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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – ACCION DE AMPARO – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – COBERTURA MEDICA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – PRUEBA DOCUMENTAL – CANNABIS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo, y condenó a la demandada a arbitrar los medios pertinentes para brindar la cobertura en un 100% y provisión de las dosis de Aceite de Cannabis, según el esquema terapéutico que haya indicado o indique en el futuro el tratamiento médico que el hijo menor de la actora requiera en la forma, modalidad y condiciones prescriptas por el médico tratante. La actora inició la presente acción a fin de que la demandada le brindase la cobertura total, íntegra y oportuna de Aceite de Cannabis que el médico de su hijo le habría prescripto para el tratamiento de su enfermedad. Explicó que el menor padecía retraso global severo del desarrollo de causa no tipificada, epilepsia refractaria severa con crisis múltiples y que poseía certificado de discapacidad. Relató que presentó la prescripción médica ante la demandada solicitando la cobertura, y que le fue negada. La demandada recurrente señaló que el menor no se encuentra afiliado a FACOEP S.E. como se indica en la Sentencia cuestionada, sino que está inscripto en el Padrón de Beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que conforme la normativa vigente que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, es el Programa Federal Incluir Salud quien tiene a su cargo la provisión de dicho insumo. Al respecto, cabe señalar que en autos obra una copia de la credencial del menor de la que surge el número de afiliación y sus datos. Asimismo, en el escrito de demanda la actora indicó expresamente que, entre la prueba documental, ofrecía la credencial del menor. Ahora bien, al contestar el traslado del escrito inaugural, la parte demandada -más allá de efectuar un desconocimiento genérico de los dichos de la actora- no se ocupó de controvertir y plantear que el menor carecía de afiliación, como argumenta en su expresión de agravios. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 270 del Código Contencioso Administrativo y Tributario pesa sobre la parte que contesta la demanda, la carga de “…reconocer o negar en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda…” por cuanto el “…silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general puede considerarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran, y tener por recibidos o reconocidos, según el caso, los documentos …”. En consecuencia y amén de que el planteo resulta inoportuno, la recurrente no logró rebatir de modo eficaz la valoración que efectuó el Magistrado de grado respecto de la prueba documental aportada por la parte actora, entre la que se hallaba la credencial de afiliación del menor. Por lo tanto, corresponde rechazar el agravio de la demandada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 45771. Autos: G. B. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 28-09-2021.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – ACCION DE AMPARO – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – COBERTURA MEDICA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – CANNABIS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD – ESTADO NACIONAL

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo, y condenó a la demandada a arbitrar los medios pertinentes para brindar la cobertura en un 100% y provisión de las dosis de Aceite de Cannabis, según el esquema terapéutico que haya indicado o indique en el futuro el tratamiento médico que el hijo menor de la actora requiera en la forma, modalidad y condiciones prescriptas por el profesional tratante. La actora inició la presente acción a fin de que la demandada le brindase la cobertura total, íntegra y oportuna de Aceite de Cannabis que el médico de su hijo le habría prescripto para el tratamiento de su enfermedad. Explicó que el menor padecía retraso global severo del desarrollo de causa no tipificada, epilepsia refractaria severa con crisis múltiples y que poseía certificado de discapacidad. Relató que presentó la prescripción médica ante la demandada solicitando la cobertura, y que le fue negada. La demandada recurrente se agravió por cuanto entiende que la obligación de brindar la medicación en cuestión recaía sobre el Estado Nacional en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.350. Al respecto, se comparte lo propiciado por la Sra. Fiscal de Cámara, en cuanto advirtió que no surge de las normas vigentes que la ANMAT -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica- deba cumplir con la provisión de aceite de cannabis requerido por aquellas personas que no se encuentren incluidas en el Programa creado por la Ley N° 27.350, inclusión que resulta voluntaria. Asimismo, cabe tener en consideración la aplicación de la Ley N° 25.404 -en la que se disponen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, entre las que se encuentra el derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna (cf. artículos 1 y 4)- y de la Ley N° 24.901, en la que se fijan estándares mínimos obligatorios respecto de las personas con discapacidad para todos aquellos entes que tienen a su cargo la prestación de servicios relacionados con la salud. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo bajo análisis.

