su versión, oportunidades, en las que inexplicablemente guardó silencio sobre el lugar dónde se había ocultado el arma y la existencia de tres testigos presenciales de al menos uno de los incidentes violentos de los que alegaba haber sido víctima. Todo ello para recién develar, sorpresivamente, esta información durante la audiencia de juicio. No explicaron ni los representantes del Ministerio Público Fiscal de ninguna de las instancias, ni la señora Jueza de grado por qué no han creído esta versión dada por la víctima, que pese a suministrar datos de testigos presenciales, la existencia de un cómplice que habría ocultado el arma de fuego y el posible lugar en el que se encuentra, no motivaron, ni la ampliación de la imputación, que no incorporó la agravante del uso del arma de fuego, ni de la prueba a producir en el debate, ni la extracción de testimonios para que se investigue la participación criminal del vecino que habría ocultado el arma de fuego. Dado que la denunciante no fue preguntada por los motivos por los que ocultó sus sorpresivos dichos que calló al ser reiteradamente preguntada en las oficinas de la Corte Suprema y de la propia Fiscalía que la entrevistaron, tenemos que atender a lo que el sentido común indica: si una persona sufre una amenaza con arma de fuego que es ocultada por un vecino, no calla esta circunstancia a la policía, a las oficinas de asistencia a la víctima y a la fiscalía. Ello así, la declaración de la víctima, en la cual se basa la sentencia condenatoria, no es verosímil sobre el punto y, por ello, tampoco sobre las amenazas que atribuye al imputado que, según sus dichos, se habrían perpetrado con un arma, aunque la Fiscalía haya preferido ignorarlo y acusar meramente por amenazas simples.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 28850. Autos: S., L. J. Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 11-05-2016.

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OMISION DE PRUEBA – DAMNIFICADO DIRECTO – ABSOLUCION – PROCEDIMIENTO PENAL – DEBERES DEL FISCAL – PRUEBA INSUFICIENTE – OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA – CITACION DE TESTIGOS – CITACION A JUICIO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia en cuanto absolvió al encausado en relación a dos de los hechos investigados. En efecto, la Fiscalía no logró convocar a juicio a los damnificados directos de los sucesos por los cuales el imputado fue absuelto, sino que convocó a otros vecinos, quienes no aportaron mayores precisiones sobre los hechos imputados, en las circunstancias en que fueran atribuidos por la Fiscalía. Resulta intrascendente que el Juez de grado sólo valorara el testimonio de tres vecinos, soslayando un cuarto vecino que también declaró en el juicio; o que el "a quo" no tomó en cuenta puntualmente el relato efectuado por el preventor o las demás constancias de autos, pues el punto dirimente es que la Fiscalía no logró convocar al juicio a los damnificados directos de este evento y ello generó una deficiencia probatoria con respecto a las particularidades de los hechos enrostrados.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 28242. Autos: S., F. A. Sala: III Del voto de Dra. Silvina Manes 10-03-2016.

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VIOLENCIA DOMESTICA – MEDIDAS RESTRICTIVAS – FALTA DE GRAVAMEN – CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA – PROCEDIMIENTO PENAL – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – CITACION DE TESTIGOS – AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – EXCLUSION DEL HOGAR – PROHIBICION DE ACERCAMIENTO – SITUACION DE PELIGRO

