AVENIMIENTO – NULIDAD DE SENTENCIA – DOBLE CONFORME – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – SENTENCIA CONDENATORIA – RECURSO DE APELACION – TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES
En el caso, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la sentencia condenatoria y anular la sentencia condenatoria. La Jueza homologó un acuerdo de avenimiento presentado por las partes de conformidad con el artículo 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y condenó al imputado a la pena de tres años de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes. La Defensa apeló la decisión. Sostuvo que la resolución recurrida se fundó en una errónea valoración de la prueba y una indebida subsunción legal, a la vez que afecta garantías constitucionales y resulta violatoria del principio de inocencia, lo que la torna arbitraria y pasible de anulación o revocación. Considero que el rechazo de este recurso importará la firmeza de una condena dictada en única instancia, pese a la manifiesta voluntad recursiva del imputado y, por lo tanto, en clara violación del derecho al doble conforme convencionalmente tutelado (del voto en disidencia del Dr. Delgado).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 61894. Autos: C., C., R. A. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 20-02-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – DOBLE CONFORME – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – RECURSO DE APELACION – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CASO CONSTITUCIONAL – CONDENA – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
En el caso, corresponde declarar parcialmente admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa particular dirigido contra la sentencia de condena contravencional dictada en esta Alzada, en lo relativo a la presunta vulneración de la garantía de doble conforme. Corresponde destacar que en primera instancia se condenó a Imputado a la pena de ocho meses de prisión en suspenso por hallarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas cometidas contra su cónyuge y por mediar violencia de género, y se lo absolvió en orden a la contravención de intimidación y maltrato físico agravados por estar basados en desigualdad de género y ser cometidos por la persona con la que se ha mantenido un vínculo de pareja. Al revisar la sentencia de primera instancia esta Sala dispuso confirmar la sentencia en orden al delito de lesiones leves, anular la absolución en orden a la contravención y, en consecuencia, condenar al Imputado también por esos hechos. La Defensa particular interpuso recurso de inconstitucionalidad. Sostuvo que la condena penal resulta arbitraria en tanto no es posible afirmar, conforme a la prueba rendida en el debate, la responsabilidad de su asistido más allá de toda duda razonable. Con relación a la condena contravencional impuesta por el voto mayoritario de la Alzada, sostuvo que resulta aplicable la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Duarte” (Fallos CSJN 337:901), debiendo el Tribunal Superior de Justicia disponer el reenvío de la causa a los efectos de que otra sala de la Cámara revise lo actuado. Sin perjuicio de que considero que no es posible aplicar supletoriamente, conforme el artículo 6 de la Ley Nº12 de Procedimiento Contravencional, el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires a la primera condena adversa en materia contravencional dictada en segunda instancia, al contemplar ese procedimiento adjetivo una serie de recursos que resultan contestes con la propia naturaleza del trámite indicado, para evitar conculcar la garantía del doble conforme que el Presentante alega podría afectarse al vedarle la revisión amplia de la condena recaída en esta instancia, corresponde remitir la presentación a la Secretaría General para que se desinsacule otra Sala que revise la condena en orden al hecho contravencional reprochado -artículos 18 y 75 inciso 22, Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derecho Humanos y artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (del voto en disidencia del Dr. Delgado).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60917. Autos: R., A. G. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 04-11-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – DOBLE CONFORME – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – RECURSO DE APELACION – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CASO CONSTITUCIONAL – CONDENA – PRINCIPIO PRO HOMINE – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
