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REALIZACION DE LA OBRA – VIA PUBLICA – RECURSOS PRESUPUESTARIOS – PRONUNCIAMIENTO INOFICIOSO – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – OBRAS PUBLICAS – EJERCICIO PROFESIONAL – CUESTION ABSTRACTA – ACERAS – ACCION DE AMPARO – COSTAS – ABOGADOS – BUENA FE – DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – PROCEDENCIA – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO – HONORARIOS PROFESIONALES – DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, fijar las costas de ambas instancias en el orden en el que han sido causadas, en la presente acción de amparo iniciada por el actor con la finalidad de obtener la reparación de una vereda de la Ciudad. Es preciso señalar que la reparación de la vereda ya ha sido ejecutada por el Gobierno demandada y que, tal como surge de las notas adjuntadas a autos, dicha obra se encontraba incluida en el plan de acción de reparación de veredas previsto para el ejercicio 2025. De ello no es posible colegir que la promoción de esta acción habría sido la causa que motivó la ejecución del arreglo en cuestión. En otro orden de ideas, merece resaltarse que del sistema informático del fuero surge que el abogado que en autos actúa en causa propia, ha iniciado múltiples acciones de amparo con objetos similares al de autos, pretendiendo, en todas ellas, diversas reparaciones de imperfecciones de las que adolecerían distintas veredas de la Ciudad. Pues bien, admitir planteos como el aquí articulado haría que este tribunal convalide que un sistema pensado para que la democracia sea efectivamente participativa y exista un mayor control del accionar público, pueda transformarse en un emprendimiento privado, con una finalidad que no es la pensada por el constituyente. En una ciudad como la que habitamos, suponer que todos los inconvenientes relacionados con el espacio público deben ser subsanados conforme a la voluntad y los tiempos establecidos en causas judiciales no solo es impracticable, sino profundamente injusto. El único rédito de tal tesitura sería el de obtener múltiples regulaciones de honorarios, lo cual no parece ser la finalidad sistémica de la ampliación de la legitimación establecida en la constitución local. Así, no resulta razonable que en un caso como el “sub lite”, en el que la situación fue resuelta, se termine avalando lo que podría pensarse como la figura de un “garante de la seguridad peatonal”, con la paradójica consecuencia de que ello implicaría detraer recursos presupuestarios -por naturaleza, limitados y finitos- destinados a la ejecución de obras necesarias en la vía pública, a fin de sufragar sus emolumentos. En modo alguno se afirma aquí que la referida fue la voluntad del demandante. Pero tampoco puede el Tribunal ignorar las consecuencias de una decisión como la pretendida en este caso. En consecuencia, cabe admitir el recurso de apelación planteado por el Gobierno demandado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60105. Autos: Giovanelli Matías Rodrigo Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dr. Fernando E. Juan Lima 05-08-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

CONDUCTA DE LAS PARTES – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – IMPOSICION DE COSTAS – COSTAS AL VENCIDO – CUESTION ABSTRACTA – DERECHO A LA INFORMACION – ACCION DE AMPARO – IMPROCEDENCIA – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO – RAZON FUNDADA PARA LITIGAR