En el caso, corresponde revocar la resolución que impuso al encausado las medidas restrictivas consistentes en la prohibición de acercamiento respecto de los denunciantes y de abandono de domicilio. En efecto, entiendo que se ha desnaturalizado el rol y las funciones del Ministerio Público Fiscal en tanto se limitó a fiscalizar pasivamente la evolución y/o involución del conflicto, requiriendo medidas cautelares sin fundamentos suficientes, y concretando el objetivo explicitado por uno de los denunciantes de lograr la exclusión del hogar compartido por denunciantes y denunciados. Más allá del escaso avance de la investigación, no se ha acreditado suficientemente la necesidad de la medida al ignorarse la situación actual de la relación familiar, previo acreditar suficientemente la verosimilitud de los hechos. Los principales testigos de las supuestas amenazas o “hechos de violencia reiterados” no fueron convocados a la audiencia prevista en el artículo 177 del Código Procesal Penal, a efectos de que reiteren su pedido de inmediato abandono del domicilio por parte del imputado y su prohibición de contacto. Si a criterio del Fiscal, esos testimonios resultaban relevantes a los efectos de resolver la medida restrictiva debieron ser convocados, a fin de acreditar la actualidad del peligro que justificaría el dictado de toda medida cautelar dentro de un proceso penal. Ello así, descartada así la existencia de un riesgo actual que fundamente la adopción de las medidas solicitadas, y dado que tampoco puede justificarse legalmente una restricción de la libertad orientada a prevenir riesgos inciertos que pudieran llegar a concretarse en algún momento futuro absolutamente indeterminado, corresponderá revocar la decisión recurrida. (Del voto en disidencia del Dr. Vazquez)

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 26272. Autos: P., J. O. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez 01-06-2015.

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DECRETO DE DETERMINACION DE HECHOS – INTIMACION DEL HECHO – AUDIENCIA ANTE EL FISCAL – INVESTIGACION A CARGO DEL FISCAL – FACULTADES DEL FISCAL – OPORTUNIDAD PROCESAL – PROCEDIMIENTO PENAL – INICIO DE LAS ACTUACIONES – MEDIDAS DE PRUEBA – CITACION DE TESTIGOS – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA – FALTA DE AGRAVIO CONCRETO

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad de las medidas de prueba ordenadas con anterioridad al dictado del decreto de determinación de los hechos. La Defensora Oficial interina entiende que resultan nulas todas las diligencias probatorias concretadas por el Ministerio Público Fiscal con anterioridad a la formulación del decreto de determinación de los hechos, pues debe ser realizado previo a la citación del imputado y a cualquier acto de investigación. En efecto, si bien en la presente no se llevó a cabo el decreto de determinación de los hechos en forma inmediata a que el Fiscal decidiera actuar en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal, no surge del planteo que ello generara gravamen alguno a la encausada atento a que fue realizado en forma previa a que se llevara a cabo la audiencia de intimación del hecho y, de conformidad con lo establecido legalmente fijó el objeto de la investigación preparatoria. Ello así, no surge qué defensas se ha visto efectivamente privada de oponer, ni mucho menos el modo en qué el hecho que se hubiera realizado el decreto luego que se hiciera lugar a la revisión del archivo y a partir de allí se hubiesen tomado las testimoniales, hubiese modificado la situación actual de la recurrente.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 22279. Autos: Alamo, Natalia María Paula Sala: I Del voto de Dra. Silvina Manes, Dr. Jorge A. Franza, Dra. Elizabeth Marum 26-03-2014.

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PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – PRODUCCION DE LA PRUEBA – PRUEBA – CADUCIDAD – CITACION DE TESTIGOS – PRUEBA TESTIMONIAL – INACTIVIDAD PROCESAL

La caducidad en la producción de la prueba testimonial se presenta como el resultado de la inactividad de la parte interesada en su producción. En particular, respecto del artículo 338 inciso 1º del Código Contencioso Administrativo y Tributario dicha inactividad se traduce en un “no hacer” identificado con la falta de citación de los testigos propuestos, que trae como consecuencia la incomparecencia de éstos. En este sentido, para que dicha inactividad sea demostrativa del desinterés del litigante, es preciso que los testigos no comparezcan por falta de citación.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 13597. Autos: LESKO SACIFIA Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro, Dra. Nélida Mabel Daniele 05-10-2010.

