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SITUACION DE VULNERABILIDAD – SUBSIDIO DEL ESTADO – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – GRAVAMEN IRREPARABLE – FACULTADES ORDENATORIAS – DETERMINACION DE LA CAPACIDAD – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – MEDIDAS URGENTES – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – ACCION DE AMPARO – EMERGENCIA HABITACIONAL – MINISTERIO PUBLICO TUTELAR – PROCEDENCIA – RESOLUCIONES INAPELABLES – LEY DE AMPARO – FACULTADES INSTRUCTORIAS – RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA – PRESTACION ALIMENTARIA – SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde admitir el recurso de queja interpuesto por la Sra. Asesora Tutelar ante la Cámara. Conforme lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, en el marco de una acción de amparo por subsidios habitacionales y alimentarios, con fecha 24/04/2026, la Magistrada de Primera Instancia al rechazar el planteo de caducidad de instancia formulado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, resolvió: 1) declarar la necesidad de apoyos en favor del actor en razón de la afectación en su salud mental acreditada en el expediente; 2) disponer que el Ministerio Público Tutelar se constituyera en órgano de apoyo, con facultades de acompañamiento, asesoramiento y supervisión, debiendo asistirlo en la toma de decisiones vinculadas a los actos jurídicos que en el marco de las causas judiciales en trámite ante el presente fuero le correspondan; 3) establecer que los apoyos deberán actuar respetando su voluntad y derechos; y 4) disponer que la medida será revisada en el plazo de 3 meses, conforme lo exige la normativa vigente. Contra dicha medida, la Sra. Asesora Tutelar interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, cuya denegatoria por resultar inapelable (no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 19 de la Ley N° 2.145), motivó la presente queja. En el recurso de queja, la Representante del Ministerio Público Tutelar consideró que lo decidido le ocasionaba un gravamen irreparable en su autonomía funcional, toda vez que alteraba las funciones de los asesores tutelares, imponiéndoles obligaciones que excedían la representación legal que ejercen. Cabe recordar que las prestaciones habitacionales y alimentarias solicitadas en la acción de amparo principal, son en beneficio de una persona con discapacidad, cuya capacidad jurídica esta siendo determinada por la Justicia Civil. A partir de este encuadre, si bien la decisión adoptada el 24/04/2026 no se encuentra entre aquellas susceptibles de apelación, lo cierto es que lo decidido por la Jueza de grado -más allá de su acierto o error- genera en cabeza de la apelante efectos de imposible o muy difícil reversión. De este modo, y dadas las particularidades del caso, corresponde conceder el recurso incoado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63433. Autos: Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dr. Fernando E. Juan Lima 17-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


