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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA COMPRAVENTA BIENES MUEBLES GRADUACION PUBLICIDAD ENGAÑOSA DAÑOS Y PERJUICIOS INDEMNIZACION INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DINERO MONTO DE LA INDEMNIZACION INFORMACION AL CONSUMIDOR DEBER DE INFORMACION MODIFICACION DE LA LEY PROCEDENCIA DEFENSA DEL CONSUMIDOR DAÑO PUNITIVO MULTA CIVIL CANASTA BASICA TOTAL CUANTIFICACION DEL DAÑO FECHA DEL HECHO GARANTIA AL CONSUMIDOR RELACION DE CONSUMO TRATO DIGNO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO

En el caso, corresponde modificar la sentencia de grado y, en consecuencia, al hacer parcialmente lugar a la demanda iniciada por la actora por los daños y perjuicios derivados de una relación de consumo, condenar a las codemandadas (vendedor y fabricante) a abonarle en concepto de daño punitivo la suma de $5.000.000. En lo que respecta a la normativa aplicable para determinar la graduación de la multa civil bajo análisis, resulta necesario señalar que durante el trámite de la causa entró en vigencia la Ley N° 27.701 que modificó la escala prevista en la Ley N° 24.240 para graduar multas por daño punitivo. Al respecto, en el texto previo al cambio aludido se preveía que la escala aplicable resultaba de $100 a $5.000.000, mientras la ahora vigente oscila entre 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). En virtud de ello, cabe destacar que el incumplimiento contractual sindicado como fuente del daño reclamado por el actor (ocurrido entre junio de 2020 y abril de 2021) resultó anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.701. El nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la escala legal aplicable al supuesto de autos, entonces, no puede ser juzgada con arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido por las disposiciones del artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello así, conforme se pronunció la Corte Suprema de Justicia en relación con la eficacia temporal de las normas, el principio de irretroactividad impide la aplicación de las nuevas disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen legal (Fallos: 338:706). Establecido lo anterior, si bien la parte actora solicitó la actualización de las sumas previstas en el régimen legal aplicable, lo cierto es que fundó su pedido -exclusivamente- en que las sumas fijadas al momento de la sanción de la Ley N° 24.240 (del año 1993) “…han quedado por el paso del tiempo completamente desactualizadas…”, soslayando que, con posterioridad, se modificó la escala allí prevista y se elevó el máximo legal a la suma de $5.000.000 (conforme Ley N° 26.361, aplicable al supuesto de autos).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62996. Autos: Tononi, Carlos Eduardo Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 25-05-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

CATEGORIA – TITULO PROFESIONAL – PROFESIONALES DE LA SALUD – HOSPITALES PUBLICOS – MODIFICACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – CARRERA ADMINISTRATIVA – REENCASILLAMIENTO – PRUEBA – DIFERENCIAS SALARIALES – PROCEDENCIA – ESCALAFON – NIVEL ESCALAFONARIO – TAREAS PROFESIONALES – PSICOLOGOS

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, hacer parcialmente lugar a la demanda iniciada por la actora, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la reencasille en el puesto de “Evaluador Psicológico”, tramo avanzado, grado 7, categoría profesional, y abone las diferencias salariales consecuentes desde los 2 años anteriores a la interposición de la demanda. En efecto, de las probanzas aportadas a la causa surge que: 1) Desde agosto del 2012 hasta octubre del 2016 la recurrente se desempeñó en el servicio de psicología social y rehabilitación de pacientes de un Hospital Público, y realizaba tareas profesionales (coordinaba talleres de rehabilitación psicosocial de lectura y escritura y hacía las admisiones clínicas de pacientes). A su vez, se aclaró que la actora nunca trabajó de secretaria ni tuvo a su cargo tareas administrativas. 2) Desde el mes de octubre de 2016 y hasta junio de 2018, la actora se trasladó al servicio de internaciones breves del referido nosocomio. Allí realizaba tareas asistenciales como psicóloga (terapia individual, grupal, asambleas). 3) Desde junio de 2018 y hasta -al menos- el año 2024 la accionante trabajó en otro servicio de internaciones psiquiátricas de la mencionada institución, se desempeñaba como psicóloga con tareas asistenciales en el consultorio externo. En ese escenario, las pruebas reseñadas permiten concluir que la agente, al momento de la entrada en vigencia de la Nueva Carrera Administrativa -NCA-, se desempeñaba como psicóloga en un hospital de salud mental y que, en ese marco, realizaba tareas inherentes a su profesión, las que quedan abarcadas en las funciones “administrar una batería de técnicas psicométricas y proyectivas” y “elaborar informes” previstas para el puesto reclamado. A su vez, se encuentra acreditado que aquella posee matrícula habilitante de Licenciada en Psicología -requisito excluyente para el puesto bajo análisis-. Lo expuesto conduce a hacer lugar a los agravios de la actora.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62681. Autos: Comeci María Cristina Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 28-04-2026.

LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO – INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO – INCENDIO DE LA COSA – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – REPARACION INTEGRAL – INDEMNIZACION TARIFADA – PRINCIPIO PROTECTORIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – RESPONSABILIDAD CIVIL – MODIFICACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – REGIMEN JURIDICO – ACCIDENTES DE TRABAJO – DOCENTES – PROCEDENCIA

En la presente demanda iniciada por la actora -docente- contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios padecidos en el accidente laboral que sufrió, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1°) de la Ley N° 24.557 (en su redacción primigenia). En efecto, la tacha de inconstitucionalidad sobre el citado dispositivo legal dio lugar a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se destaca la sentencia recaída en los autos “Aquino, Isacio c/ Cargos Servicios Industriales S.A. s/ accidente Ley 9.688” (sentencia del 21 de septiembre de 2004). A partir de los lineamientos dados en dichos precedentes -a los que se adhiere-, han resultado harto reiterados los pronunciamientos no menos relevantes que declararon la inconstitucionalidad de la norma “sub examine” y que llevaron a la modificación del régimen a través de la Ley N° 26.773, para lo cual en la exposición de motivos se tuvieron en cuenta los reproches constitucionales que fueron realizados por la jurisprudencia de la Corte en numerosos pronunciamientos relativos a la Ley N° 24.557 (“Castillo”, Fallos: 327:3610 y “Milone”, Fallos: 327:4607). En dicha oportunidad, a su vez, se especificó que: “En cuanto al esquema de percepción de la reparación, se propone un mecanismo de opción por parte del damnificado o sus derechohabientes, entre las indemnizaciones previstas en este régimen o las que les pudieran corresponder por igual concepto con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. De esta forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la Ley N° 9.688 (convalidada por la jurisprudencia), pero dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de reparación que transitará dentro de las que les brinda la legislación, ya que queda sin efecto la restricción impuesta en el artículo 39 de la Ley N° 24.557” (conf. proyecto PE 155/12 del 19 de septiembre de 2012). Por lo expuesto, cabe enmarcar el examen de la presente “litis” dentro de las normas de la reparación contempladas en el Código Civil vigente a la fecha del hecho de autos (25-11-2011).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62565. Autos: Lazzari Graciela Cecila Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 14-04-2026.

