SERVICIO DE APOYO A LA JURISDICCIÓN

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FALTA DE LEGITIMACION – DERECHO DE DEFENSA – INTERES JURIDICO TUTELABLE – RECURSO DE APELACION – ABOGADO PATROCINANTE – PROCEDIMIENTO PENAL – CALIDAD DE PARTE – CONFLICTO DE INTERESES – APARTAMIENTO DEL DEFENSOR – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor por resultar formalmente inadmisible. La Jueza resolvió, de oficio, excluir al abogado defensor de este proceso, de conformidad con lo normado en los artículos 10, inciso "a" de la Ley Nº 23.187 y 19 del Código de Ética del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que prohíben representar en el mismo caso intereses contrapuestos. El fallo entendió que el letrado defensor no podía llevar adelante eficazmente la defensa conjunta de los acusados, pues el éxito de una versión suponía el fracaso de la otra, lo que compelía a excluirlo del proceso. En su recurso, el abogado a cargo de la defensa de los imputados denunció que la resolución fue arbitraria. Objetó que la resolución se apartó de las reglas de la lógica, porque aun si se admitiera que los imputados tenían intereses opuestos, de modo que una defensa conjunta era improcedente, no había motivos para impedir que al menos uno de ellos fuera asistido por él. Requirió, entonces, continuar la primera defensa asumida. Sin embargo, no se advierte que el recurrente tenga un interés directo en la revocación de la decisión. En efecto, su apartamiento fue dispuesto precisamente con el objeto de garantizar el derecho de defensa de los imputados, en particular, su derecho a designar un abogado de confianza (conf. art. 18 CN). Se trata, por tanto, de una decisión que versa sobre un derecho cuyo titular exclusivo es la persona acusada. Así visto, entonces, se verifica que el letrado recurrió en resguardo de su interés personal de continuar interviniendo como defensor en el caso. Empero, ese interés no es susceptible de tutela mediante la vía recursiva desde que no le está reconocido un derecho a “permanecer” en el proceso una vez que fue designado (conf. arts. 30 y 31, a contrario sensu, CPP).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 64003. Autos: C., Y. N. y Otros Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 21-10-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – GRAVAMEN IRREPARABLE – IMPUGNACION DE LA LIQUIDACION – CODIGO PROCESAL PARA LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL AMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – LIQUIDACION – EJECUCION DE SENTENCIA – DAÑOS Y PERJUICIOS – DERECHO DE DEFENSA – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – FINALIDAD – PROCESO ORDINARIO – PROCEDENCIA – RESOLUCIONES INAPELABLES – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – CONCESION DEL RECURSO – EXCEPCIONES – RELACION DE CONSUMO – ACTOS DILATORIOS

En la presente acción de daños y perjuicios derivados de una relación de consumo, corresponde declarar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución que rechazó la impugnación de la liquidación. La actora al contestar el traslado por la impugnación de la liquidación, sostuvo que la apelación no supera el recaudo de admisibilidad establecido en el artículo 144 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo -CPJRC-. Ahora bien, la solución que podría desprenderse de tal normativa no resultaría estrictamente aplicable al caso. Ello es así por cuanto la excepcionalidad del recurso de apelación para los casos expresamente previstos en la norma mencionada apunta a despejar de contingencias procesales dilatorias e innecesarias el trámite expedito y rápido del proceso ordinario de consumo, objetivo que no se presenta cuando -como en el caso- se halla en discusión un asunto atinente a la posterior etapa de ejecución de la sentencia. Concluir de modo diverso podría importar transgredir el límite que marca el ejercicio del debido derecho de defensa de las partes. Así pues, en función de ello y toda vez que lo decidido puede provocar al recurrente un gravamen de imposible reparación ulterior, corresponde desestimar el planteo vinculado con la inadmisibilidad del recurso por aplicación del artículo 144 del CPJRC.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63962. Autos: Biroccio, Juan Cruz Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz 15-09-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – REINCORPORACION DEL AGENTE – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CAUSA DEL ACTO ADMINISTRATIVO – VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – FACULTADES DISCRECIONALES – PROCEDENCIA – CONTROL JUDICIAL – ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD – LEY DE EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – HIJOS

