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MORA DE LA ADMINISTRACION – AMPARO POR MORA – DERECHO DE DEFENSA – INTERESES RESARCITORIOS – CONTROL JUDICIAL

En el caso, corresponde confirmar la decisión de la instancia de grado que hizo lugar a la acción de amparo por mora y, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que, dentro del plazo de veinte días contados a partir de la notificación de la sentencia, resuelva sobre el reclamo de intereses resarcitorios formulado por la sociedad anónima actora. El GCBA se agravió por cuanto la resolución dictada resulta dogmática e infundada por no haberse acreditado en la causa la supuesta mora, afectando su derecho de defensa. Sin embargo, de las constancias de la causa, se advierte que el GCBA no pudo válidamente dar respuesta al reclamo de la parte actora con la nota de fecha anterior -22 de julio de 2021- al inicio de dicho reclamo el 26 de octubre de 2021. Ello, por cuanto fue presentada en el marco de otro amparo por mora por la misma parte pero con un objeto ajeno a la presente acción. Así, sin perjuicio de señalar que, en virtud de la vía procesal elegida, el Poder Judicial no puede fijar ni examinar el contenido del acto -esto es, si corresponde o no el reconocimiento de intereses-, pero si puede señalar que el GCBA debió haberle dado respuesta a la parte actora en el marco del nuevo expediente iniciado, en tanto manifestó tener un interés legítimo en la cuestión, en los términos del artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (LPA) y ello no fue contravenido por el GCBA.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 53795. Autos: Dycasa Sociedad Anónima Sala: IV Del voto de Dra. Laura A. Perugini, Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 31-10-2023.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

MORA DE LA ADMINISTRACION – AMPARO POR MORA – SILENCIO DE LA ADMINISTRACION – LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PRONTO DESPACHO

En el caso, corresponde confirmar la decisión de la instancia de grado que hizo lugar a la acción de amparo por mora y, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que, dentro del plazo de veinte días contados a partir de la notificación de la sentencia, resuelva sobre el reclamo de intereses resarcitorios formulado por la sociedad anónima actora. El GCBA se agravió por cuanto considera que la sentencia es arbitraria dado que lo está obligando ilegítimamente a dictar un acto administrativo cuando la ley dispone que el silencio de la Administración debe entenderse como negativa (conf. art. 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPACABA). No obstante, el amparo por mora tiene por objeto acceder a una orden judicial de pronto despacho, que puede deducir quien reviste la condición de parte en un procedimiento administrativo, cuando el órgano competente ha dejado vencer los plazos fijados o, en ausencia de éstos, ha transcurrido un plazo que excede pautas temporales razonables sin dictar el acto que corresponda. De esta manera, cabe distinguir las finalidades de los institutos del silencio y del amparo por mora, dado que si bien ambos constituyen garantías para el particular, el primero posibilita el acceso al proceso aunque la Administración no haya dictado acto expreso, y el segundo facilita para exigir judicialmente la decisión administrativa expresa (cfr., Comadira, Julio R., El Acto Administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 58). En efecto, dado el interés legítimo demostrado por la parte actora de obtener un pronunciamiento a su reclamo y que la Administración tiene el deber de dictar un acto administrativo y sólo su dictado importa una efectiva respuesta a la requisitoria efectuada, encontrándose holgadamente vencido el plazo previsto en los artículos 8° del CCAyT y 10 de la LPACABA, corresponde rechazar los agravios introducidos por el GCBA.

MORA DE LA ADMINISTRACION – SILENCIO DE LA ADMINISTRACION – INTERESES RESARCITORIOS – LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – COSTAS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO OBJETIVO DE LA DERROTA