DESVIRTUACION DE RUBRO – DEBERES DEL INFRACTOR – SENTENCIA CONDENATORIA – MODIFICACION DE LA LEY – HABILITACION DEL ESTABLECIMIENTO – FALTAS – MULTA – CONFIRMACION DE SENTENCIA – CLAUSURA – APLICACION RETROACTIVA – ACTIVIDAD COMERCIAL – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada en cuanto condenó a la firma a la sanción de multa de mil quinientas unidades fijas. El Magistrado condenó a la firma a la sanción de multa de mil quinientas unidades fijas por infracción al artículo 4.1.1.2, primer párrafo de la Ley N° 451 por desvirtuación de rubro y a la clausura del local comercial hasta tanto se subsanen las causales que la motivaron. La Defensa interpuso recurso de apelación. Sostuvo que resulta imposible adjudicarle una desvirtuación de rubro al establecimiento ya que eso presupone que estuviese desarrollando una actividad distinta, ajena o incompatible con aquella expresamente autorizada, y recalcó que el local se dedica a la misma actividad de siempre para la cual contaba con la correspondiente habilitación hace más de diez años. En tal sentido, argumentó que la supuesta infracción no deriva de una conducta reprochable sino de un cambio normativo y/o interpretativo producido con posterioridad al otorgamiento de la habilitación, de modo tal que la imposición de la sanción suponía la aplicación retroactiva de exigencias administrativas nuevas a una situación jurídica ya consolidada. Ahora bien, la exigencia de que los locales comerciales se adecuen a las nuevas normas que van siendo sancionadas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no importa una aplicación retroactiva de la ley. Así, no resulta ilegítimo que se incorporen nuevas categorías al Código Urbanístico que obliguen a los administrados a adecuar su habilitación. En efecto, el 26 de noviembre de 2020 se sancionó la Ley 6361, que modificó el Código Urbanístico en relación a la definición del rubro en cuestión. Frente al contexto apuntado, el planteo del recurrente no puede considerarse procedente porque no se hizo ninguna aplicación retroactiva de la ley, sino que lo que ocurrió fue que la administración aplicó una sanción al detectar que la firma imputada no contaba con el tipo de habilitación o autorización esa actividad económica actualmente exigible por la normativa.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62183. Autos: Eureka Leg S.R.L Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 27-03-2026.

CAMBIO DE CATEGORIA – DAÑO POR VICIO O RIESGO DE LA COSA – RESPONSABILIDAD – INMUEBLES – DEMOLICION DE OBRA – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – VIGENCIA DE LA LEY – CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO – AREA DE PROTECCION HISTORICA – MODIFICACION DE LA LEY – PERMISO DE OBRA – OBRA EN CONSTRUCCION – DAÑOS EN EL INMUEBLE – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PERJUICIO CONCRETO – OBRAS SOBRE INMUEBLES – OBRA ANTIRREGLAMENTARIA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda iniciada por el frente actor por los daños y perjuicios generados en su propiedad por la ejecución y posterior abandono de una obra en un terreno lindero, rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo eximió de responsabilidad. El frente actor en su recurso cuestionó la sentencia al entender que se encontraría acreditada la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Indicaron que en todas las actuaciones administrativas surgió que la obra estaba en INFRACCIÓN y que jamás debió aprobarse. Ello así por cuanto el inmueble de la obra se encontraba dentro de un área de protección Histórica y, sin embargo, el Gobierno local otorgó a los demandados el permiso de obra nueva, para la construcción de un edificio de 8 pisos. Ahora bien, con las constancias de autos se verifica que al momento en que se concedió el permiso para la ejecución de la obra instada por los coactores -abril del 2005- la clasificación del distrito era, a diferencia de lo sostenido por la apelante, “R2aII” – zona destinada a una localización residencial con alto grado de densificación y consolidación, en las cuales se admiten usos compatibles con la vivienda, con un índice de ocupación total considerable-, y no “R1bI” -zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y colectivas de densidad media – baja y altura limitada-. Nótese que, si bien se había dictado una Ley de aprobación inicial que propiciaba la modificación de la categorización residencial, en rigor, la norma recién entró en vigencia el 16/09/2005, pues, en el ínterin, se estaban cumpliendo los pasos constitucionalmente previstos para la materia (vgr. audiencia pública y consideración de reclamos). En efecto, a ese respecto la autorización brindada por la Administración -en materia de clasificación residencial- para la realización de la obra cumplió la normativa vigente en ese momento, sin que la recurrente hubiera logrado demostrar qué perjuicio concreto le generó el otorgamiento del permiso en las condiciones mencionadas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62035. Autos: Martínez Fabiana Laura y otros Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 04-12-2025.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda iniciada por el frente actor por los daños y perjuicios generados en su propiedad por la ejecución y posterior abandono de una obra en un terreno lindero, rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo eximió de responsabilidad. El frente actor en su recurso cuestionó la sentencia al entender que se encontraría acreditada la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por haber concedido el permiso de obra de modo irregular por ausencia de intervención de un organismo específico y haber coadyuvado, de esa manera, a la producción del daño. Al respecto, cabe recordar que, según el marco jurídico aplicable (Código de Planeamiento Urbano -CPU-) los recaudos allí establecidos no implicaban necesariamente una prohibición de demoler inmuebles como el comprometido ni tampoco imponían en cabeza del Gobierno un deber de supervisar la manera en que los particulares ejecutaban esa tarea. En tal sentido, la “… iniciación…” solo se encontraba “… supeditada a la respuesta favorable del órgano interviniente” (conforme artículo 5.4.12 del CPU,). A su vez, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo antes del otorgamiento del permiso derivó en la posterior exclusión del carácter de “Área de Protección Histórica” -APH- asignado al predio dado que, en definitiva, el polígono donde aquel se ubicaba no presentaba las condiciones de urbanismo necesarias (conforme Ley N° 2.294). Ello así, corresponde desestimar la presente objeción.