En el caso, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de revisión de cesantía iniciado por el actor contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución Administrativa que dispuso su cese por inasistencias laborales injustificadas, y ordenar su reincorporación. En efecto, si respecto de 9 de las 22 inasistencias computadas para fundar la cesantía la propia Administración entendió necesario promover actuaciones sumariales a fin de esclarecer las irregularidades advertidas, pero el resultado de tales actuaciones no fue incorporado ni ponderado al dictarse el acto impugnado, subsiste una insuficiente acreditación del presupuesto fáctico y una motivación aparente sobre el cual se edificó la causal prevista en el artículo 63, inciso b), de la Ley N° 471. Esa norma exige que las inasistencias injustificadas excedan los 12 días dentro de los 12 meses inmediatos anteriores. Por lo tanto, excluidas las 9 cuya calificación no fue suficientemente acreditada, subsisten 13, cantidad que no alcanza el presupuesto objetivo previsto por la norma. En esas condiciones, no se trata de afirmar que las ausencias debían reputarse necesariamente como justificadas, sino de advertir que, al momento de dictar el acto de cesantía, la Administración soslayó el deber de explicitar los hechos que le dieron origen a la sanción de forma tal que resultaran objetivamente comprobables, así como de acreditarlos debidamente en las actuaciones administrativas; recaudo que en el caso revestía carácter dirimente para la configuración de la sanción de cesantía. Al respecto, se sostuvo que “…la exactitud material de los hechos que motivan la decisión administrativa constituye una condición general de legalidad de todo acto administrativo por lo que, como se ha dicho, los jueces están facultados para verificar la materialidad de las faltas que motivan las medidas discrecionales” (Corte Suprema de Justicia, Fallos: 331:250; 326:2896). En esa misma línea, “…la mención expresa de las razones y antecedentes -fácticos y jurídicos- determinantes de la emisión del acto se dirige a garantizar una eficaz tutela de los derechos individuales, de modo que los particulares puedan acceder a un efectivo conocimiento de las motivaciones y fundamentos que indujeron a la administración al dictado de un acto que interfiere en su esfera jurídica, ello en función de un adecuado control frente a la arbitrariedad y del pleno ejercicio del derecho de defensa (Fallos: 322:3066)…” (Dictamen de la Procuración General al que la Corte remite en Fallos: 344:3573).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63960. Autos: P. A., E. E. Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 16-09-2026.

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CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – APLICACION RESTRICTIVA – ACTOS PROCESALES – DERECHO DE DEFENSA – ALCANCES – FINALIDAD – NULIDAD PROCESAL – PERJUICIO CONCRETO – ESTADO DE INDEFENSION – REQUISITOS

En materia de nulidades procesales, el Código Contencioso Administrativo y Tributario -CCAyT- determina que la declaración de nulidad se produce cuando el acto cuestionado carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad y que no se puede declarar si aquél, no obstante su irregularidad, ha logrado el fin al que estaba destinado (artículo 154). Asimismo, de conformidad con el principio según el cual, en materia procesal, no procede la nulidad por la nulidad misma, quien alega la invalidez de un acto debe expresar el perjuicio que ha sufrido como consecuencia del acto atacado, y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido exponer (artículo 157). En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes ya que, -al ser inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de una nulidad por la nulidad misma- no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley” (Fallos: 322:507; 319:119 y 320:1611, entre otros). Ahora bien, la necesidad de demostrar un perjuicio radica en que el juez pueda determinar si la irregularidad ha colocado o no a la parte impugnante en estado de indefensión. Por consiguiente, la verificación de una afectación al derecho de defensa resulta suficiente para la admisión de la nulidad. Las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándose la sanción frente a la exteriorización de una efectiva indefensión, por cuanto el proceso no es un rito solemne y frágil que se desmorona ante la primera infracción formal, debiendo limitarse a aquellos supuestos en que el acto impugnado o viciado, ocasione un perjuicio sin que cumpla su finalidad.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63952. Autos: De la Cruz Fernández, Elba Gabriela Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 29-09-2026.

