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INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – FACTURACION ERRONEA – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – CONTRATO DE SERVICIO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – TELEFONIA CELULAR – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – PRESTACION DE SERVICIOS – PRUEBA DE INFORMES

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 49715. Autos: Telecom Personal SA (8228/14) Sala: III Del voto de Dr. Horacio G. Corti 18-10-2022.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – FACTURACION ERRONEA – PRESUNCION DE INOCENCIA – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – CARGA DE LA PRUEBA – CONTRATO DE SERVICIO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – TELEFONIA CELULAR – DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – CARGA PROBATORIA DINAMICA – INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA – PRESTACION DE SERVICIOS

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso directo interpuesto por la actora y, en consecuencia revocar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. La empresa sancionada sostuvo que la sanción cuestionada fue impuesta sobre la base exclusiva de los dichos del denunciante. En efecto, los fundamentos dados para justificar la sanción se limitaron a mencionar que la empresa no probó efectivamente los consumos que el denunciante desconoció. En ese contexto, se tuvo por acreditado el incumplimiento del artículo 19 de la Ley N°24.240. La demandada, al contestar el recurso, refirió a la teoría de la carga dinámica de la prueba y el “in dubio pro consumidor”. Alegó que era la empresa sancionada quien se encontraba en mejores condiciones de probar los consumos y que no se podía exigir al denunciante que probara un hecho negativo, es decir, que no los había realizado. Si bien es cierto que la Ley de Nº 24.240 prevé que “los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio” (artículo 53, texto modificado por el artículo 26 de la Ley N° 26.361, B.O. del 07/04/08), no es admisible la sanción sin pruebas o que se invierta la carga probatoria de forma tal que la sancionada deba probar su inocencia, eximiendo a la autoridad de aplicación de acreditar los hechos que sirven de base de la denuncia. En materia sancionatoria debemos partir de una premisa básica: la vigencia estricta de la presunción de inocencia. Dicho de otro modo: la carga de la prueba del hecho objeto de sanción corresponde a la Administración, no al sancionado. No cabe en este punto ninguna clase de matiz. No es posible la imposición de sanción alguna con fundamento en meras sospechas ni tampoco sobre la base de que el denunciado no hubiese demostrado su inocencia.

COMPROBACION DEL HECHO – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – FACTURACION ERRONEA – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – CONTRATO DE SERVICIO – TELEFONIA CELULAR – DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – DEBERES DE LA ADMINISTRACION – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – IMPULSO DE OFICIO – INSTRUCCION DE OFICIO – PRESTACION DE SERVICIOS – VERDAD MATERIAL

