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DIFUSION DE IMAGEN – PROTECCION INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE – ACTIVIDAD PROHIBIDA – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – PLAZO – MEDIDAS DE PROTECCION – HIJOS

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución en crisis en cuanto impuso al encartado la medida tuitiva consistente en la “prohibición de difundir y/o publicar fotos, videos y/o cualquier archivo digital de sus hijas" (conf. arts. 3 y 16, CDN; 1 y 22 Ley 26061 y 10 y 18 ley 114), y circunscribir la vigencia de la medida al término de noventa días, a contar desde la fecha de esta decisión. En efecto, al analizar la razonabilidad de la prohibición al encartado de difundir y publicar imágenes de sus hijas menores de edad, se advierte que reúne los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad para su imposición. En este sentido, de los dichos de la denunciante se desprende la afectación emocional que padecerían las menores de edad en relación al conflicto que se suscita entre sus progenitores (quienes, valga destacar, presentan un elevado nivel de reconocimiento y atención del público y los medios de comunicación) y, en particular, en torno a la visualización de sus imágenes en redes sociales. Ante tal escenario, la decisión de grado aparece como ajustada al principio rector del interés superior del niño (art. 3 CDN), entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esa ley, que prioriza el respeto de su opinión, el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, y el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común (conf. art. 3 de la Ley 26.061). Así, en el caso, los derechos e intereses de las niñas deben priorizarse frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, por lo que se impone la necesidad de resguardar a las menores de edad frente a las injerencias en su vida privada señaladas. En este sentido, se ha sostenido que “… la consideración primordial del interés del niño, que la Convención sobre los Derechos del Niño –artículo 3º.1– impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a los menores, orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos (…) La atención principal al interés superior del niño a que alude el articulo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos por lo que, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño” (CSJN, Fallos: 328:2870). Una correcta exegesis de la pretensión analizada bajo esos preceptos nos lleva a concluir que la medida impuesta resulta acorde a los fines perseguidos, a la vez que también se presenta como el medio menos restrictivo a los derechos del imputado que resguarda debidamente los derechos cautelados. En este marco, en ejercicio de la función de tutela de garantías y a fin de evitar que las niñas sean objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada (art. 16, CDN), no solo corresponde confirmar ese tramo de la resolución en crisis (en cuanto dispuso al imputado la prohibición de publicar o divulgar imágenes y videos de las menores en redes sociales y/o cualquier otro medio de comunicación), sino también disponer su extensión con carácter general, en estricto cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 4º de la Convención de los Derechos del Niño, que compele a los estados partes a adoptar cualquier medida que resulte necesaria para dar efectividad a los derechos reconocidos en ese instrumento. En último lugar, en lo que respecta a la proporcionalidad de la medida, en el caso se evidencia un déficit argumental en torno a los motivos por cuales el Magistrado dispuso su vigencia mientras dure el proceso, sin establecer un plazo de duración determinado. Al respecto, el artículo 27 de la Ley Nº 26.485 es determinante al establecer que: “…El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado”. En función de lo expuesto, es que también corresponde establecer un plazo de noventa días para la vigencia de la medida (conf. art. 28, CN y 13 –inc. C-, CCABA).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58694. Autos: I., M. E. y otros Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dra. Luisa María Escrich, Dr. Gonzalo E.D.Viña 31-03-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