En el caso, corresponde declarar parcialmente admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa particular dirigido contra la sentencia de condena contravencional dictada en esta Alzada, sólo en lo relativo a la presunta vulneración de la garantía de doble conforme. Corresponde destacar que en primera instancia se condenó a Imputado a la pena de ocho meses de prisión en suspenso por hallarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas cometidas contra su cónyuge y por mediar violencia de género, y se lo absolvió en orden a la contravención de intimidación y maltrato físico agravados por estar basados en desigualdad de género y ser cometidas por la persona con la que se ha mantenido un vínculo de pareja. Al revisar la sentencia de primera instancia esta Sala dispuso confirmar la sentencia en orden al delito de lesiones leves, anular la absolución en orden a las contravenciones y, por lo tanto, condenarlo también por esos hechos. La Defensa particular interpuso recurso de inconstitucionalidad. Sostuvo que la condena penal resultaba arbitraria en tanto no era posible afirmar, conforme a la prueba rendida en el debate, la responsabilidad de su asistido más allá de toda duda razonable. Con relación a la condena contravencional impuesta por el voto mayoritario de la Alzada, sostuvo que resulta aplicable la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Duarte” (Fallos CSJN 337:901), debiendo el Tribunal Superior de Justicia disponer el reenvío de la causa a los efectos de que otra sala de la Cámara revise lo actuado. Ahora bien, si lo que ha pretendido la parte era acceder a una revisión amplia e integral de la condena adoptada en segunda instancia, bien pudo adecuar estrictamente su pretensión a los requisitos prescriptos en el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 12 de Procedimiento Contravencional, cuya procedencia en procesos contravencionales ha sido admitida entonces por el Tribunal Superior de Justicia en el precedente “López” (“Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´López, Héctor Jorge s/ inf. art. 83 ley 1472 -apelación-”, Expediente N°5496/07, resolución del 12/03/2008), y en “Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Flecha, Hugo Hernán s/art. 79, Código Contravencional [art. 82 según TC Ley 5666 y modif.]” Expediente N°16092/18). Sin embargo, no perdemos de vista la circunstancia de que en el marco de este legajo, se han impreso dos procedimientos adjetivos conforme el objeto de acusación: uno de índole penal y otro contravencional, al tiempo que fue impugnado por la parte interesada tanto el temperamento de la Alzada que confirmó la condena en materia penal como el que dispuso la nulidad del decisorio que lo absolvió en orden a las contravenciones de intimidación y de maltrato físico doblemente agravadas, y lo condenó en esta sede. Dicha particularidad pudo haber conllevado a la Defensa a deducir una única vía excepcional la que, como tal, y atento a su naturaleza, se hallaría limitada en cuanto a la efectividad que –en la práctica– podría tener la pieza para salvaguardar la garantía de doble instancia frente a la necesidad de revisión amplia de la condena dictada en la alzada. Frente a esta situación, habremos de priorizar una interpretación pro homine a fin de no coartar el derecho a recurrir el fallo y, específicamente, de la garantía de doble conforme que le asiste al Imputado en tanto –como se dijera– el temperamento adverso de condena fue adoptado por esta Alzada, por voto de la mayoría. Para ello, en virtud de lo expuesto, y de las particularidades que ostenta el caso concreto, a efectos de no cercenar su derecho al recurso y de la garantía de doble conforme judicial, habremos de admitir parcialmente el remedio excepcional impetrado tan sólo en punto a la tacha constitucional relativa a la presunta vulneración de aquella última.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60917. Autos: R., A. G. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 04-11-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PRUEBA PERICIAL – TELEFONO CELULAR – DERECHO A LA INTIMIDAD – DOBLE CONFORME – DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el titular de la Defensoría de Cámara (arts. 27 y 28 de la Ley Nº 402, a contrario sensu). Corresponde poner de manifiesto que, a través de su recurso de inconstitucionalidad, el Defensor de Cámara ha impugnado la resolución adoptada por este Tribunal, mediante la cual se resolvió revocar la decisión oportunamente recurrida por el Ministerio Público Fiscal y disponer la realización de una pericia respecto del teléfono secuestrado al imputado. Ahora bien, sin perjuicio de las garantías constitucionales citadas, el impugnante pretende una nueva revisión ordinaria de los elementos valorados por esta Sala para revocar la decisión de grado sin lograr demostrar la existencia de un caso constitucional, pues su planteo sólo constituye una mera discrepancia con la forma en que fueron merituados los elementos considerados para la adopción de la medida de prueba en cuestión. Por otra parte, no debe pasarse por alto que el Defensor sostiene la procedencia del recurso de inconstitucionalidad por entender que, en el caso, la impugnada sería la primera resolución adversa, en lo que respecta a la pericia ordenada sobre el teléfono celular secuestrado al imputado, por lo que requiere que la intervención del Máximo Tribunal local garantice el derecho a la doble instancia o al doble conforme. En este punto, cabe señalar que la sola mención efectuada por la Defensa respecto del derecho al recurso o al doble conforme no ocasiona automáticamente la competencia del Máximo Tribunal local, cuando no se funda debidamente la forma en que el mencionado derecho resulta aplicable al caso de autos.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60513. Autos: C., O. A. Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 26-09-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
GARANTIA DE LA DOBLE INSTANCIA – JURISPRUDENCIA EXTRANJERA – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – NULIDAD – SISTEMA ACUSATORIO – DOBLE CONFORME – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – CASO CONSTITUCIONAL – REQUISA – MINISTERIO PUBLICO FISCAL – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de esta Sala que confirmó la nulidad de la detención y requisa practicadas respecto al encausado. Tal como consideré en casos similares al presente, entiendo que existe un impedimento de rango constitucional que obstaculiza el acceso del Ministerio Público Fiscal a la instancia extraordinaria a la que intenta llegar y que el Fiscal no está facultado a los fines previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Nº 402 para actuar en contra de los intereses del imputado. La impronta acusatoria de nuestro ritual limita la injerencia fiscal (estatal; origen histórico de los recursos) en lo que al recurso de inconstitucionalidad se refiere, dado que no ha previsto cómo respetar la doble instancia en caso de admitirse y resultar exitosa tal impugnación. Ello, con el fin de no trastocar un delicado sistema de contrapesos dentro del cual las garantías, entendidas como instrumentos en manos del individuo para hacer valer sus derechos frente al Estado, limitando los excesos en los que pudiese incurrir éste mediante el ejercicio del poder, configuran una pieza fundamental.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 58881. Autos: Mena, David Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 14-04-2025.
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AUDIENCIA DE APELACION – REVOCACION DE SENTENCIA – DOBLE CONFORME – SENTENCIA CONDENATORIA – PRINCIPIO DE INMEDIATEZ – RECURSO DE APELACION – SENTENCIA ABSOLUTORIA – ACTOS DISCRIMINATORIOS – PRINCIPIO DE INMEDIACION – RECURSO DE CASACION PENAL – INCITACION A LA DISCRIMINACION
