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FUNCION PUBLICA – INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – HOSPITALES PUBLICOS – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PANDEMIA – COVID-19 – FALTAS DISCIPLINARIAS – RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. Ante todo, cabe señalar que no está controvertida la materialidad de la conducta imputada, pues la propia agente reconoció haber presentado un certificado médico apócrifo, circunscribiendo su defensa sólo a cuestionar la proporcionalidad de la sanción disciplinaria aplicada. Para ello, la accionante sostuvo que la medida impuesta era desproporcionada en relación con sus antecedentes personales y el contexto laboral atravesado en ese período (pandemia por COVID-19). Ahora bien, conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, se observa que la actora pretende que se acojan sus peticiones en virtud de su buen desempeño laboral previo a la sanción expulsiva. Sin embargo, nada concreto indica respecto del reproche que se le ha efectuado en cuanto a la presentación de un certificado médico falso a los fines de emplearlo para justificar su ausencia a su puesto de trabajo. Nótese que en ningún momento aduce que desconocía esta circunstancia sino que pretende excusarse por un estado de saturación laboral que la motivó a tomarse el día de trabajo. Todo ello da cuenta que no ha podido demostrar que el Gobierno demandado procedió de manera arbitraria en su caso o que no ponderara circunstancias relevantes a la hora de sancionarla. Resulta un dato insoslayable para el análisis del caso, que la actora al prestar declaración indagatoria no negó la existencia de los hechos imputados, circunstancia que también fue tenida en vista en la resolución cuestionada a los fines de disponer su cesantía. Por otra parte, luego de que la actora fue notificada del auto de imputación de cargos en el procedimiento sumarial, dejó vencer el plazo de 3 días otorgado para presentar alegato y no presentó prueba alguna. En este contexto, viene al caso referir lo expuesto por el Gobierno demandado en su contestación de demanda en cuanto a que esta conducta importa vulnerar las prescripciones de la Ley N° 6.357 de Integridad Pública.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 02-10-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


FUNCION PUBLICA – INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – HOSPITALES PUBLICOS – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – PANDEMIA – COVID-19 – FALTAS DISCIPLINARIAS – RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. La accionante señaló que la decisión de declarla cesante sin que previamente se le hubiera impuesto ninguna otra sanción, y teniendo un legajo personal intachable, con una formación académica actualizada, revela que el acto resulta desproporcionado y violatorio del principio de razonabilidad y graduación de la pena. Manifestó que las condiciones de trabajo (en época de pandemia) y la falta de descanso demuestran que la sanción por una sola inasistencia deviene excesiva. Ahora bien, conforme lo dictaminado por la Señora Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, es necesario recordar que la norma que regula las relaciones de empleo público determina ciertas obligaciones y prohibiciones que deben ser respetadas por quienes se encuentran sujetos a ella. De este modo, frente al supuesto en que dichas disposiciones resultasen incumplidas, el Gobierno local debe aplicar las sanciones allí previstas, poniendo en práctica su potestad disciplinaria, la cual tiene por objeto -entre otros- mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos (Fallos 310:738). En el caso “sub examine”, tras ponderar la gravedad de los sucesos acaecidos (presentación de un certificado médico falso a los fines de justificar una ausencia para tomar un día de descanso), las pruebas producidas durante la tramitación del procedimiento sumarial y las defensas efectuadas por la entonces agente, la Administración tuvo por acreditados los cargos imputados y, conforme a la normativa aplicable, consideró que la cesantía resultaba la sanción que más se ajustaba al comportamiento disvalioso desplegado por la accionante. Al efecto, en la resolución se indicó que la conducta de la agente resultaba “(…) autosuficiente para generar una sanción disciplinaria de carácter segregativa, por encontrarse ostensiblemente conculcado el principio general de la buena fe al que están sometidas las partes en el seno de una relación de empleo público”, así como también se entendió que “admitir que el hecho podría sancionarse con una medida disciplinaria menor, significaría aceptar que dicha conducta tuviera algún tipo de justificación, que a todas luces, no la tiene”. Desde este lugar, la sanción impuesta no luce desproporcionada considerando el modo en que acontecieron los hechos, puesto que, si bien es comprensible lo relatado por la actora en cuanto a la situación de cansancio laboral que padecía, no escapaba al contexto propio de la pandemia del Covid compartida por todos los profesionales de la salud, y en última instancia, por la sociedad en su conjunto.