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INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – VALORACION DE LA PRUEBA – FACULTADES DISCIPLINARIAS – APORTES Y CONTRIBUCIONES PREVISIONALES – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – CAUSA DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE CAUSA – VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – SALARIOS CAIDOS – PERSONAS CON DISCAPACIDAD – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – HIJOS

En el presente recurso de revisión de cesantía iniciado por la actora, al declarar la nulidad de la Resolución Administrativa que dispuso su cese por inasistencias laborales injustificadas, y ordenar su reincorporación en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, corresponde rechazar el planteo vinculado a la regularización de su situación previsional. En su recurso la actora solicitó que se ordenase a la demandada realizar los aportes y contribuciones al sistema previsional por los períodos omitidos. Ahora bien, en primer lugar, corresponde traer a colación lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en la causa “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Perona, Adine del Carmen c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’”, Expte. Nº 9122/12, sentencia del 22/10/13. Allí, luego de efectuar una reseña de las normas contenidas en la Ley N° 24.241, en la que se regulan los aportes y contribuciones obligatorios al actual Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) -Ley N° 26.425-, sostuvo que si bien la admisión del reclamo del actor -vinculado, en ese caso, al carácter remunerativo de determinadas sumas y las diferencias salariales originadas en virtud de este- producía efectos jurídicos en el ámbito previsional, lo cierto es que “…no podrían ventilarse aquí aspectos relativos a la exigibilidad, determinación y cancelación de la eventual deuda previsional que podría interesar a la AFIP en su carácter de ente acreedor (…) pues, de lo contrario, no solo se violaría el derecho de defensa en juicio de la AFIP (que no tuvo intervención en autos) sino también se excedería la competencia de los tribunales porteños (al avanzar sobre temáticas previsionales cuyo tratamiento le ha sido asignado al fuero federal de la seguridad social en virtud del art. 2 de la ley nº 24.655)…”. En segundo lugar, no puede perderse de vista que la actora solicita a través de su recurso que se ordene al demandado a realizar aportes y contribuciones – accesorios al salario- respecto de un período por el cual no percibió remuneración alguna, lo que resulta, a todas luces, improponible.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63654. Autos: V., L. F. Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 26-12-2022.

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IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – LICENCIAS ESPECIALES – NOTIFICACION DEFECTUOSA – PROFESIONALES DE LA SALUD – DERECHO DE DEFENSA – AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA – IN DUBIO PRO ACTIONE – LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – EMPLEO PUBLICO – ACTO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE GENERAL – ACTO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE PARTICULAR – NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – HABILITACION DE INSTANCIA – PROCEDENCIA – ACCESO A LA JUSTICIA – SANATORIOS – MEDICOS – REQUISITOS – JURISPRUDENCIA APLICABLE – RECLAMO IMPROPIO – OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, tener por habilitada la instancia judicial. La actora promovió acción contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -ObSBA- con el objeto de que se le otorgue la licencia especial paliativa preventiva del stress profesional del año en curso y de los años sucesivos. Dicha licencia especial fue creada por Resolución Administrativa general para los médicos que se desempeñan en un Sanatorio específico gestionado por la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -ObSBA-. La Magistrada "a quo" declaró no habilitada la instancia judicial ante la carencia de la presentación de impugnación oportuna. Ahora bien, conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, habida cuenta que la actora perseguiría el otorgamiento de la licencia preventiva paliativa del stress profesional, con sustento en que las tareas que desarrolla resultan afines a las que cumplen los agentes de la carrera profesional sanatorial que gozan de aquel beneficio, su reconocimiento no requeriría la declaración de invalidez de acto administrativo algún. Aun de considerarse como se hizo en la instancia de grado que el caso involucra el cuestionamiento de un acto administrativo emanado de la demandada y como tal, que es necesario el agotamiento de la vía administrativa por los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo, no podría reputarse, a partir de las constancias de la causa, que la vía judicial no está habilitada. En primer lugar, es al menos opinable que lo comunicado por la Dirección de Recursos Humanos de la ObSBA pueda calificarse como un acto administrativo, en los términos del artículo 7 del Decreto N° 1510/1997 (LPACABA). Y aunque lo fuera, no pueda reputarse firme, por no haber sido impugnado en tiempo y forma. Por un lado, la notificación cursada en aquella sede no cumplió con los recaudos del artículo 62 de la LPACBA ya que no se le indicó a la agente si el acto agotaba o no la instancia administrativa, así como tampoco los recursos que podían interponerse contra aquél ni los plazos para hacerlo, deficiencias que pudieron razonablemente colocar a la recurrente en una situación de indefensión y que llevan a declarar su nulidad. Por otra parte, no puede pasarse por alto que la actora firmó aquella notificación “en disconformidad”, por lo que tal manifestación puede ser considerada como la expresión de su voluntad impugnativa (artículos 22 inc. c] y 100 LPACABA y CamCAFed, Sala V, “Duran Caceres Manuel Alejandro c/EN (Min Interior) s/ recurso directo”, Expte. 29621/2013, sentencia del 09/03/2017), la cual aún no habría sido resuelta por la ObSBA, conforme surge de las actuaciones acompañadas. En definitiva, en cualquier escenario, corresponde priorizar el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, ponderando además el principio “in dubio pro actione” , que debe tenerse especialmente en cuenta en materia contencioso administrativa (CSJN, in re “Lof, Casiano c/ Provincia de Río Negro” , sentencia del 15/07/2008).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63408. Autos: Ferreyro, Alicia Fernanda Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 08-07-2026.