En el caso corresponde casar y revocar el punto I de la sentencia apelada en cuanto dispuso absolver al imputado y, en consecuencia, condenar al nombrado en orden a la conducta por la cual fue acusado y que encuadra en el delito de incitación a la discriminación, previsto y reprimido en el artículo 3, segundo párrafo, de la Ley N° 23.592, a la pena de seis (6) meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con las costas del proceso, y la obligación de fijar domicilio y someterse al cuidado de un patronato por el término de dos años. En el presente caso no se discute la base fáctica tal como se imputó, sino que la crítica delineada en los recursos de la Fiscalía y la Querella está dirigida al juicio de subsunción realizado en la sentencia, por la presunta inobservancia de la norma aplicable en base a lo que consideran una errónea valoración jurídica del caso. Al tratarse de cuestiones de puro derecho, el principio de inmediación no limita la competencia de este Tribunal porque en esta instancia no se podrían modificar las conclusiones fácticas —las publicaciones escritas realizadas por el imputado—, sin perjuicio de que, vale aclarar, los testimonios rendidos en el debate han sido videograbados para su compulsa y el material relevante para la decisión se trata de publicaciones e informes incorporados por lectura que pueden ser consultados tal como lo hizo la Jueza de grado. Por lo tanto, asiste razón a los recurrentes en cuanto a que sus agravios, al estar basados en la existencia de un error "in iudicando" en la aplicación de la ley a las circunstancias acreditadas en el proceso, habilitan a esta Sala a dictar una condena en esta instancia pues en sus escritos no proponen una “diferente apreciación de los hechos”, sino que se tengan por cumplidos los requisitos típicos de la figura del artículo 3, segundo supuesto, de la Ley N° 23.592, sobre la base del mismo marco fáctico fijado en la sentencia por la Jueza "a quo". Es de destacar que esta postura no colisiona con el principio de inmediatez en cuanto impone que todos los jueces que dicten sentencia tienen la obligación de establecer, en forma previa a resolver, un contacto directo con el imputado, en tanto ello fue garantizado en el caso a través de la audiencia prevista en el artículo 297 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 41 del Código Penal, en cuyo marco el imputado se explayó ampliamente sobre la imputación y sus condiciones personales. Por lo demás, el mismo ordenamiento procesal asegura en el artículo 303 que, ante el dictado de una sentencia condenatoria en Cámara, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado está salvaguardada directamente en este ámbito mediante la interposición de un recurso que resolverán otros Magistrados que integren el tribunal.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57870. Autos: Bodart. Hugo Alejandro Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 30-12-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
GARANTIA DE LA DOBLE INSTANCIA – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – SISTEMA ACUSATORIO – DOBLE CONFORME – MINISTERIO PUBLICO FISCAL – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal. El presente recurso de inconstitucionalidad fue deducido por el Ministerio Público Fiscal contra el pronunciamiento mediante el cual, por mayoría, se declaró la nulidad de los procedimientos de requisa y detención por haberse vulnerado derechos y garantías constitucionales y convencionales (cfr. arts. 18 CN, art. 13 párr. 1 CCABA, art. 7 inciso 2 CADH, 9 inciso 1 PIDCyP) y se sobreyó al imputado. Ahora bien, considero que existe un impedimento de rango constitucional que obstaculiza el acceso del Ministerio Público Fiscal a la instancia extraordinaria a la que intenta llegar. Es que la impronta acusatoria de nuestro ritual, obliga a que las limitaciones provenientes de la garantía del doble conforme de la persona sometida a proceso y la igualdad de armas se manifiesten, al menos, en lo que al recurso de inconstitucionalidad se refiere: aquí, la limitación a la injerencia fiscal debe ser absoluta, dado que no se ha previsto cómo respetar la doble instancia en caso de admitirse y resultar exitosa tal impugnación. Ello con el fin de no trastocar un delicado sistema de contrapesos dentro del cual las garantías, entendidas como instrumentos en manos del individuo para hacer valer sus derechos frente al Estado, limitando los excesos en los que pudiese incurrir éste mediante el ejercicio del poder, configuran una pieza fundamental. Considero, en definitiva, que por este motivo, el recurso debería ser declarado inadmisible.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 55880. Autos: A. I., A. L. y otros Sala: IV Del voto de Dr. Sergio Delgado 07-06-2024.