SITUACION DE VULNERABILIDAD – SUBSIDIO DEL ESTADO – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – FACULTADES ORDENATORIAS – DETERMINACION DE LA CAPACIDAD – DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA – MEDIDAS URGENTES – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – EMERGENCIA HABITACIONAL – MINISTERIO PUBLICO TUTELAR – RESOLUCIONES INAPELABLES – LEY DE AMPARO – FACULTADES INSTRUCTORIAS – RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA – PRESTACION ALIMENTARIA – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por la Sra. Asesora Tutelar ante la Cámara. En el marco de una acción de amparo por subsidios habitacionales y alimentarios, con fecha 24/04/2026, la Magistrada de Primera Instancia al rechazar el planteo de caducidad de instancia formulado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, resolvió: 1) declarar la necesidad de apoyos en favor del actor en razón de la afectación en su salud mental acreditada en el expediente; 2) disponer que el Ministerio Público Tutelar se constituyera en órgano de apoyo, con facultades de acompañamiento, asesoramiento y supervisión, debiendo asistirlo en la toma de decisiones vinculadas a los actos jurídicos que en el marco de las causas judiciales en trámite ante el presente fuero le correspondan; 3) establecer que los apoyos deberán actuar respetando su voluntad y derechos; y 4) disponer que la medida será revisada en el plazo de 3 meses, conforme lo exige la normativa vigente. Contra dicha medida, la Sra. Asesora Tutelar interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, cuya denegatoria por resultar inapelable (no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 19 de la Ley N° 2.145), motivó la presente queja. En el recurso de queja, la Representante del Ministerio Público Tutelar consideró que lo decidido le ocasionaba un gravamen irreparable en su autonomía funcional, toda vez que alteraba las funciones de los asesores tutelares, imponiéndoles obligaciones que excedían la representación legal que ejercen. Cabe recordar que las prestaciones habitacionales y alimentarias solicitadas en la acción de amparo principal, son en beneficio de una persona con discapacidad, cuya capacidad jurídica esta siendo determinada por la Justicia Civil. Atendiendo a las particularidades del caso, la decisión cuestionada no puede asimilarse a una sentencia definitiva, en los términos del artículo 21 de la Ley N° 2.145. En efecto, y sin que ello importe emitir opinión acerca del acierto o alcance de la medida dispuesta, el pronunciamiento atacado, en los términos en que fue dictado, no producirá efectos de imposible o insuficiente reparación ulterior. Ello así, pues no puede soslayarse que la medida se encuentra sujeta a revisión en el plazo de 3 meses y que ella no desplazó la intervención del Ministerio Público de la Defensa, sino que la Sra. Jueza de grado instó expresamente al Sr. Defensor Oficial a asumir efectivamente el patrocinio letrado del actor o, en su caso, a renunciar, a fin de evitar mayores demoras en la tramitación del proceso. En tales condiciones, lo dispuesto se presentaría orientado a facilitar provisoriamente la prosecución del proceso, en línea con los propios esfuerzos y gestiones realizadas por el Ministerio Tutelar, a fin de que el actor cuente con la asistencia necesaria para ejercer adecuadamente su derecho de defensa hasta tanto el fuero competente se expida -respecto de la representación “ad litem” solicitada- en el marco del proceso de determinación de capacidad ya iniciado. (Del voto en disidencia de la Dra. Mariana Díaz)

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63433. Autos: Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 17-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


SECUESTRO – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – PRINCIPIO ACUSATORIO – REMISION DE LAS ACTUACIONES – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – FACULTADES DEL JUEZ – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – IMPROCEDENCIA – FLAGRANCIA – REQUISA

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto dispuso declarar la nulidad de la detención, requisa y secuestro del arma no convencional practicados al imputado. La Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal puso en conocimiento de la Jueza de turno, a través de un correo electrónico, el procedimiento llevado a cabo al Imputado por personal policial, y convalidado por la Fiscalía. Cabe precisar que, previamente, la Jueza había solicitado a la Unidad de Flagrancia del mencionado Ministerio Público la remisión de la totalidad de los legajos vinculados con restricciones de la libertad dispuestas durante el turno. En respuesta a dicha solicitud, el señor Fiscal Coordinador de la Unidad de Flagrancia le hizo saber que no remitiría ninguno de los sumarios hasta tanto la Judicatura no fuera convocada a intervenir por alguna de las partes. En atención a ello, la Jueza declaró la nulidad de la detención sin orden judicial, de la requisa y del secuestro a partir de los elementos que surgían del correo electrónico enviado por la Fiscalía. El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión. Criticó que la Magistrada haya resuelto la nulidad del accionar policial inaudita parte, incurriendo en una violación insalvable de las formas diseñadas por el proceso para tramitar y decidir este tipo de incidencias. Ahora bien, el caso bajo estudio guarda relación con lo que hemos resuelto recientemente en el precedente “R” (causa Nº 226447/2025-1, “R., Y. A. y otro sobre art. 5 c Comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción-tenencia con fines de comercialización, resuelta el 7/11/2025) en el cual hemos sostenido que el reconocimiento de que la jurisdicción ostente facultades de ejercer un control de legalidad de aquellos actos o procedimientos en flagrancia de las fuerzas de seguridad que restrinjan derechos constitucionales de las personas, que ya han sido convalidados por el primer eslabón judicial, en cabeza de la Fiscalía, de modo alguno puede dar lugar a una interpretación que acepte que el Juez o Jueza tenga la facultad de indagar o examinar, de manera generalizada, la actuación del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de su función pública. Tal cosa excedería los límites del sistema acusatorio y supondría desconocer, gravemente, la independencia y autonomía funcional de dicho órgano (artículo 120 de la Constitución Nacional y artítculo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Bajo esta lógica, entendimos que las solicitudes generalizadas –como la efectuada en el presente caso–, sin examinar circunstancias particulares o petición de parte, importa un exceso en las facultades jurisdiccionales.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 61059. Autos: Brittez, Carlos Alfonso Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 17-11-2025.