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IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – NOTIFICACION DEFECTUOSA – DERECHO DE DEFENSA – AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA – ALCANCES – RECURSOS ADMINISTRATIVOS – ERROR DE LA ADMINISTRACION – LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – PLAZO – ACTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – HABILITACION DE INSTANCIA – ACCESO A LA JUSTICIA – FORMALIDADES – EFECTOS – PRECEDENTE APLICABLE

En el artículo 62 del Decreto Nº 1510/1997 -Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires- (texto consolidado 2018) se estableció que las notificaciones deben indicar los recursos que se pudieran interponer contra el acto notificado y el plazo dentro del cual deben articularse, y, en su caso, si agota la instancia administrativa. También se prevé que la omisión o el error en que pudiera incurrir al efectuar tal indicación no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído el derecho. En consecuencia, “…la falta de indicación de los recursos pertinentes, o de la mención de si el acto administrativo agota o no las instancias administrativas traerá aparejada la nulidad de la notificación…” (ver artículo 62 “in fine”). En igual sentido, el artículo 66 es terminante al establecerse que “…toda notificación que se hiciere en contravención de las normas precedentes carecerá de validez…”. Así, el interesado puede llegar a conocer el contenido de la resolución, pero no está obligado a saber qué recursos proceden contra ella, con qué plazo cuenta, o si agota las instancias administrativas; en tanto no se le indiquen tales circunstancias, no puede correr en su perjuicio plazo alguno de impugnación. Una notificación que no ha sido hecha en debida forma no produce efectos. De ello se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación regular es condición para la eficacia del acto conforme se dispone en el artículo 11 del Decreto Nº 1510/1997. La cuestión ha sido tratada por esta Sala en diversos precedentes: “Luna Laura del Rosario c/ GCBA s/ Revisión de Cesantías o Exoneraciones de Emp. Publ.”, Expte. Nº 1580/0, del 20/07/06 y “L. F. D. c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso Directo de Revisión por Cesantía y Exoneraciones de Empleados Públicos (arts. 464 y 465 CCAyT), EXP 1608/2015, del 17/09/15.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63375. Autos: Moreno, José Raúl Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 29-03-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


FORMA SACRAMENTAL – DERECHO DE DEFENSA – ALCANCES – LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – ACTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ACCESO A LA JUSTICIA – FORMALIDADES – FORMALISMO – EFECTOS – FINALIDAD DE LA LEY

Con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante los organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos o intereses. Por lo demás, el hecho de que el administrado pudiera conocer el contenido del acto o que la instancia administrativa se halle agotada, no libera a la Administración de sus obligaciones en relación con el contenido de las notificaciones. Se advierte en ello el interés de ofrecer garantías para que el afectado esté debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63375. Autos: Moreno, José Raúl Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 29-03-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – NOTIFICACION DEFECTUOSA – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA – ALCANCES – RECURSOS ADMINISTRATIVOS – PLAZO – NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – HABILITACION DE INSTANCIA – PROCEDENCIA – ACCESO A LA JUSTICIA – EFECTOS