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 02-10-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – HOSPITALES PUBLICOS – INTERPRETACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – LEY DE EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. La accionante planteó que al dictar el acto sancionador el Gobierno demandado se había excedido en la escala de punición fijada en el artículo 63 de la Ley N° 471, pues el quebrantamiento de las disposiciones previstas en el artículo 10 (norma que se le imputó como infringida) únicamente podían ser sancionadas con apercibimiento o suspensión, y la sanción de cesantía requería un incumplimiento grave. Ahora bien, la actora soslaya que el artículo 62 de la Ley N° 471 permite aplicar la sanción de cesantía tanto en los supuestos de “quebrantamiento grave de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y 12” como de “incumplimiento grave de las obligaciones” que son las enunciadas en el artículo 10 de la misma norma, y que justamente se tuvieron por verificadas en su caso. En efecto, aunque el artículo 62 no haya hecho alusión expresa al artículo 10 -que es el que contempla las obligaciones de los agentes-, lo cierto es que el incumplimiento grave de estas últimas sí se halla expresamente incluido en la primera parte de su inciso e), que hace referencia al “incumplimiento grave de las obligaciones”. De este modo, de los términos de las normas analizadas se desprende que cuando en el marco de las potestades disciplinarias de la Administración derivadas de la relación de empleo público, se verifica un incumplimiento grave de las obligaciones descriptas en el artículo 10 de la Ley N° 471, un resultado posible es la aplicación de una sanción de tipo segregativa como la aquí cuestionada. Ello en nada colisiona con la remisión directa a los artículos 11 y 12 que hace el artículo 63, puesto que en los referidos artículos 11 y 12 no se prevén obligaciones, sino prohibiciones e incompatibilidades, de modo que no tendría sentido sostener que la primera parte del inciso e) del artículo 62 (“incumplimiento grave de las obligaciones”) únicamente puede remitir a los artículos 11 y 12, o peor aún, que no pueden ser objeto de la medida de cesantía.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 02-10-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RESPONSABILIDAD DEL DEPENDIENTE – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – RESPONSABILIDAD PENAL – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CAUSA PENAL – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SOBRESEIMIENTO – HOSPITALES PUBLICOS – INTERPRETACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – DELITO PENAL – PROCESO PENAL – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – LEY DE EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. La accionante planteó que en la causa penal que se le había iniciado por el hecho cometido se la había sobreseído, por lo que la conducta reprochada no ha revestido la entidad que pretende darle la Administración. Ahora bien, toca mencionar que, según lo previsto en el esquema normativo, “…la sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal” (conforme artículo 67 de la Ley N° 471). En esa línea, cabe recordar que “la potestad penal y la potestad disciplinaria pueden confluir sobre un mismo hecho, pues lo consideran desde perspectivas jurídicas diferentes” (Tribunal Superior de Justicia, en “Arn, Telmo Iván c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido”, Expte. Nº 2303/2003, del 18/12/2003). Desde esa perspectiva, lo decidido en sede penal -extinción de la acción por cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al momento de suspender el proceso a prueba y el posterior sobreseimiento- no implicó decisión alguna en torno al hecho luego valorado en el sumario administrativo para dar por acreditada la comisión de la falta imputada. Más aun, la inexistencia de delito no conlleva necesariamente a la ausencia de reproche en el ámbito disciplinario, toda vez que un hecho puede no constituir un delito y, no obstante, configurar una falta en el ámbito de la potestad disciplinaria de la Administración. En efecto, la imputación que dio sustento a la sanción cuestionada versó sobre la inobservancia, por parte de la agente, de la obligación de prestar el servicio en las condiciones debidas y de observar una conducta correcta, digna y decorosa, al haber presentado un certificado médico apócrifo para justificar una inasistencia a su lugar de trabajo. En definitiva, el planteo de la apelante relativo a que lo decidido en el fuero penal debería servir de fundamento para ponderar la gravedad del hecho en el ámbito disciplinario no encuentra sustento en la normativa involucrada, sin que aquella hubiera brindado otros argumentos para darle a la circunstancia apuntada el efecto pretendido.