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REVOCACION PARCIAL – ELEMENTOS DE PRUEBA – VALORACION DE LA PRUEBA – PENA EN SUSPENSO – SENTENCIA CONDENATORIA – ACTA DE INFRACCION – IMPROCEDENCIA – MULTA – VALORACION DEL JUEZ – ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA – FUNDAMENTACION DE SENTENCIAS – FUNDAMENTACION SUFICIENTE – PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la sentencia que resolvió condenar a la sociedad infractora respecto de la conducta prevista en el artículo 4.1.1.2 primer párrafo de la Ley Nº 451 a la pena de multa de mil cuatrocientas unidades fijas (1400UF), dejando en suspenso el cumplimiento. Se le atribuyó a la infractora el funcionamiento como “Sala de Escape” estando habilitado como “Teatro Independiente”, cuando debería encuadrarse en el rubro “Salón de juegos manuales y/o de mesa”, en infracción al artículo 4.1.1.2, primer párrafo, de la Ley Nº 451. La Defensa ha entendido que la decisión del Juez es arbitraria porque omitió considerar prueba fundamental, como ser “…la declaración de interés cultural de las salas de escape efectuada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad; la ausencia de observaciones en materia de seguridad e higiene en las múltiples inspecciones realizadas; el trato desigual dispensado a mi representada respecto de otros establecimientos que desarrollan actividades análogas; y el hostigamiento administrativo mediante la aplicación de clausuras simultáneas en múltiples sedes sin justificación técnica”. No obstante, si bien el Magistrado no se refirió específicamente a la prueba presentada por la Defensa relativa al interés cultural de las “Salas de Escape”, ni tampoco a la ausencia de observaciones en las inspecciones respecto de cuestiones de seguridad e higiene, lo cierto es que tal prueba no es hábil para alterar el temperamento adoptado, principalmente por ser inconducente a los fines de refutar el reproche legal que se le hace al infractor. En este contexto, no puede concluirse que la sentencia resulte arbitraria por haber omitido considerar dicha prueba. Así, se evidencia que la exposición de la Defensa y la prueba por ella aportada es infructuosa para desvirtuar la imputación formulada mediante el acta de infracción. En línea con ello, tampoco existe obligación de tratar todos los argumentos brindados por la parte, mientras que se valoren aquellos que mejor conducen a resolver la cuestión, según el derecho vigente (Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros). En efecto, el Juez no omitió valorar prueba conducente, sino que evaluó toda la prueba que consideró pertinente y, en virtud de ella, entendió que la Defensa no había desvirtuado la presunción de veracidad del acta de infracción.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 61090. Autos: Friedrich Farray Sociedad Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 20-11-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO – BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – PENA EN SUSPENSO – PENA DE MULTA – REGIMEN DE FALTAS – IMPROCEDENCIA – FALTAS

En el caso corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto condenó a la pena de multa en suspenso por los hechos consignados en dos actas de comprobación constitutivos de la falta prevista en el artículo 6.1.52 de la Ley N° 451 (estacionamiento o detención prohibida). En efecto, asiste razón a la "A quo en cuanto a que corresponde encuadrar las conductas imputadas a la acusada en el artículo 6.1.52 de la Ley N° 451 e imponerle las penas de multa correspondientes al monto único estipulado en la normativa de faltas para la infracción cometida –de cien (100) unidades fijas por cada infracción–. De igual modo, también luce adecuado que esa pena de multa haya sido dejada en suspenso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 451. A la vez, en razón de que se ha decidido dejar en suspenso esa sanción, no corresponde hacer alusiones al “menguado patrimonio” que, según la recurrente, poseería. Sin embargo, sí cabe destacar que la nombrada no se encuentra “eximida de solventar todo casto causídico como la imputación de toda sanción de multa”, en tanto la decisión a la que ha hecho alusión, dictada por la Sala K de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que confirmó lo resuelto por primera instancia, en tanto se le concedió el beneficio de litigar sin gastos, solo tiene alcance para ese proceso, y en nada se vincula con la causa que se le siguió en este fuero, ni con las faltas que le fueron atribuidas, y por las que resultó condenada. En razón de todo lo expuesto, corresponde confirmar la decisión dictada por la Magistrada de grado en todo cuanto fuera materia de agravio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56982. Autos: A., M. I. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 03-10-2024.

