IMPUTACION DE PAGO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – CUESTIONES PROCESALES – HONORARIOS DEL PERITO – PROCEDIMIENTO PENAL – CAUSA NO PREVISTA POR LA LEY – MINISTERIO PUBLICO FISCAL – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso, corresponde rechazar el planteo de nulidad promovido por el Ministerio Público Fiscal, por resultar manifiestamente improcedente. Esta Sala resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Magistratura y, en consecuencia, imponer el pago de los honorarios profesionales de la perito al Ministerio Público Fiscal. En la misma decisión, se ordenó al juzgado de primera instancia que notificara a la parte acusadora del auto de regulación de honorarios oportunamente dictado, junto con el pronunciamiento adoptado por este tribunal que dejó en cabeza suya el deber de soportar los emolumentos, con el fin de asegurar la vía recursiva. Tras ello, el juzgado dio cumplimiento con lo ordenado y notificó todo lo actuado al Ministerio Público Fiscal, que optó por guardar silencio. Frente a la firmeza de la decisión, la Jueza "a quo" intimó a esa parte a hacer efectivo el pago a la profesional. Recién entonces, el Agente fiscal dedujo recurso de apelación, que fue rechazado "in limine" por esta Alzada. Notificada esta decisión al Ministerio Público Fiscal, requirió que se anule la resolución que le impuso el deber de afrontar el pago de honorarios (conf. art. 78 CPP), y para el caso en que la nulidad fuera desestimada, dedujo recurso de inconstitucionalidad contra el rechazo "in limine" decidido contra su apelación. Apuntó que la impugnación resultaría formalmente admisible, pues se había interpuesto por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de ley, y se dirigía contra una decisión equiparable a definitiva. En paralelo, señaló que existía un genuino caso constitucional, dado que se había rechazado un medio de impugnación sin otorgar a esa parte el derecho de dictaminar en los términos del artículo 295 del Código Procesal Penal de la Ciudad, lo que -una vez más- conculcó el derecho al debido proceso. Ahora bien, el “planteo de nulidad” promovido resulta formalmente inadmisible, pues constituye un remedio no previsto en la ley procesal. El recurso de inconstitucionalidad, por su parte, fue interpuesto en tiempo y forma (art. 28 ley 402). Empero, es formalmente inadmisible porque no logra demostrar ningún supuesto que habilite la intervención del Tribunal Superior de Justicia (conf. arts. 113. inc. 3, CCABA y 27 ley 402). En tal sentido, cuadra hacer notar que la decisión en materia de admisibilidad recursiva que se pretende objetar constituye una cuestión de naturaleza procesal y, por tanto, es ajena a la competencia excepcional del Tribunal Superior de Justicia (conf. TSJ in re “Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo” -expte. nº 13.552/16, rto. el 15/11/2017), desde que -por definición- no involucra caso constitucional alguno. Por ello, la impugnación no puede ser concedida.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63907. Autos: Abuso de autoridad Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 18-11-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – ACUMULACION DE CAUSAS – DEBERES Y FACULTADES DE LA CAMARA – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – RECHAZO DEL RECURSO
En el caso, corresponde no conceder el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Defensa (arts. 27 y 28 ley 402, contrario sensu, 17 CN). En el presente, esta Sala declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa -en subsidio del de reposición- contra el auto que dispuso la tramitación conjunta de estos sesenta y cinco casos, por resultar improcedente; hizo lugar a la impugnación deducida por la Fiscalía y, en consecuencia, anuló la resolución dictada en cuanto decretó la nulidad de la requisa practicada en el caso nº 192286/2025-1 y sus 64 casos acumulados, así como de todos los actos cumplidos en consecuencia; y apartó a la "A quo" de su intervención en la causa. Para así resolver, sostuvo que la tramitación conjunta de los sesenta y cinco casos no se fundó en los supuestos del artículo 20 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sino en la conveniencia de neutralizar el riesgo de resoluciones contradictorias sobre una única actividad jurisdiccional, -la Jueza había requerido la totalidad de los legajos del mismo turno y practicado, en rigor, un control de legalidad integral-, por lo que desestimó la reposición. Afirmó, asimismo, que desestimada esa vía, el único remedio idóneo para impugnar una resolución de esta Sala era el recurso de inconstitucionalidad (art. 27, ley 402), motivo por el cual la apelación subsidiaria devenía improcedente. En cuanto al fondo, sostuvo que la "A quo" había resuelto de oficio y sin oír a las partes, sin la audiencia oral y pública que exige toda incidencia de nulidad, con violación de los principios de contradicción, oralidad