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INVESTIGACION A CARGO DEL FISCAL – FISCAL DE CAMARA – NULIDAD – FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL – DOBLE CONFORME – FACULTADES DEL FISCAL – IMPROCEDENCIA – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – TENENCIA ILEGITIMA DE ARMAS DE GUERRA – MINISTERIO PUBLICO FISCAL – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – REVISION DEL DICTAMEN
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad articulado por la Defensa. En el presente, seguido por el delito de portación de arma de guerra sin autorización, el Fiscal de grado decidió archivar el caso de conformidad con el artículo 212 inciso "d" del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa decisión fue enviada a la Fiscalía de Cámara, para su revisión. El Fiscal de Cámara, seguidamente, consignó que no compartía el criterio, en tanto había observado que los aspectos señalados por su colega de instancia no resultaban dirimentes para determinar el archivo de la investigación. La Defensa planteó la nulidad de la revisión de archivo. El "A quo", por su parte, rechazó el planteo de nulidad. Manifestó que coincidía con lo expuesto por el Fiscal, en tanto se trataba de una decisión en ejercicio de la acción penal pública y, que “sea de archivo, luego desarchivo a través de la aplicación de un criterio general, sea un criterio general de actuación, o sea un control interno por parte del Ministerio Público, fue una única decisión definitiva la de avanzar con la acción penal, en el marco de su estructura jerárquica”, que había sido tomada “en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”. En efecto, la Resolución General N°178/08, invocada por los Fiscales en el presente caso, se basó en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la Constitución de la CABA, en tanto establecen la autonomía funcional y autárquica del Ministerio Público Fiscal (MPF) e indican que su función consiste en promover la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y por los artículos 4 y 31 de la Ley N°1.903, que disponen que corresponde al titular del MPF elaborar criterios generales de actuación y fijar normas generales para la distribución del trabajo, así como corroborar su cumplimiento. A la vez, surge con claridad del texto de la resolución que aquella tuvo por objeto tomar medidas concretas a los efectos de “restringir al máximo la portación y tenencia ilegal de armas de fuego; todo ello con la finalidad de disminuir y/o eliminar las consecuencias negativas del flagelo de las armas”, lo que va en línea con normativa internacional y, en particular, con el Tratado sobre el Comercio de Armas, del que nuestro país forma parte desde año 2014. Por lo demás, tanto lo indicado por la Resolución General, en cuanto a que los archivos de investigaciones por los delitos de tenencia y portación de armas deben estar sometidos a un doble conforme, así como la decisión de archivar la investigación, tomada por el Fiscal de grado, y la advertencia de que aquél archivo no se encontraría firme hasta tanto no fuera revisado por el Fiscal de Cámara, tienen basamento en lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 1.903, respecto de que el organismo “actúa conforme al principio de unidad e indivisibilidad”, y de que “[c]ada uno de sus integrantes en su actuación representa al Ministerio Público en su conjunto”. En esa medida, cabe concluir, en línea con lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia en “Benítez” y, luego, en “Panelo”, que la resolución de Fiscalía General fue dictada en ejercicio de las competencias que la Ley Orgánica del Ministerio Público le atribuye expresamente al titular del Ministerio Público Fiscal.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 55520. Autos: Delgado, Fernando Emmanuel Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 30-04-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
INVESTIGACION A CARGO DEL FISCAL – FISCAL DE CAMARA – NULIDAD – FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL – DOBLE CONFORME – IMPROCEDENCIA – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – TENENCIA ILEGITIMA DE ARMAS DE GUERRA – MINISTERIO PUBLICO FISCAL – REVISION DEL DICTAMEN