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. La actora promovió la presente acción contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), en los términos de la Ley N°104, con el objeto de obtener una respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. Agregó que, al momento de interponer la demanda, su requerimiento no había recibido respuesta. El Juez de grado declara abstracta la cuestión e impuso las costas a la demandada. El Gobierno local cuestionó la imposición de costas dispuesta en la instancia de grado, pese a que la cuestión fue declarada abstracta. Alegó que brindó la información requerida al contestar demanda y que actuó conforme a la normativa vigente. Invocó el segundo párrafo del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo y Tributario para solicitar que las costas fueran impuestas en el orden causado, y sostuvo que no había elementos que justificaran una condena en su contra. Ahora bien, la Ley N°104 no contiene normas que regulen la cuestión relativa a las costas, y en los procesos iniciados en el marco de la Ley de Acceso a la Información no hay norma que imponga la aplicación del principio objetivo de la derrota. Aún en el caso de considerarlo aplicable, si bien el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo y Tributario establece una regla general, también habilita al Juez a eximir total o parcialmente al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Del sistema de consulta pública surge que la actora inició numerosas causas por derecho propio, son reclamos referidos al estado irregular de bicisendas o rampas de accesibilidad y pedidos de acceso a la información. De aquí, pues, la necesidad de revisar criterios que, sostenidos en una hermenéutica posible, se muestran inconvenientes en su aplicación. Tal como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los tribunales no son omniscientes y, como cualquier otra institución humana, pueden aprovechar del ensayo y del error, de la experiencia y de la reflexión (Fallos, 329:759). La exención de costas a la actora prevista en términos generales en la Constitución de la Ciudad para los procesos de amparo, unida a la más amplia legitimación, redunda en un notorio aumento de la litigiosidad, en tanto que se incentiva la promoción de pleitos en los que basta pedir acceso a cualquier dato o documento oficial, sin que pueda juzgarse su relevancia, para que puedan generarse costas a cargo del erario público. La experiencia reunida evidencia razones para imponer las costas en el orden causado, asegurando el más amplio acceso a la justicia sin convalidar excesos o abusos. Este es, por lo demás, el criterio implementado en la Ley N° 402 para las acciones declarativas de inconstitucionalidad (art 26). Por otro lado, la regla contenida en el artículo 26 de la Ley N° 402 no impide, en su caso, imponer costas cuando la actitud abusiva de cualquiera de las partes resulte notoria (art. 10 CCyCN) o imponer las multas previstas en los artículos 41 y 147, inc. 9, del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudady ordenar las comunicaciones pertinentes. Finalmente, la circunstancia de que las costas se impongan en el orden causado no trae aparejada una lesión a la garantía de igualdad pues, por aplicación del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, ambas partes reciben el mismo tratamiento. En consecuencia, sin que lo decidido importe una negación del amplio derecho de solicitar información que asiste a toda persona en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde hacer lugar al recurso de apelación. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59897. Autos: Rapetti, Paula Olivia Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 05-08-2025.

VIA PUBLICA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – PROBIDAD PROCESAL – EJERCICIO PROFESIONAL – ACCION DE AMPARO – COSTAS – ABOGADOS – BUENA FE – TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – DEBER DE LEALTAD – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO – DIRECCION DEL PROCESO – DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar la resolución de grado e imponer las costas en el orden causado en tanto el artìculo 64 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad faculta a eximir del pago de los gastos causídicos al litigante vencido. Ello así, por cuanto si bien el ordenamiento jurídico no condiciona el derecho de la actora a denunciar la falta de conservación de veredas y rampas, la legislación impone a los jueces el deber de dirigir el proceso señalando los actos que desvirtúan sus reglas o generan situaciones irregulares o de marcada anormalidad. Por ello, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera así el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 10 del CCyCN). A su vez, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y es su deber prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe (cfr.art. 29 inciso 5º, apartado d, del CCAyT). En efecto, el proceso es el instrumento idóneo para lograr la tutela judicial de los derechos. Se contraría el principio de la buena fe siempre que se lo utiliza para un fin distinto, cuando es realmente innecesario o realmente inútil o cuando se lo prolonga indebidamente (Jesús González Pérez, El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, Civitas, Madrid, segunda edición, 1989, págs. 166 y 175). En definitiva, al actuar de manera abusiva, se perjudica el servicio de justicia, los derechos de la parte contraria y el prestigio de la profesión. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Seijas).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 54595. Autos: R., P. O. Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 07-02-2024.