SENTENCIA CONDENATORIA – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – TIPO PENAL – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – IMPROCEDENCIA – INTERNET – CIBERACOSO SEXUAL A MENORES – INSTAGRAM – DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto rechazó la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo 131 del Código Penal ("grooming"). La Jueza tuvo por probado que el encartado, utilizando la red social Instagram, se contactó con la damnificada -quien en ese entonces tenía 15 años de edad-, y mantuvo diálogos eróticos con la menor, por lo que resolvió condenarlo a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento dejó en suspenso en orden al delito previsto en el artículo 131 del Código Penal. Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de dicho artículo. La Defensa se agravió de ese rechazo. Sostuvo que la redacción del tipo penal resulta violatoria del principio de legalidad, debido a su imprecisión a la hora de definir la conducta prohibida. Señaló que se trata de una ley penal en blanco, que su aplicación solo depende de la mera voluntad de castigar sin necesidad de acotar el margen de la conducta atribuida, sin analizar los pormenores de este caso, que en todo momento alejan la ultra intención atribuida al encartado. En ese sentido, argumentó que “El gravamen consiste en que en el caso el acusado no ha creado ningún peligro, no ha creado ningún peligro abstracto, no ha creado ningún peligro concreto. De ahí que no es justo olvidarse como lo hace el fallo del principio de culpabilidad, construyendo una presunción de presunción de culpabilidad”. Sin embargo, los cuestionamientos formulados no exponen argumentos contundentes que den cuenta de una incompatibilidad manifiesta, inconciliable e indubitable del tipo penal consagrado en el artículo 131 del Código Penal con los postulados constitucionales que menciona. La redacción de la norma satisface los mandatos que se derivan del principio de legalidad, en tanto resulta suficiente para comprender que lo que se prohíbe no es cualquier contacto con una persona menor de edad, sino el que se realice “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos” y “con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. El tipo penal es preciso y no deja lugar a dudas de cuáles son las conductas que viene a penalizar. Asimismo, expresa adecuadamente la decisión legislativa de incriminar este tipo de acciones, conforme surge de las palabras de la senadora por la provincia de Salta, Sonia Escudero, entonces Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, quien señaló en el debate parlamentario que: “… lo que estamos penalizando es la conducta anterior al delito contra la integridad sexual. ¿Qué estamos diciendo? Es el proceso de captación del menor. Basta, entonces, la captación de la persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual para la generación de una tipicidad autónoma. Lo que estamos diciendo es que la conducta típica va a ser el contacto con los menores de edad; el elemento circunstancial de medios, la utilización de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos a los fines del contacto, como elemento del tipo subjetivo distinto de dolo, el propósito del victimario es utilizar ese contacto para cometer un delito contra la integridad sexual del menor. La escala penal prevé un mínimo de seis meses y un máximo de cuatro años de prisión” (conf. versión taquigráfica de la sesión del Senado del 2/11/2011).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58692. Autos: B., C. Sala: IV Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 25-03-2025.

FUERZAS DE SEGURIDAD – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – IMPROCEDENCIA – INCOMPETENCIA – POLICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – POLICIA FEDERAL ARGENTINA – PROTESTA CALLEJERA – COMPETENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – HABEAS CORPUS – JURISDICCION FEDERAL – DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – RAZONES DE URGENCIA

En el caso corresponde revocar la resolución de grado que declaró la incompetencia parcial de la acción de "hábeas corpus" preventivo deducida por la Defensora del Pueblo de la CABA (conf. arts. 3 y 10, ley 23.098). La acción se interpuso a fin de evitar detenciones arbitrarias, vulneraciones a su integridad y cualquier forma de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y locales respecto de todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que participen o transiten por la manifestación que se desarrollaría esa jornada en la CABA. Asimismo, en la presentación la letrada solicitó la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público Tutelar de la CABA. La "A quo" entendió no resultaba competente para intervenir respecto a fuerzas de seguridad nacionales, conforme dispone el artículo 8º inciso 1º de la Ley 23.098, razón por la cual declaró la incompetencia parcial respecto de lo solicitado, en lo atinente a su intervención. Por otro lado, aceptó la competencia de este fuero en relación a las fuerzas policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también respecto de lo peticionado en relación al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente y al Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, dispuso la fijación de una audiencia en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 23.098, para el día de la fecha, en el horario más próximo disponible. Ahora bien, la resolución apelada no puede convalidarse. En efecto, más allá de que la denuncia alega la posible comisión de actos lesivos que podrían emanar de la intervención de autoridades nacionales y locales, lo cierto es que en escenarios como el de autos, donde los episodios podrían presentar una estrecha vinculación, pues habrían de ocurrir dentro de un radio jurisdiccional único y en una zona bastante definida, razones de celeridad y buena administración de justicia aconsejan que su tramitación permanezca en un único tribunal, para evitar la posible adopción de decisiones contradictorias y, principalmente, para neutralizar el riesgo de que se vea frustrado el objeto de la acción. Por tanto, dada la naturaleza sumarísima de la institución del "hábeas corpus" y sin perjuicio de lo que suja del trámite posterior, no corresponde desdoblar la acción en dos fueros distintos y, por el contrario, mantener el trámite en la justicia local, que ya se encuentra entendiendo en él, a raíz de la convocatoria a una audiencia con algunas de las autoridades requeridas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58526. Autos: Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dra. Luisa María Escrich, Dr. Gonzalo E.D.Viña 19-03-2025.