CAMBIO DE CATEGORIA – DAÑO POR VICIO O RIESGO DE LA COSA – RESPONSABILIDAD – INMUEBLES – DEMOLICION DE OBRA – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO – RELACION DE CAUSALIDAD – AREA DE PROTECCION HISTORICA – MODIFICACION DE LA LEY – PERMISO DE OBRA – OBRA EN CONSTRUCCION – DAÑOS EN EL INMUEBLE – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – OBRAS SOBRE INMUEBLES – OBRA ANTIRREGLAMENTARIA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda iniciada por el frente actor por los daños y perjuicios generados en su propiedad por la ejecución y posterior abandono de una obra en un terreno lindero, rechazó la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo eximió de responsabilidad. El frente actor en su recurso cuestionó la sentencia al entender que se encontraría acreditada la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por haber concedido el permiso de obra de modo irregular por ausencia de intervención de un organismo específico y haber coadyuvado, de esa manera, a la producción del daño. Ahora bien, los peritajes realizados en la causa acreditaron, de modo concluyente, que los perjuicios evidenciados en la vivienda del frente actor fueron consecuencia del incumplimiento de las reglas del arte al realizarse las tareas de demolición y construcción (en particular, por la destrucción de la capa hidrófuga exterior y la falta de impermeabilización del muro lindero). En tal contexto, aun cuando se hubiera emitido una autorización sin cumplir el recaudo exigido en ese momento por la norma, lo cierto es que, de acuerdo a los elementos rendidos en autos, no resulta posible asignarle a esa conducta preexistente una incidencia causal relevante en la producción del daño reclamado. Es que, pese a que el frente actor afirmó que el otorgamiento del permiso coadyuvó a la configuración del daño, los extremos reseñados impiden dar por acreditada una relación de causalidad adecuada entre esa conducta y los perjuicios sufridos. Asimismo, tampoco se encuentra verificado un supuesto de alteración causal donde pueda imputarse responsabilidad al demandado por la privación de la posibilidad de haberse evitado el daño, pues se omitió probar que la chance de que ello hubiera ocurrido no resulte ínfima frente al contexto ya descripto (vgr. un régimen que no sólo no imponía una denegatoria automática ni un deber de supervisar la obra en juego sino que, a la postre, devino inaplicable para el supuesto de autos). En suma, corresponde desestimar la presente objeción.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALTA DE CONTROVERSIA EN EL RECLAMO – FACULTADES – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – PERMISO ADMINISTRATIVO – MODIFICACION DE LA LEY – PERMISO DE OBRA – OBRA EN CONSTRUCCION – ACCION DE AMPARO – SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALLOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la pérdida de vigencia del permiso de obra otorgado para el predio en cuestión. Los actores iniciaron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la Fiduciaria o quien resultara propietario de la obra en cuestión, a fin de que se dictara el acto administrativo omitido de caducidad del registro de planos. El Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, revocó la sentencia dictada el 25 de marzo de 2022 y devolvió las presentes actuaciones para que se dictara una nueva con arreglo a sus lineamientos. Sostuvo que el Poder Judicial no tiene competencias para emitir el acto administrativo presuntamente omitido por la Administración. En efecto, el Dr. Lozano afirmó que “la emisión de un acto administrativo —carácter que reviste el acto mediante el cual se tiene por paralizada una obra, al igual que el acto que la autoriza— es una facultad de la que los jueces carecen por tratarse de una función administrativa, la que aun cuando dependa, en primer término, de una creación legislativa, la Constitución local obliga a que sea atribuida a la rama ejecutiva”. Asimismo, sostuvo que “la ley no confiere a los jueces la posibilidad de sustituir a la Administración en su ejercicio en ningún supuesto” y que “la facultad no es de aquellas que se puedan caracterizar como ‘suficientemente reglada’”, ya que “[r]equiere para su ejercicio de una constatación de la Administración”. Por su parte, la Dra. De Langhe sostuvo, en primer lugar, que “la pretensión de la actora —que se