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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – LOCACION DE INMUEBLES JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA RESTITUCION DEL INMUEBLE FALLO PLENARIO CONTRATO DE LOCACION DEUDAS DE DINERO DEUDAS DE VALOR ACTUALIZACION MONETARIA DAÑOS EN EL INMUEBLE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DAÑOS Y PERJUICIOS INDEMNIZACION INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL MONTO DE LA INDEMNIZACION DAÑO MATERIAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL INTERESES TASAS DE INTERES COMPUTO DE INTERESES PROCEDENCIA MORA PERICIA PRECEDENTE APLICABLE OBLIGACIONES DE DAR SUMAS DE DINERO

En la presente acción de daños y perjuicios iniciada por la parte actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por incumplimiento contractual -locación de inmueble-, corresponde modificar la sentencia de grado y, en consecuencia, disponer que a la indemnización en concepto de daño material fijada en pesos deberán adicionársele los intereses que resulten de aplicar: la tasa pura del 6% anual por el período comprendido entre la mora (10/08/16) y la fecha de producción del peritaje (09/09/2023); y desde allí y hasta el momento de efectivo pago, el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14.290). En lo que respecta a las sumas reconocidas en concepto de daño material cuantificadas por la perita en pesos, a fin de atender los planteos de las partes toca recordar que la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre las obligaciones de dar dinero (artículo 765 Código Civil y Comercial de la Nación -CCyCN-), de las obligaciones en que la deuda consiste en dar cierto valor (artículo 772 CCyCN). En las primeras “…puede existir una desvalorización de la moneda desde el tiempo de su constitución…”; mientras que en las segundas “… el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda (…) De manera que el valor no sufre deterioro inflacionario porque no es dinero. Una vez que es cuantificado en dinero, entonces, puede considerarse la desvalorización ya que, recién a partir de ese momento se le aplica el régimen de las obligaciones de dar dinero” (Fallos: 347:1446). En línea con ese razonamiento, en el plenario “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”, Expte. 30370/0, del 31/05/2013 se prevé la posibilidad de que los jueces cuantifiquen indemnizaciones a valores actuales. En estos supuestos, corresponde calcular una tasa pura del 6% desde la fecha del hecho dañoso hasta el momento en que se determinen la indemnización a valores actuales, y desde allí la tasa promedio indicada en ese pronunciamiento. Aquella primera tasa (la del 6%), carece de todo componente inflacionario, procura compensar al acreedor por la indisponibilidad del capital. En autos, la solución que mejor compatibiliza los intereses en conflicto consiste en fijar la indemnización a valores actuales no a la fecha de la sentencia de grado, sino a la fecha de realización del peritaje (“mutatis mutandis”, esta Sala en “GCBA c/ Mannara de Calcagno, Vicenta y otros s/ expropiación”, Expte. Nº1546/2014-0, sentencia del 13/03/2023). Así las cosas, corresponde hacer lugar, parcialmente, a los planteos de la parte actora y rechazar el del Gobierno local relacionado con la supuesta doble actualización. Finalmente, y en cuanto al planteo del demandado relativo al “dies a quo” de los accesorios, solo resta indicar, a fin de desestimarlo, que la fecha de mora que aquí se confirma se corresponde con el momento en que se produjo el incumplimiento de la obligación asumida, esto es, 10/08/2016 -fecha de entrega del inmueble-.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62493. Autos: Tammone Silvia Elena y otros Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-04-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

DEUDA EN DOLARES – LOCACION DE INMUEBLES – RESTITUCION DEL INMUEBLE – CONTRATO DE LOCACION – DAÑOS EN EL INMUEBLE – MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACION – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – MONTO DE LA INDEMNIZACION – DAÑO MATERIAL – RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – INTERESES – TASAS DE INTERES – COMPUTO DE INTERESES – DERECHO DE PROPIEDAD – PROCEDENCIA

LOCACION DE INMUEBLES – ACTA NOTARIAL – RESTITUCION DEL INMUEBLE – CONTRATO DE LOCACION – DAÑOS EN EL INMUEBLE – MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACION – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – MONTO DE LA INDEMNIZACION – RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – INTERESES – TASAS DE INTERES – COMPUTO DE INTERESES – PROCEDENCIA – FECHA DEL HECHO – GASTOS DE GESTION