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 02-10-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


MORAL Y BUENAS COSTUMBRES – ETICA PROFESIONAL – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – VALORACION DE LA PRUEBA – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – DOCENTES – DECORO – OBLIGACIONES DEL AGENTE – PRUEBA TESTIMONIAL – ESTATUTO DEL DOCENTE – EDUCACION PUBLICA – TRATO DIGNO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar el Decreto por el cual se lo declaró cesante como docente por infracción a lo previsto en el artículo 6, incisos c) y d) de la Ordenanza N° 40.593. En efecto, la prueba rendida en sede administrativa da cuenta de que personal del establecimiento educativo (psicopedagoga y asesora pedagógica) entrevistaron a dos alumnas que resultaron destinatarias del trato inapropiado del docente, lo que resultó conteste con la información recopilada por la preceptora (a estudiantes de distintos cursos) y los testimonios prestados por diversos estudiantes durante el procedimiento sumarial; uno de ellos, dado por una de las estudiantes que padeció en primera persona las inconductas endilgadas al agente. Ante ello, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, las probanzas colectadas durante el procedimiento administrativo muestran indicios serios y concordantes que, valorados en conjunto, impiden restar validez al acto impugnado. En ese escenario, el testimonio de una alumna que solo dice que el accionante no realizaba comentarios de índole sexual durante el dictado de la clase (pero nada dice respecto a las restantes cuestiones en juego), las evaluaciones de desempeñó del docente durante la relación entablada con la Administración o bien la opinión que tenían de aquel sus pares del establecimiento en nada logra modificar la conclusión antedicha. En suma, la Administración tuvo por acreditado con los elementos reunidos en el sumario administrativo que la conducta inadecuada del actor “…exced[ío] a todas luces su rol de profesor…” y evidenció “… una grave intromisión a la intimidad, sexualidad, ingenuidad y confianza de los menores a su cargo”, lo que provocó una pérdida de confianza en el agente que, de conformidad con la normativa aplicable y la gravedad de las faltas involucradas, conllevó a declarar su cesantía.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59481. Autos: C. S. G. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 13-05-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


MORAL Y BUENAS COSTUMBRES – ETICA PROFESIONAL – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – VALORACION DE LA PRUEBA – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – DOCENTES – DECORO – OBLIGACIONES DEL AGENTE – PRUEBA TESTIMONIAL – ESTATUTO DEL DOCENTE – EDUCACION PUBLICA – TRATO DIGNO

En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar el Decreto por el cual se lo declaró cesante como docente por infracción a lo previsto en el artículo 6, incisos c) y d) de la Ordenanza N° 40.593. En efecto, de las constancias probatorias colectadas durante la investigación sumarial surge que el 29/09/2016, la asesora pedagógica y la psicopedagoga del establecimiento escolar elevaron una nota al rector de la institución a fin de poner en su conocimiento que dos alumnas denunciaron que el actor les habría realizado "…insinuaciones impropias, dentro del ámbito educativo…”. Frente a ello, el rector solicitó diversos informes sobre las circunstancias anoticiadas al agente involucrado, a la preceptora del curso y a distintos docentes del mismo curso. Allí, el accionante negó los hechos endilgados, mientras que la preceptora señaló que, según lo relatado por alumnos de distintos cursos, el docente mantendría conductas inapropiadas durante el dictado de las clases a su cargo. Los restantes docentes denunciaron que, según los dichos de los estudiantes, el actor dispensaría un trato impropio con el alumnado, aunque indicaron no haber presenciado ninguna conducta reprochable. Luego, se decidió reubicar al agente e instruir el sumario administrativo a fin de