declare paralizada la obra… y la consecuente pérdida de vigencia del permiso de obra— debe ser rechazada ya que no se verifican en el caso los elementos que acreditan la existencia de una causa judicial (art. 106 CCABA) y que resultan ineludibles a la hora de habilitar a emisión de un pronunciamiento jurisdiccional”. De los fundamentos expuestos precedentemente se sigue que, si este Tribunal no tiene competencia para declarar paralizada la obra, tampoco la tiene para declarar la pérdida de vigencia del permiso –sobre la base de la supuesta paralización no declarada por el GCBA–, ni para decir que el permiso no caducó. Lo dicho resulta particularmente relevante, pues el objeto mismo de la demanda es “que se dicte el acto administrativo omitido de caducidad del registro de planos”. En línea con lo expresado en el voto de la mayoría y, en particular, con la postura de la Dra. De Langhe, la Corte Suprema ha afirmado que “[e]l ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio –la afectación de un interés jurídicamente protegido–, de orden personal, particularizado, concreto y además susceptible de tratamiento judicial, recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de actos celebrados por alguno de los otros poderes del Estado” (Fallos, 345:801). En efecto, el objeto de la demanda no resulta susceptible de tratamiento judicial, por lo que, debiendo este Tribunal ajustarse a lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia, no cabe más que declarar la falta de caso o controversia.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61752. Autos: Martínez Fabiana Laura y otros Sala: III Del voto de Dr. Horacio G. Corti, Dr. Hugo R. Zuleta 22-12-2025.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALTA DE CONTROVERSIA EN EL RECLAMO – FACULTADES – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – PERMISO ADMINISTRATIVO – MODIFICACION DE LA LEY – PERMISO DE OBRA – OBRA EN CONSTRUCCION – ACCION DE AMPARO – ACCESO A LA JUSTICIA – SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALLOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61752. Autos: Martínez Fabiana Laura y otros Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 22-12-2025.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la pérdida de vigencia del permiso de obra otorgado para el predio en cuestión. Los actores iniciaron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la Fiduciaria o quien resultara propietario de la obra en cuestión, a fin de que se dictara el acto administrativo omitido de caducidad del registro de planos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ordenó, por mayoría revocar la sentencia. El Dr. Lozano argumentó que la Cámara había emitido por sí el acto de paralización de la obra, arrogándose una competencia que la ley le había acordado al Poder Ejecutivo; más precisamente a la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro. Agregó que el acto de paralización de una obra no hacía cosa juzgada y podría ser revisado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.1.5.3 del Código de Edificación. Por último, señaló que la parte actora tenía a su alcance otras vías para cuestionar el obrar administrativo, y dio como ejemplo la denuncia ante la Administración y, ante la ausencia de respuesta, el amparo por mora. La Dra. De Langhe sostuvo que la pretensión no configuraba una causa judicial en los términos del artículo 106 de la Constitución de la Ciudad, pues se le estaba requiriendo al Poder Judicial que subsanara un deficiente ejercicio del poder de policía, que declarara que la obra había estado paralizada y que, por lo tanto, el propietario del inmueble había perdido el derecho a construir de conformidad con el permiso de obra obtenido. Afirmó que los actores debían demostrar con un razonable grado de certeza que el ejercicio de tal derecho les provocaba un agravio cierto, directo y particularizado en su propia esfera de derechos, y que no era misión del Poder Judicial efectuar un control genérico sobre la legalidad de la actividad de la Administración. Aseveró que la mera actuación en defensa de la legalidad, si no está acompañada de la alegación de un perjuicio particularizado y concreto de los actores, da cuenta de un mero interés simple compartido con el resto de la comunidad que no otorga legitimación para acudir a la instancia judicial. Finalmente adujo que tales