REVOCACION DE LA CONDENA CONDICIONAL – COMPUTO DEL PLAZO – DERECHO PENAL – PRESCRIPCION DE LA PENA – PENA EN SUSPENSO – COMIENZO DE EJECUCION DE LA PENA – RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA – NOTIFICACION PERSONAL – INCOMPARECENCIA DEL IMPUTADO

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada por la Magistrada de grado, en cuanto se dispuso rechazar el recurso de prescripción de la pena interpuesto por la Defensora Oficial. En el presente el encausado fue condenado a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo, en orden al delito de tenencia de estupefacientes. La A quo consideró que la sentencia dictada en el caso había adquirido firmeza el día 7 de septiembre del 2022, oportunidad en que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia habían resuelto rechazar el recurso de queja interpuesto por la Defensa. En virtud de ello, refirió que, teniendo en cuenta que desde la fecha mencionada no había transcurrido un (1) año, al momento de la decisión no había operado el plazo de prescripción previsto en la norma de fondo (art. 65, inc. 3, del CP). La Defensa, por su parte, sostiene que el momento en el que la pena se habría hecho ejecutable desde el día 30 de diciembre de 2021, cuando los integrantes de la Sala I de esta Cámara desestimaron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por esa parte. Sin embargo, comparto el criterio esbozado por la Jueza de grado, relativo a que la fecha que debe valorarse para determinar si la pena se encuentra prescripta es aquella en la que la decisión que revocó la condicionalidad adquirió firmeza –en el caso, el 7 de septiembre de 2022, oportunidad en que el Tribunal Superior de Justicia rechazó la queja interpuesta.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 52771. Autos: F. F., A. Sala: De Feria Del voto de Dra. Luisa María Escrich 21-07-2023.

REVOCACION DE LA CONDENA CONDICIONAL – COMPUTO DEL PLAZO – DERECHO PENAL – PRESCRIPCION DE LA PENA – PENA EN SUSPENSO – COMIENZO DE EJECUCION DE LA PENA – NOTIFICACION PERSONAL – INCOMPARECENCIA DEL IMPUTADO

En el caso, corresponde confirmar la decisión dictada por la Magistrada de grado en cuanto se dispuso rechazar el recurso de prescripción de la pena interpuesto por la Defensora Oficial. En el presente el encausado fue condenado a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo, en orden al delito de tenencia de estupefacientes. La A quo consideró que la sentencia dictada en el caso había adquirido firmeza el día 7 de septiembre del 2022, oportunidad en que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia habían resuelto rechazar el recurso de queja interpuesto por la Defensa. En virtud de ello, refirió que, teniendo en cuenta que desde la fecha mencionada no había transcurrido un (1) año, al momento de la decisión no había operado el plazo de prescripción previsto en la norma de fondo (art. 65, inc. 3, del CP). La Defensa, por su parte, sostiene que el momento en el que la pena se habría hecho ejecutable desde el día 30 de diciembre de 2021, cuando los integrantes de la Sala I de esta Cámara desestimaron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por esa parte. Ahora bien, en el caso, el imputado fue condenado a una pena de un año de prisión que, en un primer término, fue dejada en suspenso. En ese sentido, corresponde destacar que “la condenación condicional plantea el único supuesto de suspensión de la prescripción de la pena, porque impide que comience a correr el plazo de prescripción” (Derecho Penal, Parte General, Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, p. 848 y ss., Bs. As., Ediar, 2000). En esa medida, corresponde poner de resalto que la condicionalidad de la pena de un año de prisión que se le había impuesto al encausado se revocó ante el incumplimiento de las pautas de conducta y la incomparecencia de aquél. En ese sentido, he afirmado que, a efectos de que opere el inicio del plazo de prescripción de la pena en los casos en que aquella haya sido dejada en suspenso y, luego, esa condicionalidad haya sido revocada, resulta requisito necesario que su revocación sea notificada de manera personal al condenado (Sala I, Causa Nº 15753/2018-3, “Avallone, Nicolás Alberto Sobre 193 Bis – Conducción Riesgosa en prueba de velocidad o de destreza c/ vehículo automóvil s/ autorización legal”, rta. el 26/11/21). Es decir que también se requería que esa segunda decisión fuera notificada de forma personal, dado que esa nueva resolución implicaba la efectivización de la pena y, por consiguiente, la obligación del condenado de cumplirla en una unidad penitenciaria. En vista de que, en oportunidad de disponerse la revocación de la condicionalidad en cuestión, con fecha 13 de julio de 2021, se ordenó también su captura, en tanto aquel se encontraba inubicable, y que el condenado recién fue habido el día 28 de junio de 2023 de la revocación de la condicionalidad de la pena que anteriormente le había sido impuesta en el caso y, en consecuencia, hasta esa fecha, y conforme lo dispuesto por el artículo 66 del Código Penal, la prescripción de la pena no había empezado a correr.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 52771. Autos: F. F., A. Sala: De Feria Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez 21-07-2023.

