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LOCAL COMERCIAL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – CAMBIO DE CATEGORIA – DERECHO DE EJERCER INDUSTRIA LICITA – ARBITRARIEDAD O ILEGALIDAD MANIFIESTAS – JUEGOS DE AZAR – TEATRO – ACCION DE AMPARO – HABILITACION – ADMISIBILIDAD DE LA ACCION – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDENCIA – CLAUSURA – HABILITACION COMERCIAL – DERECHO A TRABAJAR

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, en cuanto dispuso la reconducción de la presente acción de amparo, ordenó que los actuados tramiten conforme las normas del proceso ordinario, e intimó a la parte actora a que adecue la demanda. Cabe recordar que en autos la parte actora pretende cuestionar un accionar administrativo que, a su entender, impide el funcionamiento comercial de sus establecimientos mediante la aplicación de normas que entraron en vigencia con posterioridad al momento en el cual obtuvo las respectivas habilitaciones como “teatro independiente”, requiriendo tanto la pronta resolución de los trámites de habilitación pendientes y que no se produzcan nuevas clausuras, como así también el levantamiento de las ya impuestas. Sabido es que la acción de amparo constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos. Su procedencia debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Bajo tales aspectos, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la naturaleza de los derechos invocados y la entidad del agravio planteado, el amparo constituye una vía idónea a fin de resolver la contienda suscitada. Es que, la parte recurrente ha alegado la existencia de una conducta manifiestamente ilegítima por parte de la demandada que le podría generar un daño grave e irreparable, si se le exigiera transitar mediante los carriles de un juicio ordinario. Así las cosas, puede observarse que lo que constituye materia de controversia en estos actuados radica en el análisis de la legalidad -o no- en el proceder de la Administración con relación a la revocación de las habilitaciones ya otorgadas y las denegatorias y/o retardos en la resolución de aquellas solicitudes cuyo trámite volvió a iniciarse a partir de las clausuras impuestas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61856. Autos: Escape Games La Plaza SAS Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 30-12-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, en cuanto dispuso la reconducción de la presente acción de amparo, ordenó que los actuados tramiten conforme las normas del proceso ordinario, e intimó a la parte actora a que adecúe la demanda. Cabe recordar que en autos la parte actora pretende cuestionar un accionar administrativo que, a su entender, impide el funcionamiento comercial de sus establecimientos mediante la aplicación de normas que entraron en vigencia con posterioridad al momento en el cual obtuvo las respectivas habilitaciones como “teatro independiente”, requiriendo tanto la pronta resolución de los trámites de habilitación pendientes y que no se produzcan nuevas clausuras, como así también el levantamiento de las ya impuestas. No debe soslayarse que ha sido la propia actora la que escogió el cauce procesal del amparo -que reviste características diferenciales en cuanto a la celeridad en la tramitación, los medios probatorios admisibles, los trámites excluidos, el acotado margen de debate, entre otras- e insistió, en oportunidad de expresar agravios, en continuar por esta vía sumarísima. Nótese que el recurrente manifestó que el desarrollo de un proceso ordinario “…frente a una medida de clausura, sancionatoria o persecutoria que destruye en el presente su fuente de trabajo o su actividad cultural, equivale a consumar el daño y vaciar de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 18 y 43 CN; art.12 CCABA) [agregando que] la reconducción (…) desnaturaliza la unción protectora del amparo y vulnera el principio de Razonabilidad de los actos administrativos (art. 28 CN), pues el control judicial efectivo debe ser oportuno y eficaz, no meramente formal o diferido”. En consecuencia, en ese contexto, frente a la manifestación de voluntad del particular de someter el análisis de su pretensión a un determinado curso de acción -respecto de un derecho por lo demás disponible- resulta inapropiado que se le imponga transitar un juicio ordinario sin que se advierta la necesidad de mayor debate y prueba ni argumentos para rebatir que la prolongación de ese proceso afectaría la utilidad de una eventual sentencia favorable.