fundamentos la llevaban a compartir la conclusión del Dr. Lozano en cuanto sostuvo que el Poder Judicial no tiene competencias para emitir el acto administrativo presuntamente omitido por la Administración. De esta breve reseña se advierte que hay dos líneas argumentales en la decisión: por un lado, que la pretensión de la actora no configura causa judicial, por el otro que los jueces que hemos tenido intervención en la causa dictamos un acto administrativo sin tener competencia, pues resultaba una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. El Magistrado de grado se limitó a señalar que “aun cuando la administración hubiera considerado que la obra había sido registrada de conformidad con el régimen jurídico aplicable, lo cierto es que debió haberla declarada paralizada, de conformidad con el art. 2.1.5.2 del Código de Edificación” y, posteriormente, declaró la pérdida de vigencia del permiso como “consecuencia necesaria de la paralización que debió haber declarado el GCBA”. Es decir, frente a la omisión de la Administración, el Juez se limitó a aplicar las consecuencias previstas en el Código de Edificación. No resulta facultativo para la Administración decidir si cumple o no con el Código de Edificación. Ningún margen de discrecionalidad hay involucrada en esa decisión. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALTA DE CONTROVERSIA EN EL RECLAMO – LEGITIMACION – FACULTADES – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – PERMISO ADMINISTRATIVO – MODIFICACION DE LA LEY – PERMISO DE OBRA – OBRA EN CONSTRUCCION – ACCION DE AMPARO – TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – ACCESO A LA JUSTICIA – SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALLOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la pérdida de vigencia del permiso de obra otorgado para el predio en cuestión. Los actores iniciaron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la Fiduciaria o quien resultara propietario de la obra en cuestión, a fin de que se dictara el acto administrativo omitido de caducidad del registro de planos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ordenó, por mayoría revocar la sentencia. Los actores han explicado de qué manera la construcción de la obra proyectada los agravia. En su demanda fundan su legitimación procesal en la afectación de sus derechos a un hábitat urbano acorde a la normativa vigente y citan como sustento los artículos 43 de la Constitución Nacional, y 14 y 27 de la Constitución de la Ciudad. Pidieron que se tuvieran presentes los fundamentos que llevaron a modificar la zonificación de R2aII a R1b1, esto es, la falta de un ordenamiento que protegiera la tipología barrial y el valor arquitectónico, y afirmaron que sufrirían una reducción en el asolamiento, aumento de ventosidad y de transitividad e incidencia en la prestación de los servicios públicos. El artículo 27 de la CCABA establece, en lo que aquí interesa: “La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: (…) La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora (…)”. A su turno, la Ley 2930 de Plan Urbano Ambiental dispone en su artículo 8º, en lo pertinente: “Los objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el hábitat residencial en su conjunto, con la debida preservación de las características singulares que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos. A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos: (…) b) El mantenimiento de la diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial, a través de las siguientes acciones: (…) 2. Promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas. 3. Preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional que manifiestan características singulares de valor y buen grado de consolidación. 4. Promover actividades que fortalezcan a las identidades barriales". Tanto el Plan Urbano Ambiental como el Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano requieren para su sanción y modificación el procedimiento de doble lectura (cf. art. 89, CCABA). Rechazar la demanda importa privar de tutela judicial a los actores, cuya legitimación está acordada por el artículo 14 de la CCABA, y supondría dejar al arbitrio de la Administración cumplir o no con la normativa en materia urbanística luego de un procedimiento específico y riguroso. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

