CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MAYORES – RECHAZO IN LIMINE – HABEAS CORPUS – JUSTICIA CIVIL – PROHIBICION DE CONTACTO – ADULTO MAYOR
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó "in limine" la acción de "hábeas corpus" deducida. La accionante solicitó que se la autorice a visitar a su madre -una adulta mayor con problemas de salud- y lograr que ésta pueda ser oída a solas por un juez sobre las circunstancias que atraviesa. Alegó que la justicia civil le impuso medidas de prohibición de contacto y acercamiento hacia su progenitora, pero que está preocupada por su situación médica actual y desea poder conversar con ella. El Juez, para fundar su decisión señaló que la problemática denunciada no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 3º de la Ley Nº 23.098. Explicó que la denunciante no se encuentra detenida ni enfrenta una situación de amenaza actual de su libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente, sino que atraviesa un conflicto de índole familiar que deberá canalizar a través del proceso civil que está actualmente en curso. En efecto, corresponde convalidar la resolución elevada en consulta. Sin perjuicio de ello, en virtud de la problemática denunciada, debe tenerse en cuenta el estándar general de protección a las personas mayores que podría resultar aplicable en el caso, en especial conforme los lineamientos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Persona Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Organización de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea General de la OEA, ratificada por el Estado Nacional mediante la Ley Nº 27.360 y a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires mediante la Ley local Nº 6.007. Sobre esa base, no puedo perder de vista que como consecuencia de los hechos denunciados, el estado de salud e integridad física de la persona posiblemente damnificada pueden encontrarse delicadamente comprometidos, por lo que dicha Convención se erige como un umbral de actuación insoslayable para la actuación de los organismos estatales pertinentes, en tanto prescribe el alcance de ciertos derechos fundamentales para las personas mayores y fija un catálogo de obligaciones específicas cuyo cumplimiento corresponde exigir a las distintas autoridades del Estado que resulten competentes para abordar la problemática expuesta. En consecuencia, corresponde poner en inmediato conocimiento de la situación relatada a la Subsecretaría de Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que tome debida intervención y/o derive el asunto al organismo bajo su dependencia que estime apropiado y conveniente a efectos de brindar una respuesta estatal y adecuada. Por último, deberá informarse de ello al Juzgado Nacional en lo Civil actuante para que, desde su competencia, aborde en forma integral la situación que se plantea, con la debida perspectiva de protección de los derechos de las personas mayores.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62358. Autos: A., S. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 16-04-2026.
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