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LEGAJO DE INVESTIGACION – PRINCIPIO ACUSATORIO – REMISION DE LAS ACTUACIONES – FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DEBIDO PROCESO – INTERPRETACION DE LA LEY – PROCEDIMIENTO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – IMPROCEDENCIA – FLAGRANCIA – DETENCION SIN ORDEN – CONTROL JUDICIAL – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, revocar las decisiones adoptadas por la Jueza de grado, en cuanto solicitó a la mentada dependencia la remisión, a través del Sistema EJE, de los legajos de detención de los Imputados. Corresponde destacar que la Jueza de primera instancia se halló de turno la primera quincena del mes de octubre del año en curso y que, tal como se desprende de las constancias, previo al inicio del turno, solicitó a la Unidad de Flagrancia que, a fin de ejercer la función jurisdiccional de contralor de legalidad de las detenciones que sean convalidadas por la Fiscalía, se le remitieran todos los legajos antes de que el caso saliese de la órbita de la Unidad de Flagrancia. Posteriormente, ante la falta de recepción de los legajos, personal del Juzgado volvió a solicitar el envío de los actuados, recibiendo como respuesta que, de acuerdo a la directiva emanada del Fiscal Coordinador, “sólo remitir(rían) al Juzgado los casos en los que hu(biera) una cuestión que amerite dar intervención, conforme lo establecido en el Código Procesal Penal”. Finalmente, ante la persistencia en tal inobservancia, la “a quo” dictó resoluciones respecto de cada una de las personas informadas como detenidas durante el turno, entre los cuales se hallaba el presente caso, y dispuso que “se remitan vía Eje, sin más dilaciones, los legajos correspondientes a fin de asegurar el debido control jurisdiccional, garantizar la vigencia del sistema acusatorio y el pleno respeto de las garantías constitucionales de los Imputados”. El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la Jueza “a quo” perdió de vista las características esenciales del sistema acusatorio que le impiden prescindir de la aplicación de la ley para procurarse una intervención no prevista y efectuar un control no solicitado por las partes. Ahora bien, vale mencionar, que el reconocimiento de que la jurisdicción ostente facultades para ejercer un control de legalidad de aquellos actos o procedimientos en flagrancia de las fuerzas de seguridad que restrinjan derechos constitucionales de las personas, que ya han sido convalidados por el primer eslabón judicial, en cabeza de la Fiscalía, de modo alguno puede dar lugar a una interpretación que acepte que el Juez o Jueza tengan la facultad de indagar o examinar, de manera generalizada, la actuación del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de su función pública. Tal cosa excedería los límites del sistema acusatorio y supondría desconocer, gravemente, la independencia y autonomía funcional de dicho órgano (artículo 120 de la Constitución Nacional y 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Bajo este prisma, compartimos con la Fiscalía ante esta instancia, que este tipo de solicitud generalizada, sin examinar circunstancias particulares de cada caso o petición de parte, importa un exceso en las facultades jurisdiccionales.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60962. Autos: R., Y. A. y otros Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 07-11-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


GARANTIAS CONSTITUCIONALES – AUXILIAR FISCAL – INMUNIDADES LEGISLATIVAS – NULIDAD – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – CONCURSO DE CARGOS – INMUNIDADES ESPECIALES – CONCURSO DE OPOSICION – CONCURSO DE ANTECEDENTES

En el caso corresponde declarar la nulidad de la intervención del Auxiliar Fiscal. Conforme surge de las constancias de autos, en la audiencia llevada a cabo en los términos del artículo 199 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervino un Auxiliar Fiscal en representación del Ministerio Público Fiscal. Ello es, sin la participación de quien por mandato legal debe intervenir. El Auxiliar Fiscal que ha participado en el caso, con independencia de sus capacidades profesionales y personales, no ha recibido acuerdo de la Legislatura ni ha sido propuesto por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de un concurso de antecedentes y oposición, por lo que no puede representar con los alcances que el acto demanda, al Ministerio Público Fiscal. Debo agregar que ni los Auxiliares Fiscales ni los Fiscales subrogantes gozan de las inmunidades y prerrogativas que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 110 (haciendo extensivas las prerrogativas de los legisladores previstas en el art. 78) y en la Ley Nº 1.903 (art. 13), otorgan a los Magistrados del Ministerio Público, cuyo fin primordial es preservar la independencia en su actuación y abarca –entre otras cuestiones- la inmunidad de arresto, opinión y la inamovilidad del cargo. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60510. Autos: S. R., J. C. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 26-09-2025.