PROGRESIVIDAD DEL REGIMEN PENITENCIARIO – REGIMEN PENITENCIARIO – CALIFICACION DE CONDUCTA DEL INTERNO – SALIDAS TRANSITORIAS – LEY APLICABLE – EJECUCION DE LA PENA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – MODIFICACION DE LA LEY – IMPROCEDENCIA – REQUISITOS

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto resolvió no hacer lugar a la incorporación del condenado en el régimen de salidas transitorias. La Defensa se agravió y sostuvo que sin perjuicio de que la última condena -en la que se unificaron las penas- se dictó el día 22/4/2019, debía aplicarse en el caso la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad más benigna, es decir la N° 24.660 -sin la reforma efectuada en el año 2017 mediante la Ley Nº 27.375- en razón de lo dispuesto por el artículo 2 del Código Penal. Explicó que su defendido había sido trasladado lo que lo habría perjudicado puesto que incidió directamente en las evaluaciones de conducta y concepto. En ese sentido, argumentó que no es lo mismo evaluar a un interno conocido que a uno cuyo comportamiento se desconoce. Ahora bien, corresponde señalar que el planteo de la Defensa relativo a cuál de las redacciones del artículo 17 de la Ley Nº 24.660 debe aplicarse al caso –si la anterior a la modificación introducida por la Ley Nº 27.735 o, por el contrario, la redacción actual-, al día de hoy, no resulta procedente, pues no tiene impacto en el caso particular del condenado. Efectivamente, conforme la antigua redacción, para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad se requería: I) tiempos mínimos de ejecución de la condena (pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena, penas perpetuas sin la accesoria quince años, accesoria cumplida la pena: tres años); II) no tener causas abiertas o condenas pendientes; III) conducta ejemplar o el grado máximo de ser alcanzado según el tiempo de internación; y IV) contar con concepto favorable del organismo técnico-criminológico y consejo correccional, respecto de su evolución y efecto beneficioso que las salidas puedan tener sobre su futuro personal, familiar y social. Cabe señalar entonces que ambas redacciones reclaman un informe favorable del organismo técnico-criminológico y consejo correccional acerca de si la situación del condenado, habilita -o no- su acceso al régimen peticionado. Conforme surge de las constancias de autos, la sección servicio criminológico se expidió de manera negativa a la incorporación del condenado al régimen de salidas transitorias, haciendo expresa mención de lo previsto en el Decreto 396/99 artículo 1, lo que no permiten que nombrado pueda acceder al régimen solicitado conforme lo normado en el artículo 17 de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, sin perjuicio de que aquel pueda reeditar el pedido basándose en los nuevos informes que puedan surgir.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 61501. Autos: L. S., P. D. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch 23-12-2025.