e inmediación propios del sistema acusatorio, lo que imponía anular lo decidido (conf. esta Sala, caso 80.860/2024-1, “R”, rto. 10/9/2024). Sostuvo, por último, que ese proceder generaba un temor objetivo de parcialidad -en tanto la Magistrada podría tener interés en ratificar su postura previa- y que ello tornaba necesario su apartamiento (art. 82 CPP; art. 6 LPC). La Defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad. Adujo que se vulneró el derecho al recurso, en tanto la Sala declaró inadmisible la apelación en subsidio y avanzó igualmente sobre el fondo de las impugnaciones fiscales, lo que frustró la garantía de doble instancia. Añadió que la acumulación de sesenta y cinco causas sin conexidad desplazó indebidamente a las restantes Salas que debían intervenir por sorteo -con afectación de la garantía del juez natural- y que el hecho de que los mismos jueces hubieran decidido la acumulación, el fondo del asunto y el apartamiento de la jueza de grado generó un temor objetivo de parcialidad. Alegó, asimismo, que se vulneraron el debido proceso y la defensa en juicio al haberse dado a los recursos fiscales un trámite no previsto por la ley. Ahora bien, el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por escrito, dentro del plazo de ley y por parte legitimada. Sin embargo, no concurre en el caso ningún supuesto que habilite la intervención del Tribunal Superior de Justicia (arts. 27 y 28, ley 402; art. 113, inc. 3, CCABA), pues la Defensa no demuestra la existencia de una cuestión constitucional ni de un supuesto de arbitrariedad. En lo que respecta a la declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto en subsidio, el agravio remite al examen de admisibilidad de un remedio ordinario, materia ajena a la competencia excepcional de esa instancia (conf. TSJ `in re` “Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo”, expte. nº 13.552/16, rto. 15/11/2017). El hecho de que esta Sala haya resuelto el fondo de las apelaciones fiscales sin aguardar la firmeza de esa decisión tampoco altera su naturaleza, pues se trata de la interpretación que este Tribunal hizo del sistema recursivo local, cuestión procesal insusceptible de erigirse en agravio constitucional. Los restantes planteos -la afectación de las garantías del juez natural, del juez imparcial, de la defensa en juicio y del debido proceso, fundados en la acumulación de causas dispuesta al margen del artículo 20 del Código Procesal Penal de la Ciudad y en el trámite impreso a los recursos fiscales- también gravitan en el plano procesal. Cuestionan el modo en que debía sustanciarse la incidencia y el criterio con el que esta Sala decidió lo sometido a su estudio, sin demostrar la relación directa e inmediata que debe mediar entre el agravio invocado y la cláusula constitucional que se dice vulnerada.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63434. Autos: L., A. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 24-08-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – GARANTIAS CONSTITUCIONALES – EJECUCION DE LA PENA – REGLAS DE CONDUCTA – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – FACULTADES DEL JUEZ – RECHAZO DEL RECURSO – INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION – MODIFICACION DE LA PENA
En el caso, corresponde no conceder el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Defensa. En el presente, esta Sala resolvió por mayoría no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Defensa y, en consecuencia, confirmar la decisión de grado en cuanto modificó las pautas de conducta fijadas al homologarse el avenimiento e incorporó la realización de un tratamiento psicológico. Para así decidir, la mayoría del acuerdo consideró que la resolución impugnada, al disponer la modificación de las reglas de conducta conforme al artículo 27 bis del Código Penal, no se apartó de la ley aplicable ni resultó ser una decisión arbitraria, pues dicho artículo faculta al juez a disponerlo “según resulte conveniente al caso”. Contra dicha decisión, la Defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad. Ahora bien, bajo el ropaje de una supuesta afectación a derechos de rango constitucional -legalidad, "non bis in idem" y "reformatio in pejus"-, lo que el recurrente pretende someter a consideración del Tribunal Superior de Justicia es una discusión de derecho infraconstitucional, ajena a la competencia extraordinaria: el alcance que corresponde asignar al artículo 27 bis del Código Penal, en cuanto a si habilita o no al juez de ejecución a modificar las reglas de conducta “según resulte conveniente al caso”. El recurso no explica cuál es la relación directa e inmediata entre esos preceptos y lo resuelto en el caso, lo que permite concluir que se trata de una invocación genérica de garantías constitucionales.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62434. Autos: L., R. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 24-04-2026.