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SUBROGANCIA DE FUNCIONARIOS JUDICIALES – AUXILIAR FISCAL – NULIDAD – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – CONCURSO DE CARGOS – PROCEDIMIENTO PENAL – CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INMUNIDADES ESPECIALES – DOCTRINA – CONCURSO DE ANTECEDENTES

En el caso el procedimiento resulta inválido, debido a que el impulso de la acción penal estuvo a cargo de un auxiliar fiscal, en representación del Ministerio Público Fiscal. En efecto, ello implica que no intervino quien por mandato constitucional y legal debe intervenir (cfr. arts. 124 y cc. de la Constitución de CABA, 77 y 78, inc. 1 y 2; y 79 del CPP). En cuanto a lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia el 2 de agosto de 2023 en el expediente QTS 273853/2021-2 “C., O. A.”, en donde revocaron la decisión en la cual, junto con el Dr. José Sáez Capel resolvimos declarar la nulidad de la intervención del auxiliar fiscal, me remito a los fundamentos brindados en la causa n° 50821/2019-4 “Incidente de apelación en autos "P., W. M. y otros s/5 C-Comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción/tenencia con fines de comercialización”, resuelta el 24/8/2023, del registro de la Sala I. Allí expuse en extenso que los votos concurrentes no trataron el argumento constitucional por el que, en la decisión allí revisada, se consideró inválida la intervención de un auxiliar fiscal en lugar de un fiscal: los auxiliares fiscales no superaron un concurso de antecedentes y oposición, no fueron ternados por el Consejo de la Magistratura y no cuentan con acuerdo de la Legislatura para impulsar la acción penal pública como lo exige el tercer párrafo del artículo126 de la Constitución de la Ciudad. Debo agregar que ni los auxiliares fiscales ni los fiscales subrogantes, gozan de las inmunidades y prerrogativas que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 110 (haciendo extensivas las prerrogativas de los legisladores previstas en el art. 78) y en la Ley N° 1.903 (art. 13) otorgan a los Magistrados del Ministerio Público, cuyo fin primordial es preservar la independencia en su actuación y abarca -entre otras cuestiones- la inmunidad de arresto, opinión y la inamovilidad del cargo. Sobre dicha cuestión, al comentar el artículo 110 de la Constitución de la CABA, Humberto Quiroga Lavié, se refirió a su importancia y novedosa inclusión, en tanto se les otorgan las mismas inmunidades de arresto y opinión que a los legisladores e implica “una notable ampliación tutelar” a favor de los magistrados judiciales y los integrantes del Ministerio Público, a diferencia de la Constitución Nacional. Expuso: “Solamente por interpretación extensiva se ha considerado que los jueces nacionales tienen inmunidad de arresto y de juicio mientras no son removidos de sus cargos o suspendidos a tal efecto en el ejercicio de sus funciones. En cambio, la inmunidad de opinión a favor de los jueces y fiscales no registra antecedentes en el Derecho Público nacional. Usualmente este tipo de inmunidades se les otorga a los integrantes de los poderes cuya función de control o política los coloca en situación de permanente exposición de ideas, cosa que no debe ocurrir con los jueces, de quienes siempre se ha dicho que hablan por sus sentencias pero no por manifestaciones públicas” (Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2014, p.328). Por ello, sigo ratificando mi criterio sobre este aspecto. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57240. Autos: Q., B. D. Sala: I Del voto de Dr. Sergio Delgado 28-10-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DENEGACION DEL RECURSO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – AUXILIAR FISCAL – RESOLUCIONES EQUIPARABLES A DEFINITIVA – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DIVISION DE PODERES – CONCURSO DE CARGOS – PROCEDIMIENTO PENAL – CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CUESTION CONSTITUCIONAL – CONSTITUCION NACIONAL – SENTENCIA DEFINITIVA – PROCEDENCIA DEL RECURSO – DESIGNACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS – REQUISITOS