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso directo interpuesto por la actora y, en consecuencia revocar la Disposición dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor –DGDyPC- que le impuso una sanción de multa por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. En efecto, a la empresa se le imputó violación al artículo 19 de la Ley Nº 24.240, esto es, haber incumplido los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales ofreció sus servicios de telefonía, con particular atención al servicio de “roaming”, cuyos gastos son desconocidos por el consumidor. Sin embargo, para arribar a esa conclusión, la Administración debería haber contrastado los hechos del expediente (esto es, el cobro del servicio) con los términos y condiciones que surgen del contrato por el cual ambas partes se encontraban relacionadas. No consta en el expediente dicho contrato, pese a que la DGDyPC podría haber dispuesto su acompañamiento en el marco de las facultades que le asigna el articulo 69 Ley de Procedimientos Administrativos. Ello en tanto, en el marco del Derecho Sancionatorio, corresponderá a la Administración –en el carácter de “acusadora”– valerse de la prueba que permita acreditar la existencia y autoría de las conductas reprochadas. Obviamente esta carga no tiene la misma incidencia que en el Derecho Penal, pero en el marco de este tipo de procedimientos habrá de suponer por parte de la Administración, como mínimo, “la prueba de los hechos constitutivos y de los elementos integrantes del tipo, no pudiendo realizarse por simples indicios y conjeturas y, en fin, la acusación habrá de estar suficientemente razonada” (Nieto, A., Derecho Administrativo Sancionador, segunda edición ampliada, Tecnos, Madrid, 1994 p. 420). Más allá de los elementos que constan en la causa y que permiten inferir que el consumidor realizó los consumos en el extranjero, no se encuentra debidamente probado que la empresa haya incumplido sus obligaciones y que ello amerite la imposición de una sanción por parte de la Administración en el ejercicio del poder punitivo estatal.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 49715. Autos: Telecom Personal SA (8228/14) Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 18-10-2022.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – CONTRATO DE SERVICIO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – TELEFONIA CELULAR – FALTA DE INFORMACION – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – DEBER DE INFORMACION – PRUEBA – AUTORIDAD DE APLICACION – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa de telefonía celular una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240. En efecto, analizaré si la recurrente ha violado el deber de información. Considero que sí, puesto que no ha logrado desvirtuar la denuncia efectuada por el usuario. Ahora bien, la empresa argumentó que no era necesario contar con una copia del contrato efectivamente suscripta por el usuario, puesto que, de todos modos, las condiciones establecidas en dicho contrato ya se encontraban aprobadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones. No obstante, la empresa tampoco acompañó prueba alguna que diera cuenta de dicha aprobación por parte de la autoridad de contralor ni se advierte por qué tal aprobación la eximiría de la necesidad de contar con un contrato.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 32499. Autos: Telefónica Móviles de Argentina S.A. Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 16-06-2017.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa que impuso a la empresa de telefonía celular una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240. En efecto, analizaré si la recurrente ha violado el deber de información. Considero que sí, puesto que no ha logrado desvirtuar la denuncia efectuada por el usuario. Ello así, resulta claro que el argumento esbozado por la empresa, basado en que la Administración le impuso “una carga probatoria de cumplimiento imposible”, no es plausible. En este sentido, considero que en modo alguno puede resultar excesivo (ni, mucho menos, de cumplimiento imposible) que, en un proceso de defensa del consumidor, se exija a la empresa que acompañe la copia del contrato suscripta por el usuario o la constancia de la aprobación de dichas condiciones efectuada por la autoridad de contralor. Ambas son pruebas a las que razonablemente debería tener acceso la empresa.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 32499. Autos: Telefónica Móviles de Argentina S.A. Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 16-06-2017.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRATO DE SERVICIO DERECHO A LA INTIMIDAD DERECHO A LA PRIVACIDAD CONTRATOS DE ADHESION PROCEDIMIENTO PENAL ASOCIACIONES CIVILES INTERNET ACUERDOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES CIBERDELITO ACEPTACION SIN RESERVA INTERCEPTACION DE CORRESPONDENCIA PRUEBA DE INFORMES MINISTERIO PUBLICO FISCAL ESTADO NACIONAL CORREO ELECTRONICO PORNOGRAFIA INFANTIL NOTITIA CRIMINIS CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la nulidad de la "notitia criminis" por posible violación al derecho a la intimidad del imputado y a la garantía de inviolabilidad de su correspondencia y datos privados. En efecto, al crear un correo electrónico en “Gmail” es preciso aceptar la política de privacidad que establece la empresa. Dentro de las condiciones de servicio que se notifican al usuario, se puede observar un apartado que reza “Qué datos personales compartimos” donde puede leerse con claridad que por motivos legales –“incluida la investigación de posibles infracciones”–, se podrán compartir los “datos personales con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Google si consideramos de buena fe que existe una necesidad razonable de acceder a dichos datos o utilizarlos, conservarlos o revelarlos” Adunado a ello, luce agregado en autos la Resolución FG N° 435/2013 que da cuenta del Acuerdo celebrado entre el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (cuyas siglas en inglés son “NCMEC”) y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La Resolución establece que la organización, con apoyo del Congreso de los Estados Unidos, cuenta con autorización para establecer el "Cyber Tipline", la cual proporciona un mecanismo centralizado donde los proveedores de servicios de internet reportan actividades sospechosas relacionadas a la explotación sexual de niños. No sólo el usuario de una cuenta de “Gmail” debe aceptar los términos y condiciones del servicio –entre los que se incluyen las políticas de privacidad que permiten compartir el contenido de su actividad cuando ello sea susceptible de configurar un ilícito–, sino que el Ministerio Público Fiscal –en virtud del Acuerdo referido – tiene acceso a dicha información, a los efectos de radicar la denuncia penal pertinente. Estas acciones son consonantes con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Lo expuesto, no significa defender la revisión y utilización del contenido de los correos electrónicos que enviamos y recibimos a diario. Lo que se quiere reforzar, es el compromiso asumido por el Estado Argentino a los efectos de prevenir y sancionar ciertas conductas ilícitas –que en principio se les imputan a los encausados– y subrayar que dicha actividad persecutoria se encuentra respaldada por el instrumento internacional mencionado que protege la integridad sexual del niño menor de edad. Ello así, el reporte que dio origen a las presentes actuaciones no vulnera norma constitucional alguna, en tanto la interceptación de ciertos datos de interés del correo electrónico del imputado no sólo se encuentra prevista en las políticas de privacidad de la entidad donde se abrió la cuenta de correo electrónico, sino que se efectuó en cumplimiento del Acuerdo suscripto entre el Ministerio Público de esta Ciudad y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, a los efectos de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 28551. Autos: N.N. Sala: III Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez 29-04-2016.