LOCAL COMERCIAL – CAMBIO DE CATEGORIA – DERECHO DE EJERCER INDUSTRIA LICITA – MEDIDAS CAUTELARES – CUESTION ABSTRACTA – JUEGOS DE AZAR – TEATRO – ACCION DE AMPARO – HABILITACION – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDENCIA – CLAUSURA – HABILITACION COMERCIAL – DERECHO A TRABAJAR

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto declaró abstracta la pretensión cautelar de la parte actora, tendiente a que no se dicten nuevas clausuras, ni se apliquen sanciones o se realicen actos materiales o administrativos que restrinjan el desarrollo de su actividad en todas sus sucursales. Cabe recordar que en autos la parte actora pretende cuestionar un accionar administrativo que, a su entender, impide el funcionamiento comercial de sus establecimientos mediante la aplicación de normas que entraron en vigencia con posterioridad al momento en el cual obtuvo las respectivas habilitaciones como “teatro independiente”, requiriendo tanto la pronta resolución de los trámites de habilitación pendientes y que no se produzcan nuevas clausuras, como así también el levantamiento de las ya impuestas. La Magistrada de grado entendió que el hecho que todas las sucursales se encontraban clausuradas o no libradas al uso “…tornaría abstracto el dictado de una cautelar que tenga por objeto impedir la ejecución de actos futuros, en tanto la medida ya se ha consumado y no se individualiza una actuación inminente que pueda evitarse”. Ante el escenario delineado, el planteo de la recurrente por el que atribuye las clausuras a la demora judicial en la resolución de su petición cautelar, no resulta suficiente ni conducente para desvirtuar la circunstancia de que, en el estado de situación actual, han devenido abstractas sus pretensiones cautelares aquí analizadas. Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de la actora recurrente.

LOCAL COMERCIAL – CAMBIO DE CATEGORIA – DERECHO DE EJERCER INDUSTRIA LICITA – MEDIDAS CAUTELARES – JUEGOS DE AZAR – TEATRO – ACCION DE AMPARO – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – HABILITACION – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – CLAUSURA – HABILITACION COMERCIAL – LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA – DERECHO A TRABAJAR