VIOLENCIA DOMESTICA – LESIONES LEVES – PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD – FIGURA AGRAVADA – EJECUCION DE LA PENA – PENA EN SUSPENSO – MONTO DE LA PENA – SENTENCIA CONDENATORIA – UNIFICACION DE CONDENAS – CONDENA ANTERIOR – DOLO (PENAL) – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto dispuso absolver al encausado por el delito de privación ilegítima de la libertad (art. 141 del CP) y condenar al encausado a la pena de nueve meses de prisión, en orden al delito previsto y reprimido por el artículo 92, en función del 89 y 80 inciso 1° y 11° del Código Penal, mediando un contexto de violencia de género, física, psicológica y simbólica bajo la modalidad doméstica y confirmar parcialmente la sentencia en cuanto dispuso la unificación de las condenas, modificándose sólo en cuanto al monto de la pena única establecido en la instancia anterior, que se reduce a dos años y nueve meses de prisión, y mantener la modalidad de cumplimiento de esa pena única en suspenso, tal como fuera impuesta por el Magistrado de grado. El Fiscal de grado cuestionó que el Magistrado haya fundado el nuevo cumplimiento en suspenso de la condena impuesta, en la inactividad del Estado por no controlar la primera condena establecida. Sostuvo que su decisión no encuentra sustento legal que permita justificar la aplicación de una doble condena de ejecución condicional, cuando no ha transcurrido el plazo para una segunda concesión, por lo que solicita que se le imponga una condena única de efectivo cumplimiento. No obstante, tal como lo sostiene el Magistrado de grado, cuando se lo condenó al encausado, a la pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, y se dispuso que por un plazo de dos años debía someterse y cumplir reglas de conducta, no existió control por parte de las dependencias pertinentes de la pena impuesta. En efecto, ni el Juzgado de Ejecución Penal, ni el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional determinaron el curso que debía efectuar el condenado y tampoco constataron la relación del vínculo cordial que tenía que mantener con la damnificada. De este modo, teniendo en cuenta el monto de pena impuesto, que no supera los tres años y las circunstancias particulares del caso, no ameritan revocar la primera condena de ejecución condicional e imponer una pena de cumplimiento efectivo, pese a que no hayan transcurrido los plazos previstos por la ley, pues las pautas de conducta establecidas en el caso brindan al imputado la posibilidad de revisar su actitud frente a la norma y adecuarla a las reglas socialmente establecidas. Ello así pues, cabe ponderar lo que conlleva una pena de efectivo cumplimiento en un establecimiento carcelario, lo que no puede ser soslayado, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, en función de las consecuencias que pueda tener para su hijo recién nacido, por lo que la modalidad en suspenso no resulta irrazonable. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Sáez Capel).