VIA PUBLICA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – PROBIDAD PROCESAL – EJERCICIO PROFESIONAL – ACCION DE AMPARO – COSTAS – ABOGADOS – BUENA FE – TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – DECORO – DEBER DE LEALTAD – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO – HONORARIOS PROFESIONALES – DIRECCION DEL PROCESO – DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar la resolución de grado e imponer las costas en el orden causado en tanto el artìculo 64 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad faculta a eximir del pago de los gastos causídicos al litigante vencido. Ello así, por cuanto de una superficial revisión del sistema de consulta pública surge que la actora habría iniciado en el fuero, solo en el año 2023, múltiples causas por derecho propio en relación a reclamos referidos a denuncias por el estado irregular de bicisendas y rampas de accesibilidad y pedidos de acceso a la información pública. Al respecto, se ha dicho que,"como norma general en materia de honorarios, los abogados deben tener presente que la profesión no tiene otro objeto esencial que el de colaborar con la administración de justicia. El provecho o retribución, muy legítimos sin duda, son sólo accesorios, porque nunca pueden constituir decorosamente el móvil determinante de los actos profesionales. En el desinterés encontramos la razón de todo aquello que es el decoro profesional: arreglar amigablemente las controversias, rehusar las causas injustas o inmorales, sostener a toda costa las causas buenas, mantenerse coherente con sus propias convicciones, desdeñar todo medio que no sea honesto, decir siempre y a todos la verdad. La preocupación de las ventajas materiales no puede ser la causa determinante de ningún acto del abogado" (cfr. Adolfo E. Parry, Ética de la abogacía, Ed. Jurídica Argentina, Bs.As, 1940, T II, págs. 145/ 146). En definitiva, litigar con la finalidad de generar honorarios es un ejemplo de una acción temeraria a nivel procesal y de la infracción del principio de buena fe. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Seijas).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 54595. Autos: R., P. O. Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 07-02-2024.

PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – HOSTIGAMIENTO DIGITAL – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – DISCRIMINACION – LIBERTAD DE EXPRESION – IMPROCEDENCIA – CASO CONCRETO – ATIPICIDAD – DISCRIMINACION POR RAZONES DE SEXO O GENERO – DIFUSION NO AUTORIZADA DE IMAGENES O GRABACIONES INTIMAS – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto condenó al acusado por las contravenciones de discriminar, hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes, con la modificación de la declaración de atipicidad de esta última contravención en uno de los tres hechos atribuidos. El "A quo" concluyó que el encartado resultó responsable de los tres hechos denunciados (consistentes en publicaciones en las plataformas Facebook y YouTube, en las que mostraba fotos de la denunciante y emitía juicios agraviantes a su persona), y consideró que cada uno de ellos resultaba subsumible en las figuras contravencionales de discriminar (según art. 68 -conforme redacción Ley 6017 sancionada el 25/10/2018 vigente al tiempo del hecho 1 y conforme redacción Ley 6307 del 9/06/2020 vigente al tiempo de los hechos 2 y 3-, CC), difusión no autorizada de imágenes (según art. 71 bis, CC – conforme redacción Ley 6.128 del 7/01/2019-) y hostigamiento digital (según art. 71 ter, CC -conforme redacción Ley 6.128 del 7/01/2019-). La Defensa apeló, y sus agravios están dirigidos, con más o con menos claridad, a poner de manifiesto que la sentencia no habría amparado a los hechos bajo la protección del ejercicio de libertad de expresión. En la pieza recursiva, luego de plasmar distintos extractos de fallos jurisprudenciales sobre la materia, se argumenta que: “Lo dicho descarta toda posibilidad de discriminación, violencia de género y menos aún la desopilante imputación de haber llevado a cabo publicaciones indebidas (o no autorizadas) desde el momento que el rol de la denunciante, amen de enfocarse dentro de las denominadas cuestiones de estado suscita un incontrovertible interés público; todo lo cual excluye toda posibilidad de castigo.” Sin embargo, de la sentencia se desprende un abordaje integral y un especial desarrollo sobre la cuestión que la Defensa alega como ignorada, incluso con una extensa exposición de los fundamentos a partir de los cuales el "A quo" concluyó que las acciones desplegadas por el acusado, en el caso, representaron un ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión. Para decidir la cuestión, la tarea no puede prescindir de la consideración de dos cuestiones de suma importancia, concretamente, la dedicación al “periodismo político” por parte del condenado y su condición de titular del sitio web “Data24.com.ar” vinculado con esa materia, como así también la ineludible condición de figura pública de la víctima. Precisados los derechos en conflicto, debe determinarse si las publicaciones cuestionadas gozan de tutela constitucional o si, por el contrario, se encuentran fueran de su ámbito de protección. Cabe reconocer el acierto del fallo al determinar que éstas excedieron los límites de protección que la Constitución Nacional otorga a la libertad de expresión pues configuran un insulto gratuito y una vejación injustificada. De esto modo, se impone resaltar que detrás de las producciones realizadas no se aprecia el contenido de una crítica política o conceptual hacia la figura de la primera dama o lo que pudiera representar su rol o función dentro del gobierno, sino que, en rigor de verdad, las manifestaciones del nombrado, en los hechos traídos a estudio, trasuntan ante todo un embate personal hacia la damnificada por su condición de mujer, más allá de su rol público.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 49260. Autos: P., E. M. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch 01-09-2022.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – INSCRIPCION REGISTRAL – FALTA DE PAGO – EXPROPIACION INVERSA – OPOSICION A LA INSCRIPCION – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – HONORARIOS DEL ABOGADO