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada, tendiente a que se ordene el levantamiento de las clausuras impuestas a los locales y/o sucursales de la cadena de la firma actora. Las tutelas precautorias requeridas no están dirigidas a cuestionar algún procedimiento contravencional o de faltas en concreto, sino que tenderían a contrarrestar los efectos del obrar de la Administración -cuya revisión judicial se persigue-, a partir de la interpretación del marco normativo aplicable. En tal sentido, el actor señaló que los establecimientos de la marca fueron habilitados oportunamente bajo el rubro “teatro independiente” de conformidad con la Ley N° 2.147 y la Ley N° 2.542 y siempre funcionaron como salas de escape. Expuso que, a raíz de un cambio de criterio, el Gobierno local comenzó a considerar que la actividad que se desarrollaba en sus establecimientos guardaba identidad con el rubro “juegos manuales y/o de mesa” del Código Urbanístico (Ley N° 6.361) y no con la denominación “sala de teatro independiente” (Ley N° 2.147) bajo la cual se hallaban funcionando desde la obtención de las respectivas habilitaciones. Tal temperamento, habría determinado las clausuras impuestas por “desvirtuación de rubro”, la imposición de otras sanciones y la alegada obstaculización de trámites de habilitación posteriores. Ahora bien, si bien los establecimientos de la cadena actora pudieron haber obtenido habilitación comercial para funcionar cono “teatro independiente”, con la documentación preliminarmente aportada en autos no se ha logrado acreditar que la actividad como salas de escape allí desarrollada cumpliera con los extremos requeridos para ser categorizada dentro de ese rubro. Nótese que, si bien la recurrente expone que en sus sucursales ofrece al público una experiencia de teatro inmersivo -con participación real de actores- que no se limita a un simple juego de escape, no ha arrimado prueba alguna en esta etapa larval del proceso de la que se desprendería tal circunstancia. Asimismo, de la documentación adjunta, surgiría que la “desvirtuación de rubro” no habría sido la única falta comprobada en algunas de las sucursales integrantes de la cadena. Lo expuesto da cuenta que la recurrente no ha logrado demostrar la verosimilitud del derecho invocado.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada, tendiente a que se ordene el levantamiento de las clausuras impuestas a los locales y/o sucursales de la cadena de la firma actora. Las tutelas precautorias requeridas no están dirigidas a cuestionar algún procedimiento contravencional o de faltas en concreto, sino que tenderían a contrarrestar los efectos del obrar de la Administración -cuya revisión judicial se persigue-, a partir de la interpretación del marco normativo aplicable. En tal sentido, el actor señaló que los establecimientos de la marca fueron habilitados oportunamente bajo el rubro “teatro independiente” de conformidad con la Ley N° 2.147 y la Ley N° 2.542 y siempre funcionaron como salas de escape. Expuso que, a raíz de un cambio de criterio, el Gobierno local comenzó a considerar que la actividad que se desarrollaba en sus establecimientos guardaba identidad con el rubro “juegos manuales y/o de mesa” del Código Urbanístico (Ley N° 6.361) y no con la denominación “sala de teatro independiente” (Ley N° 2.147) bajo la cual se hallaban funcionando desde la obtención de las respectivas habilitaciones. Tal temperamento, habría determinado las clausuras impuestas por “desvirtuación de rubro”, la imposición de otras sanciones y la alegada obstaculización de trámites de habilitación posteriores. Ahora bien, si bien los establecimientos de la cadena actora pudieron haber obtenido habilitación comercial para funcionar cono “teatro independiente”, con la documentación preliminarmente aportada en autos no se ha logrado acreditar que la actividad como salas de escape allí desarrollada cumpliera con los extremos requeridos para ser categorizada dentro de ese rubro. Por lo demás, la circunstancia de que dos de las sucursales hubieran obtenido su inscripción en el Registro de Usos Culturales -RUC-, sólo acreditaría el cumplimiento de un requisito previo a la solicitud de habilitación como “centro cultural”, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley N° 5.240. Y, si bien en la norma mencionada se dispone que los centros culturales quedan autorizados para funcionar con la iniciación del trámite de habilitación, tal permiso se encuentra sujeto a lo que se resuelva oportunamente (artículo 4 citado). En lo que respecta a uno de esos establecimientos, de la documentación adjunta se desprende que habría obtenido el RUC con fecha 12/06/25 y que el trámite de habilitación se encontraría observado, por lo que no se hallaría librado al uso, desconociéndose la causa de la observación. A su turno, la otra sucursal, habría sido inscripto en el RUC con fecha 02/02/2018, funcionaría como sala de entretenimiento con autorización, pero habría sido clausurado el 24/10/2025 por violación de una clausura anterior. Lo expuesto da cuenta que la recurrente no ha logrado demostrar la verosimilitud del derecho invocado.

LOCAL COMERCIAL – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – REMISION DEL EXPEDIENTE – CAMBIO DE CATEGORIA – APARTAMIENTO DEL JUEZ – MEDIDAS CAUTELARES – SECRETARIO GENERAL DE CAMARA – ASIGNACION DE CAUSA – JUEGOS DE AZAR – TEATRO – ACCION DE AMPARO – PREJUZGAMIENTO – HABILITACION – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – CLAUSURA – SORTEO DEL JUZGADO – HABILITACION COMERCIAL