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 51279. Autos: J., J. J. Sala: I Del voto de Dr. José Saez Capel 30-03-2023.

VIOLENCIA DOMESTICA – FALTA DE GRAVAMEN – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA PSICOLOGICA – BIEN JURIDICO PROTEGIDO – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – VIOLENCIA SIMBOLICA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – TIPO PENAL – INTERPRETACION DE LA LEY – IMPROCEDENCIA – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – DELITO DE PELIGRO – FUNDAMENTACION SUFICIENTE – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cometido en un contexto de violencia de género económica y patrimonial, psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia doméstica (art. 4, 5 inc. 1, 4, 5 y 6 inc. a) de la Ley 26.485), donde también se vio afectado el interés superior de la niñez (art. 3 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. La Defensa se agravió por considerar que en el caso, no se había acreditado una efectiva y concreta afectación del bien jurídico tutelado, esto es, la familia y la subsistencia de las personas que la integran, por cuanto no habían sido alegados hechos de necesidad extrema, como la falta de alimentación, de vestimenta o de asistencia médica. Ahora bien, resulta fundamental remarcar, por una parte, que si los niños/as no vieron una merma en sus condiciones de vida fue gracias al abnegado esfuerzo de su madre y, por otra, que nos encontramos ante un delito de peligro y que, en esa medida, no es necesario que se verifique una situación de necesidad extrema, ni un perjuicio en las condiciones de vida de los/as niños/as, para que el delito se encuentre configurado. Así, se ha dicho que “su configuración no requiere que el sujeto pasivo haya llegado al extremo de carecer materialmente de los medios indispensables para su subsistencia, pues la ley no exige la existencia de un peligro real derivado del incumplimiento…”. Y, en la misma línea, se ha explicado que, toda vez que el bien jurídico protegido por la norma es la familia, y que no se trata de un delito contra las personas, “no resulta necesaria la existencia de un peligro para la persona física” (D´ Alessio, Andrés José (Director), “Código Penal – comentado y anotado”; 2da edición actualizada y ampliada, Tomo III, La Ley, pág. 139). Sumado ello, de las presentes también se desprende, y ha sido reconocida por el encausado y su Defensa, la realización de una conducta distinta de la ordenada, en la medida en que, desde el inicio de la presente investigación, hasta el dictado de la sentencia, el nombrado se ha sustraído sistemáticamente de la obligación de pagar dicha cuota alimentaria, y solo ha realizado una serie de pagos aislados durante el año 2020. En efecto, tipo objetivo del delito omisivo atribuido al encausado se encuentra cumplido.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 48641. Autos: P., J. C. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. Fernando Bosch, Dra. Elizabeth Marum 08-07-2022.

VIOLENCIA DOMESTICA – OMISION DE PAGO – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA PSICOLOGICA – SITUACION DEL IMPUTADO – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – VIOLENCIA SIMBOLICA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – IMPROCEDENCIA – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – REALIDAD ECONOMICA – FALTA DE AGRAVIO CONCRETO – OBLIGACIONES DEL IMPUTADO – IMPOSIBILIDAD DE PAGO – VIOLENCIA DE GENERO

VIOLENCIA DOMESTICA – MEDIDAS RESTRICTIVAS – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – FIGURA AGRAVADA – VIOLENCIA PSICOLOGICA – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – VIOLENCIA SIMBOLICA – ABUSO SEXUAL – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – TIPO PENAL – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – FUNDAMENTACION DE SENTENCIAS – VINCULO FILIAL – PROHIBICION DE CONTACTO – VIOLENCIA DE GENERO