investigar los hechos comprometidos. En ese marco, prestaron testimonio varios miembros de establecimiento escolar (la asesora pedagógica, la psicopedagoga y la preceptora) y algunos estudiantes de la institución. Los primeros reeditaron los hechos que, en su momento, le fueron informados por parte del alumnado que dieron inicio al procedimiento disciplinario. Entre los segundos, obran la siguientes declaraciones: i) una alumna que señaló no haber escuchado que el docente haga comentarios de índole sexual durante la clase, pero que estaba al tanto de los sucesos comprometidos por los dichos de otros compañeros; ii) una estudiante que indicó que el sumariado “…no era muy profesional…” dado que, sin hablar de cuestiones sexuales, ventilaba -durante la clase- cuestiones de su vida privada (fotos de su pareja, lugares donde salían, etc.) y, sumado a ello, le había propuesto a una alumna que había faltado a un parcial la posibilidad de rendirlo “…a la noche y que después se iban juntos a un hotel…”; y, iii) otra alumna que informó que el agente le enviaba mensajes a través del celular que, en un primer momento, eran sobre temas vinculados a la materia pero que, finalmente, versaron sobre cuestiones impropias a la relación docente-estudiante (invitación a concurrir a un hotel). Ante ello, el planteo del accionante referido a que resultó falsamente acusado y que no existieron denunciadas por partes de las presuntas víctimas no encuentra un debido correlato en las probanzas rendidas en autos, por lo que resulta insuficiente a fin de mostrar la irrazonabilidad o ilegitimidad de la medida disciplinaria impugnada. En consecuencia, sin que la parte haya logrado desvirtuar el antecedente de hecho en el que se apoyó la medida disciplinaria atacada, corresponde desestimar el presente agravio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59481. Autos: C. S. G. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 13-05-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – DEBIDO PROCESO – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. Del expediente administrativo surge que para llevar adelante la investigación se ha recabado información preliminar suficiente para tener por acreditados los hechos que constituyen el antecedente de la apertura de sumario consecuente. Posteriormente, abierta la etapa instructoria del sumario, la actora fue citada a prestar declaración indagatoria, oportunidad en la que tomó conocimiento de los hechos que se le endilgaban y las circunstancias de la investigación. En dicha oportunidad, la agente hizo uso de su derecho de negarse a declarar. A continuación, se efectuó la imputación de cargos, de lo cual la actora se notificó personalmente y posteriormente presentó su descargo en tiempo y forma. En dicha oportunidad sostuvo que las irregularidades se produjeron debido a la falta de mantenimiento de las máquinas. Además, ofreció prueba documental, testimonial, informativa, y pericial. Finalmente, presentó su alegato. Así, no se observa que en el procedimiento administrativo que culminó con la cesantía de la actora se hubiera transgredido el derecho de defensa ni el debido proceso de la sumariada. Motivo por el cual sus agravios serán rechazados.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

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IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. Ahora bien, es de notar que la actora en ninguna oportunidad procesal ha controvertido el hecho de que en distintas ocasiones reinició el sistema de cobro de la caja a su cargo, limitándose a aclarar que debía realizarlo por las fallas constantes en el sistema y la falta de mantenimiento técnico. Agregó, en su defensa, que los errores del sistema eran registrados por los cajeros en el parte diario y que ningún testigo sostuvo que haya visto que ella lo hiciese, ni existe filmación o fotografía que permita sostener lo aseverado. Sin embargo, contrariamente a lo argüido por la agente, la resolución no luce arbitraria ni caprichosa, sino que más bien habría obedecido a que, a criterio del instructor, “…las maniobras defraudatorias achacadas (…) no fueron producto de los desperfectos informáticos referidos, sino a una acción intencional…”.