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó el planteo de nulidad articulado por la Defensa. En el presente, seguido por el delito de portación de arma de guerra sin autorización, el Fiscal de grado decidió archivar el caso de conformidad con el artículo 212 inciso "d" del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa decisión fue enviada a la Fiscalía de Cámara, para su revisión. El Fiscal de Cámara, seguidamente, consignó que no compartía el criterio, en tanto había observado que los aspectos señalados por su colega de instancia no resultaban dirimentes para determinar el archivo de la investigación. La Defensa planteó la nulidad de la revisión de archivo. Sin embargo, entendemos que en cumplimiento de sus funciones y, en particular, en virtud de los principios de unidad e indivisibilidad y en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, el Fiscal de Cámara debe efectuar un doble conforme de las decisiones de archivo donde el objeto de la investigación consista en la posible comisión del delito de portación, tenencia y suministro ilegal de un arma de fuego, todo ello, con el fin de brindar mayor seguridad a la población en general, y de que la decisión de archivo obtenga un mayor consenso, a fin de evitar incumplimientos de los compromisos asumidos internacionalmente. Por todo lo expuesto, entendemos que corresponde confirmar la decisión del Magistrado de grado, que rechazó el planteo de nulidad articulado por la Defensa y que, en consecuencia, hizo lugar a lo peticionado por la Fiscalía y declaró la rebeldía del aquí imputado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 55520. Autos: Delgado, Fernando Emmanuel Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 30-04-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
CUMPLIMIENTO DE REGLAS DE CONDUCTA – DERECHO PENAL – DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO – DOBLE CONFORME – SOBRESEIMIENTO – RECURSO DE APELACION – OPORTUNIDAD DEL PLANTEO – AGRAVIO EXTEMPORANEO – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. El Juez de grado resolvió tener por cumplidas las reglas de conducta oportunamente impuestas en la suspensión del juicio a prueba otorgada al encausado y sobreseerlo por la presunta comisión del delito previsto y reprimido en el artículo 149 bis primer párrafo del Código Penal de la Nación. Para así decidir entendió que de acuerdo a las particularidades del caso y a la imposibilidad del Servicio Penitenciario Federal de asignarle tareas, no resultaba razonable conceder una prórroga a fin de que pueda cumplir con la regla de conducta consistente en la realización de cuarenta horas de tareas de utilidad pública, por lo que corresponde tenerlas por cumplidas. Agrega, además, que no hubo un incumplimiento malicioso por el imputado. La recurrente expuso, que no correspondía al Magistrado de primera instancia valorar los hechos en la audiencia prevista por el artículo 324 del Código Procesal Penal de la Ciudad y que no se configuraban los supuestos previstos en el artículo 76 ter del Código Penal en tanto el imputado había cometido un nuevo delito durante el plazo de vigencia de la suspensión del proceso a prueba. Ahora bien, los argumentos que expone la Fiscalía exceden el ámbito de análisis que habilita a este Tribunal en los términos del artículo 289 del Código Procesal Penal de la Ciudad. Ello así, pues en la audiencia prevista en los términos del artículo 324 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la Fiscalía meramente esbozó su acuerdo con la concesión de una prórroga y su oposición a que se tengan por cumplidas las reglas de conducta, pero no solicitó la revocación de la suspensión del proceso a prueba. Tampoco propuso el análisis de la cuestión en los términos del artículo 76 ter del Código Penal que la Fiscal (tardíamente) propone analizar ante esta Alzada, pretendiendo introducir cuestiones que son fruto de una reflexión posterior. La valoración de los argumentos esbozados por la Fiscalía, implicarían un cercenamiento del ejercicio del derecho de defensa y la vulneración del doble conforme pues la Defensa no tendría oportunidad procesal útil de controvertir la decisión que adopte este Tribunal. Acertadamente, expone el Sr. Defensor ante esta Cámara que si este Tribunal hiciera lugar a los novedosos argumentos expuestos por la Fiscalía, la única vía procesal de impugnación con la que cuenta es el recurso de inconstitucionalidad. Por todo lo expuesto, corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 52224. Autos: A., E. I. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 07-06-2023.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