VIOLENCIA DOMESTICA – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA PSICOLOGICA – SITUACION DEL IMPUTADO – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – VIOLENCIA SIMBOLICA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – IMPROCEDENCIA – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – VALORACION DEL JUEZ – FUNDAMENTACION SUFICIENTE – REALIDAD ECONOMICA – OBLIGACIONES DEL IMPUTADO – FALTA DE DOLO – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cometido en un contexto de violencia de género económica y patrimonial, psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia doméstica (art. 4, 5 inc. 1, 4, 5 y 6 inc. a) de la Ley 26.485), donde también se vio afectado el interés superior de la niñez (art. 3 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. La Defensa se agravió y consideró que, para determinar la existencia de dolo, debía atenerse a la existencia de una capacidad real y efectiva de cumplir con lo que establecía a la ley y, aún así, no hacerlo, lo que no había sucedido en el caso, toda vez que el encausado había empeorado su situación económica al separarse de ex esposa. En particular, consideró que su asistido había tenido la intención de cumplir con la obligación que se le había impuesto en sede civil, mas no la posibilidad efectiva de realizar la conducta debida, y que faltaba también el aspecto subjetivo del tipo, por cuanto la omisión debía ser “deliberada”. Ahora bien, corresponde señalar que “parte de la doctrina admite el dolo eventual, para el que requiere el simple hecho de omitir por insensibilidad, indiferencia o interés en otros asuntos de la vida. Así, por ejemplo, el hecho de no trabajar cuando se está en condiciones de hacerlo, porque está en juego el cumplimiento de una obligación legal de prestar ayuda económica y no la libertad de trabajar. Es decir, quien por despreocupación, holgazanería o vicio se coloca voluntariamente en condiciones de no poder cumplir” (D’Alessio op. cit., pag. 153), lo que va en consonancia con la circunstancia de que no existe dolo en aquel que no puede cumplir por no encontrarse en condiciones económicas de satisfacer la obligación, en tanto no se haya puesto voluntariamente en ese estado. Es decir, no han existido causales de imposibilidad de afrontar económicamente su obligación, que no hayan obedecido a su voluntad, máxime si se tiene en cuenta que, como bien dijera el "A quo", el empleo formal no era el único modo de cumplir con lo que le era exigido, y que aquél podría haber solicitado una ayuda estatal, concurrido a un banco de alimentos, o bien, recurrido a la ayuda de sus familiares, respecto de los que de ningún modo se probó su imposibilidad de pago, sino más bien todo lo contrario, para cumplir con lo que le había sido ordenado y, sin embargo, no lo hizo. En virtud de todo ello, entendemos que, en el caso, no sólo está acreditado el conocimiento del encausado respecto de su obligación, así como de su claro incumplimiento, sino también la voluntad de aquél en ese sentido, la que surge del modo concreto en que aquél condujo su acción a lo largo del período investigado, y de sus propios dichos.

VIOLENCIA DOMESTICA – DERECHOS DE LA VICTIMA – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA PSICOLOGICA – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – VIOLENCIA SIMBOLICA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – PERSPECTIVA DE GENERO – DEBER DE CUIDADO – SENTENCIA CONDENATORIA – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – OBLIGACIONES DEL IMPUTADO – DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROGENITORES – DEBER DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cometido en un contexto de violencia de género económica y patrimonial, psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia doméstica (art. 4, 5 inc. 1, 4, 5 y 6 inc. a) de la Ley 26.485), donde también se vio afectado el interés superior de la niñez (art. 3 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. La Defensa se agravió por entender que, en el marco de las presentes, no se había acreditado el contexto de violencia de género en el que se había subsumido el caso, toda vez que el imputado no se había sustraído de sus obligaciones y que, incluso si se consideraba que lo había hecho, no había sido a sabiendas, o reposando en que su ex pareja se haría cargo de la manutención de sus hijos, y coartándole su libertad. Sobre este particular, lo cierto es que de los propios motivos que arguyó la Defensa para argumentar que no se encuentra acreditado el tipo objetivo se desprende que estamos ante un caso que está inmerso en un claro contexto de violencia de género económica y patrimonial, psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia doméstica, tal como identificara el a quo. En efecto, de las constancias obrantes en el caso, y de las declaraciones de todos los testigos, que resultan unánimes en ese sentido, se desprende que el motivo por el que los niños/as no padecieron necesidades extremas fue, justamente, el abnegado cuidado, y la total dedicación, que les brindó su madre, quien explicó que llegaba a trabajar veinte horas diarias y que, aún así, no tenía dinero suficiente para atender a todas sus necesidades. En consecuencia, lo cierto es que la circunstancia de que la denunciante haya tenido que renunciar a cualquier plan de vida, y se haya tenido que dedicar, con exclusividad, al cuidado de los/as tres hijos/as que tuvo con el encausado, debe ser necesariamente analizada desde una perspectiva de género. En efecto, podemos inferir que el imputado, quien se encuentra obligado a la manutención de sus hijos, y que, sin embargo, ha omitido el cumplimiento de esa manda casi sistemáticamente, descansó todo este tiempo en el trabajo que llevó adelante su ex esposa, mientras él pudo desarrollar su vida desentendido de todo aquello que conllevan los deberes de asistencia a los niños.