En el presente recurso de revisión de cesantía o exoneración de empleados públicos, corresponde tener habilitada la instancia judicial. En efecto, puede observarse que en este caso puntual la propia Administración habría inducido a error a la recurrente, al haberle indicado que no se encontraba agotada la vía administrativa y que la cesantía era pasible de ser cuestionada a través del recurso de reconsideración, jerárquico “o” el recurso directo del artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Así, de las constancias obrantes en autos, no surge que en las sucesivas notificaciones practicadas en sede administrativa se haya dado estricto cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97, texto consolidado 2018). En tal sentido, es preciso destacar que en todas las oportunidades la Administración señaló erróneamente los recursos que el interesado podía interponer contra cada acto notificado. Por consiguiente, el error de la Administración no puede perjudicar al administrado, ergo, ésta no debe cercenar el acceso a la justicia a los fines de discutir la medida extintiva. En definitiva, y en concordancia con el artículo 62 “in fine” de la Ley de Procedimientos Administrativos, las notificaciones resultan nulas -inclusive la última de ellas-, razón por lo cual cabe concluir en que la acción debe considerarse tempestiva y, en consecuencia, la instancia se encuentra habilitada. Una notificación que no ha sido hecha en debida forma no produce efectos. De ello se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación regular es condición para la eficacia del acto conforme se dispone en el artículo 11 del Decreto Nº 1510/1997. Por lo demás, el hecho de que el administrado pudiera conocer el contenido del acto o que la instancia administrativa se halle agotada, no libera a la Administración de sus obligaciones en relación con el contenido de las notificaciones.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63375. Autos: Moreno, José Raúl Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 29-03-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – NOTIFICACION DEFECTUOSA – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS – PLAZO – NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – HABILITACION DE INSTANCIA – PROCEDENCIA – EFECTOS – PRECEDENTE APLICABLE

En el presente recurso de revisión de cesantía o exoneración de empleados públicos, corresponde tener habilitada la instancia judicial. En efecto, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y, siguiendo el criterio aplicado “in re” “Moreno, José Raúl c/ GCBA s/ Recurso Directo de Revisión por Cesantías y Exoneraciones de Empleados Públicos (art. 464 y 465 CAyT)” (Expte. Nº 218183/2021-0, del 29/03/2022), cabe señalar que una notificación que no ha sido hecha en debida forma no produce efectos. De ello se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación regular es condición para la eficacia del acto conforme se dispone en el artículo 11 del Decreto Nº 1510/1997. Luego, el hecho de que el actor pudiera conocer el contenido del acto o que la instancia administrativa se hallaba agotada, no libera a la Administración de sus obligaciones en relación con el contenido de las notificaciones. Se advierte en ello el interés de ofrecer garantías para que el afectado esté debidamente informado de las posibilidades de defensa en sus derechos e intereses. En suma, corresponde interpretar que la instancia se encuentra habilitada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63361. Autos: PSR Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 07-07-2026.

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JUNTA MEDICA – INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – MEDIDAS CAUTELARES – FALTA DE FUNDAMENTACION – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – HISTORIA CLINICA – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por la actora, con la finalidad de que se ordene la suspensión del Acto Administrativo por el cual se dispuso su cesantía. Ello así por cuanto, en este estado preliminar del proceso, no es posible suponer un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria, en virtud de la presunta configuración de la causal invocada para su dictado (artículo 63 inciso b) de la Ley N° 471); y el cumplimiento de los procedimientos reglados, en orden a garantizar el derecho de defensa de la actora. En efecto, a esta altura del proceso, de acuerdo con el relato que surgiría de la resolución atacada así como de las actuaciones administrativas obrantes en autos, la actora habría tenido la oportunidad de ser oída y ofrecer su descargo. De un análisis provisional de las argumentaciones de la actora, a fin de justificar sus inasistencias en el descargo presentado, vale subrayar que, en sede administrativa, se habrían valorado los certificados médicos obrantes en la causa y la Dirección competente habría considerado que los elementos médicos no avalaban las inasistencias en que había incurrido. Así, los certificados médicos por los cuales se pretendería justificar las inasistencias comprendidas entre el 27/05/24 y el 04/11/24 -referidos a los diagnósticos de fibromialgia, artrosis y trastornos de ansiedad y depresión-, no habrían tenido hasta el momento respaldo en documentación médica adicional u otros elementos concurrentes que permitiesen desvirtuar las conclusiones de la Dirección General Administración Medicina del Trabajo, puesto que -valoradas sus afecciones por la Junta Médica en cada oportunidad- ello habría motivado el otorgamiento de tareas pasivas, acotando su prestación a aquellos trabajos que no implicasen la realización de un esfuerzo físico en el cumplimiento de sus funciones.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63361. Autos: PSR Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 07-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – OBJETO DE LA DEMANDA – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – SENTENCIA EXTRA PETITA – HECHOS NUEVOS – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DERECHO DE DEFENSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – ACUERDOS – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – PRETENSION PROCESAL – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – PRETENSION – DESTINO DEL INMUEBLE