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – VALORACION DE LA PRUEBA – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. Ahora bien, no es cierta la premisa de que no se hubiera valorado el antecedente de hecho por ella relatado referente a los defectos del sistema y de los equipos. En efecto, la Administración reconoció tener pleno conocimiento de que en todas las dependencias del Gobierno han existido y existirán fallas en el sistema informático, sin perjuicio de lo cual, concluyó que de las constancias del sumario había quedado probado que la falla era provocada intencionalmente por la propia cajera. Para arribar a dicha conclusión, se especificó que “…el sistema por sí solo no podía apagar ni encender la computadora introduciendo además un nuevo formulario, o abriendo la tapa de la impresora y colocando un nuevo formulario para continuar con la impresión anterior”. Además, se evaluó el hecho de que “…si las fallas del sistema informático era lo que provocaba los timbrados mellizos o los medios timbrados, tendría que haber existido al cierre de cada ejercicio de las cajas recaudadoras un sobrante de dinero equivalente a cada timbrado cobrado con el mismo número de ticket que el formulario anterior […] [pero] dicho sobrante no fue informado ninguno de los días que se detectaron los cobros irregulares, no pudiendo explicar la encartada dónde se encontraban los montos percibidos cuyo ticket coincidía con el impreso en el trámite del contribuyente anterior…”.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – VALORACION DE LA PRUEBA – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. Ahora bien, no es cierto que no se hubieran valorado las pruebas aportadas por la recurrente, en tanto en la Resolución se efectuó el análisis correspondiente de cada medio probatorio, siendo que ninguno de ellos logró desvirtuar las imputaciones en su contra. En esta línea de análisis, cobra especial relevancia el hecho de que la actora “…ni siquiera desconoció los datos que contienen los sellados electrónicos estampados en los formularios que se individualizaron en cada cargo y que en copia se agregaron [en el expediente], así como tampoco negó la información que contienen los timbrados en cuanto a que todos los procedimientos bajo estudio ocurrieron en el POS (…) a su cargo”.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – VALORACION DE LA PRUEBA – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. Ahora bien, no es cierto que no se hubieran valorado las pruebas aportadas por la recurrente, en tanto en la Resolución se efectuó el análisis correspondiente de cada medio probatorio, siendo que ninguno de ellos logró desvirtuar las imputaciones en su contra. Nótese que la hipótesis alternativa de la actora sobre el origen de los hechos consiste en una suerte de confabulación entre autoridades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y el Gobierno local. Sin embargo, no aportó elementos que permitiesen considerar la verosimilitud del complot sugerido o deslindar su falta de responsabilidad. En este sentido, para restar valor probatorio a la documentación y testimonios aportados por la Administración no es suficiente renegar de su contenido, aludir a una conspiración o mencionar prueba que no fue aportada. Sin elementos que permitan dudar de la autenticidad de las constancias incorporadas a la investigación y las conclusiones arribadas en los informes, no hay explicación alternativa al motivo y origen de las irregularidades.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – DEBIDO PROCESO – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. La actora señaló que en la Resolución impugnada se le imputó un cargo que no había sido comunicado oportunamente, en referencia a la frase “…lo que se le cuestiona a la cajera es no haber declarado el sobrante de dinero cobrado a los contribuyentes que debió existir en cada uno de los días en que se comprobaron medios timbrados o timbrados mellizos”. Sobre esto, manifiesta que “…ese hecho de mero carácter administrativo no ha constituido ninguno de los veinte cargos formulados en el sumario al que fuese sometida […] [siendo que lo] que puntillosamente se enumeró en autos ha sido, en cada uno de los cargos, que habría timbrado parcialmente un trámite, o que procedía a reiniciar el sistema”. Pues bien, la frase en cuestión no constituye un cargo de por sí, por el cual la habrían sancionado, sino que más bien resulta un antecedente fáctico que coadyuvó, entre otras circunstancias de hecho y elementos de prueba, a tener por acreditados los cargos concretamente consignados en el artículo 2 de la Resolución impugnada, y que sí habrán sido oportunamente notificados a la actora.