VIOLENCIA DOMESTICA – CARACTERISTICAS DEL HECHO – FALTA DE GRAVAMEN – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA PSICOLOGICA – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – VIOLENCIA SIMBOLICA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – RAZONABILIDAD – PENA DE MULTA – IMPROCEDENCIA – PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD – DERECHOS DEL IMPUTADO – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – MODIFICACION DE LA PENA – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cometido en un contexto de violencia de género económica y patrimonial, psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia doméstica (art. 4, 5 inc. 1, 4, 5 y 6 inc. a) de la Ley 26.485), donde también se vio afectado el interés superior de la niñez (art. 3 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. La Defensa se agravió por considerar que la pena impuesta resultaba violatoria del principio de proporcionalidad. En este sentido, sostuvo que, de considerarse probado el delito imputado, la sanción a imponer debía ser la de multa, en razón de que, por una parte, era la más adecuada a las características del caso y a la culpabilidad del autor, y, por otra, se erigía como la opción menos restrictiva de los derechos fundamentales del imputado. Así las cosas, se advierte que, como destacara la Defensa, el tipo penal el artículo 1° de la Ley N° 13.944 prevé que se imponga una pena de prisión, o bien, una multa de setecientos cincuenta pesos a veinticinco mil pesos. Ahora bien, corresponde poner de manifiesto que, en un caso como este, en el que el acusado se ha substraído sistemáticamente de su obligación de pagar la cuota alimentaria correspondiente a sus tres hijos, desde el año 2016 a esta parte, la solicitud de la Defensa, de que se imponga una pena de multa, lejos de parecer razonable, luce como una falta de respeto hacia la querellante, y hacia los/as niños/as que aquella y el acusado tienen en común. Por lo demás, toda vez que el argumento principal de la parte recurrente para defender la falta de tipicidad objetiva de la conducta atribuida al imputado radicó en que aquél no había tenido, ni tenía al momento del dictado de la sentencia, dinero para poder cumplir con la cuota alimentaria, no se explica de qué modo podría pagar una multa que, según surge de la norma, podría ascender hasta la suma de veinticinco mil pesos. Finalmente, coincidimos con el Magistrado de grado, en cuanto a que una pena en suspenso es la sanción más adecuada para un caso como este, en la medida en que, el encausado no posee antecedentes penales, así como agravantes, consideró el plazo de ausencia de los aportes, las edades de las niñas y el niño, la circunstancia de que el hecho había sido cometido en un contexto de violencia contra la mujer, la situación de vulnerabilidad social, mujer migrante, y económica de la denunciante, y los importantes esfuerzos que había tenido que hacer ella sola, para suplir la ausencia de aportes del imputado.