En el caso, corresponde ordenar la remisión de la presente causa y sus expedientes acumulados a la Secretaría General del fuero, a fin que mediante sorteo se les asigne un nuevo juzgado. En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de grado que ordenó la reconducción de la presente acción de amparo para que tramite conforme las normas del proceso ordinario, intimó a la parte actora a que adecue la demanda, y rechazó las medidas cautelares requeridas, la parte actora se agravió al entender que la Magistrada de la anterior instancia habría incurrido en prejuzgamiento. De la sentencia impugnada se desprende que la Sra. Jueza, luego de entender que el objeto de la presente causa (dirimir respecto al encuadre jurídico y administrativo de la actividad desarrollada en las salas de escape) revestía cierta complejidad por las implicancias que podría traer aparejada la sentencia que intentaba obtener la demandante, sostuvo que “a ello se sumaba que en este estado inicial del proceso -a partir de lo relatado en el escrito de demanda y las constancias acompañadas-, tampoco surgía el carácter manifiesto de la ilegalidad o arbitrariedad de la conducta estatal lesiva”. Así, lo cierto es que, en la instancia de grado, al momento de disponerse la ordinarización del proceso se emitió una valoración que vino a adelantar un criterio adverso en cuanto a la procedencia sustancial del amparo intentado. Por lo tanto, lo expuesto constituye un fundamento objetivo con la suficiente entidad como para remitir esta causa y los expedientes acumulados a la Secretaría General del fuero a los fines de que les asigne un nuevo juzgado mediante sorteo.

CODIGO URBANISTICO – LOCAL COMERCIAL – CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – LEY DE PROCEDIMIENTO DE FALTAS – CAMBIO DE CATEGORIA – COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL, PENAL JUVENIL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS – COMPETENCIA – JUEGOS DE AZAR – MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA – TEATRO – HABILITACION – COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDENCIA – CLAUSURA – HABILITACION COMERCIAL – COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento mediante el cual el Juez de grado se declaró incompetente para entender en autos y ordenó la remisión de las actuaciones al fuero Penal, Contravencional y de Faltas y, en consecuencia, declarar la competencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y remitir las actuaciones a primera instancia para la prosecución del trámite. El actor señaló que los establecimientos de su marca registrada fueron habilitados oportunamente bajo el rubro “Teatro Independiente” de conformidad con la Ley Nº 2.147 y la Ley Nº 2.542 y siempre funcionaron como salas de escape, siendo en la actualidad “…experiencias teatrales inmersivas…”. Relató que el 08/04/25 a raíz de un cambio de criterio, la Administración comenzó a considerar que la actividad que se desarrollaba en sus establecimientos guardaba identidad con el rubro “juegos manuales y/o de mesa” del Código Urbanístico (Ley Nº 6.361) y no con la denominación “sala de teatro independiente” bajo la cual se hallaban funcionando desde la obtención de las respectivas habilitaciones. Indicó que “…como consecuencia de este (…) proceder administrativo, se han dispuesto clausuras masivas y se han iniciado múltiples procedimientos sancionatorios…”. La pretensión entablada consiste en obtener como medida autosatisfactiva, una orden judicial que reconozca el derecho a que sus locales comerciales continúen funcionando como salas de escape con las habilitaciones oportunamente otorgadas bajo la denominación “salas de teatro independiente”. Pues bien, en cuanto a la solicitud de levantamiento de las clausuras preventivas ya impuestas, no se advierte que con ella se persiga la revisión de una decisión adoptada en el marco de un proceso de faltas, ni tampoco la defensa de una imputación contravencional o penal, y no involucran por ende el juzgamiento de una falta, como lo requiere la Ley Nº 1.217 (artículos 24 y 27) para atribuir competencia a la Justicia Contravencional y de Faltas. En ese marco, en el que la parte actora persigue el juzgamiento de funciones administrativas en sentido material, y a la luz de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del Código Contencioso Administrativo y Tributario, cabe concluir que la competencia para entender en las presentes actuaciones corresponde a este fuero (conforme Tribunal Superior de Justicia “Arancibia Cuba, Noemí Cristina c/ Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 10 y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia”, Expte. Nº 5564/07, del 19/12/07; "Facug S.A. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", Expte. N° 9354/12, del 05/12/12, “Sartini, Silvina Luciana c/ GCBA s/ amparo s/ conflicto de competencia”, Expte. Nº 12191/15, del 08/09/15 y “Tricotex S.R.L. c/ GCBA y otros s/ medida cautelar autónoma s/ conflicto de competencia”, Expte. Nº 12887/15, del 20/04/16. Por lo tanto, sin que lo que aquí se decide implique efectuar valoración alguna en torno a la procedencia de la pretensión entablada, corresponde hacer lugar al recurso deducido.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 60145. Autos: Farray Jorge Luis Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz 15-07-2025.