AUSENCIA DE HABILITACION – REVOCACION DE SENTENCIA – ACTIVIDADES LUCRATIVAS NO PERMITIDAS O EJERCIDAS EN INFRACCION – DOBLE CONFORME – SENTENCIA CONDENATORIA – OPORTUNIDAD DEL PLANTEO – FALTAS – REVISION JUDICIAL – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que ordenó revocar la sanción impuesta en sede administrativa y archivar las presentes actuaciones, y en consecuencia, condenar a la empresa a la sanción de multa por ser responsable de la infracción prevista en el artículo 4.1.1, primer párrafo de la Ley N° 451, consistente en haber estado funcionando pese a tener la declaración de responsable de actividad económica rechazada. La Dirección General de Fiscalización y Control comprobó que el local se encontraba funcionando pese a tener la declaración de responsable de actividad económica rechazada, y se clausuró preventivamente el lugar. En la instancia administrativa, mereció la sanción de multa y se impuso la clausura del establecimiento hasta la subsanación de las causales que motivaron la imposición de la medida cautelar. Decisión que fue confirmada por la Junta de Faltas. En sede judicial, a la que se accedió como consecuencia del ejercicio del derecho reconocido a la infractora por el artículo 25 de la Ley de Procedimiento de Faltas (texto según ley 6347), el Magistrado decidió revocar la sanción impuesta en sede administrativa y archivar las actuaciones, resolución recurrida por el Fiscal. El "A quo", para así decidir, consideró que debió aplicarse el artículo 28 de la Ley N° 6.101, es decir aquel que permite el saneamiento de las declaraciones responsables, antes de proceder al rechazo de la declaración, por ello al no proceder de esta forma, entendió que la decisión de la administración resultó arbitraria. La Fiscal de Cámara, atento la posibilidad de que el recurso interpuesto por su par de grado tuviera favorable acogida ante este Tribunal, consideró que debía aplicarse algún mecanismo tendiente a que la sociedad de auto tuviera acceso a la revisión de la decisión que aquí se adopte. Al respecto, cabe señalar que el mecanismo de revisión de la resolución adoptada por este Tribunal, deberá ser planteado -en todo caso- por quien se sienta agraviado de conformidad con lo establecido legalmente, por lo que ninguna consideración corresponde efectuar en esta instancia, pues se trata de un planteo meramente conjetural.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 44350. Autos: Plaza Logistica Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel 05-05-2021.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
AUSENCIA DE HABILITACION – ACTIVIDADES LUCRATIVAS NO PERMITIDAS O EJERCIDAS EN INFRACCION – DOBLE CONFORME – SENTENCIA CONDENATORIA – FALTAS – REVISION JUDICIAL – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS
En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que ordenó revocar la sanción impuesta en sede administrativa y archivar las presentes actuaciones. Arribadas las actuaciones a este Tribunal, la Sra. Fiscal de Cámara mantuvo el remedio procesal presentado por su par de grado. Sostuvo que la decisión del Juez de grado se apartó de las facultades que le otorga la ley, puesto que la Ley N° 1.217 en su artículo 55 sólo prevé la absolución o condena como los únicos supuestos en los que puede concluir la audiencia de juzgamiento. Finalmente, para el caso que la Sala admitiera el recurso de la Fiscalía y dictara sentencia condenatoria no estaría garantizado el derecho de revisión de la infractora, por ello entendió que debería articularse un mecanismo de revisión ordinaria y sugirió recurrir al previsto el actual artículo 302 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme texto Ley N° 6.347. Ahora bien, respecto del planteo de la Fiscal de Cámara en torno al doble conforme: Entiendo que asiste razón a la Sra. Fiscal de Cámara quien, en su rol de garante de la ley, pone el acento sobre la potencial afectación que una primera condena en esta instancia, proyecta sobre el derecho de la infractora al doble conforme, constitucionalmente garantizado. En efecto, el recurso de apelación de la Fiscalía contra una absolución persigue un objetivo que produce efectos que no han sido legalmente previstos por el legislador, quien no ha advertido la posibilidad de efectuar un reenvío en materia de faltas. Ello implicaría que, ante la hipótesis de que la infractora fuera condenada en segunda instancia, no existiría posibilidad alguna de lograr un doble conforme de la imposición de la pena habilitando una declaración de culpabilidad que no puede ser revisada, impidiendo un control de la decisión. Estando en tensión la garantía del doble conforme, luce razonable el planteo Fiscal sobre la solución que sí propicia el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para casos similares. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 44350. Autos: Plaza Logistica Sala: I Del voto de Dr. Sergio Delgado 05-05-2021.