CADUCIDAD DE LICENCIA DE TAXI – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS ILICITOS – EXPRESION DE AGRAVIOS – SENTENCIA FIRME – NULIDAD – DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – TASAS DE INTERES – DERECHO DE PROPIEDAD – ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

En el caso, corresponde rechazar el agravio planteado por la parte actora en relación a la tasa de interés aplicable fijada en la sentencia dictada en el reclamo por los daños y perjuicios derivados de la resolución que dispuso la caducidad de su licencia taxi, cuya declaración de nulidad se encuentra firme. Al respecto, la recurrente criticó la sentencia en la medida en que la sentenciante ordenó aplicar intereses conforme el fallo plenario “Eiben” de esta Cámara. En su lugar, solicitó que se aplique el índice de precios al consumidor (IPC) o los utilizados en el fuero laboral. Cabe recordar que, en el escrito de demanda, la parte actora solicitó la aplicación de intereses sin especificar qué tasa pretendía. De ese modo, toda vez que no causa agravio al apelante la sentencia cuya parte dispositiva es sustancialmente idéntica con la petición formulada al iniciarse la acción, no cabe más que rechazar su recurso (conf. esta Sala, “Álvarez, Eunomia Guillermina contra GCBA y Otros sobre Daños y Perjuicios”, Sent. 30/03/2023). En efecto, la petición de la tasa que especifica en su expresión de agravios es fruto de una reflexión tardía, puesto que al momento de la interposición de la demanda solamente se limitó a peticionar intereses mas no realizó mayores precisiones sobre la tasa que consideraba justa y aplicable. Por lo tanto, su eventual acogimiento importaría vulnerar el principio de congruencia que, con arreglo a la conocida doctrina de la CSJN, tiene carácter constitucional como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad (Fallos 315:106; 329:5903; 338:552).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62326. Autos: Bussolo, Omar Antonio Sala: IV Del voto de Dr. Lisandro Fastman 26-03-2026.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS ILICITOS – LEGISLACION APLICABLE – NULIDAD – RETIRO OBLIGATORIO – DISCRIMINACION – INTERESES MORATORIOS – PORTADORES DE HIV – VIH – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACION – BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – DAÑO MORAL – TASAS DE INTERES – ACTO ADMINISTRATIVO – POLICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – CUANTIFICACION DEL DAÑO – DISCRIMINACION LABORAL – ACTO ADMINISTRATIVO ILEGITIMO – CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, declarar la nulidad del acto administrativo que decidió el retiro obligatorio del actor de la actividad policial, por su estado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) positivo, a pesar de que tal circunstancia no era incapacitante y declarar la procedencia del daño moral en la suma de $432.200. Ello así por encontrarse configurado el supuesto de discriminación. En relación a los intereses cabe recordar que, a partir de la Ley N° 23.928, sus prórrogas y modificatorias, se encuentran vedados los mecanismos de actualización monetaria. El actor no ha planteado la inconstitucionalidad de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 y tampoco ha señalado el índice que debía utilizarse para actualizar las sumas otorgadas. Frente a tal escenario, no es posible ordenar la actualización solicitada. Ahora bien, el Banco Central de la República Argentina, mediante Resolución nro. 1/26, del 7 de enero de 2026, aprobó la difusión de una nueva serie estadística, la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), con el objetivo de brindar una herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos en el marco de lo dispuesto en el inciso c, del artículo 768, del Código Civil y Comercial de la Nación. La TIM se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales). Según informa el Banco, la tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM fluctúa dentro de dos bandas destinadas a preservar el valor de las deudas y garantizar su razonabilidad. En tales condiciones, los intereses deben calcularse según la tasa de Intereses Moratorios (TIM), desde el acaecimiento del daño, es decir desde el día que se dispuso el retiro obligatorio del actor hasta el efectivo pago. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Seijas).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62070. Autos: A., D. S. Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 06-03-2026.

PLENARIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS ILICITOS – LEGISLACION APLICABLE – NULIDAD – RETIRO OBLIGATORIO – DISCRIMINACION – PORTADORES DE HIV – VIH – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACION – BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – TASAS DE INTERES – ACTO ADMINISTRATIVO – POLICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – LEY DE CONTRATO DE TRABAJO – DISCRIMINACION LABORAL – ACTO ADMINISTRATIVO ILEGITIMO

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 62070. Autos: A., D. S. Sala: III Del voto de Dr. Horacio G. Corti 06-03-2026.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR – FALLO PLENARIO – LIQUIDACION – COMPRAVENTA – INTERESES MORATORIOS – PRECIO – TASAS DE INTERES – AUTOMOTORES – RECURSO DIRECTO DE APELACION – DAÑO DIRECTO – ENTREGA DE LA COSA

En el caso, corresponde rechazar el cálculo realizado por el consumidor denunciante, y disponer que se practique una nueva liquidación en el presente recurso directo interpuesto contra la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-. En autos, las actoras impugnaron la Disposición de la DGDyPC por medio de la cual le impuso a las empresas denunciadas una multa por infracción al artículo 10 bis de la Ley N° 24.240, y ordenó un resarcimiento a favor del consumidor denunciante en concepto de daño directo. Una vez dictada la sentencia, el Tribunal resolvió la controversia suscitada en torno a la determinación del valor del daño directo reconocido, y dispuso que se abone la suma estipulada en la cotización del automotor; en un total de $59.400.000. Acreditado el pago del daño directo respectivo, el consumidor denunciante practicó liquidación de los intereses devengados desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago. Resulta oportuno recordar que este Tribunal indicó que el daño directo debía ser una suma equivalente para adquirir el vehículo comprado o uno de similares características. Para así resolver, se indicó que se encontraba acreditado que el consumidor había depositado la suma del pago total del automóvil, restando solo la entrega de la unidad ofertada, y que el resarcimiento reconocido en sede administrativa resultaba insuficiente, desde que no colocó al denunciante en la misma situación patrimonial que detentaba al momento de cancelar el precio del rodado, y por lo tanto no compensaba adecuadamente los daños sufridos. Este Tribunal ya estableció que el monto reconocido en concepto de daño directo debía mantener actualidad, de modo tal que, con su percepción, el consumidor pudiera adquirir un vehículo de características similares al que había abonado en el año 2014 y que no fue entregado. De este modo, el monto reconocido debe contener intereses hasta su efectiva puesta a disposición del denunciante. Ello conforme el criterio utilizado por este Tribunal en la causa “Kurpyakova, Yulia c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, Expte. N° 8509/2019-0, del 12 de abril de 2022. En esta inteligencia, ante la falta de una disposición legal específica, corresponde aplicar la tasa de interés fijada por el plenario “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo público, no cesantía ni exoneración" Expte. Nº30.370/0, del día 31/5/13, desde la fecha en que este Tribunal determinó el valor del daño directo (26/6/2024) hasta la fecha en que el denunciante tuvo el dinero efectivamente a su disposición (20/8/2024). En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el cálculo realizado por el consumidor denunciante.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61713. Autos: Diéguez Héctor y otros Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik 29-12-2025.

TRATAMIENTO PSICOLOGICO – MUERTE DEL PACIENTE – FACTORES ATRIBUTIVOS DE RESPONSABILIDAD – FALTA DE SERVICIO – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – FALLECIMIENTO – INDEMNIZACION – HOSPITALES PUBLICOS – DAÑO PSICOLOGICO – TASAS DE INTERES – COMPUTO DE INTERESES – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – PROCEDENCIA – FECHA DEL HECHO

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61235. Autos: G. B. V. J. y Otros Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 14-11-2025.

