PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO – AFECTACION DEL INMUEBLE (ADMINISTRATIVO) – MEDIDAS CAUTELARES – PELIGRO EN LA DEMORA – OBRAS NUEVAS Y MODIFICACIONES – PERMISO DE OBRA – PLANEAMIENTO URBANO – CAUCIONES – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – PROCEDENCIA – PLAZOS PARA RESOLVER – PLANOS Y PROYECTOS – ESTADO PARCELARIO
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, precautoriamente, la nueva mensura realizada con motivo de la unificación parcelaria del inmueble objeto de estos autos, le fuera inoponible; fijó a cargo de la actora una “caución real o personal” de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000); y dispuso que la tutela mantuviera su vigencia durante el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales. Conforme surge del expediente, la empresa actora solicitó el dictado de una medida cautelar autónoma en los términos de la Ley N° 2145, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección General de Registro de Obras y Catastro) para que se le ordenara la presentación del proyecto de obra correspondiente al inmueble en referencia a la superficie construible, en los mismos términos y condiciones en que fuera aprobado mediante el dictado del acto administrativo firme emitido por la Dirección de Catastro sin considerar el excedente fiscal detectado mediante agrimensura técnica que fuera realizada a los efectos de la unificación parcelaria, atento que debía prevalecer el acto administrativo emitido por esa misma Dirección que se encontraba firme y vigente. Con respecto a la inexistencia de peligro en la demora, se advierte que en la demanda la actora invocó los perjuicios económicos y temporales irreversibles que le produciría la paralización del proyecto edilicio. A su vez, de la prueba aportada, se infiere -ab initio- las sumas involucradas en las compras de los inmuebles de autos (dos millones trescientos mil dólares —USD 2.300.000— por la primera parcela; y ochocientos mil dólares —USD 800.000— por la segunda parcela). En ese contexto, debe tenerse presente que el artículo 191 de la Ley N° 189 establece que “[l]as partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad correspondiente, la suspensión del cumplimiento, del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión […]”. La tutela provisional concedida en autos impuso la inoponibilidad para la demandante de la nueva mensura realizada con motivo de la unificación parcelaria en lo que refería a la identificación de una franja como excedente fiscal, cuya utilización constructiva fue aprobada previamente por el recurrente y, en consecuencia, autorizó a la actora a presentar el proyecto de obra abarcativo del inmueble sito en la Ciudad, en referencia a la superficie construible, en los términos y condiciones en que fue aprobado por el demandado el 14 de febrero de 2019. Asimismo, la decisión cautelar fijó una caución de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) que fue cumplida mediante un seguro de caución. Así pues, se advierte —en principio— un posible daño sobre los derechos patrimoniales de la actora y un menor peligro para el interés público por el que el demandado debe velar. Ello, en función de las sumas invertidas para llevar a cabo la obra y la contracautela acreditada para cubrir el eventual daño que pudiera existir con motivo de la tutela preliminar concedida (y el eventual inicio de las obras sobre el excedente fiscal en discusión). Lo expuesto es suficiente para rechazar los cuestionamientos vinculados a la ausencia del peligro en la demora y dan también fundamento suficiente para desestimar las quejas del accionado sobre la afectación del interés público.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63883. Autos: Scalabrini Ortiz 1935 SA Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik 11-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO – AFECTACION DEL INMUEBLE (ADMINISTRATIVO) – MEDIDAS CAUTELARES – PELIGRO EN LA DEMORA – DIVISION DE PODERES – OBRAS NUEVAS Y MODIFICACIONES – PERMISO DE OBRA – PLANEAMIENTO URBANO – CAUCIONES – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – PROCEDENCIA – PLAZOS PARA RESOLVER – PLANOS Y PROYECTOS – ESTADO PARCELARIO
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, precautoriamente, la nueva mensura realizada con motivo de la unificación parcelaria del inmueble objeto de estos autos, le fuera inoponible; fijó a cargo de la actora una “caución real o personal” de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000); y dispuso que la tutela mantuviera su vigencia durante el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales. Conforme surge del expediente, la empresa actora solicitó el dictado de una medida cautelar autónoma en los términos de la Ley N° 2145, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección General de Registro de Obras y Catastro) para que se le ordenara la presentación del proyecto de obra correspondiente al inmueble en referencia a la superficie construible, en los mismos términos y condiciones en que fuera aprobado mediante el dictado del acto administrativo firme emitido por la Dirección de Catastro sin considerar el excedente fiscal detectado mediante agrimensura técnica que fuera realizada a los efectos de la unificación parcelaria, atento que debía prevalecer el acto administrativo emitido por esa misma Dirección que se encontraba firme y vigente. El Gobierno se agravió de que la decisión adoptada importó una intromisión del Poder Judicial sobre sus competencias propias y, consecuentemente, una vulneración de la división de poderes. Cabe recordar que cuando los jueces revisan el accionar de la Administración en el marco de las causas en las cuales han sido llamados a conocer, no invaden zona de