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REVOCACION DE LA SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA – REMISION DEL EXPEDIENTE – PRESENTACION EXTEMPORANEA – DERECHO PENAL – TRABAJOS DE UTILIDAD PUBLICA – REGLAS DE CONDUCTA – DOBLE CONFORME – HECHOS NUEVOS – CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION – PRUEBA DE INFORMES – PRIMERA INSTANCIA – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA – PRUEBA DOCUMENTAL POSTERIOR A LA SENTENCIA
En el caso, corresponde remitir las presentes actuaciones al Juzgado de origen a fin de que se evalúe la información aportada por parte de la Defensa. La Defensa sostuvo que su asistido efectivamente había concluido todas las pautas acordadas pero que la institución en la cual había realizado las horas de servicio comunitario tardó más de un mes desde la audiencia en emitir el correspondiente certificado de acatamiento. Acompañó, junto con su escrito de apelación, las constancias que daban cuenta de que había llevado a cabo la condición que faltaba. En ese sentido, si bien a la fecha de la revocación de la suspensión del proceso a prueba el imputado no había ejecutado con la totalidad de las reglas de conducta, sí lo hizo con posterioridad. En efecto, cabe destacar que el encausado acreditó el cumplimiento de la regla faltante (consistente en la realización de horas de trabajo comunitario) en el mismo escrito de apelación interpuesto respecto de la resolución que revocaba el beneficio. Así, tal como se desprende de las constancias de las presentes actuaciones, durante tres meses del 2018 el imputado realizó las ciento sesenta horas de trabajo comunitario estipuladas en la pauta Nº 3), las que fueron culminadas en octubre de 2018. Ello así, y toda vez que la nueva información aportada por la Defensa no fue evaluada en la resolución que dispuso revocar la suspensión del proceso a prueba, corresponde remitir la presente causa al Juzgado interviniente, a fin de que el Juez de grado se expida al respecto a los efectos de garantizar el doble conforme (artículo 75, inciso 22, del Constitución Nacional y artículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 39844. Autos: Meza Castro, Carlos Alexis Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo, Dra. Marcela De Langhe 08-03-2019.
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FALTA DE LEGITIMACION – QUERELLA – GARANTIAS PROCESALES – DOBLE CONFORME – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD – DERECHOS DEL IMPUTADO – INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Sala que dispuso absolver a quienes fueron imputados por el delito de usurpación. La querella fundamenta el recurso en el entendimiento de que se encuentra en crisis la debida fundamentación que debe tener toda resolución judicial con su consecuente afectación al derecho de defensa en juicio y debido proceso. En efecto, sostiene que esta Sala ha realizado una errónea interpretación de la ley sustantiva aplicada al caso (art. 181 inc. 1° CP) y ha prescindido de las constancias de la causa para resolver, defectos que según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son causales de arbitrariedad de sentencia y habilitan la vía extraordinaria intentada. Sin embargo, la recurrente no se encuentra legitimada para interponer recurso de inconstitucionalidad ya que debe considerarse que ciertas garantías procesales, en especial el derecho al doble conforme, son herramientas de las que puede disponer el sometido a proceso y no el Estado en su faz acusatoria. Estos mismos argumentos son aplicables a la intervención del querellante particular que, de ser admitida, también privará de doble conforme al imputado, que es quien lo tiene constitucionalmente garantizado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 37605. Autos: Abendaño, Catalina Tomás y otros Sala: I Del voto de Dr. Sergio Delgado 26-09-2018.
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FUNCIONES – LEGITIMACION – NULIDAD DE SENTENCIA – DOBLE CONFORME – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – RECURSO DE APELACION – SENTENCIA ABSOLUTORIA – PROCEDIMIENTO PENAL – CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – DEBERES DEL FISCAL – MINISTERIO PUBLICO
Si bien la garantía del doble conforme opera con relación al imputado, ello no excluye la posibilidad de que el Fiscal como titular de la acción pueda recurrir una sentencia absolutoria, pues mediante dicha vía recursiva se le permite al Ministerio Público Fiscal “(…) el cumplimiento adecuado de su rol institucional, definido en el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” .
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 31910. Autos: ACOSTA, ANIBAL PAULO Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 07-04-2017.
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