En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara ante la resolución emitida por esta Sala en la cual se declaró la nulidad de la audiencia prevista por el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los actos que sean su directa En los fundamentos del recurso el Sr. Fiscal se agravia al considerar que la decisión de la Sala se inmiscuyó en la órbita del Ministerio Público Fiscal, afectándolo incorrectamente al apartar la participación de sus miembros, por no considerar acorde el método de elección de sus funcionarios para que actúen como Fiscales Subrogantes, desvirtuando con ello los alcances previstos por la normativa local N° 6285 (modificatoria a la Ley Nº 1903) pero sin declarar su inconstitucionalidad, agraviando el principio de división de poderes y la autonomía que tiene el Ministerio Público Fiscal conforme a los artículos 124 y 125 de la Constitución Local en consonancia con la función de raigambre Constitucional del artículo 120 Constitución Nacional. Asimismo, refirió que al desconocer las funciones legalmente atribuidas al Auxiliar Fiscal, el voto mayoritario agravió el funcionamiento, la actuación y la autonomía del Ministerio Público Fiscal (cfr. arts. 124 CCABA, arts. 1, 2 y 3 Ley Nº 1.903). Si bien he disentido con la solución adoptada por la mayoría en la resolución que viene cuestionada, lo cierto es que, en lo que aquí interesa, el remedio intentado por el Ministerio Público Fiscal no puede prosperar. Y ello es así, por cuanto, pese a haber sido deducido por parte legitimada en tiempo y forma legal, no está dirigido contra una sentencia definitiva, aspecto este último que por sí solo sellaría la suerte de la impugnación en trato. Por lo demás, tampoco se advierte que el recurrente haya estructurado un genuino caso constitucional, por lo que considero que la vía extraordinaria intentada resulta inadmisible.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 49915. Autos: C., O. A. Sala: III Del voto de Dr. Fernando Bosch 07-11-2022.

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DENEGACION DEL RECURSO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – AUXILIAR FISCAL – RESOLUCIONES EQUIPARABLES A DEFINITIVA – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DIVISION DE PODERES – CONCURSO DE CARGOS – PROCEDIMIENTO PENAL – CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CUESTION CONSTITUCIONAL – CONSTITUCION NACIONAL – SENTENCIA DEFINITIVA – PROCEDENCIA DEL RECURSO – DESIGNACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS – REQUISITOS

En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara ante la resolución emitida por esta Sala en la cual se declaró la nulidad de la audiencia prevista por el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los actos que sean su directa consecuencia, conforme lo prescriben los artículos 78.2 y 81 del mismo cuerpo normativo. En los fundamentos del presente recurso, el Sr. Fiscal se agravia al considerar que la decisión de la Sala se inmiscuyó en la órbita del Ministerio Público Fiscal, afectándolo incorrectamente al apartar la participación de sus miembros, por no considerar acorde el método de elección de sus funcionarios para que actúen como Fiscales Subrogantes, desvirtuando con ello los alcances previstos por la normativa local Ley N° 6285 (modificatoria a la Ley Nº 1903) pero sin declarar su inconstitucionalidad, agraviando el principio de división de poderes y la autonomía que tiene el Ministerio Público Fiscal conforme a los artículos 124 y 125 de la Constitución Local en consonancia con la función de raigambre constitucional del artículo 120 Constitución Nacional. Asimismo, refirió que al desconocer las funciones legalmente atribuidas al Auxiliar Fiscal, el voto mayoritario agravió el funcionamiento, la actuación y la autonomía del Ministerio Público Fiscal (cfr. arts. 124 CCABA, arts. 1, 2 y 3 Ley Nº 1.903). Ante lo planteado por la Fiscalía, consideró que existe un impedimento de rango Constitucional que obstaculiza el acceso del Ministerio Público Fiscal a la instancia extraordinaria a la que intenta llegar. Entiendo que la impronta acusatoria de nuestro ritual, obliga a que tales limitaciones se manifiesten, al menos en lo que al recurso de inconstitucionalidad se refiere: aquí, la limitación a la injerencia Fiscal debe ser absoluta, dado que no se ha previsto cómo respetar la doble instancia en caso de admitirse y resultar exitosa tal impugnación. Por ello, considero que el Fiscal no está facultado a los fines previstos en los artículos 26 y 27 de la Ley Nº 402 para actuar en contra de los intereses del acusado. Por otro lado, en mi opinión, el recurrente no ha logrado fundamentar de qué manera la resolución emitida por esta Sala, habría agraviado el principio republicano en función de los actos de poder y del debido proceso legal ni tampoco de qué forma habría incurrido en un exceso jurisdiccional y en un supuesto caso de arbitrariedad. Además, es preciso señalar que el presente recurso no está dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, en los términos del artículo 26 de la Ley Nº 402.Y tampoco se ha explicado por qué sería equiparable en sus efectos a una sentencia definitiva, lo que se afirma solo dogmáticamente y con invocación a la trascendencia institucional, que tampoco se explica. También es preciso señalar que no se ha explicado el caso constitucional que reposa en la alegada arbitrariedad.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 49915. Autos: C., O. A. Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 07-11-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – AUXILIAR FISCAL – RESOLUCIONES EQUIPARABLES A DEFINITIVA – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DIVISION DE PODERES – FACULTADES DEL FISCAL – PROCEDIMIENTO PENAL – CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CUESTION CONSTITUCIONAL – CONSTITUCION NACIONAL – SENTENCIA DEFINITIVA – PROCEDENCIA DEL RECURSO – REQUISITOS