En el caso, corresponde hacer lugar a los recursos de apelación deducidos por los abogados y revocar la resolución de grado que desestimó la oposición a la inscripción de los bienes inmuebles expropiados hasta tanto se abonen los honorarios regulados a los abogados actuantes en representación de la parte vencedora. El debate entre los recurrentes y el demandado refiere a la aplicación o no a la especie del artículo 11 de la Ley N° 5.134; se debe desentrañar si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe o no satisfacer el pago de los honorarios de los abogados actuantes en representación de la parte vencedora, como condición previa necesaria para que el accionado pueda inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles expropiados. El Juez de grado fundó su resolución en el entendimiento de que habían prestado conformidad al apartado que establecía las “Pautas ordenatorias y de cumplimiento” en la sentencia de grado (que ordenó la inscripción registral de los bienes expropiados sin cumplimentar el pago previo de los emolumentos), al no haber recurrido ese aspecto de la decisión. Sin embargo, no cabe tener por configurado en autos el silencio positivo de los letrados (habilitante de la inscripción), tal como considerara el Juez de primer grado. Esa circunstancia, a su vez, impide invocar el fiel cumplimiento de la norma arancelaria contenida en el artículo 11 de la Ley N°5.134 para desestimar la oposición a la anotación registral de los inmuebles expropiados. La oposición formulada por los letrados (expuesta en virtud del traslado conferido por el Juez de grado ante el pedido de inscripción de los bienes expropiados en el Registro de la Propiedad efectuado por el demandado) resultaba oportunamente ajustada al ordenamiento jurídico vigente, sin que se verificaran las condiciones que permitieran desechar su procedibilidad formal. La referida oposición no importó tampoco el ejercicio abusivo de un derecho en los términos del artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación; aquella importó el ejercicio regular del derecho que el artículo 11 de la Ley N° 5.134 reconoció a favor de los abogados y, por lo tanto, resulta una manifestación lícita del derecho de defensa. Tampoco el accionado consideró que la conducta asumida por la contraria resultara un obrar abusivo. Ello así, los letrados pueden oponerse válidamente a la inscripción de los bienes expropiados en la medida en que no se haya satisfecho aquella porción (o, en su caso, la totalidad) del crédito por honorarios que conforme las previsiones del artículos 395 y concordantes del Código Contencioso, Administrativo y Tributario debería haber sido cancelada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 47935. Autos: GCBA y otros Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dr. Carlos F. Balbín 27-04-2022.

SANCION DE LA LEY – EXPROPIACION – EXPROPIACION INVERSA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – DESAFECTACION DEL INMUEBLE (ADMINISTRATIVO) – INDEMNIZACION – DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA – SENTENCIA DEFINITIVA