CODIGO URBANISTICO – LOCAL COMERCIAL – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – CAMBIO DE CATEGORIA – COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL, PENAL JUVENIL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS – COMPETENCIA – JUEGOS DE AZAR – MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA – TEATRO – HABILITACION – COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDENCIA – CLAUSURA – HABILITACION COMERCIAL – COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA – CLAUSURA PREVENTIVA

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento mediante el cual el Juez de grado se declaró incompetente para entender en autos y ordenó la remisión de las actuaciones al fuero Penal, Contravencional y de Faltas y, en consecuencia, declarar la competencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y remitir las actuaciones a primera instancia para la prosecución del trámite. El actor señaló que los establecimientos de su marca registrada fueron habilitados oportunamente bajo el rubro “Teatro Independiente” de conformidad con la Ley Nº 2.147 y la Ley Nº 2.542 y siempre funcionaron como salas de escape, siendo en la actualidad “…experiencias teatrales inmersivas…”. Relató que el 08/04/25 a raíz de un cambio de criterio, la Administración comenzó a considerar que la actividad que se desarrollaba en sus establecimientos guardaba identidad con el rubro “juegos manuales y/o de mesa” del Código Urbanístico (Ley Nº 6.361) y no con la denominación “sala de teatro independiente” bajo la cual se hallaban funcionando desde la obtención de las respectivas habilitaciones. Indicó que “…como consecuencia de este (…) proceder administrativo, se han dispuesto clausuras masivas y se han iniciado múltiples procedimientos sancionatorios…”. La pretensión entablada consiste en obtener como medida autosatisfactiva, una orden judicial que reconozca el derecho a que sus locales comerciales continúen funcionando como salas de escape con las habilitaciones oportunamente otorgadas bajo la denominación “salas de teatro independiente”. Pues bien, tal como señala la Sra. Fiscal de Cámara, “[t]ampoco empece al criterio que aquí se adopta, la circunstancia a la que se hace referencia en la sentencia en recurso en punto a que, en el caso, se encontraría en trámite el procedimiento de faltas con el objeto de solicitar el levantamiento de una clausura preventiva dispuesta sobre uno de los establecimientos de la cadena actora, lo que justificaría, a criterio del Tribunal de grado, la competencia del fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas para entender en el caso. Ello así, a poco que se advierta que de los términos de la demanda no surge que los cuestionamientos de la peticionante estén dirigidos respecto de algún procedimiento contravencional o de faltas en particular, sino que, más bien, y tal como se viene razonando, la pretensión cautelar ventilada en el escrito de inicio persigue la revisión de la conducta que se atribuye al GCBA, en tanto las autoridades administrativas competentes efectuarían una interpretación del marco normativo aplicable lesiva de sus derechos. En este escenario, la referencia a las actas de infracción en la presentación inicial carece de aptitud suficiente para definir la competencia del fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas …”. Por lo tanto, sin que lo que aquí se decide implique efectuar valoración alguna en torno a la procedencia de la pretensión entablada, corresponde hacer lugar al recurso deducido.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 60145. Autos: Farray Jorge Luis Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz 15-07-2025.