En el caso, corresponde declarar la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara ante la resolución emitida por esta sala en la cual se declaró la nulidad de la audiencia prevista por el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Ciudad y de todos los actos que sean su directa consecuencia, conforme lo prescriben los artículos 78.2 y 81 del mismo cuerpo normativo. En cuanto a la admisibilidad del presente recurso es posible afirmar, que el Sr. Fiscal ante esta Cámara se encuentra legitimado para interponerlo desde el momento en que la Ley Nº 402, al no distinguir entre las partes autorizadas para recurrir ante la instancia extraordinaria, torna pertinente el principio general según el cual, cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir. Ahora bien, resulta claro que la resolución cuya revisión extraordinaria se reclama no constituye, en sentido estricto, sentencia definitiva en los términos del artículo 26 de la Ley Nº 402. Restará preguntarse si esta última puede ser equiparada, por sus efectos, a una sentencia definitiva. Considero que le asiste razón en cuanto a que las cuestiones debatidas revisten trascendencia institucional y las circunstancias invocadas por esta parte, con sustento en la controversia sobre la inteligencia de cláusulas constitucionales locales, podrían ocasionar agravios de muy dificultosa reparación ulterior. Respecto al planteo de un caso constitucional, en los presentes actuados surge la controversia sobre la interpretación propiciada por la mayoría de la Sala en base a los alcances del artículo 126 Constitución de la Ciudad. Así, se considera que los magistrados que declararon la nulidad aquí cuestionada extendieron el mecanismo previsto para la designación de Fiscales a los Auxiliares Fiscales y soslayaron por completo la normativa sancionada al efecto (cuestión constitucional simple). Asimismo, se alega que se verifica una cuestión de competencias, en particular, aquellas de los artículos 124 y 125 Constitución de la Ciudad y la autonomía del Ministerio Publico Fiscal consagrada, además, por el texto constitucional en el artículo 124, teniendo como base la independencia introducida por el artículo 120 de la Constitución Nacional. En igual sentido, por una parte se señaló un supuesto de exceso jurisdiccional, y por otra parte, se planteó un supuesto de arbitrariedad de sentencias, en clara afectación al principio republicano de fundamentación de los actos de poder y al debido proceso legal. Es por todo ello que entiendo que en el presente caso el recurrente ha planteado un genuino caso constitucional, pues se cuestiona de modo concreto y suficiente la interpretación que los jueces que presentaron el voto mayoritario, hicieron de las normas constitucionales aplicadas al caso por considerar que tal hermenéutica lesiona dichas reglas. Concretamente de las disposiciones de los artículos 124, 125 y 126 del Código Procesal Penal de la Ciudad. Así las cosas, entiendo que corresponde dar por satisfecha la existencia de un caso constitucional y conceder el recurso de inconstitucionalidad en relación a la inteligencia y los alcances de las normas alegadas. (Del voto en disidencia del Dr. José Sáez Capel).