reserva alguna, sino que se limitan a cumplir con su función, cual es la de examinar los actos o normas cuestionados a fin de constatar si se adecuan o no al derecho vigente. Ello así por cuanto es de la esencia del Poder Judicial resolver los conflictos traídos a su conocimiento, declarando el derecho aplicable a cada caso. Y como en un orden jurídico democrático ninguna actividad del Estado puede quedar por fuera del derecho, resulta palmario que todos los actos de aquél son susceptibles de ser confrontados con el derecho vigente –en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional– para evaluar su grado de concordancia con él. En otras palabras, no es discrecional para el Poder Judicial el restablecimiento y el resguardo de los derechos cuando su violación ha sido denunciada en un caso concreto por la parte legitimada y acreditada debidamente en la causa. En la especie, el a quo consideró necesario proteger cautelarmente los derechos de la actora ante las medidas adoptadas por el recurrente sin que éste haya podido acreditar la existencia de errores en la ponderación efectuada por el sentenciante en este estado liminar de la controversia (vgr. si se daban las condiciones establecidas en el artículo 17 de la LPA CABA; si la autorización emitida el 14 de febrero de 2019 estaba afectada de nulidad absoluta, por razones de ilegitimidad; y si esa habilitación —vinculada exclusivamente a la parcela 8c— no se encontraba firme, consentida y si no había generado derechos subjetivos que se estuvieran cumpliendo). Así pues, el Juez no intervino injustificadamente en las funciones administrativas que forman parte de las competencias asignadas en forma exclusiva a la Administración, sino que ha ejercido —en este incidente de medida cautelar autónoma— las facultades de control de legalidad inherentes al Poder Judicial previstas constitucionalmente. De conformidad con lo expuesto, el agravio del apelante (referido a la afectación de las potestades administrativas) no puede tener favorable acogida pues el decisorio se ajusta a las funciones de control que la Constitución nacional y local colocaron en cabeza del Poder Judicial.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63883. Autos: Scalabrini Ortiz 1935 SA Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik 11-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESTITUCION DEL INMUEBLE – PROCEDIMIENTO PENAL – CAUCIONES – PROCEDENCIA – REQUISITOS – USURPACION
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto ordenó la restitución del inmueble en favor del Querellante, y fijó una caución. Se investiga en los presentes actuados la presunta conducta del imputado calificada por la Fiscalía como constitutiva del delito de usurpación (artículo 181, inciso 1 del Código Penal de la Nación). El Juez resolvió la restitución del inmueble a favor de la Parte Querellante y fijó un embargo sobre el bien como caución. La Defensa apeló la decisión. Sostuvo que la caución resulta de imposible cumplimiento, por lo cual el Querellante debería ofrecer un inmueble de su propiedad, distinto al que se encuentra en litigio. Ahora bien, estimo acertado, atento el particular estado de litigiosidad que rodea el bien objeto de este proceso, que el Magistrado haya fijado una caución a los fines de poder afrontar, en su caso y eventualmente, cualquier reclamo que pueda surgir en autos, sobre todo teniendo en cuenta el carácter esencialmente provisional de la medida. Por su parte, respecto al argumento del imputado en el sentido que debió ser otro bien, no corresponde hacer lugar a la solicitud, pues el Querellante ha demostrado un mejor derecho sobre ese bien.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58466. Autos: Melgarejo, Juan Ramón Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 12-03-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
INTENCION DE ENTORPECER LA INVESTIGACION JUDICIAL – REVOCACION DE LA PRISION PREVENTIVA – INTENCION DE ELUDIR LA ACCION DE LA JUSTICIA – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTACION ERRONEA – PROCEDIMIENTO PENAL – CAUCIONES – PRISION PREVENTIVA – SUSTITUCION DE MEDIDAS CAUTELARES – ASOCIACION ILICITA
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que convirtió la detención de las imputadas en prisión preventiva. En efecto, para así resolver, la Jueza de grado sostuvo la posible existencia de una organización delictiva en la que tomaran parte otros intervinientes, así como la circunstancia de que los celulares secuestrados todavía no habían sido objeto de peritaje, lo que conduciría a la conclusión de que todavía existen medidas de prueba a realizar que pueden ser puestas en riesgo si se levanta la restricción. Sin embargo, tal criterio se trata de una mera especulación que, aunque fuese cierta, tampoco justificaría la medida restrictiva, porque el contacto con otros eventuales intervinientes del hecho, al igual que el pretendido “acceso remoto” a los celulares a fin de modificar la información, también se puede ejercer desde la prisión, incluso si pesara sobre ellas una restricción de comunicación. A su vez, ya se cuenta con toda la prueba atinente a la intervención de las detenidas. Por lo que, continuar con su privación de la libertad sin que se acredite un verdadero riesgo procesal solo obedecería a una voluntad de mantenerlas en encierro ante la ausencia de partícipes de mayor responsabilidad en la eventual organización delictiva. En base a lo expuesto, es que corresponde aplicar una caución suficiente, previa a otorgar la libertad, que tendrá por objeto asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan, no evadirá su comparecencia en el proceso y, en su caso, que se someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria (cfr. art. 178 CPPCABA).