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CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – EJECUCION DE LA PENA – REGLAS DE CONDUCTA – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – FACULTADES DEL JUEZ – RECHAZO DEL RECURSO – INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION – MODIFICACION DE LA PENA
En el caso, corresponde no conceder el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Defensa. En el presente, esta Sala resolvió por mayoría no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Defensa y, en consecuencia, confirmar la decisión de grado en cuanto modificó las pautas de conducta fijadas al homologarse el avenimiento e incorporó la realización de un tratamiento psicológico. Para así decidir, la mayoría del acuerdo consideró que la resolución impugnada, al disponer la modificación de las reglas de conducta conforme al artículo 27 bis del Código Penal, no se apartó de la ley aplicable ni resultó ser una decisión arbitraria, pues dicho artículo faculta al juez a disponerlo “según resulte conveniente al caso”. Contra dicha decisión, la Defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad. Ahora bien, aunque la impugnación aduce que la obligación de someterse a un tratamiento psicológico lesiona la garantía de autonomía moral del condenado (art. 19 CN), lo cierto es que nunca sometió a consideración de esta Sala una discusión sobre la validez constitucional de la cláusula prevista en el artículo 27 bis, inciso 6º del Código Penal que lo autoriza expresamente. En consecuencia, esa alegación no puede habilitar la jurisdicción del Máximo Tribunal local.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62434. Autos: L., R. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 24-04-2026.
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REGIMEN PROCESAL PENAL JUVENIL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – SENTENCIA ARBITRARIA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso, corresponde no conceder el recurso de inconstitucionalidad intentado por la Defensa, contra la decisión de esta Sala que confirmó la resolución de grado que rechazó la apelación interpuesta por esa parte contra la denegación del pedido de remisión. En efecto, el recurso de inconstitucionalidad incoado por la Defensa, si bien fue presentado en tiempo y forma (art. 28 ley 402), es formalmente inadmisible pues no se verifica en el presente ningún supuesto que habilite la intervención del Tribunal Superior de Justicia (conf. arts. 113. inc. 3, CCABA y 27 ley 402). En este sentido, cabe destacar que el recurrente no logró demostrar la existencia de cuestión constitucional o federal alguna, como así tampoco la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia que merezca su examen por la instancia revisora (art. 27 ley 402; arts. 17 y 18 CN). En cuanto a la existencia de un caso constitucional, corresponde señalar, en primer término, que la resolución cuestionada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Defensa por considerarlo formalmente inadmisible. En ese sentido, se advierte que el recurrente no ha demostrado que esté en juego la interpretación o aplicación de normas con jerarquía constitucional. En realidad, lo que plantea es una discrepancia con el análisis efectuado por este Tribunal respecto de normas de carácter meramente procesal, las cuales, por su naturaleza, son ajenas a la competencia excepcional del Tribunal Superior de Justicia (conf. in re “Ministerio Público – Fiscalía de Cámara Norte de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en Ochoa Tello en caso 15136/10 Zavaleta Méndez y otros s/ infr. art.181 CP”, expte. N° 12215/15, rto. 24/2/2016).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 61192. Autos: G., S. Sala: Secretaría Penal Juvenil Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 12-11-2025.