VIOLENCIA DOMESTICA – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – VIOLENCIA PSICOLOGICA – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO – PENA EN SUSPENSO – REGLAS DE CONDUCTA – VIOLENCIA SIMBOLICA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – IMPROCEDENCIA – DERECHOS DEL IMPUTADO – VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL – FALTA DE AGRAVIO CONCRETO – VIOLENCIA DE GENERO

En el caso, corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado, en cuanto dispuso condenar al encausado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cometido en un contexto de violencia de género económica y patrimonial, psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia doméstica (art. 4, 5 inc. 1, 4, 5 y 6 inc. a) de la Ley 26.485), donde también se vio afectado el interés superior de la niñez (art. 3 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Conforme surge de las constancias de autos, se le impusieron al encausado las reglas de conducta, consistentes en realizar el taller “Crianzas saludables”, dictado por el Ministerio Público Tutelar, la de llevar a cabo el taller vinculado a la temática de violencia de género que fuera oportunamente seleccionado, y la de dar estricto cumplimiento al pago de la cuota alimentaria mensual fijada por la Justicia Civil. El Defensor de grado se agravió con base en que la decisión impugnada había implicado una violación al principio de legalidad, en virtud de que, en ella, se le habían impuesto al acusado tres reglas de conducta que excedían a las taxativamente previstas en el artículo 27 bis del Código Penal y que resultaban más gravosas que las estipuladas por el legislador, por lo que implicaban una interpretación “in malam partem” de la norma, que vulneraba, además, el principio “pro homine”. Ahora bien, asiste razón a la Defensa, en cuanto afirma que la realización del taller “Crianzas saludables”, así como la de un taller vinculado con la temática de violencia de género, no están expresamente previstos en el mencionado artículo. Pero, sin perjuicio de ello, entendemos que aquellos no resultan, de ningún modo, más gravosos que las pautas previstas por el legislador y que, en esa medida, no implican una interpretación "in malam partem" de la norma, ni una violación al principio de legalidad. En este sentido, no se advierte, ni la Defensa explica, de qué modo la realización de dos cursos, que están íntimamente relacionados con el conflicto que aquí se ha verificado, y que no implican una interferencia en la vida del encausado, ni un gran cercenamiento de su libertad, resultan más gravosos que la imposición de cualquiera, o bien, de todas las pautas mencionadas en el artículo 27 bis del Código Penal o, incluso, cuál es el agravio que tendría su asistido a partir de lo decidido por el Juez de grado. Finalmente, corresponde agregar que no deja de sorprendernos que, habiéndose acreditado en este caso una base fáctica signada por la violencia de género, la Defensoría oficial, interviniente como ente público estatal, no solamente la desconozca, sino que al mismo tiempo rechace los mecanismos con los que cuenta esta Ciudad para abordar la problemática, máxime si se lo piensa en función del principio resocializador de la pena.

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – PENA EN SUSPENSO – REGLAS DE CONDUCTA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – SENTENCIA CONDENATORIA – INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JUDICIAL – COMISION DE NUEVO DELITO – PAGO – CUOTA ALIMENTARIA – JUSTICIA CIVIL

COMPUTO DEL PLAZO – PENA EN SUSPENSO – DERECHO CONTRAVENCIONAL – COMIENZO DE EJECUCION DE LA PENA – PRESCRIPCION DE LA PENA CONTRAVENCIONAL

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de prescripción de la pena contravencional efectuado por la Defensa. El "A quo", resolvió el 29 de marzo de 2019 condenar al encartado a la pena de cinco días de arresto de cumplimiento en suspenso, como autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el artículo 118 de la Ley Nº 1.472, cometida el 3 de diciembre de 2018. Ahora bien, en atención a la falta de antecedentes contravencionales en cabeza del imputado, corresponde tener por no pronunciada la sanción en atención a lo normado por el artículo 47 del Código Contravencional, el cual dispone en su cuarto párrafo: “(…) Si dentro del término de dos años de la sentencia condenatoria el condenado/a no comete una nueva contravención, la condena se tendrá por no pronunciada (…)”. Parte de la doctrina, en referencia al régimen penal que ha servido de modelo para estos casos, también ha establecido que: “(…) transcurrido el plazo establecido por el artículo 27, aquella se debe tener por no pronunciada, cuando dentro de los cuatro años de haber adquirido firmeza no se hayan cometido nuevos delitos. Es decir que desaparece la condenación a la pena privativa de libertad con todas sus consecuencias pero no la sentencia en sí misma” (Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 923). En el caso, la especialidad que se desprende del régimen contravencional, demanda que sea el artículo 47 del código sustantivo el aplicable y no el 43. Ello sin perjuicio de que habría correspondido revocar, oportunamente, la condicionalidad de la sanción impuesta, de haberse sustanciado adecuadamente las razones del incumplimiento informado en autos, sobre las pautas de conducta impuestas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 47668. Autos: Salgueiro, Luis Javier Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 21-04-2022.