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 49915. Autos: C., O. A. Sala: III Del voto de Dr. José Saez Capel 07-11-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


VALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES – AUXILIAR FISCAL – FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – PROCEDIMIENTO PENAL – MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Frente al origen legal de la creación y puesta en funcionamiento del cargo de “Auxiliar Fiscal”, el único ropaje procesal adecuado a los efectos de desafectar del sistema de justicia local dicha figura, resultaría ser la declaración judicial de inconstitucionalidad de la mencionada Ley Nº 6285; o, en su defecto, dentro la misma vía constitucional, su modificación por una nueva ley que la deje sin efecto.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 49738. Autos: Rodríguez, Ignacio Adán Sala: II Del voto de Dr. Jorge A. Franza 12-10-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DEBIDO PROCESO – DEBERES DEL JUEZ – SENTENCIA PENAL – PROCEDIMIENTO PENAL – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DESTRUCCION DE ARMAS – EJECUCION DE SENTENCIA PENAL – DECOMISO

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, ordenar a la Fiscalía la devolución del revólver decomisado al Juzgado a cargo de las actuaciones para que disponga de qué manera se procederá a su destrucción. El Fiscal de grado se agravia respecto de la disposición de la A-Quo que le ordena la materialización de la destrucción del revólver decomisado. Esboza el titular de la acción pública que ello no corresponde dado que se estaría afectando el principio acusatorio “…colocando de esta forma al Ministerio Público Fiscal en una posición de auxiliar judicial, más que en un órgano con independencia funcional en el marco de un proceso acusatorio". Puesto a resolver, entiendo que la posición del recurrente es la correcta, ello tomando en cuenta que el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Ciudad es claro en sostener que “Las resoluciones y sentencias judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó en primera instancia, el que tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución…”. De esta forma, se observa con facilidad que es el judicante el que tiene a su cargo las cuestiones que deban ser resueltas en la etapa de ejecución, como ocurre en el caso de autos, donde se debe materializar la destrucción de un revólver que fuera decomisado al condenarse al encausado. En consecuencia, la Magistrada de grado no tiene la potestad para ordenar al Ministerio Público Fiscal que lleve a cabo la destrucción de un bien decomisado, ello atento al principio de independencia que rige a esta institución (conf. art. 2 de la ley 1903).

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 41435. Autos: Lescano, Raul Eduardo Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 11-03-2020.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DEBIDO PROCESO – DEBERES DEL JUEZ – SENTENCIA PENAL – PROCEDIMIENTO PENAL – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DESTRUCCION DE ARMAS – EJECUCION DE SENTENCIA PENAL – LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO – DECOMISO