CINE – LEY APLICABLE – INMUEBLES – TEATRO – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – OBRAS SOBRE INMUEBLES – PATRIMONIO CULTURAL

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la acción de amparo. En efecto, el agravio planteado por la actora respecto a la supuesta omisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales vinculadas con la protección y tutela del patrimonio arquitectónico y cultural del Cine Teatro Urquiza y la validez de la opinión del organismo técnico que desestimó su protección no puede prosperar. Cabe destacar que no se ha demostrado que la Administración haya obrado al margen del marco legal que regula la cuestión, por cuanto de las constancias agregadas a la causa surge que siguió el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) establecido para los inmuebles cuyos planos se hubiesen registrado antes del 31 de diciembre de 1941 previsto en la Ley N° 2.548 y en las modificaciones introducidas por las Leyes N° 3.056 y N° 3.680. Surge de la causa que existe un expediente como “aviso de obra”, registrado con fecha anterior al inicio del presente, donde la Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales (CAAP) evaluaron el predio donde se encuentra el Cine Teatro Urquiza, y determinaron que no acreditaba valores patrimoniales que ameritaran propiciar su protección a través de la catalogación. Asimismo, surge que el inmueble no se encuentra alcanzado por la Ley N° 1.227 y que, en consecuencia, no presenta restricciones especiales que pudieran afectar el derecho real de dominio, por lo tanto no corresponde declarar la nulidad del dictamen del CAAP.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 29628. Autos: MARTIN GABRIEL OCTAVIO Y OTROS Sala: I Del voto de Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 23-06-2016.

CINE – INMUEBLES – PROYECTO DE LEY – TEATRO – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – OBRAS SOBRE INMUEBLES – VALORACION DEL JUEZ – PATRIMONIO CULTURAL

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la acción de amparo. En efecto, el agravio planteado por la actora respecto de la falta de estimación de los proyectos de ley existentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no puede prosperar. No resulta posible atribuir a dichos proyectos de ley el valor probatorio o la gravitación en la decisión de la presente causa que la parte actora procura, cuando todavía no han atravesado las distintas etapas del proceso de formación de una ley (confr. arts. 78 y ccdtes. de la CN y 86 y sgtes. de la CCABA). En efecto, la totalidad de las iniciativas presentadas han perdido estado parlamentario por aplicación de las normas que rigen su trámite, con excepción del proyecto de ley iniciado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, respecto del cual, cabe resaltar, no ha acaecido la pertinente sanción legislativa, razón por la cual, carece del efecto jurídico que pretende asignarle la actora.

CINE – INMUEBLES – TEATRO – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – OBRAS SOBRE INMUEBLES – PATRIMONIO CULTURAL

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la acción de amparo. En efecto, el agravio planteado por la actora vinculado con el desconocimiento de las normas que establecen la obligación de los propietarios de salas teatrales, en caso de demolición, de construir en tales predios un ambiente de características semejantes a la sala demolida, y atento que el predio en el cual se encuentra emplazado el Cine Teatro Urquiza sólo registra un expediente de aviso de obra por pintura y limpieza de fachada que constituye un proyecto de demolición parcial, modificación y ampliación no puede ser tratado por tratarse de una cuestión conjetural.

CINE – MEDIDAS CAUTELARES – INMUEBLES – TEATRO – IMPROCEDENCIA – OBRAS SOBRE INMUEBLES – PATRIMONIO CULTURAL

En el caso, corresponde rechazar la ampliación de la medida cautelar solicitada a fin de que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que preserve íntegramente el edificio donde se encontraba el Cine Teatro hasta la resolución definitiva de la causa y que –en una fecha a determinar por el Tribunal, con participación de las partes, sus letrados y peritos–, se disponga la constatación del estado de conservación del inmueble. En efecto, del examen de las constancias acompañadas no surgen elementos suficientes para considerar reunidos los recaudos cuya configuración es necesaria para la procedencia de la tutela cautelar solicitada.

CINE – MEDIDAS CAUTELARES – INMUEBLES – PELIGRO EN LA DEMORA – TEATRO – IMPROCEDENCIA – OBRAS SOBRE INMUEBLES – PATRIMONIO CULTURAL – PELIGRO DE DERRUMBE

En el caso, corresponde conceder la medida cautelar solicitada por la parte actora con el objeto de que preserve el edificio donde se encuentra el Cine Teatro. En efecto, en relación con el estado de deterioro en que se encuentra el inmueble, invocado por la actora, el peligro en la demora deviene palmario. Por ello, tomando en consideración que lo peticionado por la parte actora implica el dictado de una nueva medida cautelar, corresponde disponer precautoriamente (art. 184 del CCAyT), la realización de las reparaciones e intervenciones que resulten necesarias para evitar la producción de daños en el inmueble y para terceros. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fabiana Schafrik)

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 29628. Autos: MARTIN GABRIEL OCTAVIO Y OTROS Sala: I Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 23-06-2016.