PLAZOS ADMINISTRATIVOS – MORA DE LA ADMINISTRACION – AMPARO POR MORA – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – HABILITACION DEL ESTABLECIMIENTO – PLAZO – PROCEDENCIA – RECURSO DE RECONSIDERACION – RECURSO JERARQUICO EN SUBSIDIO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo por mora iniciada por el actor, y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de 10 días proceda a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto contra la denegatoria de la autorización para emplazar en un inmueble de la Ciudad un estacionamiento. En efecto, si bien, en caso de considerar aisladamente el plazo otorgado para cumplir con la sentencia dictada, podría resultar atendible el agravio de la demandada respecto a que resulta de cumplimiento imposible, lo cierto es que, en el contexto dado, el fundamento en el que el recurrente sostiene su apelación cede ante la situación fáctica ocurrida desde el reclamo efectuado en sede administrativa hasta el dictado del presente resolutorio. Al respecto, no puede soslayarse que, desde que se introdujo el planteo en sede administrativa (07/04/22, fecha en que el amparista interpuso el recurso de reconsideración) hasta el dictado de la presente resolución, contó con un lapso más que razonable para emitir el acto administrativo, no habiendo actuado, a juzgar por las constancias de autos, de modo diligente a esos efectos. Eso mismo, incluso, habría tornado abstracto el tratamiento del recurso bajo análisis y, también (lo cual se traduce en un beneficio concreto para el apelante), habría evitado que, por el efecto con el que se conceden este tipo de recursos, el Gobierno demandado quedase sujeto a la imposición de astreintes hasta tanto la sentencia adquiriese firmeza.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 52965. Autos: Gómez Rafael Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 06-07-2023.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo por mora iniciada por el actor, y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de 10 días proceda a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto contra la denegatoria de la autorización para emplazar en un inmueble de la Ciudad un estacionamiento. En efecto, si bien, en caso de considerar aisladamente el plazo otorgado para cumplir con la sentencia dictada, podría resultar atendible el agravio de la demandada respecto a que resulta de cumplimiento imposible, lo cierto es que, en el contexto dado, el fundamento en el que el recurrente sostiene su apelación cede ante la situación fáctica ocurrida desde el reclamo efectuado en sede administrativa hasta el dictado del presente resolutorio. Entiéndase bien: no se desconoce que el plazo de 10 días no comenzará a correr hasta que quede firme la sentencia. Sin embargo, el modo de conducirse frente a la orden judicial dispuesta en la sentencia apelada le permite a la demandada hacerse de un plazo mucho mayor al allí dispuesto para el cumplimiento de la obligación de hacer que contiene dicho decisorio. Ello, con el agravante de que, en caso de no aprovechar ese tiempo para cumplir con la manda judicial, no resultaría pasible de ser sancionado por la vía apta para compeler al cumplimiento de una orden judicial (conf. artículo 32 Código Contencioso Administrativo y Tributario -texto según Ley Nº 6.588-).

AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION – MORA DE LA ADMINISTRACION – IMPOSICION DE COSTAS – CUESTION ABSTRACTA – INTERPRETACION DE LA LEY – COSTAS – OBJETO DEL PROCESO – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50172. Autos: Barbatelli, Martin Hernan Sala: IV Del voto de Dr. Lisandro Fastman 14-12-2022.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50172. Autos: Barbatelli, Martin Hernan Sala: IV Del voto de Dra. Laura A. Perugini 14-12-2022.

AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – MORA DE LA ADMINISTRACION – IMPOSICION DE COSTAS – INTERPRETACION DE LA LEY – COSTAS – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto declaró abstracto el objeto del presente proceso de amparo e impuso las costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Ello en el marco de una acción de amparo por mora inciada por la actora con el objeto de que el GCBA se expidiera sobre la petición que realizó en el marco del expediente administrativo. La parte demandada (GCBA) se agravió por considerar que “… la decisión judicial que impone las costas a esta parte resulta ser arbitraria por un apartamiento infundado del principio de responsabilidad plasmado en la sustancia de la normativa legal que rige la materias (art. 62 Código Contencioso Administrativo y Tributario -CCAYT-)”. Asimismo, agregó que “…no puede soslayarse que la ´gratuidad´ del proceso amparista local (art. 14 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CCABA-) constituye una característica propia y específica del amparo en la Ciudad”. Al respecto, toda vez que el art. 14 de la CCABA dispone que, salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas, lo requerido por el GCBA respecto que las costas sean impuestas en el orden causado no puede prosperar, dado que en el caso la parte actora no ha incurrido en temeridad ni malicia. En tal sentido, corresponde rechazar los agravios del GCBA relativos a que corresponde imponer las costas por su orden. Despejado ello cabe señalar que en el caso no recayó un pronunciamiento sobre la cuestión y que si bien la Ley N° 2.145 no establece otras disposiciones sobre costas, resulta necesario acudir supletoriamente al CCAyT(conforme arts. 26 de la Ley N° 2.145). Así, cabe adelantar que no se da ninguno de los supuestos que la norma prevé para que el GCBA se exima de costas. En efecto, en el caso, se ha declarado abstracto el proceso y, al ser ello así, técnicamente, no hay una parte vencida en los términos del artículo 62 del CCAyT (Fallos: 344:1137, 329:1853 y 1898, entre otros). No obstante, el Juez de grado al decidir consideró que “…se verifica que la accionante se vio en la necesidad de promover la presente acción a fin de hacer efectivos sus derechos y, por dicho motivo, corresponde que el GCBA soporte los gastos causídicos (cfr. art. 62, párrafo 1°, del CCAyT).” En tal contexto, el GCBA, debe cargar en el caso con las costas del proceso. Y, debe hacerlo, porque de las constancias del expediente surge que el GCBA dictó el acto administrativo excediendo los términos señalados al efecto por el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (LPACABA). De esta manera, surge manifiesto que el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo -en sede administrativa- fue dictado con posterioridad a la fecha de la efectiva apertura del proceso judicial. Por tanto, toda vez que el GCBA dio motivo a la promoción de la acción, le corresponde cargar con las costas del proceso (Fallos 307:2061 y 317:188)

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50172. Autos: Barbatelli, Martin Hernan Sala: IV Del voto de Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 14-12-2022.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – PLAZO ORDENATORIO – MORA DE LA ADMINISTRACION – AMPARO POR MORA – LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar al amparo por mora y ordenó a la demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el plazo perentorio de 10 días se expida a través del área que por derecho corresponda y resuelva el recurso jerárquico deducido por el actor, ya que el plazo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) se encuentra holgadamente vencido. El GCBA se agravia por considerar que el plazo fijado por el juez resulta irrazonable, arbitrario y de imposible cumplimiento para la Administración. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, desde que la parte actora consideró tácitamente rechazado el recurso de reconsideración y requirió la elevación del expediente a fin de que sea resuelto el recurso jerárquico interpuesto en subsidio hasta la fecha de interposición del recurso de apelación, transcurrió un extenso plazo sin que se encuentre acreditado el dictado del acto administrativo correspondiente. Ahora bien, cabe tener en cuenta que la decisión adoptada por el Juez de primera instancia, en lo que hace a la mora administrativa, no fue cuestionada por el GCBA, y que si bien sostiene que el plazo resulta exiguo para cumplir lo ordenado, tales manifestaciones no fueron acreditadas de modo alguno. Concretamente, el GCBA no indicó con precisión por qué el plazo fijado por la sentencia judicial resulta “…irrazonable y arbitrario, además de imposible cumplimiento para la Administración”. Se limitó a excusarse en el “procedimiento interno”, en la necesaria participación “de los distintos estamentos y órganos intervinientes”, y a expresar que es una potestad propia de la Administración disponer del tiempo que le demande el dictado del acto administrativo. Sin embargo, con ello no logra demostrar que la resolución del recurso jerárquico no pueda tener lugar en el plazo señalado en la sentencia. En consecuencia, corresponde concluir que el plazo fijado en la sentencia a fin de que la autoridad administrativa competente se expida sobre el recurso jerárquico de la parte actora resulta ajustado a las circunstancias del caso, considerando, a su vez, que comenzará a correr a partir de que aquélla quede firme.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50076. Autos: Castaño, Walter Javier Sala: IV Del voto de Dra. Laura A. Perugini, Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 05-12-2022.

RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – CRITICA CONCRETA Y RAZONADA – EXPRESION DE AGRAVIOS – MORA DE LA ADMINISTRACION – AMPARO POR MORA – DESERCION DEL RECURSO

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 49081. Autos: Organización Santa Victoria S.A Sala: IV Del voto de Dra. Laura A. Perugini, Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 07-09-2022.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – CRITICA CONCRETA Y RAZONADA – EXPRESION DE AGRAVIOS – MORA DE LA ADMINISTRACION – AMPARO POR MORA – DESERCION DEL RECURSO

En el caso, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto por la demandada contra la resolución de grado que hizo lugar a la acción de amparo por mora y en consecuencia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a expedirse en el plazo de 30 días hábiles administrativos respecto al reclamo interpuesto por la actora consistente en el pedido de apertura de un pasaje de la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución de todos los trabajos necesarios para habilitarlo como cualquier calle. El GCBA se agravió en relación al plazo otorgado por el Juez de grado para que se expida y sostuvo que resultaba "evidente" que se requiere contar con un plazo mayor al otorgado ya que "las áreas intervinientes requieren de análisis pormenorizado de la cuestión el cual es evaluado por los superiores jerárquicos". Ahora bien, tales manifestaciones no fueron acreditadas de modo alguno. Concretamente, el GCBA no indica con precisión cuáles son los requerimientos previos e ineludibles que debe adoptar en el caso concreto para cumplir con la sentencia judicial, a fin de demostrar la insuficiencia del plazo -máxime si se considera que comenzará a correr a partir de que quede firme la sentencia dictada en primera instancia-. Estas omisiones de fundamentación en la apelación del GCBA no son menores, en tanto su recurso debe ser una crítica concreta, esto es precisa y determinada; y razonada, vale decir, expresar los fundamentos que sustentan los agravios; lo cual exige ineludiblemente precisar punto por punto los errores y omisiones -tanto fácticos como jurídicos- que se atribuyen al fallo en crisis, pues así lo establece el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (CCAyT). La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha reiterado que, si la parte que apela no formula, como es imprescindible, una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el juez, corresponde declarar la deserción del recurso, puesto que los motivos expuestos en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos fácticos y jurídicos dados por el tribunal para llegar a la decisión impugnada (Fallos: 329:5198, 322:2683 y 316:157, entre otros). En virtud de ello, y dado que los agravios del GCBA constituyen manifestaciones genéricas que en modo alguno logran rebatir los fundamentos fácticos y jurídicos desarrollados por el juez en su resolución, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 236 y 237 del CCAyT.

GASTOS IMPRODUCTIVOS – LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA FINANCIERA – PLAZOS ADMINISTRATIVOS – MORA DE LA ADMINISTRACION – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CONTRATO DE OBRA PUBLICA – AMPARO POR MORA – ACCION DE AMPARO – RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO – CORONAVIRUS – PANDEMIA – COVID-19 – EMERGENCIA SANITARIA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar al amparo por mora interpuesto por la actora y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a que en el plazo de 10 días resuelva el reclamo de gastos improductivos generados como consecuencia de la interrupción del desarrollo de la obra pública -en calidad de contratista del Estado y en el marco de una ejecución de obra adjudicada- por la Pandemia Mundial COVID-19. Al respecto, comparto y adhiero a lo indicado por la Sra. Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien expresa que el artículo 13 de la Ley N° 6.301 indica que en caso de producirse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 12 de la misma norma, el contratista, proveedor o concesionario sólo tendrá derecho a que se le reconozcan determinados gastos y, en su caso, el reembolso pertinente “se hará efectivo una vez concluida la vigencia de la situación de emergencia Económica y Financiera declarada por la presente ley y de acuerdo a la disponibilidad financiera”. Por ende, en tanto lo que se ha reclamado en autos es un pronunciamiento acerca de la cuestión aludida y no, eventualmente, la efectiva devolución de los importes que pudieran ser reconocidos a la firma actora, entiendo que correspondería desestimar el recurso del GCBA al respecto. Así lo pienso, ya que la demandada confunde el deber de resolver las peticiones formuladas por los interesados, que recae sobre todas las autoridades competentes por imperio de lo dispuesto en los artículos 10 y 22 incisos a), b) y f) apartado 3°, y concordantes, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (LPACBA), con el de hacerlo en sentido favorable a lo peticionado. Esto último no sólo no ha sido ordenado por la sentencia recurrida, sino que, además, excedería el marco de la acción de amparo por mora articulada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 48958. Autos: Niro Construcciones S.A Sala: IV Del voto de Dra. Laura A. Perugini 25-08-2022.

GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO – MORA DE LA ADMINISTRACION – IMPOSICION DE COSTAS – AMPARO POR MORA – COSTAS AL VENCIDO – ACCION DE AMPARO – PROCEDENCIA

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 48958. Autos: Niro Construcciones S.A Sala: IV Del voto de Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo 25-08-2022.

GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO – MORA DE LA ADMINISTRACION – IMPOSICION DE COSTAS – AMPARO POR MORA – COSTAS AL VENCIDO – ACCION DE AMPARO – PROCEDENCIA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar al amparo por mora interpuesto por la actora y le impuso las costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) vencido. Al respecto, no viene discutido que esta acción de amparo por mora tramita conforme a las disposiciones de la Ley N° 2.145 y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CCABA). En tal sentido, en relación con que no hubo mora de la Administración, cabe tener en cuenta que si bien la Ley N° 2.145 no establece otras disposiciones sobre costas, resulta necesario acudir supletoriamente al Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT– (conforme artículos 26 de la Ley N° 2.145). Allí, el capítulo 8° del Código Contencioso Administrativo y Tributario (CCAyT) regula lo relativo a la imposición de costas y en el artículo 62 se encuentra el principio general aplicable: “[l]a parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando esta no lo hubiese solicitado…”. Ahora bien, en el presente, esta Sala está confirmando la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo por mora y, en consecuencia, ordenó al GCBA que dicte la resolución que considere pertinente con relación al pedido efectuado por la parte actora, en el plazo de diez (10) días. En tal escenario, opino que el GCBA debe cargar con las costas del proceso. Y, debe hacerlo, porque de las constancias del expediente surge que el demandado es la parte vencida en el proceso, dado que se tuvo por configurada su mora.

GASTOS IMPRODUCTIVOS – LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA FINANCIERA – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – PLAZOS ADMINISTRATIVOS – MORA DE LA ADMINISTRACION – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CONTRATO DE OBRA PUBLICA – AMPARO POR MORA – RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO – CORONAVIRUS – PANDEMIA – COVID-19 – EMERGENCIA SANITARIA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar al amparo por mora interpuesto por la actora y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a que en el plazo de 10 días resuelva el reclamo de gastos improductivos generados como consecuencia de la interrupción del desarrollo de la obra pública -en calidad de contratista del Estado y en el marco de una ejecución de obra adjudicada- por la Pandemia Mundial COVID-19. Al respecto, comparto y adhiero a lo indicado por la Sra. Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien expresa que el artículo 13 de la Ley N° 6.301 indica que en caso de producirse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 12 de la misma norma, el contratista, proveedor o concesionario sólo tendrá derecho a que se le reconozcan determinados gastos y, en su caso, el reembolso pertinente “se hará efectivo una vez concluida la vigencia de la situación de emergencia Económica y Financiera declarada por la presente ley y de acuerdo a la disponibilidad financiera”. Por ende, en tanto lo que se ha reclamado en autos es un pronunciamiento acerca de la cuestión aludida y no, eventualmente, la efectiva devolución de los importes que pudieran ser reconocidos a la firma actora, entiendo que correspondería desestimar el recurso del GCBA al respecto. De allí que la suspensión del derecho a percibir los gastos improductivos reclamados que ha sido dispuesta por la Ley N° 6.301, en nada obstaculiza la resolución de la petición efectuada en sede administrativa, cuyo cumplimiento, en la hipótesis de resultar favorable al aquí actor, podría incluso quedar diferida en el tiempo, hasta una vez concluida la vigencia de la situación de emergencia económica y financiera declarada por la citada ley, de acuerdo a la disponibilidad financiera del GCBA.

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