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COSTAS AL VENCIDO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – RECHAZO DEL RECURSO – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso corresponde no conceder el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Defensa. Esta Sala rechazó "in limine" el recurso interpuesto por la Defensa contra la resolución que homologó el acuerdo de avenimiento presentado por las partes en los términos pretendidos, con costas en la instancia. Disconforme con lo decidido, esa parte dedujo recurso de inconstitucionalidad. Ahora bien, el recurso de inconstitucionalidad es formalmente inadmisible, puesto que el recurrente ha fallado en demostrar la existencia de un caso constitucional o un supuesto de arbitrariedad. En ese sentido, cabe tener especialmente presente que las cuestiones atinentes a la imposición de costas poseen un carácter exclusivamente procesal, ajeno, por regla, a la competencia del Tribunal Superior de Justicia Así pues, se advierte que el pronunciamiento en crisis resulta de la aplicación de los principios establecidos en el artículo 356 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto impuso el pago de las costas de la incidencia a la parte vencida; esto es, el imputado. En virtud de ello, y más allá del acierto o error de la decisión -cuestión ajena al juicio de admisibilidad que incumbe a esta Sala-, el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de un caso de arbitrariedad que habilite la intervención del Tribunal Superior. .
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60867. Autos: R., A. M. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 31-10-2025.
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PRUEBA PERICIAL – TELEFONO CELULAR – DERECHO A LA INTIMIDAD – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el titular de la Defensoría de Cámara (arts. 27 y 28 de la Ley Nº 402, a contrario sensu). Corresponde poner de manifiesto que, a través de su recurso de inconstitucionalidad, el Defensor de Cámara ha impugnado la resolución adoptada por este Tribunal, mediante la cual se resolvió revocar la decisión oportunamente recurrida por el Ministerio Público Fiscal y disponer la realización de una pericia respecto del teléfono secuestrado al imputado. En el caso el recurrente no ha logrado exponer con éxito la existencia de un genuino caso constitucional, lo que sella la suerte del recurso. Pues si bien la medida dispuesta sobre el teléfono celular del imputado conlleva una intromisión a su intimidad, lo cierto es que en el caso el impugnante no ha demostrado que dicha injerencia no deba ser tolerada, máxime cuando se ha dispuesto con alcance limitado y el encausado se encuentra imputado en un proceso penal. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no es una tercera instancia ordinaria, sino que ciñe su competencia al análisis de casos en los que exista una cuestión constitucional real, y no aparente.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60513. Autos: C., O. A. Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 26-09-2025.
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PRUEBA PERICIAL – VALORACION DE LA PRUEBA – TELEFONO CELULAR – DERECHO A LA INTIMIDAD – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el titular de la Defensoría de Cámara (arts. 27 y 28 de la Ley Nº 402, a contrario sensu). Corresponde poner de manifiesto que, a través de su recurso de inconstitucionalidad, el Defensor de Cámara ha impugnado la resolución adoptada por este Tribunal, mediante la cual se resolvió revocar la decisión oportunamente recurrida por el Ministerio Público Fiscal y disponer la realización de una pericia respecto del teléfono secuestrado al imputado. Ahora bien, los agravios del impugnante, bajo el ropaje de plantear cuestiones constitucionales, ocultan la intención de proponerle al Tribunal Superior una interpretación diferente del modo en que deben valorarse los hechos y la prueba a tal fin, lo cual, por regla, resulta ajeno a cualquier instancia extraordinaria, local o federal. Es decir, el recurrente, en definitiva, discrepa y pretende una nueva revisión ordinaria de los elementos valorados por esta Sala para disponer, con los alcances esgrimidos, la pericia requerida, los que claramente constituyen cuestiones de hecho; y si bien alegó la presunta violación de principios y derechos de orden constitucional, ello no implica per se el planteo de un caso constitucional, sino más bien –conforme surge del escrito presentado-, denota que se ha limitado a realizar una invocación genérica de principios de esa jerarquía, presuntamente vulnerados por la decisión de esta Sala, y su desacuerdo con ello, sin haber expresado, concretamente, de qué modo se habría producido dicha afectación. A partir de lo expuesto, teniendo en cuenta lo sostenido por el Tribunal mencionado y habida cuenta de que el recurrente no ha logrado conectar los agravios constitucionales con las circunstancias propias del caso, no se videncia la existencia de una cuestión que amerite la intervención del superior.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60513. Autos: C., O. A. Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 26-09-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