En el caso, corresponde modificar la sentencia de grado y, en consecuencia, al hacer parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por los actores por la deficiente atención médica y posterior fallecimiento de su hijo en un Hospital Público, determinar que la fecha de inicio del cómputo de los intereses con relación a la indemnización en concepto de daño psicológico otorgada, será la del deceso del paciente (10/06/2012), y no la del informe pericial (12/11/2021). Los actores critican la fecha estipulada en la sentencia para el cómputo de los intereses en el rubro daño psicológico. Solicitan que el devengamiento de los intereses sea desde el hecho (10/06/2012) y no desde la fecha del informe pericial (12/11/2021). Les asiste razón a los recurrentes, en tanto el valor de la indemnización reconocida por la Jueza de grado en concepto de “daño psicológico” fue establecida en función del valor de las sesiones informado por las psicólogas en el informe pericial. Por lo tanto, desde la fecha del perjuicio y hasta la fecha del informe pericial, se aplicará la tasa pura del 6% anual; y, a partir de allí y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14.290), tal como surge del fallo plenario “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo público, no cesantía ni exoneración", Expte. Nº 30.370/0, del 01/05/13. En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al agravio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61235. Autos: G. B. V. J. y Otros Sala: III Del voto de Dr. Horacio G. Corti 14-11-2025.

INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO – INDEXACION – ACTUALIZACION MONETARIA – FALTA DE FUNDAMENTACION – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – TASAS DE INTERES – EMPLEO PUBLICO – ACCIDENTES DE TRABAJO – IMPROCEDENCIA – ASEGURADOR POR RIESGOS DEL TRABAJO – OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer parcialmente lugar a la demanda iniciada por la actora contra la Obra Social de la Ciudad a fin de perseguir el cobro de las indemnizaciones por accidente de trabajo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley N° 25.561 (que prohíbe la actualización monetaria). Ello así por cuanto, conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, los argumentos esbozados en el escrito recursivo de la actora no logran rebatir los fundamentos dados por el “a quo” para desechar la tacha de inconstitucionalidad peticionada. En efecto, la actora no refuta lo expresado por el “a quo”, con sustento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicias y del Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a que no puede desconocerse el objetivo antinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la indexación. En este contexto, la parte no ha traído mayores argumentos que logren poner en crisis la decisión del “a quo”; máxime cuando en sus fundamentos se apoya además en la insuficiencia de la tasa de interés dispuesta. Por lo demás, y a mayor abundamiento, en sentido contrario a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 25.561 y de la Ley N° 23.928 se ha pronunciado la Sala II del fuero en “Amerio, Irene Maria c/ GCBA y otros s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)”, Expte. N° C20262-2013/0, sentencia del 13/09/2018, y la Sala III en autos “Bentivenga Hugo Horacio c/ GCBA s/ Empleo Público”, Expte. N° 41101/0, sentencia del 04/11/2016.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61095. Autos: Tognini Graciela Eugenia Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 02-10-2025.

PLENARIO – RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY – DAÑOS Y PERJUICIOS – INTERESES – TASAS DE INTERES – INTERPRETACION DE LA LEY

En el caso, corresponde rechazar el recurso de la parte actora en tanto cuestionó la tasa de interés fijada en la sentencia según lo dispuesto en el plenario "Eiben" sobre la indemnización fijada por la sentencia de grado para resarcir los daños y perjuicios derivados de la caída que sufrió la actora como consecuencia de pisar en un desnivel y un pozo en la vía pública. En efecto, sin perjuicio de señalar que, como lo vengo sosteniendo, las sentencias que son consecuencia de un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto no fijan doctrina obligatoria a futuro, lo cierto es que la mera manifestación de que corresponde aplicar otra tasa, sin ningún tipo de justificación al respecto, no resultan suficientes para apartarse de la solución adoptada, desde que la parte actora no realiza mayor esfuerzo para demostrar que efectivamente, en el caso, la tasa de interés fijada no resguarda adecuadamente su crédito o bien por qué, a la luz de lo expuesto, ella resulta insuficiente.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59783. Autos: B. M. M. Sala: IV Del voto de Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 19-06-2025.