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – DEBIDO PROCESO – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. Al objetar la actora contradicciones en los montos cuyo desvío se denuncia, manifestó que “… mientras se [le] hace saber que se [le] imputa el faltante de una suma, al resolver y sin ninguna prueba o informe que lo avale, se sostiene que habría retenido indebidamente una cantidad mayor, lo cual [la] agravia sobremanera ya que la gravedad del perjuicio ocasionado (o meramente imputado) es un elemento fundamental a la hora de graduar la pena…”. Ahora bien, para determinar si el monto fue indebidamente consignado, resulta preciso analizar las constancias del expediente administrativo, del cual se desprende que el monto por el que se acusa a la agente surge de un informe, y representa un total de $3.240. Respecto a la mención del monto de $58.077, basta con precisar que tal valor es el correspondiente al total de los trámites detectados con timbrados por la mitad o mellizos en todas las dependencias implicadas. En conclusión, tanto en los informes preliminares como en la resolución sancionatoria los montos en cuestión fueron citados correctamente y la sumariada comprendió claramente la conducta que se le reprochó y por ende pudo ejercer su derecho de defensa en orden a los cargos que le fueron formulados.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – POTESTAD DISCIPLINARIA – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – ERARIO PUBLICO – GRADUACION DE LA SANCION – PERDIDA DE CONFIANZA

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. La actora se queja de la graduación de la sanción, afirmando que existe “… falsedad en relación con atribuirse[le] concepto ‘malo’, siendo que de [su] legajo resulta la falta de sanciones […] [y que] si se hubiera tenido en cuenta el buen concepto que merece quien jamás tuvo sanciones disciplinarias, no se hubiera aplicado la sanción de cesantía, sino una menor”. Con respecto a este punto, no puede deducirse que la autoridad administrativa hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada, atento la importancia de las normas infringidas. Ello así, por cuanto la Administración concluyó que la conducta de la agente revestía una entidad de tal gravedad que sustentaba la medida disciplinaria aplicada, a raíz de que se encontraba comprometido el erario de la Ciudad y el patrimonio de todos los contribuyentes y habitantes. En línea con ello, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que “[e]n tanto la conducta del empleado sea -como en el caso- susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores en lo ateniente a su corrección en la prestación del servicio, la separación del cargo no puede calificarse como arbitraria” (Fallos: 297:233).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RESPONSABILIDAD DEL DEPENDIENTE – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – ABSOLUCION – RESPONSABILIDAD PENAL – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SOBRESEIMIENTO – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – DELITO PENAL – PROCESO PENAL – GRADUACION DE LA SANCION – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. La actora se quejó respecto a que “[n]o se ha aguardado la definición de la Justicia, imputándose[le] delitos por los que no fu[e] condenada mediante la correspondiente sentencia”. Al respecto, huelga recordar que a partir de la investigación llevada adelante en el presente caso, se iniciaron actuaciones judiciales sobre malversación de caudales públicos, toda vez que los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus respectivos cargos tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas (Fallos: 319:1034). En el orden local, este principio de derecho ha sido receptado en los artículos 52 y 59 de la Ley N° 471 -según t.c. Ley N° 6.347-. Es decir que “[l]a potestad penal y la potestad disciplinaria pueden confluir sobre un mismo hecho, pues lo consideran desde perspectivas jurídicas diferentes. Cada ordenamiento […] intenta garantizar y proteger intereses y bienes jurídicos distintos” (Tribunal Superior de Justicia, “Arn, Telmo Iván c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido”, Expte. n° 2303/03, sentencia del 18/12/2003). De este modo, el agravio de la agente no puede tener favorable acogida, puesto que la absolución o el sobreseimiento en el primero, no impide la posibilidad que su autor sea sancionado en el segundo, a raíz de las diferentes responsabilidades que acarrea uno y otro, de acuerdo a lo expresamente indicado en los regímenes positivos vigentes. En este entendimiento, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “[l]a circunstancia de haberse sobreseído en sede penal a los actores no constituye obstáculo para la determinación de su responsabilidad disciplinaria, ya que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cado uno de ellos, así como también son diferentes los principios que se aplican en uno y otro sector y fundamentalmente diversos los valores en juego” (Fallos: 305:102).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


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