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 38346. Autos: M. P., Y.E. y otros Sala: II Del voto de Dr. Pablo Bacigalupo 26-02-2019.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESTITUCION DEL INMUEBLE – MEDIDAS CAUTELARES – PELIGRO EN LA DEMORA – CAUCIONES – OPORTUNIDAD DEL PLANTEO – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – RESTITUCION DE BIENES – ALLANAMIENTO – REQUISITOS – USURPACION – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
En relación a la restitución de bienes se han presentado diversas interpretaciones de acuerdo a lo que se deriva de lo normado en el artículo 335 in fine del Código Procesal Penal de la Ciudad, relativas a la oportunidad y facultad del Fiscal para disponer el reintegro de un inmueble y los efectos jurídicos que -una decisión de este tipo- es susceptible de acarrear. En esa inteligencia, es prudente que el dictado de una medida cautelar de estas características sea adoptada por un tercero imparcial que evalúe la concurrencia de los extremos de procedencia de la restitución solicitada por el damnificado, máxime si -incluso- se tiene en cuenta que ésta necesariamente debe instrumentarse a través de un allanamiento que sólo el Juez puede ordenar (artículo 108 del Código Procesal Penal de la Ciudad) y en vista del derecho del imputado de apelar un pronunciamiento que pueda resultar contrario a sus intereses.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 37164. Autos: P., G. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo 18-09-2018.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESTITUCION DEL INMUEBLE – MEDIDAS CAUTELARES – PELIGRO EN LA DEMORA – CAUCIONES – OPORTUNIDAD DEL PLANTEO – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – RESTITUCION DE BIENES – REQUISITOS – USURPACION – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
En cuanto a la medida de "restitución" prevista en el artículo 335 in fine del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, cabe recordar que éste dispone que "en los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la fiscal o el/la jueza, a pedido del damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cundo el derecho invocado fuera verosímil. Se podrá fijar caución si se lo considerare necesario". Entonces, para el dictado de aquélla medida se exige la probabilidad de que se presente un caso de usurpación, verosimilitud en el derecho de quien solicita la restitución del inmueble, y el requerimiento expreso del damnificado. A su vez, por tratarse de una medida cautelar, se requiere lo mismo que para todas las de igual naturaleza, a saber, peligro en la demora.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 35654. Autos: PECCI, GERMINAL y otros Sala: II Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. Jorge A. Franza 08-05-2018.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
SUSTITUCION DEL EMBARGO – COMPAÑIA DE SEGUROS – MEDIDAS CAUTELARES – CAUCIONES – IMPROCEDENCIA – CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION – SUSTITUCION DE MEDIDAS CAUTELARES – EMBARGO – APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de sustitución de embargo por un seguro de caución. En efecto, la Defensa se agravia en cuanto se le deniega la posibilidad de sustituir el embargo dispuesto por un seguro de caución para garantizar que los imputados cumplan con sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la sustitución del embargo decretado por un seguro de caución no se observa como ventajosa, porque esta garantía requiere de un trámite especial para su liquidación y, a su vez, lleva consigo el riesgo de que la compañía aseguradora pueda eventualmente resultar insolvente al momento de la efectivización del seguro, pues más allá de que se encuentren sujetas al control de la Superintendencia de Seguros, muchas de ellas han tenido problemas financieros graves que ocasionaron su insolvencia frente a los asegurados. Por otro lado, existe la posibilidad de que en una de las cuentas bancarias que posee la firma encartada se pueda cubrir la suma pretendida como embargo, pues cuenta con suficiencia económica comprobable, no se advierte por qué la apelante es reticente a cumplir lo dispuesto por la Juez en cuanto los emplazó a individualizar una cuenta para proceder al embargo, de forma tal de evitar entorpecer el giro habitual de la firma. En este sentido, pareciera que lo que se intenta sortear con el seguro de caución es la necesidad de que se libere el patrimonio afectado por la medida, y que no se le exija como liquidez ese monto de dinero, más que preocuparse por la mejor manera de garantizar el cumplimiento del embargo, pretende sortear la exigibilidad de esa suma en una determinada cuenta, por una fianza, circunstancia que a nuestro juicio tampoco sería la forma más idónea para responder a las posibles obligaciones en este proceso.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 31075. Autos: DH COM. SA Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel 01-12-2016.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESTITUCION DEL INMUEBLE – CAUCIONES – USURPACION – FACULTADES DEL JUEZ