GARANTIA DE DEFENSA EN JUICIO – DEBIDO PROCESO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – SENTENCIA DEFINITIVA – CONFIRMACION DE SENTENCIA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor (arts. 27 y 28 ley 402 a contrario sensu), contra la confirmación de la condena del imputado pronunciada por la Cámara. El Defensor sostuvo que la decisión impugnada era una sentencia definitiva y que, a la vez, existía un genuino caso constitucional, en la medida en que la decisión resultaba violatoria de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, de los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad y republicano de gobierno y del derecho al recurso y, a la vez, era arbitraria, porque se sostenía en un análisis sesgado e injustificado del material probatorio y de la ley. Ahora bien, es importante apuntar que la intervención del Tribunal Superior de Justicia, aun en estos casos, queda limitada a los supuestos en los que se encuentre involucrada una cuestión constitucional. De ese modo, surge que bajo el ropaje del planteo de cuestiones constitucionales, el impugnante ha tenido la única intención de proponerle al Tribunal Superior una interpretación diferente en relación con las circunstancias de hecho, con las pruebas producidas en el debate, y con las reglas procesales en juego, cuestionamientos que, por regla, resultan ajenos a cualquier instancia extraordinaria, local o federal, cuando, como en el caso, no se acredita su vinculación con los derechos y garantías constitucionales invocados como vulnerados.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60509. Autos: A. C., B. R. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 26-09-2025.
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GARANTIA DE DEFENSA EN JUICIO – DEBIDO PROCESO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – SENTENCIA DEFINITIVA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
En el caso corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor (arts. 27 y 28 ley 402 a contrario sensu), contra la confirmación de la condena del imputado pronunciada por esa Cámara. El Defensor sostuvo que la decisión impugnada resultaba violatoria de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio; de los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad y republicano de gobierno y del derecho al recurso. Sin embargo, este agravio carece de sustento pues tal como ha afirmado el Tribunal Superior de esta Ciudad en reiteradas oportunidades, “…la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad…” (Expte QTS 13916/2018-4 “Ministerio Público -Defensoría General de la CABA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos “Vallejos, Alan Gabriel s/189 bis 2, 4° parr. Portación de arma de guerra sin autorización, rta, 16/2/22, entre otros). De lo expuesto se advierte que, en el marco del recurso de inconstitucionalidad presentado, el Defensor no fundó adecuada y suficientemente los agravios introducidos y que, por lo demás, de su presentación se extrae que no logró vincular las garantías constitucionales que considera violadas con lo resuelto en el caso (Del voto de la Dra. Inés Weinberg en expte nro. QTS 127925/21-7, “Ministerio Público – Fiscalía de Cámara Este de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Z. P., F. J. y otros s/ 5 “c” – comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción/tenencia con fines de comercialización”, rto. el 15/02/23), y solo expuso su desacuerdo con lo decidido oportunamente por la mayoría de esta Sala, lo que, evidentemente, no basta para habilitar la vía extraordinaria que pretende. En esa medida, corresponde declarar inadmisible el remedio intentado y tener presentes las reservas efectuadas.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60509. Autos: A. C., B. R. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 26-09-2025.
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PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – RECHAZO DEL RECURSO – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO – FALTA DE FUNDAMENTACION SUFICIENTE
En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal de Cámara. El Fiscal de Cámara se agravió de la decisión adoptada por la mayoría de este tribunal, que confirmó la declaración de prescripción de la acción penal de uno de los hechos que se le imputó al encartado. Sostuvo que la interpretación de los artículos 67 del Código Penal y 226 del Código Procesal Penal CABA fue efectuada "contra legem", desconociendo la literalidad de la norma penal de fondo e ignorando la práctica judicial, lo que violentó los principios de razonabilidad, legalidad, de igualdad ante la ley, de seguridad jurídica, la garantía del debido proceso, y la distribución de competencias legislativas. Sin embargo, más allá de tales alegaciones, y sin desconocer que la solución adoptada, por mayoría, le resultó adversa a los intereses de su parte, no se advierte que el recurrente haya logrado demostrar de qué forma la decisión de esta Alzada ha contrariado disposiciones constitucionales que ameriten la procedencia del recurso de inconstitucionalidad. El recurrente no aclaró cuál sería la afectación a los intereses de la comunidad luego del dictado de la decisión aquí cuestionada, ni especifica la trascendencia o repercusión de aquella fuera del caso concreto, y que supere los intereses de las partes. Máxime teniendo en cuenta que la secuencia procesal que el impugnante califica como irregular fue consentida por sus propios colegas del Ministerio Público Fiscal tanto ante el juzgado como ante esta Alzada por lo que tampoco este agravio resulta suficiente para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad. Tampoco el Fiscal de Cámara ha logrado sortear la admisibilidad del remedio pretendido arguyendo la existencia de un supuesto de arbitrariedad. Es que el recurrente no demostró debidamente que la resolución cuestionada haya omitido aplicar el derecho vigente, o bien, que no haya brindado las razones que cimentaron la decisión adoptada.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60232. Autos: Pérez, Cristian Leonardo Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 02-09-2025.