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CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – LEY APLICABLE – PRODUCCION DE LA PRUEBA – BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – PRUEBA – RESOLUCIONES INAPELABLES – CITACION DE TESTIGOS

En el caso, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la decisión del Magistrado de Grado que rechazó -en virtud de lo previsto por el artículo 337 del Código Contencioso Administrativo y Tributario- citar nuevamente a los testigos propuestos, que no concurrieron a la audiencia fijada para el trámite del presente beneficio de litigar sin gastos. Tal solicitud es de aquellas cuya impugnabilidad se encuentra expresamente vedada por el ordenamiento. En efecto, el artículo 303 del mencionado cuerpo legal establece que: “Son inapelables las resoluciones del Tribunal sobre producción, denegación y substanciación de las pruebas…”.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 9583. Autos: Incidente de beneficio de litigar sin gastos en autos “Villar, Valeria, Onsizczuk, Carlos Alberto y otros Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 06-04-2009.

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INDIVIDUALIZACION DE LOS TESTIGOS – NOTIFICACION – FUNCIONARIOS PUBLICOS – PRUEBA DE TESTIGOS – PROCEDIMIENTO DE FALTAS – FALTAS – CITACION DE TESTIGOS – OBLIGACIONES DE LAS PARTES – ACTUACION DE OFICIO

En el caso, el recurrente cuestiona la denegatoria por parte de la Judicante de su solicitud de citación a los agentes que labraron las infracciones, lo que según afirma desconoció lo dispuesto en el artículo 20 inc. e) de la Ley Nº 1217 en cuanto establece que los funcionarios públicos deben ser citados por oficio, y que la carga de citarlos no está en cabeza del infractor como los restantes testigos. Asimismo, refiere que resulta erróneo y violatorio del derecho de defensa de la empresa imputada imponerle a su parte que identifique el nombre y domicilio de quienes labraron las actas pues de las mismas no surgen los referidos datos, ni tiene forma de conocerlos. De los presentes actuados se desprende que la Magistrada -luego de ofrecida la prueba testimonial por parte de la Defensa- intimó a la infractora en sendas oportunidades a individualizar a los testigos cuya citación solicitaba (nombre y domicilio), los que por tratarse de funcionarios públicos y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 inc. e) de la Ley Nº 1217 serían citados por medio de oficio diligenciado por el juzgado. Ahora bien, la norma en cuestión, y cuya violación alega el impugnante, coloca en cabeza del imputado la carga de denunciar el domicilio y nombre de los testigos cuya presencia requiere en la audiencia, por tanto no se advierte que su decisión haya vulnerado en forma alguna lo dispuesto en el art. 20 inc. e) de la Ley Nº 1217, pues dicha norma nada diferente establece para el caso que los testigos requeridos por la parte fueran funcionarios públicos. Por otra parte, y si tal como refiere el recurrente, su parte desconocía los datos de los testigos que le requirió la Magistrada y le era imposible acceder a ellos debió al menos plantear dicha cuestión en forma previa a la celebración de la audiencia de juicio, o al menos consignar por escrito el número de chapa de los preventores, el código de la seccional, nombre o DNI según surgiera de las actas de infracción, y cuál era -en todo caso- la importancia de su presencia en la audiencia a fin de que la Judicante dispusiera su citación. Por lo hasta aquí expuesto, no se advierte en qué forma se habría visto vulnerado el derecho de defensa de la encartada por la decisión de la Judicante, ni que lo decidido por ella en relación a la prueba testimonial resultara violatorio de las disposiciones legales aplicables, en virtud de lo cual corresponde confirmar la decisión de la Magistrada en este punto.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 7400. Autos: Transporte, Santa Fe S.A. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 27-03-2008.

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PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – PRODUCCION DE LA PRUEBA – AUDIENCIA – DEBERES DEL JUEZ – LEY SUPLETORIA – PROCEDENCIA – CITACION DE TESTIGOS

Con respecto a la cuestión acerca de quién debe producir la prueba en la audiencia de debate las partes o el Juez, la misma se encuentra zanjada por la propia Ley de Procedimientos Contravencional, que en su artículo 6 dispone la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación, en todo cuanto no se oponga a ella. En efecto, el artículo 45 del Código Procesal Penal de la Nación pone en cabeza del Juez la obligación de “ordenar” la prueba ofrecida por las partes, si la considera procedente. En tal sentido, y a diferencia de lo que sucede en la etapa de investigación, donde el artículo 42 de la ley citada dispone que el Fiscal es quien produce la prueba que considere conducente; en este tramo del proceso la ley de forma nada ha previsto, razón por la cual, resultan aplicables las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, toda vez que no se oponen al sistema acusatorio consagrado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Así, el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación dispone que el presidente del Tribunal fijará día y hora para el debate, ordenando la citación de las partes, testigos e intérpretes que deben intervenir.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3817. Autos: AQUINO, Marcela Claudia Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-10-2004.