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia de grado que rechazó el hecho extintivo planteado por el recurrente. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo saber la sanción de la Ley N° 6.293 que dejó sin efecto la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble objeto del litigio e, invocando lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 238, consideró que operó un hecho extintivo de la expropiación y solicitó que así se declare. Sin embargo, la sentencia que hizo lugar a la acción de expropiación inversa, declaró transferido a favor de la Administración –una vez producido el pago de la indemnización– el dominio de los bienes de la actora y condenó a la demandada a abonar los montos establecidos en concepto de indemnización pasó en autoridad de cosa juzgada; así entonces, sus efectos no pueden ser dejados de lado. Aun si se admitiera que en esta instancia procesal fuese posible para la demandada desistir de la expropiación, lo cierto es que las circunstancias que rodean el caso dan cuenta de que la posición de la Ciudad supone la intención de hacer un ejercicio abusivo del derecho que invoca. No puede soslayarse que la entrada en vigencia de la Ley N° 1.795 que declaró de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria el predio operó el 19 de noviembre de 2005 y que de la sentencia dictada en la presente causa surge que es a partir de ese momento que corresponde computar la indemnización reparatoria. Sin embargo, transcurridos casi 16 años desde que se declaró la utilidad pública del inmueble, 13 años desde que la actora inició la presente causa y más de 6 desde que se dictó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de expropiación inversa, aquella no obtuvo el “justo valor” del bien expropiado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 47072. Autos: Pizzolo, Miguel Angel Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik, Dr. Carlos F. Balbín 15-02-2022.

SANCION DE LA LEY – EXPROPIACION – EXPROPIACION INVERSA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – DESAFECTACION DEL INMUEBLE (ADMINISTRATIVO) – DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA – DERECHO DE PROPIEDAD – SENTENCIA DEFINITIVA – EXTINCION DE LA ACCION

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – MEDIDAS DE FUERZA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – DERECHO LABORAL – ASOCIACIONES SINDICALES – PRESTACION DE SERVICIOS – HUELGA – CONTRATO DE TRABAJO – REMUNERACION – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

La doctrina y la jurisprudencia señalan que el derecho de huelga no puede ser sufragado por los empleadores. Lo contrario conduciría a un ejercicio abusivo del derecho, pues la lucha permanente de los gremios por lograr ventajas para el sector estaría seguida de sistemáticas huelgas, las que privadas de toda consecuencia para el empleado darían como resultado inmediato el beneficio de no trabajar sin dejar de percibir el salario. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido invariablemente que ante la falta de prestación de servicios no se justifica el pago de la remuneración (Fallos: 254:65; 256:305; 312:318; 313:149). Ha sido elocuente el Máximo Tribunal de la Nación al expresar que no corresponde hacer lugar al pedido de reintegro de las sumas que fueron descontadas de los haberes de los agentes peticionantes con motivo de su adhesión a medidas de fuerza, ya que la reglamentación adoptada a ese respecto propende al logro del mejor funcionamiento del servicio de justicia y no hubo prestación de servicio que justifique la remuneración (Fallos 312:318). A una conclusión concordante arribó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en los casos “Asociación Docentes ADEMYS c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, del 4 de octubre de 2010; reiterada más recientemente en "Unión de Docentes Argentinos y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", y su acumulado "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Unión de Docentes Argentinos y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", del 12 de marzo de 2014.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 24308. Autos: UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (UTE) Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 28-10-2014.

DESCUENTOS SALARIALES – MEDIDAS DE FUERZA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – ACCION DE AMPARO – EMPLEO PUBLICO – IMPROCEDENCIA – DOCENTES – ASOCIACIONES SINDICALES – HUELGA – REMUNERACION – RETRIBUCION JUSTA

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la acción de amparo interpuesta por la Asociación Sindical, con el objeto que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a devolver los días descontados en el salario docente por las medidas de huelga efectuadas. En efecto, el descuento de los días no trabajados no importa una sanción. El ejercicio legítimo y no abusivo del derecho de huelga implica que el trabajador que lo ejerce no puede ser suspendido, ni privado de los derechos que derivan de la seguridad social, conductas que sí implicarían actitudes punitivas. La participación en la huelga es una decisión libre del trabajador, cuyas consecuencias no pueden ser evitadas desde el tribunal, alterando las reglas de juego de los actores en conflicto y garantizando así el triunfo de las medidas de fuerza. La actitud patronal de exigir servicios y no retribuirlos sería el exacto reverso de la pretensión de no trabajar y sí cobrar. Lo uno y lo otro implican injustos enriquecimientos. En síntesis, en modo alguno surge de autos que el posible descuento proporcional de haberes por días no trabajados comprometa el legítimo derecho de huelga ejercido por la entidad sindical. Por otra parte, la legítima lucha permanente de los gremios por lograr ventajas para el sector docente, unida a la privación de toda consecuencia para el trabajador en caso de huelga, podría conducir a un ejercicio abusivo del derecho, lo que evidentemente repercutiría en forma negativa sobre la calidad del servicio educativo.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 24308. Autos: UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (UTE) Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 28-10-2014.

CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD – GARANTIAS CONSTITUCIONALES – REGLAS DE CONDUCTA – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – FACULTADES JURISDICCIONALES – DERECHO CONTRAVENCIONAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – PROHIBICIONES ALTERNATIVAS – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA – CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES

En el caso, corresponde anular la regla de conducta de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas por un año. En efecto, tal imposición invade la esfera de reserva garantizada en el artículo 19 de la Constitución Nacional en tanto el consumo de bebidas alcohólicas no constituye un acto ilícito al no imponer, el sistema jurídico, una sanción relacionada con tal conducta. En consecuencia, la misma queda exenta de la autoridad de los magistrados, ya que ningún habitante de la Nación puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Ello así, la regla de conducta impuesta que consiste en abstenerse de consumir bebidas alcohólicas por el plazo de un año, por lo tanto, consiste en una injerencia, no autorizada, de la autoridad pública en las acciones privadas del encartado, vulnerando su esfera íntima, al imponérsele una meta de perfeccionamiento moral ajena a la autoridad de los magistrados. Una regla de conducta que implique obligar a una persona a abstenerse de realizar una conducta lícita y que no implica riesgo ni lesión a ningún bien jurídico conlleva un uso abusivo de las facultades jurisdiccionales y constituye un avance sin sustento normativo del poder punitivo del estado en la esfera de las acciones privadas allí tuteladas. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Delgado)

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 21776. Autos: FERNANDEZ, RAÚL ALEJANDRO Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 10-02-2013.

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – RESPONSABILIDAD – LIBERTAD DE EXPRESION – ALCANCES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

En el caso de que el ejercicio del derecho de expresión importe un abuso, los damnificados pueden encontrar remedio, y perseguir la determinación de las consecuentes responsabilidades, siempre dentro de las vías legales. El ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación. Quien ha ejercido ese derecho en forma abusiva debe afrontar las consecuencias ulteriores que le incumban.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 3111. Autos: SANCHEZ SORONDO JOSE ANTONIO Y OTROS Sala: De Feria Del voto de Dr. Eduardo A. Russo 14-01-2005.

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – CENSURA PREVIA – LIBERTAD DE EXPRESION – ALCANCES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo –censura previa- y, eventualmente, su abuso sólo puede ser fundamento de responsabilidad ulterior en los casos de excepción que prevé el ordenamiento jurídico.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 3111. Autos: SANCHEZ SORONDO JOSE ANTONIO Y OTROS Sala: De Feria Del voto de Dr. Carlos F. Balbín 14-01-2005.

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – LIBERTAD DE EXPRESION – ALCANCES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

En el caso en que el ejercicio del derecho de expresión importe un abuso, los damnificados pueden encontrar remedio, y perseguir la determinación de las consecuentes responsabilidades, siempre dentro de las vías legales. El ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación. Quien ha ejercido ese derecho en forma abusiva debe afrontar las consecuencias ulteriores que le incumban.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 3111. Autos: SANCHEZ SORONDO JOSE ANTONIO Y OTROS Sala: De Feria Del voto de Dr. Eduardo A. Russo 14-01-2005.

DERECHO A PROFESAR SU CULTO – EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO – EXPOSICIONES ARTISTICAS – LIBERTAD DE EXPRESION – ALCANCES – FACULTADES DEL JUEZ – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Para supuestos en que una expresión es suficientemente ultrajante, la ley contempla distintas responsabilidades, y en esos casos serán los jueces quienes las hagan efectivas. Si bien una exposición artística puede molestar, herir y perturbar los sentimientos religiosos más profundos, el Poder Judicial no debe superar los límites de su actuación, ni arrogarse competencias que superen las otorgadas por la ley.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 3111. Autos: SANCHEZ SORONDO JOSE ANTONIO Y OTROS Sala: De Feria Del voto de Dr. Eduardo A. Russo 14-01-2005.

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