MEDIDAS CAUTELARES – PODER DE POLICIA – ESPECTACULOS PUBLICOS – TEATRO – HABILITACION DEL ESTABLECIMIENTO – INTERPRETACION DE LA LEY – REGIMEN JURIDICO – ESPECTACULOS ARTISTICOS

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora, con el objeto de que se le otorgue el permiso para funcionar como sala de teatro independiente. En efecto, el examen de las constancias de la causa, conduce a decidir que no existen elementos suficientes para considerar reunidos ––en el actual estado de la causa y con la provisoriedad propia de este estadio del análisis–– los recaudos pertinentes a fin de tornar procedente la tutela cautelar solicitada por la parte actora. Ello por cuanto, si bien mediante el expediente administrativo el actor, inició el trámite de habilitación comercio minorista de productos alimenticios en general, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería en cuya carátula se consignó que “LA PRESENTE CONSTANCIA NO IMPLICA HABILITACION OTORGADA”, de las constancias de autos surge que solicitó una ampliación del rubro por el que pedía la habilitación para poder desarrollar la actividad teatro independiente sin que se haya acreditado en el "sub lite" que hubiera cumplido "prima facie" con algunas de las condiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley N° 2147 y con lo previsto en el anexo de la Ley N° 2806. A ello se suma que, luego de inspecciones donde se le informaba sobre la falta de habilitación y posible clausura y de diversas presentaciones realizadas por el actor en sede administrativa, la inspección consignó que "…en virtud de observarse un escenario en el sótano se realizó intimación…" en la cual la Dirección General de la Agencia Gubernamental de Fiscalización y Control libró el acta de intimación de la que surge que la actora deberá abstenerse de realizar show en vivo bajo apercibimiento de clausura hasta tanto obtenga habilitación o permiso para ello. En consecuencia, sólo cabe concluir que de las constancias obrantes en autos surge, con la provisoriedad propia que caracteriza a este estadio liminar del proceso, que el derecho esgrimido por la accionante no se presenta, en esta etapa inicial de la causa, como verosímil,

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 27544. Autos: GONZÁLEZ JUAN PABLO Sala: I Del voto de Dra. Fabiana Schafrik, Dra. Mariana Díaz 01-12-2015.

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS – SEÑALIZACION DE LOS MEDIOS EXIGIDOS DE SALIDAS – CINE – TEATRO – REGIMEN JURIDICO – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Corresponde confirmar la sentencia que sanciona un establecimiento de ”cine-teatro” -que, por desarrollar su concreta actividad con la sala a oscuras o en penumbra, impide el “fácil discernimiento” del medio de salida en los términos del 4.7.1.4 del Código de Edificación, según Ley Nº 962- los requisitos de las señales de dirección de salidas vienen dados por su clara colocación en cada nivel de piso, tanto en corredores largos como en superficies abiertas de piso cuanto en toda situación necesaria (párrafo 1º de dicha norma). En los dos párrafos siguientes, la norma impone que las señales presenten: tamaño adecuado, contraste de color e indicación en caracteres Braille en los edificios privados con “asistencia masiva de personas” -párr. segundo-. Por otra parte, queda dispuesta la obligación de ubicar en la entrada, en puestos y mostradores de información y en los lugares donde la Autoridad de Aplicación juzgue necesario los planos en relieve destinados a la orientación de ciegos y disminuidos visuales -párr. tercero-.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 5278. Autos: SEBASTIAN MARTINEZ S.A. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo, Dra. Marcela De Langhe 28-02-2007.

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