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PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – PRODUCCION DE LA PRUEBA – SISTEMA ACUSATORIO – AUDIENCIA – DEBERES DEL JUEZ – CITACION DE TESTIGOS

Si bien es cierto que ciertas normas que regulan los actos preliminares del juicio se oponen al sistema acusatorio –vgr. la previsión de la instrucción suplementaria producida por el Juez de oficio-, no ocurre lo propio con el deber que tiene el Juez de ordenar la citación de los testigos a la audiencia, cuyo cumplimiento recae en el Actuario, a la luz de los principios que informan aquél sistema.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3817. Autos: AQUINO, Marcela Claudia Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-10-2004.

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PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – PRODUCCION DE LA PRUEBA – SISTEMA ACUSATORIO – AUDIENCIA – DEBERES DEL JUEZ – CITACION DE TESTIGOS – CITACION POR LA FUERZA PUBLICA

No se ve afectado el principio acusatorio porque el Juez disponga la citación a la audiencia de juicio -a través del Actuario- de los testigos que fueron solicitados por las partes y respecto de los cuales el Juez admitió su recepción, pues ello no implica el ejercicio de una actividad requirente, ni mucho menos la afectación al principio de imparcialidad. En efecto, no puede trazarse una diferencia cualitativa funcional entre ordenar la recepción de la declaración de testigos y disponer por ello su citación, cuando la concurrencia de aquellos fue requerida por las partes. El Juez a cargo del juicio es el único facultado para, en esta etapa, disponer el comparendo por la fuerza pública del imputado y/o testigos ausentes, garantizar la continuidad del debate, verificar la observancia de las reglas atinentes a la asistencia y permanencia de las partes durante el debate, y ejercer el poder de policía y disciplina durante la audiencia, entre otras varias cuestiones. Distinta sería la cuestión si el Juez dispone la citación de un testigo cuya comparecencia no fue ofrecida por alguna de las partes, caso en que sí se produciría una confusión de roles impropia del sistema vigente. No puede perderse de vista que lo sustancial debe centrarse en qué testigos resultan admisibles –decisión del Juez- y no en quien ordena que se libre la citación para que ellos comparezcan, que reviste un carácter meramente accidental e importa el mero cumplimiento de la prueba ya ordenada por el Juez

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3817. Autos: AQUINO, Marcela Claudia Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-10-2004.

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PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – PRODUCCION DE LA PRUEBA – AUDIENCIA – DEBERES DEL JUEZ – LEY SUPLETORIA – PROCEDENCIA – CITACION DE TESTIGOS

El Juez tiene la exigencia legal de ordenar la citación de los testigos que había admitido para la audiencia de debate (art. 6 de la ley 12 y 359 del CPPN), no bastando para desconocerla la simple invocación de principios constitucionales, sin aditarle una mínima fundamentación que sustente su criterio excepcional.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3817. Autos: AQUINO, Marcela Claudia Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-10-2004.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – DEBERES DEL JUEZ – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – NULIDAD PROCESAL – RESOLUCIONES APELABLES – CITACION DE TESTIGOS

Si bien es el Juez y no el Fiscal quien tiene el deber de disponer la citación de los testigos a la audiencia de debate, la resolución mediante la cual aquella resuelve lo contrario no reviste el carácter de nula, sin perjuicio que, de haber sido objeto de apelación, debía ser revocada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3817. Autos: AQUINO, Marcela Claudia Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-10-2004.

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