EXHIBICION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA – CONTRATO DE SERVICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – REGIMEN DE FALTAS – TIPO LEGAL – FALTAS – SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

La prestación del servicio de seguridad privada regulada en la Ley Nº 1913 en su artículo 16 expresamente establece “el prestatario deberá exhibir el contrato vigente celebrado con la prestadora de seguridad toda vez que le sea requerido para su control por la autoridad de aplicación”. En efecto, dicha normativa cierra la tipicidad abierta de la falta prevista en el artículo 4.1. 22 del Código de Faltas y permite sancionar a quien no exhiba el mencionado contrato.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 13734. Autos: SAC (SOCIEDAD ANÓNIMA CINEMATOGRÁFICA), Múltiplo S.A. Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 22-02-2011.

CONTRATO DE SERVICIO – AUTORIDAD DE APLICACION – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – APLICACION DE LA LEY

En el caso, estimo que el denunciante es un consumidor en los términos del artículo 1º de la Ley Nº 24.240. La Autoridad de Aplicación, estableció que de los presentes actuados no surge que el denunciante contrató el servicio para un emprendimiento comercial, y que de acuerdo al procedimiento administrativo no se pueden confirmar tales aseveraciones. Dentro de este marco de ideas, cabe remarcar que esta Sala en autos “NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA c/GCBA s/OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.”, Expte. RDC 156/0, sentencia del 29 de septiembre de 2004 sostuvo que, en principio, todo individuo que adquiere un bien o servicio ha de ser considerado consumidor o usuario para el ejercicio individual de los derechos que la Ley Nº 24.240 establece. De allí que, más allá de las afirmaciones vertidas por la recurrente, de la propia factura del servicio surge que será destinado a una actividad personal, siendo adquirido en carácter de consumidor final.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 13359. Autos: SION SA Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 18-11-2010.

EXHIBICION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA – CONTRATO DE SERVICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

En el caso, no es correcta la hipótesis de la defensa en cuanto a que la normativa de la ciudad no impone la presentación del contrato escrito con la empresa de seguridad privada que le presta servicios y que con la solitaria exhibición de las facturas quedaría saneada la cuestión. Es que a poco se repare en las disposiciones del artículo 16 de la Ley Nº 1913 que regula la seguridad privada en la ciudad, se advierte prístinamente la obligación por parte del prestatario de exhibir dicho contrato.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 8472. Autos: ARCOS DORADOS S.A. Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo, Dra. Marcela De Langhe 20-10-2008.