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GRAVAMEN IRREPARABLE – CONTINUACION DEL PROCESO JUDICIAL – PRESCRIPCION DE LA ACCION CONTRAVENCIONAL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA – SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa. El remedio procesal bajo examen se dirige a cuestionar una decisión que no reviste el carácter de sentencia definitiva ni equiparable a tal, en tanto este tribunal se limitó a confirmar el rechazo del planteo de prescripción de la acción contravencional dispuesto por la jueza de grado, lo que simplemente y en principio, importa la continuación del proceso hacia el debate oral y público, momento óptimo para que el imputado ejerza su defensa y pueda, eventualmente, resultar absuelto. Por otro lado, de la lectura del recurso impetrado tampoco se advierte la existencia de un gravamen de “imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior” que permita habilitar la vía recursiva intentada, en tanto el recurrente no logra demostrar que lo resuelto por esta Alzada le ocasione a su parte un gravamen que no pueda ser subsanado con el devenir del proceso. Asimismo, cabe señalar que la insuficiencia indicada no puede sortearse con la simple invocación de la doctrina de la arbitrariedad, máxime cuando únicamente fue mencionada pero no así debidamente fundamentada. Así pues, lo cierto es que del análisis de los fundamentos del recurso defensista se desprende una mera discrepancia con la forma en que este Tribunal resolvió y analizó las circunstancias del caso y la normativa aplicable, así como la posible subsunción legal de los hechos investigados, y el instituto de la prescripción.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60231. Autos: M., A. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. Fernando Bosch, Dra. Elizabeth Marum 02-09-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – IMPROCEDENCIA – ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
En el caso corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Fiscal de Cámara. El Fiscal de Cámara presentó recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de esta Sala que sobreseyó al encartado en orden a los delitos de amenazas y desobediencia a la autoridad. Ahora bien, de la simple lectura de los agravios intentados por la Fiscalía surge un mero desacuerdo con el modo en el que esta Sala, por mayoría, evaluó los hechos, las circunstancias del caso y aplicó las normas de derecho infraconstitucional relevantes (v.gr. artículos 149 bis y 239 del Código Penal); todo lo cual representa asuntos que, por regla, no logran convocar la especial atención del Máximo Tribunal local. Máxime cuando el recurrente, más allá de su disconformidad con la forma en que se resolvió, tampoco logró demostrar que la valoración efectuada en la decisión mayoritaria adolecía de razonabilidad o logicidad. Por último, la misma suerte correrá el planteo de arbitrariedad de la decisión efectuado, en tanto la admisibilidad del recurso por aquella causal “…es estricta pues ‘[l]a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (…) sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional” (Fallos 312:246, 389:908, entre otros)…” (Del voto de los Dres. Otamendi, Ruiz, De Langhe y Weinberg en Expte. Nro. QTS 18125/2020-8 “Ministerio Público – Defensoría General de la CABA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos “Lencina, Claudio Exequiel y otros sobre 189 bis (2) – Tenencia de arma de fuego de uso civil”, rta. el 24/5/2023).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58535. Autos: A., J. P. y otros Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez 17-03-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – IMPROCEDENCIA – ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO – FALTA DE FUNDAMENTACION SUFICIENTE
En el caso, corresponde declarar inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Defensoría Oficial de Cámara y por la Asesoría Tutelar que intervine ante la Cámara en representación del joven imputado, contra la decisión de esta alzada que confirmó la sentencia que declaró penalmente responsable al joven por el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía oral, cometido en forma reiterada –siete oportunidades- en concurso ideal con el delito de producción de material de abuso sexual infantil, agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años (arts. 45, 55, 119 tercer párrafo, 128 primero y quinto párrafo del CP). En el presente, sin perjuicio de que las impugnaciones resultan subjetivamente inadmisibles, no debe pasarse por alto que, aun en el caso de que pudieran sortearse esos obstáculos de procedencia, lo cierto es que los recursos tampoco resultarían admisibles. Ello así, porque no lograron demostrar la existencia de cuestión constitucional o federal alguna, como así tampoco la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia que mereciera su examen por la instancia revisora (art. 27 ley 402; arts. 17 y 18 CN).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 55507. Autos: B., P. Sala: Secretaría Penal Juvenil Del voto de Dra. Luisa María Escrich 05-04-2024.