PROGRESIVIDAD DEL REGIMEN PENITENCIARIO – SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL – REGIMEN PENITENCIARIO – COMPUTO DEL PLAZO – SALIDAS TRANSITORIAS – LEY APLICABLE – EJECUCION DE LA PENA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – MODIFICACION DE LA LEY – PROCEDENCIA – REQUISITOS

En el caso, corresponde revocar la decisión apelada y ordenar su incorporación al régimen de salidas transitorias cuya frecuencia y duración deberán proponer las autoridades penitenciarias y aprobar el juzgado de ejecución. La Defensa se agravió y señaló que si bien el hecho que motivó la última condena a su asistido data del 22 de abril de 2019, al unificarse con la condena anterior, por imperio del principio de aplicación de la ley más benigna, la ejecución de la pena única debía enmarcarse en las previsiones de la Ley Nº 24.660, anterior a la reforma ocurrida mediante la Ley Nº 27.375. Ahora bien, ante la existencia de normas que concurren en el período de ejecución de la pena, corresponde aplicar aquel régimen que resulte más benigno para el condenado (de acuerdo al art. 2 del Código Penal). En este sentido, toda vez que la primera condena fue dictada el 22 de octubre de 2015, corresponde aplicar el régimen de la Ley Nº 24.660, sin las modificaciones que en el año 2017 le incorporó la Ley Nº 27.375, en tanto su vigencia es posterior a dichos eventos. Ello en tanto, a partir de la reforma de la Ley Nº 27.375, la Ley Nº 24.660 dejó de ser complementaria del Código Penal de la Nación en su totalidad, tal como disponía el artículo 229 en su texto original. Ahora es, principalmente, una ley federal complementaria del Código Penal solo “en lo que hace a los cómputos de pena y regímenes de libertad condicional y libertad asistida”, conforme el texto del artículo 229 dado por la Ley Nº 27.375 y, por ello, es la norma a la que remite la cláusula séptima del convenio aprobado por la Ley Nº 1915 de esta Ciudad. Por consiguiente, en cuanto al requisito temporal, dada la condena impuesta, la situación del condenado se enmarca en el punto I, inciso a), que requiere como tiempo mínimo de ejecución la mitad de la condena. Sobre este aspecto, de acuerdo al cómputo de pena efectuado, dicho requisito se encuentra cumplido. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 61501. Autos: L. S., P. D. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 23-12-2025.

PROGRESIVIDAD DEL REGIMEN PENITENCIARIO – SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL – REGIMEN PENITENCIARIO – CALIFICACION DE CONDUCTA DEL INTERNO – SALIDAS TRANSITORIAS – LEY APLICABLE – REVOCACION DE SENTENCIA – EJECUCION DE LA PENA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – MODIFICACION DE LA LEY – REQUISITOS

En el caso, corresponde revocar la decisión apelada y ordenar la incorporación al régimen de salidas transitorias cuya frecuencia y duración deberán proponer las autoridades penitenciarias y aprobar el juzgado de ejecución. La Defensa se agravió y señaló que si bien el hecho que motivó la última condena a su asistido data del 22 de abril de 2019, al unificarse con la condena anterior, por imperio del principio de aplicación de la ley más benigna, la ejecución de la pena única debía enmarcarse en las previsiones de la Ley Nº 24.660, anterior a la reforma ocurrida mediante la Ley Nº 27.375. Agregó, que el traslado del nombrado afectó la evaluación de conducta y concepto dado que correspondía diferenciar la evaluación de un interno que se conoce de quien se desconoce su comportamiento. Ahora bien, conforme surge de las constancias de autos, las diferentes áreas se expidieron de manera desfavorable a la petición del condenado de ser incorporado al régimen de salidas transitorias, no obstante, lo allí concluido dista de un análisis objetivo de las circunstancias del interno y no se condice con lo fundamentado por las diferentes secciones. En este sentido, debo remarcar que la redacción de la Ley Nº 24.660, sin las modificaciones de la Ley Nº 27.375, no estipulaba un plazo determinado por el cual el condenado debía transitar el periodo de prueba, tampoco lo preveía el decreto reglamentario 396/99. Sin embargo, la Ley Nº 27.375, modificó, en lo que aquí respecta, el artículo 17, punto I.a) al disponer como requisito “Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: a) penas mayores a diez (10) años: un (1) año desde el ingreso al periodo de prueba…”. Tal como expuse, no corresponde aplicar dicha distinción temporal en tanto no resultan aplicables a autos las modificaciones de la Ley Nº 27.375. Y si bien el dictamen del Consejo Correccional ha sido negativo, en atención a lo sostenido, entiendo que las conclusiones arribadas en este aspecto no resultan adecuadamente fundadas. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

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