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, el agravio del actor relativo a la alegada violación del principio de congruencia y del derecho de defensa -en cuanto atribuye a la sentencia haber declarado la pérdida de los derechos del actor sin que la demandada hubiera promovido acción alguna a ese efecto ni mediado acto administrativo que así lo dispusiera- debe ser rechazado. En efecto, la ponderación del incumplimiento atribuido al actor -incorporado al proceso como hecho nuevo y resuelto sin cuestionamiento por la parte actora- no operó como declaración de caducidad de sus derechos ni como resolución de una acción contractual que la demandada no promovió, sino como circunstancia relevante para apreciar la buena fe exigible a quien estaría reclamando el cumplimiento de una cláusula y la subsistencia de lo ordenado cautelarmente. En tales condiciones, no se advierte configurado el estado de indefensión invocado. Tampoco puede afirmarse la existencia de una sanción desproporcionada ni de una confiscación, en tanto el derecho que el Acta reconoce a favor del actor -la provisión de una nueva solución de guardado para su actividad productiva- fue satisfecho mediante el espacio asignado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – OBJETO DE LA DEMANDA – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – SENTENCIA EXTRA PETITA – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DERECHO DE DEFENSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – ACUERDOS – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – PRETENSION PROCESAL – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – PRETENSION – DESTINO DEL INMUEBLE

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, el agravio del actor relativo a la alegada violación del principio de congruencia y del derecho de defensa -en cuanto atribuye a la sentencia haber declarado la pérdida de los derechos del actor sin que la demandada hubiera promovido acción alguna a ese efecto ni mediado acto administrativo que así lo dispusiera- debe ser rechazado. En efecto, el objeto de la presente acción quedó circunscripto al cumplimiento de la cláusula segunda del Acta de Otorgamiento Temporal, que preveía el otorgamiento de una nueva solución de guardado, en las condiciones allí pactadas, para su uso exclusivo como espacio asociado a la actividad productiva del actor. Dicho instrumento supeditaba expresamente la restitución de la Orden 89 al avance del esponjamiento de la manzana, ocasión en la que correspondería proveer aquella nueva solución. De modo que, al examinar si tal obligación había sido satisfecha mediante el espacio de reemplazo asignado, la sentencia se ajustó a los términos en que quedó trabada la “litis”. En ese marco, la reconstrucción de la Orden 89 en su emplazamiento original no integró la pretensión deducida -dirigida a obtener una nueva solución de guardado-, sino que fue dispuesta con carácter provisional en la medida cautelar. De allí que el hecho de que esa orden fuera dejada sin efecto no importó resolver una cuestión ajena a la causa, sino ejercer la revisión inherente a toda medida precautoria ante la variación de las circunstancias (artículo 184 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


REURBANIZACION DE BARRIOS POPULARES – LOCAL COMERCIAL – DEPOSITO – TAREAS DE URBANIZACION – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS – DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA – DERECHO DE DEFENSA – GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – BARRIOS VULNERABLES – CADUCIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES – ACCION DE AMPARO – BUENA FE – ACUERDOS – INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO – RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – CESE DE MEDIDAS CAUTELARES – PERMISO DE USO – DESTINO DEL INMUEBLE