En el caso, corresponde confirmar la resolución que dispuso el allanamiento, restitución y desalojo del inmueble. En efecto, la Defensa se agravia respecto de la "falta" de fijación de una caución para el otorgamiento de las medidas cautelares dispuestas. El artículo 335 último párrafo del Código Procesal Penal de esta Ciudad dispone que “[s]e podrá fijar una caución si se lo considerare necesario”. En segundo lugar, establece que dicha caución opera como una contra-cautela respecto de la medida ordenada, por lo que si eventualmente se dispusiera, su cumplimiento quedará en cabeza de los ocupantes, quienes se encuentran siendo investigados por la posible comisión de un ilícito. Esto no los convierte en acreedores de un derecho “indemnizable” mediante la caución. Ello así, la medida ha sido ordenada conforme a derecho al encontrarse reunidos los requisitos para su procedencia.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 24751. Autos: SAFIAGO, WALTER Y OTROS Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 11-12-2014.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PROCEDIMIENTO PENAL – EXCARCELACION – CAUCIONES – MONTO DE LA CAUCION – FACULTADES DISCRECIONALES DEL JUEZ – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – SOLICITUD DE EXCARCELACION – CAUCION REAL – OBJETO
En el caso, para conceder la excarcelación el Sr. Juez ha escogido una fianza a todas luces desproporcionada pues el objetivo que ha tenido en mira al seleccionarla, no fue el apropiado al acto que realizaba –asegurar la comparencia ante los llamados del Juez de la causa-, sino impedir la soltura del imputado. Siendo ello así el magistrado ha violado el artículo 320 última parte del Código Procesal Penal de la Nación que dispone que “queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado teniendo en cuenta su situación personal, las características del hecho atribuido y su personalidad moral”. Lo decidido lesiona los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y libertad. En tal sentido, cabe tener en cuenta que la excarcelación procede como garantía constitucional y no como simple concesión de la ley penal de forma (CSJN Fallos 300:642; 301:664 y 304:184). A lo que se aduna que la libertad bajo caución se halla respaldada por pactos internacionales suscriptos por nuestro país (art. 7.5 Convención Americana de Derechos Humanos y 9.3 Pacto Internaciona de Derechos Civiles y Políticos). Por ello, debe evitarse que el monto excesivo de la caución torne ilusoria la excarcelación concedida (CCC Sala III, E.D. t. 107, p. 178; CCCFed., Sala II, “García, R. s/ excarcelación”, 28/6/84).
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3497. Autos: Mansilla, Roberto Rubén Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 04-02-2004.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PROCEDIMIENTO PENAL – EXCARCELACION – CAUCIONES – MONTO DE LA CAUCION – FACULTADES DISCRECIONALES DEL JUEZ – SOLICITUD DE EXCARCELACION – CAUCION REAL – RECURSOS ECONOMICOS DEL IMPUTADO
Si la excarcelación se concede bajo caución real, la suma a fijar como caución debe regularse en forma prudente, teniendo en cuenta la necesidad de aseguramiento procesal y la situación económica del imputado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3497. Autos: Mansilla, Roberto Rubén Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 04-02-2004.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
ALCANCES – DOBLE INSTANCIA – EXCARCELACION – CAUCIONES – FACULTADES DEL JUEZ – PROCEDENCIA
La excarcelación deberá concederse bajo caución, la que deberá ser determinada por el a quo a los efectos de preservar la doble instancia y el consecuente derecho a recurrir del afectado (CCC, Sala VI, causa 3003 “Terrazas”, rta. 16/05/95) y suficiente para garantizar que el encausado no habrá de infringir sus obligaciones procesales.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3492. Autos: Mansilla, Roberto Rubén Sala: De Feria Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel 30-01-2004.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