EXHIBICION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA – CONTRATO DE SERVICIO – INTERPRETACION DE LA LEY – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

En el caso, el apoderado de la firma imputada, se agravia por considerar que la resolución que resuelve condenarla a la pena de multa, realiza una interpretación extensiva del artículo 16 de la Ley Nº 1913 en perjuicio de ella, al entender que el contrato con la empresa de seguridad debe realizarse por escrito, señalando además, que la ley sólo exige un contrato “vigente” cuya existencia, en el caso, fue demostrada mediante las facturas emitidas por la empresa de seguridad. Ahora bien, el artículo 16 de la Ley Nº 1913, regulatoria de la prestación del servicio de seguridad privada, prescribe: “Exhibición del contrato: el prestatario deberá exhibir el contrato vigente celebrado con la prestadora de seguridad, toda vez que le sea requerido para su control por la autoridad de aplicación”. Por lo que de la lectura del artículo puede deducirse que el contrato debe ser por escrito, a los efectos de demostrar su existencia ante el potencial requerimiento de la autoridad de aplicación, tal como aconteció en autos. La documentación aportada por la parte recurrente, consistente en facturas emitidas por la empresa de prestadora del servicio de seguridad, sólo deja constancia de la existencia de un servicio brindado por esta empresa a la firma infractora, sin demostrar ello una continuidad en la prestación de servicios que permita deducir un contrato tácito entre las partes, sino meras prestaciones aisladas que se concretaron en esas fechas.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 8021. Autos: Arcos Dorados S.A. Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 21-05-2008.

PLAZO INDETERMINADO – CONTRATO DE SERVICIO – TELEFONIA CELULAR – TELECOMUNICACIONES – RESCISION DEL CONTRATO – CLAUSULAS CONTRACTUALES – CONTRATOS – CLAUSULAS ABUSIVAS – INTERPRETACION DE LA LEY – IMPROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 7682. Autos: Telecom Personal SA Sala: I Del voto de Dr. Horacio G. Corti 05-05-2008.

PLAZO INDETERMINADO – NATURALEZA JURIDICA – CONTRATO DE SERVICIO – TELEFONIA CELULAR – TELECOMUNICACIONES – RESCISION DEL CONTRATO – CLAUSULAS CONTRACTUALES – CONTRATOS – CLAUSULAS ABUSIVAS – IMPROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR

En el caso, la cláusula contractual que establece que la empresa de telefonía celular podrá rescindir sin invocación de causa el contrato, mediante notificación previa de 60 días corridos, no es una clásula abusiva, a diferencia de lo manifestado por la Administración. Del contrato de solicitud de servicio de la empresa actora surge que, existe a favor de ambas partes, la posibilidad de resolverlo, es decir que se da la facultad – ejercicio de un derecho potestativo – de extinguir el contrato, originado en la inclusión de tal cláusula, liberándose de las obligaciones del mismo, bajo las condiciones y consecuencias allí determinadas. En cuanto a la naturaleza jurídica, el ejercicio de la cláusula en cuestión es un verdadero acto unilateral, pues se trata de una manifestación de voluntad producida por una sola parte del contrato, que no necesita de la otra, que es lícita y que tiene como finalidad inmediata aniquilar una relación jurídica (arts. 944 y 946 del Código Civil). La cláusula resolutiva pactada no está condicionada a ningún motivo, a ningún hecho, como no sea la inclusión de la misma en el contrato y, lógicamente, la decisión de la parte que la ejerce de optar por la extinción del servicio. En otras palabras no interesa el móvil de la resolución, —se trata de un “pacto de displicencia”—, es una verdadera facultad discrecional, al margen de los motivos que pueda tener para adoptarla y que a la ley no le interesan, salvo que no debe ser antifuncional o sea abusivo. En sintesis, entiendo que el ejercicio de la cláusula en cuestión produce la extinción del contrato y la misma se ubica dentro de la causal denominada “resolución”(esta Sala , in re “Banco Francés S.A. contra G.C.B.A. sobre otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Expediente Nº RDC Nº 317/0, sentencia del 16 de Noviembre del 2004 entre muchos otros). No obstante, tiene características especiales, por cuanto su ejercicio difiere de otros casos de resolución —condición resolutoria, pacto comisorio etc.—, pues se trata de un ejercicio discrecional, no automático —como la condición—, librado al arbitrio de quien lo ejerce, o sea, no condicionado a un incumplimiento, como el pacto. Mas esta cláusula contractual debe ser interpretada de acuerdo a la conducta observada por las partes en los términos del artículo 218 inciso 4 del Código de Comercio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 7682. Autos: Telecom Personal SA Sala: I Del voto de Dr. Esteban Centanaro 05-05-2008.