ZONA DE RESERVA DE LA ADMINISTRACION – DIVISION DE PODERES – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – ACCION DE AMPARO – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – COBERTURA MEDICA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – CANNABIS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MEDIDAS CAUTELARES – MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – COBERTURA MEDICA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – CANNABIS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde acceder a la extensión de la medida cautelar solicitada por la actora hasta tanto la sentencia dictada en autos, y que aquí se confirma, adquiera firmeza. En consecuencia, se ordena a la demandada que garantice al hijo menor de la actora la provisión de las dosis de Aceite de Cannabis necesario para su tratamiento. La actora inició la presente acción a fin de que la demandada le brindase la cobertura total, íntegra y oportuna de Aceite de Cannabis que el médico de su hijo le habría prescripto para el tratamiento de su enfermedad. Explicó que el menor padecía retraso global severo del desarrollo de causa no tipificada, epilepsia refractaria severa con crisis múltiples y que poseía certificado de discapacidad. Relató que presentó la prescripción médica ante la demandada solicitando la cobertura, y que le fue negada. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 2.145, la verosimilitud en el derecho invocado por la parte actora surge palmaria por encontrarse involucrado el derecho a la salud, la especial protección de un menor que padece de un estado de salud grave, y que además es una persona con discapacidad, y una patología significativa a quien la normativa le reconoce una especial tutela. Esta solución se presenta como la más adecuada a fin de armonizar el derecho que le asiste al menor y el lapso temporal que mediaría entre el dictado de esta sentencia y los avatares procesales que serían menester hasta que ésta adquiera la firmeza suficiente para ser ejecutada.

MEDIDAS CAUTELARES – MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR – PELIGRO EN LA DEMORA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – COBERTURA MEDICA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – CANNABIS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde acceder a la extensión de la medida cautelar solicitada por la actora hasta tanto la sentencia dictada en autos, y que aquí se confirma, adquiera firmeza. En consecuencia, se ordena a la demandada que garantice al hijo menor de la actora la provisión de las dosis de Aceite de Cannabis necesario para su tratamiento. La actora inició la presente acción a fin de que la demandada le brindase la cobertura total, íntegra y oportuna de Aceite de Cannabis que el médico de su hijo le habría prescripto para el tratamiento de su enfermedad. Explicó que el menor padecía retraso global severo del desarrollo de causa no tipificada, epilepsia refractaria severa con crisis múltiples y que poseía certificado de discapacidad. Relató que presentó la prescripción médica ante la demandada solicitando la cobertura, y que le fue negada. El peligro en la demora encuentra su consagración -sin mayores especificaciones- en el hecho de que se tiende a preservar el estado de salud del menor y evitar que empeore con el transcurso de tiempo que insumirían los diversos estadios procesales. Esta solución se presenta como la más adecuada a fin de armonizar el derecho que le asiste al menor y el lapso temporal que mediaría entre el dictado de esta sentencia y los avatares procesales que serían menester hasta que ésta adquiera la firmeza suficiente para ser ejecutada.

MEDIDAS CAUTELARES – MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR – INTERES PUBLICO – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – COBERTURA MEDICA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – CANNABIS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde acceder a la extensión de la medida cautelar solicitada por la actora hasta tanto la sentencia dictada en autos, y que aquí se confirma, adquiera firmeza, y en consecuencia, se ordena a la demandada que garantice al hijo menor de la actora la provisión de las dosis de Aceite de Cannabis para su tratamiento. La actora inició la presente acción a fin de que la demandada le brindase la cobertura total, íntegra y oportuna de Aceite de Cannabis que el médico de su hijo le habría prescripto para el tratamiento de su enfermedad. Explicó que el menor padecía retraso global severo del desarrollo de causa no tipificada, epilepsia refractaria severa con crisis múltiples y que poseía certificado de discapacidad. Relató que presentó la prescripción médica ante la demandada solicitando la cobertura, y que le fue negada. La medida dispuesta, en modo alguno violenta el interés público; antes bien todo lo contrario en tanto tiende a asegurar los derechos de una persona que merece especial y reconocida protección constitucional y convencional. Esta solución se presenta como la más adecuada a fin de armonizar el derecho que le asiste al menor y el lapso temporal que mediaría entre el dictado de esta sentencia y los avatares procesales que serían menester hasta que ésta adquiera la firmeza suficiente para ser ejecutada.