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, ordenar a la Fiscalía la devolución del revólver decomisado al Juzgado a cargo de las actuaciones para que disponga de qué manera se procederá a su destrucción. El Fiscal de grado se agravia respecto de la disposición de la A-Quo que le ordena la materialización de la destrucción del revólver decomisado. Esboza el titular de la acción pública que ello no corresponde dado que se estaría afectando el principio acusatorio “…colocando de esta forma al Ministerio Público Fiscal en una posición de auxiliar judicial, más que en un órgano con independencia funcional en el marco de un proceso acusatorio". Al respecto, el planteo recursivo ha de tener favorable acogida por parte del suscripto por cuanto se desprende del artículo 2° de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que este: “…ejerce sus funciones específicas de modo objetivo con estricta observancia de la legalidad general, en coordinación con las demás autoridades del Poder Judicial y con los restantes poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura…”. En consecuencia, no corresponde que la A-Quo ordene al Ministerio Público Fiscal materializar la destrucción del bien incautado, motivo por el cual la Fiscalía deberá devolver al Juzgado el bien decomisado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 41435. Autos: Lescano, Raul Eduardo Sala: III Del voto de Dr. Fernando Bosch 11-03-2020.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACION – TEORIA DEL CASO – GARANTIA DE IMPARCIALIDAD – RECUSACION POR ENEMISTAD – FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – PROCEDIMIENTO PENAL – RECUSACION Y EXCUSACION – ASOCIACIONES SINDICALES – CALIFICACION PROVISORIA – CALIFICACION DEL HECHO – LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO – ASOCIACION ILICITA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la recusación planteada por la Defensa contra la Fiscal de grado. La asistencia técnica del imputado se agravia contra lo entendido por la titular de la acción, que circunscribió los hechos en los artículos 194 y 210 del Código Penal. Sostiene que el escrito de la Fiscal, al momento de declinar la competencia del fuero, manifiesta que los imputados conforman una asociación ilícita por integrar un sindicato inscripto legalmente. De este modo, entiende que la interpretación realizada por la Fiscalía constituye una violación lisa y llana a los principios básicos de objetividad (cfr. art. 5° CPPCABA y 2°de la Ley local N° 1.903). Sin embargo, contrario a lo entendido por la Defensa, esta no ha acreditado ningún hecho puntual y concreto relevante para demostrar que la Fiscal no ha actuado con la debida objetividad que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, las leyes aplicables y la Constitución Nacional requieren. En efecto, la Fiscalía expuso su teoría del caso, que del análisis del hecho que motivó el inicio de las presentes actuaciones entendió que el hecho debía ser calificado dentro del marco normativo de los artículos 194 y 210 del Código Penal; fundamentando dicha decisión en la descripción de los hechos investigados. Ello así, que la Defensa no comparta el planteo de la acusación resulta un mero desacuerdo que no implica una causal de recusación.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 37713. Autos: Rodas, Noelia Elizabeth y otros Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 06-11-2018.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACION – RECUSACION POR ENEMISTAD – FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL – DESCRIPCION DE LOS HECHOS – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – PROCEDIMIENTO PENAL – RECUSACION Y EXCUSACION – ASOCIACIONES SINDICALES – CALIFICACION DEL HECHO – LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO – ASOCIACION ILICITA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a la recusación planteada por la Defensa contra la Fiscal de grado. La asistencia técnica del imputado se agravia contra lo entendido por la titular de la acción, que circunscribió los hechos en los artículos 194 y 210 del Código Penal. Sostiene que el escrito de la Fiscal, al momento de declinar la competencia del fuero, manifiesta que los imputados conforman una asociación ilícita por integrar un sindicato inscripto legalmente. De este modo, la apelante consideró que equiparar la participación en un sindicato a la participación criminal en una asociación ilícita implicaba un absoluto desprecio del ordenamiento jurídico y una violación lisa y llana a los principios básicos de objetividad (cfr. art. 5° CPPCABA y 2°de la Ley local N° 1.903). Ahora bien, conforme se desprende de las actuaciones, la titular de la acción opuso la excepción de incompetencia parcial en la materia por considerar que la relación de los acusados a una agrupación gremial implicaba su pertenencia a una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos. En este sentido, y más precisamente, le imputa a los encartados el haber colocado objetos en las vías de un subterráneo impidiendo el normal funcionamiento del servicio público de transporte, actividad coordinada con hechos análogos registrados en otras líneas en forma simultánea. En efecto, la causal de recusación por enemistad manifiesta prevista en el artículo 21, inciso 9°, del Código Procesal Penal de la Ciudad comprende el caso en que la Fiscal tuviere con los interesados enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos y no procede por ataques u ofensas inferidas a la Fiscal luego de que haya comenzado a conocer en el asunto. Las manifestaciones expuestas por la titular de la acción para fundar la incompetencia del fuero fue desacertada pero no permite inferir que la referida conozca o que guarde pleito pendiente o resentimiento respecto de los imputados. Por lo que no corresponde hacer lugar a lo peticionado por la Defensa.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 37713. Autos: Rodas, Noelia Elizabeth y otros Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 06-11-2018.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


GARANTIA DE IMPARCIALIDAD – CONVALIDACION – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – SISTEMA ACUSATORIO – INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – FACULTADES DEL JUEZ – IMPROCEDENCIA – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – CONTROL JUDICIAL – MINISTERIO PUBLICO FISCAL

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no convalidar el archivo fiscal de las actuaciones. En efecto, la Defensa sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 199, inciso "c", "in fine", del Código Procesal Penal de la Ciudad, ya que, a su criterio, la convalidación jurisdiccional del archivo quebrantaba el principio acusatorio y las garantías de debido proceso y de imparcialidad. Ahora bien, si bien asiste razón al recurrente en el hecho de que este proceso es de índole acusatorio, no es cierto que la convalidación judicial signifique una violación a las garantías de imparcialidad, de defensa en juicio y del debido proceso. En este sentido, la declaración de archivo únicamente causa estado cuando el Juez es quien la convalida, de lo contrario existen posibilidades de que se vuelva a perseguir judicialmente al acusado, sea porque titular de la acción incorpore nuevos elementos probatorios o por impulso del acusador privado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 30864. Autos: Q., H. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo, Dra. Marcela De Langhe 26-12-2016.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


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