COMPUTO DEL PLAZO – PENA EN SUSPENSO – REGLAS DE CONDUCTA – DERECHO CONTRAVENCIONAL – COMIENZO DE EJECUCION DE LA PENA – PRESCRIPCION DE LA PENA CONTRAVENCIONAL

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que no hizo lugar al planteo de prescripción de la pena contravencional efectuado por la Defensa. El "A quo" había resuelto el 29 de marzo de 2019 condenar al encartado a la pena de cinco días de arresto de cumplimiento en suspenso, como autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el artículo 118 de la Ley Nº 1.472, cometida el 3 de diciembre de 2018. El Magistrado de grado explicó que la sentencia condenatoria adquirió firmeza el 2 de mayo de 2019, para luego darse intervención a la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones (SJCySES), organismo que una vez vencido el tiempo al cual se supeditaba el plazo suspensivo de la sanción remitió al juzgado su informe -el 18 de octubre de 2019- en el que da cuenta de la inobservancia del condenado respecto de los compromisos asumidos como consecuencia de la condicionalidad de la condena. Por lo que tomando esa fecha como parámetro para iniciar el cómputo del plazo de dos años para la extinción punitiva, resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción de la pena. La Defensa manifestó que la condena alcanzó firmeza el 2 de mayo de 2019 y, toda vez que su asistido nunca comenzó a ejecutarla, se debería tomar dicha fecha a fin de tener por extinguida la pena por prescripción. El Fiscal, solicitó su rechazo y destacó que siempre hubo voluntad estatal de lograr el cumplimiento del condenado con la sanción que se le impusiera y que, el 17 de septiembre de 2019, se logró tomar contacto con el aquél, por lo que entiende que el nombrado comenzó a cumplir con la pena aplicada, y que el último hito interruptivo del plazo de la prescripción había sido ese día. Ahora bien, cabe distinguir sucintamente las diferentes posturas interpretativas, a saber: a) para la Defensa, su asistido nunca empezó a cumplir con la pena impuesta, por lo que la prescripción de la misma -al no existir casuales de interrupción ni de suspensión- operó, para este caso, dentro de los dos años que la condena alcanzó firmeza, b) la Fiscalía, en cambio, entendió que el encausado sí comenzó a cumplir con la pena aplicada, a raíz de una constancia que daría cuenta que se logró tomar contacto con aquél el 17 de septiembre de 2019, siendo esta fecha el último hito interruptivo; c) para el Magistrado, sin embargo, hubo un quebrantamiento de parte del inculpado, conforme surge del informe suscripto por la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones ( SJCySES), el 18 de octubre de 2019, informando sobre el incumplimiento de las reglas de conducta, por lo que tomando esa fecha -como hito temporal para iniciar el cómputo del plazo de dos años para que prescriba la pena- el juez rechazó el planteo de la defensa. Ahora bien, independientemente de los múltiples hitos señalados, para computar los plazos de prescripción de la sanción, lo cierto es que a la fecha se ha cumplido en exceso el término de dos años previsto por la ley (art. 43, in fine, CC). En ese sentido, no verificándose causales de interrupción o suspensión, que el encausado no registra otros antecedentes contravencionales y, habiéndose cumplido ampliamente con el plazo de dos años previsto en el artículo 43 del Código Contravencioanl, entiendo que la pena impuesta oportunamente al encausado, en orden a la contravención prevista y reprimida en el artículo 118 de la Ley N°1.472, cometida el 3 de diciembre de 2018, se encuentra prescripta, por lo que corresponde revocar la decisión impugnada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 47668. Autos: Salgueiro, Luis Javier Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch 21-04-2022.

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