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada por el actor y, en consecuencia: a) ordenó a los demandados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- y Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC-) mantener en préstamo de uso a su favor el espacio de guardado actualmente asignado (container) en reemplazo de la Orden N° 89 de la manzana 4 del barrio popular de la Ciudad, b) dejó sin efecto la reconstrucción ordenada en la sentencia que concedió medidas cautelares, c) exhortó al actor a dar estricto cumplimiento al destino comercial del espacio asignado, bajo apercibimiento de revocarse el préstamo en caso de constatarse nuevamente usos habitacionales o distintos a los autorizados. Cabe recordar que la vivienda y el local comercial del actor, situados en un barrio popular de la Ciudad, quedaron afectados al plan de reurbanización de dicho barrio, y, con el fin de avanzar en la reubicación del grupo familiar, se le asignó una vivienda y un local comercial en los términos de la Ley N° 5.798. En tanto el local asignado no contaba con las dimensiones necesarias para el desarrollo de su actividad, se suscribió un Acta de Otorgamiento Temporal de la Orden 89 de la Manzana 4 con el IVC. Como dicho espacio fue utilizado por el actor con otros fines, se procedió a su desalojo. Conforme cautelar dictada en autos, se ordenó a las demandadas que pongan a disposición del actor un espacio de guardado (container) y se ordenó la reconstrucción de la Orden 89. Sin embargo, como la Orden 89 otorgada en el Acta, se encontraba afectada por esponjamiento, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5798 debía ser demolida. Ahora bien, el agravio fundado en la doctrina de los actos propios y en la alegada violación de la buena fe procesal, en cuanto el actor atribuye a la demandada haber generado, en el marco de la Mesa de Trabajo, una confianza legítima en la reconstrucción del depósito, para luego contradecirla al invocar la Ley 5.798, debe ser rechazado. En efecto, más allá de la pertinencia como del alcance atribuible a la aplicación de esa doctrina a las circunstancias bajo estudio y, cualquiera sea la interpretación que quiera asignarse a las manifestaciones vertidas por los representantes del IVC en dicho acto en torno a una eventual intervención sobre la Orden 89, lo cierto es que ellas integraron una propuesta -relocalización transitoria en un contenedor mientras se completaban los trabajos- que la parte actora rechazó de manera expresa en el marco de esa audiencia. Un ofrecimiento desechado por su destinatario no puede erigirse, luego, en fuente de la confianza legítima que la doctrina invocada presupone. Cabe agregar que la orden de reconstrucción que el actor alega, no emanó de un acto de la demandada sino de la propia medida cautelar dictada en autos, esencialmente provisional y modificable, sin que su posterior modificación exteriorice conducta contradictoria alguna imputable a aquélla.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63340. Autos: Vilela Herrera, Bernardo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 16-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


LESIONES LEVES – NULIDAD – DERECHO DE DEFENSA – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – ERROR MATERIAL – REQUERIMIENTO DE JUICIO – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto declaró la nulidad del requerimiento de juicio. Se investiga al imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La Jueza hizo lugar a un planteo de nulidad del requerimiento de juicio realizado por la Defensa. Sostuvo que el hecho por el que se había intimado al imputado no estaba igualmente descripto en el requerimiento de juicio, con las correspondientes implicancias en términos de congruencia. Señaló que el documento menciona un informe médico que acredita una fractura y que en ciertos pasajes se nombra al imputado con otro apellido. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que los pasajes referidos por la Jueza se debieron a un error material que no afectada el derecho de defensa en juicio del imputado. Corresponde indicar que, si bien parece claro que los defectos mencionados no resultan deseables en ningún tipo de dictamen, escrito o resolución jurídica, y es en efecto tarea de los responsables arbitrar los medios necesarios para evitar que ocurran, no menos cierto es que, en la medida en que no supongan una alteración sustancial del acto ni de la atribución y su contexto, no pueden justificar la declaración de invalidez, que resulta de carácter restrictivo. En este sentido, la aislada mención a una figura delictiva que no se corresponde con la plataforma fáctica ni con las constancias incorporadas; y la mención de un apellido que a todas luces tampoco se vincula con las personas involucradas en el expediente, determinan que lo acontecido no trascendió de un mero error material que, se reitera, no puede dar lugar a una nulidad como la resuelta.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63235. Autos: D. L. V., J. D. Sala: De Feria Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 31-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


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