PLAZO INDETERMINADO – CONTRATO DE SERVICIO – TELECOMUNICACIONES – RESCISION DEL CONTRATO – CLAUSULAS CONTRACTUALES – CONTRATOS – CLAUSULAS ABUSIVAS – INTERPRETACION DE LA LEY – IMPROCEDENCIA – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La cláusula inserta en el contrato por adhesión, dentro de las Condiciones Generales de la prestación del servicio de acceso a la red internet no puede ser tipificada como cláusula “abusiva”, puesto que la misma carece de las características que invoca la Administración para imponer la sanción de multa. Ello es así toda vez que dicha cláusula no impide al consumidor renunciar al servicio en el momento en que lo considere oportuno a su elección, con lo cual no se ve coartada la libertad de renunciar o desvincularse de tal contratación, con posterioridad a su ejecución, siendo en realidad, esta cláusula, un ejemplo de cláusula de arrepentimiento como las que contempla la legislación vigente en otros supuestos.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 7057. Autos: Telecom Argentina SA Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 20-12-2007.

PLAZO INDETERMINADO – CONTRATO DE SERVICIO – TELECOMUNICACIONES – APLICACION ANALOGICA DE LA LEY – RESCISION DEL CONTRATO – CLAUSULAS CONTRACTUALES – CONTRATOS – CLAUSULAS ABUSIVAS – INTERPRETACION DE LA LEY – IMPROCEDENCIA – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El art. 8º de la ley de locaciones urbanas (ley Nº 23.091) al establecer la facultad del locatario de extinguir anticipadamente el contrato, prevé una cláusula similar a la establecida en el contrato de acceso a internet que se analiza en el caso, toda vez que permite al locatario resolver en forma unilateral el contrato celebrado, debiendo a cambio abonar al locador una indemnización que la misma ley fija (si la potestad rescisoria se ejerce durante el primer año, la indemnización será una suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la vivienda o de desocupar el inmueble, tratándose de los otros destinos; si se ejerce después, durante el segundo, o el tercero, etc., la indemnización será sólo de un mes, dice la ley). Esta rescisión, originariamente prevista para las locaciones destinadas a vivienda, hoy rige también para los restantes destinos por obra de la ley 24.808.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 7057. Autos: Telecom Argentina SA Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 20-12-2007.

En el caso, no corresponde confirmar la multa impuesta toda vez que no es cierto que la cláusula inserta en el contrato de acceso a internet, impida al consumidor darle la baja al servicio, es decir, resolver el contrato, antes de cumplir un año de permanencia. La cláusula cuestionada expresamente prevé dicha situación y establece que por tratarse de un servicio contratado mediante “promoción”, “… la solicitud de rescisión (sic) sin causa realizada por parte del CLIENTE durante el plazo mínimo de permanencia, importará la pérdida de la bonificación realizada por ARNET sobre los cargos de Conexión del SERVICIO, y obligarán al CLIENTE a abonar a Arnet dicho cargo, el que asciende a cuatro (4) abonos del servicio Arnet Highway 256k, vigente al momento de la baja del servicio.”, constituyendo esta obligación, la indemnización establecida en el contrato.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 7057. Autos: Telecom Argentina SA Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 20-12-2007.

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