PLENARIO – RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY – DAÑOS Y PERJUICIOS – INTERESES – TASAS DE INTERES – INTERPRETACION DE LA LEY

En el caso, corresponde rechazar el recurso de la parte actora en tanto cuestionó la tasa de interés fijada en la sentencia según lo dispuesto en el plenario "Eiben" sobre la indemnización fijada por la sentencia de grado para resarcir los daños y perjuicios derivados de la caída que sufrió la actora como consecuencia de pisar en un desnivel y un pozo en la vía pública. En efecto,a los montos indemnizatorios reconocidos deberán aplicárseles los intereses siguiendo el criterio establecido por la Cámara de Apelaciones del fuero en el plenario Cámara CAyT “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, expte. nro. 30370/0, acuerdo plenario del 31/05/2013, desde la fecha del hecho dañoso el hasta el efectivo pago. Allí se acordó que es la tasa promedio la que mejor logra cumplir con el objetivo de tutelar el crédito, al compensar adecuadamente la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora, sin que se produzca un detrimento excesivamente oneroso en el patrimonio del deudor. En este sentido, considero que no existen elementos para apartarse de su aplicación a este caso.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59783. Autos: B. M. M. Sala: IV Del voto de Dr. Lisandro Fastman 19-06-2025.

DAÑOS Y PERJUICIOS – ALCANCES – INTERESES – TASAS DE INTERES – INTERPRETACION DE LA LEY – CAPITALIZACION DE INTERESES – ANATOCISMO – CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora en tanto cuestionó la aplicación del artículo 770 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) sobre los intereses fijados para la indemnización decidida por la sentencia de grado para resarcir los daños y perjuicios derivados de la caída que sufrió la actora como consecuencia de pisar en un desnivel y un pozo en la vía pública. En efecto, de acuerdo con lo decidido en el fallo plenario dictado por la Cámara de Apelaciones del fuero, en la causa “Montes, Ana Mirta c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)”, Expediente N° 16939/2016-0, sentencia del 1° de septiembre de 2021 y sin perjuicio que las circunstancias de hecho del presente no son análogas a las allí resueltas, resulta útil referirme a tal precedente en el cual integré la mayoría que conformó la decisión y cuyas conclusiones comparto y entiendo aplicables al caso. En ese marco, por mayoría, se resolvió que se encuentran alcanzadas por el supuesto contemplado en el artículo 770, inciso b), del CCyCN todas las obligaciones de dar dinero que se demanden judicialmente. A ello, se añadió que, la mora del deudor es un hecho preexistente a la sentencia que reconoce el derecho del acreedor, que se perpetúa en el tiempo hasta el efectivo cumplimiento de la obligación debatida. Por lo tanto, dado que la pretensión de este expediente radica en una obligación de valor, esto es, de otorgar una indemnización compensatoria del daño producido y que esta ha sido reconocida judicialmente, el supuesto de anatocismo establecido en el artículo 770, inciso b) del CCyCN resulta aplicable al caso, dado que se extiende a las consecuencias aun existentes. Ahora bien, resta aclarar que al efectuar la capitalización de intereses corresponderá tener en cuenta la vigencia temporal del CCyCN. Sobre esta cuestión también me expedí en el voto mayoritario del plenario “Montes”, detallando cómo debían calcularse en cada supuesto y, toda vez que el hecho generador del daño fue anterior a la vigencia del CCyCN y la notificación de la demanda posterior, deberá capitalizarse intereses desde el 01/08/2015 (fecha de vigencia del CCyCN) y hasta la fecha de notificación de la demanda. Asimismo, y respecto a lo señalado por la parte actora sobre capitalizar los intereses desde la notificación de la demanda hasta la aprobación de la liquidación, debe ser rechazado, puesto que tal como se expuso en el precedente mencionado respecto a que durante el curso del proceso no existe posibilidad de capitalizar los intereses que se vayan devengando, sino hasta la oportunidad en que se practique la liquidación y exista mora en pagarla, conforme el supuesto del art. 770 inciso c).