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PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CUESTION NO CONSTITUCIONAL – IMPROCEDENCIA – ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO – FALTA DE FUNDAMENTACION SUFICIENTE
En el caso, corresponde declarar inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Defensoría Oficial de Cámara y por la Asesoría Tutelar que intervine en la Cámara en representación del joven imputado contra la decisión de esta alzada que confirmó la sentencia que declaró penalmente responsable al joven por el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía oral, cometido en forma reiterada –siete oportunidades- en concurso ideal con el delito de producción de material de abuso sexual infantil, agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años (arts. 45, 55, 119 tercer párrafo, 128 primero y quinto párrafo del CP). En el presente, teniendo en consideración que ambas presentaciones producen idénticos argumentos y agravios, ingresamos a su análisis de manera conjunta. Ahora bien, se advierte que los planteos efectuados por los presentantes resultan una mera reiteración de los argumentos expuestos anteriormente y que sólo evidencian su desacuerdo con la interpretación dada por la judicatura al principio "iura novit curia" y a la potestad que tienen los jueces para calificar los hechos probados en juicio, todo ello, sin demostrar el vicio constitucional de la sentencia que atacan. También se invocan violaciones al derecho de defensa, debido proceso, garantía de juez imparcial, sistema acusatorio y especialidad, pero no logran vincularlas con el caso concreto. Se impone destacar, que las recurrentes insisten y vuelven a cuestionar la calificación dada a los hechos en la declaración de responsabilidad sobre la base de señalamientos que este tribunal ya trató y expuso su criterio. Cabe recordar, en consecuencia, que en la resolución -que ahora se ataca mediante el recurso de inconstitucionalidad-, se trataron todos y cada uno de los puntos que oportunamente se plantearon en los recursos de apelación, por lo que el agravio constitucional que dichas partes intentan articular, carece de asidero e impide la apertura extraordinaria pretendida. Además, no rebaten ninguno de los argumentos expuestos en los votos que conformaron la mayoría. Asimimo, con respecto a la arbitrariedad invocada en ambos recursos, puede señalarse que el decisorio atacado goza de opinión fundada, tanto jurídica como fáctica, sin que hayan podido los impugnantes demostrar real y concretamente la concurrencia de circunstancias de orden constitucional vulneradas que resulten hábiles para conceder la vía extraordinaria que pretenden a través de esta nueva presentación. Consecuentemente, al margen del acierto o error de lo resuelto en la causa, la argumentación ofrecida por las partes no alcanza a justificar de manera razonada la configuración de la cuestión constitucional, ni logra evidenciar que nos encontremos ante un supuesto de una decisión arbitraria, poniendo sólo de manifiesto su disconformidad con una respuesta jurisdiccional adversa, lo que no significa que la sentencia devenga infundada (Cf. voto de la Dra. Marcela De Langhe en Expte. Nº QTS 56580/2019-4, resolución del 11/10/23).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 55507. Autos: B., P. Sala: Secretaría Penal Juvenil Del voto de Dra. Elizabeth Marum, Dra. Carla Cavaliere 05-04-2024.
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