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – COVID-19 – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – SALUD DEL IMPUTADO – ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – PRISION DOMICILIARIA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el pedido de prisión domiciliaria en favor del condenado. A los fines de evaluar la procedencia del instituto de la prisión domiciliaria en el contexto sanitario actual (covid-19), corresponde analizar en cada caso concreto si pueden adoptarse intramuros medidas que minimicen la posibilidad de contagio y, a la vez, garanticen el tratamiento médico que precise cada interno en función de su situación particular. En ese sentido y en lo que respecta al primer extremo, vale destacar que el Servicio Penitenciario Federal adoptó diversas medidas de prevención, tales como la suspensión de visitas y su realización mediante video llamadas, la suspensión de clases y la implementación de la “Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el Servicio Penitenciario Federal” (DI- 2020-18843042-APN-DSG#SPF). En lo atinente al segundo extremo, corresponde, entonces, a este Tribunal analizar si, en el caso puntual del condenado, las afecciones que sufre pueden ser tratadas dentro del establecimiento carcelario en el que se encuentra alojado, o si, por el contrario, exigen una modificación en la modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad, a fin de garantizar su salud, en los términos postulados por su defensa. En efecto, de las constancias del expediente se advierte que el interno se encuentra recibiendo asistencia médica integral en un Complejo Penitenciario Federal, tanto en lo que se refiere al aspecto clínico como psicológico y sustancialmente en lo atinente al cuadro de epilepsia que padece; cuenta con la medicación correspondiente y bajo estricto control médico, sin presentar episodios convulsivos. Ello así, y conforme las constancias del expediente, en el establecimiento carcelario el interno cuenta con evaluación médica integral, controles frecuentes y oportunos, además de una guardia permanente, durante las 24 hs., más allá de que, de ser necesario, también puede ser trasladado extra muros. Por consiguiente y en razón de los fundamentos vertidos, dado que las afecciones médicas del nombrado pueden ser tratadas, adecuada y oportunamente, dentro del establecimiento carcelario en el que se halla alojado, siendo que sus derechos a la salud e integridad personal se encuentran garantizados, consideramos acertada la decisión adoptada por la A-Quo, en cuanto rechazó la prisión domiciliaria impetrada por el nombrado junto a su Defensa particular.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 42281. Autos: G. H., P.P. Sala: III Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo 14-10-2020.

LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – COVID-19 – GRUPOS DE RIESGO – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – EPILEPSIA – TRATAMIENTO MEDICO – SALUD DEL IMPUTADO – ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – PRISION DOMICILIARIA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el pedido de prisión domiciliaria en favor del condenado. A los fines de evaluar la procedencia del instituto de la prisión domiciliaria en el contexto sanitario actual (covid-19), corresponde analizar en cada caso concreto si pueden adoptarse intramuros medidas que minimicen la posibilidad de contagio y, a la vez, garanticen el tratamiento médico que precise cada interno en función de su situación particular. En este sentido, se advierte que le asiste razón a la A-Quo cuando argumenta que las afecciones médicas del condenado se encuentran en tratamiento en su unidad de alojamiento, bajo control frecuente y adecuado a las patologías que presenta, que no encuadran en aquellas detalladas en la Resolución N° 627/2020 –B.O. 20/3/2020– como relativas a grupos de riesgo frente a la actual pandemia, siendo que el interno tampoco integra dichos grupos vulnerables en razón de su edad, amén de la particularidad del presente caso, en cuanto el nombrado enfrenta una condena de más de tres años, recientemente impuesta. Tampoco se presenta en el caso ninguno de los supuestos que taxativamente detallan los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley N° 24.660 como habilitantes de la modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad postulada por la Defensa. Es que la pena de encierro que el nombrado viene cumpliendo, a la luz de los elementos expuestos, no imposibilita el tratamiento médico de las afecciones que padece dentro del establecimiento carcelario. Y no obsta a lo expuesto el argumento novedosamente introducido por la Defensa en la vista conferida en esta alzada, en cuanto a que la epilepsia que padece su asistido comportaría una “discapacidad” en los términos del artículo 32, inciso c) de la citada normativa, pues más allá de que la alegada “discapacidad” no ha sido acreditada en autos, de todos modos ello tampoco conduciría a la concesión automática del instituto, sino únicamente y según reza el propio texto legal, cuando “la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”, circunstancias que no se vislumbran en el caso de autos, tal como hemos fundamentado suficientemente en los párrafos precedentes.

MEDIDAS CAUTELARES – ACCION DE AMPARO – DERECHO A LA VIDA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – ENFERMEDADES – EPILEPSIA

En el caso, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar la medicación necesaria para los pacientes epilépticos que son atendidos en los hospitales públicos de la Ciudad. Ello, a través de los mecanismos que estime corresponder, en el plazo y con la periodicidad adecuada a la patología. Ello, porque la protección constitucional del derecho a la salud resulta operativa. En efecto, el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Y agrega que "[l]os derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos". Finalmente, la Ley Nº 153 -ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires- también garantiza el derecho a la salud integral (art. 1) y establece que esta garantía se sustenta -entre otros principios- en la solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud, y en la cobertura universal de la población (art. 3, inc. "d" y "e").

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 12294. Autos: Alicia Oliveira – Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Sala: I Del voto de Dra. Inés M. Weinberg de Roca, Dr. Eduardo A. Russo 04-12-2002.

REGIMEN JURIDICO – DERECHO A LA SALUD – ENFERMEDADES – EPILEPSIA

Mediante la Ley N° 917 (B.O. N° 1581 del 3/12/02) la Ciudad de Buenos Aires adhirió al régimen establecido por la Ley Nacional N° 25.404 -de protección y garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas que padecen epilepsia-. Esta última, a su vez, dispone que los pacientes tienen derecho a recibir asistencia médica integral (art. 4) y asegura -a quienes carecen de cobertura médico asistencial y recursos económicos- la provisión gratuita de la medicación requerida (art. 9 inc. h).

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