ALCANCES – INTERESES – TASAS DE INTERES – INTERPRETACION DE LA LEY – CAPITALIZACION DE INTERESES – ANATOCISMO – CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora en tanto cuestionó la aplicación del artículo 770 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) sobre los intereses fijados para la indemnización decidida por la sentencia de grado para resarcir los daños y perjuicios derivados de la caída que sufrió la actora como consecuencia de pisar en un desnivel y un pozo en la vía pública. En efecto, al respecto, cabe estar a la postura adoptada por esta Cámara de Apelaciones del fuero en el plenario “Montes”, expte. N°16939/2016-0, en el que se decidió por mayoría que “I) Se encuentran alcanzadas por el supuesto contemplado en el artículo 770, inciso b, del CCyCN todas las obligaciones de dar dinero que se demanden judicialmente. II) No quedan abarcadas dentro del ámbito de aplicación del artículo 770, inciso b, del CCyCN las obligaciones de dar dinero demandadas judicialmente en los casos en los que la notificación de la demanda tiene lugar antes de la vigencia de aquel cuerpo normativo”. Según lo expuesto, resultaría aplicable al caso el supuesto establecido en el artículo 770, inciso b) del CCCN, pues se encuentran alcanzadas por éste todas las obligaciones de dar dinero que se demanden judicialmente, con excepción de aquellos casos en los que la notificación de la demanda tiene lugar antes de la vigencia de aquel cuerpo normativo. A su vez, debe entenderse que el referido artículo 770, inciso b) resulta aplicable a los intereses devengados a partir del 1 de agosto de 2015, fecha en la que entró en vigencia el nuevo CCyCN (conf. Ley Nº 26.994 y Nº 27.077). Ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de dicho cuerpo normativo, que estipula que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por ende, teniendo en cuenta que el hecho generador del daño fue anterior a la entrada en vigencia del CCyCN -10/08/2013- y que la demanda fue notificada con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo, -en los términos del acuerdo plenario mencionado, deberán capitalizarse intereses desde el 01/08/2015 hasta el 21/03/2016. Asimismo, es oportuno señalar que “las acreencias que la normativa habilita a acumular al capital son las que quedan alcanzadas entre el momento en que la obligación resulta exigible al deudor y la fecha de notificación del traslado de la demanda. El evento señalado en último término —notificación de la demanda, cuya fecha se desconoce al iniciar un reclamo— resulta el momento en el que operará la capitalización de los intereses, aunque su cálculo, por razones procesales, se efectuará en la primera liquidación que se practique en el marco del proceso” (conf. Plenario “Montes” citado). Por otra parte, no corresponde hacer lugar al planteo acerca de lo pretendido en torno a capitalizar los intereses desde la notificación de la demanda hasta la aprobación de la liquidación, toda vez que el artículo 770 inciso c. determina que la capitalización de intereses se produce desde que el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo.

PLAN DE AHORRO PREVIO – BANCO DE LA NACION ARGENTINA – CONTRATO DE COMPRAVENTA – DAÑOS Y PERJUICIOS – CONTRATOS DE ADHESION – TASAS DE INTERES – TASA ACTIVA – DERECHOS DEL CONSUMIDOR – RELACION DE CONSUMO – ESTAFA

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al planteo de la codemandada administradora del plan de facilidades en relación a que la tasa de interés reconocida en la sentencia de grado no fue la pactada entre las partes ni se encuentra prevista en la Resolución IGJ Nº 8/2015. En la instancia de grado se consideró aplicable la tasa activa cartera general de préstamos a treinta días del Banco de la Nación Argentina, computada desde la producción del daño hasta el efectivo pago, por considerarla la más beneficiosa para el consumidor. Sin embargo, según se desprende del contrato de adhesión que acompañó la codemandada administradora del plan de ahorro como prueba documental al contestar la demanda, las partes pactaron que para el caso de que exista mora en la puesta disposición de los fondos que corresponda devolver a los suscriptores, se aplicará la tasa activa no capitalizable del Banco de la Nación Argentina. (conf. art. 25.3 de la Resoluciòn IGJ Nº 8/2015). Así las cosas, sin perjuicio de que el juez no expresó con claridad que se refería a la tasa activa no capitalizable del Banco de la Nación Argentina, a fin de evitar diferentes interpretaciones al momento de ejecutar la sentencia, corresponde disponer expresamente que, en el caso, la tasa de interés a aplicar es aquella pactada por las partes y por ende la tasa de interés “activa no capitalizable del Banco de la Nación Argentina”.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59477. Autos: Rivero Cabrera, Johnatan Alexander Sala: IV Del voto de Dr. Lisandro Fastman 27-05-2025.

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