VICTIMA MENOR DE EDAD – DERECHOS DE LA VICTIMA – AVENIMIENTO – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PERSPECTIVA DE GENERO – ABUSO SEXUAL – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – FACULTADES DEL JUEZ – DERECHO A SER OIDO – TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – CONTROL JURISDICCIONAL – CIBERACOSO SEXUAL A MENORES – ACUERDO NO HOMOLOGADO – PERSPECTIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de homologación del acuerdo de juicio abreviado arribado por las partes. El imputado junto con su Defensa y la Fiscalía arribaron a un acuerdo de avenimiento. Con posterioridad a ello el Asesor Tutelar informó que era voluntad de la joven víctima ser escuchada, por lo que el Juzgado celebró una audiencia en las salas de Cámara Gesell en la cual la joven manifestó que consideraba que el caso debía resolverse en juicio y que la pena acordada le resultaba insuficiente. En virtud de ello, el Juez resolvió no homologar el acuerdo de avenimiento. Debe resaltarse que la víctima de este proceso es una mujer menor de edad. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “la consideración rectora del interés superior del niño que establece la Convención sobre los Derechos del Niño… constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados a juzgamiento de los casos (Fallo 324:975). En línea con ello, se debe ponderar especialmente lo que surge de la entrevista realizada bajo modalidad Cámara Gesell. Con todo ello, el Juez, de manera razonada y sin exceder las facultades jurisdiccionales en la materia, con posterioridad al examen y valoración del convenio presentado por las partes ha entendido que no correspondía homologarlo dado que su contenido no cumplía con los estándares que rigen en el particular, especialmente en lo relativo a la ponderación de la opinión de la víctima, lo que se tradujo en una clara afectación de su derecho a ser oída y a la tutela judicial efectiva.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58308. Autos: F. M., E. A. Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere, Dr. Ignacio Mahiques 21-02-2025.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RESPONSABILIDAD POR OMISION – RESPONSABILIDAD DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA – OBLIGACION DE SEGURIDAD – DEBER DE CUIDADO – FALTA DE SERVICIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – RESPONSABILIDAD OBJETIVA – DEBER DE SEGURIDAD – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – EDUCACION PUBLICA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda iniciada por la parte actora por los daños y perjuicios sufridos por su hijo como consecuencia de un accidente en una Escuela Pública, le atribuyó responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por falta de servicio. Según surge de autos, el hijo de la actora sufrió una caída desde una ventana mientras se encontraba jugando en el patio trasero de la Escuela Pública a la que asistía -sector al que se ingresa por una puerta y que se comunica con la vivienda de la portera del colegio-, y por el impacto sufrió un traumatismo encefalocraneano por el que debió ser intervenido quirúrgicamente. En su recurso, el Gobierno demandado sostuvo que no existió falta de servicio, y que el hecho se produjo por un caso fortuito el cual no pudo evitarse ni preverse, señalando que no había acción alguna que los docentes pudieran haber realizado para impedir el infortunio. Ahora bien, “…la idea objetiva de falta de servicio supone que quien titulariza la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los daños causados por incumplimiento o su ejecución irregular” (Fallos: 331:1690; 334:1036, entre muchos otros). Cuando la falta de servicio proviene de una omisión, exige una apreciación en concreto que tome en cuenta la naturaleza de la actividad estatal, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 343:184 y sus citas). En estos casos, a los fines de verificar si existió una falta de servicio por omisión por la cual el Estado debería responder, debe analizarse si existía la posibilidad de prever y evitar el perjuicio causado, caso contrario se incurriría en el riesgo de que este deba reparar en forma ilimitada e indiscriminada incluso todo daño que la Administración no pudiera prever. En este aspecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “… sería irrazonable que el Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger. Como conclusión, no puede afirmarse (…), que exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables" (Fallos: 330:563 en autos "Mosca”). Así, la falta de servicio importa una responsabilidad de base objetiva, ya que no resulta necesario ahondar en la subjetividad del agente estatal para que esta se configure, dado que el elemento determinante de la responsabilidad estatal se constituye por las falencias que pueden existir en el aparato administrativo.